BANCO DE TÉRMINOS DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA
El 23 de diciembre de 2003 se aprobó la Ley del Banco de Términos de la República de Lituania (Žin., 2004, n.º 7-129). Por primera vez, esta ley reguló jurídicamente el procedimiento para recopilar, crear, sistematizar, normalizar y armonizar de forma coherente la terminología lituana con la de otras lenguas. Como disposición complementaria de la ley, mediante la Resolución n.º N-1 (90) de la Comisión Estatal de la Lengua Lituana, de 2 de febrero de 2004, se aprobó la metodología del Banco de Términos de la República de Lituania (Žin., 2004, n.º 26-842), que establece las reglas para crear, gestionar y utilizar este sistema de información. Los actos jurídicos mencionados establecen que el Banco de Términos es público y de libre acceso para todos los usuarios de Internet. La Comisión Estatal de la Lengua Lituana es la entidad responsable del Banco de Términos y del tratamiento de sus datos; el Departamento de Tecnologías de la Información de la Cancillería del Seimas de la República de Lituania gestiona el sistema de información del Banco de Términos.
El Banco de Términos se crea como un sistema de información común, principalmente para las instituciones estatales. Los ministerios, los departamentos y servicios que dependen de ellos, las instituciones del Gobierno, el Seimas y las instituciones que rinden cuentas ante este están facultados para recopilar y gestionar aquí la terminología dentro de sus respectivas competencias. A tal fin, en las instituciones estatales mencionadas se han constituido comisiones de terminología responsables de inventariar y gestionar la terminología de los actos jurídicos vigentes, incorporarla al Banco de Términos y armonizar con la Comisión Estatal de la Lengua Lituana los términos de los actos jurídicos en preparación, así como incluirlos en el Banco de Términos.
El sistema de información del Banco de Términos no es cerrado ni está destinado únicamente a las necesidades de la administración estatal. Los institutos de investigación, las universidades, los centros de enseñanza superior, las empresas privadas y las personas físicas (por ejemplo, los autores y redactores de diccionarios terminológicos) pueden trabajar con este sistema.
Todos los usuarios registrados del Banco de Términos (ministerios, instituciones del Gobierno, otras instituciones estatales, universidades, centros de enseñanza superior, institutos de investigación, etc.) crean bases de datos terminológicas de sus respectivos ámbitos, en las que pueden gestionar y corregir datos, y que pueden utilizar como bases de datos terminológicas de trabajo. Los proveedores de términos envían mediante el sistema de información conjuntos de fichas terminológicas examinados desde el punto de vista de su contenido a los responsables de la gestión de datos del Banco de Términos, quienes los remiten a expertos que evalúan la idoneidad temática y lingüística de las fichas presentadas. A continuación, las fichas terminológicas se examinan en la Comisión de la Lengua. Las decisiones sobre los términos presentados se adoptan en las subcomisiones de Terminología y en las sesiones de la Comisión de la Lengua. En ellas también participan los proveedores de términos.
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