JUSTICIA Y MEDIO
AMBIENTE
Álvaro Sánchez Bravo (editor)

JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE
VV. AA.

Editado por:
Alvaro Sánchez Brav o
[email protected]
Impreso en España

ISBN: 978-84-16 068-33-3

Maquetación, diseño y prod ucción: Álvaro Sánchez Bravo
© 2013 Álvaro Sánche z Bravo

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizaci ón por escrito de los titula-
res del copyright, bajo las sanciones establ ecidas por las leyes, la reproducción
parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendi-
dos la repro grafía y el trat amiento inform ático, y la distribución de ejemplares
de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos.

ÍNDICE
PRESENTACI ÓN ............................................................ 15

MEDIO AMBIENTE Y JUSTICIA: un análisis desde la
teoría del Bien de John Rawls
Clovis Gorczevski
Elisângela Furi an Fra tton ............................................. 19

DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E
DESENVOLVIMENTO: O PAPEL DOS DIREITOS
SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS NA
CONSTRUÇÃO DE UMA VIDA DIGNA SEGUNDO
AMARTYA SEN
Gilmar Antonio Bedin
Joice Graciele Nielsso n................................................. 41

O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE NA ORDEM
JURÍDICA BRASILEIRA
Talden Fa rias ............................................................... 59

O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
E SADIO: o tratamento do conflito socioambiental a
partir da mediação
Fabiana Marion Spengler
Charlise P. Colet Gimenez ............................................ 75

O ESTADO CONTEMPORÂNEO, OS NOVOS
DIREITOS E A PROTEÇÃO AMBIENTAL
Elenise Felzke Schonardie ............................................ 91

PILHAGEM, RISCO E INJUS TIÇAS AMBIENTAIS:
o poder na sociedade em rede
Rafael Santos de Oliveira
Márcia Samuel Kessler .............................................. 121

A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DO DIREITO À
SADIA QUALIDADE DE V IDA NOS 25 ANOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA E O
“SELO RUÍDO”
Jorge Luís Mialhe
Adriana Ferreira Serafim de Oliveira ......................... 135

INJUSTICIA AMBIENTAL Y DERECHO
HUMANO AL AGUA
Álvaro A. Sánc hez Brav o ........................................... 151

LA INVESTIGACIÓN PREPROCESAL DEL MINISTERIO
FISCAL EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE. MEDIDAS CAUTELARES EN EL
PROCESO PENAL.
Javier Rufi no Rus ...................................................... 171

LA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DE LA
PERSONA JURÍDICA EN LOS PROCESOS PENALES
POR DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Mª Paula Díaz Pita .................................................... 213

15

PRESENTACIÓN
En la hora presente, y si volvemos la vista atrás, considera-
mos que la humanidad ha progresado bastante. Desarrollamos
potentes investigaciones, viajamos al espacio, desarrollamos
nuevos medicamentos, avanzamos en derechos sociales, o retro-
cedemos amparados en la crisis que todo lo justifica. Incluso en
lo ambiental, hasta el capitalismo se ha travestido, en un “capita-
lismo verde”, interesado, que no preocupado, en nuevos mode-
los de negocio, en nuevos horiz ontes de dominio de los merca-
dos amparados en la militancia ci udadana o en la inacción de los
dirigentes políticos. Lo ambiental vende, y hay que aprovecharse
de ello.
No obstante, este “progreso” no es suficiente y queda, aún
mucho camino por recorrer. Este ava nce es absolutamente asi -
métrico. Mientras los más ricos, individualmente considerados, y
sus Estados avanzan hacia mayores cotas de calidad de vida,
derechos y seguridad, una gran parte del mundo, sobrevive, en
muchos casos, míseramente, soportando injusticia, hambre y
escasez, con el horizonte de un mañana que les permita seguir
alimentándose.
El origen de estas desigualdades es diverso, pero si existe un
elemento que debe ser considerado. El origen de esta injusticia,
de esta degradación ambi ental, radica en las actividades comer-
ciales y políticas insolidarias de aquellos poderosos. Por tanto,
para restaurar la justicia socio-ambiental se hace necesario que
esos países reconozcan sus responsabilidades, asumiendo, y
compensando por ello, que su desarrollo, su calidad de vida, su
riqueza se ha basado en el uso de combustibles fósiles y recursos
naturales extraídos de países pobres o subdesarrollados.
Además esta restauración no puede hacerse de cualquier
forma. Debe basarse indefectiblemente en el reconocimiento y
satisfacción de derechos huma nos. Porque la cuestión no se
resuelve sólo en términos de aportaciones monetarias, ayudas o
compensaciones más o menos caritativas, sino en una verdadera

16

modificación de las formas tradicionales de relacionarse en el
escenario internacional.
Las reuniones internacionales s obre la vigencia de Kioto
más allá de 2020 y las negociaciones para un acu erdo mundial
sobre el comercio, so buen ejemplo de esa falta de sensibilidad,
todavía, hacia los menos favorecidos. Se discuten compensacio-
nes económicas, privilegios y cada uno trata de sacar tajada para
sus intereses, pero esa falta de ac uerdo es la expresión endógena
de que no interesan los seres huma nos, que no se profundiza en
cómo estos acuerdos pueden ca mbiar, y deberían mejora, las
condiciones de vida de millones de personas. Por eso se convo-
can reuniones, y hasta de concluir éstas, ya se señalan las próxi-
mas a desarrollar. Es una ópera bu fa: se reúnen sabiendo que no
van a llegar a ningún acuerdo, mientras los cuatro jinetes del
apocalipsis de los pobres, hambre, falta de agua, injusticia y vio-
lencia, cabalgan ampliando sus posesiones. Especialmente signi-
ficativo será el acuerdo en la OMC, pues aunque se concluya, y
como ya conoce por la informaciones en curso, seguirán defen-
diendo la liberalización mundial, globalizada, del tráfico de mer-
cancías, la supresión de ayudas es tatales, de restricciones arance-
larias, mientras muchos dirigentes de países pobres contemplan
como se derrochan diariamente millones de tonel ada de comida
y su población muere de hambre, siendo productores de mate-
rias primas básicas para el comercio capitalista mundial. A los
aeropuertos de medio mundo llegan diariamente productos de la
otra parte, pero las personas, en ara de la seguridad nacional, de
los intereses geoestratégicos, o de la simple caridad enmascara-
dora de racismo, continúan confinados en sus sistemas injustos
y totalitarios, no debiendo reclamar. Ese es su destino, siempre
hubo ricos y pobres, tienen que ser pacientes y resignados,
mientras desde sus chabolas y barri os marginales, a través de la
televisión, contemplan la magnificencia del mund o desarrollado,
su lujo, su estabilidad, sin saber que un parte de ese desarrollo
descansa sobre su propia miseria.
No somos sólo los ciudadanos los culpables. No podemos
mortificarnos con estas realidad es, y devenir héroes o santos,
renunciando a nuestra existencia para intentar ar reglar súbita-
mente injusticias históricas. Los Estados tienen que asumir esas
injusticias y comenzar a resolver las, y nosotros, ciudadanos, te-

17

nemos un papel fundamental a través de la movilización y el
compromiso social, de la modificación de nuestros hábitos de
consumo y del respeto y la integración de los que llegan de otras
tierras buscando una vida mejor.
Y es a esta labor a la qu e se consagra esta obra que recoge
las reflexiones de un número re levante de investigadores y aca-
démicos de ambos lados del Atlántico, cuyo compromiso con
esta temática es acreditado y reconocido internacionalmente.
Agradecer a todos su compromiso, su apoyo, una vez más, en
esta nueva obra, y su afecto en este ilusionante proyecto.
Mención especial para la Asoc iación Andaluza de Derecho,
Medio Ambiente y Desarr ollo Sostenible, por acoger con entu-
siasmo y compromiso esta iniciativa, patrocinando la edición y
publicación de esta obra, y por seguir creyendo en la necesidad
de compartir el conocimiento, hacerlo accesible a todos y garan -
tizar la información de los ciudadanos.
Y finalmente, dedicar esta obra a la figura de la Dra. Cinta
Castillo Jiménez, recientemente fa llecida. No sólo en los años
que desempeñó el cargo de Cons ejera de Medio Ambiente del
Gobierno de Andalucía, ni en los restantes de su dilatada trayec-
toria y responsabilidad política, ni en su labor docente e investi-
gadora en la Universidad de Sevilla, dejó nunca Cinta de luchar
contra la injusticia, de rebelars e contra los atentados a los dere-
chos humanos, de procurar un mundo mejor par a todos. Y lo
mantuvo hasta el final, con una lección de coraje y entereza que
emociona al recordarlo. No pude despedirme de ti, pero como
cantan los Secretos: “te he echado de menos hoy/ exactam ente
igual que ayer/ confío en que siempre estaré/ contigo aunque
no estés”. Hasta siempre, querida amiga.

Sevilla, otoño 2013.

Prof. Dr. Álvaro A. Sánchez Bravo.
Presidente Asociación Andaluza de Derecho, Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

19

MEDIO AMBIENTE Y JUSTICIA:
UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA
DEL BIEN DE JOHN RAWLS
Clovis Gorczevski 1
Elisângela Furian Fratton 2
Consideraciones Iniciale s. Medio ambiente y
organización social
Hablar sobre medio ambiente es discurrir sobre el sentido
de la vida para la humanidad. Pensadores de las más distintas
áreas del conocimiento compactan con esa perspectiva. Varios
son los caminos apuntados hacia su supervivencia y su creci-
miento, pero lo importante es el sembrar de una concienciació n
ambiental universal, el cuidado continuo y el amor a la vida en
sí, lo que representa la lucha por un mundo más digno, humano
y mejor.

El hombre ha nacido para ser libre, dotado de razón y vir-
tud, se le ha concedido el libre arbitrio para optar ser un agente
activo en la sociedad o vivir a la merced de los acontecimientos
a su alrededor. Sin embargo, independientemente del estilo de
vida por él adoptado, sea cual sea el Estado De mocrático, el

1 Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de Santa Cruz do Sul
2 Abogada. Maestran da en Derecho

20

hecho es que existe una diversidad de intereses y perspectiv as
personales con las que el hombre ve y analiza al mundo.
John Rawls nombra a esta diversidad de pluralismo y en-
tiende que éste “...não garante a estabilidade de uma sociedade
democrática”, pues “...a característica permanen te da cultura
pública de uma sociedade democrática é a convivência de várias
doutrinas compreensivas razoáveis, que fundamenta-se no ‘fa to
do pluralismo razoável’”. (CITTADINO, 2004, p. 80)
Es precisamente a partir de esa cons tatación de múltiples
culturas y divergencias de modos de vida de los pueblos que se
cree en el establecimiento de una sociedad organizada por el
deber natural cuya fuente se establece en el principio de la equi-
dad.
En ese sentido, explica Rawls (2008, p. 427) “...esse princí-
pio afirma que a pessoa tem uma obrigação de fazer a sua parte,
especificada pelas normas de uma instituição, sempre que tiver
aceitado voluntariamente os be nefícios do sistema ou tenha
aproveitado as oportunidades que oferece para a promoção de
seus interesses, contando que essa instituição seja justa ou equi-
tativa, isto é, atenda aos dois princípios de justiça.”
Sin embargo, importa que haya una voluntad mutua de los
individuos libres, iguales y dota dos de capacidad de pensamien-
to, que se agrupen por la lucha de un ideal común en el que to-
dos obtengan los beneficios de esa unión dentro de una socie-
dad bien ordenada. Es decir, de acuerdo con ciertas normas y
políticas justas, pero extremamente importante es que el com-
promiso de cooperación esté presente con las demás personas,
bajo pena de que nos beneficiemos de los esfuerzos ajenos.
Nos enseña Cittadino que la concepción de justicia impar-
cial de Rawls (2004, p. 81) nada más es que la idea de justicia
independientemente de otras doctrinas y así “... afirma que sua
concepção política de justiça é neutra em relação às diversas
visões compreensivas acerca da vida digna”.
Por tanto, para Rawls (2008, p. 578) “...parece plausível,
então, que adotar uma moralidade de associação (representada
por alguma estrutura de ideais) fundamenta-se no desenvolvi-

21

mento das habilidades intelectuais necessárias para considerar as
coisas de uma variedade de pontos de vista e de pensar isso co-
mo aspectos de um sistema único de cooperação”.
Dentro de esa concepción de una sociedad democrática
bien ordenada y de agentes acti vos con sentido de justicia, que-
riendo ser útiles, productivos y buenos (en el senti do etimológi-
co del término) en sus núcleos de asociaciones, sea familiar, sea
profesional o comunitario, es que la idea de pluralismo razona-
ble de Rawls resulta bastante significativa.
Y así se posiciona Cittadino:
O resultado disso é que há uma compatibilidade entre a
ideia de justiça e a ideia de bem que garante a estabilidade de
uma sociedade bem ordenada. Em outras palavras, como o justo
e o bem são compatíveis, o pluralismo não pode ser senão ra-
zoável. (CITTADINO, 2004, p. 82)
La cuestión del bien como racionalidad defen dida por
Rawls es la base sólida del propi o sujeto que asimila y elige el
bien como el camino más racional para su vida en una sociedad
organizada, adaptándose así a los valores de justicia colectiva.
Efectivamente, el bien sacado a la luz es aqu el que va más
allá de los planes comunes de vida del hombre como renta, ri-
queza y bienestar. Aquel más ple no y anhelado por él, cuyo valor
es inmensurable e inestimable - el respeto propio.
Bajo esa perspectiva de autovaloración humana, en la que el
bien integra la justicia como equidad en el seno de una sociedad
ordenada, el sentido de justicia imbuido en esa moldura valorati-
va se puede considerarlo un bien intangible, esencial y funda-
mental. Así lo prepondera Rawls:
(...) E se dentro da teoria fraca acontece qu e ter um senso
de justiça é, de fato, um bem, então a sociedade bem-ordenada é
tão estável quanto se possa desejar. Além de gerar suas próprias
atitudes de apoio moral, essas atitudes são desejáveis do ponto
de vista das pessoas racionais que as tomam quando avaliam sua
situação independentemente das re strições da justiça. (RAWLS ,
2008, p. 493)

22

Así que, el punto crucial de la obtención del sentido de jus-
ticia humana está en el intento de establecer la coherencia entre
bien y justicia. Rawls, por lo tanto, enfoca en el bien el argumen-
to de la justicia como deseo real e in trínseco de los ciudadanos
que buscan vivir, convivir y contri buir para la estabilidad de una
sociedad organizada.
La Constitución de la República Federativa de Brasil de
1988 establece la forma como el Estado se organiza. Pero antes
de la existencia del Estad o, el hombre siempre ha tenido el ins-
tinto de agruparse con otros con el objetivo de buscar su bienes-
tar y el de la comunidad en la que se encontraba inserido, ha-
ciéndose necesario una seria reflexión sobre la importancia de la
justicia ambiental para alcanzarse la efectuación de mocrática.
Sin embargo, esclarece Rawls en su obra O direito dos povos :
Ao dizer que um povo tem um governo democrático cons-
titucional razoavelmente justo (embora não necessariamente
justo por completo) quero dizer que o governo está eficazmente
sob seu controle político e eleito ral, que responde pelos seus
interesses fundamentais e que os protege como especificado em
uma constituição escrita ou não- escrita”. (RAWLS, 2001, p. 31)
La normalización de un derecho ambiental equilibrado y
sano se encuentra legalmente prevista en el artículo 225 en la
Constitución Brasileña de 1988 y desde ese marco, se comienza
la organización y búsqueda por la efectuación de esos derechos
de parte del Estado y de la sociedad.
Así, el derecho ambiental, por ser de cuño universal, se en-
cuadra en la concepción de de rechos de tercera dimensión don-
de están relacionados con el derecho al medio ambiente sosteni-
ble de vida digna y de paz.
Al paso que en relación con el Estado la importancia jurídi-
ca ambiental es así comentada por Canotilho:
No seu conjunto, as dimensões jurídico-ambientais e jurídi-
co ecológicas permitem falar de um E stado de direito ambiental
e ecológico. O Estado de direito, hoje, só é Estado de direito se
for um Estado protetor do ambiente e garantidor do direito ao
ambiente; mas o Estado ambiental e ecológico só será Estado de

23

direito se cumprir os deveres de juridicidade impostos à atuação
dos poderes públicos. Como se irá ver nos desenvolvimentos
seguintes, a juridicidade ambiental deve adequar-se às exigências
de um Estado constitucional ecológico e de uma democraci a
sustentada. A natureza de princípio conferida a muitas das nor-
ma s estruturantes da Constituiç ão ambiental – princ ípio do
desenvolvimento sustentável, pr incípio do aproveitamento
racional d os recurs os, pri ncípio da salvaguarda da capacidade
de renovação e de estabilidade ecológica, princípio d a solida-
riedade entre gerações – obrigar á a uma metódica constitucio-
nal de concretização particular mente centrada no s critérios de
ponderação e de optimiz ação dos interesses ambientais e eco-
lógicos. (CANOTILHO, 2008 , p. 5-6)
Desde ya, construir y mantener una s ociedad justa y estable
compuesta de ciudadanos plurales con distintos modos y estilos
de vida, pero que puedan ser libre s y respetados en la sociedad y
que se puedan asociar de forma libre, racional y conciente en
pro de una sociedad bien ordenada, estable, basada en el bien y
en plena efectividad de una vida más digna y justa es el ideal a
alcanzarse.
Ante la crisis ambiental enfrentada desde el fin del siglo
XX, cuando el hombre comenzó con la naturaleza una relación
de dominio excesivo, el desequilibrio es permanente. Es impres-
cindible para la superación de ese fenómeno la construcción de
una ética fundada en el respeto, cuidado y en el bi en para la po-
sibilidad de continuación de vida en la Tierra a través de una
justicia ambiental cautelosa y preventiva.
Del mismo modo, el principio de la precaución formulado
en la Grecia antigua significa el cuidado y el estar enterado de la
relación del hombre con la naturaleza. Dicho principio orienta
las actividades humanas y abarca conceptos como justicia, equi-
dad, respeto y prevención.
En ese sentido enseña Canotilho:
Así enseña Canotilho, 2012 “o princípio da precaução fun-
ciona como uma espécie de princípio “in dubio pro ambiente”: na
dúvida sobre a perigosidade de uma certa atividade para o am-

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biente, decide-se a favor do ambiente e contra o potencial po-
luidor, isto é, o ónus da prova da inocuidade de uma acção em
relação ao ambiente é transferido do Estado ou do potencial
poluído para o potencial poluidor. Ou seja, por força do princí-
pio da precaução, é o potencial poluidor que tem o ónus da pro-
va de que um acidente ecológico não vai ocorrer e de que adop-
tou medidas de precaução específicas . (CANOTILHO, 2012, p.
70-71)
Así que es imprescindible que haya medidas anticipatorias
de protección al medio ambiente que sean anteriores a los im-
pactos que causan daños agresivos a la naturaleza y su alrededor
donde la responsabilidad por el riesgo, aunque sencillo, se la
atribuya a las personas que tienen interés por la actividad desa-
rrollada.
Además de las responsabilidades individuales del hombre,
tiene el Estado la obligatoriedad de p roteger y prevenir las agre-
siones al medio ambiente para que haya el desarrollo del Estado
de derecho democrático y ambiental.
Medio ambiente y Estado
Con el adviento de la Constitución Federal de 1988, los
conceptos constitucionales tradicionales fueron siendo dejado s
de al lado, asumiendo nuevos modelos de efectuación de esos
derechos, inaugurando el Estado Democrático de Derecho, que
tiene como característica principal la concretización de los dere-
chos fundamentales, según preceptúa Novelino:
“(...) Os direitos fundamentais, compreendidos como os di-
reitos humanos consagrados no plano interno, são normas posi-
tivas constitucionais. Após atra vessarem uma fase de carência
normativa na qual eram considerad as meras declarações solenes,
revestidas somente de valor mora l, esses direitos tiveram sua
normatividade reconhecida sendo alçados à condição de normas
jurídicas constitucionais.” (NOVELINO, 2008, p. 222-223).

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aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domésti-
co”.
El escenario actual requiere av ances y cambios significativos
en pro de la dignidad humana que representa la clave maestra
del hombre en los nuevos tiempos, debiendo perseguirla todo el
ordenamiento jurídico y toda la humanidad global. Destaca, por
tanto, Canotilho (1998, p. 21), “a forma que nossa contempora-
neidade se revela como uma das mais adequadas para acolher
esses princípios e valores de um Estado subordinado ao direito é
o Estado constitucional de Direito de mocrático e social ambientalmente
sustentado”.
Efectivamente, el modelo de Estado Sociambiental tiene un
papel fundamental en la promoción de los derechos fundamen-
tales, específicamente en lo que se refiere a la tutela ambiental y
que Perez-Luño defiende como “um modelo de desenvolvimen-
to econômico e humano de resgate do ‘ser’, vinculado a pro-
teção ambiental e principalmente com a dignidade humana.”
La injusticia social se muestra de distintas facetas, pues
además de afectar directamente a las clases más desfavorecidas
bajo el punto de vista económico y que poseen acceso más res-
tricto a los servicios públicos básicos como agua, saneamiento
básico, etc.; también están limitad os a las informaciones de or-
den ambiental y legal, impidiendo así, por falta de conocimiento
y de noticias, que eviten los daños y riesgos ambientales.
Bauman (2005, p. 21) utiliza el término “desecho humano”
para demostrar como una parte de los seres humanos irá a la
“basura” con el desecho de las sobras por el exceso de consumo
y producción, asimismo como por la dominación global del ca-
pital.
Ante esa situación, la búsqueda por la justicia como equidad
por la preservación del bien natural que Schornardie (2011, p.)
define como “todos os atributos naturais, artificiais e culturais,
que integram o meio no qual estamos inseridos”, que el Poder
Público y la población necesitan salvaguardar.
La expresión “justicia como equidad” enunciada por John
Rawls, se basa en los acuerdos de una posición original, donde

32

las personas desconocen el objeto de elección, pero la garantía
de los acuerdos fundamentales pod rá ser alcanzada como equita-
tiva por los principios de justicia formulados por Rawls:
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema
mais extenso de igua is liberdades funda mentais que seja compa tível
com um sistema de liberda des para as o utras pessoa s.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas de vem estar
dispostas de t al modo que tanto (a ) se possa razoavel mente esperar
que se estabeleçam em benefício de todos como (b) estejam vincu-
ladas a cargos e posições acessíve is a todos. (RAW LS, 2008, p. 73)
Esos principios de justicia enunciados por Rawls presupo-
nen que cualquier persona libre y racional los aceptaría en caso
de que se encontrara en una posición inicial de igualdad, visto
que cada individuo es dueño de una “inviolabilidad fundada en
la justicia”, que ni el bien común y tampoco el Estado pueden
anular.
Para que ese sentido de justicia sea practicado y eficaz, hay
que existir una congruencia de actitudes éticas del hombre ante
las situaciones que pudiesen llevarlo a obtener alguna ventaja
personal por desobedecer a esta premisa, a la vez que dicho
comportamiento avalaría profundamente los pilares de un senti-
do de justicia, pues se parte de sde el principio que una persona
justa no se predispone a aceptar y realizar referido procedimien-
to, pues el “deseo regulador de obedecer a los principios corres-
pondientes” sería uno de sus criterios de elección racional; así
avala Rawls:
“...Os critérios de escolha racional devem levar es se desejo
em conta. Se o que a pessoa quer, com racionalidade deliberati-
va, é agir do ponto de vista da justiça acima de tudo o mais, é
racional para ela agir assim. Por conseguinte, nessa forma a
questão é trivial: sendo os tipos de pessoa que são, os membros
de uma sociedade bem-ordenada desejam, mais do que qualquer
coisa, agir com justiça, e realizar esse desejo faz parte do seu
bem. Quando adquirimos um senso de justiça que é verdadeira-
mente final e efetivo, como requer a primazia da justiça, nos
encontramos engajados num plano de vida que, na medida em

33

que sejamos racionais, nos leva a preservar e incentivar esse sen -
timento. Já que esse fato é de conhecimento público, a instabili-
dade do primeiro tipo não exis te e, por conseg uinte, também
não existe a do segundo” (RAWLS, 2008, p. 702)
Aún sabiendo de la existencia de otras formas de concep-
ción de sentido de justicia, grandiosos son los argumentos de
Rawls sobre la teoría de la justicia basada en el bien. La fuerza
de esa concepción es como un bal uarte de una sociedad que
opta por el bien racional, así pu esto, plausible y posible de al-
canzarse el equilibrio ante la multipluralidad de ideas, conceptos
y pensamientos existentes dentro de las comunidades, pues l a
prevalencia de ese sentimiento de justicia se lo podría utilizar
como guía del plan de vida de las personas para que la paz y la
justicia prevalezcan.
Casos concretos y la comprensión de los
Tribunales Constitucionales Brasileños
Las premisas doctrinarias antes desarrolladas sobre medio
ambiente y justicia ambiental se las podrá evaluar a la luz de la
jurisdicción constitucional brasileña, más precisamente el S u-
premo Tribunal Federal.
En lo que se refiere al término “justicia ambiental” verifica-
ción hasta fines del mes de agosto de 2013 en la plataforma de
investigación jurisprudencial de la página oficial en Internet del
Supremo Tribunal Federal, localizó solamente un (1) fallo –
ADFP 101/DF, que versa sobre argüido de descumplido de
precepto fundamental que afronta a lo s principios constituciona-
les de la salud y al medio ambiente equilibrado.
ADPF 101 DF - DISTRITO FEDERAL, ARGÜIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMEN-
TAL, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Jul-
gado em 24/06/2009, Dje-108 DIVULG 01 -06-2012 PUBLIC
04-06-2012 EMENT VOL 02654-01 PP 0000 1

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En este caso, el debate se pautó en l a adecuación y obser-
vancia del principio de la subsidiariedad. Art. 170, 196 y 225 d e
la Constitución de la República Federativa de Brasil cuyo tema
pairó en la importación de neum áticos usados y reciclaje. El
Tribunal se acogió constituciona lmente en el o principio de la
precaución, armonizado con los demás principios de la orden
constitucional y económica, asimismo como el derecho a la sa-
lud, considerada como un bien no patrimonial.
Del análisis de la decisión se verifica que fue reconocido
por mayoría el argüido de descumplido de precepto fundamental
(al menos en lo que se refiere a la salud). Para la jurisprudencia
del Supremo Tribunal Federal, se encuentra asociada la salud de
los hombres con la calidad y los elementos que componen el
medio ambiente sano, aunque haya la permanente necesidad d e
ampliar la cultura colectiva de la población para ese debate.
Semejante preocupación de defensa al medio ambiente
constató la Corte Suprema Brasileña cuando la investigación
jurisprudencial es del término “medio ambiente”. En esa cose-
cha se han encontrado doscientos cuarenta y cinco (245) fallos y
cuatro (4) de repercusión general en el sitio del Supremo Tribu-
nal Federal.
RE 716963 RG / RS - RI O GRANDE DO SUL REPER-
CUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Julgado em
22/11/2012, Dje-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-
2012
ARE 642827 RG / ES - ESPÍRITO SANTO REPER-
CUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE,
Tribunal Pleno, Julgado em 23/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-
08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-
00282
RE 607109 RG / PR – PA RANÁ REPERCUSSÃO GE-
RAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min.
ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010,

35

DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2 010 EMENT
VOL-02436-02 PP-00340
RE 586224 RG / SP - SÃO PAULO REPERCUSSÃO
GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, Julgado em
11/12/2008 DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-
2009 EMENT VOL-02347-13 PP-02567
Se han analizado solamente la s ocurrencias de repercusión
general en lo que concierne a los sumarios jurisprudenciales, y se
constató una posición firme del Supremo Tribunal Federal por
la preocupación constante que los daños causados al medio am-
biente caminen hacia la “tolerancia cero”, en la que la protección
al medio ambiente sano y equilib rado es indudablemente una
cuestión de relevancia social reconocida.
En cuanto a la investigación de la referencia “estado so-
cioambiental” no se ha encontrado ninguna ocurrencia jurispru-
dencial en el sitio del Su premo Tribunal Federal.
Al fin y al cabo, la Suprema Corte ha sido defensora y pro-
tectora de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibra-
do, pero aún camina tímida en cuanto a la efectuación de los
derechos fundamentales comprendidos como derechos hu ma-
nos. Cabe a las políticas públicas fundadas en la Constitución
que se encarguen de esa efectuación al punto de que se le a tribu-
ya al Poder Judiciario un comprometimiento con la eficacia y la
integridad de los derechos fundamentales.
Consideraciones finales
Es el ciudadano el destino final de la ley suprema, es en ella
que se espeja la realidad social y aflicción del pueblo. La ocu-
rrencia de injusticias sociales es frecuente: el acceso de los ciu -
dadanos económicamente menos favorecidos a los servicios
públicos esenciales es restricto, el acceso a la información es
limitado y los problemas ambientales son frecuentes y camufla -

36

dos. Sin embargo, es el ciudadano bien informado que consigue
visualizar y comprender los reales problemas ambientales d el
cotidiano, siendo agente activo y transformador en la sociedad,
pudiendo ejercer un papel orientador y educad or, para que se
eviten daños y riesgos ambientales por falta de conocimiento o
información de la población, contribuyendo así con el Poder
Público en la reducción de litigios y conflictos, porque la vida
depende del no abandono del conoc imiento y de la instrucción
de los hombres en la Tierra.
La función del Estado en la protección ambiental se fun-
damenta en los textos legales y en la Constitución de la Repúbli-
ca Federativa de Brasil, pero el desafío ambiental contemporá-
neo va más allá de positivar normas disciplinantes y sancionado-
ras, porque el sentimiento de preservación y cuidado deberá
estar inserido en las acciones individuales del ho mbre, en la res-
ponsabilización individual de forma justa, en el discernimiento
para aplicación de la justicia con equidad, en la búsqueda cons-
tante de alternativas educativas para la efectiva precaución y
prevención de la degradación ambi ental y en el con stante ejerci-
cio de la justicia basada en la Te oría del Bien en la que la rela-
ción del hombre con el medio am biente deberá ser equilibrada y
saludable.
La justicia ambiental está vinculada a un Estado Socioam-
biental de Derecho de cuño universal, democrático, comunitario
y existencial, en el que el deber de defender y proteger el medio
ambiente es tanto del Poder Público como de los agentes socia-
les.
Su efectividad parte de la acción de dos frentes, la del Esta-
do a través de políticas públicas eficientes y fomentadoras de
participación popular atendiendo a las necesidades actuales y
colectivas de la población y de la propia sociedad a través de
acciones comunitarias y comunica tivas donde la prevalencia del
principio fundamental de la dignidad de la per sona humana
pueda ser reconocido y respetado por todos y por cada indivi-
duo de forma individual como un deber de autorrespeto y pro-
tección del propio hombre y del ambiente en el que vive.

37

Se habla tanto de la necesidad de dejar un planeta mejor pa-
ra nuestros hijos y nos olvidamos de la urgencia de que dejemos
hijos mejores para nuestro planeta, así la concepción: “cuando
yo cambio, el mundo se transforma ”, es el camino de la verdad y
de la solidariedad a seguir, dond e la valoración del ser deberá
prevalecer en detrimento del tener y por donde la oxidación de
la ignorancia no se alastre.
Se concluye por tanto que el hombre está en constante evo-
lución en la sociedad, todas sus acciones generan consecuencias
que podrán ser desastrosas o edific antes al medio en el que vive.
De su relación con el ambiente dep ende su vida, su crecimiento
depende de la búsqueda por el conocimiento científico y la prác-
tica de buenas acciones es el designio del hombr e en la obten-
ción del sentido de justicia. De esa forma, la humanidad podrá
caminar por sendas donde impere la paz, la fraternidad, la soli-
dariedad, la verdad, la justicia y el respeto por la vida humana y
ambiental en la Tierra.
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47

Cabe notar quanto a esta evolução histórica que, como bem
lembra Flávia Piovesan (2004, p. 27), no campo dos valores, em
matéria de direitos humanos, uma divisão ideológica esteve no
cerne de uma intensa disputa. A consequência de um sistema
internacional de polaridades defi nidas – Leste/Oeste, Norte/Sul
– foi a batalha ideológica entre os direitos civis e políticos (hera-
nça liberal patrocinada pelos Estados Unidos) e direitos
econômicos, sociais e culturais (herança social patrocinada pel a
então União Soviética).
Neste sentido, impreterível destacar que, “antes de ser um
problema jurídico, a questão da realização dos direitos sociais
prestacionais é um problema filosófico” (RODRIGUES, 2009,
p. 44). Se tomarmos por base ta l afirmação, devemos considerar
que, na atualidade da discussão deste tema, ainda está premente
a divisão entre direitos liberais e sociais, cuja causa se funda no
conflito (mal resolvido) entre diferentes teorias de justiça (SEN,
2004, p. 318).
Neste sentido, cabe notar que várias correntes jusfilosóficas
guardam ideais específicos de justiça como critérios de admissão
da fundamentalidade dos direitos (RODRIGUES, 2009, p. 44).
Assim as concepções liberais e as socialistas foram as que mais
influenciaram a trajetória expansiva dos direitos humanos na
perspectiva internacional no decorrer da história do constitucio-
nalismo moderno (BONAVIDES, 2003. p. 562-5). Em poucas
palavras, as primeiras declarações conceberam os direitos de 1ª
dimensão (ou direitos liberais), as segundas os direitos de 2ª di-
mensão (ou direitos sociais).
Para as correntes liberais clássicas, a ideia de direitos fun-
damentais encontra- se presente na garantia de “não-ingerência”
(do Estado e de outros particulares) sobre a esfera de liberdade
do indivíduo (SARLET, 2004, p. 181). Em reforço a esta tese
(não-ingerência), edificaram-se as doutrinas libertárias, exacer-
bando como critério único de justiça o respeito à “condição de
universalização”, princípio lógico que sustenta que os únicos
direitos possíveis são aqueles que prescrevem deveres indepen-

48

dentemente de consequências, que todos devem respeitar sem
qualquer exceção (SEN, 2000, p. 86).
Em contraposição ao liberalismo, as correntes socialistas
(ou socializantes) dão ênfase à ideia de que os direitos devem
garantir de fato a liberdade do indivíduo, sendo insuficiente uma
juridicidade que apenas declare que um sujeito é igual e livre sem
verificar se realmente ele goza desse status . Igualdade real em
confrontação à igualdade meramente formal.
No entanto, estas inclusões mais recentes de direitos huma-
nos, têm ficado sujeitas a contestações das mais variadas. Muitos
dos críticos, de hoje, aos direitos sociais, econômicos e culturais
parecem abraçar a concepção formalista liberal do s direitos hu-
manos, uma vez que admitem como fundamentais apenas os
direitos de primeira geração.
O que pretendem tais autores, ao separar direitos sociais,
econômicos e culturais dos direitos civis e políticos, é “realizar a
separação entre liberdade e justiça, como sendo esta o meio para
aquela” (RODRIGUES, 2009, p. 45 ). Porém, tal separação, se-
gundo o autor, em termos substanciais, é impossível, principal-
mente se tomarmos em consideração a teoria dos direitos hu-
manos de Amartya Sem, cujo principal fundamento é justamente
o significado de liberdade que forma a essência destes direitos e
de sua concepção de justiça.
Neste sentido, é importa nte destacar que a teoria dos direi-
tos humanos de Sen vincula-se a uma perspectiva bem ampla de
liberdade, cujo conceito, calcad o nas oportunidades reais de um
indivíduo para levar uma vida digna e livre (SEN, 2011), ultra-
passa muito o conceito liberal e destaca que uma s eparação entre
justiça e liberdade só é possível se esta última for considerada
em termos meramente formais. Em outras palavras, há uma
clara indicação de que a concep ção de uma teoria da justiça,
necessariamente, influencia uma concepção de liberdade, e vice-
versa (SEN, 2000).

49

3. A Relevância dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais
Como já observamos, os direitos econômicos, sociais e cul-
turais vem sofrendo, ao longo dos tempos, uma série de críticas
quanto à sua inclusão na categoria dos direitos humanos. Para
melhor compreensão e refutação destas críticas, Amartya Sen
aprofunda a sua reflexão a partir de duas linhas específicas de
contraposição, as quais ele denomin a de “crítica da instituciona-
lização” e “crítica da exequi bilidade” (2011, p. 416).
A crítica da institucionalização, que visa em especial aos di-
reitos econômicos e sociais, está ligada à crença de que os direi-
tos reais devem se desenvolver numa relação de correspondên-
cia exata com os respectivos deveres formulados com precisão.
O argumento comum de que essa correspondência só existe se
um direito for institucionalizado.
Neste ponto, cabe trazer a constataçã o de Sen a respeito da
necessidade de se compreender os direitos, quando de sua apli -
cação, não somente sob o ponto de vista das demandas éticas
que traduzem, mas também sob o enfoque das obrigações (ou
funções) que geram. Neste sentido, para responder a essa crítica
Sen invoca a noção de que as obrigações podem ser perfeitas ou
imperfeitas, apresentando, com base nos estudos sobre a moral
de Kant, a diferenciação entre “obrigações perfeitas”, que apre-
sentam ações específicas, e “obrigaçõ es imperfeitas”, que indi-
cam apenas objetivos gerais. (2011, p. 409).
Note-se que, como nos lembra Rodrigues, (2009, p. 49), os
conceitos de obrigações perfeita s e imperfeitas, utilizados por
Sen, relacionam-se com os de “d imensão negativa” (defesa) ou
“positiva” (prestações) dos di reitos fundamentais usados por
Sarlet (2004, p. 219). Considerando uma obrigação em abstrato,
são as omissões (dimensão nega tiva) o núcleo das obrigações
perfeitas, vez que elas sempre se aplicam a todas as situações, e
as ações (dimensão positiva) o centro das obrigações imperfei-
tas, porquanto para estas não ex iste, em princípio, nenhuma

50

regra que indique exatamente como alguém deve agir. Apesar
desta distinção, para Sen, amba s as categorias de direitos pos-
suem igual importância, de maneira que não é possível negligen-
ciar a realização das obrigações imperfeitas apenas porque elas
não são determináveis em abstrato (2011).
Para Sen (2011, p. 417),
[...] mesmo os direitos clássicos de ‘primeira geração’, como
a liberdade de não ser atacado, podem ser vistos como gerado-
res de obrigações imperfeitas aos outros. Da mesma forma, os
direitos sociais e econômicos levam a obrigações perfeitas e im-
perfeitas.
Ou seja, todos os direitos, sem exceção, prescrevem obri-
gações tanto perfeitas q uanto imperfeitas. É só imaginar, de
acordo com Rodrigues (2009) a partir da classificação dos direi -
tos fundamentais, acima apresentad a por Sarlet, os direitos de
defesa clássicos (liberdades dive rsas, religiosa, de expressão,
participação política, etc., vida , propriedade) sem qualquer pres-
tação em sentido amplo ou em sentido estrito (prestações mate-
riais). Sem qualquer violação a tais direitos, parece que eles lo-
gram ser usufruídos normalmente, mas e se eles forem violados?
Ou se sofrerem ameaça de violação? Nesse caso, segundo o
autor, percebe-se sem demora que sem outras prestações (obri-
gações), tais como normativas, para o desestímulo a trans-
gressões legais, e materiais, como a edificação de a paratos buro-
cráticos representados nas estruturas das funções estatais (legis-
lativa, executiva e judiciária), pouca coisa restaria para a garanti a
de tais direitos. (RODRIGUES, 2009).
Flávia Piovesan (2011, p. 213) concorda com tal argumento
e afirmar que tanto os direitos
[...] sociais, como os direitos civis e políticos demandam do
Estado prestações positiv as e negativas, sendo equivocada e
simplista a visão de que os direitos sociais só demandariam pres-
tações positivas, enquanto que os direitos civis e políticos de-
mandariam prestações negativas, ou a mera abstenção estatal. A
título de exemplo, cabe indagar qual o custo do aparato de segu-
rança, mediante o qual se asseguram direitos civis clássicos, co-

51

mo os direitos à liberdade e à propriedade, ou ainda qual o custo
do aparato eleitoral, que viabiliza os direitos políticos, ou do
aparato de justiça, que garante o direito ao acesso ao Judiciário.
Isto é, os direitos civis e polític os não se restringem a demandar
a mera omissão estatal, já que a sua implementa ção requer polí-
ticas públicas direcionadas, que contemplam também um custo.
Basicamente, com a constatação de Sen de que qualquer di-
reito encerra vários tipos de obrigações (tanto obrigações perfei-
tas quanto imperfeitas) considera-se equivocada a tese de que os
direitos sociais, econômicos e culturais que não envolvem o
mínimo existencial não são fundamentais porque são direitos
instituídos no Estado, ao passo que os verdadeiramente funda-
mentais são, somente, os direitos pré-estatais (o s direitos de
primeira geração), para os quais bastaria a abstenção.
Nesse ponto, cabe ainda destacar a importância que Sen
atribui à relação de indivisibilidade de todos os direitos, bem
como ao exercício dos direitos civis e políticos em um ambiente
plenamente democrático (em que se viabilizem a participação
política, diálogo e interação pública, conferindo o direito à vo z
aos grupos mais vulneráveis (2011).
Para ele, o pleno exercício dos direitos políticos pode impli-
car o “empoderamento” das populações mais vu lneráveis e o
aumento de sua capacidade de pr essão, articulação e mobilização
políticas. Os direitos políticos (incluindo a liberdade de ex-
pressão e de discussão) são não apenas fundamentais para de-
mandar respostas políticas às necessidades econômicas, mas
também centrais para a própria formulação dessas necessidades
econômicas (2000).
Neste sentido, mesmo nã o possuindo uma autoaplicabilidade
imediata, os direitos econômicos, sociais e cultur ais oferecem um
“vasto campo de debate público fecundo e possivelme nte de
pressão efetiva” sobre o que pode fazer uma socied ade ou um Es-
tado – mesmo que com baixos n íveis de desenvolvimento – para
impedir violações de certos dire it os sociais, ec onômicos e culturai s
fundamentais (associados, por ex emplo, à fome, à subnutriçã o
crônica ou à falta de assistê nci a médica). (SEN, 2011, p. 417).

52

Isto não significa desconhecer a importância das insti-
tuições para concretizar os direitos sociais, econômicos ou cul-
turais, mas a significação ética desses direitos oferece boas
razões para tentar concretizá-los por meio de seu trabalho de
pressionar ou contribuir para mudanças nas instituições e nas
atitudes sociais. De acordo com Sen (2010, p. 428) “negar o
estatuto ético dessas pretensões seria ignorar o raciocínio que
desencadeia essas atividades construtivas, inclusive o trabalho de
pressão para mudanças institucionais”.
Por sua vez, uma segunda crítica dirigida à fundamentabili-
dade dos direitos sociais é, segu ndo Sen, a crítica da exequibili-
dade, que parte do argumento de que, mesmo com os melhor es
esforços, talvez não seja possível concretizar muitos dos direitos
sociais, econômicos e cu ltura is. É uma crítica que “t oma por base o
pressuposto, em larga medida não fundamentado, de que os direi-
tos humanos para ser coerentes, tem de ser inte ir amente e imedia-
tamente realizáveis para todos” (SEN , 2011, p. 429). Se se aceitasse
esse pressuposto, o efeito imediato seri a remover muito s dos ditos
direitos de bem-est ar social do campo dos direitos humanos possí-
veis, sobretudo nas socie dades mais pobres.
Isto é, para Amartya Sen, ina ceitável, uma vez que se baseia
numa confusão sobre o conteúdo que um direito eticamente
reconhecido necessita reivindicar. Claro é que os defensores dos
direitos humanos querem que tais direitos sejam reconhecidos e
realizados ao máximo. Tal abordagem não deixa de ser viável
apenas porque outras mudanças sociais podem vir a ser ne-
cessárias, em algum momento, para ampliar o numero desses
direitos reconhecidos que passam a ser plenamente realizáveis e
efetivamente realizados. Cabe lembrar aqui que, para Sen, a
afirmação dos direitos humanos é um chamad o à ação – um
chamado à mudança social – e não depende de uma exequibili-
dade preexistente.
De fato, se a exequibilidade fosse condição necessária para
que as pessoas terem algum direito, não só os direitos sociais,
econômicos e culturais, mas todos os direitos – inclusive o direi-
to às liberdades formais – seriam inviabilizados, tendo em vista

53

da impossibilidade de proteger a vida e a liberdade de todos
contra a transgressão. De acordo com o autor (2011, p. 419),
Garantir que toda pessoa fique em paz nunca foi especial-
mente fácil. Não podemos impedi r a ocorrência de um assassi-
nato aqui ou ali, dia sim, dia não. Nem, com nossos melhores
esforços, podemos deter todas as matanças em massa, como os
m a s s a c r e s e m R u a n d a e m 1 9 9 4 , e m N o v a Y o r k e m 1 1 d e s e -
tembro de 2011, ou em Londres, Madri, Bali e Mumbai em data
mais recente. O equivoco de rejeitar as pretensões de direitos
humanos com base no fato de não serem plenamente exequíveis
é que um direito não realizado por inteiro ainda continua a ser
um direito, demandando uma aç ão que remedie o problema. A
não realização, por si só, não tran sforma um direito reivindicado
num não direito. Pelo contrário, ela motiva uma maior ação
social.
Por fim, é importante ainda abordar o argumento comu-
mente utilizado que os direitos sociais, econômicos e culturais
não são autoaplicáveis. Neste sentido, lembra Amartya Sen que
nenhum direito é plenamente autorealizável, em especial se le-
varmos em consideração que muit os direitos se alicerçam em
obrigações imperfeitas. Neste sent ido, para Sen, (2011) se for-
mos pressupor que a garantia completa e detalhadamente a rea-
lização de um direito fosse entendida como uma condição ne-
cessária de vigência de todo direito, então não apenas os direitos
de bem-estar social, mas também as liberdades, autonomias e até
mesmo os direitos políticos também não poderiam ser realiza-
dos e considerados cogentes.
Assim, é fundamental ter clareza que para Amartya Sen, a
exclusão de todos os direitos sociais, econômicos e culturais do
“santuário interior dos direitos humanos”, reservando espaço
apenas para as liberdades formais e outros direitos de primeira
geração, procura “traçar na areia uma linha difícil de manter [e
funcionam como justificativas para sua desconsideração ou para
a sua não efetivação]”. (2010, p. 419-420).

54

4. Os Desafios Atuais dos Direitos Sociais,
Econômicos e Culturais
Parece-nos claro que, compartilhando do entusiasmo de
Flavia Piovesan, nos dias atuais, em face da indivisibilidade do s
direitos humanos, há de ser defi nitivamente afastada a equivo-
cada noção de que a geração dos direitos civis e políticos merece
inteiro reconhecimento e respeito, enquanto que a classe dos
direitos sociais, econômicos e culturais, ao contrário, não merece
qualquer observância. Para ela (2011, p. 210),
Sob a ótica normativa internacional, está definitivamente
superada a concepção de que os direitos sociais, econômicos e
culturais não são direitos legais. A ideia da não acionabilidade
dos direitos sociais é meramente ideológica e não científica. São
eles autênticos e verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis,
exigíveis e demandam séria e re sponsável observância. Por isso,
devem ser reivindicados como direitos e não como caridade,
generosidade ou compaixão.
No entanto, é imprescindível destacar que a comunidade in-
ternacional continua a tolerar frequentes violações aos direitos
sociais, econômicos e culturais, que causariam i mediata reação
internacional se fossem verificadas contra direitos civis e políti-
cos. Apesar da retórica, continuamos a vivenciar as mais sérias e
intoleráveis negações à um mínimo de dignidade e condições de
vida, com resultado da parcial ou completa ausência de presença
governamental e de políticas públicas capazes de responder à
graves problemas sociais (BEDIN, 2002).
Nesta lógica, governos continuam a adotar o discurso teóri-
co liberal a fim de justificar a sua total omissão frente a graves
violações de direitos, apesar da clara responsabilidade de lhes
incumbe no sentido de respeitar, proteger e implementar todos
os direitos humanos, principalmente os direitos econômicos,
sociais e culturais. Além da construção de uma profunda argu-
mentação teórica capaz de refuta r tais alegações, como propõe
Amartya Sen, necessário também a a doção de medidas práticas

55

que promovam a implementação imediata de tais direitos e de
políticas públicas voltadas para sua efetivação.
Por isso, frente a tal realidade, concordamos com Flávia
Piovesan quando esta afirma que existem uma série de desafios a
serem enfrentados na teoria e prática dos direitos humanos para
que a finalidade de sua implementação seja alca nçada. Dentre
estes desafios apresentados pe la autora, (2011), destacamos
quatro, quais sejam: assegurar o reconhecimento dos direitos
sociais como direitos humanos fundamentais na ordem consti-
tucional com a previsão de instrumentos e remédios constitu-
cionais que garantam sua justiciabilidade.
Neste sentido, é fundamental que o marco jurídico consti-
tucional de cada país acolha a concepção contemporânea de
direitos humanos, endossando a visão integral destes direitos,
baseada na indivisibilidade, interdependência e inter-relação en-
tre direitos civis e políticos e dos direitos sociais, econômicos e
culturais. Em decorrência desta visão integral dos direitos hu-
manos,
[...] o devido reconhecimento constitucional aos di reitos so-
ciais surge como medida imperativa, bem como a previsão de
remédios que assegurem a sua prot eção, em casos de violação. A
proteção aos direitos sociais requer a existência de remédios
efetivos voltados à sua garantia, enfatizando a fórmula “there is
no right without remedies”. Neste sentido, o papel das Cortes
não é o de formular políticas pú blicas em matéria de direitos
sociais, mas o de fiscalizar, supervisionar e monitorar tais políti-
cas considerando os parâmetros constitucionais e i nternacionais.
(PIOVESAN, 2011, p. 223).
Em segundo lugar, o desafio de se garantir uma prioridade
orçamentária para a implementação dos direitos s ociais, impul-
sionar o componente democrático no processo de implemen-
tação dos direitos sociais , e, por fim, fortalecer o princípio da
cooperação internacional em matéria de direitos sociais.
Mediante a elaboração de uma teoria de direitos humanos e
de justiça que leve em co nsideraç ão as necessidades reais para a
concretização de uma vida digna às pessoas, bem como com a

56

adoção das medidas citadas nos ordenamentos jurídicos atuais,
poderá se tornar palpável a construção de um mundo com me-
nores níveis de desigualdades entre as pessoas e com a su-
peração de carências e exclusões das mais variadas ordens.
5. Conclusão
O presente artigo buscou demonstrar, tomando por base os
estudos desenvolvidos por Amartya Sen, que direitos humanos
são pretensões éticas constitutivamente associadas às liberdades
humanas reais (e não meramente formais), de modo que cada
um deles carregam consigo variad os tipos de obrigações, tanto
positivas quanto negativas ou perfeitas e imperfeitas, fato este
que contesta a possibilidade de um conjunto de direitos ter pre-
ferência sobre outros direitos.
No entanto, mesmo dia nte de tais afirmações teóricas, é
possível ainda verificar que, diante do cenário de crise mundial e
da prevalência das doutrinas econô micas mais ortodoxas, os
primeiros direitos a serem relativi zados são os direitos sociais ,
econômicos e culturais. Este fato revela que continua a ser utili-
zados critérios excessivamente liberais na defesa dos direitos
humanos e que este fato permite que o recurso à política s
econômicas restritivas sejam facilm ente justificadas e padrões de
vida reduzidos. Estas escolhas são, inclusive, juridicamente am-
paradas pelas decisões dos tribunais.
Desta forma, é necessário insistir na contraposição teórica a
tais concepções, como o faz o professor Amartya Sen, destacan-
do a vinculação indissociável existente entre direitos humanos,
justiça e desenvolvimento. Além disso, é importante lutar pel a
constituição de mecanismos práticos que possam ir tornando
tais direitos plenamente aplicávei s, sob pena de violação cada
vez mais constante do direito fundamental da vida humana.
Isto porque, se considerarmos como objetivo de longo pra-
zo a constituição de níveis de desenvolvimento mais adequados

63

tivações de índole meramente econô mica, ainda mais se se tiver
presente que a atividade econômica, considerada a disciplina
constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros prin-
cípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente"
(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente da s
noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de
meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente
laboral (ADI-MC 3540, Relator Ministro José Celso de Mello
Filho).
Isso significa para a quase totalidade da doutrina brasileira
na área de Direito Ambiental o conceito de m eio ambiente na
ordem jurídica brasileira é organi zado da seguinbte forma: meio
ambiente natural, meio ambiente artificial, meio a mbiente cultu-
ral e meio ambiente do trabalho. A própria legislação infra-legal
absorveu tal conceito ao defini r o meio ambiente no Anexo da
Resolução n. 306/2002 do CONAMA como o “conjunto de
condições, leis, influência e interações de ordem física, química,
biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege
a vida em todas as suas formas”.
É claro que essa classificação atende a uma necessi dade me-
ramente metodológica, ao facilitar a identificação da atividade
agressora e do bem ambiental diretamente degradado, tendo em
vista que o meio ambiente por essência é unitário. Como afirma
Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2009), independentemente d os
seus aspectos e das suas classificações a proteção jurídica ao
meio ambiente é uma só e tem sempre o mesmo e único objeti-
vo de proteger a vida e a qualidade de vida.
A doutrina tem começado a incluir como novo elemento
nessa classificação o meio ambiente genético ou patrimônio
genético (TRENNEPOHL, 2010), o qual deve compreender a s
informações de origem genética oriundas dos seres vivos de
todas as espécies, seja animal, vegetal, microbiano ou fúngico.
Em face disso, cada um desses aspectos ou des dobramentos
será analisado em seguida de forma detalhada.

64

2.1 Meio ambiente natural
O meio ambiente natural, ou físico, é constituído pelos re-
cursos naturais, que são invariavelmente encontra dos em todo o
planeta, ainda que em co mposição e em concentração diferente,
e que podem ser considerados individualmente ou pela corre-
lação recíproca de cada um destes elementos com os demais. Os
recursos naturais são normalmente divididos em elementos
abióticos, que são aqueles sem vida, como o solo, o subsolo, os
recursos hídricos e o ar, e em elementos bióticos, que são aque-
les que têm vida, a exemplo da fauna e da flora.
Tal aspecto, que é o imediatamente ressaltado pelo citado
inciso I do art. 3º da Lei nº. 6.938/81, traduz o que a maior par-
te da população conhece por meio ambiente e o que de fato
abarca a maioria das questões que dizem respeito ao assunto.
Dentre essas questões se pode destacar as emissões de poluentes
atmosféricos emitidas pelas indústrias, a destruição da camada
de ozônio, o gerenciamento da zona costeira, a gestão de bacias
hidrográficas, o despejo de resídu os na água, os vazamentos de
óleo em alto-mar, a devastação das matas ciliares, o desguarne-
cimento da vegetação de cabeceira s, a ocupação de áreas de ma-
nanciais e de nascente, a desertif icação, o uso de agrotóxicos, a
substituição das florestas por campos e pastagens, a construção
de represas e a instalação de monoculturas em áreas altamente
agricultáveis, a atividade mineradora e a restituição do meio am-
biente, a proteção das florestas, a criação de áreas de especi al
proteção, a preservação de biomas ameaçados como a caatinga,
o pantanal, a floresta amazônica, o problema da extinção dos
animais, o combate ao trafico de animais, a regulamentação da
caça e da pesca, a criação de instituições oficiais de finalidade
científica e de zoológicos e a defesa da integridade genética etc.
Por vezes expressões como 'direito da água', 'direito do ar',
'direito da fauna', 'direito da flora', 'direito do solo' e 'direito d o
subsolo' são utilizadas com o intuito de designar o que seriam os
sub-ramos do Direito Ambiental que disciplinariam as temáticas
citadas. Contudo, não existe rigor epistemológico para essa clas-

65

sificação, visto que cada um desses tópicos não apenas diz res-
peito aos demais como é diretamen te interdependente deles, isto
é, não se defende a água sem se pr oteger a flora e ao se defender
a flora se está protegendo também a fauna.
2.2 Meio ambiente artificial
O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo
ser humano, sendo constituído pelos edifícios urbanos, que são
os espaços públicos fechados, e pelos equipamentos comunitá-
rios, que são os espaços públicos abertos, como as ruas, as
praças e as áreas verdes. Embora esteja ligado diretamente ao
conceito de cidade, o conceito d e meio ambiente artificial abarca
também a zona rural, referind o-se simplesmente aos espaços
habitáveis pelos seres humanos, visto que nele os espaços natu-
rais cedem lugar ou se integram às edificações urbanas artificiais
(FIORILLO: 2009). Alguns autores têm preferido utilizar Direi-
to Ambiental Artificial, ao invé s de Direito Urbanístico, visto
que aquela denominação é menos re stritiva e tem uma maior re-
lação com conceitos como qualidade de vida e vida sustentável.
A consideração do meio ambiente e da qualidade de vida
nas zonas urbanas é deveras importante, tendo em vista que
grande parte da população mundial vive nessas regi ões. Segundo
os dados apresentados pelo jornalista Washington Novaes
(2001), mais de 80% da populaçã o brasileira vive em zonas ur-
banas. Entre as questões relacionadas ao meio ambiente artifi-
cial, podemos citar a con strução em áreas de preservação per-
manente, como topos de morro, encostas e bei ras de rios, o
transito, a poluição causada pelos veículos automotivos, a po-
luição sonora causada pelos carros de propaganda e pelas busi -
nas, falta da aplicação do plano diretor, a criação e estruturação
de áreas de laser, a falta de sanea mento básico, falta de planeja-
mento habitacional, falta de áreas verdes urbanas má conser-
vação das existentes, a disposição do lixo urbano, os lixões, o
despejo de resíduos hospitalares nos rios e matas, má conser-

66

vação das áreas de uso comum do povo de uma maneira geral,
conservação das paisagens urbanas.
2.3 Meio ambiente cultural
O meio ambiente cultural é o patrimônio histórico, artísti-
co, paisagístico, ecológico, científico e turístico e constitui-se
tanto de bens de natureza mater ial, a exemplo de construções,
lugares, obras de arte, objetos e documentos de importância
para a cultura, quanto imaterial, a exemplo de idiomas, danças,
mitos, cultos religiosos e cost umes de uma maneira geral. A
razão para essa especial p roteção é que o ser huma no, ao intera-
gir com o meio onde vive, independentemente de ser um lugar
antropizado ou não, atribui um valor especial a determinados
bens, que passam a servir de refe rência à identidade de um povo
ou até de toda a humanidade. Eis como a Constituição Federal
dispõe sobre o assunto:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referencia à identidade, à ação, à memó-
ria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artísticos-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisa-
gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cien-
tífico.
O meio ambiente cultural pode ser enquadrado como meio
ambiente artificial, em se tratan do de edifícios urbanos e de
equipamentos comunitários que sã o ou estão para ser tombado s.
Isso engloba conjuntos como as cidades antigas de Minas Ge-
rais, a exemplo de Diamantina e Ouro -Preto, e a parte antiga d e

67

Olinda e do Recife, em Pernambuco, além de construções indi-
vidualizadas que por um motivo estético ou histórico sejam con-
siderados patrimônio cultural. E pode ser enquadrado também
como meio ambiente natural, no caso de cavernas com for -
mações geológicas interessantes, de pedras com inscrições ru-
pestres e de paisagens notáveis. Isso engloba as grutas da Cha-
pada Diamantina, na Bahia, que contém estalactites e estalag mi-
tes, a Pedra do Ingá, na Paraíba, pelos desenhos pré-históricos, e
a bela imagem de Foz do Iguaçu.
E pode ainda não se enquadrar em nenhuma das outras
classificações, quando se tratar de obras de arte e objetos, e de
idiomas, danças, mitos, cultos religiosos e costumes de uma ma-
neira geral. Isso implica na proteção dos quadros de Pedro
Américo e das esculturas de Aleijadinho, das armas e moed as do
tempo do Império, do Candomblé e da Umbanda, da capoeira e
do maracatu, dos reisados e dos dialetos tradicionais, das vesti-
mentas tradicionais e das comidas tí picas. Embora tenha um
objeto bastante amplo, o bem ambiental cultural se distingue por
conter ou ser necessariamente uma referência à identidade de
um povo ou até de tod a a humanidade – tratando-se, em essên-
cia, de uma significação especial que os seres humanos atribuem
a tais bens.
2.4 Meio ambiente do trabalho
O meio ambiente do trabalho, cons iderado também uma
extensão do conceito de meio am biente artificial, é o conjunto
de fatores que se relacionam às cond ições do ambiente laboral,
como o local de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os agen-
tes químicos, biológicos e físicos, as operações, os processos e a
relação entre o trabalhador e o meio físico e psicológico. A
Constituição Federal de 1988 r econheceu que as condições de
trabalho têm uma relação direta com a saúde, e po rtanto, com a
qualidade de vida do trabalhador, inclusive porque é no trabalh o
que a maioria dos seres humanos passa grande parte da vida:

68

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades peno-
sas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de ou-
tras atribuições, nos termos da lei:
(...)
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele com-
preendido o do trabalho.
O objetivo da Carta Magna ao cunhar a terminologia 'meio
ambiente do trabalho' é enfati zar que a proteção ambiental tra-
balhista não deve se restringir a relações de caráter unicamente
empregatício. O cerne de sse concei to está baseado na promoção
da salubridade e da incolumidade do trabalhador, independente
de atividade, do lugar ou da pessoa que a exerça, sendo por isso
que os vendedores autônomos e os trabalhadores avulsos tam-
bém devem ser protegidos (FIORILLO: 2009).
Se esse enfoque é mais amplo do que o meramente laboral,
é porque as empresas que causam dano ambiental à circunvizin-
hança ou aos consumidores – e em regra as empresas são a s
responsáveis pelos danos ambientais mais graves – são normal-
mente aquelas que não se importa m tanto com o meio ambiente
do trabalho. Por isso é mais importante eliminar os riscos para o
trabalhador, evitando assim uma parte significativa dos danos
ambientais que tem ocorrido ultimamente, do que lutar por adi-
cionais de insalubridade.
Há três dimensões importantes a serem consideradas com
relação ao meio ambiente do trabalho: o meio amb iente do tra-
balho strictu sensu, o meio ambiente de trabalho latu sensu e o
meio ambiente de trabalho de terceiros. O meio ambiente de
trabalho strictu sensu é o lugar onde restrita e tradicionalmente
se exerce uma profissão, a exempl o de uma repartição pública,

69

de um estabelecimento comercial ou de um setor de produção
de uma indústria.
O meio ambiente de trabalho latu senso é o local onde se
exerce a profissão considerado da forma mais abr angente possí-
vel, como o pátio de uma fábrica, o quintal de uma loja ou o
estacionamento de um órgão público com relação a um funcio-
nário que não trabalhe exatamen te nessas localidad es. Esse con-
ceito engloba também o lugar onde estiver sendo desempenhada
a atividade profissional no caso de um vendedor ou de um tr a-
balhador ambulante, seja em uma praça pública ou em um au-
tomóvel, ou ainda a moradia em se tratando do profissional que
trabalha em casa.
Finalmente, o meio ambiente de trabalho de terceiros é a
consideração da possibilidade de um determinado ambiente d e
trabalho influenciar ou modificar as condições de um ambiente
de trabalho alheio por conta de suas externalidades. Um exem-
plo disso é o caso de uma fábrica que, ao contaminar um rio,
prejudica talvez até de forma definitiva o meio am biente do tra-
balho de agricultores, pecuaristas e pescadores da região.
2.5 Patrimônio genético
Luís Paulo Sirvinskas (2009) afirma que o patrimônio gené-
tico é formado pelos seres vivos que habitam o planeta Terra, o
que inclui a fauna, a flora, os microorganismos e os seres huma-
nos. A respeito do tema, o inciso I do art. 7º da Medida Provisó-
ria n. 2.186-16/01 define patr imônio genético como “infor-
mação de origem genética, contid a em amostras do todo ou de
parte de espécime vegetal, fúng ico, microbiano ou animal, na
forma de moléculas e substâncias pr ovenientes do metabolismo
destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos
ou mortos, encontrados em condições in situ , inclusive domesti-
cados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em
condições in situ no território nacional, na plataforma continen-
tal ou na zona econômica exclusiva”.

70

Existe uma relação direta entre o patrimônio genético e a
biodiversidade ou diversidade biológica, já que esta é o conjunto
de vida existente no planeta ou em determinada parte do planeta
e aquele uma gama de informações estratégicas relativas a tais
seres. Como a integridade genética é um valor plasmado no inci-
so II do § 1º do art. 225 da Constituição de 1988, impõe-se a
maior cautela possível em relação à biotecnologia, que é o ramo
da engenharia genética qu e se dedica à modificação genética dos
organismos.
Esse dispositivo foi regulament ado pela Lei nº 11.105/ 05,
que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscali-
zação sobre a construção, o cultiv o, a produção, a manipulação,
o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o ar-
mazenamento, a pesquisa, a come rcialização, o consumo, a libe-
ração no meio ambiente e o descarte de organismos genetica-
mente modificados e seus derivados. Cumpre destacar que por
estar relacionado aos recursos naturais, o patrimônio genético
não deixa de ser uma subespécie ou um desdobramento direto
do conceito de meio ambiente natural.
3 Meio ambiente como microbem e como
macrobem
A segunda classificação didática organiza o meio ambiente
em microbem e macrobem. Enquanto microbem os recurs os
naturais são considerados individualmente, a exemplo de certa
espécie animal ou vegetal, e valorizados de acor do com a sua
utilidade ou valoração econômica.
Nessa classificação, não se leva em conta a relação de inter-
dependência de um determinado recurso natural em relação aos
demais elementos da natureza. Já na condição de macrobem o
meio ambiente não pode ser reduzido a nenhum de seus ele-
mentos, pois existe uma relação incor pórea entre eles de acordo
com Antônio Herman Benjamin:

71

Como bem – enxergado como verdadeira universitas cor-
poralis é imaterial – não se confundindo com esta ou aquela
coisa material (floresta, rio, mar, sítio histórico, espécie protegi-
da etc) que a forma, manifestando-se, ao revés, como o comple-
xo de bens agregados que compõem a realidade ambiental.
Assim, o meio ambiente é be m, mas como entidade, onde
se destacam vários bens materiais em que se firma, ganhando
proeminência na sua identificação, muito mais o valor relativo à
composição, característica ou ut ilidade da coisa do que a própria
coisa.
Uma definição como esta de meio ambiente, como macro-
bem, não é incompatível com a constatação de qu e o complexo
ambiental é composto de entidades singulares (as coisas, por
exemplo) que, em si mesmas, também são bens jurídicos: é o
rio, a casa de valor histórico, o bosque com apelo paisagístico, o
ar respirável, a água potável (1993, p. 75).
Isso implica dizer que qualquer componente do meio am-
biente merece ser protegido independentemente de utilidade ou
valoração econômica, visto que é integrante de um sistema em
que todas as partes estão relacionada s e sao interdependentes.
Em outras palavras, mesmo que não tenha importância
econômica ou social, qualquer recurso natural deve ser protegi-
do em razão do papel que exerce ou que pode exercer dentro da
cadeia ecológica.
O art. 225 da Constituição Federal, que determina no inciso
VII do § 1º que cabe ao Poder Público “proteger a fauna e a
f l o r a , v e d a d a s , n a f o r m a d a l e i , a s p r á t i c a s q u e c o l o q u e m e m
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade”. Isso implica dizer que a re-
levância da função ecológica pa ra a efetivação do direito funda-
mental ao meio ambiente equilib rado passou a ser definitiva-
mente reconhecida e tu telada pela Ciência Jurídica.

72

4 Considerações Finais
Este trabalho teve o objetivo de analis ar o conceito de meio
ambiente na ordem jurídica bras ileira segundo a doutrina espe-
cializada, a jurisprudência e a legislação, posto que se trata d e
um conceito jurídico indeterminado. Com isso, tentou-se estabe-
lecer uma delimitação do espaço de atuação do Direito Ambien-
tal enquanto ramo da Ciência Jurídica, bem co mo contribuir
para a renovação da visão limitada d o tema que a maioria das
pessoas têm, incluindo muitos operadores do direito, e que cer-
tamente faz com que a atuação do Poder Público e da coletivi -
dade nessa área ocorra de uma forma bastante limitada.
O conceito de meio ambiente foi desdobrado em cinco as-
pectos: meio ambiente natural, meio ambiente a rtificial, meio
ambiente cultural, meio ambien te do trabalho e patrimônio ge-
nético. O meio ambiente natural ou físico é o constituído pelos
recursos naturais propriamente ditos e pela correlação recíproca
de cada um desses em relação aos demais. O meio ambiente
artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, sendo
constituído pelos edifícios urba nos e pelos equipamentos comu-
nitários. O meio ambiente cultural é o patrimônio histórico,
artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico e constitui-
se tanto de bens de natureza material quanto imaterial. O meio
ambiente do trabalho é o conjunto d e fatores que se relacionam
às condições do ambiente de trabalho. E o patrimônio genético
compreende as informações de origem genética oriundas d os
seres vivos de todas as espécies, seja animal, vegetal, microbiano
ou fúngico.
Essa classificação atendeu a uma necessidade meto dológica
ao facilitar a identificação da at ividade agressora e do bem dire-
tamente degradado, visto que o meio ambiente por definição é
unitário. Independentemente dos seus aspectos e das suas class i-
ficações a pr oteção jurídica ao meio amb iente é uma só e tem
sempre o único objetivo de pr oteger a vida e a quali dade de vida.

79

to de participar do bem-estar social, atribuindo ao Estado o de-
ver de garantir a prestação da assistência social, saúde, educação
e trabalho. Esta geração “se processou na esteira d as potenciali-
dades democráticas da cidadania civil, ou seja, na esteira dos
direitos civis”. (ANDRADE, 1993, p. 19) Deve-se, ainda, salien-
tar que esta dimensão de direitos engloba não apenas a positi-
vação dos direitos como forma de prestação estatal , como, tam-
bém, as liberdades sociais relati vas à sindicalização, direito de
greve e demais direitos inerentes ao trabalhador, como reflexo
das solicitações das classes menos favorecidas em razão da ex-
trema desigualdade que caracterizava as relações com a clas se
trabalhadora.
A terceira dimensão de direitos fundamentais, pautada n a
solidariedade e fraternidade, destina-se à proteção de grupos
humanos, tais como família, povo, nação, cara cterizando-se co-
mo direitos de titularidade coletiva ou difusa. Desta forma, cuida
do desenvolvimento, do meio ambiente sadio, da paz e da auto-
determinação dos povos. Compreende-se, assim, que os direitos
fundamentais desta geração são considerados uma resposta ao
fenômeno denominado “poluição das liberdades”, o qual carac-
teriza o processo de erosão e degradação sofrido pelos direitos e
liberdades fundamentais, grande parte em virtude do uso de
novas tecnologias. (PEREZ LUÑO, 1991) Nesta ótica,
não se destinam especificamente à p roteção dos interesses
de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado.
Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo num
momento expressivo de sua afir mação como valor supremo em
termos de existencialidade concr eta. (B ONAVIDES, 1993, p. 481)
Ainda, importa mencionar a problemática concernente aos
direitos fundamentais de quarta dimensão, porém sem consa-
gração na esfera do direito internacional e nas ordens constitu -
cionais internas. (SARLET, 2003) A seu turno, Bonavides afirma
a existência desta geração como decorrência da globalização dos
direitos fundamentais, sendo composta pelos direitos à demo-
cracia, à informação e ao pluralismo. (BONAVIDES, 1993)

80

Destarte, pode-se inferir que os direitos fundamentais surgi-
ram como direitos naturais e inalienáveis do homem como ex-
pressão de sua condição humana, ra zão pela qual, ao falar-se em
universalidade abstrata dos direitos fundamentais, significa que
são reconhecidos a todos os homen s. A partir da Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, verifica-se a
existência da universalidade abstrata e concreta dos direitos fun-
damentais reconhecidos a todos os seres humanos e não a ape-
nas determinados grupos de um Es tado particular. Assim, cons-
tata-se a aproximação dos direitos humanos com os direitos
fundamentais, de modo a construir um direito universal, aplicá-
v e l em todos os territórios sob o fundamento máximo de reconhe-
cimento do homem e de suas gara ntias. Neste rumo, essa nova
universalidade proc ura, enfim , sub jetiva r de forma concreta e posi-
tiva os dire itos da tríplice ge raçã o na t itularidade de um indivíduo
que antes de ser o homem deste ou daquele país, de uma sociedad e
desenvolvida ou subdese nvolvida, é pela condição de pessoa um
ente qualificado por sua pertinên cia ao gêne ro humano, objeto
daquela universa lidade. (B ONAVIDES, 1993, p. 525)
Em adição, compreende-se que os direitos fundamentais e
os direitos humanos são aquele s inatos que o homem não pode
alienar nem o Estado pode subtrai r ou restringir. Por isso, “di-
reitos do homem são aqueles que pertencem, ou deveriam per-
tencer, a todos, ou dos quais nenhum homem pode ser despoja-
do”. (BOBBIO, 2004, p. 17)
Ademais, manifesta Bobbio que os direitos do homem, de-
mocracia e paz são três momentos necessários na história dos
direitos fundamentais, eis que sem direitos do homem reconhe-
cidos e protegidos, não há democracia, e, por conseguinte, não
existem condições mínimas para a solução prática de conflitos.
Ou seja, a democracia é a sociedad e dos cidadãos e os súditos se
tornam cidadãos ao passo que têm reconhecidos al guns direitos
fundamentais. (BOBBIO, 2004)
Neste panorama, manifesta-se Sarlet ao discorrer
que há como sustentar que, além da íntima vinculação entre as
noções de Estado de Direito, Constituição e direitos fundamen-

81

tais, estes, sob o aspecto de concretizações do princípio da dig-
nidade da pessoa humana, bem como dos valores da igualdade,
liberdade e justiça, constituem condição de existência e medida
da legitimidade de um autêntico Estado Democrático e Social de
Direito, tal como consagrado também em nosso direito consti-
tucional positivo vigente. (SARLET, 2003, p. 72)
A concretização dos direitos fundamentais da pessoa a par-
tir do ideal transformador do Estado Democrático de Direito
representa a defesa dos valores fundamentais de uma sociedade,
como expressão máxima de uma justiça social, a qual se funda-
menta na igualdade, bem como pe rmite a existência digna do ser
humano, respeitando o poder pessoal de cada pessoa em sua
relação com o outro, de forma a focalizá-lo em todas as suas
dimensões. (SANTOS, 2007)
Nesta reflexão, a análise do Estado e seus poderes perpassa
por uma reestruturação que permita a participação da sociedade
global de forma diferenciada, aproveitando as novas oportuni-
dades criadas de forma favorável à sociedade comprometida
com a igualdade, liberdade e solidariedade, capaz de permitir que
cada pessoa tenha efetivados seus direitos fundamentais n ão
somente no plano abstrato, como inclusive de forma concreta,
reconhecendo-se valores e garantias que tornam possível a
existência de um espaço digno.
Destarte, a efetivação dos direitos fundamentais e humanos
da pessoa e de seus reflexos no atendimento às expectativas de
cada um vincula o Estado de Direito de forma a construir a
afirmação democrática da vontade, capaz de satisfazer as neces-
sidades daqueles que almejam a participação no espaço público
de debates de forma a privilegiar os valores e princí pios de cada
ser humano. Neste rumo , verifica-se que some nte pode-se referir a
existência de uma sociedade justa e igual na medida em que são
reconhecidos os direitos fundamentais. Haverá paz, uma paz que a
guerra não seja alte rnativa, some nte quando as pessoas não forem
deste ou daquele Estado, mas do mundo. (S ANTOS, 2007)

82

Esta compreensão somente existirá a partir do momento
em que o ser humano perceber a sua f unção enquanto ser vivo e
integrante de um ecossistema, cuja harmonia depende de suas
ações equilibradas e coletivas, contr ariando a degradação am-
biental atualmente visualizada, a qual demonstra a total ne-
gligência com o direito ambiental enquanto direito humano fun-
damental.
Por essa razão, no próximo tópico dedicar-se-á ao estudo
da mediação como forma de tratamento do conflito socioam-
biental.
2 O TRATAMENTO DO CONFLITO
SOCIOAMBIENTAL NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA PELA MEDIAÇÃO
Diante da diversidade e diferença entre as pessoa s de uma
mesma sociedade, é inerente à sua existência o surgimento de
conflitos, pois as pessoas vivem a lógica do individualismo e da
competição para atingir seus objetivos a partir do que conside-
ram importante e relevante para si mesmos (GORCZEVS KI,
2006). No entanto, o homem é um ser de relação com o outro,
embora, na maioria das vezes, este encontro com o outro revela
uma adversidade, um confronto. “O outro é aquele cujos dese-
jos se opõem aos meus, cujos in teresses chocam com os meus,
cujas ambições se erguem contra as minhas, cujos projectos
contrariam os meus, cuja liberda de ameaça a minha, cujos direi-
tos usurpam os meus” (MULLER, 2006, p. 16).
O conflito caracteriza-se como um enfrentamento entre
dois seres ou grupos que “manifestam, uns a respeito dos ou-
tros, uma intenção hostil, geralmente em relação a um direito”
(MORAIS e SPENGLER, 2012, p. 45). Para mantê-lo, afirmá-lo
ou restabelecê-lo, os conflitantes utilizam-se da violência, po-
dendo resultar no aniquilamento de um deles. Por isso, afirma
Vezzula (1998, p. 21) que “[...] o conflito consiste em querer

83

assumir posições que entram em oposição aos desejos do outro,
que envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode ser
explícita ou oculta atrás de uma posição ou discurso encobri-
dor”.
Como se verificou, o conflito tem origem nas diferenças de
interesses, necessidades ou valore s entre as pessoas ou grupos,
resultando em uma disputa competitiva e destruti va. No entan-
to, o ser humano está atrelado à noção de conflito e destruição
do outro como manifesto de uma cultura beligerante que desen-
cadeia processos de violência e exclusão social.
En general, los mensajes que hemos recibido y asimilado en
nuestra formación y experiencia han moldeado una idea negati va
del conflicto. En un sentido corriente lo relacion amos con lu-
cha, violencia, ira, enojo, te ns ió n, in ce rti d umb re , ho st il id ad,
rivalidad, pugna, contienda, roces, competencia, odio, rencor,
antagonismo; en otras palabras , como un antónimo de paz
(CAIVANO; GOBBI e PADI LLA, 1997, p. 117).
De acordo com o presente trabalho, importa verificar a e-
xistência do conflito socioambiental, apresentando-se a media-
ção para o seu tratamento. Assim, deve-se salientar que em con-
sequência da necessidade de satisfação dos desejos e das aspira-
ções sociais, o ser humano interfere no meio am biente, acarre-
tando alterações nas suas condições e na sua qualidade.
Nessa ótica, os conflitos socioambientais decorr em não
somente de aspectos culturais e hi stóricos como, por exemplo, a
escassez de recursos naturais, mas também da diferença entr e
problemas, impactos e conflitos ambientais, provenientes de
disputas acerca dos referidos recursos.
Soma-se aos fatores retro indicados a individualidade do ser
humano na contemporaneidade, acarretando em uma severa
degradação do meio ambiente e desrespeito à preservação para
as presentes e futuras gerações, consoante expres so na Consti-
tuição Federal de 1998.
Dessa forma, percebe-se que a crise ambiental é conse-
quência da uma disputa em torno da apropriação dos recursos
naturais limitados a fim de satisfazer as necessidades ilimitadas,

84

sendo este fenômeno a raiz de maior parcela dos conflitos que
se estabelecem no seio da comunidade. (SIRVINSKAS, 2005)
Destarte, os conflitos ambientais situam-se na busca pelo
controle dos recursos naturais, definidos pelo ser humano para
uso determinado; nos impactos ambientais e sociais provenien-
tes da ação humana ou degrad ação dos ecossistemas; e da con-
centração dos conhecimentos ambientais, os quais envolvem o
controle formal de conhecimentos ambientais. (LITTLE, 2001)
Verifica-se, em adição, a crescen te alerta para a perda da di-
versidade biológica em todo o mundo e, particularmente, nas
regiões tropicais. A degradação biótica que está afetando o pla-
neta encontra raízes na condição humana contemporânea, agra-
vada pelo crescimento explosivo da população humana e pela
distribuição desigual da riqueza, visto que a perda da diversidade
biológica envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e cien-
tíficos.
Por isso, devem-se apontar alternativas para garantir o de-
senvolvimento sustentável, o que significa melhorar a qualidade
de vida dos que vivem hoje, sem prejudicar as gerações futuras,
considerando não apenas as dimensões econômicas e sociais do
desenvolvimento, mas englobando objetivos ecológicos em re-
lação à conservação dos recursos hídricos, a atenuação das mu-
danças do clima, a conservação das florestas e da biodiversidade.
Ou seja, as políticas públicas em benefício da sustentabilidade
somente atingirão o seu objetivo se houver “participación en l a
adopción de las decisiones a tomar y compromiso en la implan-
tación de las medidas a desarrollar”. (BRAVO, 2009, p. 159)
A mediação é caracterizada como a forma ecológica de tra-
tamento de conflitos sociais e ju rídicos cujo escopo é satisfazer
o desejo das partes envolvidas na disputa. O acordo trata o pro-
blema a partir de uma res posta aceitável mutuamen te, estrutura-
do para manter a continuidade das relações envolvidas no con-
flito. (WARAT, 2001)
D e s s a forma, diante da existência de um conflito, há a inter-
ferência de um terceiro, com o poder de decisão limitado, o qual
auxilia as partes a alcançarem de forma voluntária um acordo, ou

85

seja, “é o modo de construção e de gestão da vida social graças à
intermediação de um terceiro neutro, independente, sem outro po-
der que não a autoridade que lhes reconhecem as partes que a es-
colheram ou reconheceram livremente”. (MORAIS e SPENGLER,
2012, p. 131).
Consoante manifesta Spengler (2010), a palavra mediação
suscita a ideia de centro, de meio, de equilíbrio, descrevendo um
terceiro elemento que se encontra entre as partes, não sobre,
mas entre elas. Por tal razão, afirma a autora que a mediação
constitui-se em um processo em que o terceiro auxilia os parti-
cipantes em uma situação conflitiva a tratá-la, permitindo que a
solução seja aceitável para os envolvidos, bem como que satis-
faça seus anseios e desejos.
A autora em estudo revela que os conflitantes devem ser
encorajados a ouvir e a entender os pensamentos e sentimentos
uns dos outros, possibilitando que juntos alcancem uma respos-
ta favorável a ambos. Dessa forma, a meta da mediação é res-
ponsabilizar os conflitantes pelo tratamento do litígio que os
une a partir de uma ética da alte ridade, encontrando, a partir do
auxílio de um mediador, uma garantia de sucesso, aparando as
arestas e dificuldades das partes, bem como compreendendo as
emoções reprimidas e buscando um consenso que atinja o in-
teresse das partes e a paz social. (SPENGLER, 2012)
De fato, o principal desafio qu e a mediação enfrenta não é o
de gerar re lações cal orosas e aconc hegantes, sociedades isentas de
litígio ou um a ordem de mundo ha rmoniosa. Ao invés disso, con-
siderando -se a natureza endêmica do conflito, talvez o seu principal
desafio se ja encont rar mecanism o que possibilitem uma convivên-
cia comunicativamente pacífica . (SPENGLER, 2012, p. 94)
A mediação ocorre pela intervenção de um terceiro, de uma
terceira pessoa que se interpõe entre os dois protagonistas de
um conflito, isto é, de duas pessoas, comunidades ou povos que
se confrontam e estão um contra o outro. Assim, a mediação
busca passar os dois protagonistas da adversidade à conver-
sação, levando-os a virar-se um para o outro para se falarem,

86

compreenderem e, se possível, construir juntos um compromis-
so que abra caminho à reconciliação. (MULLER, 2006)
O terceiro mediador trabalha para criar um espaço interme-
diário que possibilita que os envolvidos no conflito possam des-
cansar dele e recriar as suas relações fundamentad as na paz. “A
mediação quer, assim, criar na sociedade um lugar onde os ad-
versários possam aprender ou reaprender a comunicar, a fim d e
chegarem a um pacto que lhes permita viver juntos, se nã o
numa paz verdadeira, pelo menos numa co existência pacífica”.
(MULLER, 2006, p. 170)
Escolher a mediação é, para cada um dos dois adversários,
compreender que o desenvolvimento da sua hostilidade só lhes
pode ser prejudicial e que têm todo o i nteresse em tentar encon-
trar, por meio de um acordo amigável, uma saída positiva para o
conflito que os opõe. [...] A maior pa rte das vezes, as decisões da
justiça corta m o nó de um confli to, designan do um ganhador e
outro perded or - um ganha o seu proc esso o outro perde-o - e as
d u a s p a r t e s s a e m d o t r i b u n a l m a is adversárias do que nunca. A
mediação não se pre ocupa tanto em julgar um facto passado - que
é o que faz a instituição judicial - como em apoiar-se nele para o
ultrapassar e perm itir que os ad versários de ontem inventem um
futuro liberto do peso de seu passado. ( MULLER, 2006, p. 171)
Nesse sentido, Warat (2004) di scorre que captar o outro é
importante na medida em que pe rmite à pessoa descobrir a sua
honestidade, com ela mesma e com os demais. E, a inda, vê-lo além
das suas imagens, seus simulac ros, suas representações, seus c om-
portamentos artificiais, fabricados para agrada r, ou para ter ê xito.
Assim, “los ciuda danos debemo s in volucrarnos en una nueva
cultura de la sustentab ilidad, tr aslada ndo a nuestros quehace res
cotidianos la sensibili dad y el compromiso con las cuestiones am-
bientales. ( BRAVO, 2009, p. 159)
Por essa razão, a mediaçã o reve la-se como uma cultura de paz,
que ultrapassa a ju risdição tradicio nal, e utiliza prát icas consens uais
e autônomas que devolvem às pessoa s a capacidade de tratar o seu
próprio conflito e, no presente estudo, de reconhecer o meio am-
biente como bem comum a se r protegido e preservado.

87

CONSIDERAÇÕES F I N AI S
O direito ao meio ambiente ecologicamente equili brado de-
ve ser considerado como direito humano, intimamente ligados e
ocupando posições de destaque no mundo globalizado. Ou seja,
é condição essencial para que cada pessoa possa desfrutar de
uma vida calcada na dignidade da pessoa humana, requerendo
não somente a proteção da Constituição Federal, mas a cons-
ciência de todos acerca da necessidad e de sua preservação e pro-
teção, afastada dos ideais econômicos de exploração e degra-
dação ambiental.
Nessa senda, o meio ambiente caracteriza-se como o proce-
sso a partir do qual a pessoa e a comunidade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
para a conservação do meio ambiente como bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidad e de vida e sustentabilidade.
No entanto, diante da atual degradação do meio ambiente, e d a
exploração econômica desenfread a, requer-se a retomada da
consciência de bem coletivo a ser preservado no presente e para
o futuro.
Assim, como forma de tratar o conflito socioambiental, de-
corrente da quebra dos aspectos ecológicos e humanos do meio
ambiente, o qual rompe com as políticas públicas sustentáveis,
situando-se no confronto entre ser humano e natureza, apresen-
ta-se a mediação de conflitos, cujo objetivo é resgatar o consen-
so, diálogo, compreensão e comunicação entre as pessoas, per-
mitindo a projeção de suas ações em um ambiente equilibrado,
sadio e sustentável para todos, conforme preconiza a Consti-
tuição Federal.
REFERÊNCIAS
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88

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95

dois conceitos de Estado depend ente explicam a sua natureza
não democrática e sua interven ção crescente na economia mun-
dial: o modelo capitalista de Estado e o modelo do autoritarismo
burocrático. O primeiro enfatiza o papel crescente na produçã o
do Estado do Terceiro Mundo, considerando que o Estado não
está somente envolvido na distribuição e produção de bens,
mas, como Estado dependente, deve interagir com burguesias
estrangeiras poderosas e com os Estados metropolitanos que as
sustentam. O segundo, o autoritarismo burocrático, é, acima de
qualquer outra coisa, o garantidor e organizador da dominação
exercida por meio de uma estrutura de classes subordinada às
frações superiores de uma burguesia oligárquica e transnacional,
no qual os “setores populares outrora mobilizados são politica-
mente excluídos pela imposição de um tipo particular de ‘or-
dem’, através de coação extrema, incl uindo-se a ‘despolitização’
da sociedade, e economicamente excluídos pelo deslocamento
dos gastos do Estado para um a infra-estrutura que promove o
investimento estrangeiro, acima de tudo para a própria burguesia
do Estado[...].”(CARNOY, 1988, p. 253-4).
Ao analisarmos a partir de outro ângulo, por exemplo, de
uma concepção positiva do Estado, na contemporaneidade há
que considerarmos o posicionamento dos conservadores e libe-
rais de que há uma crise do Esta do d emocrático. Essa crise seria
oriunda da impossibilidade de o Estado “ampliado” atender às
demandas, de certa forma, por ele mesmo criadas no ordena-
mento dos conflitos sociais; em outros termos, o regime demo-
crático não consegue mais atender às demandas por ele provo-
cadas para dirimir as crises socioeconômicas. Os marxistas, por
sua vez, argumentam que a crise do Estado capitalista 3 origina-se
da incapacidade de contornar o poder dos grandes grupos de
interesse em concorrência entre si. (BOBBIO, 2007). Contudo,
esta crise não pode ser confundida ou entendida como o fim do

3 Por Estado capita lista enten demos o Es tado norteado em bases econom icistas,
conforme o interesse do liberalismo econômico.

96

mesmo Estado e de suas atribuiç ões, pois existe uma crise de
um determinado modelo de Estado.
Na ótica positiva 4 do Estado encontramos a concepção ra-
cional do mesmo, dominada pela ideia de que “fora do Estado
existe um mundo das paixões desenfreadas ou dos interesses
antagônicos e inconciliáveis, de que apenas sob a proteção do
Estado o homem pode realizar a própria vida de homem de
razão”. (BOBBIO, 2007, p. 127). O Estado é, então, nesta visão
positivista, ideal ou abstrata, um ordenamento perfeitamente
racional, no qual todos os comportamentos estariam previstos e
regulados de forma rígida e rigorosa, o que o tornaria aper-
feiçoável apenas como força organizadora da convivência civil.
Em uma concepção contraditória e co ntrafactual, há inúme-
ras críticas em relação à tendência crescente do Estado de pene-
trar ou absorver o vigor da soci ed ade civil. Ao concretizar tal
intuito o faz de maneira cada vez mais autoritária, disfarçada nas
(ou pelas) terminologias “neocorporativismo, autoritarismo re-
gular ou até democracia vigiada”. Esta tendência aborda o Esta-
do como um monstro devorador. Num outro lado, diametral-
mente oposto, há a ideia de que o Estado é crescentemente in-
eficaz, cada vez mais incapaz de desempenhar as funções de que
se incumbe, pois carece de recurs os financeiros ou de capacida-
de institucional, ou carece ainda dos mecanismos que na socie-
dade civil orientam as ações e ga rantem a sua eficácia, ou seja,
vê-se o Estado como um empreendedor fracassado.
Há uma nebulosidade que recai sobre o próprio objeto de
análise do Estado, o que se deve, em parte, à teoria sociológica,
que continua a ser basicamente de rivada das experiências sociais
das sociedades europeias. (SAN TOS, 2001). Tal encaixe torna
essas perspectivas teóricas pouco adequadas à análise compara-
da, pois tende a suscitar generalizações ilegítimas. A centralidade
e a historicidade do Estado em terras europeias possuem pecu-

4 Entende mos que a ótica positivista pode ser e ntendida co mo sin ônimo de ó tica
liberal, pois é ela que est á positivada em nosso s siste mas jurídicos nos Estado s oci-
dentais.

97

liaridades, uma vez que, ali a autonomia da sociedade civil
moldou o espaço de produção segundo suas necessidades e os
seus interesses, o próprio espaço da cidadania. A i nsistência em
analisar os processos sociais e políticos leva a interrogar sobre os
recursos e conceitos apropriados, ou sobre a desconfiança de
um descompasso entre o que observamos e os instrumentos de
que dispomos para realizar a interpretação.
Considerando que o dualismo Estado/sociedade civil é um
dos pilares mais importantes para o pensamento ocidental, “[...]
o Estado é uma realidade constr uíd a, uma criação artificial e
moderna quando comparada com a sociedade civil” (SANTOS,
2001, p. 116), uma vez que as sociedades simplesmente se for-
mam, porém os Estados são feitos.
O intento de separação entre Estado e socieda de civil é
contraditório na medida em que engloba tanto a ideia de um
Estado mínimo como a de um Estado máximo 5 , pois a ação
estatal é considerada ora como um inimigo potencial da liberda-
de individual, ora como a condição para o seu exercício. “O
Estado, enquanto realidade construída é a condição necess ária
da realidade espontânea da sociedade civil”. (SANTOS, 2001, p.
118). 6 Nesse sentido, o Estado deve garantir o cumprimento ao
direito de propriedade e as relações econômicas devem ocorrer e

5 A ideia de um Estado mínimo é altamente aceita e proposta pelos que defendem o
liberalismo econômico, pois quan to meno s e Estado interferir no predomínio
econômico dos detentores dos meios de pr odução, melhor. Já um estado máximo
representa não apen as a intervenção dire ta nas decisões econômica s, mas também
sua presença decisiva e amparadora em to dos os outros aspectos da vida social.
6 O dualismo Estado/soc iedade civil foi objeto de análise de grandes teóricos, cada
qual à su a época e maneira. Para Hegel “a so ciedade civil é uma fase de transição da
evolução da “ideia”, sendo a fase final o Estado. A família é a t ese, a sociedade civil
é a antítese e Est ado è a síntese. A soc iedade civil é o “sist ema de necessidades””
(apud SANTOS, 2001, p. 120), n o qual há o domín io dos interesses particulares, um
estágio que será superado pelo Estado, es te como o supremo un ificador dos interes-
ses, como ideia universal concretizadora da consciência moral. Marx, por su a vez,
apresenta uma concepção reifica da da distinção Es tado/sociedade ci vil, na qual as
leis naturais da economia clássica escondiam relações sociais de exploração que o
Estado, aparentement e neutro, tinh a a função de garantir. Ou se ja, a ideia do Estado
enquanto interesse social un iversal dá lugar à realidade basilar do sistema capit alis-
ta, na qual o Estado representava o interesse do capital em con seguir a sua repro-
dução. (apud SANTOS, 2001, p. 120).

98

se reproduzir por si mesmas na esfera privada dos detentores
dos meios de produção. Isso porque, ao se referir aos postula-
dos marxistas, a exteriorização do Estado e da política concer-
nente às relações de produção deve ser percebida como uma
questão econômica e privada entre os indivíduos privados den-
tro da sociedade civil. Aqui podemos conferir a ideia defendida
por alguns autores de que o Estado é um mal necessário, ora um
Estado mínimo.
Quando a sociedade civil sob a forma de sociedade de livre
mercado avança a pretensão de restringir os poderes do Estado
ao mínimo necessário, o Estado como mal necessário assume a
figura do Estado mínimo, fi gura que se torna o denominador
comum de todas as maiores expressões do pensamento liber al.
(BOBBIO, 2007, p. 130).
A ideia de um Estado mínimo, reduzido, foi fomentada pela
expansão da sociedade burguesa, que buscava a intervenção
mínima do Estado nos ideais de livre mercado interno e externo,
o que, para a classe burguesa, era considerado ideal, pois o Esta-
do estaria desempenhando uma tarefa de coordenação da socie-
dade, não de domínio. Contudo, tal intuito se mostra contradi-
tório e contrafactual, na medida em que os Estados democrá ti-
cos realizaram o reconhecimento e a ampliação de direitos ine-
rentes aos indivíduos, tanto de forma individualizada, quanto de
forma difusa. Portanto, houve uma ampliação do Estado, que
deverá prover e garantir a rea lização de novas e contínuas de-
mandas oriundas da sociedade civil.
Neste ponto nos referimos, precisamente, ao cabedal de di-
reitos e garantias fundamentais que se tornaram existentes nos
Estados democráticos de direito, principalmente a partir da se-
gunda metade do século 20. E, no caso brasileiro, tais direitos se
encontram expressos, por exempl o, nos artigos 5º e 225 da
Constituição Federal de 1988 7 .

7 O artigo 5º da Constitu ição Federal bras ileira t raz em seus incisos o rol dos direitos
e garantias individuais, garant indo aos bras ileiros e estrangeiros re sidentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberda de, à igualdade, à segurança e à proprie-

99

Na tarefa de coordenação do Estado destaca-se a empreita-
da de regulação e proteção a novas demandas geradas pelo
próprio modelo de Estado. Trata-se de um Estado ampliado,
como propunha Gramsci, no qual a ampliação se dá por meio
da elaboração de novos textos le gais – aumento considerável da
legislação – sobre os mais variados temas, como, por exemplo, a
própria temática ambiental, trabalhista, das relações de cons u-
mo, idosos, mulheres, crianças, etc. E diante dessas novas de-
mandas geradas pela sociedade civil e fomentadas pelo Estado,
encontramos a positivação dos direitos dos idosos, por meio da
promulgação e entrada em vigor do Estatuto do Idoso; da ban-
deira de defesa dos consumidores, através do Código de Defesa
do Consumidor; da negociação de alguns direitos sociais dos
trabalhadores em troca da manutenção temporár ia dos postos
de trabalho e da tentativa de controle sobre os bens e recursos
ambientais, por meio de tipificações administrativas e criminais
de condutas perigosas ou lesivas ao meio ambiente, por meio da
Lei de Crimes Ambientais. Essas são, exemplificativamente,
formas de aproximação entre a sociedade civil e o Estado.
O Estado de direito ambiental
Hodiernamente, diante das novas demandas oriundas dos
processos de modernização social decorrentes do desenvolvi-
mento tecnológico, científico e industrial, cabe-nos falar de uma
nova forma, ainda incipiente, mas que tem ocup ado um certo
lugar nas discussões jurídicas acerca do tema: o Estado de Direi-
to Ambiental, ventilado por alguns juristas, como Canotilho e
Leite (2007). Por Estado de Direito Ambiental, entendemos
uma utopia democrática, marcada por abstratividades e, sobre-

dade. O art igo 225 da Consti tuição Federal ref ere-s e à garantia dos interesses difu-
sos ao determinar “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do[...]”.

100

tudo, porque a transformação a que aspira pressupõe a repoliti-
zação da realidade e o exercício radical da cidadania (individual e
coletiva), nela compreendendo a Carta dos Direitos Humanos
da Natureza. A construção desse conceito leva, necessariamente,
a questionar os elementos nos qua is o próprio Estado se susten-
ta, o que demonstra a importância da sua discussão e a busca de
concretização, via otimização de processos de realização de
aproximação, dos parâmetros a serem atingidos – que funciona-
riam como metas – pelo então Estado de Direito Ambiental.
O Estado de Direito Ambiental “é um conceito de cunho
teórico-abstrato que abarca elementos jurídicos, sociais e políti-
cos na busca de uma situ ação ambiental favorável à plena satis -
fação da dignidade humana e harmon ia dos ecossistemas” (CA-
NOTILHO; LEITE, 2007, p. 153). Outra perspectiva define-o
como a “forma de Estado que se propõe a aplicar o princípio da
solidariedade econômica e social para alcançar o desenvolvimen-
to sustentável, orientado a buscar a igualdade substancial entre
os cidadãos, mediante o controle jurídico do uso racional do
patrimônio natural”. (CAPELA apud, CANOTILHO; LEITE,
2007, p. 151). A compreensão deste Estado divisa alguns postu-
lados básicos, que, segundo Canotilho, são: o globalista – no
qual a proteção ambiental não pode se restringir a um único
Estado de forma isolada, mas, sim, em termos supranacionais; o
publicista – no qual há uma visão tecnocrática e ênfase do Esta-
do no trato das questões ambientais; o individualista – que res-
tringe a proteção ambiental à inovaçã o de posições individuais,
nas quais os instrumentos jurídicos de proteção ambiental utili-
zados seriam praticamente os mesmos aludidos na proteção de
direitos subjetivos; por fim, o a ssoc i ativista – o qual p rocuraria
formular uma democracia de vivências da vi rtude ambiental, cen-
trada na participação dem ocrátic a. (CANOTILHO; LEITE, 2007).
A construção do Estado de Direito Ambiental passa, essen-
cialmente, pelas disposições constitucionais, porque, no aspecto
formal, são as disposições constitucionais que revelam os valo-
res e postulados básicos do conjunto social nas sociedades co m-
plexas. No caso do Estado brasileiro, as disposições constitu-

101

cionais do artigo 225 trazem em seu seio a ideia de transição
entre a irresponsabilidade organizada e generalizada (existente
faticamente) e uma situação em que o Estado e a sociedade pas -
sam a influenciar nas situações de risco; de igual modo, passam a
compartilhar solidariamente a responsabilidade 8 pela proteção
do ambiente e todos os recursos que o compõem. Desse mod o,
a ideia de discussão e implementação do Estado de Direito Am-
biental tem como função a adequação da gestão dos riscos am-
bientais e o afastamento da irresponsabilidade organizada; a
juridicização de instrumentos que possam garantir a preservação
e conservação ambientais; a ampliação do campo do direito am-
biental como um direito integrador; a busca de formação da
consciência ambiental, bem como a definição conceitual de a m-
biente e seu(s) objeto(s) 9 .

8 Isso se verifica na expressão “ cabendo ao poder público e a coletiv idade o dever de
defendê-lo e preservá-lo ...” ( art. 225 , caput , Constituição Federal).
9 José Rubens Morato Leite, sintetiza ci nco funçõ es funda mentais da discus são do
Estado de Direito Ambiental: 1) Moldar fo rmas mais adequad as para a gestão dos
riscos e evitar a irrespon sabilidade organizad a. N a sociedade de risco, o Estado não
pode ser “herói”, garantindo a elimin ação do risco, pois este subjaz ao próprio mo-
delo que serve de base à sociedade. O Esta do, então, busca a gestão dos r iscos, ten-
tando evitar a irresponsabilidade organ izad a. 2) Juridicizar instrumentos contem-
porâneos, preventivos e precaucionais, típi cos do Estado pós-soc ial. É aqui que se
fornece especial atenção aos princípios da preven ção e da precaução inscritos no
art. 225 d a Constit uição. Faz-se n ecessário, nu ma sociedade d e risco, abandonar a
concepção de que ao Direito ca be se ocupar com os dan os evidentes. A complexida-
de do bem ambiental na sociedade de risco exige que haja a introdução de aparatos
jurídicos e institucionais que garan tam a preservação ambiental diant e de danos e
riscos e risc os abstrat os, potenciais e cum ulativos. 3) Trazer a n oção, ao camp o o
Direito Ambiental, de direito integrador. Con siderando que o ambiente não é uma
realidade naturalística segreg ad a, sua defes a depende de considerações multitemá-
ticas, em que se considere a característi ca de macrobem, pu gnando-se por formas de
controle ambien tal, tanto no plan o normativo com o fático, que at entem para a ampli-
tude do bem ambiental. 4) Buscar a formação da consciência ambiental. É im possível
o exercício da respon sabilidade compartilh ada e da participaçã o popular como
forma de gestão de r iscos sem que haja pr ofunda consciência ambient al. 5) Propiciar
maior compreensão do objeto estudado. É vital a definiçã o do conceito de ambiente,
pois possibilita a compreensão da posiçã o ecológica do ser h umano e das impli-
cações decorrentes de uma visão integrativa de ambiente. Verifica-se q ue o objeto
bem ambiental é dinâmico, en volvendo sempre no vas confor mações, como , por
exemplo, s novas tecnologias, tais como, os OMGs. Assim, é im portante um con ceito
aberto, procuran do trazer flexibili dade. (CA NOTILHO; LEITE , 2007, p. 152) .

102

Nesse assente, certo é qu e o tratamento da questão ambien-
tal depende de uma revalorização de práticas democráticas e a
construção de uma democracia sustentável desprendida dos
vínculos estreitos dos limites territoriais das fórmulas do Estado
(MORAIS, 2008). Talvez essa no va fórmula do Estado seja o
que por ora denominamos “Estado de Direito Ambiental”, que
propõe uma transformação radical nas práticas jurídico-político-
sociais, orientadas pelo ideal de concretização da dignidade hu-
mana, pela observância e incorporação da Carta dos Direitos
Humanos da Natureza.
Esse modelo de Estado de Direito Ambiental deve ser edi-
ficado com justiça ambiental, garantindo um amplo acesso à
justiça, via tutela jurisdicional do ambiente, e também por mei o
de políticas de meio ambiente alicerçadas em pri ncípios estrutu-
rantes que vão se desenvolvend o a partir das complexas ques-
tões provocadas pela atual crise ambiental.
A complexidade da crise ambiental, alimentada pelas suas
inúmeras contradições, jurídico-político-sociais, representa hoje
um dos maiores desafios aos Estados. No caso brasileiro, somos
levamos a acreditar que manteremos nosso desenvolvimento
econômico sem que precisemos rever nossos processos de pro-
dução e exploração da terra, sem que tenhamos de observar “os
limites” de extração e exploração dos recursos am bientais colo-
cados a nossa disposição, o que é uma grande mentira. Vejamos
a q u e s t ã o d a C O P 1 5 , d e d e z e m b r o d e 2 0 0 9 , o c a s i ã o e m q u e a
representação do governo brasileiro levou para a Conferência
das Partes, sobre as mudanças climáticas e redução na emissão
de GEE, uma proposta de redução de 38 a 46% (pontos percen-
tuais) dos índices atuais de emissão dos gases responsáveis pelo
aquecimento global, sendo que o setor responsável pelos maio-
res índices de emissão é o da agropecuária brasileira, e o go-
verno federal, em seu âmbito interno, reafirma ao setor agro-
pecuário índices de crescimento altos para os próximos anos.
Como se percebe, algo está errado, pois tais posicionamentos
por parte do governo brasileiro são, no mínimo, incompatíveis,
para não dizer contraditórios e contrafactuais.

103

Vejamos aqui o caso da aplicação dos princípios da pre-
caução e prevenção am biental em face dos efeitos ambientais
provocados por atividades econô micas na atualidade. Os Esta-
dos, cada vez mais, têm buscado incorporar em seus textos
constitucionais ou infraconstituci onais, referências aos princí-
pios da precaução e prevenção ambientais. O marco decisivo
para a observância desses princípi os por parte dos Estados foi,
sem dúvida, a Conferência Internacional sobre o Meio Ambien-
te, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo. Dos 26 princí-
pios que integraram a Declaração do Meio Ambiente destaca-
mos a prevenção e precaução ambientais. 10 Essa Declaração do
Meio Ambiente passou a orientar a elaboração dos textos legais
dos países signatários do documento. Na legislação brasileira,
percebemos a observância a esses princípios desde a entrada em
vigor da Lei de Política Naciona l do Meio Ambiente – Lei n.
6.938/81 –, que destaca dentro os objetivos da política púbica
ambiental a compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidad e do meio ambiente e do
equilíbrio ecológico e a preservação dos recursos ambientais,
com vistas à sua utilização raci onal e disponibilidade permanente
– nos termos do art. 4º, incisos I e VI. Dentre os princípios a
serem observados pela política ambiental nacional encontra-se a
proteção dos ecossistemas, com a pr eservação das áreas repre-
sentativas e a proteção das ár eas ameaçadas de degradação –
conforme o art. 2º da Lei 6.938/81.
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal,
houve a chancela constitucional à importância e obrigatoriedade
de aplicação e observância aos princípios da prevenção e pre-
caução ambiental. A reafirmação desses princípios em âmbito

10 Segundo o principio 4 “O Hom em tem a responsabilidade especial de preservar e
admini strar prude ntemente o pa trimônio repr esentado pela flora e pela fauna silves-
tres, bom como pelo seu habitat...ao se planejar o desenvolvimento econômico deve-
se atribuir uma impo rtância específica à conservaçã o da Natureza[...]”. (SILVA, 2003,
p.60). O planejament o racional para ocupação do s solos, seja para f ins agrícolas seja
urbanísticos, deve evitar os efeitos prejud iciais ao ambient e e visar à obtenção má-
xima de benefícios sociais, econômicos e am bientais para todos, conf orme os princí-
pios 14 e 15 do document o.

104

internacional deu-se, mais uma vez, por meio da Declaração do
Rio de 1992. Nesta nova declaração, os Estados membros re-
afirmaram suas preocupações com a questão ambiental mundial
e a prevenção e precaução ambientais , como expresso nos prin-
cípios de 8 11 e 15 12 , respectivamente. Com relação a conferência
internacional Rio+20, realizada em 2012, os estado s comprome-
teram-se no documento final “O futuro que queremos” a não
retroceder nas decisões até então tomadas em r elação as ques-
tões ambientais, em outras palavras, afirmam que o princípio da
proibição de retrocesso ecológico deverá ser observados pelos
Estados em âmbito interno e externo.
O princípio da prevenção ambiental está associad o aos con-
ceitos de desenvolvimento sustentado e equilíbrio ecológico, o
que indica uma interação do homem com a natureza e seus re-
cursos ambientais. Este princípio visa à adoção de medidas prio-
ritárias que evitem o nascimento dos riscos de danos ao ambien-
te, ou seja, refere-se a uma conduta racional diante de um mal
que a ciência pode mensurar, que se encontra dentro das certe-
zas científicas.
O princípio da precaução ambiental deve ser adotado sem-
pre que há perigo de ocorrência de dano grave ou irreversível
diante da incerteza científica, tornando -se necessária a adoção de
medidas eficazes para impedir a ocorrência da possível lesivida-
de ambiental. A precaução ambiental está associad a à ideia do
risco não mensurável, isto é, não avaliável, decorrente da in cer-
teza, da falta de conhecimento ci entífico preciso que afaste a
possibilidade de uma avaliação prévia. Todas as atividades
econômicas que sejam efetiva ou potencialmente degradadoras

11 “ A fim de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida
mais elevada para todos os povos, os Esta dos devem reduzir e eliminar os modos de
produção e de cons umo não viáveis e pr omove r políticas demográficas apropria-
das”. ( MACHADO, 2006, p. 82).
12 “ De modo a proteger o meio a mbiente, o princípio da precaução deve ser am pla-
mente observado pelos Estados, de acor do com suas capacidade s. Quando houv er
ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a au sência de absoluta certeza científica não
deve ser utilizada como razão postergar m edidas eficazes e economicamente viáveis
para prevenir a degradação am biental”. (MACHADO, 2006, p. 63) .

111

vés do direito. Isso impulsionou a eclosão, por exemplo, no
âmbito nacional brasileiro, da legi slação criada para a proteção
desses interesses, especialmente os referentes aos r ecursos am-
bientais 18 , e revela que o Estado brasileiro, de uma forma ou de
outra, tem aplicado em seu âmbito territorial os princípios dos
documentos internacionais de Estocolmo e da Rio/92. Os cha-
mados “recursos ambientais”, essenciais para o des envolvimento
e manutenção das espéci es vivas, tornando-os objeto de pro-
teção no âmbito do direito.
Não podemos negar que a materialização da proteção des-
ses novos bens e interesses, tornando-os bens jurídicos, operou-
se na sociedade brasileira a part i r d o m o m e n t o e m q u e a s d e -
mandas de grupos específicos passaram a incluí-los de forma
mediata ou imediata em suas pautas de reivindicações. Pois nas
décadas de 70 e 80 do século 20, foram muitos, os movimentos
ambientais que levantaram o debate sobre questões ambientais e
culminaram com a adoção de prin cípios de proteção ambientais
a serem observados pelos Estados.
N o B r a s i l , n o f i n a l d a d é c a d a d e 8 0 d o s é c u l o 2 0 , c o m a
abertura política e fim do regime ditatorial, mais especificamen-
te, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a
proteção ambiental passou a ocupa r um lugar de suma im-
portância, cujos desdobramentos pautam toda legislação com-
plementar infraconstitucional. A sua definição e abrangência são
o objeto a seguir tratado.

18 Por recursos ambientais en tendem-s e a atmosfera, as ág uas interiores, superficiais
e subterrâneas, os estuários, o mar t errito rial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora, nos term os do inciso V, do art. 3º, da lei 6.938/81.

112

Bens ambientais e suas condições de uso social
No campo jurídico-legal, o bem ambiental apresenta-se pro-
tegido por meio do art. 225 19 da Constituição Federal de 1988,
como uma estrutura de bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida. A referência constitucional não se
reporta a uma pessoa individualmente con cebida, mas a uma
coletividade de pessoas indefini das, o que mostra seu caráter
transindividual, em que não se deter minam, de forma rigorosa,
os titulares do direito. O bem ambiental é um bem essencial à
sadia qualidade de vida e de uso comum do povo, podendo ser
desfrutado por toda pessoa dentro dos contornos impostos pelo
texto constitucional.
Não podemos ignorar que a concepção privatista do direito
de propriedade, vigente em vários Esta dos nacionais e também
na legislação complementar brasileira, constituía forte barreira à
atuação do poder público na proteção do meio ambiente. Con-
tudo, paulatinamente, houve um incremento da p roteção jurídi-
ca aos recursos ambientais, dentre os quais os naturais, muito
embora as ações governamentais não tenham se dado nesse
mesmo sentido.
As características do bem ambiental, ou seja, a sua condição
de “bem de uso comum do povo” e “essencial à sadia qualidade
de vida”, demonstram que esta qualidade consiste em que pode
ser desfrutado por toda e qualquer pessoa. Evidentemente, nos
limites fixados pela própria Constituição Federal, não cabe a
ninguém dele dispor ou transacioná-lo. Isso significa que a utili-
zação dos recursos ambientais, quando possível, autorizada pelas
normas que regulamentam a vida em sociedade, deve ser feita
conforme as disposições legais ou regulamentares dispostas pelo
Estado. Não dispõe o particular, na sua individualidade, de

19 “ Art. 225. Todos t êm direito ao meio ambient e ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualid ade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defen dê- lo e preservá-lo pa ra as presentes e
futuras gerações .[...] ” (BRASIL, 2009a, p. 139).

113

qualquer gerência absoluta ou predomínio nos desígnios de sua
vontade sobre esses recursos. Supera-se, portanto a ideia de
propriedade privada sobre bens, pe la qual se poderia usar, gozar,
dispor ou transacionar tal bem da forma que melhor nos facu l-
tasse. Nesse sentido, a Constituiç ão Federal de 1988 refere que a
propriedade como direito fundamental do indivíduo, deve cum-
prir sua função social, em cujos meandros está incluída a pr o-
teção do meio ambiente. Qualquer uso com efeito s nocivos, que
acarrete danos ao ambiente, enquanto um conjunto de atributos
fundamentais para a qualidade de vida dos indivíduos, será con-
siderado como afronta ao sistema constitucional vigente, porque
viola a garantia constitucional de que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Como bem de uso co-
mum do povo, devemos não apenas garantir acesso e fruição ao
conjunto de atributos naturais, artificiais ou culturais a que de-
nominamos “bens ambientais”, mas, sobretudo, que este seja
realizado em condições que não afetem a saúde e o bem-estar
dos indivíduos, bem como a capacidade de suporte do ecossis-
tema.
Quanto à característica de ser um bem essencial à sadia qua-
lidade de vida, remetemo-nos aos fundamentos d o Estado De-
mocrático de Direito. Uma vida digna só é atingida com a satis-
fação de valores fundamentais capazes de prover as necessidades
básicas dos indivíduos, proporcionando-lhe bens para garantia
da dignidade.
Não obstante, para que os indivíduos possam desfrutar da
sadia qualidade de vida, enquanto fundamento democrático de
direitos ou direitos fundamentais, trata-se de incorporar a digni-
dade humana como um dos fundamentos mais importantes des-
se Estado. De fato, o reconhecimento e a efetivação dos direitos
de solidariedade, pautados por uma relação de comprometimen-
to entre sociedade e ambiente, como o de vivermos num meio
ecologicamente equilibrado, não suprimem, senão que ratificam,
os direitos civis, políticos e sociais.
Outro aspecto importante com relação ao bem ambiental é
que sua índole jurídica não guarda, necessariamente, compatibi-

114

lidade absoluta com o direito de propriedade. Ao determiná-lo
como “bem de uso comum do povo”, institui-se no plano cons-
titucional que o acesso e utilizaç ão deste bem deve pautar-se
pelas especificações legais e, principalmente, que não afete a
qualidade no ambiente e dos ecossistemas que o integram, bem
como, comprometer ou colocar em risco a qualidade de vida dos
atores sociais.
Há que considerarmos, ainda, a indisponibilidade do bem
ambiental em razão da supremacia do interesse público que lhe é
peculiar. Nessa orientação, a indisponibilidade do interesse pú-
blico na proteção ambiental deve ser considerada como funda-
mental não apenas para a pro teção do ambiente e dos recursos
que o compreendem, m as também para a própria organização
da sociedade. “O princípio da supremacia do interesse público
sobre o interesse privado é princípio geral inerente a qualquer
sociedade” (MELLO, 1995, p. 44 ). Este princípio é pressuposto
lógico do convívio social, é condição de existência para qualqu er
sociedade. E, se estamos tratando de algo fundamental, significa
que dele – o bem ambiental – nã o podemos dispor, é inegociá-
vel. Mesmo que quiséssemos, não poderíamos abrir mão, em
razão da sua indisponibilidade.
No aspecto jurídico-legal, o princípio da supremacia do in-
teresse público sobre o privado significa que, em prol da Admi-
nistração Pública, há a preponderância do interesse entregue à
sua cura. Por essa razão, a Administração Pública tem a possibi-
lidade de constituir terceiros em obrigações mediante a tos unila-
terais, os quais são imperativos, isto é, trazem consigo a exigibi-
lidade, traduzida na previsão legal de sanções ou providências
indiretas que levam o administrado a acatá-los.
As prerrogativas que nesta via exprimem tal supremacia não
são manejáveis ao sabor da admi nistração, porquanto esta jamais
dispõe de “poderes”, sic et simpliciter . Na verdade o que nela se
encontram são “deveres-poderes”, [...]. Isto porque a atividade
administrativa é desempenho de “função”.
Tem-se função apenas quando alguém está assujeitado ao
dever de buscar, no interesse de outrem, o atendimento a certa finali-

115

dade. Para desincumbir-se de tal dever, o sujeito de função ne-
cessita manejar poderes, sem os quais não teria como atender à
finalidade que deve perseguir para a satisfação do interesse al-
heio. Assim, ditos poderes são irrogados, única e exclusivamen-
te, para propiciar o cumprimento do dever a que estão jungidos;
ou seja: são conferidos como meios impostergáveis ao preen-
chimento da finalidade que o exercente de função deverá suprir.
(MELLO, 1995, p. 45).
Pretendemos, portanto, destacar que a Administração Pú-
blica tem o dever institucional – pois instituído pela ordem
constitucional vigente – de pro teger o ambiente de acordo com
o rigor da lei. Esse dever se encontra consubstanciado na re-
dação do caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 pela
expressão: “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”. O princípio da supremacia do interesse público guia
o legislador regulamentar e vincula a autoridade administrativa
em toda a sua atuação. U nido a este princípio está o da indispo -
nibilidade do interesse público. A administração tem um poder-
dever quanto a estes interesses, não podendo deixar de agir sob
pena de responder pela omissão. 20 Assim, deve a administração
pública garantir a efetivação da proteção dos bens ambientais
em razão da supremacia do intere sse público e da indisponibili-
dade desses bens ambientais.
Mas, afinal, o que compreendem os chamados “bens am-
bientais”? Por bens ambientais compreendemos todos os atribu-
tos naturais, artificiais e cult urais que integram o meio no qual
estamos inseridos e que, na ótica da prese nte discussão, tenham
recebido proteção jurídica específica por parte do Estado, por meio
de textos normativos legais, c om os quais se oc upa o direito.

20 Sobre a responsabilidade civil d os agentes públicos em razão dos danos ambien-
tais causados por sua omis são, ver: SCHONARDIE, Elenise Felzke. Dano ambiental: a
omissão dos agentes públicos . Passo Fundo: EdiUPF , 2005.

116

Os elementos do meio ambiente, ou seja, os recursos am-
bientais 21 naturais ou artificiais, assim como os equipamentos
urbanos, bem como os expedien tes culturais compõem imp or-
tantes subsídios para determinada população num determinado
espaço e tempo. Estes recursos são considerados importantes
para a sociedade brasileira e elevad os a categorias d e bens jurídi-
cos. A complexidade da questão em análise não se restringe à
determinação do que compreendem os bens ambientais, mas,
sim, à verificação do pertencimento desses recursos denomina-
dos como “bens de uso comum do povo”.
Para a proteção dos bens ambientais há uma série de ins-
trumentos administrativos e judiciai s instituídos por lei. Na esfe-
ra jurisdicional brasileira temos a Ação Civil Pública – Lei 7.347
de 1985 – que visa à res ponsabilização civil por danos morais e
patrimoniais causados ao meio ambiente, bem como a ação pe-
nal por crimes contra o ambiente, condutas tipificadas pela Lei
9.605/98, que dispõe sobre os crimes ambien tais. Esta última
ocorre toda vez que a lesão, o dano ou o risco causado ao meio
ambiente se enquadre em alguma conduta des crita em lei como
sendo “crime ambiental”. Toda e qualquer lesão ou ameaça de
lesão a bem jurídico protegido pela norma penal ambiental, pas-
sa a constituir crime, se presen tes estiverem, no caso concreto,
os elementos daquela determinada figura criminosa.
No que diz respeito aos instrumentos 22 de proteção am-
biental de atuação prévia da Administração Pública, encontra-
mos dentre outros, os licenciamentos ambientais e os estudo s
prévios de impacto ambiental. Nesses casos, a Administração
Pública dispõe de instrumentos de controle ambiental que se
constituem em atos e medidas destinados a verificar não apenas
a observância de normas ambientais pelos seus destinatários,

21 Conform e a Lei n. 6.938/81, art. 3º, inciso V, entende-s e por recursos am bientais a
atmosfera, as águas in teriores , superficiais e subterrân eas, os estuários, o m ar territo-
rial, o solo, o subsolo, os elem entos da biosfera, a f auna e a flora. (BRASIL, 2009a., p.
844)
22 A Lei n. 6.938 de 1981, estabelece em seu art. 9º o rol dos instrument os administ ra-
tivos de controle e proteção ambient al.

117

mas, sobretudo, realizar um certo controle sobre os recursos
ambientais sujeitos à extração e a maneira como esta se realiza.
Se houver inobservância das normas de controle e proteção
ambientais pelos seus destinatários e isso constituir lesão ou
ameaça de lesão aos bens ambientais, o titular do recurso am-
biental poderá acionar o sistema de responsabilização ambiental
por danos, infrações administrativas ou crimes contra o meio
ambiente.
O Estado brasileiro atribuiu à União a titularidade de quase
totalidade dos bens e recursos ambientais, nos termos do artigo
20 da Constituição Federal, para que a mesma, através da insti-
tuição de políticas ambientais pudesse garantir a proteção desses
recursos que são considerados como bens de uso comum do
povo. Não podendo, assim, serem apropriados no proveito par-
ticular e individualizados de interesse do capital, mas sim, sua
fruição, quando adequada e necessária, deve refletir-se em favor
da coletividade. A relação entre Es tado e meio ambiente está
definida como uma relação de guarda, zelo e responsabilidade.
No campo empírico, a utilização dos recursos ambientais
pelos indivíduos que integram a sociedade nem sempre observa
as determinações legais de controle e proteção desses recursos
naturais. Via de regra, a utilização de recursos ambientais natu-
rais dá-se pela extração, p rocesso mecânico realizado por indiví-
duos com auxílio de máquinas e ou materiais explosivos, como
no caso dos recursos naturais de origem mineral. As atividades
de localização, dimensionamento e extração dos recursos natu-
rais são realizadas visando à obtenção de matéria-prima para
integrar os processos de transformação da matéria e agregar-lhe
valor.
De modo geral, os recursos ambientais são entendidos co-
mo coisa passível de apropriação 23 , sem que a necessidade de
preocupação com a recuperação da área degradada seja interna-
lizada pelos sujeitos. A legislação brasileira em vigor, por própria

23 Concepção da natureza como al go que nos é dado para ser explorado – dialétic a
da natureza.

118

determinação constitucional obrig a o utilizador de recursos am-
bientais a recuperação da área degradada. Essa deveria dar-se
automaticamente a exploração dos recursos ambientais. Contu-
do, esse aspecto obrigacional é descurado por parte dos permis-
sionários que, tentam justificar a inobservância à lei com argu-
mentos de ordem econômico e so cial, o que no mínimo é para-
doxal, na medida em que a d egradação da qualidade ambiental
constitui-se em dano ambiental qu e pode, dependendo da si-
tuação, atingir os atributos ambientais assegurados pela Consti-
tuição Federal enquanto bem de uso comum do povo e a
própria qualidade de vida da população.
Todavia, não vamos ficar adstritos aos aspectos negativos e
catastróficos que permeiam a qu estão ambiental; nossa obri-
gação é identificar as potencialidad es da realidade social que se
apresenta e, com base nessas, orie ntar os processos de regulação
e utilização dos bens ambientais . Em busca da promoção da
qualidade de vida e da dignidade humana, na sociedade brasileira
(e porque não todas as sociedades?) podemos redirecionar as
ações intervenção nos recursos ambientais que s ão capazes de
levar ao desequilíbrio ambiental e a escassez dos recursos natu-
rais para uma nova lógica. Um modelo de Estado que deve ser
edificado com justiça ambiental, garantindo um amplo acesso à
justiça, via tutela jurisdicional do ambiente e também por meio
de políticas de meio ambiente alicerçadas em pri ncípios estrutu-
rantes (preservação, prevenção, precaução, dignidade humana e
justiça socioambiental) que vão se desenvolvendo a partir das
complexas questões que envolvem os nossos sistemas sociais de
desenvolvimento.
Referênci as
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, Sociedade: para uma teo-
ria geral da política. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 14 ed.
São Paulo: Paz e Terra, 2007.

119

______. Dicionário de Política . Tradução João Ferreira, Car-
mem C. Varriale e outros. Brasília: Editora Universidade de Bra-
sília, 1986.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Fede-
rativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada
até a Emenda Constitucional n. 53, de 19-12-2006. Coletânea de
legislação ambiental e Constituição Federal. Odete Me-
dauar(org.). 6. ed. São Paulo: RT, 2009a .
_______. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe so-
bre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanis-
mos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Co-
letânea de legislação ambiental e Co nstituição Federal. Odete
Medauar(org.). 6. ed. São Paulo: RT, 2009b.
_______. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Dispõe so-
bre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turí stico e paisagístico e dá outras
providencias. Coletânea de legislação ambiental e Constituição
Federal. Odete Medauar(org.). 6. ed. São Paulo: RT, 2009d.
_______. Lei n. 9.605, de 11 de fevereiro de 1998. Dispõe
sobre os Crimes Ambientais e as Infrações Administrativas Am-
bientais. Coletânea de legislação ambiental e Constituição Fede-
ral. Odete Medauar(org.). 6. ed. São Paulo: RT, 2009f.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens
Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2007.
CARNOY. Martin. Estado e teoria política. 2. ed. Campinas,
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasilei-
ro . 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
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MORAIS, Jose Luis. Do direito social aos interesses transindivi-
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MORAIS, Jose Luis. Do estado social das “carências” ao
estado social dos “riscos”. Ou : de como a questão ambien tal

120

especula por uma “nova cultura” jurídico-políti ca, In STRECK,
Lenio Luiz et al.. Constituição, sistemas sociais e hermenêutica . Porto
Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS,
2008.
OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades. O novo em direito e po-
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SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice : o social e
o político na pós-Modernidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

127

to da economia brasileira - realizado em conjunto com grandes
montadoras internacionais, contribui para o aquecimento do
planeta. Ou ainda, pode-se afirmar que sejam os países desen-
volvidos e subdesenvolvidos trabalhando em conjunto para o
crescimento das injustiças ambientais ao redor do globo.
Mas devemos nos perguntar: e a noção de “risco”? O “ris-
co” - o qual não é uma constante - como se afirma - fundamenta
todo um discurso de diminuição do crescimento das economias.
Em um jogo político internacional, os Estados utilizam-se da
noção de “risco” de catástrofes iminentes para criar uma sen-
sação de insegurança que justifi que a atual forma de pilhage m
ambiental pós-moderna.
No âmbito geopolítico o discurso parece ser de a poio mú-
tuo entre os países, mas se analisarmos o cenár io existente,
grande parte das matérias-primas utilizadas pelos países “desen-
volvidos” ainda provém de suas “neo-colônias”, denominadas
países “em desenvolvimento”. Dessa forma, observa-se porque
o Protocolo de Quioto não prev iu uma redução global desafia-
dora em seus objetivos. Convém a manutenção de uma relação
entre o sul , responsável pela cr iação de projetos de redução de
poluição, enquanto o norte se exime da redução drástica de suas
atividades industriais, ampliando mercados 16 até mesmo quando
se trata de proteção ambiental (como no caso d a criação do
mercado de carbono).
Quando o governo adota uma postura de incentivo à des-
medida manufatura de produtos está permitindo a excessiva
transformação da natureza. Esta postura governamental incenti-
va a injustiça ambiental, gerando passivos ambientais e sociais.
Ou seja, as políticas públicas adotadas por um governo em prol
da manutenção de determinados setores repercutem em diversas
outras áreas, dentre elas a ambiental.

16 Segun do pesquisa realizad a pela Wards Auto - Cent ro de informação sobre
a indúst ria automot iva global-, o Brasil hoje é o 4º maior vendedor mundial de
veículos autom otores –. WARDSAU TO. World Vehicle Sale s Rise, Led By Gains in
North and South A merica . Disponível em: <http://war dsauto.com/world/world-
vehicle-sales- rise-led- gains-nort h-and-south -a merica >. A cesso em: 10 out 2013.

128

Isso faz concluir que o discurso de “proteção ambiental” e
“risco” pode ser percebido como um discurso retórico que se
repete nas cúpulas mundiais. Por mera formalidade, assinam-se
tratados em soft law 17 , cuja obrigação no cumprimento restringe-
se a uma obrigação moral sem gr andes sanções. Ou seja, man-
tém-se um discurso de pilhagem ambiental com base em uma
retórica de “desenvolvimento sustentável” e proteção contra o
“risco”.
Essa pilhagem 18 , portanto, não se entende aqui como o tra-
dicional conceito trazido pelos dicio nários de “devastação” ou
de uma mera apropriação de recursos naturais, mediante u m
bioimperialismo das grandes potências mundiais. Não são so-
mente as extrações de ouro, cana de açúcar, caf é ou algodão
(que durante muitos séculos ocorreram e ainda ocorrem sob
forma de outras matérias-primas) 19 . O termo co mpreende a
forma como os Estados utilizam-se da geopolítica como instru-
mento de dominação e acentuação d e injustiças na sociedade.
Essa concepção de pilhagem pós-moderna do meio am-
biente abandona o enfoque da pilhagem com base na domi-
nação pela força física, passando-se a elaborar a pilhagem por
meio do campo simbólico. A pilhagem da qual se fala não se dá
apenas no plano material, como em séculos passados, mas pod e
ser percebida pelo exercício do poder simbólico estatal. Por
meio da palavra que é exercida, orientando, coma ndando e ex-
plorando. Os argumentos destes textos utilizam a natureza co-

17 Para mais informações a respeito do papel da soft law em relação à pro-
teção do meio ambiente, vide OLIVEIRA, Rafael Santos de. Direito Ambie ntal
Internacional : O Papel da Soft Law em sua Efetivação. Ijuí: Ed. Un ijuí, 2007.
18 Recentemente foi publicada no B r asil obra do pro fessor italiano Ugo Mat -
tei, juntamente com professora Laura Na der, a qual busca eviden ciar durante a
históri a e o mome nto atual a s formas de p ilhagem pelas quais muitas nações foram e
são submetidas . Nesse senti do: MATTEI, Ugo; N ADER, Laura. Pilhagem : quando o
Estado de Direito é ilegal. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2013.
19 Essa pilhagem física e no campo simbólico realizada pelos Estados e cor-
porações vem sendo estu dada pela cientista Van dana Shiva, a qu al remete à
existência de uma “m onocultura da mente”. Para maior aprofundam ento SHIVA,
Vandana. M onocultura s da Mente : Perspec tivas da Biodiver sidade e da Biotecnolo-
gia. São Paulo: Gaia, 200 3, p.11.

129

mo um objeto de mercância, mediante uma visão antropocêntri-
ca e individualista. Concentram seus esforços na manutenção de
mercados mundiais globalizados interconectados por diferentes
nós de comunicação 20 , os quais facilitam a sua abrangência e
permitem que esses discursos se pasteurizem ou agilmente se
modifiquem. Cabe às populações enfrentarem esse desafio, utili-
zando-se da nova tecnologia como forma de promoção de uma
maior justiça ambiental intra e interestados.
2 . Do empoderamento 21 à diminuição de
desigualdades e inj ustiças ambientai s na
sociedade em rede
Em meio à atual socieda de pós-moderna, caracterizada por
ser informacional, global e em rede 22 , as novas tecnologias da
informação e comunicação trou xeram diversas mudanças ao
contexto social atual. As manifestações da sociedade ganharam
novos espaços e o ativismo passou a ter na internet mais uma
forma de efetivar a participação democrática em rede 23 .
As redes servem como f orma de interconectar as pessoas
no mundo, permitindo-lhes agrupa rem-se de acordo com seus
anseios, ampliando as discussões de um espaço público local

20 Em relação à int erconexão por meio de nós em uma sociedade em redes de
informação, vide CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede : volume I. 8 ed. São
Paulo: P az e Terra, 2005, p.108.
21 Nesse se ntido, u tiliza-se o conceito de empoderamento tr azido p ela pes-
quisadora brasileira Maria da Glória Gohn. GOHN, M.G. Empoderamento e parti-
cipação da c omunidade em polí ticas sociais . Saúde e Sociedade, v. 13, n. 2, p. 20-31,
ago. 2004.
22 Para maior aprof undament o dos termos “informacional”, “global” e “ re-
de”, vide CASTELLS, Ma nuel. A sociedade em rede : volume I. 8 ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2005, p. 119.
23 Nesse sentido, vide obra de OLIVEIRA, Rafa el Santos de. Ativis mo digital
e novas mídias : desafios e oportuni dades da ci dadania em red e. Disponível em:
<http://nudiufsm.f iles.wordp ress.com/2011/ 07/rafa el-conpedi-mg.pdf >. Acesso em: 7
out 2013.

130

para um espaço público global. Assim, fatos que antes teriam
uma repercussão maior em um determinado âmbito podem
ecoar por longas distâncias. Dessa forma, injustiç as causadas a
etnias, camadas sociais ou localidades distintas, podem obter o
apoio de mais pessoas, somando-se as vozes e construindo-se
uma verdadeira resistência às violações de determinados direitos.
Por essa razão, entende-se que em meio às injustiças globais
causadas pela pilhagem ambiental pós-moderna, a indignação
das populações deve ser mais per ceptível . Dessa forma, as mo-
bilizações sociais realizadas por meio da internet podem servir
como instrumentos de empoderamento da população. Um em-
poderamento capaz de agregar e influenciar econ ômica, política
e ideologicamente. Uma forma de gerar novas formas de refle-
xão, capazes de criar alternativ as que viabilizem o desenvolvi-
mento da solidariedade entre os indivíduos, encurtando distân-
cias e fortalecendo a justiça nas dimensões social, econômica e
ambiental.
A partir das redes de mobiliz ação criadas por meio da inter-
net , violências como a praticada co m a tribo Guarani-Kaiowá
(que se viu obrigada a abandona r suas terras, nas quais possui
sua subsistência, em prol de direitos de propriedade de fazendei-
ros locais, em outubro de 2012) podem ser evitadas. No caso
brasileiro, a realização de uma petição online assinada por mais
de 350.000 pessoas ao redor do mundo foi suficie nte para moti-
var a alteração de posicionamento jurisdicional. Da mesma for-
ma, outras comunidades injustiçadas podem se utilizar do ati-
vismo digital e da solidariedade de outras sociedades do globo
para promover a proteção de culturas e do meio ambiente. É
uma adaptação dos cidadãos à estrutura global, deixando de
considerar-se como "somente um", para poder integrar um mo-
vimento no qual possa se considerar "mais um" a se somar.
A internet e os movimentos em re de por ela desenvolvidos
podem servir como instrumentos para promoção de uma justiça

131

ambiental solidária 24 , mediante o estímulo de participação de
pessoas nas regiões próximas a onde ocorrem desastres e injus-
tiças ambientais, bem como permitindo a solidariedade interesta-
tal. Ou seja, mediante os movime ntos de indignação gerados em
escala macro, poder-se-á fortalecer a participação dos interessa-
dos em promover mudanças sociai s, por meio de um sentimento
de ativismo que poderá emergir junto às populações.
Ao se considerar a possibilidade de desvinculação das pes-
soas ao individualismo e ao consumo, deve-se cogitar formas de
transformação social, servindo as atuais tecnologias da infor-
mação como meios para instrume ntalizar essas mudanças ne-
cessárias. Por meio de um empoderamento individual e ativo, os
indivíduos detém o privilégio de questionar a ordem mundial
que se apresenta.
Pensar a atual configuração da sociedade global demanda
novas concepções acerca dos relacionamentos entre as pessoas
em diversos pontos do planeta. Se antes era difícil imaginar a
rápida realização de ações em escala global, atualmente, sabe-se
que a informação é um poder que circula rapidamente. A infor-
mação se transformou em uma arma tecnológica de longo al-
cance e com alto poder de dest ruição/construção de conceitos
no plano das ideias. Por essa razão se faz importante questionar
a configuração da ordem global e identificar outros interesses
por detrás de diversos discursos ideológicos hegemônicos e con-
tra-hegemônicos que se apresentam.

24 Nesse sentido, conform e Habermas apud Neiss (2008, p.71) “este princípio
[da solidariedade] tem sua raiz na experiênci a de que cada um deve fazer-se respon-
sável pelo outro, porque t odos devem esta r igualmente int eressados na integridade
do contexto vital de que são membros. A just iça concebida deontologicamente exige,
como sua outra face, a solidariedade”. NEISS, Silvestre. Justiç a e solidariedade em
Habermas. B elo Horizonte: FAJE, 2008, p.89.

132

CONCLUSÃO
A partir das questões aqui expostas, conclui-se que é ne-
cessário mantermos um constan te questionamento acerca das
atuais formas como a relação en tre estados e meio ambiente são
apresentadas pela mídia e pelos próprios Estados. Isso significa
analisarmos o discurso midiático acerca das relações com a sus-
tentabilidade ambiental por meio de uma lente crítica, enten-
dendo os reais motivos e objetivos que envolvem determinadas
decisões jurídicas e políticas que nos afetam.
Buscou-se realizar uma releitura no texto da forma como se
desenvolve uma pilhagem ambiental por meio das legislações,
desenvolvendo-se um aparato ideológico justificador à cons-
trução de um sistema de exploração ambiental. Apresentou-se
uma visão crítica acerca da percepção do "risco" em nossa so-
ciedade, identificando-se como esse discurso vem sendo utiliza-
do pelos Estados como forma de reforço da injustiça ambiental.
Por fim, demonstrou-se a importância do papel da socieda-
de em rede na promoção de uma justiça ambiental solidária,
interconectando sujeitos e facilitando a formação de redes de
protesto intra e interestatais, em prol de mudanças .
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135

A EFETIVIDADE D O PRINCÍPIO
DO DIREITO À SADIA QU ALIDADE
DE VIDA NOS 25 ANOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
BRASILEIRA E O “SELO RUÍDO”
Jorge Luís Mialhe 1
Adriana Ferreira Serafim de Oliveira 2
Introdução
O presente capítulo visa discutir, após vinte e cinco anos da
promulgação da Carta Magna Brasileira de 1988, a efetividade
do princípio do direito à sadia qualidade de vida, previsto no
artigo 225 da Constituição Federa l Brasileira, e seu reflexo nas
políticas públicas brasileiras, como a adoção do “Selo Ruído”,
criado no âmbito do Programa Nacional de Educação e Contro-
le da Poluição Sonora, à luz de um acórdão do Supremo Tribu-
nal Federal sobre a matéria.

1 Orientador. Doutor, mestre e bacharel p ela USP. Pós-doutora do nas universida des
de Paris e Limo ges. Professor da Uni ver sidade Estadual Paulis ta – UNESP/Rio
Claro-SP e do Programa de Pós-Graduaçã o em Direito da Universidade Metodista
de Piracicaba – PPGD-U NIMEP/Piracicaba-SP ( Brasil).
2 Mestrand a do Programa de Pós -Graduaçã o em Direito da Un iversidade Metodista
de Piracicaba – PP GD-UNIMEP/Piracicaba-SP (Brasil). Bolsist a do Programa PRO-
SUD-CAPES. Pós-graduada em Política e Relações Internacionais. Advoga da.

136

Dimensões da qualidade de vida
Como bem destacou Fagot-Largeault (1991), a qualidade de
vida, numa perspectiva individual, é aquilo que desejamos na
passagem do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro: não
apenas a simples sobrevivência, mas aquilo que faz a vida boa –
saúde, amor, sucesso, conforto, alegrias – em suma, a felicidade.
Numa perspectiva coletiva, a qualidade de vida não se reduz à
prosperidade econômica (níve l de vi da e de desenvolvimento), pois
comporta “bens políticos” (liberda de , igualdade, segurança) , bens
culturais (educação, informação, li berdade de criação), recursos
demográficos (taxa de na talida de adequada, população com boa
saúde, baixas taxas de mortalidade) etc. A noção de qualidade de
vida é, seguramente, pluridimensi onal, mesmo que seja limitada à
saúde, defin ida no preâ mbulo da Constituição da Organização
Mundial da Saúde (OMS), em 19 46, como sendo “um estado de
completo bem estar físi co, mental e social, e não apenas a ausênc ia
de doença e enfe rmidade”. (F AGOT-LARGEAULT, 1991, p.138)
Após a Revolução Industrial, a vida humana tornou-se agi-
tada, um vai e vem ao sabor do relógio. As máquinas que facili-
tariam o desenrolar da vida, acabaram por acelerar a produção
em massa e fomentar a busca pelo lucro incessante, resumindo
assim a qualidade de vida a algo a se consumir. (HOBSBAWN,
2011, p.69;86).
Desde 1750, nas palavras de Hobsbawn, “a felicidade era o
objetivo das políticas de governo, o prazer de cada homem po-
dia ser expresso (pelo menos em teoria) como um a quantidade,
da mesma forma que seu sofrimento”. (HOBSBAWN, 2011, p.
69)
A dignidade humana retrata-se, na visão kantiana, na auto-
determinação; na vontade livre daqueles que usufruem de uma
vivência sadia. 3 Para Kant (2008):

3 Voto do Ministro Luiz Fu x no Recurso Especial 2005/ 0202982- 0 da Primeira Turm a
do Superior Tribu nal de Justiça. Fon te: DJ 30/10/2006 p. 253.

143

receber denúncias e tomar providências de combate para rece-
ber denúncias e tomar providências de combate a poluição so-
nora urbana em todo o Território Nacional; f) Estabelecer con-
vênios, contratos e atividades afins com órgãos e entidades que,
direta ou indiretamente, possa contribuir para o desenvolvimen-
to do Programa SILÊNCIO.”
Para alcançar tais objetivos, a NBR 10.152, indicada na Re-
solução nº 01, de 8 de março de 1990 do CONAMA informa os
valores máximos aceitáveis em decibéis – dB(A) - admitidos nos
vários ambientes, conforme indicado abaixo.
Hospitais:
Apartamentos, enfermarias, berç ários, centros cirúrgicos -
45 dB(A)
Laboratórios, áreas para uso do público - 50 dB(A)
Serviços – 55 dB(A)
Escolas:
Bibliotecas, salas de música, salas de desenho - 45 dB(A)
Salas de aula, laboratórios – 50 dB(A)
Circulação – 55 dB(A)
Hotéis:
Apartamentos – 45 dB(A)
Restaurantes, salas de estar – 50 dB(A)
Portaria, recepção, circulação – 55 dB(A)
Residências:
Dormitórios – 45 dB(A)
Salas de estar – 50 dB(A)
Auditórios:
Salas de concertos, teatros – 40 dB(A)
Salas de conferências, cinemas, salas de uso múltiplo – 45
dB(A)
Restaurantes – 50 dB(A)
Escritórios:
Salas de reunião – 40 dB(A)
Salas de gerência, salas de projetos e de administração – 45
dB(A)

144

Salas de computadores – 65 dB(A)
Salas de mecanografia – 60 dB(A)
Igrejas e Templos (cultos meditativos) – 50 dB(A)
Locais para esporte:
Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas
– 60 dB(A)
A legislação federal brasileira não permite mais de 85 dB(A)
no ambiente de trabalho, em jornada de oito horas. “No entan-
to, os ruídos podem facilmente ultrapassar esses n íveis, atingin-
do 100 dB ou mais.” (OLIVEIRA & ARENAS, 2012, p.255)
Quanto ao exercício do culto religioso, ensina Machado
(2012), “nem dentro dos templo s, nem fora do s mesmos, podem
os praticante s de um determinado credo prejudicar o direito ao
sossego e à saúde dos que forem vizinhos, ou est iverem nas proxi-
midades, das prática s religiosas”. Esse foi o entendiment o da 4a.
Câmara do Tribunal de Justiça do E stado de São Paulo no julga-
mento de Ação Civil Pública em 1992. (MACHADO , 2012, p .783)
O mesmo autor assevera que “o produtor fere o direito de
cada um e da col etividade a m eio ambiente ecologic amente equilibra-
do quando fabrica e coloca à v end a um produto que emite sons acima
do máximo p ermitido em d ecibé is.” (MACHADO, 20 12, p.790)
Dessa forma, o Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA aprovou a Resolução nº 02, de 07 de dezembro de
1994, para “instituir o Selo Ruído, como forma de indicação do
nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso
obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomés-
ticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem
ruído no seu funcionamento.”
No mesmo sentido, a Lei nº 1 1.291, de 26 de abril de 2006,
dispõe no seu artigo 1º. que “o fabricante ou o importador de
equipamento eletroeletrônico de geração e propagação de ondas
sonoras fará inserir texto de advertência, ostensivo e de fácil
compreensão, de que constem informações ref erentes à even-
tualidade de ocorrerem danos no sistema auditivo exposto a
potência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis. Parágrafo úni-
co. A referida advertência deverá constar nas peças publicitárias,

145

no invólucro do produto, no manual do usuário e, quando as
dimensões o permitirem, no equipamento”.
No agravo de instrumento 781.547 RS, sobre poluição so-
nora causada por ar-condicionado, o relator, Ministro Luiz Fux
constatou que “a perícia judicial comprovou que, no período da
noite, a emissão de ruído decorrente do acionamento do aparel-
ho de ar-condicionado do réu, ul trapassa o nível permitido para
o período noturno. Assim, devem ser tomadas medidas para
evitar tal efeito, por dizer resp eito ao princípio da precaução,
vigente no direito ambiental.” (FUX, 2012, p.2)
Com o “Selo Ruído”, a partir de 2014, os fabricantes de li-
quidificadores, aspiradores de pó e secadores de cabelo terão
que se adequar a nova rega do Programa Nacional de Educação
e Controle de Poluição Sonora – SILÊNCIO. A iniciativa é u ma
parceria do Programa Brasileir o de Etiquetagem do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidad e e Tecnologia (Inmetro) e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). O objetivo do projeto é diminuir o ruído
emitido pelos eletrodomésticos do país. (PORTAL EBC, 2013)
Os eletrodomésticos, nacionais ou importados, terão o “Se-
lo Ruído” que deve estar visível ao consumidor. O selo terá a
marca do Inmetro e do Ibama e deve ser colado no produto ou
em sua embalagem para informar ao consumidor a potência
sonora dos aparelhos, para que o consumidor possa escolher no
momento da compra o produto que possua o menor nível de
potência sonora. (PORTAL EBC, 2013)
De acordo com o Inmetro, o programa irá orientar o con-
sumidor no momento de escolher eletrodomésticos mais silen-
ciosos, estimular os fabricantes a produzir produtos com níveis
de ruídos cada vez menores e proporcionar mais conforto ao
cidadão. 9 O Inmetro começará a fiscalizar os fabricantes e a

9 De acordo com Marcos Borges, responsá vel pelo Programa Brasileiro de Etiqueta-
gem do Inmetr o (PBE), “ o Inmetro re cebeu reclamaçõe s, por exemplo, de co nsumi-
dores que hoje precisam fechar todas as port as e janelas na hora de usar um liquidi-
ficador ou aspirador d e pó por causa do barulho. O consumid or precisa de uma
relação de confort o acústico em sua residên cia, além de obter as in formações sobre o

146

entrada dos produtos no país e quem não se adequar à nova
regra terá o prazo de seis meses para retirar as mercadorias de
todo o comércio. Em 2016, a fiscalização, vai penalizar a empre-
sa que descumprir a regra por meio de uma multa. (PORTAL
EBC, 2013)
Assim, ao menos no que diz resp eito à diminuição dos índi-
ces de ruído, espera-se que haja uma sensível melhora na quali-
dade de vida dos consumidores e usuários de eletrodomésticos.
Considerações finais
A importância em preservar e cuidar do meio ambiente ur-
ge a todos os cidadãos, sem distinção. Aqui, estamos diante de
um direito de solidariedade. A titularidade dos direitos de solida-
riedade é coletiva, pois se tratam de direitos difusos, dentre os
quais, o direito à sadia qualidade de vida.
Nesse sentido, espera-se que e ssa reflexão possa ajudar a
romper paradigmas como o não reconhecimento do capital co-
mo um valor absoluto e essencia l, pois como visto na definição
de qualidade de vida coletiva proposta por Fagot-Largeault, a
prosperidade econômica não é indicativo de que se atingiu a
felicidade.
Iniciativas como a criação do “Selo Ruído” são válidas para
informar o consumidor sobre as características técnicas e os
níveis sonoros alcançados pelos equipamentos e, ao mesmo
tempo, tentar amenizar o desc onforto da população que é sub-

ruído produzido pelos eletrodomésticos de forma mais transparent e”. Nos próxi-
mos dois anos, o Inmetro vai estudar a impl emen taç ão da cla ss ifi cação sonora para
máquinas de lavar e dos aparelhos de ar co ndicion ado. "O processo dura dois anos,
pois temos que estabelecer a regulam entação por meio de debates com associações,
entidades de defesa do consumidor, entre ou tras, para estabelecer os critérios corre-
tos. Depois tem o prazo de adeq uação para a indústria certificar os produtos e se
adequar à nova regra e depois nós vamos fiscalizar", explic ou Borges . (PORTAL
EBC, 2013)

147

metida a altos índices de poluição sonora doméstica causadora
de malefícios e distúrbios à saúd e. É reconhecido juridicamente,
tanto nas normas nacionais como nas internacionais, que deve-
mos buscar a qualidade de vida pa ra uma vivência satisfatória.
Contudo, apenas positivar normas para preservar o meio am-
biente e garantir, por força de d ecisões judiciais, a qualidade de
vida não basta.
Em 25 anos de Constituição cidadã, o Brasil não tem efeti-
vado integralmente o princípio do direito à sadia qualidade de
vida pela não conscientização da própria população da necess i-
dade da preservação ambiental como também p ela falta de ênfa-
se na educação ambiental, desde a tenra idade. A educação am-
biental, como visto na própria Resolução nº 02 do CONAMA
de 1990, é o caminho viável para despertar a consciência dos
cidadãos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida
para todos os seres que habitam este planeta.
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151

INJUSTICIA AMBIENTAL Y
DERECHO HUMANO AL AGUA
Álvaro A. Sánchez Bravo*
INJUSTICIA AMBIENTAL Y AGUA
La conservación y preservación de los bienes naturales es
un elemento imprescindible para el mantenimiento de la vida
humana y el bienestar general. Si no conseguimos superar los
obstáculos medioambientales que apremian al planeta difícil-
mente podremos erradicar la pobreza.
Pero la superación de esos obstáculos requiere ser conscien-
tes de la realidad de un mundo injusto, y mal repartido, donde
un 20% de la población hace uso del 80% de los recursos natu-
rales, mientras el resto se encuen tra en grave riesgo de no poder
garantizar sus mínimas necesidades básicas.
Es evidente que, los bienes y servicios naturales son esca-
sos, pero además están desigualmente repartidos 1 debido a cua-
tro grandes vectores:
a) Injusticia social, relacionada con el acceso, la gestión y
capacidad de decisión s obre los ecosistemas y los recursos fi-

* Doctor en Derecho. Profesor de la Facult ad de Derecho de la Universidad de Se vi-
lla. Profesor V. Pós-Graduaçao em Cien cia Jurídica. Mestrado e Doutorado. UNI-
VALI. Presidente de la Asociación Anda luza de Derecho, Medio A mbiente y Desa-
rrollo Sostenible. Miembro Fun dador de la Asociación Españ ola de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Coordinador de Relaciones
Internacionales del Inst ituto Brasilero de Direit o Urbanistico (IBDU). Coeditor Revis-
ta Internacional de Direito Am biental (RIDA).
1 http://www.fun dacion-ipade.org/

152

nancieros, por los diferentes grupos o actores a nivel local re-
gional e internacional: las injust icias sociales se ven ampliadas
por las asimétricas relaciones de poder y los abusos de los países
económicamente desarrollados sobre los países en vía de desa-
rrollo, así como por la actividad globalizada de grandes consor-
cios multinacionales que operan por meros intereses económi-
cos, al margen de representatividades democráticas o dación de
cuentas por sus actividades.
b) Desigualdad de género en el acceso y disfrute de bienes,
servicios y oportunidades de desa rrollo personal, por el sistema
patriarcal imperante que, en much as partes del planeta, conside-
ra a la mujeres como meros elementos reproductores, que care-
cen del derecho a la participación democrática en la toma de
decisiones, del acceso a un trab ajo remunerado y de su propia
dignidad como seres humanos.
c) Sostenibilidad insostenible. Es evidente la conexión entre
desarrollo y derechos humanos. Como señala el art. 1 de la De-
claración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) 2 : “ 1. El derecho al
desarrollo es un derecho humano inalie nable en virtud del cual todo ser
humano y todos los p ueblos están facultad os para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan re alizarse plenament e
todos los derechos humanos y libertad es fundamental es, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar del él .”
Esto nos lleva a una nueva conexión: desarrollo y medio
ambiente. Los criterios de desarrollo basados en indicadores de
maximización económica y del beneficio no son hoy asumibles.
La idea estática, mecánica, del sistema económico, que tiende a
hacer de la economía un sistema infalible, es inasumible, pues
vincula la política económica al aumento de la utilización de los
recursos productivos y al crecimi ento general continuo e ilimita-
do. Infelizmente numerosas instituciones públicas y privadas
asumen el concepto de desarrollo sostenible en su versión más

2 Declaración sobre el Desarrollo. Ad optada por la Asamblea General en su Resolu-
ción 41/128, de 4 de d iciembre de 1986.
http://www2.ohchr.org/spa nish/law/desarrollo.htm

255

V- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO
A convenção 161 da OIT é a que mais trata, embora que de
modo geral, sobre a saúde e segurança dos trabalhadores.
Abaixo, citam-se todas as convenções dessa organização que
tratam sobre a segurança do trabalhador, todas ra tificadas pelo
Brasil:
C115: Radiation Protection Convention, 1960 (05.09.1966)
C120: Hygiene (Commer ce and Offices) Convention, 1964
(24.03.1969)
C139: Occupational Cancer Convention, 1974 (27.06.1990)
C148: Working Environment (Air Pollution, Noise and Vi-
bration) Convention, 1977 (14.01.1982)
C155: Occupational Safety and Health Convention, 1981
(18.05.1992)
C161: Occupational Health Services Convention, 1985
(18.05.1990)
C162: Asbestos Convention, 1986 (18.05.1990)
C167: Safety and Health in Construction Convention, 1988
(19.05.2006)
C170: Chemicals Convention, 1990 (23.12.1996)
C174: Prevention of Major Industrial Accidents Conven-
tion, 1993 (02.08.2001)
C176: Safety and Health in Mines Convention, 1995
(18.05.2006)
Entende-se desnecessário adentrar no mérito de cada uma
dessas convenções, já que, em linhas gerais, a idéia de proteção
constante em cada convenção foi incorporada por uma ou mais
NR's, como, por exemplo, a NR 9, que engloba integralmente a
161, além de englobar tópicos de outras convenções (como as
de números 115 e 148, a título exemplificativo).

256

VI- PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Lei n.º 8.213/91 trata, além de outros assuntos, sobre
acidente de trabalho e estabilidade, assuntos ligados diretamente
ao escopo do presente estudo, já que, diante da inexistência de
medidas protetivas, a chance de ocorrer um acidente do trab alho
é enorme. Não se pode deixar de ter em mente que, em se tra-
tando de medidas preventivas de proteção ao tr abalho, a res-
ponsabilidade por sua adoção é exclusivamente da empresa (tal
como consta no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei n.º 8. 213/91),
que certamente poderá e será punida na inobservância de quais-
quer dos requisitos acima estudadas (conforme parágrafo 2º do
artigo e Lei antes citados).
Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados não-empregados, provocando lesão corporal ou per-
turbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Tal
qualificação consta no artigo 19 da Lei n.º 8.213/91, citada no
início do capítulo.
Não é somente o acidente propriamente dito que será con-
siderado para fins dessa Lei. Algumas doenças também são con-
sideradas como acidente do trabalho. De acordo com o artigo
20 da Lei n.º 8.213/91, também são consideradas a doença pro-
fissional, ou seja, aque la desencadeada pelo exercício do trabalho
peculiar a determinada atividade e a doença do trabalho, assim
entendida a adquirida ou desencad eada em funçã o de condições
especiais em que o trabalho é re alizado e com ele se relacion e
diretamente. O artigo menciona que as atividades e doenças que
se enquadrariam nesses casos deveriam constar de uma relação
elaborada pelo Ministério do Tr abalho e da Previdência Social.
Entretanto, essa não é uma obrigaç ão, já que o parágrafo 2º des-
se mesmo artigo traz a exceção de qu e, caso comprovado que
uma doença que acomete um trabalhador tenha derivado do seu
trabalho, ela será considerada aciden te de trabalho mesmo que
não conste na tabela do Ministério do Trabalho. Essa averi-

257

guação deverá ser feita através de um médico especialista, que
analisará a doença e as cond ições de trabalho do obreiro.
O artigo 21 da Lei n.º 8.213/91 tra z ainda mais um caso
equiparado: o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribu ído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua cap acidade para o tra-
balho, ou produzido lesão que ex ija atenção méd ica para a sua
recuperação também será considerado acidente de trabalho.
O pará grafo 1º do já cita do arti go 20 traz um rol taxativo de
doenças que não serão consideradas como aciden te de trabalho.
São elas as doenças degenerativas, as inerentes a grupos etários,
as que não produzam incapacidade laborativ a e a doença
endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela
se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de expo-
sição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
O empregado que sofreu acidente de trabalho possui a ga-
rantia da manutenção do seu contrato de trabalho na empresa
por, no mínimo, doze meses aos a cessação do auxílio-doenç a
acidentário, mesmo que não tenha havido a percepção de auxí-
lio-acidente. É exigência para essa estabilidade, entretanto, além
do auxílio-doença acidentário, a necessidade do afastamento do
trabalho superior a quinze dias (que na verdade já é um pressu-
posto para a concessão do aux ílio), com a exceção dos casos
onde, após a despedida, seja constatada doença profissional que
guarde relação de causalidade com a execução do contrato de
emprego. Nesses, por óbvio, não haverá esses pressupostos.
Tais disposições estão previstas no artigo 118 da Lei nº
8.213/1991, que possui aplicação garantida pela Súmula 378 do
TST.
VII-CONCLUSÃO
Pelo estudo feito é de se entender que não é tema atual a
preocupação com a integridade física do trabalhad or já que, na
Constituição Federal de 1988 se vislumbra a necessidade de re-

258

dução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de
saúde, higiene e segurança.
Da mesma forma, é de se constatar que tal preocupação
tem ocupado grande espaço na atu ação legislativa, haja vista
extenso rol de normas que visam à efetiva proteção de todo e
qualquer trabalhador no curso de seu contrato de trabalho.
A referida proteção do trabalhador e redução dos riscos no
trabalho pode ser percebida pela Norma Regulamentar n.º 07 e
n.º 09, onde o Ministério do Tr abalho e Emprego dispõe sobre a
obrigatoriedade de elaboração e impl ementação dos Programas
de Controle Médico de Saúde Oc upacional e de Prevenção de
Riscos Ambientais.
Nesse sentido, tais normas a ssumem expressiva importância
na efetiva garantia dos direitos constitucionais direcionados ao
trabalhador, já que discriminam de forma pormenorizada a es-
trutura e planejamento de cada programa, onde cabe exclusiva-
mente ao empregador todos os es forços para a sua elaboração e
implementação.
Igualmente importante é a regulamentação oriunda da CLT,
Convenções da OIT e legislação Previdenciária, já que atuam em
conjunto para a otimização da s condições do ambiente de tra -
balho bem como da própria atividade laborativa.
Em contrapartida, é de se concluir que mesmo diante deste
extenso rol de normas preocupadas com a integridade física do
trabalhador e redução de riscos no trabalho não se verifica efeti-
vidade em seu cumprimento, pois diante da precariedade da
fiscalização por falta de técnica e profissionais habilitados, algu-
mas empresas obrigadas aos dispositivos legais constantes nas
Normas Regulamentares, por exemplo, ficam a vontade para
proceder de forma que prejudique o trabalhador pela total
afronta à lei, beneficiando assim seu ramo lucrativo.
VIII-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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LTr, 1980.

259

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261

O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
DOS CORTADORES DE C ANA-DE-
AÇÚCAR NA MIRA DO ATIVISMO
JUDICIAL: AÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Mirta Lerena Misailidis 1
Awdrey Frederico Kokol 2
INTRODUÇÃO
A pesquisa tem como proposta a apontar os desafios dos
sujeitos coletivos envolvidos na agricultura canavieira em um
momento cujo setor é desafiado a estabelecer metas e desenvol-
ver-se sob o pretexto da sustentabilidade.
O texto objetiva discuti r as medidas positivas tomadas a
respeito da melhoria do meio ambiente do trabalho para a saúde
do cortador de cana-de-açúcar e alinhar os desafios dos Sindica-
tos, Ministério Público, e sobretudo, do Poder Judiciário a fim
ajustar a economia nacional com as bases reais do desenvolvi-
mento sustentável.
Sob as premissas negativas da agricultura canavieira no Bra-
sil, caracterizada pela costumei ra inobservância das normas am-

1 Doutora pela Pontifícia Universidade Ca tólica de São Paulo (P UC-SP). Profe ssora e
Coordenadora do Progr ama de Mestrado em Direito da Universidade Metodista
(UNIMEP).
2 Mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) .

262

bientais e direitos trabalhistas, tal como as decisões judiciais vão
comprovar, e ainda, tendo a saúde financeira e economia do
setor, condicionada aos subsídios pelos setores governamentais.
A temática em tela, busca pontuar aspectos imprescindíveis para
questionar se o modelo de dese nvolvimento sustentável que tem
sido apregoado para a economia do país está condizente com as
verdadeiras bases da teoria. Outrossim, se o ajustamento do
setor às políticas externas é de fato, o melhor caminho a ser
trilhado.
O problema: o setor sucroalcooleiro e o
desenvolvimento sustentável
Para estabelecer os desafios dos entes envolvidos na ques-
tão da cana-de-açúcar, necessário u ma breve síntese do setor
sucroalcooleiro e seu momento de destaque no mercado inter-
nacional de comercialização dos derivados da cana-de-açúcar
devido às demandas por fontes alternativas de energia que se
ajustem às políticas de sustentabilidade.
A produção de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar
em substituição a utilização de co mbustíveis fósseis, segundo os
defensores mais enérgicos da viabilidade do ajustamento do
setor aos objetivos de um desenvolvimento sustentável, é ne-
cessário que o etanol se torne uma commodity, e para tanto,
governantes e usineiros tem empenhado medidas viabilizadoras
da mecanização da colheita da cana-de-açúcar em substituição a
utilização da força de trabalho manual.
Porém, diante da premissa que a produtividade no corte
manual exige a queima da palha da cana-de-açúcar, cujo método
é considerado uma afronta meio ambiente equilibrado, como
afirmar que suas bases econômicas estarão em conformidade
com as politicas de sustentabilidade?
A forma pela qual o setor se ajusta as recomendações inter-
nacionais para o bom desempenho do setor só ocorrerá por

263

meio da substituição da q ueima da cana-de-açúcar pela completa
mecanização do corte, co ntudo, tem-se que a máquina não a tin-
ge todos os níveis de declividad e da terra, e ainda reduz as pers-
pectivas futuras da produção posto que prejudica o solo.
Nessa toada, necessário considerar também que a utilização
do trabalho manual para a colheita da cana está suplantada nos
péssimos costumes do setor quanto ao cumprimento de normas
trabalhistas, sobretudo aquelas que tratam do meio ambiente
laboral do setor.
A Lei n.11.241 de 2002 3 preconiza o fim da queimada da
cana-de-açúcar como método aplicado a colheita e estipula pra-
zos para tanto. Em 2007, a UNICA (União da Indústria do
Açúcar) assinou com o goveno estadual um novo protocolo
adiantando os prazos legais anteriormente estipulados pra 2014
e 2017, para áreas mecanizáveis e não mecanizáveis 4 .
Em 2011 o trabalho de pesquisa apresentado pelas autoras
concluia que o desenvolvimento do setor estava muito mais
relacionado com o interesse da produtividade e redução dos
custos da mão-de-obra do que na promoção do equilíbrio
ambiental. 5
O desenvolvimento sustentável é o modelo em que os
agentes econômicos devem se promover internacionalmente,
capaz de assegurar o progresso ec onômico e social sem destruir
as condições de vida para as gerações presentes e futuras.

3 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Esta do de São Paulo . Lei 11.24 1 de 19 de
setembro de 2002. Dispõe s obre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-
de-açúcar. Disponível em:
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/leg islac ao/lei/2002/lei% 20n.11.241,%20de%2019
.09.2002.h tm>. Acess o 05 out. 2013.
4 O Protocolo A groambiental, reduz o prazo previsto para 2 021 para áreas mecani-
záveis, e 2031 para áreas não
mecanizáveis, para os anos 2014 e 2017, respectivam ente alterand o a Lei 11.241 de 19
de setembro de 2002. Disponível em:
<http://www.unica.com.br/c onte nt/show.asp?cntCode= {BEE106FF-D0D5-4264-B1B3
7E0C7D4031D6} >.05 out. 2013.
5 MISAILIDIS, Mirta Le rena;KOKOL,A wdrey. Direito s Fundamen tais do Trab alho
na Agroindus tria cana vieira brasileira: o s desafios diante do desenvolvime nto
sustentável . In: Alvaro Sánch ez Bravo. (Org.) . Sostenibilidad ambient al urbana.
Sevilla: ArCiBel, 2012, v. , p. 729-762.

264

Conforme aduz o artigo 8º da Conferência Estocolmo de 1972,
os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de
produção e consumo e promover políticas demográficas
apropriadas (ALVES, J.A. Lindgren 2002, p. 35).
Todavia, José Fernando Vidal de Souza lembra que o
conceito de desenvolvimento susten tável foi de fato, definido na
Conferência de Estocolmo de 1972, e posteriormente a ONU
criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eis
então o conceito reproduzido por Ingacy Sachs:
Perdemos a inocência. Hoje sabemos que nossa civilização
e até mesmo a vida em nosso planeta estarão condenadas, a
menos que nos voltemos para o único caminho viável, tanto
para os ricos quanto para os pobr es. Para isso é preciso que o
Norte diminua seu consumo de recursos e o Sul escape da
pobreza. O desenvolvimento e o meio ambiente estão
indissoluvelmente vinculados e devem ser tratad os mediante a
mudança do conteúdo, das mo dalidades das utilizações do
crescimento. Três critérios fundamentais devem ser obedecidos
simultaneamente: eqüidade social, prudência ecológica e
eficiência econômica (SACHS op. Cit. SOUZA, 2008, p. 323).
Desta forma chama a atenção o autor para o manejo do
conceito do termo desenvolvimento sustentável:
[...]Porém, se o conceito de desenvolvimento sustentável
não for bem examinado e refletido, pode se tornar poroso e
servir de base para o pensamento eliti sta e conservador, através
de instrumentos utilitaristas, deixando de promover qualquer
alteração estrutural, acabando por ser facilmente assimilado e
engolido pelas classes dominadoras, num rápido e eficiente
arranjo de forças, reduzindo por completo seu potencial de
novo paradigma e modificador do pensamentlo social (SOUZA,
2008, p. 324).
Assim, o modo como é levado a se pensar sobre a questão
canavieira e sua expansão ec onômica pode estar conduzindo a
sociedade brasileira de uma forma geral a acredita r que o fim das
queimadas insere o setor no contexto do desenvolvimento
sustentável, por isso vale finalmente trazer a advertência do

271

promover um curso de capacitação de trabalhadores rurais na
comunidade com o objetivo de formar mecânicos e eletricistas
(MPT 15ª Região, Notícias, 2010).
O MPT da 15ª Região formalizou ainda juntamente a Usina
Zanin em Araraquara um Termo de Ajuste de Conduta. A em-
presa se comprometeu a promover a instalação de sanitários
dentro dos ônibus de transportes, também para a próxima safra
a iniciar um novo protocolo de av aliação de risco cardíaco, com
teste de eletrocardiograma com esforço para os empregados que
sejam hipertensos, obesos, dislipidêmicos, diabéticos ou que
tenham antecedentes de doenças na família, e ainda a doar 24
computadores com garantia de um ano para os municípios que
compõe a região do Centro de Referência em Saúde do Trabal-
hador (CEREST) de Araraquara (PRT 15ª, 2010).
Em outubro de 2012, decisão histórica da Justiça do Tra-
balho também em sede de Ação Civil Pública, proíbe Usina de
Cana de açúcar a efetuar os paga mentos do cortadores pelo mé-
todo da produtividade. A decisão inédita receb eu atenção do site
Repórter Brasil, de forte engajamento social, por destacar juris-
prudências que confirmar o sistema de pagamento por produção
extremamente prejudicial a saúde física e moral do cortador de
cana, e também por basear sua sentença em diversos artigos
científicos . (Repórter Brasil, 2013).
A sentença merece desta que também por dedicar parte de
seu conteúdo a história da indústria canavieira, o juiz invoca
Augusto Comte: “Não se conhe ce completamente uma ciência
enquanto não se souber da sua história”, e ressalva um sermão
do Padre Antonio Vieira para levantar a reflexão a respeito da
vida do cortador de cana de açúcar:
A descrição do doce inferno do Padre Antônio Vieira, refe-
rindo-se aos desumanos engenhos durante a época da es-
cravidão (que ainda não terminou na prática), não poderia ser
mais atual. Se, no passado, os escravos eram arrancados brutal-
mente de seus lares na África (seja pelos próprios europeus ou
vendidos por tribos inimigas), enfrentavam uma cruel viagem e
(caso sobrevivessem) eram condenad os a uma infeliz vida de

272

exploração sob a condição de rés, os trabalhadores dos canaviais
são sua versão contemporânea, dentro de outra estrutura produ-
tiva. O que são hoje os trabalhadores com baixo ou nenhum
nível de escolaridade, desesperad os por qualquer forma de trans-
formar sua força produtiva em subsistência senão os novos es-
cravos? Vale a pena ressaltar que o escravo como um bem valio-
so recebia, via de regra, cuidados mínimos para que pudesse ao
menos continuar produzindo. Compondo a parcela marginaliza-
da, desprotegida e sem especialização da população, o cortador
de cana-de-açúcar, que se encontra na contramão da tendênci a
de intelectualização do tr abalho, ingressa nessa profissão como
forma de subsistir, jamais como vocação, mas sim como p arte
de uma minúscula esfera de escolhas possíveis a essa classe,
porque, se outrora, vivia-se para trabalhar, hoje se trabalha para
viver. E qual outra classe se submeteria a tamanha desumanida -
de como é exercer esse trabal ho, senão os despossuídos, que
nada mais podem oferecer ao capital além de seus corpos e al-
mas, que são dilapidados em um constante processo de pro-
dução de mais valia? (TRT 15ª REGIÃO, Marcos Menezes B ar-
berino Mendes, 2007).
O Juiz fundamenta também sua brilhante decisão na pre-
missa filosófica, onde por meio de diversos pensadores aduz que
o ser humano não pode ser avaliado pela riqueza que produz,
que a noção de produtividade não se pode ser mais valorizada
do que a dignidade, assim como a ideia de eficiência não deve se
sobrepor a de capacidade de reflexão, o verdadeiro patrimônio
da humanidade. Como se não bastasse, inclui ainda reflexões
econômicas em seu julgamento e dentre suas inúmeras páginas,
ao pontuar o salário por produção especificamente, um trecho
da sentença merece destaque:
Transportando esse raciocínio para o caso concreto, temos
que o salário por produção, aparentemente, pode até passar a
falsa impressão de ser o melhor sistema se considerarmos o in-
teresse individual de cada trabalhador, na medida em que, em
princípio, poderia resultar em um rendimento maior. Porém,
esse sofisma se desfaz quando vemos que o melhor para o gru-

273

po (ou para a sociedade) não é o lucro imediatista, mas sim a
preservação da saúde dos trab alhadores, uma vez que todos
terão de pagar pela sua assistência social quando ele se ado entar
ou se acidentar, precisando do auxílio do INSS. E, em uma
perspectiva mais ampla, o fim do salário por produção também
é o mais benéfico para cada trabalhador isoladamente conside-
rado, uma vez que, ao preservar sua saúde, ele poderá estender
sua vida produtiva e continuar sustentando a sua família com o
fruto do seu trabalho por muit o mais tempo (TRT 15ª RE-
GIÃO, Marcos Menezes Barberino Mendes, 2007).
Levanta ainda como benefício da mudança do sistema de
pagamento por produção a força da união coletiva através do
sindicalismo, pelo qual os trabalhadores poderão exigir reajustes
salariais e elevação do piso da categoria, aliviando as perdas
momentâneas e a recomp osição salarial.
Por fim, ressalta decisões ju diciais que seguem nessa toada
de valorização da vida e dignidade humana, reproduzindo, por
exemplo, o excerto de acórdão do STF, no
HC 45.232,GB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Themístocles
Cavalcanti, j. em 21.02.1968: “... A vida não é apenas o conjunto
de funções que resistem à morte, mas é a afirmação positiva de
condições que assegurem ao indi víduo e aos que dele dependem,
dos recursos indispensáveis à subsi stência...”, in “A Constituição
Penal – A dupla face da proporcionalidade no controle das
normas penais”, Luciano Feldens, Livraria do Advogado Edito-
ra, 2005, página 174, nota de rodapé nº 287.
O juiz então condenou a Usina Santa Fé S/A a abster-se de
remunerar seus empregados, envolvidos no corte manual de
cana de açúcar, por unidade de produção sob pena de multa de
R$1.500 (mil e quinhentos reais) por trabalhador atingido, a cada
mês que se verificar o descumprimento.
A sentença ficou incólume ao ser apreciada pel o Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, e segundo o Ministério
Público do Trabalho a decisão pode abrir espaço para uma mu-
dança no setor, baseada em práticas com base em outras formas
de remuneração, que não atentem contra a saúde coletiva e des-

274

taca a importância da participação dos sindicatos para estabele-
cer um piso salarial mais elevado é de extrema importância
(PRT, 08/10/2013).
Patente, que o reconhecimento dos direitos difusos e cole-
tivos como direitos fundamenta is tem importância imprescindí-
vel para a garantia da qualidade de vida dos mais desvalidos,
sobretudo quando se trata dos cortadores de cana, seja p elas
características de seu trabalho importadas da era colonial, seja
pelas várias formas de opressão que a que foram sujeitados pelo
Poder Público que tão demoradamente permitiu que a classe se
organizasse livremente, o que se for analisar de fato, ainda não
ocorre.
Verifica-se que apesar das inúmeras participações do mo-
vimento sindical nos
encontros tripartites, as conquistas têm se limitado a garan-
tir direitos que já existem, e frequentemente as medidas propos-
tas são descumpridas. O Governo por seu turno promove ações
com o fito de melhorar as condições de vida, sem contudo, re-
gulamentar, exigir e fiscalizar seriamente se as medidas são cum-
pridas, fazendo com que os interesses das elites oligárquicas do
agronegócio prevaleçam sobre o inter esse da classe trabalhadora.
Tem-se como exemplo o Projeto de Lei de nº. 234 de 2007 7
do Deputado Federal João Dado que acrescenta o artigo 13-A
na Lei 5.889 de 1973 para dispor sobre a atividade dos trabalha-
dores no corte de cana. Entre as disposições con sta a previsão
do adicional de insalubridade em grau máximo, adicional de
penosidade e regime especial de jornada, reduzindo o período de
8 horas diárias para 6, somando-se 36 horas semanais, conquan-
to o projeto encontra-se engav etado na Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CA-
PADR) da Câmara de Deputados desde 15/07/2009.

7 BRASIL. P rojeto de Lei nº. 234/2007. Ac rescenta Art . 13-A na Lei nº 5.889, de 8 d e
junho de 1973, para dispor sobre a at ividad e dos trabalhad ores no corte de cana .
Autor Deputado João Dado. Câma ra dos Deputados, Brasília. Disponível em: <
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Det a lhe.asp?id=342571> A cesso em 13 out .
2013.

275

Se as relações de trabalho na agroindústria sucroalcooleira
pouco avança em termos de legisl ação trabalhista e as conquistas
dos entes coletivos não são suficientes para melhorar as con-
dições de vida dos cortadores de cana-de-açúcar. Assim, a batal-
ha da organização sindical é no sentido de que a promoção da
expansão do setor tenha também como objetivo garantir a dig-
nidade e cidadania da categoria.
A participação dos entes coletivos do trabalho tem im-
portância inestimável no
presente momento econômico da agroindústria da cana-de-
açúcar, sobretudo porque por meio dos discursos em prol do
“meio ambiente economicamente equilibrado”, o patronato e o
governo tem promovido a expansão canavieira pelo mundo
todo. Conquanto, vale investigar até que ponto o setor realmen-
te tem buscado assegurar que seu desenvolvimento ocorra em
equilíbrio com a natureza e até que ponto a busca incessante
pelo lucro toma dianteira dos rumos da agroindústria para que
assim seja possível compreender a complexidade do desafio, em
que se encontra o movimento dos trabalhadores rurais na defesa
dos interesses da categoria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob o pretexto da “sustentab ilidade” afirmam e confirmam
os usineiros que estão pondo fim às queimadas nos canaviais
com o objetivo de cum prir as demandas sociais e internacionai s
pelo modelo ecológico de desenvolvimento. Porém insistem em
ignorar que empregam mal esse conceito de desenvolvimento
sustentável.
Alias, se o etanol se mostra como fonte de energia renová-
vel e alternativa limpa para os combustíveis fósseis, a utilização
de colhedeiras mecânicas no processo produtivo da cana de
açúcar está muito mais relacionado com o interesse da produti-
vidade e redução dos custos da mão-de-obra do que na pro-

276

moção do equilíbrio ambiental. Afinal a utilização intensiva dos
agrotóxicos e a expansão da monocultura da cana são dois pesos
da mesma balança: a do agronegó cio. O objetivo real dos usinei-
ros é tornar o álcool uma commodity e acirrar a competitividad e
em prol do lucro máximo.
Nesse sentido a participação do Ministério Público do Tra-
balho tem sido imprescindível, não apenas na tentativa de erra-
dicar de vez a prática do trabalho escravo na agricultura brasilei-
ra, mas também nas in ciativas inéditas, como a exi gência de que
as usinas forneçam cursos de qualificação aos trabalhadores e o
fim da terceirização de serviços , traduzidas nos Termos de Ajus-
te de Conduta que contribuem para a promoção do trabalho
decente na agroindústria canavieira.
O ativismo judicial trabalhista, por sua vez, ainda se mostra
muito tímido frente a atual necessidade de se construir uma so-
ciedade mais justa e igualitária, a tomada de decisões judiciais
que provoquem efetivas mudanças sobre a realidade do cortador
de cana-de-açúcar e ingerência s obre o respectivo setor é inédita,
mas, espera-se que sirva de modelo para os demais tribunais
trabalhistas do país.
Assim, neste momento necessá rio que o Poder Judiciário
seja provocado a repensar os planos de desenvolvimento
econômico, e o real significado da teoria da sustentabilidade,
garantindo assim estratégias para que os lucros desse mercado
internacional do etanol não custem a s aúde do trabalhador brasi-
leiro.
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287

adaptadas e eficazes, unindo e dispondo os elementos e forças
produtivas e de serviços sociais no mundo tecnológico. Espe-
cialmente, os sistemas de produção e de comunicação atingem o
mais alto nível de organização e eficácia, constituindo a força e o
cérebro da sociedade industrial, que avança como um grande
sistema tecido de sistemas de grande, médio e pequeno portes.
Eles são tanto mais fortes e fecu ndos do que os que se apresen-
tavam no Estado Moderno, são bem organizados em si mesmos
e mais bem entrosados com os ou tros sistemas. Esses sistemas
ou formas racionais de organi zação precisam de um paradigma
que torne suas ações humanizadas e solidárias.
Portanto, o surgimento de uma nova forma de pensar e agir
individual e social deve vir so lidária e humanizada; desapegada
do individualismo, significando um verdadeiro o upgrade civili-
zatório.
2. A SUSTENTABILIDADE COMO
PARADIGMA DA PÓS-MODERNIDADE
A Pós-Modernidade exige a mudança dos valores indivi-
duais e sociais. Valores que permitam a harmonização da sobre-
vivência digna do ser humano em ambiente saudável. Valores
que poderão ser alcançad os através do paradigma da sustentabi-
lidade.
Em tempos de “cultura-mundo” deve-se falar numa política
de integração entre as nações. Integração que deve suprir as
necessidades de todos os países, em bora estejam em fases de
desenvolvimento diferentes. Integração que não deve se sobre-
por ao nacionalismo, deve se ajustar a ele; pois o excesso d e
nacionalismo estremece a integraçã o cultural entre os países.
A sustentabilidade é o novo paradigma da humanidade na
pós-modernidade. Supõe introduzir as trocas necessárias para
construir uma sociedade global capaz de perpetuar-se indefini-
damente em tempo e condições dign as de garantia das suas ne-

288

cessidades vitais e artificiais. Não há como pensar a sustentabili-
dade parcial, de uma ou alguma s nações, ou em Estado-nação
sustentável. Para se falar em sus tentabilidade deve-se pensar na
humanidade e não nas nações individualmente.
O termo “necessidades artificiais ou intelectuais” acima
identificado é citado por Gabriel Real Ferrer 17 . Enquanto que as
necessidades vitais são entendidas co mo as necessidades biológi-
cas do ser humano.
As “necessidades artificiais” dos seres humanos podem ser
exemplificadas como sendo o conhecimento, a informação, o
trabalho, o deslocamento rápido, entre outros.
Os seres humanos devem atender as próprias necessidades,
sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atende-
rem as suas próprias, conforme o Relatório Brundtland, ou do-
cumento “Nosso Futuro Comum” apresentado na Assembléia
Geral da ONU em 1987. Tal documento originou o conceito de
sustentabilidade como sendo a ação em que a elaboração de um
produto ou desenvolvimento de um processo não deve com-
prometer as suas fontes, garantindo a reprodução de seus meios;
conforme José Henrique Faria 18 .
A exploração dos recursos naturais, os investimentos e o
desenvolvimento tecnológico adquiririam um sentido harmonio-
so na construção de um futuro justo, seguro e próspero, segun-
do Dalia Maimon 19 . Este raciocínio deve repercutir no compor-
tamento individual e social a fim de buscar o desempenho am-
biental na produção, gestão e distribuição do produtos de modo
eficiente.
Anote-se que sustentabilidade e desenvolvimento sustentá-
vel são concepções diferentes. O desenvolvimento sustentável

17 FERRER, Gabriel Real. La constr ucción del D erecho Am biental. In: Revista Aran-
zadi de Derecho Ambiental (Pamplona, España ), nº 1, 2002, págs. 26.
18 F A R I A , J o s é H e n r i q u e . Por uma Teoria Crítica da Sustentabilidade . In: NEVES,
Lafaiete Santos (organizador). Sustentabilidade – Anais de Textos Se lecionados do
V Seminá rio sobre Sustentabili dade . Curitiba: Juruá, 2011, p. 17.
19 MAIMON, Dalia. Passaporte Verde : gestão ambiental e competividade. Rio de
Janeiro? Qualitym ark editora, 1996, p. 9

289

consiste na limitação, ou seja, na regulamentação da sustentabi-
lidade, enquanto a sustentabilidade consiste nas trocas de com-
portamentos necessárias a sobrevivência da humanidade e do
meio ambiente, flexibilizando as noções de globalização e não
globalização, crescimento ou decrescimento, desenvolvimento
ou involução, conservação ou transformação.
Gabriel Real Ferrer 20 , esclarece:
Recapitulando en esta dicotomía, en la noción de Desarro-
llo Sostenible , la sostenibilidad opera negativamente, se entien-
de como un límite: hay que desarrollarse (lo que implica concep-
tualmente crecer) pero de una deter minada manera. Sin embar-
go, la Sostenibilidad es una noción positiva y altamente proac-
tiva que supone la introducción de los cambios necesarios para
que la sociedad planetaria, constituida por la Humanidad, sea
capaz de perpetuarse indefinidamente en el tiempo. Sin prejuz-
gar si debe o no haber desarrollo (crecimiento), ni donde sí o
donde no. En este sentido, uno de los rasgos esenciales de la
sostenibilidad, y de las acciones que persiguen este objetivo, es la
flexibilidad. (...) En el discurso dominante, muy propio de algu-
nos sectores interesados en consolid ar una determinada inter-
pretación del desarrollo sostenible, lo que se nos plantea son una
serie de opciones, aparentemente inexorables. O nos desarro-
llamos o volvemos a las cavernas. Pero esto no es así, con toda
seguridad va a resultar preciso, a la vez, globalizar y desglobali-
zar, crecer y decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y
transformar.
Assim, a sustentabilidade na ace pção positiva e proativa do
termo é comportamento que se enfe ixa em quatro partes a ambien-
tal que assegura a sobrevivência do s sistemas naturais; a social que
cria a nova ar quitetura soci al, govern anç a, inclusão e justiça social; a
econômica que busca o equilíbrio e n tre a criação e a destruição da

20 FERRER, Gabriel Real. Sobre el Con cepto de Sost enibilid ad. In: Seminário Los
Princípios Constitucionales y la Protección a la V ida, ministr ado em 22 de ma io de
2012 no Ayun tamient o de Alicante – Espanha, p. 5.

290

natureza e da distribuição de capi tal e; a tecnológica, a qual coloc a a
ciência e tecnologia a se rviço de seu objetivo.
Este comportamento depende do câm bio cultural que pode
ser entendido como o ponto de equilíbrio entre os paradigmas
da liberdade e igualdade; baluartes do Estado Moderno.
Nas palavras de Carlos Josaphat 21 , a humanidade está vi-
vendo uma nova fase de renascim ento da esperança. Uma fas e
de integração de toda a família humana influenciada por fatores
que, ao mesmo tempo em que favorecem a universalização dos
valores fundamentais consubstanciados numa ética universal,
são utilizados também para a expansão de privilégios injustos e
ofensivos à dignidade humana.
E, como paradigma da humanidade, não há como falar em
viabilidade da sustentabilidade sem pensar em um mínimo de
dignidade do ser humano. Sustentabilidade como paradigma de
aproximação dos diferentes valores culturais, a fim de permitir a
sobrevivência digna do ser humano na natureza.
Na esfera econômica vivemos o comércio das corporações
regido pelas leis de mercado. Mas conforme Carlos Josaphat 22 ,
apesar das resistências e das simulações mais ou menos sofisti-
cadas, como a ideia de uma globalização aética, que seria deco-
rrência inevitável das “leis de mercado” e de um insuperável
“relativismo ético”, vem crescendo no mundo todo, a consciên-
cia da supremacia necessária dos valores éticos, pautados na
defesa da dignidade humana, universalmente concebida.
Para alcançar este valor ético da dignidade da pessoa huma-
na e o paradigma da sustentabilidade será necessári o o diálogo
entre os diferentes saberes, a fim de ajustar a lei e o poder à
realidade atual.

21 JOSAPHAT , Carlo s. ÉTICA MUNDIAL esperanç a da human idade global izada.
Editora Vozes , Petrópolis: p.13.
22 JOSAPHAT , Carlo s. ÉTICA MUNDIAL esperanç a da human idade global izada.
Editora Vozes, Petrópolis: p.13-1 4.

291

Assim, importante investigar o diálogo entre o Direito e a
Economia, sob o olhar do paradigma da Sustentabilidade
Econômica.
3. A SUSTENTABILIDADE COMO
MEDIADORA DO DI ÁLOGO EN TRE
O DIREITO E A ECONOMIA
O diálogo entre o Direito e a Economia é tarefa restrita no
âmbito empírico ante o “(...) inescondível desconhecimento das
regras formais do funcionamento do mercado pelo campo do
Direito” conforme Alexandre de Morais da Rosa 23 . Entretanto,
se tal diálogo for mediado pe la sustentabilidade econômica tal-
vez possamos alcançar um único discurso.
A análise do Estado Democrático de Direito sob o olhar do
Garantismo Jurídico está baseada no respeito à dignidade da
pessoa humana e seus direitos fundamentais, como sujeição
formal e material das práticas jurídicas aos conteúdos constitu-
cionais, descolados de uma compreensão essencialista para Ale-
xandre Morais da Rosa 24 .
As regras legais, segundo o Direito, estão adequadas aos
novos anseios da Pós-Modernidade. Entretanto, sob a perspec-
tiva da Economia não se observa esta perspectiva otimista. Exis-
tem lacunas que precisam ser sup ridas e até que assim sejam,
prevalece na prática o interesse patrimonial alimentado pelo
consumismo.

23 ROSA, Alexandre Morais da. Crítica ao Discurso da La w and Economics: a Ex-
ceção Econômica no Direito. In: RO SA, Alexandre Mora is da; LINHARES, Jos é
Manuel Aros o. 2ª edição revisada. Rio de Jan eiro: Lumen Jorus. 2011, p. 89.
24 ROSA, Alexandre Morais da. Crítica ao Discurso da La w and Economics: a Ex-
ceção Econômica no Direito. In: RO SA, Alexandre Mora is da; LINHARES, Jos é
Manuel Aros o. 2ª edição revisada. Rio de Jan eiro: Lumen Jorus. 2011, p. 15.

292

Sabine Schlemmer-Schulte 25 afirma que sob a ótica do Di-
reito as regras existentes da política monetária internacional ,
financeira, comercial e de investimentos garantem a igualdade
formal entre os países. Mas sob o ponto de vista da Economia
existem muitas lacunas e assimetr ias graves que não permitem o
desenvolvimento dos países na nossa atual ordem econômica
internacional.
Portanto, a falta de sincronia entre Direito e Economia faz
com que observe-se o desequilíbri o completo entre os dois sa-
beres, com ascendência do econôm ico sobre o jurídico, e com a
prevalência da figura do mercad o como referência paradigmática
inquestionável graças ao consumo para a sociedade.
Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Jú-
nior 26 , afirmam que a teoria da Análise Econômica do Direito
constitui o que há de mais sofisticado atualmente no pensamen-
to neoliberal. A partir desta concepção, as normas do direito
civil são erigidas ao status de normas constitucionais, os direitos
fundamentais são reclassificados como patrimo niais, e o juiz
deixa de ser visto como agente-garante para assumir a condição
daquele que aplica a norma sem refletir sobre ela, aplicação esta
a serviço do mercado e da lógica da melhor alocação de rique-
zas. Por este caminho, a relação Direito e Economia se dá numa
perspectiva instrumental, que descon sidera por completo a au-
tonomia do jurídico.
A análise revisional de um contra to, por exemplo, deve atingir a
sua função que entre outros fatores pr opõe a circulação de riquezas.
Entretanto a circulação de riqueza s deve ser pensada e aplicada s e -
gundo a sua função social e não somente individual.

25 SCHLEMMER-SCHULTE, Sa bi ne. Internatio nal Fina ncial Insti tutions, WT O, and
Social Or dering: Human Righets, Lab or Standards , Environmental an d Consum er
Protection in the Global Economy.. In: NEVES, Marcelo (Coordenação). Trans nacio-
nalidade do Direito: novas perspectivas do s conflitos entre ordens jurídicas. São
Paulo: Qu artier Latin, 2010, p. 310.
26 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O
processo eficiente n a lógica econôm ica: d esenvolvimento, aceleração e
direitos funda mentais. Itajaí: UNIVALI/FAPE SC. 2012, p. 16

293

A fim de harmonizar os passos que embalam a valsa entre o
Direito e a Economia é importante traçar algumas observações
sobre o modelo político-econômico chamado neoliberal global.
Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 27
esclarecem que o modelo político-econômico prevalecente é o
chamado neol iberal global . Embora não seja homogêneo em todas
as partes do globo consiste numa corrente de pensamento que
surge no segundo pós-guerra, na Europa e Estados Unidos,
onde predominava o capitalismo como sistema de organização
social. Este modelo político-econômico se desenvolveu em três
fases.
A gênese do pensamen to neoliberal tem como marco
doutrinário o texto O Caminho da Servidão, de Friedrich Au-
gust Von Hayek, de 1944. Este texto constituiu um manifesto
contra os Estados totalitários e contra qualquer limitação estatal
dos mecanismos de mercado. Acrescentam Alexandre Morais da
Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 28 que em 1944, já anteven-
do a vitória bélica na Europa, os Estados Unidos mobilizaram
44 países para transmitir as novas orientações e diretrizes políti-
co-econômicas, legitimando, assim, a criação, que ocorreria logo
depois, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.
Essas instituições assumiriam papel de fundamental importânci a
para a expansão planetária da primeira fase do neoliberalismo.
A segunda fase, seguindo ainda o pensamento de Alexandre
Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 29 ,consolida-se a
partir das décadas de 1970 e 1980, com a fragilização econômica
decorrente da crise do modelo do Es tado de bem-estar em 1973,
com a denominada Crise do Petr óleo que atingiu todo o mundo

27 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo
eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen-
tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 15
28 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo
eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen-
tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 18
29 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo
eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen-
tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 18

294

capitalista avançado e numa longa recessão combinou baixo
crescimento com alta de inflação. Destaca-se n esta fase também
em 1979 e 1980 o início de políticas econômicas monetaristas
impostas pelo governo para combater a inflação através do equi-
líbrio orçamentário, dando ênfase ao livre mercado, especial-
mente com Margareth Tatcher na Grã-Bretanha, e Ronald
Reagan nos Estados Unidos. É ta mbém nessa fase que ocorrem
as políticas de mercado para os países latino americanos que
ofereciam recursos das agências financeiras internacionais exi-
gindo em troca reformas neoliberais nos países aderentes. Surge
o país pioneiro do ciclo neoliberal da história contemporânea: o
Chile nos anos 70. Sob a dura ditadura de Pinochet, e seguindo
as orientações econômicas de M ilton Friedman, o Chile pôs em
prática a primeira experiência ocidental do modelo econômico
neoliberal.
A terceira fase ocorre na década de 1990, narram ainda Ale-
xandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 30 marca-
da pela queda do muro de Berlim, e pelo movimento denomina-
do Consenso d e Washington , que radicalizou a política de condicio-
namento promovida pelas instituições financeiras internacionais.
A partir de então, redefine-se que o neoliberalismo deveria alca-
nçar nível planetário, forçando a derrubada de barreiras nacio-
nais para o fluxo do capital dos países centrais através das priva-
tizações e desregulamentação da econ omia. No Brasil a reforma
gerencial de Estado promovida pelo governo Fernando Henri-
que Cardoso coloca em prática políticas privatizantes voltadas
para a redução da máquina estatal. A partir do final da década de
1990 e início dos anos 2000 inicia-se a atual fase do neolibera-
lismo global, prevalece a especulação financeira, a degradação do
trabalho, o aumento de investimento de recurs os públicos e
privados em segurança, e o mais alto nível de privatização d o
Estado, com a ‘terceirização’ do aparato de guerra e com a trans-

30 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo
eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen-
tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 18-20

295

ferência de recursos públicos para reduzir as externalidades do
mercado, salvando bancos e grandes empresas. Neste modelo, o
mercado é mitificado. Trata-se de uma ficção que exerce papel
simbólico estratégico no imaginário coletivo. No projeto de
globalização deste modelo político-econômico, tal figura tornou-
se fundamental para legitimar a racionalidade eco nômica. Atre-
lado ao significante liberdade , o mercado representa o ambiente
onde os “ homo oeconomicus” se relacionam e interagem. Sempre
movidos por uma razão que os conduzem a buscar e maximizar
seus interesses, numa conduta despid a de ética. Este é o movi-
mento que legitima, segundo os autores do neoliberalismo, as
relações humanas. Legitima a vida, na ideia de que vencem aq ue-
les mais preparados para lidar com as adversidades do ambiente.
Por fim arrematam Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar
Marcellino Júnior 31 que no Brasil da década de 90 até os dias de
hoje o neoliberalismo se estabeleceu. Mesmo com expressivos
avanços na área social e na redução do quadro de pobreza, a
política econômica tem se mantido fiel às diretrizes desenvolv i-
mentistas traçadas pelo Fundo Monetário Internacional. A
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com
toda sua carga compromissória e social chegou tarde. Previu um
Estado Social para o Brasil quando já estava em curso o regime
neoliberal. Foi implementado um duro modelo desenvolvimentista ,
que impunha ao país o ‘compromisso-dever’ de buscar incessan-
temente o estágio de dese nvolvimento dos países centrais, antes
de gozar das benesses do tão almejado e necessário bem-estar
social .
Entretanto, o cotidiano se apre senta como espaço de trans-
formação dos fenômenos culturais conforme Sérgio Ricardo
Fernandes de Aquino 32 . E a “cultura-mundo” traz o paradigma

31 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo
eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen-
tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 20
32 AQUINO, Sérgio Ricard o Fernand es de. Rumo ao desc onhecido: in quietações
filosóficas e s ociológicas sobre o direit o na pós-modernidad e. Itajaí: UNIVAL I, 2011,
p. 143.

296

da sustentabilidade para permear equilíbrio a liberdade, a fim de
permitir a igualdade.
Ressaltam Sérgio Augustin, Natacha John e Fernanda Odo-
rissi 33 que a Constituição da República Federativa do Brasil nã o
abdicou do neoliberalismo global; pois edificada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa. A ordem econômica
inserta na Carta Maior determina a observância de princípi os
como a propriedade privada, a função social da propriedade, a
livre concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente,
nos termos dos incisos do seu art. 170. Percebe-se, em função
da livre iniciativa, a consagraçã o da economia de mercado, evi-
denciando nitidamente a inspiração ca pitalista da constituinte de
1988, entretanto, mesclada com um forte cunho social, quando
dispõe, juntamente com esta, a valorização do trabalho humano.
Nota-se uma postura híbrida da nossa atual Constituição, qu e
ora enfatiza um modelo de capitalismo neoliberal, ao mesmo
tempo em que destaca um interve ncionismo sistemático, de-
monstrando com isso vários elementos socializantes. Salienta-se
que mesmo assim, ou seja, mesm o com a presença de tais ele-
mentos socializantes, a Constituinte de 1988 não deixa de carac-
terizar o modo de produção capitalista.
O ajuste entre Direito e Economia na Pós-Modernidade
prescreve a necessidade do jurista e do economista pensar as
relações jurídicas sob a ótica da sustentabilidade. E, impõe que a
Governança também se ajuste a este p ensar e agir.
Governança é termo oriundo de governa nce , expressão que
surgiu a partir de reflexões cond uzidas pelo Banco Mundial que
pretende aprofundar o conhecimento das condiçõ es que garan-
tem um Estado eficiente na esfera econômica, social e política

33 AUGUSTIN, Sérgio; JOHN, Natacha; ODORISSI, Fernanda. O princípio da
função sócio amb iental d a propriedad e à luz da Consti tuição Federal d e 1988. In:
BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Marcio Ricardo; SAVARIS, José Antonio; DUARTE,
Maria Raquel(Org.) . A Judicialização dos d ireitos versus acesso à justiça. Itajaí:
UNIVALI, 2012, p. 47- 49.

303

ORDEM ECONÔMICA E MEIO
AMBIENTE NO BRASIL:
ELEMENTOS TEÓRICOS E
FUNDAMENTAIS À SOLUÇÃO DE
CASOS JUDICIAIS CONCRETOS . 1
Rogério Gesta Leal 2
I – Notas Introdutórias
Pretendo neste ensaio abordar o tema da relação entre meio
ambiente e ordem econômica no B rasil, notadamente para os
fins de estabelecer como isto dever ser levado em consideração
na decisão de casos judiciais concretos que envolvam bens e
interesses ambientais e econômicos. Para tanto, vou tecer algu-
mas considerações preambulares sobre o tratamento normativo
que é dado ao meio ambiente na ordem constitucional e como

1 Trabalho prepar ado para ser pu blicado no livro Médio Ambiente y Justicia , editado
pela Asociación Andaluza de Derecho, Mé dio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sob
a direção do Prof . Dr. Álvaro Sánches Bra vo.
2 Rogério Gesta Leal é Desembargador do Tribunal de Justiça d o Estado do Rio
Grande do Sul, Doutor em Direito, Prof essor da UNISC e UNOE SC. Professor Visi-
tante da Università Túlio A scarelli – Roma Trè, Universidad de La Coruña – Espan-
ha, e Universidad de Buenos Aires. Profe ssor da Escola Nacional d e Formação e
Aperfeiçoamento da Magistratura – ENFAM. Membro da Rede de Direitos Funda-
mentais-REDIR, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, Brasília. Coordenador Cientí-
fico do Núcleo de Pesquisa Judiciária, da Escola Nacion al de Formação e Ap er-
feiçoamento da Magistratura – ENFAM, Brasília. Membro do Conselho Científico do
Observatório da Justiça Brasileira.

304

isto se conecta à ordem econômica, após o que serão constituí-
das algumas ferramentas argumentat ivas para auxiliar o deslinde
de conflitos que possam se esta belecer no particular, apresen-
tando, no particular, um caso judicial que tive oportunidade de
julgar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul-
Brasil.
II – Meio ambiente, ordem econômica e
Constituição: prognósticos do sistema jurídico
brasileiro orientado pelos Direitos Fundamentais
e sua dimensão am biental.
Estou convencido, com outros filósofos e juristas no Oci-
dente, que há uma relação interna e condicionante – e não sim-
plesmente histórica e contingente associação – entre as normas
jurídicas e a democracia (com suas representações institucio-
nais), assim como ocorre com a relação entre as previsões for-
mais de equidade e suas dimensõe s materiais, caso contrário se
esvaziaria o próprio sentido do sistema jurídico como um todo 3 .
Tal relação evidencia-se no âmbito do conceito de lei como resul-
tado de procedimentos que veiculam os interesses sociais pela via
da comunicação e interlocução dos sujeito s afetados pela no rma,
pondo-se como mais democrático aque les procedimentos que mais
se aproxima m da manifestação da vo ntade popular direta .
A legal orde r is legitimate to the extent that it secures the
equally fundamental private and civic autonomy of its citizens; but
at the same time it owes its le gitimacy to the fo rm s of communica-
tion which are essential for this autonomy to express and preserve
itself. That is the key to a proceduralist conception of law 4 .

3 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norm s: contribuctions to a discourse theo-
ry of law and democracy. Cam bridge: MIT Press, 1998, p.47.
4 Cf. HABERMAS , Between facts and norms , op. cit. , p. 493. T al perspectiva se af asta da
assertiva d e que as tes es de Habermas pretendem in stituir u ma salvaguarda às

305

Mas como se estabelece a relação en tre a manifestação da
vontade social em face do sistema jur ídico que a regula no dia a
dia de seu evolver? Dá-se pela via da transmutação desta vonta-
de em códigos normativos constitucionais e infraconstitucionais
(tanto princípios como regras). Tais comandos vi nculantes esta-
belecem, em caráter exemplificativ o, as possibilidades emancipa-
tórias do convívio social, ratificando suas funções civilizatórias e
compromissórias à inclusão dos sujeitos de direitos na ambiên-
cia do tecido social.
Estou dizendo que as normas insertas no sistema jurídico
vigente, enquanto deontológicas, seja na forma de princípios ou
regras, constituem um momento objetificante das normas axio-
lógicas previamente demarcadas pe lo processo político e legisla-
tivo legítimo da manifestação de vontade da soberania popular,
identificando as eleições comunitárias atinentes à vida que dese-
jam partilhar, a partir, por óbvio, dos pressupostos mínimos
existentes para tanto (constituídos por esta mesma Soberania), a
saber: the basic rights to conditions of li ve which are socially, technically
and ecologically secure to the degree nece ssary for equal ability to make use of
rights 5 .
Neste sentido, mister é que se identifique de que maneira
tais parâmetros normativos abordam o tema do meio ambiente,
objeto deste estudo particular.

relações sociais que não é de ordem jurí dica, o que implicaria um a autonomia da
Sociedade diante do Direito (como q uer STRECK, Lenio Luis. Jurisdição Constitucio-
nal . Rio de Janeiro: Foren se, 2005, p.176, isto porqu e, na realidade, quaisqu er salva-
guardas – institucionais ou não – dos sujeitos de direito são trabalh adas pelo filósofo
tedesco numa acepção epistemológico-arg umentativa, tomando como pressupost o
lógico-const itutivo o seu processo/procediment o de construção, bem como a forma
de operacionalização individual e colet iva delas, reciprocamen te condicionadas pela
necessidad e de justificação e fu ndamentação racion al-comun icativa. Assim, é óbvio
que é a ordem jurídica legitimament e forjada por consensos comunicativos que
garante a auton omia não diretame nte da so ciedade, mas dos sujeitos que a consti-
tuem (os qu ais, por sua vez, en sejam a form atação de um m odelo de Sociedad e
historicam ente situada e comprom issad a, axiológica e deont ologicamente).
5 Conforme H ABERMAS, J ürgen. Postscript to Betw een Facts and Norms . In New York
University Law Journ al, E. 154. New York Universit y Press, sep. 2004, p. 50.

306

De pronto importa referir que qualquer sistema jurídico
ocidental pode ser tomado em, pelo menos e preambularmen te,
duas acepções: a gramatical (em face de seus enunciados que
pretensamente estão racionalmente constituídos e concatena-
dos), e a pragmática (enquanto projeção empírica de seus co-
mandos sobre a realidade circundante do cotidiano das pessoas).
Daí que se diz que o sistema jurí dico é sempre o que ele expres-
sa e a sua testificação empiriocriticista 6 – haja vista a complexidade
do processo relacional que ele mantém com a conjuntura incon-
trolável do tempo e do espaço em que opera. Em face disto,
pode-se sustentar que as formas de interpretação e aplicação do
sistema jurídico assim concebido devem ter presente a criação
de condições para que a norma interpretada e aplicada ao caso
concreto tenha eficácia (temporal e es pacial), sempre no sentido
da realização dos elementos axiológicos que o fundaram e qu e
vinculam a todos sob sua égide.
Estou asseverando que de nada adianta a aplicação de nor-
ma que venha a ser absol utamente desconectada de uma realida-
de histórica que não mais comporta aquela interpretação, ou que
não leve em conta o universo de variáveis que estão presentes
empiricamente no caso. Entretanto, o oposto não pode ocorrer,
que seria o intérprete responsável pel a aplicação da norma ao
caso concreto deixar de dar o seu correto direcionamento valo-
rativo, oferecido pela Constituição, especialmente por seus prin-
cípios fundamentais.
De outro lado, a noção de sistema jurídico que tomo como
base aqui, precisa ser sempre relevada na dicção do que susten-
tava Savigny 7 , no sentido de permanentemente lembrar a ne-
cessária concatenação interior que liga todos os institutos jurídi-
cos e as regras de Direito a uma grande unidade ordenadora das
relações sociais.

6 VERDROSS, Alfred. La filosofía del derecho del mundo occidental. Méxi co: Universidad
Nacional Aut ónoma de México, 1982, p.118.
7 SAVIGNY, Fredrich Carl. Sistema del Diritto Romano Attuale. Turim: Daltricce, 1960,
pág.118.

307

Tal unidade sistêmica tem, por sua vez, à luz do que dispõe
Robert Alexy 8 , três níveis, que se con stituem em: ‘ regras ’, ‘ princí-
pios ’ e ‘ procedimentos ’; fundadas, pois, na idéia da razão prática do
direito, passível de controle e c onstituição dialógica pelos ator es
atingidos ou envolvidos em qualquer relação intersubjetiva deci-
sional sobre interesses e pretensões, privadas e públicas.
Hay que excluir un legalismo estrictamente orientado por
las reglas. Por razones de racionalidad práctica, es irrenunciable
la presencia de principios y com ello - dicho com outra termino-
logía - de valores en el sistema jurídico. En un Estado cons titu-
cional democrático, los principios tienen si no exclusivamente sí
en una buena parte su ubicación jurídico-positiva en la Constitu-
ción. 9
Quando o sistema jurídico brasileiro fala do meio ambiente,
o faz pela via de dispositivos de natureza principiológica e re-
gratória, alguns inscritos no art. 225, da Constituição Federal de
1988, bem como em outros comandos dispersos tanto na Carta
Política como na legislação infraconstitucional, que orientam a
interpretação e aplicação da legislação e também d a política am-
biental, dentre os quais posso destacar os seguintes: o princípio
da prevenção, o princípio do pol uidor-pagador ou princípio da
responsabilização, e o princípio da cooperação ou da participa-
ção 10 . Estes princípios, só para dizer o mínimo, estão condensa-
dos, ao lado de outros, nas di sposições normativas federais, es-
taduais e municipais brasileiras atinentes à espécie.
Decorre daqui a tese de que a política ambiental não pres-
cinde apenas da atuação do poder público, mas de ações solida-
riamente responsáveis que envolvam tanto o Estado quanto a
coletividade, pois:
[...] os administradores, de meros beneficiários do exercício
da função ambiental pelo Estado que eram passam a ocupar a

8 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho . Barcelona: Editorial Gedisa, 19 97,
pág.174.
9 Idem, pág.176.
10 Como quer DERANI, Cristiane. Direito ambiental econô mico . São Paulo: Max Limo-
nada, 2002, p. 164 e seguintes.

308

posição de destinatários do dever poder de desenvolver com-
portamentos positivos, visando àqueles fins. Assim, o traço que
distingue a função ambiental pública das demais funções estatais
é a não exclusividade do seu exercício pelo Estado. 11
De outro lado, qualquer política ambiental tem de levar em
conta: 1) a adoção de medidas preventivo-antecipatórias em vez
de medidas repressivo-mediadoras; 2) o controle da poluição na
fonte, ou seja, na origem (especial e temporal); 3) quanto à polí-
cia do ambiente, esta deve ser exercida no sen tido de obrigar o
poluidor a corrigir e recuperar o ambiente 12 .
Mas de que meio ambiente trata o sistema jurídico brasilei-
ro? É comum se afirmar que o conceito de meio ambiente nos
últimos anos tem obtido ampliação significativa, inclusive em
termos de espécies distintas mas integradas, tais como meio a m-
biente natural e meio ambiente artificial, que, por seu vez, se
subdivide em meio ambiente artifi cial ou urbano, meio ambiente
cultural, meio ambiente do trabal ho, dentre outras classificações
que poderiam ser agregadas. Nesta direção, o meio ambiente
artificial diz com a criação humana material e intel ectual, o pa-
trimônio histórico e o meio ambiente do trabalho humano –
onde são tutelados bens atinentes à s aúde e à segurança do tr a-
balhador, cabendo ao empregador, - por meio do método pre-
ventivo e de maneira objetiva -, arcar com o risco inerente às
atividades desenvolvidas pelo empregado.
Já no que tange à relação do meio ambiente co m a ordem
econômica, importa observar o que está disposto no art.170, da
Constituição Federal, modifica do pelos termos da Emenda
Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, no sentido de
que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa-

11 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpret ação e
crítica. São Paulo: Malheiros, 2004, p.119.
12 CANOTILHO, J. Actos jurídicos públicos e respon sabilidade por danos ambientais . I n
Boletim da Faculdade d e Direito.Coimbra, v. 9, 1993. p. 47.

309

dos, dentre outros princípios, o estabelecido no inciso VI, a
saber: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos d e
elaboração e prestação . 13
Nada mais coerente do que esta modificação impressa pela
Emenda Constitucional referida, em face da prioridade que a
ordem econômica dá ao asseguramento a todos de existência
digna, o que não existe sem um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, possibilitando a sadia qualidade de vida de todos. 14
Por estas razões é que o próprio conceito de dano ambien-
tal também restou ampliado, para atender os multifacetados
caracteres do conceito de meio ambiente referidos. Assim é que
a doutrina insiste com o fato de que dano ambiental é a lesão aos
recursos ambientais, com conseqüe nte degradação - alteração adversa o u in
pejus - do equilíbrio ecológ ico e da qualidade de vida . 15 De outro lado, os
recursos ambientais sob a pers pectiva normativa, consoante os
termos do art. 3º, inc. V, da Lei Federal nº 6.938/1981, são: a
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora.
Daí que Paulo Affonso Leme Machado define o dano am-
biental como aquele sofrido pelo conjunto do meio natural ou
por um de seus componentes, levado em conta como patrimô-
nio coletivo, independentemente de suas repercussões sobre
pessoas e bens. É a lesão (alteração, prejuízo de um fator ambi-

13 Faço uma abor dagem ampliada des ta discussão em meu livr o LEAL, Rogér io
Gesta. A função social da cidade e da propriedade no Brasil. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998.
14 Portanto, destoando da orient ação econ omicista de COASE, Ronald Henry. The
problem of social cost . In Journal of Law and Economics. 3(1) , 1. 1960, p.16. para quem,
por mais que se fixasse legalmente o direito de um condomínio exigir medidas
ambientalistas de uma fábrica que estivesse po luindo o ambiente vivido, se os custos
de remo ção do condo mínio fo ssem infe riore s aos custos de tais medida s, a fábrica
deveria paga r aos condômino s para que se mu dassem, a o invés de reduz ir seus
níveis de poluição.
15 MILARÉ, Edis . Direito do ambiente . São Paulo: Revist a dos Tribunais , 2001. p. 421-2.
Ver também o excelente t exto de BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direi to
Ambiental em questão . Lisboa: Institut o Piaget, 2004.

310

ental ou ecológico, ar, água, solo, floresta, clima etc.), que gera
uma modificação - para pior - da condição de equilíbrio ecológi-
co do ecossistema local ou abrangente. 16
Decorre daí as preocupações com a questão, por exemplo,
da sustentabilidade, aqui enten dida fundamentalmente nas suas
dimensões: (a) social, verdadeira finalidade do desenvolvimento;
(b) a cultural; (c) do meio ambiente, e a (d) econô mica.
Neste particular, é preciso atentar para o fato de q ue a estas
questões estão associadas tantas outras, como a distribuição
territorial equilibrada de assentamentos humanos e atividades,
afigurando-se a sustentabilidade econômica não como condição
prévia para as anteriores, mas va riável que tem de ser mensurada
contingencialmente tendo em conta as demais sustentabilidades;
estão presentes aqui também questõ es relativas à existência ou
falta de governabilidade política e a geração de políticas públicas
curativas e preventivas das sustentabilidades referidas. 17
Por tais razões que Henrique Leff insiste no fato de que o
princípio de sustentabilidade surge como uma resposta à fratura
da razão modernizadora e como uma condição para construir
uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial ecoló-
gico e em novos sentidos de civilização a partir da diversidade
cultural do gênero humano. 18 Da mesma forma o magistrado
federal Zenildo Bodnar refere que esta sustentabilidade deve ser
entendida como imperativo ético tridimensional: implementado
em solidariedade sincrônica com a geração atual, diacrônica com
as futuras gerações, e em sintonia com natureza, ou seja, em
benefício de toda a comunidade de vida e com os elemen tos
abióticos que lhe dão sustentação. 19

16 MACHADO, Paulo Affonso Le me. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Malhei-
ros, 2002, p.118. Ver igualmente o trabalho d e FREITAS, Vladimir Pas sos de (org.)
Direito ambiental em evolução . Curit iba: Ju ruá, 1998.
17 Ver o texto de SA CHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável . Rio de
Janeiro: Garam ond, 2002.
18 LEFF, Henrique. Saber Ambiental: susten tabilidade, racion alid ade, complexidade,
poder. Pet rópolis: Editora Vozes , 2005, p. 31.
19 BODNAR, Zenildo. Reflexões ini ciais sobr e a Jurisdição Ambiental e a Sustentabi-
lidade. P. 06. Texto virtual, enviado pelo autor em 15/04/2009. No m esmo texto aind a

311

Em face destes elementos a doutrina especializada brasileira
tem se referido à importância de um outro princípio, o da pre-
caução, como um dos principais orientadores das políticas am-
bientais, além de ser elemento estruturante do direito ambiental.
No Direito Positivo Brasileiro, o Princípio da Precaução
tem seu fundamento na L ei da Política Nacional do Meio Ambi-
ente (Lei 6.938/81), mais especificadamente no seu artigo 4°, I e
IV, que expressa a necessidade de haver um equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e a utilização dos recursos naturais,
e também introduz a avaliação do impacto ambiental como re-
quisito para a instalação da atividade industrial.
A Constituição Federal vigente, da mesma forma, incorpo-
rou o Princípio da Precaução em seu artigo 225, § 1°, V, ao as-
severar que todos têm direito ao meio am biente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidad e de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o de ver de preservá-lo para as present es
e futuras gerações .
Tais perspectivas estão a impor ao Estado e à coletividade
uma nova postura e comportamento em relação às questões
ambientais, pois tais princípios exigem que sejam adotadas me-
didas ambientais que, num primeiro momento, obstem o início
de uma atividade potencialmente e/o u lesiva ao meio ambiente,
atuando também quando o dano ambiental já está concretizado,
para que os efeitos danosos sejam minimizados ou cessados.
Assim, conforme Antunes 20 , a precaução não só deve estar
presente para impedir o prejuízo ambiental, que possa resultar
das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a pre-

adverte o autor: A susten tabilidade deve ser compreendida e operacionalizada
numa tríplice dimensão: ecológica, econômic a e social. Deve represent ar não apenas
a gara ntia da m anutenção futura dos ben s ambie ntais, ma s també m a mel hora da s
condições gerais de vida para as futu ras gerações. Esta é uma imposição perempt ó-
ria do princípio da equidade intergeracional.
20 ANTUNES, Pa ulo de Bessa. Curso de direito ambiental: doutrin a, legislação e jurispru-
dência . Rio de Janeiro: Ren ovar, 2001. p. 79 e seguin tes. Da mesma forma MAC HA-
DO, Paulo Leme. Direito a mbiental brasileiro . São Paulo: Malheiros , 2001. p. 57.

312

venção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental atra-
vés da prevenção no tempo certo.
Esta nova dimensão do direito ambiental com seus elemen-
tos normativos postos tem inaugurado ações administrativas e
judiciais preventivas que não se limitam à eliminação dos efeitos
lesivos ao meio ambiente, mas antecipam e previnem a ocorrên-
cia de uma atividade potencialmente danosa.
Precaução é cuidado. O princípio da precaução está ligado
aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações
futuras, como também de sustentabilidade ambiental das ativi-
dades humanas. Este princípio é a tradução da busca da prote-
ção da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente
como pelo asseguramento da integridade da vida humana. A
partir desta premissa, deve-se também considerar não só o risco
eminente de uma deter minada atividade, como também os ris-
cos futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais
nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da
ciência jamais conseguem captar em to da densidade. 21
A partir da idéia de precaução, consagra-se o critério da
probabilidade na tomada de decisões que envolvam a questão
ambiental, em detrimento do cr itério da certeza . Ou seja, en-
quanto que ao demandado incumbe o dever de demonstrar,
efetivamente, que a atividade desenvolvida não é lesiva ao meio
ambiente, exigindo-se, portanto, certeza absoluta da inofensivi-
dade de sua prática, ao demandante cabe demonstrar que há
probabilidade da ocorrência do dano.
No manejo deste sistema jurídico, entretanto, importa ter
presente alguns critérios de aplic ação das normas (regras e prin-
cípios), por procedimentos raciona is e controláveis, dentre os
quais quero destacar o da ponderação dos interesses envolvidos.
Tem-se, então, na dicção de Suzana Toledo, que:
A questão da ponderação radica na necessidade de dar a es-
se procedimento um caráter racional e, portanto , controlável.

21 DERANI, Cristiane. Direito a mbiental econômico . São Paulo: Max Lim onada, 2002,
p.167.

319

terminadas e ligadas por circunstâncias de fato 29 , entre as quais
inexiste vínculo jurídico ou fático preciso.
Tais elementos e considerações fizeram com que o magis-
trado de primeiro grau acolhesse a pretensão de aferir as maté-
rias ventiladas na ação civil púb lica, pois atendidas as configura-
ções delineadas acima.
(2) Para o desenvolvimento regu lar do feito, no intento de
alcançar níveis maiores de certeza sobre as am eaças ao meio
ambiente sinalizadas, entendeu por bem o mesmo magistrado a
não deferir a inversão do ônus da prova pretendida pelo Pa rquet ,
o que me parece, no caso, inadequado, a uma, pelos fatos tra-
zidos ao processo por todas as partes, gerando dúvidas sobre,
por exemplo: (a) quais os recursos hídricos que estão efetiva-
mente ameaçados pelas situações descritas na exor dial, conside-
rando que existe o despejo de produtos poluentes no Arroio que
abastece de águas a comunidade? (b) o que implica, no caso, a
comunidade não possuir rede autônoma para escoamento de
efluentes pluvial e cloacal ? (c) af inal, o receptor de águas para o
fornecimento à comunidade é ou não atingido em face dos des-
pejos sob comento? (d) o fato de o Arroio Duro ter tido o seu
curso alterado e ter sido canalizado, afasta a po tencial lesividade
ao meio ambiente envolvido?
A duas, porque é do interesse público, da mesma f orma in-
disponível e indivisível, que sejam tais questões, e outras perti-
nentes à espécie, elucidadas no feito , o que só poderá se dar
com elementos probatórios a serem produzidos na instrução. A
responsabilidade para fazê-lo, em meu sentir, era dos sujeitos
passivos da ação civil pública, até em face da preliminar caracte-
rização de responsabilidade que possuem aqui.
(3) Mas e os impactos econômicos significativos que podem
advir deste cenário de inviabilização da iniciativa edilícia que se
apresenta no feito? E as pessoas que já adquiriram seus imóveis
para neles residir? E a empresa que – empregando muitos – tem

29 Nos term os do art.81, §1º, do Código de Def esa do Consumid or.

320

que responder não só para com as condições do condomíni o,
mas também com even tuais indenizações por atrasos de obras e
outras medidas de regularidade ambiental/processual? Qual o
limite de suportabilidade do meio ambiente e das pessoas envol-
vidas à solução do caso concreto?
Veja-se que na relação Estado e Sociedade deve-se garantir
tanto a liberdade individual do cidadão quanto a integridade do
meio ambiente, estabelecendo diretrizes e instrumentos que
possibilitem a “apropriação” e a “transformação” da natureza
com vistas à sua proteção e manutenção do equilíbrio ecológi-
co 30 . Nesta direção, já a Declaraç ão do Rio de Janeiro adotou,
em seu dispositivo n° 16, o Prin cípio do Poluidor-Pagador, ao
afirmar que: As autoridades nacionais devem procurar assegurar a inter-
nalização dos custos ambientais e o us o de instrumentos econômicos, levando
em conta o critério de quem contamina, deve, em princípio, arcar com os
custos da contaminação, levando-se em conta o interesse públ ico e sem distor-
cer o comércio e os inv estimentos internacionais . 31
No Brasil, a Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, tam-
bém adotou o referido princípio, ao apontar como uma das fina-
lidades da Política Nacional do Meio Ambiente a imposição ao
usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais
com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.
Além disso, o Princípio do Poluidor-Pagador fora recepcio-
nado pela Constituição Federal no seu art. 225, parágrafo 3º, que
prescreve: As atividades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas,
independentemente da ob rigação de reparar os danos ca usados .
No plano internacional, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), por meio da Recomen-
dação C(72), 128, de 28 de ma io de 1972, incorporou formal-

30 Conforme o traba lho de MIRRA. Princípios fundamentais do direito ambiental . In:
OLIVEIRA JÚNI OR, José Alcebíades; LEITE, Jo sé Rubens Mo rato (Or gs.) Cidadania
coletiva . Florianópolis: Paralelo, 1996.
31 ANTUNES , Pau lo Bessa. Direito ambiental . Rio de Janeiro: Lúm en Júris, 2001, p. 31.

321

mente o Princípio do Poluidor-Pagador. Mais tarde, por força
do Ato Único Europeu, os ordenamentos jurídicos de todos
países da comunidade européia e também o Conselho da Euro-
pa aceitaram o Princípio do Poluidor-Pagador 32 .
Tendo este princípio um ca ráter econômico destacado,
porque imputa ao poluidor os custos decorrentes da atividade
poluente, para a otimização dos seus resultados positivos na
proteção do meio ambiente é preci so que ele seja operado com
bom senso econômico, jurídico e político, haja vista que implica
custos às medidas de pr evenção e controle da poluição, para
estimular a utilização racional dos recursos ambientais escassos,
e para evitar distorções ao comércio e aos investi mentos inter-
nacionais.
Quero dizer com isto que, na prát ica, os custos de controle
da poluição que surgem devido à regulamentação ambiental
devem ser suportados pelo poluidor e pelo empreendimento
poluidor, envolvendo todos aqueles que estão vinculados – dire-
ta e indiretamente 33 - a ele, pois a sociedade não deve arcar dire-
tamente e sózinha com as obrig ações decorrentes da proteção
do ambiente.
Para se aferir tais situações, o sistema jurídico brasileiro, re-
conhecendo a vulnerabilidade do consumidor em algumas situa-
ções como estas que analiso, em que se afigura difícil ao meio
ambiente e à Sociedade a prova do fato constituti vo do seu di-
reito, o que é exigido nos termos do art. 333, do CPC, criou a

32 Conforme AR AGÃO, Maria Alexand ra de Souza. O princípio do poluidor-pagador :
pedra angular da política comunit ária do ambiente . São Paulo: Coim bra, 1997, p.27. O
objetivo do princípio do po luidor pagador é fazer não ap enas com que os custos das
medidas de proteção do meio ambiente (a s externalidades amb ientais) –sejam supor-
tados pelos agentes que as originaram, mas tam bém que haja a correção e/ou elim i-
nação das fontes potencialmente poluidor as.Resumidamente, o Princípio do Polui-
dor-Pagador tem tr ês funções primordiais: a de prevenção, repara ção e a de interna-
lização e redistribuição dos custos ambient ais.
33 Estou me referindo, no caso, à re sponsa bilidade do Poder Público local, que auto-
rizou a obra, com os seus licenciament os respectivos, n a perspectiva, por certo, de
rentabilidades fiscais futuras. Sobre esta perspectiva, ver meu livro LEAL, Rogério
Gesta. Estado, Administração Pública e Sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2007.

322

possibilidade da inversão do ôn us da prova, notadamente quan-
do presente a verossimilhança das alegações sub judice , deixando
a critério do juiz exigir que o fornecedor prove o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito que lhe é o posto, mesmo
sem que este tenha provado o fato constitutivo consectário de
forma absoluta. 34
É o próprio Código de Defesa do Consumidor que dispõe
sobre a facilitação da defesa dos direitos de que estou tratando,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor do hipossu-
ficiente, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação,
segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, VIII). Não
se trata, pois, de inversão lega l, pois não decorre de imposição
ditada pela própria lei, mas, sim, fica submetida ao crivo judicial,
cabendo ao magistrado, em face do caso, dizer se é caso de in-
versão, ou não, do ônus da prova, uma vez analisada a ocorrên-
cia daqueles pressupostos 35 .
Em face de tais consideraçõe s, e concordando com Moraes,
parece claro que o momento adeq uado para a decretação da
i nv e r s ã o d o ôn u s d a prova é aquele que se dá por ocasiã o do sa-
neamento do processo, quando, inex itosa a conc iliação, o Juiz tiver
fixado os pontos controvertidos da lide, decidin do as questõe s
processuais pendentes, dentre a s qu ais o cabimento, ou não, desta
inversão (art. 331, § 2º, d o CPC), ficando, dessa fo rma, cientes as
partes da postura processual qu e passarão a adotar, não podendo

34 Vai neste sentido o texto de LISBOA , Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas
Relações de Con sumo. São P aulo: Revista d os Tribunais , 2001, p.95. Ref ere o autor
que prevalece no processo civil moderno o princípio geral da verdade formal, o que
possibilita ao juiz o poder de proceder a in versão do ônus da prova pela mera cons-
tatação de que a s alegaçõ es do auto r poss am ser verdadeiras, incl usive no que diz
respeito à dificuldade de obtenção de informações técnicas sobre o produto e o
serviço fornecidos.
35 Neste sentido , o texto de MORAES, Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da
prova no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor. In Revista AJU-
RIS, vol.74. Porto A legre: AJURIS, 1998, p.44. Nest e texto, o autor advert e também
que a inversão do ônus da prova, com a devida vê nia, não deve ser decretada ab initi o, quan-
do o Juiz analisa a petição inici al, pois sequer houve manifestação do demandado, não se
podendo precisar, inclusive, a dimensão da su a resposta, muito menos os pontos controverti-
dos. Assim, mostra-se prematura e indevida a decretação da inversão do ônus da prova nessa
fase do procedimento .

323

alegar terem sido surpreendidas, especialmente aquela que recebeu
o encargo de prova r o que se está pe rquirindo 36 .
Por estas razões, julguei parcialmente procedente o Agravo
de Instrumento, para os fins de determinar a inversão do ônus
da prova no feito, incumbindo, de forma solidária, ao Município
e à Construtora, a responsabilidade pelas provas necessárias à
comprovação da regularidade do sistema de recepção do esgoto
de seu empreendimento descrito na inicial, e de q ue ele não gera
degradação ambiental comprometedo ra do meio ambiente.
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36 Idem, p.53.

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327

BIODIVERSIDADE NA AMÉRICA
LATINA: ECOLOGIA POLÍTICA E A
REGULAÇÃO JURÍDICO –
AMBIENTAL 1
Jerônimo Siqueira Tybusch 2
Luiz Ernani Bonesso de Araujo 3

1 O presente artigo é fruto de pesquisas no projeto “Justiça Ambient al em Redes
Colabora tivas: e-democracy e Ecologia Política na Sociedade Informacional Latino-
Americana” qu e recebe auxílio fi nanceiro do CNPq – Edital Un iversal – 2011; regis-
trado no Gabine te de Proje tos do Centr o de Ciênci as Socia is e Humana s da Unive r-
sidade Federal de Santa Maria. Foi ap resentad o com o títul o “PERCEPÇÕES” E
“USOS” DA BIODIVERSIDAD E NA AM ÉRICA LATINA: A REGUL AÇÃO JURÍ-
DICO – AMBIENT AL E O CONTEXTO CO NSTITUCIONAL BR ASILEIRO no XXI
Encontro do CONPEDI em Uberlândia – MG – 2012.
2 Professor Adjunt o do quadro efetivo da Universidade Federa l de Santa Mar ia –
UFSM. Profess or no Departamento d e Dir eito da UFSM. Profess or no Programa de
Pós-Graduação – Mestrado em Direito da U FSM. Doutor pela Universidade Federal
de Santa C atarina – UFSC. Mestre em Dir eito Público pela U niversidade do Vale do
Rio dos Sinos – UNISINOS. Graduado e m Dir eito pela Universidade de Santa Cruz
do Sul – UNISC. Pesquisador Vice-Líder do Grupo de Pes quisa em Direito da Socio-
biodiversidade – GPDS/UFSM. Coordenador do Projeto “Justiça A mbiental em
Redes Colabora tivas: e-democracy e Ecologia Política n a Sociedade Informacional
Latino-American a” que recebe auxílio f inanceiro d o CNPq – Edit al Universal – 2011.
E-mail : jeronimo tybusch@uf sm.br; jer onimo tybusch@g mail.co m . Lattes:
http://lat tes.cnpq.br/64770641737 61427
3 Doutor em Direito pela Universidade Fede ral de Santa Catarin a – UFSC. P rofessor
Associado do quadro efetivo da Univer sidade Feder al de Santa Mari a – UFSM.
Professor do Departamento de Direito da UFSM/RS/Brasil. Pro f essor do P rograma
de Pós-Graduação em Direito – Mestrado em Direito da U FSM. Chefe do Departa-
mento de Direito da UFSM. Docente nas disciplinas de Direito Agrário e Ambiental.
Pesquisador e L íder do Grup o de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade –
GPDS/UFSM. E-mail: [email protected] . Lattes:
http://lat tes.cnpq.br/38189765887 14214

328

1 – Considerações Iniciais
O artigo em tela objetiva abordar a relação complexa entre
as possíveis “utilizações” da biodiversidade e a regulação jurídi-
co-ambiental acerca dessa s práticas. Parte da perspectiva Latino-
Americana para em um segundo momento operar uma análise
sob a observação da legislação brasileira, internacional e da
Constituição da República Federativa do Brasil. Na metodologia,
utiliza-se a pesquisa bibliográfica e documental como procedi-
mento para a produção de fichamentos e resumos estendidos,
como técnica de pesquisa para elaboração do presente artigo. A
abordagem e teoria de base utilizados são a perspectiva sistêmi-
co-complexa 4 na qual, a comunicação de diversas áreas do saber
como direito ambiental, sustentabilidade e ecologia, são aplica-
das para a resolução de questões complexas.
A problemática do artigo re laciona-se diretamente com o
avanço da biotecnologia, onde o tema "biodiversidade" assume
um papel destacado no cenário internacional, já que surgem
novas perspectivas de expansão econômica a partir da explo-
ração e apropriação dos recursos naturais. As florestas tropicais
se tornam alvos da cobiça dos grandes laboratórios internacio-
nais, já que nelas estão os gran des reservatórios de diversidade
biológica.

4 Em pesquisa s desse gênero , evidencia-se a importância da m atriz teórica como
possibilidade de substituir o paradigma ex clusiv amente cartesiano, que ao tratar
do proce sso de c onheci mento co mo um fe nômen o cogniti vo em que se dá uma
oposição ou mesmo distanciamento entre sujeito e objeto, provocaram um
desenvolviment o social de visão fragmentada, com tendên cia ao isolamento
humano e degradação ambiental; por uma nova perspectiv a paradigmática de
concepção pragmático-sistêmica, que elev a a c ondição humana e o meio
ambiente a o mes mo patamar , de for ma complex a, onde o fenôme no cognitivo é
visto através de uma diferenciação funcio nal sistema-meio, e em que pese passar
a considerar-se o objeto e o sujeito inse paráveis , graças ao reconh ecimento dess e
intercâmbio pela med iação da comunicaçã o como pressuposto de contribuir ao
desenvolvimento democrático da atual problemática ambient al, ou seja, alcançar
uma comunicação da sociedade a cerca da sociedade, no sentido de reconhecer-
se, para estabelecer limites/possibilidades de gerar melhoria da qualidade de
vida e desenvolvim ento sust entável a t odos (Capra, 2000, p. 42).

335

3 - Meio Ambiente e biodiversidade em sua
“percepção” constitucional
As preocupações com o meio ambiente vêm crescendo gra-
dativamente nas últimas décadas. A humanidade percebeu sua
incrível fragilidade no que diz respeito a uma reação da natureza
frente ao mau uso de seus recursos. A possibilidade de esgota-
mento dos mesmos aliada a uma preocupação com as gerações
futuras fez o homem questionar-se acerca d o uso que faz do
espaço onde vive.
Contudo, o fato de que todas essas questões, e muitas ou-
tras, estão sendo debatidas pela opinião pública, e de que uma
conscientização cada vez maior vem se estabelecendo a partir do
caráter global e independente de tais questões, acaba lançando a s
bases para sua abordagem e, talvez, para uma orientação das
instituições e políticas na sent ido de um sistema socioeconômico
responsável do ponto de vista ambiental. 11
A palavra meio ambiente traduz uma redundância pois
“meio” e “ambiente” a princípio querem dizer a mesma coisa.
Ou seja, espaço, lugar onde as relações entre os homens e dos
mesmos com a natureza se processam. Temos então um concei-
to holístico, abrangente, onde não somente o que é natural é
abordado, mas também aquilo que foi produzido pelas mãos
humanas ao longo do tempo. A língua francesa utiliza o termo
“ambiant” e a língua inglesa “environment”, ambos referem-se
ao sentido de ambiente.
Certa então é a compreensão de que o homem modifica o
ambiente onde vive. Estas modificações podem traduzir evolu-
ções tecnológicas de aproveitamento do espaço mas, por outro
lado, podem significar verdadeiras involuções quando visam de
forma unilateral o lado e conômico, ou seja, a exploração irrestri-

11 FRANCO, Maria de A ssunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentá-
vel. São Paulo – SP: Annablume: FA PESP, 2001. p. 256.

336

ta de recursos. Nem tudo o que a natureza oferece é renovável,
o esgotamento é uma realidade na atua lidade.
Aquilo que parecia não ter fi m, hoje é finito. Como exem-
plo temos os combustíveis fósseis, questão extremamente polê-
mica, pois, além da previsão de esgotamento d as últimas reser-
vas de petróleo estar datada para m enos de um século, temos o
fato de que este tipo de combustível é extremamente poluente.
Meios alternativos já foram pesqui sados para a substituição dos
combustíveis fósseis, inclusive na tecnologia de automóveis. 12
Essa idéia de finitude, aliada a capacidade destrutiva do
homem para com o ambiente onde vi ve ao buscar sempre novas
possibilidades econômicas sem medir os efeitos que as mesmas
podem ter sobre a natureza, nos rem ete a figura do dano. Dani-
ficar pode ser, neste caso, destruir, modificar de forma nociva e,
principalmente, explorar irrestritamente.
O dano ambiental ocorre com freqüência e representa uma
grave ameaça a continuação da espécie humana. Desta forma,
aquilo que põe em risco o futuro da humanidade, coloca, ob-
viamente, a nossa vida em jogo. Estamos sendo, portanto, im-
pedidos de viver com as mínimas condições necessárias e de
usufruir sobre um bem que é de todos. Lembremos também,
que qualquer espécie de dano representa uma ofensa a bens ou
interesses de outras pessoas, interesses protegidos pela ordem
jurídica.
Com muita propriedade, José Ru bens Morato Leite, define
dano ambiental como “uma alteração indesejável ao conjunto de
elementos chamados meio ambiente, como, por exemplo, a po-
luição atmosférica; seria, assim, a lesão ao direito fundamental
que todos têm de gozar e aproveitar do meio ambiente apropri-
ado. 13 “

12 O combustível mais limpo, mais eficiente e de qualidade superior qu e um hiper-
carro pode ter é o hidrogênio num a célula de combustível. Um tal automóvel não só
funciona em silêncio e sem poluição como também pode se tornar uma pequena
usina de produção de eletri cidade sobre rodas. (CAPRA, 2002, p.261).
13 LEITE, José Rub ens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimoni-
al. São Paulo: Editora Revis ta dos Tribunais, 2000. p. 98.

337

Da mesma forma, José Rubens Morato Leite nos traz uma
segunda conceituação, onde o “dano ambiental engloba os efei-
tos que esta modificação gera na saú de das pessoas e em seus
interesses” 14 . Assim, este “ferir” aos direitos de cada um nos
remete a análise de uma afetação não somente individual, mas
também coletiva, difundida entre as pessoas. Pois, o meio ambi-
ente é entendido como um todo, um macrobem . Conforme o autor
anteriormente citado, “o bem ambiental (macrobem) é um bem
de interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a título
autônomo e como disciplina autônoma” 15 .
Este ambiente é coletivo, por oposição ao ambiente indivi-
dual (interior de uma moradia, de um local de trabalho). Assim,
numa cidade, o ambiente, é a qualidade da água, do ar, dos ali-
mentos, o nível sonoro, a paisagem urbana, a duração das mi-
grações alternantes, a presença ou ausência de espaços verdes,
ao mesmo tempo por seu papel na luta contra a poluição atmos-
férica é pelo contato que fornecem com a natureza. 16
A atual economia de mercado contribui para a desigualdade
social e, da mesma forma, pa ra o desequilíbrio ambiental. O
meio ambiente não é mera peça mercadológica, se faz necessária
uma mudança de paradigma urgente.
Quando se fala em Mundo, está se falando, sobretudo, em
Mercado que hoje, ao contrário de ontem, atravessa tudo, inclu-
sive a consciência das pessoas. Mercado das coisa s, inclusive a
natureza; mercado das idéias, inclusive a ciên cia e a informação;
mercado político. Justamente a ve rsão política desta globalização
perversa é a democracia de mercado. O neo –liberalismo é outro
braço dessa globalização perversa , e ambos esses braços – de-
mocracia de mercado e neoliberalismo – são necessários para
reduzir as possibilidades de afirmação das formas de viver cuja

14 LEITE, José Rub ens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimoni-
al. São Paulo: Editora Revis ta dos Tribunais, 2000. p. 98.
15 LEITE, José Rub ens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimoni-
al. São Paulo: Editora Revis ta dos Tribunais, 2000. p. 98.
16 CASTELLS, Ma nuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 229.

338

solidariedade é baseada na contigüidade, na vizinhança solidária,
isto é, no território compartido.
O despertar da consciência humana para o enorme perigo
que corre a humanidade se não preservar a Nave-Terra em suas
múltiplas relações com os seres vivos é outro asp ecto importan-
tíssimo a ser trabalhado. Desde os anos 70, descobrimos que os
dejetos, as emanações, as exal ações de nosso desenvolvimento
técnico industrial urbano degradam a biosfera e ameaçam enve-
nenar irremediavelmente o meio vivo ao qual pertencemos: a
dominação desenfreada da nature za pela técnica conduz a hu-
manidade ao suicídio. 17
Outro grave problema enfrentado é a questão informacio-
nal. O homem moderno é talvez mais desamparado que os seu s
antepassados, pelo fato de viver em u ma sociedade informacio-
nal, que, entretanto, lhe recusa o direito a se informar 18 . A ques-
tão está na socialização d a informação.
A crise energética também é fa tor relevante no panorama
atual. A escassez de ener gia elétrica e de combustíveis fósseis faz
com que o problema estenda-se a p atamares incontroláveis de
desajuste social.
Para sustentar o consumo energético desregrado dos edifí-
cios, a produção de energia elétrica cresceu e causou um forte
impacto ambiental com a construção de usinas, inundações,
deslocamentos de populações (hidroelétricas), perda da biodi-
versidade, ameaça dos ecossistemas, poluição e riscos de segu -
rança pública com termoelétricas e usinas nucleares 19 .
A mudança de paradigma na ce na ambiental é imprescindí-
vel. O desenvolvimento sustentáve l tem suas raízes no Relatório
Brundtland ou “Nosso Futuro Comum” e foi publicado em
1987 na Comissão Mundial sobre meio Ambiente e Desenvol-

17 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação de Futuro. São Paulo: Cor-
tez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. p. 71.
18 SANTOS, Milto n. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Studio Nobel, 2002.
19 ADAM, Roberto Sabatela. Princípios do Ecoedifício: Interação entre Ecologia,
Consciência e Edif ício. São Paulo: Aqu ariana, 2001. p. 19.

339

vimento. O ser humano responsável ambientalmente é aquele
que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades. A busca do dese nvolvimento sustentável requer a
união de diversos sistemas (político, econômico, social, adminis-
trativo e de produção). Promover o desenvolvimento sustentá-
vel é promover a consciência ecológica.
Não se pode mais admitir a idéia de uma economia baseada
somente no acúmulo e criação de vastos níveis de capital. O
desenvolvimento material da humanidade já expandiu de forma
inigualável na história no século XVIII com a Revolução Indus-
trial. Porém, hoje os custos são elevados, pois esta expansão s e
deu em detrimento do ca pital natural 20 . Destruiu-se mais a natu-
reza que em toda a história anterior.
Observa-se que há um crescimento da consciência ecológi-
ca no Brasil, e algumas indústrias existentes o paí s já se preocu-
pam com a questão ambiental, inclusive muitas delas já vem
adotando programas de qualidade ambiental para não perder
mercado. 21
Muito importante é ressaltar a idéia da concretização de
uma mudança engajada e positiva. Um contrato celebrado entre
o homem e a natureza 22 , onde ambos saem vencedores. Tudo
isso para garantir o presente e preserva para as futuras gerações.
No âmbito municipal, o desenvolvimento precisa ser planejado
para que este contrato ocorra . Quando se assume um planeja-
mento urbano para gestão de recursos se faz uma reflexão uma
reflexão teórica sobre a sociedade e, mais especificamente, sobre
a mudança social 23 .

20 HAWKEN, Paul. Capitalismo Natural: cr iando a próxima revolução industrial.
São Paulo, SP : Cultrix, 1999. p. 02.
21 BRITO, Francis co A. CÂMARA , B.D. Democratização e Gestão Ambiental: Em
busca do desenvolvim ento sustentável. P etrópolis RJ: Vozes, 1998. p. 29.
22 LE CORBUSIER. Planejamento urbano. São Paulo, SP: Perspectiva, 2000. p. 49.
23 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade : Uma introdu ção crítica ao Plane-
jamento e à Gestão U rbanos. Rio de J aneiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 73.

340

A consciência para uma efetiva proteção ambiental é ao
mesmo tempo individual e coletiva. Deve despertar no indiví-
duo e este, agindo comunicativamente, atuará com partícula do
todo através da comunicação, até m esmo nas relações de con-
sumo.
A comunicação simbólica entre os seres humanos e o rela-
cionamento entre esses e a nature za, com base na produção (e
seu complemento, o consumo), exp eriência e poder, cristalizam-
se ao longo da história em terri tórios específicos, e assim geram
culturas e identidades coletivas . 24
O mundo empresarial precisa investir nesta mudança de pa-
radigma e, para isso, implantar em suas atividades um sistema de
gestão da organização. Este é a base para o estabelecimento de
um método de gerenciamento que vise a melhoria contínua de
resultados e promova o desenvolvimento sustentável. 25
A necessidade de reformulação alcança também a ag ricultu-
ra, onde a pesquisa em busca de uma agricultura ecológica já é
fato notório na atualidade. Contribuir para o bem estar social
implica que a agricultura, bem como, a pesquisa agrícola devem
atender às necessidades de uma alimentação básica, do sistema
social em conjunto. 26 E não em detrimento da saúde e do equilí-
brio ecológico tendo como único escopo, a lucratividade (BO-
NES, 2002, p. 136). 27

24 CASTELLS, Ma nuel. A Era da Infor maç ão: Economia, Sociedade e Cultura –
Volume I: A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 33.
25 JÚNIOR, Ênio Viterbo. Sistema Int egrado de Gestão Ambiental: “Como im-
plementar a ISSO 14.00 0 a partir da ISSO 9.000, dentro de um ambient e GQT”
São Paulo: Aq uariana, 1998. p. 15.
26 BONILA, Jo sé A. Fundamentos d a Agri cultura Ecológica: Sobrevivência e qua-
lidade de vida. São Paulo: Nobel, 1992. BONE S, Elmar; HA SSE, Geraldo. P ionei-
ros da Ecologia: breve história d o movimento ambientalista no Ro Grande do
Sul. Porto Alegre: Já Editores, 2002. p. 244.
27 BONES, Elma r; HASSE, Ger aldo. Pioneiros da Ecologia : breve história do
movimento am bientalist a no Ro Grande do Sul. P orto Alegre: Já Edit ores, 2002.
p. 244.

341

E quando falamos em propriedade 28 , a mesma deve respei-
tar a sua função social, como preceito da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil. Por certo, este ideal de adesão a o
pacto social, ainda está longe de se conquistar. Te mos porém, na
sociedade moderna uma dupla forma de se pensar a proprieda-
de. Uma baseada no direito romano antigo de fruir, gozar e usar
da coisa sem a n ecessidade de uma prestação de contas ao pares
e ao governo. Outra provém do pen samento marxista que pre-
conizava o fim da propriedade individual para então ver a con-
cretização da socialização ou apropriação dos mei os fundamen-
tais da produção. O que verificamos hoje é um meio termo en-
tre as duas correntes, ou seja, a manutenção da pr opriedade in-
dividual, porém com um destino social. Busca-se pensar a pro-
priedade a partir dos interesses da coletividade e da sociedade 29 .
Uma nova categoria de direitos emerge da complexidade do
mundo social e escapa a concepção jurídica liberal. Trata-se dos
Direitos Coletivos e Direitos Difusos 30 como espécies e Tran-
sindividuais como gênero, em sua amplitude jurídica, social,
econômica e política. Um direito que ao mesmo tempo é de
todos, transpessoal e não se pode delimitar com exatidão, tão
pouco seus resultados são determinados de forma antecipada.
Estes são os direitos humanos de terceira geração, os direitos de
fraternidade.
Convém salientar que os diretos de terceira geração não ex-
cluem ou impedem a projeção dos direitos de gerações anterio-
res. Podem, portanto, frente a seu caráter complexo, que não se
sustenta em um apoio só, modificar-lhes o conteúdo. A ordem
jurídica brasileira, na tentativa de abranger todos estes aspectos,
toma como paradigma a Constituiç ão de 1988, onde estão elen-

28 VARELLA, Marcelo Dias, BORGES, Roxana Ca rdoso B. O novo em direito ambiental.
Belo Horizonte, MG: Del Rey, 1998. p. 215.
29 ARAUJO, Luiz Er nani Bonesso de. A função social da propriedade agrária. In. LEAL,
Rogério Gesta , ARAUJO, Luiz Erna ni. (orgs.) Dire itos Sociais e políticas Públicas: Desa-
fios Contemporâneos. Santa Cruz do Sul – RS: EDUNISC, 2001. p. 20-22.
30 Não estão aliados a vínculo jurídico algu m e não pertencem a pes soas de f orma
isolada. Indeterminados ou de difícil determinação. Ex: Direito A mbiental e Direito
do Consumidor.

342

cadas situações de Direitos Tr ansindividuais. Como exemplo,
entre tantos outros, podemos citar o art. 225 da Constituição da
República Federativa do Brasil, onde os Diretos Difusos estão
garantidos no exemplo da temática ambiental. Torna-se comum
a convivência dos direitos individuais clássicos co m os transin-
dividuais no Estado Democrático de Direito.
A Constituição da República Federativa do Brasil recepcio-
n a e m s e u A r t . 2 2 5 , i n c i s o I I a f u n ç ão d e “ p r e s e r v a r a d i v e r s i d a -
de e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material gené-
tico”. Da mesma forma, a legislação infraconstitucional, nota-
damente nos dispositivos: Medida Provisória 2.186/2001 e De-
creto 3.945/2001 buscam regulame ntar o dispositivo constituci-
onal citado anteriormente no que tang e ao acesso ao patrimônio
genético, à proteção e o acesso ao conhecimento tradicional
associado, a repartição de bene fícios e o acesso à tecnologia e
transferência de tecnologia para sua conservação e utilização;
bem como definem a composição do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético.
4 – Biodiversidade
Segundo Lévêque, o termo biodiversidade é uma contração
de diversidade biológica, e foi introduzido na década de 80 pelos
naturalistas que protestavam cont ra a destruição dos ambientes
naturais e de suas espécies. 31
Mas, ainda para Lévêque,
A biodiversidade não é um simples catálogo de genes, espé-
cies ou ambientes. Ela deve ser percebida como um conjunto
dinâmico e interativo entre os diferentes níveis da hierarquia
biológica. Segundo as teorias atuais da evolução, é graças à

31 LÉVÊQUE, C hristian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru, SP:
EDUSC, 1999. p. 13.

343

existência de uma diversidade genética no seio das espécies que
estas últimas podem se adaptar às mudanças do meio ambiente
que sempre marcaram a história da Terra. Reciprocamente, a
diversidade genética de uma espécie evolui em função do tempo,
em resposta a essas mudanças do meio ambiente, bem como em
razão das mutações. O mesmo ocorre com as co munidades ve-
getais e animais, que constituem os ecossistemas e que respon-
dem por meio de mudanças qualitativas e quantitativas à s
flutuações do meio no qual elas vivem. Esta dinâmica dos siste-
mas biológicos e das condições ecológicas, às quais eles são co n-
frontados, explica que as espécies ev oluam e se diversifiquem e
que os ecossistemas hospedam floras e faunas mais ou menos
ricas, em virtude de sua história. 32
O interesse pela biodiversidade pode ser motivada para fins
econômicos como na agricultura, matérias primas para a indús-
tria, medicamentos e uma crescen te valorização no domínio das
biotecnologias. Em termos ecológicos, sua motivação se dá por-
que é indispensável para manter os processos de evolução do
mundo vivo, Ter um papel de regulação no equilíbrio físico-
químicos da biosfera, contribui para a fertilidade do solo e sua
proteção, bem como regula o ci clo hidrológico. Já em termos
éticos e patrimoniais, os homens tem o dever moral de não eli-
minar outras formas de vida, e o dever de transmitir as gerações
futuras o que recebemos da natureza. 33
Já segundo a CDB (Convenção sobre a Diversidade Bioló-
gica), diversidade biológica sign ifica a variabilidade de organis-
mos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros,
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros sistemas aquáticos
e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo
ainda a diversidade dentro das espécies, entre espécies e de ecos-
sistemas.

32 LÉVÊQUE, C hristian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru, SP:
EDUSC, 1999. p. 18.
33 LÉVÊQUE, C hristian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru, SP:
EDUSC, 1999. p. 16.

344

5 - Biodiversidade na América Latina
A emergência da questão da biodiversidade está ligada dire-
tamente às florestas tropicais, abund antes no território latino-
americano, e sua destruição. "De repente, todo o mundo desco-
bria que as florestas tropicais concentram os habitats mais ricos
em espécies do planeta, ao me smo tempo em que descobria que
são as mais ameaçadas de extinção". 34
Na parte sul do continente americano, a floresta amazônica
é a q u e c h a m a m a i s a t e n ç ã o . Q u a n d o s e f a l a n e l a h á d e s e l e m -
brar que ela não envolve só o Brasil, mas uma área bem maior,
compreendendo ainda porções de territórios do Peru, Colômbia,
Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Equa-
dor.
Ao se fazer referência à biodiversidade, é importante frisar
que:
Reforçando a importância da bi odiver sidade para a América
Latina, vê-se que a Amazônia representa 53% das matas tropi-
cais hoje existentes no planeta. Além disso, detém uma das mai-
ores bacias hidrográficas do mundo, cuja extensão é calculada
entre 6.144.727 km² e 7.050.000 de km². 35
Já quanto às espécies, calcula-se que a Amazônia abrigue
cerca de 10% da biodiversidade global, sendo considerada a
região de maior diversidade da Terra. 36 São as florestas tropicais
as que estão mais ameaçadas de extinção, o que tem chamado a
atenção da mídia e das ONGs do mundo inteiro, por possuírem
uma imensa riqueza em termos de biodiversidade.

34 SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-
técnico da informação d igital e genética. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 14.
35 FONSECA, Gus tavo A.B. da & SI LVA, José Maria C. da. Megadiversidade da Amazô-
nia: desafios para a sua conservação. In Ciência & Ambient e/ Universidade Federal de
Santa Maria, U FSM, nº 31, ju l/dez 2005.
36 FONSECA, Gus tavo A.B. da & SI LVA, José Maria C. da. Megadiversidade da Amazô-
nia: desafios para a sua conservação. In Ciência & Ambient e/ Universidade Federal de
Santa Maria, U FSM, nº 31, ju l/dez 2005.

351

8 - Biopirataria
Como já visto anteriormente, há muitos anos a diversidade
genética e suas espécies originárias dos países pobres (Sul) são
coletadas por institutos internacionais de pesquisa, públicos ou
privados, em grande parte com sede em de paí ses desenvolvi-
dos.
Mesmo que esses recursos provenham dos países do Sul,
estes têm que pagar “royalties” para explorar de terminada subs-
tancia ou processo patenteado no exterior, num cruel processo
de apropriação dos conhecimentos das populações tradicionais.
Segundo Vandana Shiva:
Dos 120 princípios ativos atualmente isolados na medicina
moderna, 75% têm utilidades que foram identificadas pelos sis-
temas tradicionais. Menos de doze são sintetizados por modifi-
cações químicas simples; o resto é extraído diretamente de plan-
tas e depois purificado. Diz-se que o uso do con hecimento tra-
dicional aumenta a eficiência de reconhecer as propriedades
medicinais de plantas em mais de 400%. 47
Os lucros que são gerados a pa rtir da exploração desse pa-
trimônio genético, por óbvio, que não revertem aos povos de-
tentores dessa riqueza. I sso é conseqüência principalmente da s
negociações entabuladas a partir da Organização Mundial do
Comércio (OMC), que estabeleceu a formação de um regime
único de propriedade intelectual sobre as biotecnologias, em
especial, sobre as invenções a partir da biodiversidade e dos
conhecimentos tradicionais e ela associ ados.
Impõe-se assim, um regime de propriedade intelectual úni-
co, que atende a visão individualista e capitalista das grandes
empresas laboratório, concentrando cada vez mais em suas

47 SHIVA, Vandana. Biodiversidade, Direitos de Propriedade Intelectual e Globalização. In
Boaventura de Sousa Sa ntos (org.). Semear out ras soluções: os caminhos da biodi-
versidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileir a, 2005. p.
101.

352

mãos, o poder econômico e científico, excluindo dessa forma, as
populações marginalizadas das florestas e do campo.
9 - Conhecimento Tradicional X Conhecimento
Científico
Quando se pensa na agricultura, tem que se fazer uma re-
cuperação histórica de como ela vai se formando ao longo do
tempo. No momento em que o homem deixou de ser nômade e
se fixou num determinado territóri o, ele começa a produzir seus
alimentos e armazena-los para suprir uma necessidade futura.
Na medida em que o homem vai manipulando as espécies
que formarão a sua base alimentar, a partir de um sistema seleti-
vo que ao longo do tempo aprimora geneticamente essas espé-
cies, ele constrói uma estrutura de con hecimento que lhe permi -
te viver de forma agrupada em um determinado local. Dess e
modo de produzir se originam determinadas relações que vão
definindo as estruturas sociais. O modo de se rela cionar com a
natureza vai conformando a estrutura social e especificando os
meios de se adquirir posses.
O que a espécie humana conseguiu por meio das agricultu-
ras foi a segurança alimentar, expressão que hoje volta a ganhar
o debate político. Afinal domesticar espécies anima is e vegetais é
torna-las parte de nossa casa (em latim, domus, daí domesticar).
Assim, mais uma vez, alimento e abrigo (domus, casa) voltam a
se encontrar conformando um conjunto de questões interligadas
para oferecer maior segurança a ca da grupo que, assim, se cons-
titui por meio de sua cultura formando seus territórios (domí -
nios). 48

48 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 209.

353

Daí, se valendo ainda de Vandana Shiva 49 , vê-se que o do-
mínio da produção-reprodução, o uso da semente para a produ-
ção de alimentos, atende as necessi dades da comunidade, ao
mesmo tempo em que permite a reprodução do sistema onde
agricultura, pecuária, caça, pesca formam um todo multidimen-
sional, pautada pela diversidade biológica. (...)
Salta desse quadro, a figura do camponês, para quem:
[...] a terra é muito mais do que objeto e meio de produção.
Para o camponês a terra é o seu lu gar natural, de sempre, antigo.
Terra e trabalho mesclam-se em seu modo de ser, viver, multi-
plicar-se, continuar pelas gerações futuras, reviver os antepassa-
dos próximos e remotos. A rela ção do camponês com a terra é
transparente e mítica: a terra como momento primordial da na-
tureza e do homem, da vida. É aí que se demarca o espaço da
família, parentes, vizinhos. Todos são membros da mesma co-
munidade de laços e prestações, favores e obrigações. Apoiados
na terra e trabalho, todos participam de um mesmo e únicos
nós. 50 (IANNI, p. 28)
O camponês se basta para si. Ele não depende do outro pa-
ra a sua subsistência, pois o que produz lhe é suficiente. O co-
nhecimento que lhe propicia uma organização de produção e
social autônoma lhe pertence, poi s é um legado familiar que foi
formado por seus ancestrais.
O que se percebe dessa relação é que, ao mesmo tempo em
que vai se criando novos conhecimentos, se forma e se consoli-
da uma cultura que varia de lugar para lugar, pois cada agrupa-
mento humano encontra soluções próprias para os seus proble-
mas, daí se poder dizer que, na esteira de Porto-Gonçalves, “a

49 SHIVA, Vandana. Biodiversidade, Direitos de Propriedade Intelectual e Globalização. In
Boaventura de Sousa Sa ntos (org.). Semear out ras soluções: os caminhos da biodi-
versidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
50 IANNI, Octavio. Revoluções Camponesas na América Latina. In Revoluções Cam-
ponesas na A mérica Latina. Or g.: José vicente T . dos Santos. S. P aulo, Ícone Edito-
ra/Editora d a UNICAMP, 1985

354

espécie humana embora biologicam ente a mesma, diferenciou-se
pela cultura”. 51
Se pensarmos como se estrut urava a exploração camponesa
no período feudal, veriamos que o camponês, além da pequena
porção de terra cercada ao redor de sua casa, onde cultivava para
o consumo diário, participava ainda, fora da aldeia, de um siste-
ma de produção no qual se dividia a terra para cultivo em três
afolheamentos, os quais, por sua vez, também se dividiam em
parcelas iguais, que pertenciam cada qual privativamente a uma
família. Um afolheamento significava que todos cultivavam uma
única espécie naquela área. Já a zona não partilhada era explora-
da em comum e compreendia as pas tagens e a floresta. O que
importa realçar é que a noção de propriedade dominante nesse
período não é a da apropriação individual, como mais tarde vem
de acontecer.
Com a revolução liberal e o avanço tecnológico com a des-
coberta da máquina a vapor, se instaura um novo modo de pro-
duzir, através de utilização de insumos artificiais e da mecaniza-
ção da lavoura. A esse novo processo se chamará de Revolução
Verde, que determina uma grande transformação no meio rural,
passando este a ser determinado pela lógica do mercado.
Desse modo, mudam as formas de conhecimento sobre a
produção e a domesticação das espécies, onde havia uma estreita
relação entre a agricultura, pecuária e o extrativismo, garantidora
de segurança alimentar para a comunidade. Num determinado
momento sofre uma profunda mudança, pois a partir de então,
todo o processo produtivo se dá a partir da lógica mercantilista,
que leva a separação entre aque le que produz o alimento e o
outro, que produz o conhecimento.
Essa separação determina um novo método no modo de
produzir: de uma produção assentada na diversificação, passa-se
para a produção de um produto só, a monocultura, que no dizer
de Porto-Gonçalves “é a negação de todo um legado histórico

51 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 208.

355

da humanidade em busca da gara ntia da segurança alimentar na
medida em que, por definição, a monocultura não visa a alimen-
tar a quem produz e, sim, a mercantilização do produto”. 52 .
Nitidamente se percebe nesse modelo que o homem rural
deixa de produzir de uma forma autóctone, au to-sustentável, e
passa a depender de um conhecime nto que está em outro lugar,
fora de seu âmbito de vida, di tada por uma lógica meramente
mercadológica.
Assim,
[...] com o conhecimento produzido em laboratórios de
grandes empresas em associação cada vez mais estreita com o
Estado, a propriedade intelectual individual (paten tes) se coloca
em confronto direto com o conhecimento patrimonial, coletivo
e comunitário característico das tradições ca mponesas, indíge-
nas, afrodescendentes e outras originárias de matrizes de racio-
nalidade distintas da racionalidade atomístico-individualista oci-
dental. 53
Forma-se um processo de dominação, onde aquele que
produz a partir de um conhecimento que lhe pertence histori-
camente, vê-se preso a um esque ma de produção na qual quem
determina o que produzir, como produzir, é a grande empresa
laboratório, desde agora, nova “dona” do conhecimento.
10 - Considerações Finais
Para, portanto, respondermos a problemática proposta nes-
se artigo, é necessário, portanto, considerar, neste cenário, a
idéia de contingência. Ou seja, nenhum processo econômico,
político, social, tecnológico e cultural é imutável na atualidade.

52 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 213.
53 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 219.

356

Não perceber a idéia de que estruturas podem ser modificadas
de forma rápida no contexto global é não permitir a produção
de diferenças. Neste sentido, são necessárias estratégias que
transcendam a idéia de Estados-Naçã o hegemônicos em termos
econômicos e políticos. Todavia, no que tange às práticas dis-
cursivas, deve-se buscar “estratégias contra-hegemônicas” e “es-
tratégias legitimadoras de emancipação” 54 .
Desta forma, uma possibilidade diferenciada de práticas
discursivas encontra-se nas “perspectivas pós-coloniais”. As
mesmas “emergem do testemunho dos países de Terceiro Mun-
do e dos discursos das “minorias” dentro das divisões geopolíti-
cas de Leste e Oeste, Norte e Sul” 55 . Buscam intervir na forma-
ção de discursos ideológicos da pós-modernidade que tentam
aferir uma “normalidade” hegem ônica à irregularidade de de-
senvolvimento e às histórias dife renciadas entre as nações, co-
munidades, raças ou povos.
Na perspectiva pós-colonial a cultura é observada como es-
tratégia de sobrevivência tanto transnacional co mo tradutória.
Tradução no sentido de que as histórias espaciais de desloca-
mento (acompanhadas das disputas territoriais e tecnologias
globais e midiáticas) priorizam co mo a cultura significa e é signi-
ficada. Assim, os discursos naturalizados como “unificadores”
de povos e nações não podem ter referências imediatas. Tal
perspectiva desperta consciência acerca da “construção da cultu-
ra e da invenção da tradição” 56 .
É necessário, portanto, buscar a percepção do lugar híbrido
atribuído aos valores culturais onde a “metáfora da “linguagem”
traz à tona a questão da diferença e incomensurabilidade cultu-
rais”. 57 Tal compreensão possibilita o (re) questionar das noções
etnocêntricas e consensua is da existência pluralista da diversida-
de cultural.

54 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 240.
55 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 238.
56 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 241.
57 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 247.

357

Assim, o Pós-Moderno aborda, principalmente, noções de
valor como desenvolvimento, velocidade, tecnologia. Por mais
volátil e adaptável que sejam as perspectivas dos discursos pós-
modernos, todavia, não se concen tram no cerne da tradução dos
processos culturais; suas trajetórias e errâncias no âmago de seus
processos construtivos. Desta fo rma, também não perceb e os
tempos de transformação na própr ia prá tica disc ursiva. Ent re-
tempo este entre a proposição e em issão de discursos e recepção
dos mesmos. Nesta trajetória/de sloc amento modificam-se as estru-
turas, as instituiçõe s. O discurso se auto-produz e d eixa-se atra ves-
sar em pequenas fissuras, produzin do outra s práticas oriundas de
novas percepções e produções ling üísticas especí ficas em dado
espaço e tempo. Em outras palavr as, o discurso da “cena ecológi-
ca” assume d iferentes roupagen s de seu lugar in icial de hegemo nia.
“Assume perspectivas no domínio da outridade e do social, onde a
i de n t if ic aç ão se dá na própria diferença” 58 .
Tal concepção permite a constr ução de diálogos e proces-
sos democráticos conscientes acerca da questão ambiental. Per-
mite decidir com “agência”. Capacidade de agir e vivenciar.
Ação coletiva no sentido de movimentação (mov imentos soci-
ais) que consigam perceber as diferenças e rupturas entre as di-
versas concepções da “cena ecológica”. Na realidade, diálogo de
saberes em construção.
Modernidade e Pós-Modernidade são elas mesmas constru-
ídas a partir da perspectiva marg inal da diferença cultural. Dife-
rença que estrutura. A diferença própria é uma estrutura. Estru-
tura estruturante no sentido de padronizar, em determinado
campo, de forma violenta. Violên cia simbólica na produção do
discurso da “cena ecológica” 59 .
Por fim, a noção de habitus é interessante nesta compreen-
são. Habitus “ enquanto conjunto estratificado e dinâmico de
disposições que registram, armazenam e prolongam a influência

58 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizonte: E d. UFMG, 1998. p.
257.
59 BOURDIE U, Pierre. Le sens pratique. Paris: Les Editions de Minuit, s.d.

358

de ambientes diversos encontrados sucessivamen te na vida das
pessoas”. 60 Também em Bourdieu como estruturas estruturan-
tes, disposições duráveis e transponíveis 61 . Sherry Ortner 62 dife-
rencia a noção de habitus em Bourdieu, Foucault e Giddens. Para
os primeiros a noção é profundamente internalizada, fortemente
controladora e inacessível à consciên cia. Já para Giddens, “os
sujeitos são capazes de refletir, até certo ponto, sobre suas cir-
cunstâncias”. 63
Independente da consciência parcial ou não-consciência do
sujeito acerca destas estruturas, o importante é salientar a consti-
tuição do habitus enquanto somatóri o de condições culturais e
condições simbólicas (culturais). Neste sentido a percepção da
“cena ecológica” nos diversos lugares do globo depende da no-
ção de habitus influenciada ao mesmo tempo por princípios de
sociação e individ uação. No primeiro caso p orque “nossas cate go-
rias de juízo e ação, advin das da sociedade, são co m partilhadas p or
todos aqueles que se sujeit arem à condicionamentos e condiciona -
mentos sociais semelhante s; e no se gundo porque cada pessoa
pode ter trajetória e localiz ação únicas no mundo”. 64
Desta forma, a incorporação da noção de habitus para per-
c e p ç ão das práticas discursivas no campo da ecologia é de suma
importância para desvelar mecani smos inconscientes em determina-
dos grupos assujeitados por discursos pós-modernos; que desconsi-
deram a contingência, indeterminismo e os espaços conflituosos
próprios do processo de globalizaç ão, principalmente no que tange a
construção de saberes na cartografia de Estados-Nação pós-coloniais
inseridos no universo transnacional.

60 WACQUAN T, Lo ïc. Mapeando o Habitus. In : Hab itus. Goiânia, v. 2, n . 1, p. 11 -
18, jan/jun. 2004. p. 14.
61 BOURDIE U, Pierre. Le sens pratique. Paris: Les E ditions de Minuit , s.d. p. 88 .
62 ORTNER, S herry B. Uma atu alização da Teoria Prática. In: Conferências e Diálo-
gos: saberes e práticas antropológicas : 25ª Reunião Brasileira de Antropologia.
Goiânia: Nova Let ra, 2006.
63 ORTNER, S herry B. Uma atu alização da Teoria Prática. In: Conferências e Diálo-
gos: saberes e práticas antropológicas : 25ª Reunião Brasileira de Antropologia.
Goiânia: Nova Let ra, 2006. p. 27.
64 WACQUANT, Loïc. Mapeando o Habitus. In: Habitus. Goiânia, v. 2, n. 1, p. 11-18,
jan/jun. 2004. p. 14.

359

É justamente nesta tens ão entre estrutura e capacidade de
agência que se pode alcançar possibilidades para resoluções de
conflitos entre sustentabilidade e consumo. A resistência en con-
tra-se no tensionamento e no “empoderamento”, ou seja, na
busca e conseqüente acesso a informações sobre o que consu-
mir, como consumir, quais as externalidades deste consumo. É
através desta reflexividade sobre as ações do cotidiano que indi-
víduos e coletivos podem conviver com as ambivalências da
sociedade contemporânea, compreend endo as estruturas produ-
toras de expectativas e as possíveis contingências das decisões
tomadas neste circuito.
O discurso entificante da tecnologia/economia e de suas
“salvações” pode dificultar a compreensão das relações entre
ecossistemas com os quais compartilhamos a exi stência. Desta
forma, percebe-se que a informação tecnológica também neces-
sita ser salva se quisermos salvar a bio-sócio-diversidade. Ou
seja, salvar o objeto técnico do estado de alienação que ele é
mantido pelo sistema econômico. Tal concepção pode soar es-
tranho para ambientalistas, mas “talvez a salvação da natureza e
da humanidade dependa de nossa capacidade de também salvar
a técnica e a tecnologia”. 65 O objeto técnico é valioso pois é um
processo contínuo de invenção em um espiral contínuo com a
natureza, calcado de um emaranha do de significações que preci-
sa ser percebido em rede e nã o somente por aspectos econômi-
cos e mercadológicos. Tal questionamento é de sumária impor-
tância no que tange a biodiversidade, sem sobra de dúvida, nos-
sa maior riqueza planetária. Possibilit a e continuará proporcio-
nando a continuidade da vida sobre a superfície da terra.
Largamente explorada pelo mercado por décadas, a diversi-
dade genética em suas espécies vêm sendo coletad as por institu-
tos de pesquisa, públicos ou privados, majoritariamente de paí-
ses desenvolvidos, em florestas, montanhas, campos, serrados

65 SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-
técnico da informação d igital e genética. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 66.

360

dos países megadiversos, em sua maioria do sul. 66 Óbvio que a
intenção de quem fazia “pesquisas” e levava material para o seus
países não era apenas para corre spond er a curiosidade cientifica,
mas certamente haviam aqueles, que pretendiam fazer grandes
descobertas que pudessem ser utiliz adas em seus países e gerar
ganhos econômicos, o que ocorreu em muitos casos conheci-
dos. Hoje é notório que uma grande quantia de espécies encon-
tra-se conservados ex situ 67 , em bancos de germoplasma, fora de
seu país de origem.
Sem dúvida nenhuma, o avanço tecnológico se apresenta
como de fundamental importância para os país es do sul, mas é
inegável que na forma como se desenvolve esse processo, há
uma nítida vantagem para os países do Norte, pois de uma for-
ma sutil, criaram um sistema de normas internacionais, princi-
palmente a partir do Acordo TRIPS, que só eles se beneficiam,
em detrimento dos países do Sul.
Estes, mesmo sendo detentores da maioria dos recursos na-
turais do planeta, perdem o controle da sua exploração para as
grandes conglomerações internacionais, que em nome do direito
de propriedade intelectual, submetem diversas sociedades produto-
ras aos seus interesses, ge rando com isso ganhos fantástic os, ao
mesmo tempo em que mo nopoliz am o mercado mundial.
Na área de recursos naturais, em especial o referente aos re-
cursos da biodiversidade, devem os países da América Latina,
criarem um sistema continental de proteção de seus direitos
sobre esses bens, que pode ser extensivo a outros países de ou-
tros continentes que também se caracterizam por serem mega-
diversos.

66 “Segundo a ONG C onservation Internatio n al, dos 17 países mais ricos do mundo
(entre o s quais figuram Es tados Unidos, China, Índia, África do Sul, Indonés ia,
Malásia e Colômbia, o Brasil está em prim eiro lu gar disparado: detém 23% d o total
de espécies do planeta.”
67 “Conservação ex sit u ” significa a conservação de componentes da diversidade
biológica fora de seus h abitats naturais . Uma grande quantid ade de material colet a-
do encontra-se em bancos de germ oplasma distribuídos pelo mundo.

367

Assim, para a realização do trabalho, utilizar-se-á o método
de abordagem dedutivo, partindo-se do paradigma normativo
inaugurado pelos artigos 225 da Constituição Federal Brasileira,
que elege o direito ambiental como direito fundamental das pre-
sentes e futuras gerações, bem co mo dos artigos 14, 26, 30, 32 e
71 da Constituição Equatoriana a fim de entender e desenvolver
o direito de sumak kawsay, ou seja, do direito à vida em sua pleni-
tude. Já, na Constituição da Bolívia , analisar-se-ão os artigos 8º,
16, 19, 20, 33 e 34.
1 . O CONSTITUCIONALISMO E OS VALORES
DECORRENTES DAS CONSTITUIÇÕES:
CONSTRUINDO PONTES E ABISMOS ENTRE
O NEOCONSTITUCIONALISMO E O
GARANTISMO
Inicialmente, far-se-á análise dos atuais estágios do consti-
tucionalismo latino americano, para após, conceituar e contex-
tualizar as diretrizes do neoconstituci onalismo e da crítica garan-
tista.
Assim, um primeiro ciclo multicultural, vai ser enquadrado
de 1982-1988 e vai introduzir o conceito de diversidade cultur al,
do reconhecimento da configuração multicultural da sociedade e
alguns direitos específicos para os povos indígenas. (MINISTÉ-
RIO PÚBLICO FEDERAL, 2013). Alguns países como Canadá
(1982), por exemplo, reconhecem sua herança multicultural e os
“direitos aborígenes”, enquanto que a Guatemala (1985), Nica-
rágua (1987) e Brasil (1988) reconhecem a “conformação multi-
cultural da nação ou Estado, o direito à identidade cultural e
novos direitos indígenas” (FAJARDO, 2006). Especificamente
quanto ao Brasil têm-se dois arti gos incorporando os direitos
indígenas e outros dois tratando de direitos das comunidades
quilombolas.

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