Justicia y medio ambiente

JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE Álvaro Sánchez Bravo (editor) JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE VV. AA. Editado por: Alvaro Sánchez Brav o [email protected] Impreso en España ISBN: 978-84-16 068-33-3 Maquetación, diseño y prod ucción: Álvaro Sánchez Bravo © 2013 Álvaro Sánche z Bravo Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizaci ón por escrito de los titula- res del copyright, bajo las sanciones establ ecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendi- dos la repro grafía y el trat amiento inform ático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos. ÍNDICE PRESENTACI ÓN ............................................................ 15 MEDIO AMBIENTE Y JUSTICIA: un análisis desde la teoría del Bien de John Rawls Clovis Gorczevski Elisângela Furi an Fra tton ............................................. 19 DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO: O PAPEL DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS NA CONSTRUÇÃO DE UMA VIDA DIGNA SEGUNDO AMARTYA SEN Gilmar Antonio Bedin Joice Graciele Nielsso n................................................. 41 O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA Talden Fa rias ............................................................... 59 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E SADIO: o tratamento do conflito socioambiental a partir da mediação Fabiana Marion Spengler Charlise P. Colet Gimenez ............................................ 75 O ESTADO CONTEMPORÂNEO, OS NOVOS DIREITOS E A PROTEÇÃO AMBIENTAL Elenise Felzke Schonardie ............................................ 91 PILHAGEM, RISCO E INJUS TIÇAS AMBIENTAIS: o poder na sociedade em rede Rafael Santos de Oliveira Márcia Samuel Kessler .............................................. 121 A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DO DIREITO À SADIA QUALIDADE DE V IDA NOS 25 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA E O “SELO RUÍDO” Jorge Luís Mialhe Adriana Ferreira Serafim de Oliveira ......................... 135 INJUSTICIA AMBIENTAL Y DERECHO HUMANO AL AGUA Álvaro A. Sánc hez Brav o ........................................... 151 LA INVESTIGACIÓN PREPROCESAL DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL. Javier Rufi no Rus ...................................................... 171 LA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DE LA PERSONA JURÍDICA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Mª Paula Díaz Pita .................................................... 213 15 PRESENTACIÓN En la hora presente, y si volvemos la vista atrás, considera- mos que la humanidad ha progresado bastante. Desarrollamos potentes investigaciones, viajamos al espacio, desarrollamos nuevos medicamentos, avanzamos en derechos sociales, o retro- cedemos amparados en la crisis que todo lo justifica. Incluso en lo ambiental, hasta el capitalismo se ha travestido, en un “capita- lismo verde”, interesado, que no preocupado, en nuevos mode- los de negocio, en nuevos horiz ontes de dominio de los merca- dos amparados en la militancia ci udadana o en la inacción de los dirigentes políticos. Lo ambiental vende, y hay que aprovecharse de ello. No obstante, este “progreso” no es suficiente y queda, aún mucho camino por recorrer. Este ava nce es absolutamente asi - métrico. Mientras los más ricos, individualmente considerados, y sus Estados avanzan hacia mayores cotas de calidad de vida, derechos y seguridad, una gran parte del mundo, sobrevive, en muchos casos, míseramente, soportando injusticia, hambre y escasez, con el horizonte de un mañana que les permita seguir alimentándose. El origen de estas desigualdades es diverso, pero si existe un elemento que debe ser considerado. El origen de esta injusticia, de esta degradación ambi ental, radica en las actividades comer- ciales y políticas insolidarias de aquellos poderosos. Por tanto, para restaurar la justicia socio-ambiental se hace necesario que esos países reconozcan sus responsabilidades, asumiendo, y compensando por ello, que su desarrollo, su calidad de vida, su riqueza se ha basado en el uso de combustibles fósiles y recursos naturales extraídos de países pobres o subdesarrollados. Además esta restauración no puede hacerse de cualquier forma. Debe basarse indefectiblemente en el reconocimiento y satisfacción de derechos huma nos. Porque la cuestión no se resuelve sólo en términos de aportaciones monetarias, ayudas o compensaciones más o menos caritativas, sino en una verdadera 16 modificación de las formas tradicionales de relacionarse en el escenario internacional. Las reuniones internacionales s obre la vigencia de Kioto más allá de 2020 y las negociaciones para un acu erdo mundial sobre el comercio, so buen ejemplo de esa falta de sensibilidad, todavía, hacia los menos favorecidos. Se discuten compensacio- nes económicas, privilegios y cada uno trata de sacar tajada para sus intereses, pero esa falta de ac uerdo es la expresión endógena de que no interesan los seres huma nos, que no se profundiza en cómo estos acuerdos pueden ca mbiar, y deberían mejora, las condiciones de vida de millones de personas. Por eso se convo- can reuniones, y hasta de concluir éstas, ya se señalan las próxi- mas a desarrollar. Es una ópera bu fa: se reúnen sabiendo que no van a llegar a ningún acuerdo, mientras los cuatro jinetes del apocalipsis de los pobres, hambre, falta de agua, injusticia y vio- lencia, cabalgan ampliando sus posesiones. Especialmente signi- ficativo será el acuerdo en la OMC, pues aunque se concluya, y como ya conoce por la informaciones en curso, seguirán defen- diendo la liberalización mundial, globalizada, del tráfico de mer- cancías, la supresión de ayudas es tatales, de restricciones arance- larias, mientras muchos dirigentes de países pobres contemplan como se derrochan diariamente millones de tonel ada de comida y su población muere de hambre, siendo productores de mate- rias primas básicas para el comercio capitalista mundial. A los aeropuertos de medio mundo llegan diariamente productos de la otra parte, pero las personas, en ara de la seguridad nacional, de los intereses geoestratégicos, o de la simple caridad enmascara- dora de racismo, continúan confinados en sus sistemas injustos y totalitarios, no debiendo reclamar. Ese es su destino, siempre hubo ricos y pobres, tienen que ser pacientes y resignados, mientras desde sus chabolas y barri os marginales, a través de la televisión, contemplan la magnificencia del mund o desarrollado, su lujo, su estabilidad, sin saber que un parte de ese desarrollo descansa sobre su propia miseria. No somos sólo los ciudadanos los culpables. No podemos mortificarnos con estas realidad es, y devenir héroes o santos, renunciando a nuestra existencia para intentar ar reglar súbita- mente injusticias históricas. Los Estados tienen que asumir esas injusticias y comenzar a resolver las, y nosotros, ciudadanos, te- 17 nemos un papel fundamental a través de la movilización y el compromiso social, de la modificación de nuestros hábitos de consumo y del respeto y la integración de los que llegan de otras tierras buscando una vida mejor. Y es a esta labor a la qu e se consagra esta obra que recoge las reflexiones de un número re levante de investigadores y aca- démicos de ambos lados del Atlántico, cuyo compromiso con esta temática es acreditado y reconocido internacionalmente. Agradecer a todos su compromiso, su apoyo, una vez más, en esta nueva obra, y su afecto en este ilusionante proyecto. Mención especial para la Asoc iación Andaluza de Derecho, Medio Ambiente y Desarr ollo Sostenible, por acoger con entu- siasmo y compromiso esta iniciativa, patrocinando la edición y publicación de esta obra, y por seguir creyendo en la necesidad de compartir el conocimiento, hacerlo accesible a todos y garan - tizar la información de los ciudadanos. Y finalmente, dedicar esta obra a la figura de la Dra. Cinta Castillo Jiménez, recientemente fa llecida. No sólo en los años que desempeñó el cargo de Cons ejera de Medio Ambiente del Gobierno de Andalucía, ni en los restantes de su dilatada trayec- toria y responsabilidad política, ni en su labor docente e investi- gadora en la Universidad de Sevilla, dejó nunca Cinta de luchar contra la injusticia, de rebelars e contra los atentados a los dere- chos humanos, de procurar un mundo mejor par a todos. Y lo mantuvo hasta el final, con una lección de coraje y entereza que emociona al recordarlo. No pude despedirme de ti, pero como cantan los Secretos: “te he echado de menos hoy/ exactam ente igual que ayer/ confío en que siempre estaré/ contigo aunque no estés”. Hasta siempre, querida amiga. Sevilla, otoño 2013. Prof. Dr. Álvaro A. Sánchez Bravo. Presidente Asociación Andaluza de Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 19 MEDIO AMBIENTE Y JUSTICIA: UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA DEL BIEN DE JOHN RAWLS Clovis Gorczevski 1 Elisângela Furian Fratton 2 Consideraciones Iniciale s. Medio ambiente y organización social Hablar sobre medio ambiente es discurrir sobre el sentido de la vida para la humanidad. Pensadores de las más distintas áreas del conocimiento compactan con esa perspectiva. Varios son los caminos apuntados hacia su supervivencia y su creci- miento, pero lo importante es el sembrar de una concienciació n ambiental universal, el cuidado continuo y el amor a la vida en sí, lo que representa la lucha por un mundo más digno, humano y mejor. El hombre ha nacido para ser libre, dotado de razón y vir- tud, se le ha concedido el libre arbitrio para optar ser un agente activo en la sociedad o vivir a la merced de los acontecimientos a su alrededor. Sin embargo, independientemente del estilo de vida por él adoptado, sea cual sea el Estado De mocrático, el 1 Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de Santa Cruz do Sul 2 Abogada. Maestran da en Derecho 20 hecho es que existe una diversidad de intereses y perspectiv as personales con las que el hombre ve y analiza al mundo. John Rawls nombra a esta diversidad de pluralismo y en- tiende que éste “...não garante a estabilidade de uma sociedade democrática”, pues “...a característica permanen te da cultura pública de uma sociedade democrática é a convivência de várias doutrinas compreensivas razoáveis, que fundamenta-se no ‘fa to do pluralismo razoável’”. (CITTADINO, 2004, p. 80) Es precisamente a partir de esa cons tatación de múltiples culturas y divergencias de modos de vida de los pueblos que se cree en el establecimiento de una sociedad organizada por el deber natural cuya fuente se establece en el principio de la equi- dad. En ese sentido, explica Rawls (2008, p. 427) “...esse princí- pio afirma que a pessoa tem uma obrigação de fazer a sua parte, especificada pelas normas de uma instituição, sempre que tiver aceitado voluntariamente os be nefícios do sistema ou tenha aproveitado as oportunidades que oferece para a promoção de seus interesses, contando que essa instituição seja justa ou equi- tativa, isto é, atenda aos dois princípios de justiça.” Sin embargo, importa que haya una voluntad mutua de los individuos libres, iguales y dota dos de capacidad de pensamien- to, que se agrupen por la lucha de un ideal común en el que to- dos obtengan los beneficios de esa unión dentro de una socie- dad bien ordenada. Es decir, de acuerdo con ciertas normas y políticas justas, pero extremamente importante es que el com- promiso de cooperación esté presente con las demás personas, bajo pena de que nos beneficiemos de los esfuerzos ajenos. Nos enseña Cittadino que la concepción de justicia impar- cial de Rawls (2004, p. 81) nada más es que la idea de justicia independientemente de otras doctrinas y así “... afirma que sua concepção política de justiça é neutra em relação às diversas visões compreensivas acerca da vida digna”. Por tanto, para Rawls (2008, p. 578) “...parece plausível, então, que adotar uma moralidade de associação (representada por alguma estrutura de ideais) fundamenta-se no desenvolvi- 21 mento das habilidades intelectuais necessárias para considerar as coisas de uma variedade de pontos de vista e de pensar isso co- mo aspectos de um sistema único de cooperação”. Dentro de esa concepción de una sociedad democrática bien ordenada y de agentes acti vos con sentido de justicia, que- riendo ser útiles, productivos y buenos (en el senti do etimológi- co del término) en sus núcleos de asociaciones, sea familiar, sea profesional o comunitario, es que la idea de pluralismo razona- ble de Rawls resulta bastante significativa. Y así se posiciona Cittadino: O resultado disso é que há uma compatibilidade entre a ideia de justiça e a ideia de bem que garante a estabilidade de uma sociedade bem ordenada. Em outras palavras, como o justo e o bem são compatíveis, o pluralismo não pode ser senão ra- zoável. (CITTADINO, 2004, p. 82) La cuestión del bien como racionalidad defen dida por Rawls es la base sólida del propi o sujeto que asimila y elige el bien como el camino más racional para su vida en una sociedad organizada, adaptándose así a los valores de justicia colectiva. Efectivamente, el bien sacado a la luz es aqu el que va más allá de los planes comunes de vida del hombre como renta, ri- queza y bienestar. Aquel más ple no y anhelado por él, cuyo valor es inmensurable e inestimable - el respeto propio. Bajo esa perspectiva de autovaloración humana, en la que el bien integra la justicia como equidad en el seno de una sociedad ordenada, el sentido de justicia imbuido en esa moldura valorati- va se puede considerarlo un bien intangible, esencial y funda- mental. Así lo prepondera Rawls: (...) E se dentro da teoria fraca acontece qu e ter um senso de justiça é, de fato, um bem, então a sociedade bem-ordenada é tão estável quanto se possa desejar. Além de gerar suas próprias atitudes de apoio moral, essas atitudes são desejáveis do ponto de vista das pessoas racionais que as tomam quando avaliam sua situação independentemente das re strições da justiça. (RAWLS , 2008, p. 493) 22 Así que, el punto crucial de la obtención del sentido de jus- ticia humana está en el intento de establecer la coherencia entre bien y justicia. Rawls, por lo tanto, enfoca en el bien el argumen- to de la justicia como deseo real e in trínseco de los ciudadanos que buscan vivir, convivir y contri buir para la estabilidad de una sociedad organizada. La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 establece la forma como el Estado se organiza. Pero antes de la existencia del Estad o, el hombre siempre ha tenido el ins- tinto de agruparse con otros con el objetivo de buscar su bienes- tar y el de la comunidad en la que se encontraba inserido, ha- ciéndose necesario una seria reflexión sobre la importancia de la justicia ambiental para alcanzarse la efectuación de mocrática. Sin embargo, esclarece Rawls en su obra O direito dos povos : Ao dizer que um povo tem um governo democrático cons- titucional razoavelmente justo (embora não necessariamente justo por completo) quero dizer que o governo está eficazmente sob seu controle político e eleito ral, que responde pelos seus interesses fundamentais e que os protege como especificado em uma constituição escrita ou não- escrita”. (RAWLS, 2001, p. 31) La normalización de un derecho ambiental equilibrado y sano se encuentra legalmente prevista en el artículo 225 en la Constitución Brasileña de 1988 y desde ese marco, se comienza la organización y búsqueda por la efectuación de esos derechos de parte del Estado y de la sociedad. Así, el derecho ambiental, por ser de cuño universal, se en- cuadra en la concepción de de rechos de tercera dimensión don- de están relacionados con el derecho al medio ambiente sosteni- ble de vida digna y de paz. Al paso que en relación con el Estado la importancia jurídi- ca ambiental es así comentada por Canotilho: No seu conjunto, as dimensões jurídico-ambientais e jurídi- co ecológicas permitem falar de um E stado de direito ambiental e ecológico. O Estado de direito, hoje, só é Estado de direito se for um Estado protetor do ambiente e garantidor do direito ao ambiente; mas o Estado ambiental e ecológico só será Estado de 23 direito se cumprir os deveres de juridicidade impostos à atuação dos poderes públicos. Como se irá ver nos desenvolvimentos seguintes, a juridicidade ambiental deve adequar-se às exigências de um Estado constitucional ecológico e de uma democraci a sustentada. A natureza de princípio conferida a muitas das nor- ma s estruturantes da Constituiç ão ambiental – princ ípio do desenvolvimento sustentável, pr incípio do aproveitamento racional d os recurs os, pri ncípio da salvaguarda da capacidade de renovação e de estabilidade ecológica, princípio d a solida- riedade entre gerações – obrigar á a uma metódica constitucio- nal de concretização particular mente centrada no s critérios de ponderação e de optimiz ação dos interesses ambientais e eco- lógicos. (CANOTILHO, 2008 , p. 5-6) Desde ya, construir y mantener una s ociedad justa y estable compuesta de ciudadanos plurales con distintos modos y estilos de vida, pero que puedan ser libre s y respetados en la sociedad y que se puedan asociar de forma libre, racional y conciente en pro de una sociedad bien ordenada, estable, basada en el bien y en plena efectividad de una vida más digna y justa es el ideal a alcanzarse. Ante la crisis ambiental enfrentada desde el fin del siglo XX, cuando el hombre comenzó con la naturaleza una relación de dominio excesivo, el desequilibrio es permanente. Es impres- cindible para la superación de ese fenómeno la construcción de una ética fundada en el respeto, cuidado y en el bi en para la po- sibilidad de continuación de vida en la Tierra a través de una justicia ambiental cautelosa y preventiva. Del mismo modo, el principio de la precaución formulado en la Grecia antigua significa el cuidado y el estar enterado de la relación del hombre con la naturaleza. Dicho principio orienta las actividades humanas y abarca conceptos como justicia, equi- dad, respeto y prevención. En ese sentido enseña Canotilho: Así enseña Canotilho, 2012 “o princípio da precaução fun- ciona como uma espécie de princípio “in dubio pro ambiente”: na dúvida sobre a perigosidade de uma certa atividade para o am- 24 biente, decide-se a favor do ambiente e contra o potencial po- luidor, isto é, o ónus da prova da inocuidade de uma acção em relação ao ambiente é transferido do Estado ou do potencial poluído para o potencial poluidor. Ou seja, por força do princí- pio da precaução, é o potencial poluidor que tem o ónus da pro- va de que um acidente ecológico não vai ocorrer e de que adop- tou medidas de precaução específicas . (CANOTILHO, 2012, p. 70-71) Así que es imprescindible que haya medidas anticipatorias de protección al medio ambiente que sean anteriores a los im- pactos que causan daños agresivos a la naturaleza y su alrededor donde la responsabilidad por el riesgo, aunque sencillo, se la atribuya a las personas que tienen interés por la actividad desa- rrollada. Además de las responsabilidades individuales del hombre, tiene el Estado la obligatoriedad de p roteger y prevenir las agre- siones al medio ambiente para que haya el desarrollo del Estado de derecho democrático y ambiental. Medio ambiente y Estado Con el adviento de la Constitución Federal de 1988, los conceptos constitucionales tradicionales fueron siendo dejado s de al lado, asumiendo nuevos modelos de efectuación de esos derechos, inaugurando el Estado Democrático de Derecho, que tiene como característica principal la concretización de los dere- chos fundamentales, según preceptúa Novelino: “(...) Os direitos fundamentais, compreendidos como os di- reitos humanos consagrados no plano interno, são normas posi- tivas constitucionais. Após atra vessarem uma fase de carência normativa na qual eram considerad as meras declarações solenes, revestidas somente de valor mora l, esses direitos tiveram sua normatividade reconhecida sendo alçados à condição de normas jurídicas constitucionais.” (NOVELINO, 2008, p. 222-223). 31 aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domésti- co”. El escenario actual requiere av ances y cambios significativos en pro de la dignidad humana que representa la clave maestra del hombre en los nuevos tiempos, debiendo perseguirla todo el ordenamiento jurídico y toda la humanidad global. Destaca, por tanto, Canotilho (1998, p. 21), “a forma que nossa contempora- neidade se revela como uma das mais adequadas para acolher esses princípios e valores de um Estado subordinado ao direito é o Estado constitucional de Direito de mocrático e social ambientalmente sustentado”. Efectivamente, el modelo de Estado Sociambiental tiene un papel fundamental en la promoción de los derechos fundamen- tales, específicamente en lo que se refiere a la tutela ambiental y que Perez-Luño defiende como “um modelo de desenvolvimen- to econômico e humano de resgate do ‘ser’, vinculado a pro- teção ambiental e principalmente com a dignidade humana.” La injusticia social se muestra de distintas facetas, pues además de afectar directamente a las clases más desfavorecidas bajo el punto de vista económico y que poseen acceso más res- tricto a los servicios públicos básicos como agua, saneamiento básico, etc.; también están limitad os a las informaciones de or- den ambiental y legal, impidiendo así, por falta de conocimiento y de noticias, que eviten los daños y riesgos ambientales. Bauman (2005, p. 21) utiliza el término “desecho humano” para demostrar como una parte de los seres humanos irá a la “basura” con el desecho de las sobras por el exceso de consumo y producción, asimismo como por la dominación global del ca- pital. Ante esa situación, la búsqueda por la justicia como equidad por la preservación del bien natural que Schornardie (2011, p.) define como “todos os atributos naturais, artificiais e culturais, que integram o meio no qual estamos inseridos”, que el Poder Público y la población necesitan salvaguardar. La expresión “justicia como equidad” enunciada por John Rawls, se basa en los acuerdos de una posición original, donde 32 las personas desconocen el objeto de elección, pero la garantía de los acuerdos fundamentales pod rá ser alcanzada como equita- tiva por los principios de justicia formulados por Rawls: Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de igua is liberdades funda mentais que seja compa tível com um sistema de liberda des para as o utras pessoa s. Segundo: as desigualdades sociais e econômicas de vem estar dispostas de t al modo que tanto (a ) se possa razoavel mente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b) estejam vincu- ladas a cargos e posições acessíve is a todos. (RAW LS, 2008, p. 73) Esos principios de justicia enunciados por Rawls presupo- nen que cualquier persona libre y racional los aceptaría en caso de que se encontrara en una posición inicial de igualdad, visto que cada individuo es dueño de una “inviolabilidad fundada en la justicia”, que ni el bien común y tampoco el Estado pueden anular. Para que ese sentido de justicia sea practicado y eficaz, hay que existir una congruencia de actitudes éticas del hombre ante las situaciones que pudiesen llevarlo a obtener alguna ventaja personal por desobedecer a esta premisa, a la vez que dicho comportamiento avalaría profundamente los pilares de un senti- do de justicia, pues se parte de sde el principio que una persona justa no se predispone a aceptar y realizar referido procedimien- to, pues el “deseo regulador de obedecer a los principios corres- pondientes” sería uno de sus criterios de elección racional; así avala Rawls: “...Os critérios de escolha racional devem levar es se desejo em conta. Se o que a pessoa quer, com racionalidade deliberati- va, é agir do ponto de vista da justiça acima de tudo o mais, é racional para ela agir assim. Por conseguinte, nessa forma a questão é trivial: sendo os tipos de pessoa que são, os membros de uma sociedade bem-ordenada desejam, mais do que qualquer coisa, agir com justiça, e realizar esse desejo faz parte do seu bem. Quando adquirimos um senso de justiça que é verdadeira- mente final e efetivo, como requer a primazia da justiça, nos encontramos engajados num plano de vida que, na medida em 33 que sejamos racionais, nos leva a preservar e incentivar esse sen - timento. Já que esse fato é de conhecimento público, a instabili- dade do primeiro tipo não exis te e, por conseg uinte, também não existe a do segundo” (RAWLS, 2008, p. 702) Aún sabiendo de la existencia de otras formas de concep- ción de sentido de justicia, grandiosos son los argumentos de Rawls sobre la teoría de la justicia basada en el bien. La fuerza de esa concepción es como un bal uarte de una sociedad que opta por el bien racional, así pu esto, plausible y posible de al- canzarse el equilibrio ante la multipluralidad de ideas, conceptos y pensamientos existentes dentro de las comunidades, pues l a prevalencia de ese sentimiento de justicia se lo podría utilizar como guía del plan de vida de las personas para que la paz y la justicia prevalezcan. Casos concretos y la comprensión de los Tribunales Constitucionales Brasileños Las premisas doctrinarias antes desarrolladas sobre medio ambiente y justicia ambiental se las podrá evaluar a la luz de la jurisdicción constitucional brasileña, más precisamente el S u- premo Tribunal Federal. En lo que se refiere al término “justicia ambiental” verifica- ción hasta fines del mes de agosto de 2013 en la plataforma de investigación jurisprudencial de la página oficial en Internet del Supremo Tribunal Federal, localizó solamente un (1) fallo – ADFP 101/DF, que versa sobre argüido de descumplido de precepto fundamental que afronta a lo s principios constituciona- les de la salud y al medio ambiente equilibrado. ADPF 101 DF - DISTRITO FEDERAL, ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMEN- TAL, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Jul- gado em 24/06/2009, Dje-108 DIVULG 01 -06-2012 PUBLIC 04-06-2012 EMENT VOL 02654-01 PP 0000 1 34 En este caso, el debate se pautó en l a adecuación y obser- vancia del principio de la subsidiariedad. Art. 170, 196 y 225 d e la Constitución de la República Federativa de Brasil cuyo tema pairó en la importación de neum áticos usados y reciclaje. El Tribunal se acogió constituciona lmente en el o principio de la precaución, armonizado con los demás principios de la orden constitucional y económica, asimismo como el derecho a la sa- lud, considerada como un bien no patrimonial. Del análisis de la decisión se verifica que fue reconocido por mayoría el argüido de descumplido de precepto fundamental (al menos en lo que se refiere a la salud). Para la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, se encuentra asociada la salud de los hombres con la calidad y los elementos que componen el medio ambiente sano, aunque haya la permanente necesidad d e ampliar la cultura colectiva de la población para ese debate. Semejante preocupación de defensa al medio ambiente constató la Corte Suprema Brasileña cuando la investigación jurisprudencial es del término “medio ambiente”. En esa cose- cha se han encontrado doscientos cuarenta y cinco (245) fallos y cuatro (4) de repercusión general en el sitio del Supremo Tribu- nal Federal. RE 716963 RG / RS - RI O GRANDE DO SUL REPER- CUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Julgado em 22/11/2012, Dje-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12- 2012 ARE 642827 RG / ES - ESPÍRITO SANTO REPER- CUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Julgado em 23/06/2011, DJe-167 DIVULG 30- 08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP- 00282 RE 607109 RG / PR – PA RANÁ REPERCUSSÃO GE- RAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, 35 DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2 010 EMENT VOL-02436-02 PP-00340 RE 586224 RG / SP - SÃO PAULO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, Julgado em 11/12/2008 DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02- 2009 EMENT VOL-02347-13 PP-02567 Se han analizado solamente la s ocurrencias de repercusión general en lo que concierne a los sumarios jurisprudenciales, y se constató una posición firme del Supremo Tribunal Federal por la preocupación constante que los daños causados al medio am- biente caminen hacia la “tolerancia cero”, en la que la protección al medio ambiente sano y equilib rado es indudablemente una cuestión de relevancia social reconocida. En cuanto a la investigación de la referencia “estado so- cioambiental” no se ha encontrado ninguna ocurrencia jurispru- dencial en el sitio del Su premo Tribunal Federal. Al fin y al cabo, la Suprema Corte ha sido defensora y pro- tectora de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibra- do, pero aún camina tímida en cuanto a la efectuación de los derechos fundamentales comprendidos como derechos hu ma- nos. Cabe a las políticas públicas fundadas en la Constitución que se encarguen de esa efectuación al punto de que se le a tribu- ya al Poder Judiciario un comprometimiento con la eficacia y la integridad de los derechos fundamentales. Consideraciones finales Es el ciudadano el destino final de la ley suprema, es en ella que se espeja la realidad social y aflicción del pueblo. La ocu- rrencia de injusticias sociales es frecuente: el acceso de los ciu - dadanos económicamente menos favorecidos a los servicios públicos esenciales es restricto, el acceso a la información es limitado y los problemas ambientales son frecuentes y camufla - 36 dos. Sin embargo, es el ciudadano bien informado que consigue visualizar y comprender los reales problemas ambientales d el cotidiano, siendo agente activo y transformador en la sociedad, pudiendo ejercer un papel orientador y educad or, para que se eviten daños y riesgos ambientales por falta de conocimiento o información de la población, contribuyendo así con el Poder Público en la reducción de litigios y conflictos, porque la vida depende del no abandono del conoc imiento y de la instrucción de los hombres en la Tierra. La función del Estado en la protección ambiental se fun- damenta en los textos legales y en la Constitución de la Repúbli- ca Federativa de Brasil, pero el desafío ambiental contemporá- neo va más allá de positivar normas disciplinantes y sancionado- ras, porque el sentimiento de preservación y cuidado deberá estar inserido en las acciones individuales del ho mbre, en la res- ponsabilización individual de forma justa, en el discernimiento para aplicación de la justicia con equidad, en la búsqueda cons- tante de alternativas educativas para la efectiva precaución y prevención de la degradación ambi ental y en el con stante ejerci- cio de la justicia basada en la Te oría del Bien en la que la rela- ción del hombre con el medio am biente deberá ser equilibrada y saludable. La justicia ambiental está vinculada a un Estado Socioam- biental de Derecho de cuño universal, democrático, comunitario y existencial, en el que el deber de defender y proteger el medio ambiente es tanto del Poder Público como de los agentes socia- les. Su efectividad parte de la acción de dos frentes, la del Esta- do a través de políticas públicas eficientes y fomentadoras de participación popular atendiendo a las necesidades actuales y colectivas de la población y de la propia sociedad a través de acciones comunitarias y comunica tivas donde la prevalencia del principio fundamental de la dignidad de la per sona humana pueda ser reconocido y respetado por todos y por cada indivi- duo de forma individual como un deber de autorrespeto y pro- tección del propio hombre y del ambiente en el que vive. 37 Se habla tanto de la necesidad de dejar un planeta mejor pa- ra nuestros hijos y nos olvidamos de la urgencia de que dejemos hijos mejores para nuestro planeta, así la concepción: “cuando yo cambio, el mundo se transforma ”, es el camino de la verdad y de la solidariedad a seguir, dond e la valoración del ser deberá prevalecer en detrimento del tener y por donde la oxidación de la ignorancia no se alastre. Se concluye por tanto que el hombre está en constante evo- lución en la sociedad, todas sus acciones generan consecuencias que podrán ser desastrosas o edific antes al medio en el que vive. De su relación con el ambiente dep ende su vida, su crecimiento depende de la búsqueda por el conocimiento científico y la prác- tica de buenas acciones es el designio del hombr e en la obten- ción del sentido de justicia. De esa forma, la humanidad podrá caminar por sendas donde impere la paz, la fraternidad, la soli- dariedad, la verdad, la justicia y el respeto por la vida humana y ambiental en la Tierra. Referenci as BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiças. Jorge Zahar.., Rio de Janeiro, 2005. BENJAMIN, Antonio Herman; LECEY Eladio; CAPPE- LLI Sílvia. Meio Ambiente e Acesso à Justiç a. Flora, Reserva Legal e APP. São Paulo: Congresso Internacional de Direito Ambiental, 2007. BITENCOURT, Caroline Muller. Controle Jurisdicional de Po- líticas Públicas. Nuria Fabris., Porto Alegre, 2013. 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Ijuí: Unijuí, 2011. 47 Cabe notar quanto a esta evolução histórica que, como bem lembra Flávia Piovesan (2004, p. 27), no campo dos valores, em matéria de direitos humanos, uma divisão ideológica esteve no cerne de uma intensa disputa. A consequência de um sistema internacional de polaridades defi nidas – Leste/Oeste, Norte/Sul – foi a batalha ideológica entre os direitos civis e políticos (hera- nça liberal patrocinada pelos Estados Unidos) e direitos econômicos, sociais e culturais (herança social patrocinada pel a então União Soviética). Neste sentido, impreterível destacar que, “antes de ser um problema jurídico, a questão da realização dos direitos sociais prestacionais é um problema filosófico” (RODRIGUES, 2009, p. 44). Se tomarmos por base ta l afirmação, devemos considerar que, na atualidade da discussão deste tema, ainda está premente a divisão entre direitos liberais e sociais, cuja causa se funda no conflito (mal resolvido) entre diferentes teorias de justiça (SEN, 2004, p. 318). Neste sentido, cabe notar que várias correntes jusfilosóficas guardam ideais específicos de justiça como critérios de admissão da fundamentalidade dos direitos (RODRIGUES, 2009, p. 44). Assim as concepções liberais e as socialistas foram as que mais influenciaram a trajetória expansiva dos direitos humanos na perspectiva internacional no decorrer da história do constitucio- nalismo moderno (BONAVIDES, 2003. p. 562-5). Em poucas palavras, as primeiras declarações conceberam os direitos de 1ª dimensão (ou direitos liberais), as segundas os direitos de 2ª di- mensão (ou direitos sociais). Para as correntes liberais clássicas, a ideia de direitos fun- damentais encontra- se presente na garantia de “não-ingerência” (do Estado e de outros particulares) sobre a esfera de liberdade do indivíduo (SARLET, 2004, p. 181). Em reforço a esta tese (não-ingerência), edificaram-se as doutrinas libertárias, exacer- bando como critério único de justiça o respeito à “condição de universalização”, princípio lógico que sustenta que os únicos direitos possíveis são aqueles que prescrevem deveres indepen- 48 dentemente de consequências, que todos devem respeitar sem qualquer exceção (SEN, 2000, p. 86). Em contraposição ao liberalismo, as correntes socialistas (ou socializantes) dão ênfase à ideia de que os direitos devem garantir de fato a liberdade do indivíduo, sendo insuficiente uma juridicidade que apenas declare que um sujeito é igual e livre sem verificar se realmente ele goza desse status . Igualdade real em confrontação à igualdade meramente formal. No entanto, estas inclusões mais recentes de direitos huma- nos, têm ficado sujeitas a contestações das mais variadas. Muitos dos críticos, de hoje, aos direitos sociais, econômicos e culturais parecem abraçar a concepção formalista liberal do s direitos hu- manos, uma vez que admitem como fundamentais apenas os direitos de primeira geração. O que pretendem tais autores, ao separar direitos sociais, econômicos e culturais dos direitos civis e políticos, é “realizar a separação entre liberdade e justiça, como sendo esta o meio para aquela” (RODRIGUES, 2009, p. 45 ). Porém, tal separação, se- gundo o autor, em termos substanciais, é impossível, principal- mente se tomarmos em consideração a teoria dos direitos hu- manos de Amartya Sem, cujo principal fundamento é justamente o significado de liberdade que forma a essência destes direitos e de sua concepção de justiça. Neste sentido, é importa nte destacar que a teoria dos direi- tos humanos de Sen vincula-se a uma perspectiva bem ampla de liberdade, cujo conceito, calcad o nas oportunidades reais de um indivíduo para levar uma vida digna e livre (SEN, 2011), ultra- passa muito o conceito liberal e destaca que uma s eparação entre justiça e liberdade só é possível se esta última for considerada em termos meramente formais. Em outras palavras, há uma clara indicação de que a concep ção de uma teoria da justiça, necessariamente, influencia uma concepção de liberdade, e vice- versa (SEN, 2000). 49 3. A Relevância dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Como já observamos, os direitos econômicos, sociais e cul- turais vem sofrendo, ao longo dos tempos, uma série de críticas quanto à sua inclusão na categoria dos direitos humanos. Para melhor compreensão e refutação destas críticas, Amartya Sen aprofunda a sua reflexão a partir de duas linhas específicas de contraposição, as quais ele denomin a de “crítica da instituciona- lização” e “crítica da exequi bilidade” (2011, p. 416). A crítica da institucionalização, que visa em especial aos di- reitos econômicos e sociais, está ligada à crença de que os direi- tos reais devem se desenvolver numa relação de correspondên- cia exata com os respectivos deveres formulados com precisão. O argumento comum de que essa correspondência só existe se um direito for institucionalizado. Neste ponto, cabe trazer a constataçã o de Sen a respeito da necessidade de se compreender os direitos, quando de sua apli - cação, não somente sob o ponto de vista das demandas éticas que traduzem, mas também sob o enfoque das obrigações (ou funções) que geram. Neste sentido, para responder a essa crítica Sen invoca a noção de que as obrigações podem ser perfeitas ou imperfeitas, apresentando, com base nos estudos sobre a moral de Kant, a diferenciação entre “obrigações perfeitas”, que apre- sentam ações específicas, e “obrigaçõ es imperfeitas”, que indi- cam apenas objetivos gerais. (2011, p. 409). Note-se que, como nos lembra Rodrigues, (2009, p. 49), os conceitos de obrigações perfeita s e imperfeitas, utilizados por Sen, relacionam-se com os de “d imensão negativa” (defesa) ou “positiva” (prestações) dos di reitos fundamentais usados por Sarlet (2004, p. 219). Considerando uma obrigação em abstrato, são as omissões (dimensão nega tiva) o núcleo das obrigações perfeitas, vez que elas sempre se aplicam a todas as situações, e as ações (dimensão positiva) o centro das obrigações imperfei- tas, porquanto para estas não ex iste, em princípio, nenhuma 50 regra que indique exatamente como alguém deve agir. Apesar desta distinção, para Sen, amba s as categorias de direitos pos- suem igual importância, de maneira que não é possível negligen- ciar a realização das obrigações imperfeitas apenas porque elas não são determináveis em abstrato (2011). Para Sen (2011, p. 417), [...] mesmo os direitos clássicos de ‘primeira geração’, como a liberdade de não ser atacado, podem ser vistos como gerado- res de obrigações imperfeitas aos outros. Da mesma forma, os direitos sociais e econômicos levam a obrigações perfeitas e im- perfeitas. Ou seja, todos os direitos, sem exceção, prescrevem obri- gações tanto perfeitas q uanto imperfeitas. É só imaginar, de acordo com Rodrigues (2009) a partir da classificação dos direi - tos fundamentais, acima apresentad a por Sarlet, os direitos de defesa clássicos (liberdades dive rsas, religiosa, de expressão, participação política, etc., vida , propriedade) sem qualquer pres- tação em sentido amplo ou em sentido estrito (prestações mate- riais). Sem qualquer violação a tais direitos, parece que eles lo- gram ser usufruídos normalmente, mas e se eles forem violados? Ou se sofrerem ameaça de violação? Nesse caso, segundo o autor, percebe-se sem demora que sem outras prestações (obri- gações), tais como normativas, para o desestímulo a trans- gressões legais, e materiais, como a edificação de a paratos buro- cráticos representados nas estruturas das funções estatais (legis- lativa, executiva e judiciária), pouca coisa restaria para a garanti a de tais direitos. (RODRIGUES, 2009). Flávia Piovesan (2011, p. 213) concorda com tal argumento e afirmar que tanto os direitos [...] sociais, como os direitos civis e políticos demandam do Estado prestações positiv as e negativas, sendo equivocada e simplista a visão de que os direitos sociais só demandariam pres- tações positivas, enquanto que os direitos civis e políticos de- mandariam prestações negativas, ou a mera abstenção estatal. A título de exemplo, cabe indagar qual o custo do aparato de segu- rança, mediante o qual se asseguram direitos civis clássicos, co- 51 mo os direitos à liberdade e à propriedade, ou ainda qual o custo do aparato eleitoral, que viabiliza os direitos políticos, ou do aparato de justiça, que garante o direito ao acesso ao Judiciário. Isto é, os direitos civis e polític os não se restringem a demandar a mera omissão estatal, já que a sua implementa ção requer polí- ticas públicas direcionadas, que contemplam também um custo. Basicamente, com a constatação de Sen de que qualquer di- reito encerra vários tipos de obrigações (tanto obrigações perfei- tas quanto imperfeitas) considera-se equivocada a tese de que os direitos sociais, econômicos e culturais que não envolvem o mínimo existencial não são fundamentais porque são direitos instituídos no Estado, ao passo que os verdadeiramente funda- mentais são, somente, os direitos pré-estatais (o s direitos de primeira geração), para os quais bastaria a abstenção. Nesse ponto, cabe ainda destacar a importância que Sen atribui à relação de indivisibilidade de todos os direitos, bem como ao exercício dos direitos civis e políticos em um ambiente plenamente democrático (em que se viabilizem a participação política, diálogo e interação pública, conferindo o direito à vo z aos grupos mais vulneráveis (2011). Para ele, o pleno exercício dos direitos políticos pode impli- car o “empoderamento” das populações mais vu lneráveis e o aumento de sua capacidade de pr essão, articulação e mobilização políticas. Os direitos políticos (incluindo a liberdade de ex- pressão e de discussão) são não apenas fundamentais para de- mandar respostas políticas às necessidades econômicas, mas também centrais para a própria formulação dessas necessidades econômicas (2000). Neste sentido, mesmo nã o possuindo uma autoaplicabilidade imediata, os direitos econômicos, sociais e cultur ais oferecem um “vasto campo de debate público fecundo e possivelme nte de pressão efetiva” sobre o que pode fazer uma socied ade ou um Es- tado – mesmo que com baixos n íveis de desenvolvimento – para impedir violações de certos dire it os sociais, ec onômicos e culturai s fundamentais (associados, por ex emplo, à fome, à subnutriçã o crônica ou à falta de assistê nci a médica). (SEN, 2011, p. 417). 52 Isto não significa desconhecer a importância das insti- tuições para concretizar os direitos sociais, econômicos ou cul- turais, mas a significação ética desses direitos oferece boas razões para tentar concretizá-los por meio de seu trabalho de pressionar ou contribuir para mudanças nas instituições e nas atitudes sociais. De acordo com Sen (2010, p. 428) “negar o estatuto ético dessas pretensões seria ignorar o raciocínio que desencadeia essas atividades construtivas, inclusive o trabalho de pressão para mudanças institucionais”. Por sua vez, uma segunda crítica dirigida à fundamentabili- dade dos direitos sociais é, segu ndo Sen, a crítica da exequibili- dade, que parte do argumento de que, mesmo com os melhor es esforços, talvez não seja possível concretizar muitos dos direitos sociais, econômicos e cu ltura is. É uma crítica que “t oma por base o pressuposto, em larga medida não fundamentado, de que os direi- tos humanos para ser coerentes, tem de ser inte ir amente e imedia- tamente realizáveis para todos” (SEN , 2011, p. 429). Se se aceitasse esse pressuposto, o efeito imediato seri a remover muito s dos ditos direitos de bem-est ar social do campo dos direitos humanos possí- veis, sobretudo nas socie dades mais pobres. Isto é, para Amartya Sen, ina ceitável, uma vez que se baseia numa confusão sobre o conteúdo que um direito eticamente reconhecido necessita reivindicar. Claro é que os defensores dos direitos humanos querem que tais direitos sejam reconhecidos e realizados ao máximo. Tal abordagem não deixa de ser viável apenas porque outras mudanças sociais podem vir a ser ne- cessárias, em algum momento, para ampliar o numero desses direitos reconhecidos que passam a ser plenamente realizáveis e efetivamente realizados. Cabe lembrar aqui que, para Sen, a afirmação dos direitos humanos é um chamad o à ação – um chamado à mudança social – e não depende de uma exequibili- dade preexistente. De fato, se a exequibilidade fosse condição necessária para que as pessoas terem algum direito, não só os direitos sociais, econômicos e culturais, mas todos os direitos – inclusive o direi- to às liberdades formais – seriam inviabilizados, tendo em vista 53 da impossibilidade de proteger a vida e a liberdade de todos contra a transgressão. De acordo com o autor (2011, p. 419), Garantir que toda pessoa fique em paz nunca foi especial- mente fácil. Não podemos impedi r a ocorrência de um assassi- nato aqui ou ali, dia sim, dia não. Nem, com nossos melhores esforços, podemos deter todas as matanças em massa, como os m a s s a c r e s e m R u a n d a e m 1 9 9 4 , e m N o v a Y o r k e m 1 1 d e s e - tembro de 2011, ou em Londres, Madri, Bali e Mumbai em data mais recente. O equivoco de rejeitar as pretensões de direitos humanos com base no fato de não serem plenamente exequíveis é que um direito não realizado por inteiro ainda continua a ser um direito, demandando uma aç ão que remedie o problema. A não realização, por si só, não tran sforma um direito reivindicado num não direito. Pelo contrário, ela motiva uma maior ação social. Por fim, é importante ainda abordar o argumento comu- mente utilizado que os direitos sociais, econômicos e culturais não são autoaplicáveis. Neste sentido, lembra Amartya Sen que nenhum direito é plenamente autorealizável, em especial se le- varmos em consideração que muit os direitos se alicerçam em obrigações imperfeitas. Neste sent ido, para Sen, (2011) se for- mos pressupor que a garantia completa e detalhadamente a rea- lização de um direito fosse entendida como uma condição ne- cessária de vigência de todo direito, então não apenas os direitos de bem-estar social, mas também as liberdades, autonomias e até mesmo os direitos políticos também não poderiam ser realiza- dos e considerados cogentes. Assim, é fundamental ter clareza que para Amartya Sen, a exclusão de todos os direitos sociais, econômicos e culturais do “santuário interior dos direitos humanos”, reservando espaço apenas para as liberdades formais e outros direitos de primeira geração, procura “traçar na areia uma linha difícil de manter [e funcionam como justificativas para sua desconsideração ou para a sua não efetivação]”. (2010, p. 419-420). 54 4. Os Desafios Atuais dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais Parece-nos claro que, compartilhando do entusiasmo de Flavia Piovesan, nos dias atuais, em face da indivisibilidade do s direitos humanos, há de ser defi nitivamente afastada a equivo- cada noção de que a geração dos direitos civis e políticos merece inteiro reconhecimento e respeito, enquanto que a classe dos direitos sociais, econômicos e culturais, ao contrário, não merece qualquer observância. Para ela (2011, p. 210), Sob a ótica normativa internacional, está definitivamente superada a concepção de que os direitos sociais, econômicos e culturais não são direitos legais. A ideia da não acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e não científica. São eles autênticos e verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandam séria e re sponsável observância. Por isso, devem ser reivindicados como direitos e não como caridade, generosidade ou compaixão. No entanto, é imprescindível destacar que a comunidade in- ternacional continua a tolerar frequentes violações aos direitos sociais, econômicos e culturais, que causariam i mediata reação internacional se fossem verificadas contra direitos civis e políti- cos. Apesar da retórica, continuamos a vivenciar as mais sérias e intoleráveis negações à um mínimo de dignidade e condições de vida, com resultado da parcial ou completa ausência de presença governamental e de políticas públicas capazes de responder à graves problemas sociais (BEDIN, 2002). Nesta lógica, governos continuam a adotar o discurso teóri- co liberal a fim de justificar a sua total omissão frente a graves violações de direitos, apesar da clara responsabilidade de lhes incumbe no sentido de respeitar, proteger e implementar todos os direitos humanos, principalmente os direitos econômicos, sociais e culturais. Além da construção de uma profunda argu- mentação teórica capaz de refuta r tais alegações, como propõe Amartya Sen, necessário também a a doção de medidas práticas 55 que promovam a implementação imediata de tais direitos e de políticas públicas voltadas para sua efetivação. Por isso, frente a tal realidade, concordamos com Flávia Piovesan quando esta afirma que existem uma série de desafios a serem enfrentados na teoria e prática dos direitos humanos para que a finalidade de sua implementação seja alca nçada. Dentre estes desafios apresentados pe la autora, (2011), destacamos quatro, quais sejam: assegurar o reconhecimento dos direitos sociais como direitos humanos fundamentais na ordem consti- tucional com a previsão de instrumentos e remédios constitu- cionais que garantam sua justiciabilidade. Neste sentido, é fundamental que o marco jurídico consti- tucional de cada país acolha a concepção contemporânea de direitos humanos, endossando a visão integral destes direitos, baseada na indivisibilidade, interdependência e inter-relação en- tre direitos civis e políticos e dos direitos sociais, econômicos e culturais. Em decorrência desta visão integral dos direitos hu- manos, [...] o devido reconhecimento constitucional aos di reitos so- ciais surge como medida imperativa, bem como a previsão de remédios que assegurem a sua prot eção, em casos de violação. A proteção aos direitos sociais requer a existência de remédios efetivos voltados à sua garantia, enfatizando a fórmula “there is no right without remedies”. Neste sentido, o papel das Cortes não é o de formular políticas pú blicas em matéria de direitos sociais, mas o de fiscalizar, supervisionar e monitorar tais políti- cas considerando os parâmetros constitucionais e i nternacionais. (PIOVESAN, 2011, p. 223). Em segundo lugar, o desafio de se garantir uma prioridade orçamentária para a implementação dos direitos s ociais, impul- sionar o componente democrático no processo de implemen- tação dos direitos sociais , e, por fim, fortalecer o princípio da cooperação internacional em matéria de direitos sociais. Mediante a elaboração de uma teoria de direitos humanos e de justiça que leve em co nsideraç ão as necessidades reais para a concretização de uma vida digna às pessoas, bem como com a 56 adoção das medidas citadas nos ordenamentos jurídicos atuais, poderá se tornar palpável a construção de um mundo com me- nores níveis de desigualdades entre as pessoas e com a su- peração de carências e exclusões das mais variadas ordens. 5. Conclusão O presente artigo buscou demonstrar, tomando por base os estudos desenvolvidos por Amartya Sen, que direitos humanos são pretensões éticas constitutivamente associadas às liberdades humanas reais (e não meramente formais), de modo que cada um deles carregam consigo variad os tipos de obrigações, tanto positivas quanto negativas ou perfeitas e imperfeitas, fato este que contesta a possibilidade de um conjunto de direitos ter pre- ferência sobre outros direitos. No entanto, mesmo dia nte de tais afirmações teóricas, é possível ainda verificar que, diante do cenário de crise mundial e da prevalência das doutrinas econô micas mais ortodoxas, os primeiros direitos a serem relativi zados são os direitos sociais , econômicos e culturais. Este fato revela que continua a ser utili- zados critérios excessivamente liberais na defesa dos direitos humanos e que este fato permite que o recurso à política s econômicas restritivas sejam facilm ente justificadas e padrões de vida reduzidos. Estas escolhas são, inclusive, juridicamente am- paradas pelas decisões dos tribunais. Desta forma, é necessário insistir na contraposição teórica a tais concepções, como o faz o professor Amartya Sen, destacan- do a vinculação indissociável existente entre direitos humanos, justiça e desenvolvimento. Além disso, é importante lutar pel a constituição de mecanismos práticos que possam ir tornando tais direitos plenamente aplicávei s, sob pena de violação cada vez mais constante do direito fundamental da vida humana. Isto porque, se considerarmos como objetivo de longo pra- zo a constituição de níveis de desenvolvimento mais adequados 63 tivações de índole meramente econô mica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros prin- cípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente da s noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (ADI-MC 3540, Relator Ministro José Celso de Mello Filho). Isso significa para a quase totalidade da doutrina brasileira na área de Direito Ambiental o conceito de m eio ambiente na ordem jurídica brasileira é organi zado da seguinbte forma: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio a mbiente cultu- ral e meio ambiente do trabalho. A própria legislação infra-legal absorveu tal conceito ao defini r o meio ambiente no Anexo da Resolução n. 306/2002 do CONAMA como o “conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. É claro que essa classificação atende a uma necessi dade me- ramente metodológica, ao facilitar a identificação da atividade agressora e do bem ambiental diretamente degradado, tendo em vista que o meio ambiente por essência é unitário. Como afirma Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2009), independentemente d os seus aspectos e das suas classificações a proteção jurídica ao meio ambiente é uma só e tem sempre o mesmo e único objeti- vo de proteger a vida e a qualidade de vida. A doutrina tem começado a incluir como novo elemento nessa classificação o meio ambiente genético ou patrimônio genético (TRENNEPOHL, 2010), o qual deve compreender a s informações de origem genética oriundas dos seres vivos de todas as espécies, seja animal, vegetal, microbiano ou fúngico. Em face disso, cada um desses aspectos ou des dobramentos será analisado em seguida de forma detalhada. 64 2.1 Meio ambiente natural O meio ambiente natural, ou físico, é constituído pelos re- cursos naturais, que são invariavelmente encontra dos em todo o planeta, ainda que em co mposição e em concentração diferente, e que podem ser considerados individualmente ou pela corre- lação recíproca de cada um destes elementos com os demais. Os recursos naturais são normalmente divididos em elementos abióticos, que são aqueles sem vida, como o solo, o subsolo, os recursos hídricos e o ar, e em elementos bióticos, que são aque- les que têm vida, a exemplo da fauna e da flora. Tal aspecto, que é o imediatamente ressaltado pelo citado inciso I do art. 3º da Lei nº. 6.938/81, traduz o que a maior par- te da população conhece por meio ambiente e o que de fato abarca a maioria das questões que dizem respeito ao assunto. Dentre essas questões se pode destacar as emissões de poluentes atmosféricos emitidas pelas indústrias, a destruição da camada de ozônio, o gerenciamento da zona costeira, a gestão de bacias hidrográficas, o despejo de resídu os na água, os vazamentos de óleo em alto-mar, a devastação das matas ciliares, o desguarne- cimento da vegetação de cabeceira s, a ocupação de áreas de ma- nanciais e de nascente, a desertif icação, o uso de agrotóxicos, a substituição das florestas por campos e pastagens, a construção de represas e a instalação de monoculturas em áreas altamente agricultáveis, a atividade mineradora e a restituição do meio am- biente, a proteção das florestas, a criação de áreas de especi al proteção, a preservação de biomas ameaçados como a caatinga, o pantanal, a floresta amazônica, o problema da extinção dos animais, o combate ao trafico de animais, a regulamentação da caça e da pesca, a criação de instituições oficiais de finalidade científica e de zoológicos e a defesa da integridade genética etc. Por vezes expressões como 'direito da água', 'direito do ar', 'direito da fauna', 'direito da flora', 'direito do solo' e 'direito d o subsolo' são utilizadas com o intuito de designar o que seriam os sub-ramos do Direito Ambiental que disciplinariam as temáticas citadas. Contudo, não existe rigor epistemológico para essa clas- 65 sificação, visto que cada um desses tópicos não apenas diz res- peito aos demais como é diretamen te interdependente deles, isto é, não se defende a água sem se pr oteger a flora e ao se defender a flora se está protegendo também a fauna. 2.2 Meio ambiente artificial O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, sendo constituído pelos edifícios urbanos, que são os espaços públicos fechados, e pelos equipamentos comunitá- rios, que são os espaços públicos abertos, como as ruas, as praças e as áreas verdes. Embora esteja ligado diretamente ao conceito de cidade, o conceito d e meio ambiente artificial abarca também a zona rural, referind o-se simplesmente aos espaços habitáveis pelos seres humanos, visto que nele os espaços natu- rais cedem lugar ou se integram às edificações urbanas artificiais (FIORILLO: 2009). Alguns autores têm preferido utilizar Direi- to Ambiental Artificial, ao invé s de Direito Urbanístico, visto que aquela denominação é menos re stritiva e tem uma maior re- lação com conceitos como qualidade de vida e vida sustentável. A consideração do meio ambiente e da qualidade de vida nas zonas urbanas é deveras importante, tendo em vista que grande parte da população mundial vive nessas regi ões. Segundo os dados apresentados pelo jornalista Washington Novaes (2001), mais de 80% da populaçã o brasileira vive em zonas ur- banas. Entre as questões relacionadas ao meio ambiente artifi- cial, podemos citar a con strução em áreas de preservação per- manente, como topos de morro, encostas e bei ras de rios, o transito, a poluição causada pelos veículos automotivos, a po- luição sonora causada pelos carros de propaganda e pelas busi - nas, falta da aplicação do plano diretor, a criação e estruturação de áreas de laser, a falta de sanea mento básico, falta de planeja- mento habitacional, falta de áreas verdes urbanas má conser- vação das existentes, a disposição do lixo urbano, os lixões, o despejo de resíduos hospitalares nos rios e matas, má conser- 66 vação das áreas de uso comum do povo de uma maneira geral, conservação das paisagens urbanas. 2.3 Meio ambiente cultural O meio ambiente cultural é o patrimônio histórico, artísti- co, paisagístico, ecológico, científico e turístico e constitui-se tanto de bens de natureza mater ial, a exemplo de construções, lugares, obras de arte, objetos e documentos de importância para a cultura, quanto imaterial, a exemplo de idiomas, danças, mitos, cultos religiosos e cost umes de uma maneira geral. A razão para essa especial p roteção é que o ser huma no, ao intera- gir com o meio onde vive, independentemente de ser um lugar antropizado ou não, atribui um valor especial a determinados bens, que passam a servir de refe rência à identidade de um povo ou até de toda a humanidade. Eis como a Constituição Federal dispõe sobre o assunto: Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referencia à identidade, à ação, à memó- ria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisa- gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cien- tífico. O meio ambiente cultural pode ser enquadrado como meio ambiente artificial, em se tratan do de edifícios urbanos e de equipamentos comunitários que sã o ou estão para ser tombado s. Isso engloba conjuntos como as cidades antigas de Minas Ge- rais, a exemplo de Diamantina e Ouro -Preto, e a parte antiga d e 67 Olinda e do Recife, em Pernambuco, além de construções indi- vidualizadas que por um motivo estético ou histórico sejam con- siderados patrimônio cultural. E pode ser enquadrado também como meio ambiente natural, no caso de cavernas com for - mações geológicas interessantes, de pedras com inscrições ru- pestres e de paisagens notáveis. Isso engloba as grutas da Cha- pada Diamantina, na Bahia, que contém estalactites e estalag mi- tes, a Pedra do Ingá, na Paraíba, pelos desenhos pré-históricos, e a bela imagem de Foz do Iguaçu. E pode ainda não se enquadrar em nenhuma das outras classificações, quando se tratar de obras de arte e objetos, e de idiomas, danças, mitos, cultos religiosos e costumes de uma ma- neira geral. Isso implica na proteção dos quadros de Pedro Américo e das esculturas de Aleijadinho, das armas e moed as do tempo do Império, do Candomblé e da Umbanda, da capoeira e do maracatu, dos reisados e dos dialetos tradicionais, das vesti- mentas tradicionais e das comidas tí picas. Embora tenha um objeto bastante amplo, o bem ambiental cultural se distingue por conter ou ser necessariamente uma referência à identidade de um povo ou até de tod a a humanidade – tratando-se, em essên- cia, de uma significação especial que os seres humanos atribuem a tais bens. 2.4 Meio ambiente do trabalho O meio ambiente do trabalho, cons iderado também uma extensão do conceito de meio am biente artificial, é o conjunto de fatores que se relacionam às cond ições do ambiente laboral, como o local de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os agen- tes químicos, biológicos e físicos, as operações, os processos e a relação entre o trabalhador e o meio físico e psicológico. A Constituição Federal de 1988 r econheceu que as condições de trabalho têm uma relação direta com a saúde, e po rtanto, com a qualidade de vida do trabalhador, inclusive porque é no trabalh o que a maioria dos seres humanos passa grande parte da vida: 68 Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; XXIII - adicional de remuneração para as atividades peno- sas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de ou- tras atribuições, nos termos da lei: (...) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele com- preendido o do trabalho. O objetivo da Carta Magna ao cunhar a terminologia 'meio ambiente do trabalho' é enfati zar que a proteção ambiental tra- balhista não deve se restringir a relações de caráter unicamente empregatício. O cerne de sse concei to está baseado na promoção da salubridade e da incolumidade do trabalhador, independente de atividade, do lugar ou da pessoa que a exerça, sendo por isso que os vendedores autônomos e os trabalhadores avulsos tam- bém devem ser protegidos (FIORILLO: 2009). Se esse enfoque é mais amplo do que o meramente laboral, é porque as empresas que causam dano ambiental à circunvizin- hança ou aos consumidores – e em regra as empresas são a s responsáveis pelos danos ambientais mais graves – são normal- mente aquelas que não se importa m tanto com o meio ambiente do trabalho. Por isso é mais importante eliminar os riscos para o trabalhador, evitando assim uma parte significativa dos danos ambientais que tem ocorrido ultimamente, do que lutar por adi- cionais de insalubridade. Há três dimensões importantes a serem consideradas com relação ao meio ambiente do trabalho: o meio amb iente do tra- balho strictu sensu, o meio ambiente de trabalho latu sensu e o meio ambiente de trabalho de terceiros. O meio ambiente de trabalho strictu sensu é o lugar onde restrita e tradicionalmente se exerce uma profissão, a exempl o de uma repartição pública, 69 de um estabelecimento comercial ou de um setor de produção de uma indústria. O meio ambiente de trabalho latu senso é o local onde se exerce a profissão considerado da forma mais abr angente possí- vel, como o pátio de uma fábrica, o quintal de uma loja ou o estacionamento de um órgão público com relação a um funcio- nário que não trabalhe exatamen te nessas localidad es. Esse con- ceito engloba também o lugar onde estiver sendo desempenhada a atividade profissional no caso de um vendedor ou de um tr a- balhador ambulante, seja em uma praça pública ou em um au- tomóvel, ou ainda a moradia em se tratando do profissional que trabalha em casa. Finalmente, o meio ambiente de trabalho de terceiros é a consideração da possibilidade de um determinado ambiente d e trabalho influenciar ou modificar as condições de um ambiente de trabalho alheio por conta de suas externalidades. Um exem- plo disso é o caso de uma fábrica que, ao contaminar um rio, prejudica talvez até de forma definitiva o meio am biente do tra- balho de agricultores, pecuaristas e pescadores da região. 2.5 Patrimônio genético Luís Paulo Sirvinskas (2009) afirma que o patrimônio gené- tico é formado pelos seres vivos que habitam o planeta Terra, o que inclui a fauna, a flora, os microorganismos e os seres huma- nos. A respeito do tema, o inciso I do art. 7º da Medida Provisó- ria n. 2.186-16/01 define patr imônio genético como “infor- mação de origem genética, contid a em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúng ico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias pr ovenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in situ , inclusive domesti- cados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma continen- tal ou na zona econômica exclusiva”. 70 Existe uma relação direta entre o patrimônio genético e a biodiversidade ou diversidade biológica, já que esta é o conjunto de vida existente no planeta ou em determinada parte do planeta e aquele uma gama de informações estratégicas relativas a tais seres. Como a integridade genética é um valor plasmado no inci- so II do § 1º do art. 225 da Constituição de 1988, impõe-se a maior cautela possível em relação à biotecnologia, que é o ramo da engenharia genética qu e se dedica à modificação genética dos organismos. Esse dispositivo foi regulament ado pela Lei nº 11.105/ 05, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscali- zação sobre a construção, o cultiv o, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o ar- mazenamento, a pesquisa, a come rcialização, o consumo, a libe- ração no meio ambiente e o descarte de organismos genetica- mente modificados e seus derivados. Cumpre destacar que por estar relacionado aos recursos naturais, o patrimônio genético não deixa de ser uma subespécie ou um desdobramento direto do conceito de meio ambiente natural. 3 Meio ambiente como microbem e como macrobem A segunda classificação didática organiza o meio ambiente em microbem e macrobem. Enquanto microbem os recurs os naturais são considerados individualmente, a exemplo de certa espécie animal ou vegetal, e valorizados de acor do com a sua utilidade ou valoração econômica. Nessa classificação, não se leva em conta a relação de inter- dependência de um determinado recurso natural em relação aos demais elementos da natureza. Já na condição de macrobem o meio ambiente não pode ser reduzido a nenhum de seus ele- mentos, pois existe uma relação incor pórea entre eles de acordo com Antônio Herman Benjamin: 71 Como bem – enxergado como verdadeira universitas cor- poralis é imaterial – não se confundindo com esta ou aquela coisa material (floresta, rio, mar, sítio histórico, espécie protegi- da etc) que a forma, manifestando-se, ao revés, como o comple- xo de bens agregados que compõem a realidade ambiental. Assim, o meio ambiente é be m, mas como entidade, onde se destacam vários bens materiais em que se firma, ganhando proeminência na sua identificação, muito mais o valor relativo à composição, característica ou ut ilidade da coisa do que a própria coisa. Uma definição como esta de meio ambiente, como macro- bem, não é incompatível com a constatação de qu e o complexo ambiental é composto de entidades singulares (as coisas, por exemplo) que, em si mesmas, também são bens jurídicos: é o rio, a casa de valor histórico, o bosque com apelo paisagístico, o ar respirável, a água potável (1993, p. 75). Isso implica dizer que qualquer componente do meio am- biente merece ser protegido independentemente de utilidade ou valoração econômica, visto que é integrante de um sistema em que todas as partes estão relacionada s e sao interdependentes. Em outras palavras, mesmo que não tenha importância econômica ou social, qualquer recurso natural deve ser protegi- do em razão do papel que exerce ou que pode exercer dentro da cadeia ecológica. O art. 225 da Constituição Federal, que determina no inciso VII do § 1º que cabe ao Poder Público “proteger a fauna e a f l o r a , v e d a d a s , n a f o r m a d a l e i , a s p r á t i c a s q u e c o l o q u e m e m risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. Isso implica dizer que a re- levância da função ecológica pa ra a efetivação do direito funda- mental ao meio ambiente equilib rado passou a ser definitiva- mente reconhecida e tu telada pela Ciência Jurídica. 72 4 Considerações Finais Este trabalho teve o objetivo de analis ar o conceito de meio ambiente na ordem jurídica bras ileira segundo a doutrina espe- cializada, a jurisprudência e a legislação, posto que se trata d e um conceito jurídico indeterminado. Com isso, tentou-se estabe- lecer uma delimitação do espaço de atuação do Direito Ambien- tal enquanto ramo da Ciência Jurídica, bem co mo contribuir para a renovação da visão limitada d o tema que a maioria das pessoas têm, incluindo muitos operadores do direito, e que cer- tamente faz com que a atuação do Poder Público e da coletivi - dade nessa área ocorra de uma forma bastante limitada. O conceito de meio ambiente foi desdobrado em cinco as- pectos: meio ambiente natural, meio ambiente a rtificial, meio ambiente cultural, meio ambien te do trabalho e patrimônio ge- nético. O meio ambiente natural ou físico é o constituído pelos recursos naturais propriamente ditos e pela correlação recíproca de cada um desses em relação aos demais. O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, sendo constituído pelos edifícios urba nos e pelos equipamentos comu- nitários. O meio ambiente cultural é o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico e constitui- se tanto de bens de natureza material quanto imaterial. O meio ambiente do trabalho é o conjunto d e fatores que se relacionam às condições do ambiente de trabalho. E o patrimônio genético compreende as informações de origem genética oriundas d os seres vivos de todas as espécies, seja animal, vegetal, microbiano ou fúngico. Essa classificação atendeu a uma necessidade meto dológica ao facilitar a identificação da at ividade agressora e do bem dire- tamente degradado, visto que o meio ambiente por definição é unitário. Independentemente dos seus aspectos e das suas class i- ficações a pr oteção jurídica ao meio amb iente é uma só e tem sempre o único objetivo de pr oteger a vida e a quali dade de vida. 79 to de participar do bem-estar social, atribuindo ao Estado o de- ver de garantir a prestação da assistência social, saúde, educação e trabalho. Esta geração “se processou na esteira d as potenciali- dades democráticas da cidadania civil, ou seja, na esteira dos direitos civis”. (ANDRADE, 1993, p. 19) Deve-se, ainda, salien- tar que esta dimensão de direitos engloba não apenas a positi- vação dos direitos como forma de prestação estatal , como, tam- bém, as liberdades sociais relati vas à sindicalização, direito de greve e demais direitos inerentes ao trabalhador, como reflexo das solicitações das classes menos favorecidas em razão da ex- trema desigualdade que caracterizava as relações com a clas se trabalhadora. A terceira dimensão de direitos fundamentais, pautada n a solidariedade e fraternidade, destina-se à proteção de grupos humanos, tais como família, povo, nação, cara cterizando-se co- mo direitos de titularidade coletiva ou difusa. Desta forma, cuida do desenvolvimento, do meio ambiente sadio, da paz e da auto- determinação dos povos. Compreende-se, assim, que os direitos fundamentais desta geração são considerados uma resposta ao fenômeno denominado “poluição das liberdades”, o qual carac- teriza o processo de erosão e degradação sofrido pelos direitos e liberdades fundamentais, grande parte em virtude do uso de novas tecnologias. (PEREZ LUÑO, 1991) Nesta ótica, não se destinam especificamente à p roteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo num momento expressivo de sua afir mação como valor supremo em termos de existencialidade concr eta. (B ONAVIDES, 1993, p. 481) Ainda, importa mencionar a problemática concernente aos direitos fundamentais de quarta dimensão, porém sem consa- gração na esfera do direito internacional e nas ordens constitu - cionais internas. (SARLET, 2003) A seu turno, Bonavides afirma a existência desta geração como decorrência da globalização dos direitos fundamentais, sendo composta pelos direitos à demo- cracia, à informação e ao pluralismo. (BONAVIDES, 1993) 80 Destarte, pode-se inferir que os direitos fundamentais surgi- ram como direitos naturais e inalienáveis do homem como ex- pressão de sua condição humana, ra zão pela qual, ao falar-se em universalidade abstrata dos direitos fundamentais, significa que são reconhecidos a todos os homen s. A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, verifica-se a existência da universalidade abstrata e concreta dos direitos fun- damentais reconhecidos a todos os seres humanos e não a ape- nas determinados grupos de um Es tado particular. Assim, cons- tata-se a aproximação dos direitos humanos com os direitos fundamentais, de modo a construir um direito universal, aplicá- v e l em todos os territórios sob o fundamento máximo de reconhe- cimento do homem e de suas gara ntias. Neste rumo, essa nova universalidade proc ura, enfim , sub jetiva r de forma concreta e posi- tiva os dire itos da tríplice ge raçã o na t itularidade de um indivíduo que antes de ser o homem deste ou daquele país, de uma sociedad e desenvolvida ou subdese nvolvida, é pela condição de pessoa um ente qualificado por sua pertinên cia ao gêne ro humano, objeto daquela universa lidade. (B ONAVIDES, 1993, p. 525) Em adição, compreende-se que os direitos fundamentais e os direitos humanos são aquele s inatos que o homem não pode alienar nem o Estado pode subtrai r ou restringir. Por isso, “di- reitos do homem são aqueles que pertencem, ou deveriam per- tencer, a todos, ou dos quais nenhum homem pode ser despoja- do”. (BOBBIO, 2004, p. 17) Ademais, manifesta Bobbio que os direitos do homem, de- mocracia e paz são três momentos necessários na história dos direitos fundamentais, eis que sem direitos do homem reconhe- cidos e protegidos, não há democracia, e, por conseguinte, não existem condições mínimas para a solução prática de conflitos. Ou seja, a democracia é a sociedad e dos cidadãos e os súditos se tornam cidadãos ao passo que têm reconhecidos al guns direitos fundamentais. (BOBBIO, 2004) Neste panorama, manifesta-se Sarlet ao discorrer que há como sustentar que, além da íntima vinculação entre as noções de Estado de Direito, Constituição e direitos fundamen- 81 tais, estes, sob o aspecto de concretizações do princípio da dig- nidade da pessoa humana, bem como dos valores da igualdade, liberdade e justiça, constituem condição de existência e medida da legitimidade de um autêntico Estado Democrático e Social de Direito, tal como consagrado também em nosso direito consti- tucional positivo vigente. (SARLET, 2003, p. 72) A concretização dos direitos fundamentais da pessoa a par- tir do ideal transformador do Estado Democrático de Direito representa a defesa dos valores fundamentais de uma sociedade, como expressão máxima de uma justiça social, a qual se funda- menta na igualdade, bem como pe rmite a existência digna do ser humano, respeitando o poder pessoal de cada pessoa em sua relação com o outro, de forma a focalizá-lo em todas as suas dimensões. (SANTOS, 2007) Nesta reflexão, a análise do Estado e seus poderes perpassa por uma reestruturação que permita a participação da sociedade global de forma diferenciada, aproveitando as novas oportuni- dades criadas de forma favorável à sociedade comprometida com a igualdade, liberdade e solidariedade, capaz de permitir que cada pessoa tenha efetivados seus direitos fundamentais n ão somente no plano abstrato, como inclusive de forma concreta, reconhecendo-se valores e garantias que tornam possível a existência de um espaço digno. Destarte, a efetivação dos direitos fundamentais e humanos da pessoa e de seus reflexos no atendimento às expectativas de cada um vincula o Estado de Direito de forma a construir a afirmação democrática da vontade, capaz de satisfazer as neces- sidades daqueles que almejam a participação no espaço público de debates de forma a privilegiar os valores e princí pios de cada ser humano. Neste rumo , verifica-se que some nte pode-se referir a existência de uma sociedade justa e igual na medida em que são reconhecidos os direitos fundamentais. Haverá paz, uma paz que a guerra não seja alte rnativa, some nte quando as pessoas não forem deste ou daquele Estado, mas do mundo. (S ANTOS, 2007) 82 Esta compreensão somente existirá a partir do momento em que o ser humano perceber a sua f unção enquanto ser vivo e integrante de um ecossistema, cuja harmonia depende de suas ações equilibradas e coletivas, contr ariando a degradação am- biental atualmente visualizada, a qual demonstra a total ne- gligência com o direito ambiental enquanto direito humano fun- damental. Por essa razão, no próximo tópico dedicar-se-á ao estudo da mediação como forma de tratamento do conflito socioam- biental. 2 O TRATAMENTO DO CONFLITO SOCIOAMBIENTAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA PELA MEDIAÇÃO Diante da diversidade e diferença entre as pessoa s de uma mesma sociedade, é inerente à sua existência o surgimento de conflitos, pois as pessoas vivem a lógica do individualismo e da competição para atingir seus objetivos a partir do que conside- ram importante e relevante para si mesmos (GORCZEVS KI, 2006). No entanto, o homem é um ser de relação com o outro, embora, na maioria das vezes, este encontro com o outro revela uma adversidade, um confronto. “O outro é aquele cujos dese- jos se opõem aos meus, cujos in teresses chocam com os meus, cujas ambições se erguem contra as minhas, cujos projectos contrariam os meus, cuja liberda de ameaça a minha, cujos direi- tos usurpam os meus” (MULLER, 2006, p. 16). O conflito caracteriza-se como um enfrentamento entre dois seres ou grupos que “manifestam, uns a respeito dos ou- tros, uma intenção hostil, geralmente em relação a um direito” (MORAIS e SPENGLER, 2012, p. 45). Para mantê-lo, afirmá-lo ou restabelecê-lo, os conflitantes utilizam-se da violência, po- dendo resultar no aniquilamento de um deles. Por isso, afirma Vezzula (1998, p. 21) que “[...] o conflito consiste em querer 83 assumir posições que entram em oposição aos desejos do outro, que envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode ser explícita ou oculta atrás de uma posição ou discurso encobri- dor”. Como se verificou, o conflito tem origem nas diferenças de interesses, necessidades ou valore s entre as pessoas ou grupos, resultando em uma disputa competitiva e destruti va. No entan- to, o ser humano está atrelado à noção de conflito e destruição do outro como manifesto de uma cultura beligerante que desen- cadeia processos de violência e exclusão social. En general, los mensajes que hemos recibido y asimilado en nuestra formación y experiencia han moldeado una idea negati va del conflicto. En un sentido corriente lo relacion amos con lu- cha, violencia, ira, enojo, te ns ió n, in ce rti d umb re , ho st il id ad, rivalidad, pugna, contienda, roces, competencia, odio, rencor, antagonismo; en otras palabras , como un antónimo de paz (CAIVANO; GOBBI e PADI LLA, 1997, p. 117). De acordo com o presente trabalho, importa verificar a e- xistência do conflito socioambiental, apresentando-se a media- ção para o seu tratamento. Assim, deve-se salientar que em con- sequência da necessidade de satisfação dos desejos e das aspira- ções sociais, o ser humano interfere no meio am biente, acarre- tando alterações nas suas condições e na sua qualidade. Nessa ótica, os conflitos socioambientais decorr em não somente de aspectos culturais e hi stóricos como, por exemplo, a escassez de recursos naturais, mas também da diferença entr e problemas, impactos e conflitos ambientais, provenientes de disputas acerca dos referidos recursos. Soma-se aos fatores retro indicados a individualidade do ser humano na contemporaneidade, acarretando em uma severa degradação do meio ambiente e desrespeito à preservação para as presentes e futuras gerações, consoante expres so na Consti- tuição Federal de 1998. Dessa forma, percebe-se que a crise ambiental é conse- quência da uma disputa em torno da apropriação dos recursos naturais limitados a fim de satisfazer as necessidades ilimitadas, 84 sendo este fenômeno a raiz de maior parcela dos conflitos que se estabelecem no seio da comunidade. (SIRVINSKAS, 2005) Destarte, os conflitos ambientais situam-se na busca pelo controle dos recursos naturais, definidos pelo ser humano para uso determinado; nos impactos ambientais e sociais provenien- tes da ação humana ou degrad ação dos ecossistemas; e da con- centração dos conhecimentos ambientais, os quais envolvem o controle formal de conhecimentos ambientais. (LITTLE, 2001) Verifica-se, em adição, a crescen te alerta para a perda da di- versidade biológica em todo o mundo e, particularmente, nas regiões tropicais. A degradação biótica que está afetando o pla- neta encontra raízes na condição humana contemporânea, agra- vada pelo crescimento explosivo da população humana e pela distribuição desigual da riqueza, visto que a perda da diversidade biológica envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e cien- tíficos. Por isso, devem-se apontar alternativas para garantir o de- senvolvimento sustentável, o que significa melhorar a qualidade de vida dos que vivem hoje, sem prejudicar as gerações futuras, considerando não apenas as dimensões econômicas e sociais do desenvolvimento, mas englobando objetivos ecológicos em re- lação à conservação dos recursos hídricos, a atenuação das mu- danças do clima, a conservação das florestas e da biodiversidade. Ou seja, as políticas públicas em benefício da sustentabilidade somente atingirão o seu objetivo se houver “participación en l a adopción de las decisiones a tomar y compromiso en la implan- tación de las medidas a desarrollar”. (BRAVO, 2009, p. 159) A mediação é caracterizada como a forma ecológica de tra- tamento de conflitos sociais e ju rídicos cujo escopo é satisfazer o desejo das partes envolvidas na disputa. O acordo trata o pro- blema a partir de uma res posta aceitável mutuamen te, estrutura- do para manter a continuidade das relações envolvidas no con- flito. (WARAT, 2001) D e s s a forma, diante da existência de um conflito, há a inter- ferência de um terceiro, com o poder de decisão limitado, o qual auxilia as partes a alcançarem de forma voluntária um acordo, ou 85 seja, “é o modo de construção e de gestão da vida social graças à intermediação de um terceiro neutro, independente, sem outro po- der que não a autoridade que lhes reconhecem as partes que a es- colheram ou reconheceram livremente”. (MORAIS e SPENGLER, 2012, p. 131). Consoante manifesta Spengler (2010), a palavra mediação suscita a ideia de centro, de meio, de equilíbrio, descrevendo um terceiro elemento que se encontra entre as partes, não sobre, mas entre elas. Por tal razão, afirma a autora que a mediação constitui-se em um processo em que o terceiro auxilia os parti- cipantes em uma situação conflitiva a tratá-la, permitindo que a solução seja aceitável para os envolvidos, bem como que satis- faça seus anseios e desejos. A autora em estudo revela que os conflitantes devem ser encorajados a ouvir e a entender os pensamentos e sentimentos uns dos outros, possibilitando que juntos alcancem uma respos- ta favorável a ambos. Dessa forma, a meta da mediação é res- ponsabilizar os conflitantes pelo tratamento do litígio que os une a partir de uma ética da alte ridade, encontrando, a partir do auxílio de um mediador, uma garantia de sucesso, aparando as arestas e dificuldades das partes, bem como compreendendo as emoções reprimidas e buscando um consenso que atinja o in- teresse das partes e a paz social. (SPENGLER, 2012) De fato, o principal desafio qu e a mediação enfrenta não é o de gerar re lações cal orosas e aconc hegantes, sociedades isentas de litígio ou um a ordem de mundo ha rmoniosa. Ao invés disso, con- siderando -se a natureza endêmica do conflito, talvez o seu principal desafio se ja encont rar mecanism o que possibilitem uma convivên- cia comunicativamente pacífica . (SPENGLER, 2012, p. 94) A mediação ocorre pela intervenção de um terceiro, de uma terceira pessoa que se interpõe entre os dois protagonistas de um conflito, isto é, de duas pessoas, comunidades ou povos que se confrontam e estão um contra o outro. Assim, a mediação busca passar os dois protagonistas da adversidade à conver- sação, levando-os a virar-se um para o outro para se falarem, 86 compreenderem e, se possível, construir juntos um compromis- so que abra caminho à reconciliação. (MULLER, 2006) O terceiro mediador trabalha para criar um espaço interme- diário que possibilita que os envolvidos no conflito possam des- cansar dele e recriar as suas relações fundamentad as na paz. “A mediação quer, assim, criar na sociedade um lugar onde os ad- versários possam aprender ou reaprender a comunicar, a fim d e chegarem a um pacto que lhes permita viver juntos, se nã o numa paz verdadeira, pelo menos numa co existência pacífica”. (MULLER, 2006, p. 170) Escolher a mediação é, para cada um dos dois adversários, compreender que o desenvolvimento da sua hostilidade só lhes pode ser prejudicial e que têm todo o i nteresse em tentar encon- trar, por meio de um acordo amigável, uma saída positiva para o conflito que os opõe. [...] A maior pa rte das vezes, as decisões da justiça corta m o nó de um confli to, designan do um ganhador e outro perded or - um ganha o seu proc esso o outro perde-o - e as d u a s p a r t e s s a e m d o t r i b u n a l m a is adversárias do que nunca. A mediação não se pre ocupa tanto em julgar um facto passado - que é o que faz a instituição judicial - como em apoiar-se nele para o ultrapassar e perm itir que os ad versários de ontem inventem um futuro liberto do peso de seu passado. ( MULLER, 2006, p. 171) Nesse sentido, Warat (2004) di scorre que captar o outro é importante na medida em que pe rmite à pessoa descobrir a sua honestidade, com ela mesma e com os demais. E, a inda, vê-lo além das suas imagens, seus simulac ros, suas representações, seus c om- portamentos artificiais, fabricados para agrada r, ou para ter ê xito. Assim, “los ciuda danos debemo s in volucrarnos en una nueva cultura de la sustentab ilidad, tr aslada ndo a nuestros quehace res cotidianos la sensibili dad y el compromiso con las cuestiones am- bientales. ( BRAVO, 2009, p. 159) Por essa razão, a mediaçã o reve la-se como uma cultura de paz, que ultrapassa a ju risdição tradicio nal, e utiliza prát icas consens uais e autônomas que devolvem às pessoa s a capacidade de tratar o seu próprio conflito e, no presente estudo, de reconhecer o meio am- biente como bem comum a se r protegido e preservado. 87 CONSIDERAÇÕES F I N AI S O direito ao meio ambiente ecologicamente equili brado de- ve ser considerado como direito humano, intimamente ligados e ocupando posições de destaque no mundo globalizado. Ou seja, é condição essencial para que cada pessoa possa desfrutar de uma vida calcada na dignidade da pessoa humana, requerendo não somente a proteção da Constituição Federal, mas a cons- ciência de todos acerca da necessidad e de sua preservação e pro- teção, afastada dos ideais econômicos de exploração e degra- dação ambiental. Nessa senda, o meio ambiente caracteriza-se como o proce- sso a partir do qual a pessoa e a comunidade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidad e de vida e sustentabilidade. No entanto, diante da atual degradação do meio ambiente, e d a exploração econômica desenfread a, requer-se a retomada da consciência de bem coletivo a ser preservado no presente e para o futuro. Assim, como forma de tratar o conflito socioambiental, de- corrente da quebra dos aspectos ecológicos e humanos do meio ambiente, o qual rompe com as políticas públicas sustentáveis, situando-se no confronto entre ser humano e natureza, apresen- ta-se a mediação de conflitos, cujo objetivo é resgatar o consen- so, diálogo, compreensão e comunicação entre as pessoas, per- mitindo a projeção de suas ações em um ambiente equilibrado, sadio e sustentável para todos, conforme preconiza a Consti- tuição Federal. REFERÊNCIAS ANDRADE, Vera Regin a Pereira de. Cidadania: do Direit o aos Direitos Humanos. São Paulo: Acadêmica, 1993. 88 AZEVEDO, Plauto Faraco. Ecocivilização : ambiente e direi- to no limiar da vida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos . Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2004. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . São Paulo: Malheiros, 1993. BRAVO, Álvaro Sánchez. 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O primeiro enfatiza o papel crescente na produçã o do Estado do Terceiro Mundo, considerando que o Estado não está somente envolvido na distribuição e produção de bens, mas, como Estado dependente, deve interagir com burguesias estrangeiras poderosas e com os Estados metropolitanos que as sustentam. O segundo, o autoritarismo burocrático, é, acima de qualquer outra coisa, o garantidor e organizador da dominação exercida por meio de uma estrutura de classes subordinada às frações superiores de uma burguesia oligárquica e transnacional, no qual os “setores populares outrora mobilizados são politica- mente excluídos pela imposição de um tipo particular de ‘or- dem’, através de coação extrema, incl uindo-se a ‘despolitização’ da sociedade, e economicamente excluídos pelo deslocamento dos gastos do Estado para um a infra-estrutura que promove o investimento estrangeiro, acima de tudo para a própria burguesia do Estado[...].”(CARNOY, 1988, p. 253-4). Ao analisarmos a partir de outro ângulo, por exemplo, de uma concepção positiva do Estado, na contemporaneidade há que considerarmos o posicionamento dos conservadores e libe- rais de que há uma crise do Esta do d emocrático. Essa crise seria oriunda da impossibilidade de o Estado “ampliado” atender às demandas, de certa forma, por ele mesmo criadas no ordena- mento dos conflitos sociais; em outros termos, o regime demo- crático não consegue mais atender às demandas por ele provo- cadas para dirimir as crises socioeconômicas. Os marxistas, por sua vez, argumentam que a crise do Estado capitalista 3 origina-se da incapacidade de contornar o poder dos grandes grupos de interesse em concorrência entre si. (BOBBIO, 2007). Contudo, esta crise não pode ser confundida ou entendida como o fim do 3 Por Estado capita lista enten demos o Es tado norteado em bases econom icistas, conforme o interesse do liberalismo econômico. 96 mesmo Estado e de suas atribuiç ões, pois existe uma crise de um determinado modelo de Estado. Na ótica positiva 4 do Estado encontramos a concepção ra- cional do mesmo, dominada pela ideia de que “fora do Estado existe um mundo das paixões desenfreadas ou dos interesses antagônicos e inconciliáveis, de que apenas sob a proteção do Estado o homem pode realizar a própria vida de homem de razão”. (BOBBIO, 2007, p. 127). O Estado é, então, nesta visão positivista, ideal ou abstrata, um ordenamento perfeitamente racional, no qual todos os comportamentos estariam previstos e regulados de forma rígida e rigorosa, o que o tornaria aper- feiçoável apenas como força organizadora da convivência civil. Em uma concepção contraditória e co ntrafactual, há inúme- ras críticas em relação à tendência crescente do Estado de pene- trar ou absorver o vigor da soci ed ade civil. Ao concretizar tal intuito o faz de maneira cada vez mais autoritária, disfarçada nas (ou pelas) terminologias “neocorporativismo, autoritarismo re- gular ou até democracia vigiada”. Esta tendência aborda o Esta- do como um monstro devorador. Num outro lado, diametral- mente oposto, há a ideia de que o Estado é crescentemente in- eficaz, cada vez mais incapaz de desempenhar as funções de que se incumbe, pois carece de recurs os financeiros ou de capacida- de institucional, ou carece ainda dos mecanismos que na socie- dade civil orientam as ações e ga rantem a sua eficácia, ou seja, vê-se o Estado como um empreendedor fracassado. Há uma nebulosidade que recai sobre o próprio objeto de análise do Estado, o que se deve, em parte, à teoria sociológica, que continua a ser basicamente de rivada das experiências sociais das sociedades europeias. (SAN TOS, 2001). Tal encaixe torna essas perspectivas teóricas pouco adequadas à análise compara- da, pois tende a suscitar generalizações ilegítimas. A centralidade e a historicidade do Estado em terras europeias possuem pecu- 4 Entende mos que a ótica positivista pode ser e ntendida co mo sin ônimo de ó tica liberal, pois é ela que est á positivada em nosso s siste mas jurídicos nos Estado s oci- dentais. 97 liaridades, uma vez que, ali a autonomia da sociedade civil moldou o espaço de produção segundo suas necessidades e os seus interesses, o próprio espaço da cidadania. A i nsistência em analisar os processos sociais e políticos leva a interrogar sobre os recursos e conceitos apropriados, ou sobre a desconfiança de um descompasso entre o que observamos e os instrumentos de que dispomos para realizar a interpretação. Considerando que o dualismo Estado/sociedade civil é um dos pilares mais importantes para o pensamento ocidental, “[...] o Estado é uma realidade constr uíd a, uma criação artificial e moderna quando comparada com a sociedade civil” (SANTOS, 2001, p. 116), uma vez que as sociedades simplesmente se for- mam, porém os Estados são feitos. O intento de separação entre Estado e socieda de civil é contraditório na medida em que engloba tanto a ideia de um Estado mínimo como a de um Estado máximo 5 , pois a ação estatal é considerada ora como um inimigo potencial da liberda- de individual, ora como a condição para o seu exercício. “O Estado, enquanto realidade construída é a condição necess ária da realidade espontânea da sociedade civil”. (SANTOS, 2001, p. 118). 6 Nesse sentido, o Estado deve garantir o cumprimento ao direito de propriedade e as relações econômicas devem ocorrer e 5 A ideia de um Estado mínimo é altamente aceita e proposta pelos que defendem o liberalismo econômico, pois quan to meno s e Estado interferir no predomínio econômico dos detentores dos meios de pr odução, melhor. Já um estado máximo representa não apen as a intervenção dire ta nas decisões econômica s, mas também sua presença decisiva e amparadora em to dos os outros aspectos da vida social. 6 O dualismo Estado/soc iedade civil foi objeto de análise de grandes teóricos, cada qual à su a época e maneira. Para Hegel “a so ciedade civil é uma fase de transição da evolução da “ideia”, sendo a fase final o Estado. A família é a t ese, a sociedade civil é a antítese e Est ado è a síntese. A soc iedade civil é o “sist ema de necessidades”” (apud SANTOS, 2001, p. 120), n o qual há o domín io dos interesses particulares, um estágio que será superado pelo Estado, es te como o supremo un ificador dos interes- ses, como ideia universal concretizadora da consciência moral. Marx, por su a vez, apresenta uma concepção reifica da da distinção Es tado/sociedade ci vil, na qual as leis naturais da economia clássica escondiam relações sociais de exploração que o Estado, aparentement e neutro, tinh a a função de garantir. Ou se ja, a ideia do Estado enquanto interesse social un iversal dá lugar à realidade basilar do sistema capit alis- ta, na qual o Estado representava o interesse do capital em con seguir a sua repro- dução. (apud SANTOS, 2001, p. 120). 98 se reproduzir por si mesmas na esfera privada dos detentores dos meios de produção. Isso porque, ao se referir aos postula- dos marxistas, a exteriorização do Estado e da política concer- nente às relações de produção deve ser percebida como uma questão econômica e privada entre os indivíduos privados den- tro da sociedade civil. Aqui podemos conferir a ideia defendida por alguns autores de que o Estado é um mal necessário, ora um Estado mínimo. Quando a sociedade civil sob a forma de sociedade de livre mercado avança a pretensão de restringir os poderes do Estado ao mínimo necessário, o Estado como mal necessário assume a figura do Estado mínimo, fi gura que se torna o denominador comum de todas as maiores expressões do pensamento liber al. (BOBBIO, 2007, p. 130). A ideia de um Estado mínimo, reduzido, foi fomentada pela expansão da sociedade burguesa, que buscava a intervenção mínima do Estado nos ideais de livre mercado interno e externo, o que, para a classe burguesa, era considerado ideal, pois o Esta- do estaria desempenhando uma tarefa de coordenação da socie- dade, não de domínio. Contudo, tal intuito se mostra contradi- tório e contrafactual, na medida em que os Estados democrá ti- cos realizaram o reconhecimento e a ampliação de direitos ine- rentes aos indivíduos, tanto de forma individualizada, quanto de forma difusa. Portanto, houve uma ampliação do Estado, que deverá prover e garantir a rea lização de novas e contínuas de- mandas oriundas da sociedade civil. Neste ponto nos referimos, precisamente, ao cabedal de di- reitos e garantias fundamentais que se tornaram existentes nos Estados democráticos de direito, principalmente a partir da se- gunda metade do século 20. E, no caso brasileiro, tais direitos se encontram expressos, por exempl o, nos artigos 5º e 225 da Constituição Federal de 1988 7 . 7 O artigo 5º da Constitu ição Federal bras ileira t raz em seus incisos o rol dos direitos e garantias individuais, garant indo aos bras ileiros e estrangeiros re sidentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberda de, à igualdade, à segurança e à proprie- 99 Na tarefa de coordenação do Estado destaca-se a empreita- da de regulação e proteção a novas demandas geradas pelo próprio modelo de Estado. Trata-se de um Estado ampliado, como propunha Gramsci, no qual a ampliação se dá por meio da elaboração de novos textos le gais – aumento considerável da legislação – sobre os mais variados temas, como, por exemplo, a própria temática ambiental, trabalhista, das relações de cons u- mo, idosos, mulheres, crianças, etc. E diante dessas novas de- mandas geradas pela sociedade civil e fomentadas pelo Estado, encontramos a positivação dos direitos dos idosos, por meio da promulgação e entrada em vigor do Estatuto do Idoso; da ban- deira de defesa dos consumidores, através do Código de Defesa do Consumidor; da negociação de alguns direitos sociais dos trabalhadores em troca da manutenção temporár ia dos postos de trabalho e da tentativa de controle sobre os bens e recursos ambientais, por meio de tipificações administrativas e criminais de condutas perigosas ou lesivas ao meio ambiente, por meio da Lei de Crimes Ambientais. Essas são, exemplificativamente, formas de aproximação entre a sociedade civil e o Estado. O Estado de direito ambiental Hodiernamente, diante das novas demandas oriundas dos processos de modernização social decorrentes do desenvolvi- mento tecnológico, científico e industrial, cabe-nos falar de uma nova forma, ainda incipiente, mas que tem ocup ado um certo lugar nas discussões jurídicas acerca do tema: o Estado de Direi- to Ambiental, ventilado por alguns juristas, como Canotilho e Leite (2007). Por Estado de Direito Ambiental, entendemos uma utopia democrática, marcada por abstratividades e, sobre- dade. O art igo 225 da Consti tuição Federal ref ere-s e à garantia dos interesses difu- sos ao determinar “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra- do[...]”. 100 tudo, porque a transformação a que aspira pressupõe a repoliti- zação da realidade e o exercício radical da cidadania (individual e coletiva), nela compreendendo a Carta dos Direitos Humanos da Natureza. A construção desse conceito leva, necessariamente, a questionar os elementos nos qua is o próprio Estado se susten- ta, o que demonstra a importância da sua discussão e a busca de concretização, via otimização de processos de realização de aproximação, dos parâmetros a serem atingidos – que funciona- riam como metas – pelo então Estado de Direito Ambiental. O Estado de Direito Ambiental “é um conceito de cunho teórico-abstrato que abarca elementos jurídicos, sociais e políti- cos na busca de uma situ ação ambiental favorável à plena satis - fação da dignidade humana e harmon ia dos ecossistemas” (CA- NOTILHO; LEITE, 2007, p. 153). Outra perspectiva define-o como a “forma de Estado que se propõe a aplicar o princípio da solidariedade econômica e social para alcançar o desenvolvimen- to sustentável, orientado a buscar a igualdade substancial entre os cidadãos, mediante o controle jurídico do uso racional do patrimônio natural”. (CAPELA apud, CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 151). A compreensão deste Estado divisa alguns postu- lados básicos, que, segundo Canotilho, são: o globalista – no qual a proteção ambiental não pode se restringir a um único Estado de forma isolada, mas, sim, em termos supranacionais; o publicista – no qual há uma visão tecnocrática e ênfase do Esta- do no trato das questões ambientais; o individualista – que res- tringe a proteção ambiental à inovaçã o de posições individuais, nas quais os instrumentos jurídicos de proteção ambiental utili- zados seriam praticamente os mesmos aludidos na proteção de direitos subjetivos; por fim, o a ssoc i ativista – o qual p rocuraria formular uma democracia de vivências da vi rtude ambiental, cen- trada na participação dem ocrátic a. (CANOTILHO; LEITE, 2007). A construção do Estado de Direito Ambiental passa, essen- cialmente, pelas disposições constitucionais, porque, no aspecto formal, são as disposições constitucionais que revelam os valo- res e postulados básicos do conjunto social nas sociedades co m- plexas. No caso do Estado brasileiro, as disposições constitu- 101 cionais do artigo 225 trazem em seu seio a ideia de transição entre a irresponsabilidade organizada e generalizada (existente faticamente) e uma situação em que o Estado e a sociedade pas - sam a influenciar nas situações de risco; de igual modo, passam a compartilhar solidariamente a responsabilidade 8 pela proteção do ambiente e todos os recursos que o compõem. Desse mod o, a ideia de discussão e implementação do Estado de Direito Am- biental tem como função a adequação da gestão dos riscos am- bientais e o afastamento da irresponsabilidade organizada; a juridicização de instrumentos que possam garantir a preservação e conservação ambientais; a ampliação do campo do direito am- biental como um direito integrador; a busca de formação da consciência ambiental, bem como a definição conceitual de a m- biente e seu(s) objeto(s) 9 . 8 Isso se verifica na expressão “ cabendo ao poder público e a coletiv idade o dever de defendê-lo e preservá-lo ...” ( art. 225 , caput , Constituição Federal). 9 José Rubens Morato Leite, sintetiza ci nco funçõ es funda mentais da discus são do Estado de Direito Ambiental: 1) Moldar fo rmas mais adequad as para a gestão dos riscos e evitar a irrespon sabilidade organizad a. N a sociedade de risco, o Estado não pode ser “herói”, garantindo a elimin ação do risco, pois este subjaz ao próprio mo- delo que serve de base à sociedade. O Esta do, então, busca a gestão dos r iscos, ten- tando evitar a irresponsabilidade organ izad a. 2) Juridicizar instrumentos contem- porâneos, preventivos e precaucionais, típi cos do Estado pós-soc ial. É aqui que se fornece especial atenção aos princípios da preven ção e da precaução inscritos no art. 225 d a Constit uição. Faz-se n ecessário, nu ma sociedade d e risco, abandonar a concepção de que ao Direito ca be se ocupar com os dan os evidentes. A complexida- de do bem ambiental na sociedade de risco exige que haja a introdução de aparatos jurídicos e institucionais que garan tam a preservação ambiental diant e de danos e riscos e risc os abstrat os, potenciais e cum ulativos. 3) Trazer a n oção, ao camp o o Direito Ambiental, de direito integrador. Con siderando que o ambiente não é uma realidade naturalística segreg ad a, sua defes a depende de considerações multitemá- ticas, em que se considere a característi ca de macrobem, pu gnando-se por formas de controle ambien tal, tanto no plan o normativo com o fático, que at entem para a ampli- tude do bem ambiental. 4) Buscar a formação da consciência ambiental. É im possível o exercício da respon sabilidade compartilh ada e da participaçã o popular como forma de gestão de r iscos sem que haja pr ofunda consciência ambient al. 5) Propiciar maior compreensão do objeto estudado. É vital a definiçã o do conceito de ambiente, pois possibilita a compreensão da posiçã o ecológica do ser h umano e das impli- cações decorrentes de uma visão integrativa de ambiente. Verifica-se q ue o objeto bem ambiental é dinâmico, en volvendo sempre no vas confor mações, como , por exemplo, s novas tecnologias, tais como, os OMGs. Assim, é im portante um con ceito aberto, procuran do trazer flexibili dade. (CA NOTILHO; LEITE , 2007, p. 152) . 102 Nesse assente, certo é qu e o tratamento da questão ambien- tal depende de uma revalorização de práticas democráticas e a construção de uma democracia sustentável desprendida dos vínculos estreitos dos limites territoriais das fórmulas do Estado (MORAIS, 2008). Talvez essa no va fórmula do Estado seja o que por ora denominamos “Estado de Direito Ambiental”, que propõe uma transformação radical nas práticas jurídico-político- sociais, orientadas pelo ideal de concretização da dignidade hu- mana, pela observância e incorporação da Carta dos Direitos Humanos da Natureza. Esse modelo de Estado de Direito Ambiental deve ser edi- ficado com justiça ambiental, garantindo um amplo acesso à justiça, via tutela jurisdicional do ambiente, e também por mei o de políticas de meio ambiente alicerçadas em pri ncípios estrutu- rantes que vão se desenvolvend o a partir das complexas ques- tões provocadas pela atual crise ambiental. A complexidade da crise ambiental, alimentada pelas suas inúmeras contradições, jurídico-político-sociais, representa hoje um dos maiores desafios aos Estados. No caso brasileiro, somos levamos a acreditar que manteremos nosso desenvolvimento econômico sem que precisemos rever nossos processos de pro- dução e exploração da terra, sem que tenhamos de observar “os limites” de extração e exploração dos recursos am bientais colo- cados a nossa disposição, o que é uma grande mentira. Vejamos a q u e s t ã o d a C O P 1 5 , d e d e z e m b r o d e 2 0 0 9 , o c a s i ã o e m q u e a representação do governo brasileiro levou para a Conferência das Partes, sobre as mudanças climáticas e redução na emissão de GEE, uma proposta de redução de 38 a 46% (pontos percen- tuais) dos índices atuais de emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento global, sendo que o setor responsável pelos maio- res índices de emissão é o da agropecuária brasileira, e o go- verno federal, em seu âmbito interno, reafirma ao setor agro- pecuário índices de crescimento altos para os próximos anos. Como se percebe, algo está errado, pois tais posicionamentos por parte do governo brasileiro são, no mínimo, incompatíveis, para não dizer contraditórios e contrafactuais. 103 Vejamos aqui o caso da aplicação dos princípios da pre- caução e prevenção am biental em face dos efeitos ambientais provocados por atividades econô micas na atualidade. Os Esta- dos, cada vez mais, têm buscado incorporar em seus textos constitucionais ou infraconstituci onais, referências aos princí- pios da precaução e prevenção ambientais. O marco decisivo para a observância desses princípi os por parte dos Estados foi, sem dúvida, a Conferência Internacional sobre o Meio Ambien- te, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo. Dos 26 princí- pios que integraram a Declaração do Meio Ambiente destaca- mos a prevenção e precaução ambientais. 10 Essa Declaração do Meio Ambiente passou a orientar a elaboração dos textos legais dos países signatários do documento. Na legislação brasileira, percebemos a observância a esses princípios desde a entrada em vigor da Lei de Política Naciona l do Meio Ambiente – Lei n. 6.938/81 –, que destaca dentro os objetivos da política púbica ambiental a compatibilização do desenvolvimento econômico- social com a preservação da qualidad e do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização raci onal e disponibilidade permanente – nos termos do art. 4º, incisos I e VI. Dentre os princípios a serem observados pela política ambiental nacional encontra-se a proteção dos ecossistemas, com a pr eservação das áreas repre- sentativas e a proteção das ár eas ameaçadas de degradação – conforme o art. 2º da Lei 6.938/81. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, houve a chancela constitucional à importância e obrigatoriedade de aplicação e observância aos princípios da prevenção e pre- caução ambiental. A reafirmação desses princípios em âmbito 10 Segundo o principio 4 “O Hom em tem a responsabilidade especial de preservar e admini strar prude ntemente o pa trimônio repr esentado pela flora e pela fauna silves- tres, bom como pelo seu habitat...ao se planejar o desenvolvimento econômico deve- se atribuir uma impo rtância específica à conservaçã o da Natureza[...]”. (SILVA, 2003, p.60). O planejament o racional para ocupação do s solos, seja para f ins agrícolas seja urbanísticos, deve evitar os efeitos prejud iciais ao ambient e e visar à obtenção má- xima de benefícios sociais, econômicos e am bientais para todos, conf orme os princí- pios 14 e 15 do document o. 104 internacional deu-se, mais uma vez, por meio da Declaração do Rio de 1992. Nesta nova declaração, os Estados membros re- afirmaram suas preocupações com a questão ambiental mundial e a prevenção e precaução ambientais , como expresso nos prin- cípios de 8 11 e 15 12 , respectivamente. Com relação a conferência internacional Rio+20, realizada em 2012, os estado s comprome- teram-se no documento final “O futuro que queremos” a não retroceder nas decisões até então tomadas em r elação as ques- tões ambientais, em outras palavras, afirmam que o princípio da proibição de retrocesso ecológico deverá ser observados pelos Estados em âmbito interno e externo. O princípio da prevenção ambiental está associad o aos con- ceitos de desenvolvimento sustentado e equilíbrio ecológico, o que indica uma interação do homem com a natureza e seus re- cursos ambientais. Este princípio visa à adoção de medidas prio- ritárias que evitem o nascimento dos riscos de danos ao ambien- te, ou seja, refere-se a uma conduta racional diante de um mal que a ciência pode mensurar, que se encontra dentro das certe- zas científicas. O princípio da precaução ambiental deve ser adotado sem- pre que há perigo de ocorrência de dano grave ou irreversível diante da incerteza científica, tornando -se necessária a adoção de medidas eficazes para impedir a ocorrência da possível lesivida- de ambiental. A precaução ambiental está associad a à ideia do risco não mensurável, isto é, não avaliável, decorrente da in cer- teza, da falta de conhecimento ci entífico preciso que afaste a possibilidade de uma avaliação prévia. Todas as atividades econômicas que sejam efetiva ou potencialmente degradadoras 11 “ A fim de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para todos os povos, os Esta dos devem reduzir e eliminar os modos de produção e de cons umo não viáveis e pr omove r políticas demográficas apropria- das”. ( MACHADO, 2006, p. 82). 12 “ De modo a proteger o meio a mbiente, o princípio da precaução deve ser am pla- mente observado pelos Estados, de acor do com suas capacidade s. Quando houv er ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a au sência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão postergar m edidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação am biental”. (MACHADO, 2006, p. 63) . 111 vés do direito. Isso impulsionou a eclosão, por exemplo, no âmbito nacional brasileiro, da legi slação criada para a proteção desses interesses, especialmente os referentes aos r ecursos am- bientais 18 , e revela que o Estado brasileiro, de uma forma ou de outra, tem aplicado em seu âmbito territorial os princípios dos documentos internacionais de Estocolmo e da Rio/92. Os cha- mados “recursos ambientais”, essenciais para o des envolvimento e manutenção das espéci es vivas, tornando-os objeto de pro- teção no âmbito do direito. Não podemos negar que a materialização da proteção des- ses novos bens e interesses, tornando-os bens jurídicos, operou- se na sociedade brasileira a part i r d o m o m e n t o e m q u e a s d e - mandas de grupos específicos passaram a incluí-los de forma mediata ou imediata em suas pautas de reivindicações. Pois nas décadas de 70 e 80 do século 20, foram muitos, os movimentos ambientais que levantaram o debate sobre questões ambientais e culminaram com a adoção de prin cípios de proteção ambientais a serem observados pelos Estados. N o B r a s i l , n o f i n a l d a d é c a d a d e 8 0 d o s é c u l o 2 0 , c o m a abertura política e fim do regime ditatorial, mais especificamen- te, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a proteção ambiental passou a ocupa r um lugar de suma im- portância, cujos desdobramentos pautam toda legislação com- plementar infraconstitucional. A sua definição e abrangência são o objeto a seguir tratado. 18 Por recursos ambientais en tendem-s e a atmosfera, as ág uas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar t errito rial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, nos term os do inciso V, do art. 3º, da lei 6.938/81. 112 Bens ambientais e suas condições de uso social No campo jurídico-legal, o bem ambiental apresenta-se pro- tegido por meio do art. 225 19 da Constituição Federal de 1988, como uma estrutura de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A referência constitucional não se reporta a uma pessoa individualmente con cebida, mas a uma coletividade de pessoas indefini das, o que mostra seu caráter transindividual, em que não se deter minam, de forma rigorosa, os titulares do direito. O bem ambiental é um bem essencial à sadia qualidade de vida e de uso comum do povo, podendo ser desfrutado por toda pessoa dentro dos contornos impostos pelo texto constitucional. Não podemos ignorar que a concepção privatista do direito de propriedade, vigente em vários Esta dos nacionais e também na legislação complementar brasileira, constituía forte barreira à atuação do poder público na proteção do meio ambiente. Con- tudo, paulatinamente, houve um incremento da p roteção jurídi- ca aos recursos ambientais, dentre os quais os naturais, muito embora as ações governamentais não tenham se dado nesse mesmo sentido. As características do bem ambiental, ou seja, a sua condição de “bem de uso comum do povo” e “essencial à sadia qualidade de vida”, demonstram que esta qualidade consiste em que pode ser desfrutado por toda e qualquer pessoa. Evidentemente, nos limites fixados pela própria Constituição Federal, não cabe a ninguém dele dispor ou transacioná-lo. Isso significa que a utili- zação dos recursos ambientais, quando possível, autorizada pelas normas que regulamentam a vida em sociedade, deve ser feita conforme as disposições legais ou regulamentares dispostas pelo Estado. Não dispõe o particular, na sua individualidade, de 19 “ Art. 225. Todos t êm direito ao meio ambient e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualid ade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen dê- lo e preservá-lo pa ra as presentes e futuras gerações .[...] ” (BRASIL, 2009a, p. 139). 113 qualquer gerência absoluta ou predomínio nos desígnios de sua vontade sobre esses recursos. Supera-se, portanto a ideia de propriedade privada sobre bens, pe la qual se poderia usar, gozar, dispor ou transacionar tal bem da forma que melhor nos facu l- tasse. Nesse sentido, a Constituiç ão Federal de 1988 refere que a propriedade como direito fundamental do indivíduo, deve cum- prir sua função social, em cujos meandros está incluída a pr o- teção do meio ambiente. Qualquer uso com efeito s nocivos, que acarrete danos ao ambiente, enquanto um conjunto de atributos fundamentais para a qualidade de vida dos indivíduos, será con- siderado como afronta ao sistema constitucional vigente, porque viola a garantia constitucional de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como bem de uso co- mum do povo, devemos não apenas garantir acesso e fruição ao conjunto de atributos naturais, artificiais ou culturais a que de- nominamos “bens ambientais”, mas, sobretudo, que este seja realizado em condições que não afetem a saúde e o bem-estar dos indivíduos, bem como a capacidade de suporte do ecossis- tema. Quanto à característica de ser um bem essencial à sadia qua- lidade de vida, remetemo-nos aos fundamentos d o Estado De- mocrático de Direito. Uma vida digna só é atingida com a satis- fação de valores fundamentais capazes de prover as necessidades básicas dos indivíduos, proporcionando-lhe bens para garantia da dignidade. Não obstante, para que os indivíduos possam desfrutar da sadia qualidade de vida, enquanto fundamento democrático de direitos ou direitos fundamentais, trata-se de incorporar a digni- dade humana como um dos fundamentos mais importantes des- se Estado. De fato, o reconhecimento e a efetivação dos direitos de solidariedade, pautados por uma relação de comprometimen- to entre sociedade e ambiente, como o de vivermos num meio ecologicamente equilibrado, não suprimem, senão que ratificam, os direitos civis, políticos e sociais. Outro aspecto importante com relação ao bem ambiental é que sua índole jurídica não guarda, necessariamente, compatibi- 114 lidade absoluta com o direito de propriedade. Ao determiná-lo como “bem de uso comum do povo”, institui-se no plano cons- titucional que o acesso e utilizaç ão deste bem deve pautar-se pelas especificações legais e, principalmente, que não afete a qualidade no ambiente e dos ecossistemas que o integram, bem como, comprometer ou colocar em risco a qualidade de vida dos atores sociais. Há que considerarmos, ainda, a indisponibilidade do bem ambiental em razão da supremacia do interesse público que lhe é peculiar. Nessa orientação, a indisponibilidade do interesse pú- blico na proteção ambiental deve ser considerada como funda- mental não apenas para a pro teção do ambiente e dos recursos que o compreendem, m as também para a própria organização da sociedade. “O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio geral inerente a qualquer sociedade” (MELLO, 1995, p. 44 ). Este princípio é pressuposto lógico do convívio social, é condição de existência para qualqu er sociedade. E, se estamos tratando de algo fundamental, significa que dele – o bem ambiental – nã o podemos dispor, é inegociá- vel. Mesmo que quiséssemos, não poderíamos abrir mão, em razão da sua indisponibilidade. No aspecto jurídico-legal, o princípio da supremacia do in- teresse público sobre o privado significa que, em prol da Admi- nistração Pública, há a preponderância do interesse entregue à sua cura. Por essa razão, a Administração Pública tem a possibi- lidade de constituir terceiros em obrigações mediante a tos unila- terais, os quais são imperativos, isto é, trazem consigo a exigibi- lidade, traduzida na previsão legal de sanções ou providências indiretas que levam o administrado a acatá-los. As prerrogativas que nesta via exprimem tal supremacia não são manejáveis ao sabor da admi nistração, porquanto esta jamais dispõe de “poderes”, sic et simpliciter . Na verdade o que nela se encontram são “deveres-poderes”, [...]. Isto porque a atividade administrativa é desempenho de “função”. Tem-se função apenas quando alguém está assujeitado ao dever de buscar, no interesse de outrem, o atendimento a certa finali- 115 dade. Para desincumbir-se de tal dever, o sujeito de função ne- cessita manejar poderes, sem os quais não teria como atender à finalidade que deve perseguir para a satisfação do interesse al- heio. Assim, ditos poderes são irrogados, única e exclusivamen- te, para propiciar o cumprimento do dever a que estão jungidos; ou seja: são conferidos como meios impostergáveis ao preen- chimento da finalidade que o exercente de função deverá suprir. (MELLO, 1995, p. 45). Pretendemos, portanto, destacar que a Administração Pú- blica tem o dever institucional – pois instituído pela ordem constitucional vigente – de pro teger o ambiente de acordo com o rigor da lei. Esse dever se encontra consubstanciado na re- dação do caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 pela expressão: “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O princípio da supremacia do interesse público guia o legislador regulamentar e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação. U nido a este princípio está o da indispo - nibilidade do interesse público. A administração tem um poder- dever quanto a estes interesses, não podendo deixar de agir sob pena de responder pela omissão. 20 Assim, deve a administração pública garantir a efetivação da proteção dos bens ambientais em razão da supremacia do intere sse público e da indisponibili- dade desses bens ambientais. Mas, afinal, o que compreendem os chamados “bens am- bientais”? Por bens ambientais compreendemos todos os atribu- tos naturais, artificiais e cult urais que integram o meio no qual estamos inseridos e que, na ótica da prese nte discussão, tenham recebido proteção jurídica específica por parte do Estado, por meio de textos normativos legais, c om os quais se oc upa o direito. 20 Sobre a responsabilidade civil d os agentes públicos em razão dos danos ambien- tais causados por sua omis são, ver: SCHONARDIE, Elenise Felzke. Dano ambiental: a omissão dos agentes públicos . Passo Fundo: EdiUPF , 2005. 116 Os elementos do meio ambiente, ou seja, os recursos am- bientais 21 naturais ou artificiais, assim como os equipamentos urbanos, bem como os expedien tes culturais compõem imp or- tantes subsídios para determinada população num determinado espaço e tempo. Estes recursos são considerados importantes para a sociedade brasileira e elevad os a categorias d e bens jurídi- cos. A complexidade da questão em análise não se restringe à determinação do que compreendem os bens ambientais, mas, sim, à verificação do pertencimento desses recursos denomina- dos como “bens de uso comum do povo”. Para a proteção dos bens ambientais há uma série de ins- trumentos administrativos e judiciai s instituídos por lei. Na esfe- ra jurisdicional brasileira temos a Ação Civil Pública – Lei 7.347 de 1985 – que visa à res ponsabilização civil por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, bem como a ação pe- nal por crimes contra o ambiente, condutas tipificadas pela Lei 9.605/98, que dispõe sobre os crimes ambien tais. Esta última ocorre toda vez que a lesão, o dano ou o risco causado ao meio ambiente se enquadre em alguma conduta des crita em lei como sendo “crime ambiental”. Toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico protegido pela norma penal ambiental, pas- sa a constituir crime, se presen tes estiverem, no caso concreto, os elementos daquela determinada figura criminosa. No que diz respeito aos instrumentos 22 de proteção am- biental de atuação prévia da Administração Pública, encontra- mos dentre outros, os licenciamentos ambientais e os estudo s prévios de impacto ambiental. Nesses casos, a Administração Pública dispõe de instrumentos de controle ambiental que se constituem em atos e medidas destinados a verificar não apenas a observância de normas ambientais pelos seus destinatários, 21 Conform e a Lei n. 6.938/81, art. 3º, inciso V, entende-s e por recursos am bientais a atmosfera, as águas in teriores , superficiais e subterrân eas, os estuários, o m ar territo- rial, o solo, o subsolo, os elem entos da biosfera, a f auna e a flora. (BRASIL, 2009a., p. 844) 22 A Lei n. 6.938 de 1981, estabelece em seu art. 9º o rol dos instrument os administ ra- tivos de controle e proteção ambient al. 117 mas, sobretudo, realizar um certo controle sobre os recursos ambientais sujeitos à extração e a maneira como esta se realiza. Se houver inobservância das normas de controle e proteção ambientais pelos seus destinatários e isso constituir lesão ou ameaça de lesão aos bens ambientais, o titular do recurso am- biental poderá acionar o sistema de responsabilização ambiental por danos, infrações administrativas ou crimes contra o meio ambiente. O Estado brasileiro atribuiu à União a titularidade de quase totalidade dos bens e recursos ambientais, nos termos do artigo 20 da Constituição Federal, para que a mesma, através da insti- tuição de políticas ambientais pudesse garantir a proteção desses recursos que são considerados como bens de uso comum do povo. Não podendo, assim, serem apropriados no proveito par- ticular e individualizados de interesse do capital, mas sim, sua fruição, quando adequada e necessária, deve refletir-se em favor da coletividade. A relação entre Es tado e meio ambiente está definida como uma relação de guarda, zelo e responsabilidade. No campo empírico, a utilização dos recursos ambientais pelos indivíduos que integram a sociedade nem sempre observa as determinações legais de controle e proteção desses recursos naturais. Via de regra, a utilização de recursos ambientais natu- rais dá-se pela extração, p rocesso mecânico realizado por indiví- duos com auxílio de máquinas e ou materiais explosivos, como no caso dos recursos naturais de origem mineral. As atividades de localização, dimensionamento e extração dos recursos natu- rais são realizadas visando à obtenção de matéria-prima para integrar os processos de transformação da matéria e agregar-lhe valor. De modo geral, os recursos ambientais são entendidos co- mo coisa passível de apropriação 23 , sem que a necessidade de preocupação com a recuperação da área degradada seja interna- lizada pelos sujeitos. A legislação brasileira em vigor, por própria 23 Concepção da natureza como al go que nos é dado para ser explorado – dialétic a da natureza. 118 determinação constitucional obrig a o utilizador de recursos am- bientais a recuperação da área degradada. Essa deveria dar-se automaticamente a exploração dos recursos ambientais. Contu- do, esse aspecto obrigacional é descurado por parte dos permis- sionários que, tentam justificar a inobservância à lei com argu- mentos de ordem econômico e so cial, o que no mínimo é para- doxal, na medida em que a d egradação da qualidade ambiental constitui-se em dano ambiental qu e pode, dependendo da si- tuação, atingir os atributos ambientais assegurados pela Consti- tuição Federal enquanto bem de uso comum do povo e a própria qualidade de vida da população. Todavia, não vamos ficar adstritos aos aspectos negativos e catastróficos que permeiam a qu estão ambiental; nossa obri- gação é identificar as potencialidad es da realidade social que se apresenta e, com base nessas, orie ntar os processos de regulação e utilização dos bens ambientais . Em busca da promoção da qualidade de vida e da dignidade humana, na sociedade brasileira (e porque não todas as sociedades?) podemos redirecionar as ações intervenção nos recursos ambientais que s ão capazes de levar ao desequilíbrio ambiental e a escassez dos recursos natu- rais para uma nova lógica. Um modelo de Estado que deve ser edificado com justiça ambiental, garantindo um amplo acesso à justiça, via tutela jurisdicional do ambiente e também por meio de políticas de meio ambiente alicerçadas em pri ncípios estrutu- rantes (preservação, prevenção, precaução, dignidade humana e justiça socioambiental) que vão se desenvolvendo a partir das complexas questões que envolvem os nossos sistemas sociais de desenvolvimento. Referênci as BOBBIO, Norberto. Estado, governo, Sociedade: para uma teo- ria geral da política. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 119 ______. Dicionário de Política . Tradução João Ferreira, Car- mem C. Varriale e outros. Brasília: Editora Universidade de Bra- sília, 1986. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Fede- rativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n. 53, de 19-12-2006. Coletânea de legislação ambiental e Constituição Federal. 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Pela mão de Alice : o social e o político na pós-Modernidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 127 to da economia brasileira - realizado em conjunto com grandes montadoras internacionais, contribui para o aquecimento do planeta. Ou ainda, pode-se afirmar que sejam os países desen- volvidos e subdesenvolvidos trabalhando em conjunto para o crescimento das injustiças ambientais ao redor do globo. Mas devemos nos perguntar: e a noção de “risco”? O “ris- co” - o qual não é uma constante - como se afirma - fundamenta todo um discurso de diminuição do crescimento das economias. Em um jogo político internacional, os Estados utilizam-se da noção de “risco” de catástrofes iminentes para criar uma sen- sação de insegurança que justifi que a atual forma de pilhage m ambiental pós-moderna. No âmbito geopolítico o discurso parece ser de a poio mú- tuo entre os países, mas se analisarmos o cenár io existente, grande parte das matérias-primas utilizadas pelos países “desen- volvidos” ainda provém de suas “neo-colônias”, denominadas países “em desenvolvimento”. Dessa forma, observa-se porque o Protocolo de Quioto não prev iu uma redução global desafia- dora em seus objetivos. Convém a manutenção de uma relação entre o sul , responsável pela cr iação de projetos de redução de poluição, enquanto o norte se exime da redução drástica de suas atividades industriais, ampliando mercados 16 até mesmo quando se trata de proteção ambiental (como no caso d a criação do mercado de carbono). Quando o governo adota uma postura de incentivo à des- medida manufatura de produtos está permitindo a excessiva transformação da natureza. Esta postura governamental incenti- va a injustiça ambiental, gerando passivos ambientais e sociais. Ou seja, as políticas públicas adotadas por um governo em prol da manutenção de determinados setores repercutem em diversas outras áreas, dentre elas a ambiental. 16 Segun do pesquisa realizad a pela Wards Auto - Cent ro de informação sobre a indúst ria automot iva global-, o Brasil hoje é o 4º maior vendedor mundial de veículos autom otores –. WARDSAU TO. World Vehicle Sale s Rise, Led By Gains in North and South A merica . Disponível em: <http://war dsauto.com/world/world- vehicle-sales- rise-led- gains-nort h-and-south -a merica >. A cesso em: 10 out 2013. 128 Isso faz concluir que o discurso de “proteção ambiental” e “risco” pode ser percebido como um discurso retórico que se repete nas cúpulas mundiais. Por mera formalidade, assinam-se tratados em soft law 17 , cuja obrigação no cumprimento restringe- se a uma obrigação moral sem gr andes sanções. Ou seja, man- tém-se um discurso de pilhagem ambiental com base em uma retórica de “desenvolvimento sustentável” e proteção contra o “risco”. Essa pilhagem 18 , portanto, não se entende aqui como o tra- dicional conceito trazido pelos dicio nários de “devastação” ou de uma mera apropriação de recursos naturais, mediante u m bioimperialismo das grandes potências mundiais. Não são so- mente as extrações de ouro, cana de açúcar, caf é ou algodão (que durante muitos séculos ocorreram e ainda ocorrem sob forma de outras matérias-primas) 19 . O termo co mpreende a forma como os Estados utilizam-se da geopolítica como instru- mento de dominação e acentuação d e injustiças na sociedade. Essa concepção de pilhagem pós-moderna do meio am- biente abandona o enfoque da pilhagem com base na domi- nação pela força física, passando-se a elaborar a pilhagem por meio do campo simbólico. A pilhagem da qual se fala não se dá apenas no plano material, como em séculos passados, mas pod e ser percebida pelo exercício do poder simbólico estatal. Por meio da palavra que é exercida, orientando, coma ndando e ex- plorando. Os argumentos destes textos utilizam a natureza co- 17 Para mais informações a respeito do papel da soft law em relação à pro- teção do meio ambiente, vide OLIVEIRA, Rafael Santos de. Direito Ambie ntal Internacional : O Papel da Soft Law em sua Efetivação. Ijuí: Ed. Un ijuí, 2007. 18 Recentemente foi publicada no B r asil obra do pro fessor italiano Ugo Mat - tei, juntamente com professora Laura Na der, a qual busca eviden ciar durante a históri a e o mome nto atual a s formas de p ilhagem pelas quais muitas nações foram e são submetidas . Nesse senti do: MATTEI, Ugo; N ADER, Laura. Pilhagem : quando o Estado de Direito é ilegal. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2013. 19 Essa pilhagem física e no campo simbólico realizada pelos Estados e cor- porações vem sendo estu dada pela cientista Van dana Shiva, a qu al remete à existência de uma “m onocultura da mente”. Para maior aprofundam ento SHIVA, Vandana. M onocultura s da Mente : Perspec tivas da Biodiver sidade e da Biotecnolo- gia. São Paulo: Gaia, 200 3, p.11. 129 mo um objeto de mercância, mediante uma visão antropocêntri- ca e individualista. Concentram seus esforços na manutenção de mercados mundiais globalizados interconectados por diferentes nós de comunicação 20 , os quais facilitam a sua abrangência e permitem que esses discursos se pasteurizem ou agilmente se modifiquem. Cabe às populações enfrentarem esse desafio, utili- zando-se da nova tecnologia como forma de promoção de uma maior justiça ambiental intra e interestados. 2 . Do empoderamento 21 à diminuição de desigualdades e inj ustiças ambientai s na sociedade em rede Em meio à atual socieda de pós-moderna, caracterizada por ser informacional, global e em rede 22 , as novas tecnologias da informação e comunicação trou xeram diversas mudanças ao contexto social atual. As manifestações da sociedade ganharam novos espaços e o ativismo passou a ter na internet mais uma forma de efetivar a participação democrática em rede 23 . As redes servem como f orma de interconectar as pessoas no mundo, permitindo-lhes agrupa rem-se de acordo com seus anseios, ampliando as discussões de um espaço público local 20 Em relação à int erconexão por meio de nós em uma sociedade em redes de informação, vide CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede : volume I. 8 ed. São Paulo: P az e Terra, 2005, p.108. 21 Nesse se ntido, u tiliza-se o conceito de empoderamento tr azido p ela pes- quisadora brasileira Maria da Glória Gohn. GOHN, M.G. Empoderamento e parti- cipação da c omunidade em polí ticas sociais . Saúde e Sociedade, v. 13, n. 2, p. 20-31, ago. 2004. 22 Para maior aprof undament o dos termos “informacional”, “global” e “ re- de”, vide CASTELLS, Ma nuel. A sociedade em rede : volume I. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 119. 23 Nesse sentido, vide obra de OLIVEIRA, Rafa el Santos de. Ativis mo digital e novas mídias : desafios e oportuni dades da ci dadania em red e. Disponível em: <http://nudiufsm.f iles.wordp ress.com/2011/ 07/rafa el-conpedi-mg.pdf >. Acesso em: 7 out 2013. 130 para um espaço público global. Assim, fatos que antes teriam uma repercussão maior em um determinado âmbito podem ecoar por longas distâncias. Dessa forma, injustiç as causadas a etnias, camadas sociais ou localidades distintas, podem obter o apoio de mais pessoas, somando-se as vozes e construindo-se uma verdadeira resistência às violações de determinados direitos. Por essa razão, entende-se que em meio às injustiças globais causadas pela pilhagem ambiental pós-moderna, a indignação das populações deve ser mais per ceptível . Dessa forma, as mo- bilizações sociais realizadas por meio da internet podem servir como instrumentos de empoderamento da população. Um em- poderamento capaz de agregar e influenciar econ ômica, política e ideologicamente. Uma forma de gerar novas formas de refle- xão, capazes de criar alternativ as que viabilizem o desenvolvi- mento da solidariedade entre os indivíduos, encurtando distân- cias e fortalecendo a justiça nas dimensões social, econômica e ambiental. A partir das redes de mobiliz ação criadas por meio da inter- net , violências como a praticada co m a tribo Guarani-Kaiowá (que se viu obrigada a abandona r suas terras, nas quais possui sua subsistência, em prol de direitos de propriedade de fazendei- ros locais, em outubro de 2012) podem ser evitadas. No caso brasileiro, a realização de uma petição online assinada por mais de 350.000 pessoas ao redor do mundo foi suficie nte para moti- var a alteração de posicionamento jurisdicional. Da mesma for- ma, outras comunidades injustiçadas podem se utilizar do ati- vismo digital e da solidariedade de outras sociedades do globo para promover a proteção de culturas e do meio ambiente. É uma adaptação dos cidadãos à estrutura global, deixando de considerar-se como "somente um", para poder integrar um mo- vimento no qual possa se considerar "mais um" a se somar. A internet e os movimentos em re de por ela desenvolvidos podem servir como instrumentos para promoção de uma justiça 131 ambiental solidária 24 , mediante o estímulo de participação de pessoas nas regiões próximas a onde ocorrem desastres e injus- tiças ambientais, bem como permitindo a solidariedade interesta- tal. Ou seja, mediante os movime ntos de indignação gerados em escala macro, poder-se-á fortalecer a participação dos interessa- dos em promover mudanças sociai s, por meio de um sentimento de ativismo que poderá emergir junto às populações. Ao se considerar a possibilidade de desvinculação das pes- soas ao individualismo e ao consumo, deve-se cogitar formas de transformação social, servindo as atuais tecnologias da infor- mação como meios para instrume ntalizar essas mudanças ne- cessárias. Por meio de um empoderamento individual e ativo, os indivíduos detém o privilégio de questionar a ordem mundial que se apresenta. Pensar a atual configuração da sociedade global demanda novas concepções acerca dos relacionamentos entre as pessoas em diversos pontos do planeta. Se antes era difícil imaginar a rápida realização de ações em escala global, atualmente, sabe-se que a informação é um poder que circula rapidamente. A infor- mação se transformou em uma arma tecnológica de longo al- cance e com alto poder de dest ruição/construção de conceitos no plano das ideias. Por essa razão se faz importante questionar a configuração da ordem global e identificar outros interesses por detrás de diversos discursos ideológicos hegemônicos e con- tra-hegemônicos que se apresentam. 24 Nesse sentido, conform e Habermas apud Neiss (2008, p.71) “este princípio [da solidariedade] tem sua raiz na experiênci a de que cada um deve fazer-se respon- sável pelo outro, porque t odos devem esta r igualmente int eressados na integridade do contexto vital de que são membros. A just iça concebida deontologicamente exige, como sua outra face, a solidariedade”. NEISS, Silvestre. Justiç a e solidariedade em Habermas. B elo Horizonte: FAJE, 2008, p.89. 132 CONCLUSÃO A partir das questões aqui expostas, conclui-se que é ne- cessário mantermos um constan te questionamento acerca das atuais formas como a relação en tre estados e meio ambiente são apresentadas pela mídia e pelos próprios Estados. Isso significa analisarmos o discurso midiático acerca das relações com a sus- tentabilidade ambiental por meio de uma lente crítica, enten- dendo os reais motivos e objetivos que envolvem determinadas decisões jurídicas e políticas que nos afetam. Buscou-se realizar uma releitura no texto da forma como se desenvolve uma pilhagem ambiental por meio das legislações, desenvolvendo-se um aparato ideológico justificador à cons- trução de um sistema de exploração ambiental. Apresentou-se uma visão crítica acerca da percepção do "risco" em nossa so- ciedade, identificando-se como esse discurso vem sendo utiliza- do pelos Estados como forma de reforço da injustiça ambiental. Por fim, demonstrou-se a importância do papel da socieda- de em rede na promoção de uma justiça ambiental solidária, interconectando sujeitos e facilitando a formação de redes de protesto intra e interestatais, em prol de mudanças . REFERÊNCIAS ACSELRAD, Henri. O que é justiça ambiental / Henri Acselrad, Cecília Campello do A. Mello, Gustavo das Neves Bezerra. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. ARENDT, Hannah. A condição humana / tradução Ro- berto Raposo. 10 ed. Rio de Ja neiro: Forense Universitária, 2005. BECK, Ulrich. Modernização reflexiva : política, tradição e estética na ordem social mode rna. São Paulo: Ed itora da Uni- versidade Estadual Paulista, 1997. 133 BRASIL. Decreto nº 6.687 , de 11 de dezembro de 2008 de janeiro de 2009. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2008/Decreto/D6687.htm > . Acesso em: 10 out 2013. BRASIL. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLO- GIA. Segundo inventário brasileiro de emissõe s antrópicas de gases de efeito estufa . 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Acesso em: 10 out 2013. 135 A EFETIVIDADE D O PRINCÍPIO DO DIREITO À SADIA QU ALIDADE DE VIDA NOS 25 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA E O “SELO RUÍDO” Jorge Luís Mialhe 1 Adriana Ferreira Serafim de Oliveira 2 Introdução O presente capítulo visa discutir, após vinte e cinco anos da promulgação da Carta Magna Brasileira de 1988, a efetividade do princípio do direito à sadia qualidade de vida, previsto no artigo 225 da Constituição Federa l Brasileira, e seu reflexo nas políticas públicas brasileiras, como a adoção do “Selo Ruído”, criado no âmbito do Programa Nacional de Educação e Contro- le da Poluição Sonora, à luz de um acórdão do Supremo Tribu- nal Federal sobre a matéria. 1 Orientador. Doutor, mestre e bacharel p ela USP. Pós-doutora do nas universida des de Paris e Limo ges. Professor da Uni ver sidade Estadual Paulis ta – UNESP/Rio Claro-SP e do Programa de Pós-Graduaçã o em Direito da Universidade Metodista de Piracicaba – PPGD-U NIMEP/Piracicaba-SP ( Brasil). 2 Mestrand a do Programa de Pós -Graduaçã o em Direito da Un iversidade Metodista de Piracicaba – PP GD-UNIMEP/Piracicaba-SP (Brasil). Bolsist a do Programa PRO- SUD-CAPES. Pós-graduada em Política e Relações Internacionais. Advoga da. 136 Dimensões da qualidade de vida Como bem destacou Fagot-Largeault (1991), a qualidade de vida, numa perspectiva individual, é aquilo que desejamos na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro: não apenas a simples sobrevivência, mas aquilo que faz a vida boa – saúde, amor, sucesso, conforto, alegrias – em suma, a felicidade. Numa perspectiva coletiva, a qualidade de vida não se reduz à prosperidade econômica (níve l de vi da e de desenvolvimento), pois comporta “bens políticos” (liberda de , igualdade, segurança) , bens culturais (educação, informação, li berdade de criação), recursos demográficos (taxa de na talida de adequada, população com boa saúde, baixas taxas de mortalidade) etc. A noção de qualidade de vida é, seguramente, pluridimensi onal, mesmo que seja limitada à saúde, defin ida no preâ mbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 19 46, como sendo “um estado de completo bem estar físi co, mental e social, e não apenas a ausênc ia de doença e enfe rmidade”. (F AGOT-LARGEAULT, 1991, p.138) Após a Revolução Industrial, a vida humana tornou-se agi- tada, um vai e vem ao sabor do relógio. As máquinas que facili- tariam o desenrolar da vida, acabaram por acelerar a produção em massa e fomentar a busca pelo lucro incessante, resumindo assim a qualidade de vida a algo a se consumir. (HOBSBAWN, 2011, p.69;86). Desde 1750, nas palavras de Hobsbawn, “a felicidade era o objetivo das políticas de governo, o prazer de cada homem po- dia ser expresso (pelo menos em teoria) como um a quantidade, da mesma forma que seu sofrimento”. (HOBSBAWN, 2011, p. 69) A dignidade humana retrata-se, na visão kantiana, na auto- determinação; na vontade livre daqueles que usufruem de uma vivência sadia. 3 Para Kant (2008): 3 Voto do Ministro Luiz Fu x no Recurso Especial 2005/ 0202982- 0 da Primeira Turm a do Superior Tribu nal de Justiça. Fon te: DJ 30/10/2006 p. 253. 143 receber denúncias e tomar providências de combate para rece- ber denúncias e tomar providências de combate a poluição so- nora urbana em todo o Território Nacional; f) Estabelecer con- vênios, contratos e atividades afins com órgãos e entidades que, direta ou indiretamente, possa contribuir para o desenvolvimen- to do Programa SILÊNCIO.” Para alcançar tais objetivos, a NBR 10.152, indicada na Re- solução nº 01, de 8 de março de 1990 do CONAMA informa os valores máximos aceitáveis em decibéis – dB(A) - admitidos nos vários ambientes, conforme indicado abaixo. Hospitais: Apartamentos, enfermarias, berç ários, centros cirúrgicos - 45 dB(A) Laboratórios, áreas para uso do público - 50 dB(A) Serviços – 55 dB(A) Escolas: Bibliotecas, salas de música, salas de desenho - 45 dB(A) Salas de aula, laboratórios – 50 dB(A) Circulação – 55 dB(A) Hotéis: Apartamentos – 45 dB(A) Restaurantes, salas de estar – 50 dB(A) Portaria, recepção, circulação – 55 dB(A) Residências: Dormitórios – 45 dB(A) Salas de estar – 50 dB(A) Auditórios: Salas de concertos, teatros – 40 dB(A) Salas de conferências, cinemas, salas de uso múltiplo – 45 dB(A) Restaurantes – 50 dB(A) Escritórios: Salas de reunião – 40 dB(A) Salas de gerência, salas de projetos e de administração – 45 dB(A) 144 Salas de computadores – 65 dB(A) Salas de mecanografia – 60 dB(A) Igrejas e Templos (cultos meditativos) – 50 dB(A) Locais para esporte: Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas – 60 dB(A) A legislação federal brasileira não permite mais de 85 dB(A) no ambiente de trabalho, em jornada de oito horas. “No entan- to, os ruídos podem facilmente ultrapassar esses n íveis, atingin- do 100 dB ou mais.” (OLIVEIRA & ARENAS, 2012, p.255) Quanto ao exercício do culto religioso, ensina Machado (2012), “nem dentro dos templo s, nem fora do s mesmos, podem os praticante s de um determinado credo prejudicar o direito ao sossego e à saúde dos que forem vizinhos, ou est iverem nas proxi- midades, das prática s religiosas”. Esse foi o entendiment o da 4a. Câmara do Tribunal de Justiça do E stado de São Paulo no julga- mento de Ação Civil Pública em 1992. (MACHADO , 2012, p .783) O mesmo autor assevera que “o produtor fere o direito de cada um e da col etividade a m eio ambiente ecologic amente equilibra- do quando fabrica e coloca à v end a um produto que emite sons acima do máximo p ermitido em d ecibé is.” (MACHADO, 20 12, p.790) Dessa forma, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA aprovou a Resolução nº 02, de 07 de dezembro de 1994, para “instituir o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomés- ticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento.” No mesmo sentido, a Lei nº 1 1.291, de 26 de abril de 2006, dispõe no seu artigo 1º. que “o fabricante ou o importador de equipamento eletroeletrônico de geração e propagação de ondas sonoras fará inserir texto de advertência, ostensivo e de fácil compreensão, de que constem informações ref erentes à even- tualidade de ocorrerem danos no sistema auditivo exposto a potência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis. Parágrafo úni- co. A referida advertência deverá constar nas peças publicitárias, 145 no invólucro do produto, no manual do usuário e, quando as dimensões o permitirem, no equipamento”. No agravo de instrumento 781.547 RS, sobre poluição so- nora causada por ar-condicionado, o relator, Ministro Luiz Fux constatou que “a perícia judicial comprovou que, no período da noite, a emissão de ruído decorrente do acionamento do aparel- ho de ar-condicionado do réu, ul trapassa o nível permitido para o período noturno. Assim, devem ser tomadas medidas para evitar tal efeito, por dizer resp eito ao princípio da precaução, vigente no direito ambiental.” (FUX, 2012, p.2) Com o “Selo Ruído”, a partir de 2014, os fabricantes de li- quidificadores, aspiradores de pó e secadores de cabelo terão que se adequar a nova rega do Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora – SILÊNCIO. A iniciativa é u ma parceria do Programa Brasileir o de Etiquetagem do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidad e e Tecnologia (Inmetro) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O objetivo do projeto é diminuir o ruído emitido pelos eletrodomésticos do país. (PORTAL EBC, 2013) Os eletrodomésticos, nacionais ou importados, terão o “Se- lo Ruído” que deve estar visível ao consumidor. O selo terá a marca do Inmetro e do Ibama e deve ser colado no produto ou em sua embalagem para informar ao consumidor a potência sonora dos aparelhos, para que o consumidor possa escolher no momento da compra o produto que possua o menor nível de potência sonora. (PORTAL EBC, 2013) De acordo com o Inmetro, o programa irá orientar o con- sumidor no momento de escolher eletrodomésticos mais silen- ciosos, estimular os fabricantes a produzir produtos com níveis de ruídos cada vez menores e proporcionar mais conforto ao cidadão. 9 O Inmetro começará a fiscalizar os fabricantes e a 9 De acordo com Marcos Borges, responsá vel pelo Programa Brasileiro de Etiqueta- gem do Inmetr o (PBE), “ o Inmetro re cebeu reclamaçõe s, por exemplo, de co nsumi- dores que hoje precisam fechar todas as port as e janelas na hora de usar um liquidi- ficador ou aspirador d e pó por causa do barulho. O consumid or precisa de uma relação de confort o acústico em sua residên cia, além de obter as in formações sobre o 146 entrada dos produtos no país e quem não se adequar à nova regra terá o prazo de seis meses para retirar as mercadorias de todo o comércio. Em 2016, a fiscalização, vai penalizar a empre- sa que descumprir a regra por meio de uma multa. (PORTAL EBC, 2013) Assim, ao menos no que diz resp eito à diminuição dos índi- ces de ruído, espera-se que haja uma sensível melhora na quali- dade de vida dos consumidores e usuários de eletrodomésticos. Considerações finais A importância em preservar e cuidar do meio ambiente ur- ge a todos os cidadãos, sem distinção. Aqui, estamos diante de um direito de solidariedade. A titularidade dos direitos de solida- riedade é coletiva, pois se tratam de direitos difusos, dentre os quais, o direito à sadia qualidade de vida. Nesse sentido, espera-se que e ssa reflexão possa ajudar a romper paradigmas como o não reconhecimento do capital co- mo um valor absoluto e essencia l, pois como visto na definição de qualidade de vida coletiva proposta por Fagot-Largeault, a prosperidade econômica não é indicativo de que se atingiu a felicidade. Iniciativas como a criação do “Selo Ruído” são válidas para informar o consumidor sobre as características técnicas e os níveis sonoros alcançados pelos equipamentos e, ao mesmo tempo, tentar amenizar o desc onforto da população que é sub- ruído produzido pelos eletrodomésticos de forma mais transparent e”. Nos próxi- mos dois anos, o Inmetro vai estudar a impl emen taç ão da cla ss ifi cação sonora para máquinas de lavar e dos aparelhos de ar co ndicion ado. "O processo dura dois anos, pois temos que estabelecer a regulam entação por meio de debates com associações, entidades de defesa do consumidor, entre ou tras, para estabelecer os critérios corre- tos. Depois tem o prazo de adeq uação para a indústria certificar os produtos e se adequar à nova regra e depois nós vamos fiscalizar", explic ou Borges . (PORTAL EBC, 2013) 147 metida a altos índices de poluição sonora doméstica causadora de malefícios e distúrbios à saúd e. É reconhecido juridicamente, tanto nas normas nacionais como nas internacionais, que deve- mos buscar a qualidade de vida pa ra uma vivência satisfatória. Contudo, apenas positivar normas para preservar o meio am- biente e garantir, por força de d ecisões judiciais, a qualidade de vida não basta. Em 25 anos de Constituição cidadã, o Brasil não tem efeti- vado integralmente o princípio do direito à sadia qualidade de vida pela não conscientização da própria população da necess i- dade da preservação ambiental como também p ela falta de ênfa- se na educação ambiental, desde a tenra idade. A educação am- biental, como visto na própria Resolução nº 02 do CONAMA de 1990, é o caminho viável para despertar a consciência dos cidadãos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida para todos os seres que habitam este planeta. Referências bibliográficas BENJAMIN, Antônio Herman. O meio ambiente na Cons- tituição Federal de 1988. In: KISHI, S. A.S. et al. (orgs.) 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Pero la superación de esos obstáculos requiere ser conscien- tes de la realidad de un mundo injusto, y mal repartido, donde un 20% de la población hace uso del 80% de los recursos natu- rales, mientras el resto se encuen tra en grave riesgo de no poder garantizar sus mínimas necesidades básicas. Es evidente que, los bienes y servicios naturales son esca- sos, pero además están desigualmente repartidos 1 debido a cua- tro grandes vectores: a) Injusticia social, relacionada con el acceso, la gestión y capacidad de decisión s obre los ecosistemas y los recursos fi- * Doctor en Derecho. Profesor de la Facult ad de Derecho de la Universidad de Se vi- lla. Profesor V. Pós-Graduaçao em Cien cia Jurídica. Mestrado e Doutorado. UNI- VALI. Presidente de la Asociación Anda luza de Derecho, Medio A mbiente y Desa- rrollo Sostenible. Miembro Fun dador de la Asociación Españ ola de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Coordinador de Relaciones Internacionales del Inst ituto Brasilero de Direit o Urbanistico (IBDU). Coeditor Revis- ta Internacional de Direito Am biental (RIDA). 1 http://www.fun dacion-ipade.org/ 152 nancieros, por los diferentes grupos o actores a nivel local re- gional e internacional: las injust icias sociales se ven ampliadas por las asimétricas relaciones de poder y los abusos de los países económicamente desarrollados sobre los países en vía de desa- rrollo, así como por la actividad globalizada de grandes consor- cios multinacionales que operan por meros intereses económi- cos, al margen de representatividades democráticas o dación de cuentas por sus actividades. b) Desigualdad de género en el acceso y disfrute de bienes, servicios y oportunidades de desa rrollo personal, por el sistema patriarcal imperante que, en much as partes del planeta, conside- ra a la mujeres como meros elementos reproductores, que care- cen del derecho a la participación democrática en la toma de decisiones, del acceso a un trab ajo remunerado y de su propia dignidad como seres humanos. c) Sostenibilidad insostenible. Es evidente la conexión entre desarrollo y derechos humanos. Como señala el art. 1 de la De- claración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) 2 : “ 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalie nable en virtud del cual todo ser humano y todos los p ueblos están facultad os para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan re alizarse plenament e todos los derechos humanos y libertad es fundamental es, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él .” Esto nos lleva a una nueva conexión: desarrollo y medio ambiente. Los criterios de desarrollo basados en indicadores de maximización económica y del beneficio no son hoy asumibles. La idea estática, mecánica, del sistema económico, que tiende a hacer de la economía un sistema infalible, es inasumible, pues vincula la política económica al aumento de la utilización de los recursos productivos y al crecimi ento general continuo e ilimita- do. Infelizmente numerosas instituciones públicas y privadas asumen el concepto de desarrollo sostenible en su versión más 2 Declaración sobre el Desarrollo. Ad optada por la Asamblea General en su Resolu- ción 41/128, de 4 de d iciembre de 1986. http://www2.ohchr.org/spa nish/law/desarrollo.htm 255 V- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO A convenção 161 da OIT é a que mais trata, embora que de modo geral, sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. Abaixo, citam-se todas as convenções dessa organização que tratam sobre a segurança do trabalhador, todas ra tificadas pelo Brasil: C115: Radiation Protection Convention, 1960 (05.09.1966) C120: Hygiene (Commer ce and Offices) Convention, 1964 (24.03.1969) C139: Occupational Cancer Convention, 1974 (27.06.1990) C148: Working Environment (Air Pollution, Noise and Vi- bration) Convention, 1977 (14.01.1982) C155: Occupational Safety and Health Convention, 1981 (18.05.1992) C161: Occupational Health Services Convention, 1985 (18.05.1990) C162: Asbestos Convention, 1986 (18.05.1990) C167: Safety and Health in Construction Convention, 1988 (19.05.2006) C170: Chemicals Convention, 1990 (23.12.1996) C174: Prevention of Major Industrial Accidents Conven- tion, 1993 (02.08.2001) C176: Safety and Health in Mines Convention, 1995 (18.05.2006) Entende-se desnecessário adentrar no mérito de cada uma dessas convenções, já que, em linhas gerais, a idéia de proteção constante em cada convenção foi incorporada por uma ou mais NR's, como, por exemplo, a NR 9, que engloba integralmente a 161, além de englobar tópicos de outras convenções (como as de números 115 e 148, a título exemplificativo). 256 VI- PREVIDÊNCIA SOCIAL A Lei n.º 8.213/91 trata, além de outros assuntos, sobre acidente de trabalho e estabilidade, assuntos ligados diretamente ao escopo do presente estudo, já que, diante da inexistência de medidas protetivas, a chance de ocorrer um acidente do trab alho é enorme. Não se pode deixar de ter em mente que, em se tra- tando de medidas preventivas de proteção ao tr abalho, a res- ponsabilidade por sua adoção é exclusivamente da empresa (tal como consta no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei n.º 8. 213/91), que certamente poderá e será punida na inobservância de quais- quer dos requisitos acima estudadas (conforme parágrafo 2º do artigo e Lei antes citados). Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados não-empregados, provocando lesão corporal ou per- turbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Tal qualificação consta no artigo 19 da Lei n.º 8.213/91, citada no início do capítulo. Não é somente o acidente propriamente dito que será con- siderado para fins dessa Lei. Algumas doenças também são con- sideradas como acidente do trabalho. De acordo com o artigo 20 da Lei n.º 8.213/91, também são consideradas a doença pro- fissional, ou seja, aque la desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencad eada em funçã o de condições especiais em que o trabalho é re alizado e com ele se relacion e diretamente. O artigo menciona que as atividades e doenças que se enquadrariam nesses casos deveriam constar de uma relação elaborada pelo Ministério do Tr abalho e da Previdência Social. Entretanto, essa não é uma obrigaç ão, já que o parágrafo 2º des- se mesmo artigo traz a exceção de qu e, caso comprovado que uma doença que acomete um trabalhador tenha derivado do seu trabalho, ela será considerada aciden te de trabalho mesmo que não conste na tabela do Ministério do Trabalho. Essa averi- 257 guação deverá ser feita através de um médico especialista, que analisará a doença e as cond ições de trabalho do obreiro. O artigo 21 da Lei n.º 8.213/91 tra z ainda mais um caso equiparado: o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribu ído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua cap acidade para o tra- balho, ou produzido lesão que ex ija atenção méd ica para a sua recuperação também será considerado acidente de trabalho. O pará grafo 1º do já cita do arti go 20 traz um rol taxativo de doenças que não serão consideradas como aciden te de trabalho. São elas as doenças degenerativas, as inerentes a grupos etários, as que não produzam incapacidade laborativ a e a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de expo- sição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. O empregado que sofreu acidente de trabalho possui a ga- rantia da manutenção do seu contrato de trabalho na empresa por, no mínimo, doze meses aos a cessação do auxílio-doenç a acidentário, mesmo que não tenha havido a percepção de auxí- lio-acidente. É exigência para essa estabilidade, entretanto, além do auxílio-doença acidentário, a necessidade do afastamento do trabalho superior a quinze dias (que na verdade já é um pressu- posto para a concessão do aux ílio), com a exceção dos casos onde, após a despedida, seja constatada doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Nesses, por óbvio, não haverá esses pressupostos. Tais disposições estão previstas no artigo 118 da Lei nº 8.213/1991, que possui aplicação garantida pela Súmula 378 do TST. VII-CONCLUSÃO Pelo estudo feito é de se entender que não é tema atual a preocupação com a integridade física do trabalhad or já que, na Constituição Federal de 1988 se vislumbra a necessidade de re- 258 dução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Da mesma forma, é de se constatar que tal preocupação tem ocupado grande espaço na atu ação legislativa, haja vista extenso rol de normas que visam à efetiva proteção de todo e qualquer trabalhador no curso de seu contrato de trabalho. A referida proteção do trabalhador e redução dos riscos no trabalho pode ser percebida pela Norma Regulamentar n.º 07 e n.º 09, onde o Ministério do Tr abalho e Emprego dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e impl ementação dos Programas de Controle Médico de Saúde Oc upacional e de Prevenção de Riscos Ambientais. Nesse sentido, tais normas a ssumem expressiva importância na efetiva garantia dos direitos constitucionais direcionados ao trabalhador, já que discriminam de forma pormenorizada a es- trutura e planejamento de cada programa, onde cabe exclusiva- mente ao empregador todos os es forços para a sua elaboração e implementação. Igualmente importante é a regulamentação oriunda da CLT, Convenções da OIT e legislação Previdenciária, já que atuam em conjunto para a otimização da s condições do ambiente de tra - balho bem como da própria atividade laborativa. Em contrapartida, é de se concluir que mesmo diante deste extenso rol de normas preocupadas com a integridade física do trabalhador e redução de riscos no trabalho não se verifica efeti- vidade em seu cumprimento, pois diante da precariedade da fiscalização por falta de técnica e profissionais habilitados, algu- mas empresas obrigadas aos dispositivos legais constantes nas Normas Regulamentares, por exemplo, ficam a vontade para proceder de forma que prejudique o trabalhador pela total afronta à lei, beneficiando assim seu ramo lucrativo. VIII-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CESARINO JUNIOR. Antônio. Direito Social. São Paulo: LTr, 1980. 259 CUEVA, Mario de La. Panormama do Direito do Trabalho. (trad. Carlos Alberto Chiarelli). Porto Alegre: Sulina, 1965. LAIMER, Adriano Guedes. O Novo Papel dos Sindicatos. São Paulo: LTr, 2003. LEBRE, Eduardo Antonio Temponi. Direito Coletivo do Tra- balho. Porto Alegre: Síntese, 1999. MAGANO, Octávio Bueno. Manual de Direito do Trabalho – Volume III. 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São Paulo: Bibliote- ca Jurídica Freitas Bastos, 10ª edição, 1987. 261 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DOS CORTADORES DE C ANA-DE- AÇÚCAR NA MIRA DO ATIVISMO JUDICIAL: AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Mirta Lerena Misailidis 1 Awdrey Frederico Kokol 2 INTRODUÇÃO A pesquisa tem como proposta a apontar os desafios dos sujeitos coletivos envolvidos na agricultura canavieira em um momento cujo setor é desafiado a estabelecer metas e desenvol- ver-se sob o pretexto da sustentabilidade. O texto objetiva discuti r as medidas positivas tomadas a respeito da melhoria do meio ambiente do trabalho para a saúde do cortador de cana-de-açúcar e alinhar os desafios dos Sindica- tos, Ministério Público, e sobretudo, do Poder Judiciário a fim ajustar a economia nacional com as bases reais do desenvolvi- mento sustentável. Sob as premissas negativas da agricultura canavieira no Bra- sil, caracterizada pela costumei ra inobservância das normas am- 1 Doutora pela Pontifícia Universidade Ca tólica de São Paulo (P UC-SP). Profe ssora e Coordenadora do Progr ama de Mestrado em Direito da Universidade Metodista (UNIMEP). 2 Mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) . 262 bientais e direitos trabalhistas, tal como as decisões judiciais vão comprovar, e ainda, tendo a saúde financeira e economia do setor, condicionada aos subsídios pelos setores governamentais. A temática em tela, busca pontuar aspectos imprescindíveis para questionar se o modelo de dese nvolvimento sustentável que tem sido apregoado para a economia do país está condizente com as verdadeiras bases da teoria. Outrossim, se o ajustamento do setor às políticas externas é de fato, o melhor caminho a ser trilhado. O problema: o setor sucroalcooleiro e o desenvolvimento sustentável Para estabelecer os desafios dos entes envolvidos na ques- tão da cana-de-açúcar, necessário u ma breve síntese do setor sucroalcooleiro e seu momento de destaque no mercado inter- nacional de comercialização dos derivados da cana-de-açúcar devido às demandas por fontes alternativas de energia que se ajustem às políticas de sustentabilidade. A produção de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar em substituição a utilização de co mbustíveis fósseis, segundo os defensores mais enérgicos da viabilidade do ajustamento do setor aos objetivos de um desenvolvimento sustentável, é ne- cessário que o etanol se torne uma commodity, e para tanto, governantes e usineiros tem empenhado medidas viabilizadoras da mecanização da colheita da cana-de-açúcar em substituição a utilização da força de trabalho manual. Porém, diante da premissa que a produtividade no corte manual exige a queima da palha da cana-de-açúcar, cujo método é considerado uma afronta meio ambiente equilibrado, como afirmar que suas bases econômicas estarão em conformidade com as politicas de sustentabilidade? A forma pela qual o setor se ajusta as recomendações inter- nacionais para o bom desempenho do setor só ocorrerá por 263 meio da substituição da q ueima da cana-de-açúcar pela completa mecanização do corte, co ntudo, tem-se que a máquina não a tin- ge todos os níveis de declividad e da terra, e ainda reduz as pers- pectivas futuras da produção posto que prejudica o solo. Nessa toada, necessário considerar também que a utilização do trabalho manual para a colheita da cana está suplantada nos péssimos costumes do setor quanto ao cumprimento de normas trabalhistas, sobretudo aquelas que tratam do meio ambiente laboral do setor. A Lei n.11.241 de 2002 3 preconiza o fim da queimada da cana-de-açúcar como método aplicado a colheita e estipula pra- zos para tanto. Em 2007, a UNICA (União da Indústria do Açúcar) assinou com o goveno estadual um novo protocolo adiantando os prazos legais anteriormente estipulados pra 2014 e 2017, para áreas mecanizáveis e não mecanizáveis 4 . Em 2011 o trabalho de pesquisa apresentado pelas autoras concluia que o desenvolvimento do setor estava muito mais relacionado com o interesse da produtividade e redução dos custos da mão-de-obra do que na promoção do equilíbrio ambiental. 5 O desenvolvimento sustentável é o modelo em que os agentes econômicos devem se promover internacionalmente, capaz de assegurar o progresso ec onômico e social sem destruir as condições de vida para as gerações presentes e futuras. 3 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Esta do de São Paulo . Lei 11.24 1 de 19 de setembro de 2002. Dispõe s obre a eliminação gradativa da queima da palha da cana- de-açúcar. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/leg islac ao/lei/2002/lei% 20n.11.241,%20de%2019 .09.2002.h tm>. Acess o 05 out. 2013. 4 O Protocolo A groambiental, reduz o prazo previsto para 2 021 para áreas mecani- záveis, e 2031 para áreas não mecanizáveis, para os anos 2014 e 2017, respectivam ente alterand o a Lei 11.241 de 19 de setembro de 2002. Disponível em: <http://www.unica.com.br/c onte nt/show.asp?cntCode= {BEE106FF-D0D5-4264-B1B3 7E0C7D4031D6} >.05 out. 2013. 5 MISAILIDIS, Mirta Le rena;KOKOL,A wdrey. Direito s Fundamen tais do Trab alho na Agroindus tria cana vieira brasileira: o s desafios diante do desenvolvime nto sustentável . In: Alvaro Sánch ez Bravo. (Org.) . Sostenibilidad ambient al urbana. Sevilla: ArCiBel, 2012, v. , p. 729-762. 264 Conforme aduz o artigo 8º da Conferência Estocolmo de 1972, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas apropriadas (ALVES, J.A. Lindgren 2002, p. 35). Todavia, José Fernando Vidal de Souza lembra que o conceito de desenvolvimento susten tável foi de fato, definido na Conferência de Estocolmo de 1972, e posteriormente a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eis então o conceito reproduzido por Ingacy Sachs: Perdemos a inocência. Hoje sabemos que nossa civilização e até mesmo a vida em nosso planeta estarão condenadas, a menos que nos voltemos para o único caminho viável, tanto para os ricos quanto para os pobr es. Para isso é preciso que o Norte diminua seu consumo de recursos e o Sul escape da pobreza. O desenvolvimento e o meio ambiente estão indissoluvelmente vinculados e devem ser tratad os mediante a mudança do conteúdo, das mo dalidades das utilizações do crescimento. Três critérios fundamentais devem ser obedecidos simultaneamente: eqüidade social, prudência ecológica e eficiência econômica (SACHS op. Cit. SOUZA, 2008, p. 323). Desta forma chama a atenção o autor para o manejo do conceito do termo desenvolvimento sustentável: [...]Porém, se o conceito de desenvolvimento sustentável não for bem examinado e refletido, pode se tornar poroso e servir de base para o pensamento eliti sta e conservador, através de instrumentos utilitaristas, deixando de promover qualquer alteração estrutural, acabando por ser facilmente assimilado e engolido pelas classes dominadoras, num rápido e eficiente arranjo de forças, reduzindo por completo seu potencial de novo paradigma e modificador do pensamentlo social (SOUZA, 2008, p. 324). Assim, o modo como é levado a se pensar sobre a questão canavieira e sua expansão ec onômica pode estar conduzindo a sociedade brasileira de uma forma geral a acredita r que o fim das queimadas insere o setor no contexto do desenvolvimento sustentável, por isso vale finalmente trazer a advertência do 271 promover um curso de capacitação de trabalhadores rurais na comunidade com o objetivo de formar mecânicos e eletricistas (MPT 15ª Região, Notícias, 2010). O MPT da 15ª Região formalizou ainda juntamente a Usina Zanin em Araraquara um Termo de Ajuste de Conduta. A em- presa se comprometeu a promover a instalação de sanitários dentro dos ônibus de transportes, também para a próxima safra a iniciar um novo protocolo de av aliação de risco cardíaco, com teste de eletrocardiograma com esforço para os empregados que sejam hipertensos, obesos, dislipidêmicos, diabéticos ou que tenham antecedentes de doenças na família, e ainda a doar 24 computadores com garantia de um ano para os municípios que compõe a região do Centro de Referência em Saúde do Trabal- hador (CEREST) de Araraquara (PRT 15ª, 2010). Em outubro de 2012, decisão histórica da Justiça do Tra- balho também em sede de Ação Civil Pública, proíbe Usina de Cana de açúcar a efetuar os paga mentos do cortadores pelo mé- todo da produtividade. A decisão inédita receb eu atenção do site Repórter Brasil, de forte engajamento social, por destacar juris- prudências que confirmar o sistema de pagamento por produção extremamente prejudicial a saúde física e moral do cortador de cana, e também por basear sua sentença em diversos artigos científicos . (Repórter Brasil, 2013). A sentença merece desta que também por dedicar parte de seu conteúdo a história da indústria canavieira, o juiz invoca Augusto Comte: “Não se conhe ce completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história”, e ressalva um sermão do Padre Antonio Vieira para levantar a reflexão a respeito da vida do cortador de cana de açúcar: A descrição do doce inferno do Padre Antônio Vieira, refe- rindo-se aos desumanos engenhos durante a época da es- cravidão (que ainda não terminou na prática), não poderia ser mais atual. Se, no passado, os escravos eram arrancados brutal- mente de seus lares na África (seja pelos próprios europeus ou vendidos por tribos inimigas), enfrentavam uma cruel viagem e (caso sobrevivessem) eram condenad os a uma infeliz vida de 272 exploração sob a condição de rés, os trabalhadores dos canaviais são sua versão contemporânea, dentro de outra estrutura produ- tiva. O que são hoje os trabalhadores com baixo ou nenhum nível de escolaridade, desesperad os por qualquer forma de trans- formar sua força produtiva em subsistência senão os novos es- cravos? Vale a pena ressaltar que o escravo como um bem valio- so recebia, via de regra, cuidados mínimos para que pudesse ao menos continuar produzindo. Compondo a parcela marginaliza- da, desprotegida e sem especialização da população, o cortador de cana-de-açúcar, que se encontra na contramão da tendênci a de intelectualização do tr abalho, ingressa nessa profissão como forma de subsistir, jamais como vocação, mas sim como p arte de uma minúscula esfera de escolhas possíveis a essa classe, porque, se outrora, vivia-se para trabalhar, hoje se trabalha para viver. E qual outra classe se submeteria a tamanha desumanida - de como é exercer esse trabal ho, senão os despossuídos, que nada mais podem oferecer ao capital além de seus corpos e al- mas, que são dilapidados em um constante processo de pro- dução de mais valia? (TRT 15ª REGIÃO, Marcos Menezes B ar- berino Mendes, 2007). O Juiz fundamenta também sua brilhante decisão na pre- missa filosófica, onde por meio de diversos pensadores aduz que o ser humano não pode ser avaliado pela riqueza que produz, que a noção de produtividade não se pode ser mais valorizada do que a dignidade, assim como a ideia de eficiência não deve se sobrepor a de capacidade de reflexão, o verdadeiro patrimônio da humanidade. Como se não bastasse, inclui ainda reflexões econômicas em seu julgamento e dentre suas inúmeras páginas, ao pontuar o salário por produção especificamente, um trecho da sentença merece destaque: Transportando esse raciocínio para o caso concreto, temos que o salário por produção, aparentemente, pode até passar a falsa impressão de ser o melhor sistema se considerarmos o in- teresse individual de cada trabalhador, na medida em que, em princípio, poderia resultar em um rendimento maior. Porém, esse sofisma se desfaz quando vemos que o melhor para o gru- 273 po (ou para a sociedade) não é o lucro imediatista, mas sim a preservação da saúde dos trab alhadores, uma vez que todos terão de pagar pela sua assistência social quando ele se ado entar ou se acidentar, precisando do auxílio do INSS. E, em uma perspectiva mais ampla, o fim do salário por produção também é o mais benéfico para cada trabalhador isoladamente conside- rado, uma vez que, ao preservar sua saúde, ele poderá estender sua vida produtiva e continuar sustentando a sua família com o fruto do seu trabalho por muit o mais tempo (TRT 15ª RE- GIÃO, Marcos Menezes Barberino Mendes, 2007). Levanta ainda como benefício da mudança do sistema de pagamento por produção a força da união coletiva através do sindicalismo, pelo qual os trabalhadores poderão exigir reajustes salariais e elevação do piso da categoria, aliviando as perdas momentâneas e a recomp osição salarial. Por fim, ressalta decisões ju diciais que seguem nessa toada de valorização da vida e dignidade humana, reproduzindo, por exemplo, o excerto de acórdão do STF, no HC 45.232,GB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Themístocles Cavalcanti, j. em 21.02.1968: “... A vida não é apenas o conjunto de funções que resistem à morte, mas é a afirmação positiva de condições que assegurem ao indi víduo e aos que dele dependem, dos recursos indispensáveis à subsi stência...”, in “A Constituição Penal – A dupla face da proporcionalidade no controle das normas penais”, Luciano Feldens, Livraria do Advogado Edito- ra, 2005, página 174, nota de rodapé nº 287. O juiz então condenou a Usina Santa Fé S/A a abster-se de remunerar seus empregados, envolvidos no corte manual de cana de açúcar, por unidade de produção sob pena de multa de R$1.500 (mil e quinhentos reais) por trabalhador atingido, a cada mês que se verificar o descumprimento. A sentença ficou incólume ao ser apreciada pel o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e segundo o Ministério Público do Trabalho a decisão pode abrir espaço para uma mu- dança no setor, baseada em práticas com base em outras formas de remuneração, que não atentem contra a saúde coletiva e des- 274 taca a importância da participação dos sindicatos para estabele- cer um piso salarial mais elevado é de extrema importância (PRT, 08/10/2013). Patente, que o reconhecimento dos direitos difusos e cole- tivos como direitos fundamenta is tem importância imprescindí- vel para a garantia da qualidade de vida dos mais desvalidos, sobretudo quando se trata dos cortadores de cana, seja p elas características de seu trabalho importadas da era colonial, seja pelas várias formas de opressão que a que foram sujeitados pelo Poder Público que tão demoradamente permitiu que a classe se organizasse livremente, o que se for analisar de fato, ainda não ocorre. Verifica-se que apesar das inúmeras participações do mo- vimento sindical nos encontros tripartites, as conquistas têm se limitado a garan- tir direitos que já existem, e frequentemente as medidas propos- tas são descumpridas. O Governo por seu turno promove ações com o fito de melhorar as condições de vida, sem contudo, re- gulamentar, exigir e fiscalizar seriamente se as medidas são cum- pridas, fazendo com que os interesses das elites oligárquicas do agronegócio prevaleçam sobre o inter esse da classe trabalhadora. Tem-se como exemplo o Projeto de Lei de nº. 234 de 2007 7 do Deputado Federal João Dado que acrescenta o artigo 13-A na Lei 5.889 de 1973 para dispor sobre a atividade dos trabalha- dores no corte de cana. Entre as disposições con sta a previsão do adicional de insalubridade em grau máximo, adicional de penosidade e regime especial de jornada, reduzindo o período de 8 horas diárias para 6, somando-se 36 horas semanais, conquan- to o projeto encontra-se engav etado na Comissão de Agricultu- ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CA- PADR) da Câmara de Deputados desde 15/07/2009. 7 BRASIL. P rojeto de Lei nº. 234/2007. Ac rescenta Art . 13-A na Lei nº 5.889, de 8 d e junho de 1973, para dispor sobre a at ividad e dos trabalhad ores no corte de cana . Autor Deputado João Dado. Câma ra dos Deputados, Brasília. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Det a lhe.asp?id=342571> A cesso em 13 out . 2013. 275 Se as relações de trabalho na agroindústria sucroalcooleira pouco avança em termos de legisl ação trabalhista e as conquistas dos entes coletivos não são suficientes para melhorar as con- dições de vida dos cortadores de cana-de-açúcar. Assim, a batal- ha da organização sindical é no sentido de que a promoção da expansão do setor tenha também como objetivo garantir a dig- nidade e cidadania da categoria. A participação dos entes coletivos do trabalho tem im- portância inestimável no presente momento econômico da agroindústria da cana-de- açúcar, sobretudo porque por meio dos discursos em prol do “meio ambiente economicamente equilibrado”, o patronato e o governo tem promovido a expansão canavieira pelo mundo todo. Conquanto, vale investigar até que ponto o setor realmen- te tem buscado assegurar que seu desenvolvimento ocorra em equilíbrio com a natureza e até que ponto a busca incessante pelo lucro toma dianteira dos rumos da agroindústria para que assim seja possível compreender a complexidade do desafio, em que se encontra o movimento dos trabalhadores rurais na defesa dos interesses da categoria. CONSIDERAÇÕES FINAIS Sob o pretexto da “sustentab ilidade” afirmam e confirmam os usineiros que estão pondo fim às queimadas nos canaviais com o objetivo de cum prir as demandas sociais e internacionai s pelo modelo ecológico de desenvolvimento. Porém insistem em ignorar que empregam mal esse conceito de desenvolvimento sustentável. Alias, se o etanol se mostra como fonte de energia renová- vel e alternativa limpa para os combustíveis fósseis, a utilização de colhedeiras mecânicas no processo produtivo da cana de açúcar está muito mais relacionado com o interesse da produti- vidade e redução dos custos da mão-de-obra do que na pro- 276 moção do equilíbrio ambiental. Afinal a utilização intensiva dos agrotóxicos e a expansão da monocultura da cana são dois pesos da mesma balança: a do agronegó cio. O objetivo real dos usinei- ros é tornar o álcool uma commodity e acirrar a competitividad e em prol do lucro máximo. Nesse sentido a participação do Ministério Público do Tra- balho tem sido imprescindível, não apenas na tentativa de erra- dicar de vez a prática do trabalho escravo na agricultura brasilei- ra, mas também nas in ciativas inéditas, como a exi gência de que as usinas forneçam cursos de qualificação aos trabalhadores e o fim da terceirização de serviços , traduzidas nos Termos de Ajus- te de Conduta que contribuem para a promoção do trabalho decente na agroindústria canavieira. O ativismo judicial trabalhista, por sua vez, ainda se mostra muito tímido frente a atual necessidade de se construir uma so- ciedade mais justa e igualitária, a tomada de decisões judiciais que provoquem efetivas mudanças sobre a realidade do cortador de cana-de-açúcar e ingerência s obre o respectivo setor é inédita, mas, espera-se que sirva de modelo para os demais tribunais trabalhistas do país. Assim, neste momento necessá rio que o Poder Judiciário seja provocado a repensar os planos de desenvolvimento econômico, e o real significado da teoria da sustentabilidade, garantindo assim estratégias para que os lucros desse mercado internacional do etanol não custem a s aúde do trabalhador brasi- leiro. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVES, J.A. Lindgren. As conferências sociais da ONU e a irracionalidade contemporânea. In ;TEUBNER, Gunt- her; ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende; RÜDIGER, Dorot- hee Susanne. Direito e Cidadania na Pós-Modernidade. Piraci- caba: Unimep, 2002. 277 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Protecção do am- biente e direito de propriedade: crítica de jurisprudência am- biental. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. FARIA, José Eduardo. As transformações do Judiciário em face de suas respo nsabilidades sociais . In (Coord.). Di- reitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo, Malheiros Editores, 2002. MPT, Ministério Público do Trabalh o. 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Esses sistemas ou formas racionais de organi zação precisam de um paradigma que torne suas ações humanizadas e solidárias. Portanto, o surgimento de uma nova forma de pensar e agir individual e social deve vir so lidária e humanizada; desapegada do individualismo, significando um verdadeiro o upgrade civili- zatório. 2. A SUSTENTABILIDADE COMO PARADIGMA DA PÓS-MODERNIDADE A Pós-Modernidade exige a mudança dos valores indivi- duais e sociais. Valores que permitam a harmonização da sobre- vivência digna do ser humano em ambiente saudável. Valores que poderão ser alcançad os através do paradigma da sustentabi- lidade. Em tempos de “cultura-mundo” deve-se falar numa política de integração entre as nações. Integração que deve suprir as necessidades de todos os países, em bora estejam em fases de desenvolvimento diferentes. Integração que não deve se sobre- por ao nacionalismo, deve se ajustar a ele; pois o excesso d e nacionalismo estremece a integraçã o cultural entre os países. A sustentabilidade é o novo paradigma da humanidade na pós-modernidade. Supõe introduzir as trocas necessárias para construir uma sociedade global capaz de perpetuar-se indefini- damente em tempo e condições dign as de garantia das suas ne- 288 cessidades vitais e artificiais. Não há como pensar a sustentabili- dade parcial, de uma ou alguma s nações, ou em Estado-nação sustentável. Para se falar em sus tentabilidade deve-se pensar na humanidade e não nas nações individualmente. O termo “necessidades artificiais ou intelectuais” acima identificado é citado por Gabriel Real Ferrer 17 . Enquanto que as necessidades vitais são entendidas co mo as necessidades biológi- cas do ser humano. As “necessidades artificiais” dos seres humanos podem ser exemplificadas como sendo o conhecimento, a informação, o trabalho, o deslocamento rápido, entre outros. Os seres humanos devem atender as próprias necessidades, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atende- rem as suas próprias, conforme o Relatório Brundtland, ou do- cumento “Nosso Futuro Comum” apresentado na Assembléia Geral da ONU em 1987. Tal documento originou o conceito de sustentabilidade como sendo a ação em que a elaboração de um produto ou desenvolvimento de um processo não deve com- prometer as suas fontes, garantindo a reprodução de seus meios; conforme José Henrique Faria 18 . A exploração dos recursos naturais, os investimentos e o desenvolvimento tecnológico adquiririam um sentido harmonio- so na construção de um futuro justo, seguro e próspero, segun- do Dalia Maimon 19 . Este raciocínio deve repercutir no compor- tamento individual e social a fim de buscar o desempenho am- biental na produção, gestão e distribuição do produtos de modo eficiente. Anote-se que sustentabilidade e desenvolvimento sustentá- vel são concepções diferentes. O desenvolvimento sustentável 17 FERRER, Gabriel Real. La constr ucción del D erecho Am biental. In: Revista Aran- zadi de Derecho Ambiental (Pamplona, España ), nº 1, 2002, págs. 26. 18 F A R I A , J o s é H e n r i q u e . Por uma Teoria Crítica da Sustentabilidade . In: NEVES, Lafaiete Santos (organizador). Sustentabilidade – Anais de Textos Se lecionados do V Seminá rio sobre Sustentabili dade . Curitiba: Juruá, 2011, p. 17. 19 MAIMON, Dalia. Passaporte Verde : gestão ambiental e competividade. Rio de Janeiro? Qualitym ark editora, 1996, p. 9 289 consiste na limitação, ou seja, na regulamentação da sustentabi- lidade, enquanto a sustentabilidade consiste nas trocas de com- portamentos necessárias a sobrevivência da humanidade e do meio ambiente, flexibilizando as noções de globalização e não globalização, crescimento ou decrescimento, desenvolvimento ou involução, conservação ou transformação. Gabriel Real Ferrer 20 , esclarece: Recapitulando en esta dicotomía, en la noción de Desarro- llo Sostenible , la sostenibilidad opera negativamente, se entien- de como un límite: hay que desarrollarse (lo que implica concep- tualmente crecer) pero de una deter minada manera. Sin embar- go, la Sostenibilidad es una noción positiva y altamente proac- tiva que supone la introducción de los cambios necesarios para que la sociedad planetaria, constituida por la Humanidad, sea capaz de perpetuarse indefinidamente en el tiempo. Sin prejuz- gar si debe o no haber desarrollo (crecimiento), ni donde sí o donde no. En este sentido, uno de los rasgos esenciales de la sostenibilidad, y de las acciones que persiguen este objetivo, es la flexibilidad. (...) En el discurso dominante, muy propio de algu- nos sectores interesados en consolid ar una determinada inter- pretación del desarrollo sostenible, lo que se nos plantea son una serie de opciones, aparentemente inexorables. O nos desarro- llamos o volvemos a las cavernas. Pero esto no es así, con toda seguridad va a resultar preciso, a la vez, globalizar y desglobali- zar, crecer y decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y transformar. Assim, a sustentabilidade na ace pção positiva e proativa do termo é comportamento que se enfe ixa em quatro partes a ambien- tal que assegura a sobrevivência do s sistemas naturais; a social que cria a nova ar quitetura soci al, govern anç a, inclusão e justiça social; a econômica que busca o equilíbrio e n tre a criação e a destruição da 20 FERRER, Gabriel Real. Sobre el Con cepto de Sost enibilid ad. In: Seminário Los Princípios Constitucionales y la Protección a la V ida, ministr ado em 22 de ma io de 2012 no Ayun tamient o de Alicante – Espanha, p. 5. 290 natureza e da distribuição de capi tal e; a tecnológica, a qual coloc a a ciência e tecnologia a se rviço de seu objetivo. Este comportamento depende do câm bio cultural que pode ser entendido como o ponto de equilíbrio entre os paradigmas da liberdade e igualdade; baluartes do Estado Moderno. Nas palavras de Carlos Josaphat 21 , a humanidade está vi- vendo uma nova fase de renascim ento da esperança. Uma fas e de integração de toda a família humana influenciada por fatores que, ao mesmo tempo em que favorecem a universalização dos valores fundamentais consubstanciados numa ética universal, são utilizados também para a expansão de privilégios injustos e ofensivos à dignidade humana. E, como paradigma da humanidade, não há como falar em viabilidade da sustentabilidade sem pensar em um mínimo de dignidade do ser humano. Sustentabilidade como paradigma de aproximação dos diferentes valores culturais, a fim de permitir a sobrevivência digna do ser humano na natureza. Na esfera econômica vivemos o comércio das corporações regido pelas leis de mercado. Mas conforme Carlos Josaphat 22 , apesar das resistências e das simulações mais ou menos sofisti- cadas, como a ideia de uma globalização aética, que seria deco- rrência inevitável das “leis de mercado” e de um insuperável “relativismo ético”, vem crescendo no mundo todo, a consciên- cia da supremacia necessária dos valores éticos, pautados na defesa da dignidade humana, universalmente concebida. Para alcançar este valor ético da dignidade da pessoa huma- na e o paradigma da sustentabilidade será necessári o o diálogo entre os diferentes saberes, a fim de ajustar a lei e o poder à realidade atual. 21 JOSAPHAT , Carlo s. ÉTICA MUNDIAL esperanç a da human idade global izada. Editora Vozes , Petrópolis: p.13. 22 JOSAPHAT , Carlo s. ÉTICA MUNDIAL esperanç a da human idade global izada. Editora Vozes, Petrópolis: p.13-1 4. 291 Assim, importante investigar o diálogo entre o Direito e a Economia, sob o olhar do paradigma da Sustentabilidade Econômica. 3. A SUSTENTABILIDADE COMO MEDIADORA DO DI ÁLOGO EN TRE O DIREITO E A ECONOMIA O diálogo entre o Direito e a Economia é tarefa restrita no âmbito empírico ante o “(...) inescondível desconhecimento das regras formais do funcionamento do mercado pelo campo do Direito” conforme Alexandre de Morais da Rosa 23 . Entretanto, se tal diálogo for mediado pe la sustentabilidade econômica tal- vez possamos alcançar um único discurso. A análise do Estado Democrático de Direito sob o olhar do Garantismo Jurídico está baseada no respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais, como sujeição formal e material das práticas jurídicas aos conteúdos constitu- cionais, descolados de uma compreensão essencialista para Ale- xandre Morais da Rosa 24 . As regras legais, segundo o Direito, estão adequadas aos novos anseios da Pós-Modernidade. Entretanto, sob a perspec- tiva da Economia não se observa esta perspectiva otimista. Exis- tem lacunas que precisam ser sup ridas e até que assim sejam, prevalece na prática o interesse patrimonial alimentado pelo consumismo. 23 ROSA, Alexandre Morais da. Crítica ao Discurso da La w and Economics: a Ex- ceção Econômica no Direito. In: RO SA, Alexandre Mora is da; LINHARES, Jos é Manuel Aros o. 2ª edição revisada. Rio de Jan eiro: Lumen Jorus. 2011, p. 89. 24 ROSA, Alexandre Morais da. Crítica ao Discurso da La w and Economics: a Ex- ceção Econômica no Direito. In: RO SA, Alexandre Mora is da; LINHARES, Jos é Manuel Aros o. 2ª edição revisada. Rio de Jan eiro: Lumen Jorus. 2011, p. 15. 292 Sabine Schlemmer-Schulte 25 afirma que sob a ótica do Di- reito as regras existentes da política monetária internacional , financeira, comercial e de investimentos garantem a igualdade formal entre os países. Mas sob o ponto de vista da Economia existem muitas lacunas e assimetr ias graves que não permitem o desenvolvimento dos países na nossa atual ordem econômica internacional. Portanto, a falta de sincronia entre Direito e Economia faz com que observe-se o desequilíbri o completo entre os dois sa- beres, com ascendência do econôm ico sobre o jurídico, e com a prevalência da figura do mercad o como referência paradigmática inquestionável graças ao consumo para a sociedade. Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Jú- nior 26 , afirmam que a teoria da Análise Econômica do Direito constitui o que há de mais sofisticado atualmente no pensamen- to neoliberal. A partir desta concepção, as normas do direito civil são erigidas ao status de normas constitucionais, os direitos fundamentais são reclassificados como patrimo niais, e o juiz deixa de ser visto como agente-garante para assumir a condição daquele que aplica a norma sem refletir sobre ela, aplicação esta a serviço do mercado e da lógica da melhor alocação de rique- zas. Por este caminho, a relação Direito e Economia se dá numa perspectiva instrumental, que descon sidera por completo a au- tonomia do jurídico. A análise revisional de um contra to, por exemplo, deve atingir a sua função que entre outros fatores pr opõe a circulação de riquezas. Entretanto a circulação de riqueza s deve ser pensada e aplicada s e - gundo a sua função social e não somente individual. 25 SCHLEMMER-SCHULTE, Sa bi ne. Internatio nal Fina ncial Insti tutions, WT O, and Social Or dering: Human Righets, Lab or Standards , Environmental an d Consum er Protection in the Global Economy.. In: NEVES, Marcelo (Coordenação). Trans nacio- nalidade do Direito: novas perspectivas do s conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Qu artier Latin, 2010, p. 310. 26 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo eficiente n a lógica econôm ica: d esenvolvimento, aceleração e direitos funda mentais. Itajaí: UNIVALI/FAPE SC. 2012, p. 16 293 A fim de harmonizar os passos que embalam a valsa entre o Direito e a Economia é importante traçar algumas observações sobre o modelo político-econômico chamado neoliberal global. Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 27 esclarecem que o modelo político-econômico prevalecente é o chamado neol iberal global . Embora não seja homogêneo em todas as partes do globo consiste numa corrente de pensamento que surge no segundo pós-guerra, na Europa e Estados Unidos, onde predominava o capitalismo como sistema de organização social. Este modelo político-econômico se desenvolveu em três fases. A gênese do pensamen to neoliberal tem como marco doutrinário o texto O Caminho da Servidão, de Friedrich Au- gust Von Hayek, de 1944. Este texto constituiu um manifesto contra os Estados totalitários e contra qualquer limitação estatal dos mecanismos de mercado. Acrescentam Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 28 que em 1944, já anteven- do a vitória bélica na Europa, os Estados Unidos mobilizaram 44 países para transmitir as novas orientações e diretrizes políti- co-econômicas, legitimando, assim, a criação, que ocorreria logo depois, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Essas instituições assumiriam papel de fundamental importânci a para a expansão planetária da primeira fase do neoliberalismo. A segunda fase, seguindo ainda o pensamento de Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 29 ,consolida-se a partir das décadas de 1970 e 1980, com a fragilização econômica decorrente da crise do modelo do Es tado de bem-estar em 1973, com a denominada Crise do Petr óleo que atingiu todo o mundo 27 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen- tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 15 28 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen- tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 18 29 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen- tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 18 294 capitalista avançado e numa longa recessão combinou baixo crescimento com alta de inflação. Destaca-se n esta fase também em 1979 e 1980 o início de políticas econômicas monetaristas impostas pelo governo para combater a inflação através do equi- líbrio orçamentário, dando ênfase ao livre mercado, especial- mente com Margareth Tatcher na Grã-Bretanha, e Ronald Reagan nos Estados Unidos. É ta mbém nessa fase que ocorrem as políticas de mercado para os países latino americanos que ofereciam recursos das agências financeiras internacionais exi- gindo em troca reformas neoliberais nos países aderentes. Surge o país pioneiro do ciclo neoliberal da história contemporânea: o Chile nos anos 70. Sob a dura ditadura de Pinochet, e seguindo as orientações econômicas de M ilton Friedman, o Chile pôs em prática a primeira experiência ocidental do modelo econômico neoliberal. A terceira fase ocorre na década de 1990, narram ainda Ale- xandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 30 marca- da pela queda do muro de Berlim, e pelo movimento denomina- do Consenso d e Washington , que radicalizou a política de condicio- namento promovida pelas instituições financeiras internacionais. A partir de então, redefine-se que o neoliberalismo deveria alca- nçar nível planetário, forçando a derrubada de barreiras nacio- nais para o fluxo do capital dos países centrais através das priva- tizações e desregulamentação da econ omia. No Brasil a reforma gerencial de Estado promovida pelo governo Fernando Henri- que Cardoso coloca em prática políticas privatizantes voltadas para a redução da máquina estatal. A partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000 inicia-se a atual fase do neolibera- lismo global, prevalece a especulação financeira, a degradação do trabalho, o aumento de investimento de recurs os públicos e privados em segurança, e o mais alto nível de privatização d o Estado, com a ‘terceirização’ do aparato de guerra e com a trans- 30 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen- tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 18-20 295 ferência de recursos públicos para reduzir as externalidades do mercado, salvando bancos e grandes empresas. Neste modelo, o mercado é mitificado. Trata-se de uma ficção que exerce papel simbólico estratégico no imaginário coletivo. No projeto de globalização deste modelo político-econômico, tal figura tornou- se fundamental para legitimar a racionalidade eco nômica. Atre- lado ao significante liberdade , o mercado representa o ambiente onde os “ homo oeconomicus” se relacionam e interagem. Sempre movidos por uma razão que os conduzem a buscar e maximizar seus interesses, numa conduta despid a de ética. Este é o movi- mento que legitima, segundo os autores do neoliberalismo, as relações humanas. Legitima a vida, na ideia de que vencem aq ue- les mais preparados para lidar com as adversidades do ambiente. Por fim arrematam Alexandre Morais da Rosa e Júlio Cesar Marcellino Júnior 31 que no Brasil da década de 90 até os dias de hoje o neoliberalismo se estabeleceu. Mesmo com expressivos avanços na área social e na redução do quadro de pobreza, a política econômica tem se mantido fiel às diretrizes desenvolv i- mentistas traçadas pelo Fundo Monetário Internacional. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com toda sua carga compromissória e social chegou tarde. Previu um Estado Social para o Brasil quando já estava em curso o regime neoliberal. Foi implementado um duro modelo desenvolvimentista , que impunha ao país o ‘compromisso-dever’ de buscar incessan- temente o estágio de dese nvolvimento dos países centrais, antes de gozar das benesses do tão almejado e necessário bem-estar social . Entretanto, o cotidiano se apre senta como espaço de trans- formação dos fenômenos culturais conforme Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino 32 . E a “cultura-mundo” traz o paradigma 31 ROSA, Alexandre Morais da; MA RCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O processo eficiente na lógica econômica: desenvolvime nto, ace leração e direitos f undamen- tais. Itajaí: UNIVALI/FA PESC. 2012, p. 20 32 AQUINO, Sérgio Ricard o Fernand es de. Rumo ao desc onhecido: in quietações filosóficas e s ociológicas sobre o direit o na pós-modernidad e. Itajaí: UNIVAL I, 2011, p. 143. 296 da sustentabilidade para permear equilíbrio a liberdade, a fim de permitir a igualdade. Ressaltam Sérgio Augustin, Natacha John e Fernanda Odo- rissi 33 que a Constituição da República Federativa do Brasil nã o abdicou do neoliberalismo global; pois edificada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A ordem econômica inserta na Carta Maior determina a observância de princípi os como a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente, nos termos dos incisos do seu art. 170. Percebe-se, em função da livre iniciativa, a consagraçã o da economia de mercado, evi- denciando nitidamente a inspiração ca pitalista da constituinte de 1988, entretanto, mesclada com um forte cunho social, quando dispõe, juntamente com esta, a valorização do trabalho humano. Nota-se uma postura híbrida da nossa atual Constituição, qu e ora enfatiza um modelo de capitalismo neoliberal, ao mesmo tempo em que destaca um interve ncionismo sistemático, de- monstrando com isso vários elementos socializantes. Salienta-se que mesmo assim, ou seja, mesm o com a presença de tais ele- mentos socializantes, a Constituinte de 1988 não deixa de carac- terizar o modo de produção capitalista. O ajuste entre Direito e Economia na Pós-Modernidade prescreve a necessidade do jurista e do economista pensar as relações jurídicas sob a ótica da sustentabilidade. E, impõe que a Governança também se ajuste a este p ensar e agir. Governança é termo oriundo de governa nce , expressão que surgiu a partir de reflexões cond uzidas pelo Banco Mundial que pretende aprofundar o conhecimento das condiçõ es que garan- tem um Estado eficiente na esfera econômica, social e política 33 AUGUSTIN, Sérgio; JOHN, Natacha; ODORISSI, Fernanda. O princípio da função sócio amb iental d a propriedad e à luz da Consti tuição Federal d e 1988. In: BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Marcio Ricardo; SAVARIS, José Antonio; DUARTE, Maria Raquel(Org.) . A Judicialização dos d ireitos versus acesso à justiça. Itajaí: UNIVALI, 2012, p. 47- 49. 303 ORDEM ECONÔMICA E MEIO AMBIENTE NO BRASIL: ELEMENTOS TEÓRICOS E FUNDAMENTAIS À SOLUÇÃO DE CASOS JUDICIAIS CONCRETOS . 1 Rogério Gesta Leal 2 I – Notas Introdutórias Pretendo neste ensaio abordar o tema da relação entre meio ambiente e ordem econômica no B rasil, notadamente para os fins de estabelecer como isto dever ser levado em consideração na decisão de casos judiciais concretos que envolvam bens e interesses ambientais e econômicos. Para tanto, vou tecer algu- mas considerações preambulares sobre o tratamento normativo que é dado ao meio ambiente na ordem constitucional e como 1 Trabalho prepar ado para ser pu blicado no livro Médio Ambiente y Justicia , editado pela Asociación Andaluza de Derecho, Mé dio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sob a direção do Prof . Dr. Álvaro Sánches Bra vo. 2 Rogério Gesta Leal é Desembargador do Tribunal de Justiça d o Estado do Rio Grande do Sul, Doutor em Direito, Prof essor da UNISC e UNOE SC. Professor Visi- tante da Università Túlio A scarelli – Roma Trè, Universidad de La Coruña – Espan- ha, e Universidad de Buenos Aires. Profe ssor da Escola Nacional d e Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura – ENFAM. Membro da Rede de Direitos Funda- mentais-REDIR, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, Brasília. Coordenador Cientí- fico do Núcleo de Pesquisa Judiciária, da Escola Nacion al de Formação e Ap er- feiçoamento da Magistratura – ENFAM, Brasília. Membro do Conselho Científico do Observatório da Justiça Brasileira. 304 isto se conecta à ordem econômica, após o que serão constituí- das algumas ferramentas argumentat ivas para auxiliar o deslinde de conflitos que possam se esta belecer no particular, apresen- tando, no particular, um caso judicial que tive oportunidade de julgar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul- Brasil. II – Meio ambiente, ordem econômica e Constituição: prognósticos do sistema jurídico brasileiro orientado pelos Direitos Fundamentais e sua dimensão am biental. Estou convencido, com outros filósofos e juristas no Oci- dente, que há uma relação interna e condicionante – e não sim- plesmente histórica e contingente associação – entre as normas jurídicas e a democracia (com suas representações institucio- nais), assim como ocorre com a relação entre as previsões for- mais de equidade e suas dimensõe s materiais, caso contrário se esvaziaria o próprio sentido do sistema jurídico como um todo 3 . Tal relação evidencia-se no âmbito do conceito de lei como resul- tado de procedimentos que veiculam os interesses sociais pela via da comunicação e interlocução dos sujeito s afetados pela no rma, pondo-se como mais democrático aque les procedimentos que mais se aproxima m da manifestação da vo ntade popular direta . A legal orde r is legitimate to the extent that it secures the equally fundamental private and civic autonomy of its citizens; but at the same time it owes its le gitimacy to the fo rm s of communica- tion which are essential for this autonomy to express and preserve itself. That is the key to a proceduralist conception of law 4 . 3 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norm s: contribuctions to a discourse theo- ry of law and democracy. Cam bridge: MIT Press, 1998, p.47. 4 Cf. HABERMAS , Between facts and norms , op. cit. , p. 493. T al perspectiva se af asta da assertiva d e que as tes es de Habermas pretendem in stituir u ma salvaguarda às 305 Mas como se estabelece a relação en tre a manifestação da vontade social em face do sistema jur ídico que a regula no dia a dia de seu evolver? Dá-se pela via da transmutação desta vonta- de em códigos normativos constitucionais e infraconstitucionais (tanto princípios como regras). Tais comandos vi nculantes esta- belecem, em caráter exemplificativ o, as possibilidades emancipa- tórias do convívio social, ratificando suas funções civilizatórias e compromissórias à inclusão dos sujeitos de direitos na ambiên- cia do tecido social. Estou dizendo que as normas insertas no sistema jurídico vigente, enquanto deontológicas, seja na forma de princípios ou regras, constituem um momento objetificante das normas axio- lógicas previamente demarcadas pe lo processo político e legisla- tivo legítimo da manifestação de vontade da soberania popular, identificando as eleições comunitárias atinentes à vida que dese- jam partilhar, a partir, por óbvio, dos pressupostos mínimos existentes para tanto (constituídos por esta mesma Soberania), a saber: the basic rights to conditions of li ve which are socially, technically and ecologically secure to the degree nece ssary for equal ability to make use of rights 5 . Neste sentido, mister é que se identifique de que maneira tais parâmetros normativos abordam o tema do meio ambiente, objeto deste estudo particular. relações sociais que não é de ordem jurí dica, o que implicaria um a autonomia da Sociedade diante do Direito (como q uer STRECK, Lenio Luis. Jurisdição Constitucio- nal . Rio de Janeiro: Foren se, 2005, p.176, isto porqu e, na realidade, quaisqu er salva- guardas – institucionais ou não – dos sujeitos de direito são trabalh adas pelo filósofo tedesco numa acepção epistemológico-arg umentativa, tomando como pressupost o lógico-const itutivo o seu processo/procediment o de construção, bem como a forma de operacionalização individual e colet iva delas, reciprocamen te condicionadas pela necessidad e de justificação e fu ndamentação racion al-comun icativa. Assim, é óbvio que é a ordem jurídica legitimament e forjada por consensos comunicativos que garante a auton omia não diretame nte da so ciedade, mas dos sujeitos que a consti- tuem (os qu ais, por sua vez, en sejam a form atação de um m odelo de Sociedad e historicam ente situada e comprom issad a, axiológica e deont ologicamente). 5 Conforme H ABERMAS, J ürgen. Postscript to Betw een Facts and Norms . In New York University Law Journ al, E. 154. New York Universit y Press, sep. 2004, p. 50. 306 De pronto importa referir que qualquer sistema jurídico ocidental pode ser tomado em, pelo menos e preambularmen te, duas acepções: a gramatical (em face de seus enunciados que pretensamente estão racionalmente constituídos e concatena- dos), e a pragmática (enquanto projeção empírica de seus co- mandos sobre a realidade circundante do cotidiano das pessoas). Daí que se diz que o sistema jurí dico é sempre o que ele expres- sa e a sua testificação empiriocriticista 6 – haja vista a complexidade do processo relacional que ele mantém com a conjuntura incon- trolável do tempo e do espaço em que opera. Em face disto, pode-se sustentar que as formas de interpretação e aplicação do sistema jurídico assim concebido devem ter presente a criação de condições para que a norma interpretada e aplicada ao caso concreto tenha eficácia (temporal e es pacial), sempre no sentido da realização dos elementos axiológicos que o fundaram e qu e vinculam a todos sob sua égide. Estou asseverando que de nada adianta a aplicação de nor- ma que venha a ser absol utamente desconectada de uma realida- de histórica que não mais comporta aquela interpretação, ou que não leve em conta o universo de variáveis que estão presentes empiricamente no caso. Entretanto, o oposto não pode ocorrer, que seria o intérprete responsável pel a aplicação da norma ao caso concreto deixar de dar o seu correto direcionamento valo- rativo, oferecido pela Constituição, especialmente por seus prin- cípios fundamentais. De outro lado, a noção de sistema jurídico que tomo como base aqui, precisa ser sempre relevada na dicção do que susten- tava Savigny 7 , no sentido de permanentemente lembrar a ne- cessária concatenação interior que liga todos os institutos jurídi- cos e as regras de Direito a uma grande unidade ordenadora das relações sociais. 6 VERDROSS, Alfred. La filosofía del derecho del mundo occidental. Méxi co: Universidad Nacional Aut ónoma de México, 1982, p.118. 7 SAVIGNY, Fredrich Carl. Sistema del Diritto Romano Attuale. Turim: Daltricce, 1960, pág.118. 307 Tal unidade sistêmica tem, por sua vez, à luz do que dispõe Robert Alexy 8 , três níveis, que se con stituem em: ‘ regras ’, ‘ princí- pios ’ e ‘ procedimentos ’; fundadas, pois, na idéia da razão prática do direito, passível de controle e c onstituição dialógica pelos ator es atingidos ou envolvidos em qualquer relação intersubjetiva deci- sional sobre interesses e pretensões, privadas e públicas. Hay que excluir un legalismo estrictamente orientado por las reglas. Por razones de racionalidad práctica, es irrenunciable la presencia de principios y com ello - dicho com outra termino- logía - de valores en el sistema jurídico. En un Estado cons titu- cional democrático, los principios tienen si no exclusivamente sí en una buena parte su ubicación jurídico-positiva en la Constitu- ción. 9 Quando o sistema jurídico brasileiro fala do meio ambiente, o faz pela via de dispositivos de natureza principiológica e re- gratória, alguns inscritos no art. 225, da Constituição Federal de 1988, bem como em outros comandos dispersos tanto na Carta Política como na legislação infraconstitucional, que orientam a interpretação e aplicação da legislação e também d a política am- biental, dentre os quais posso destacar os seguintes: o princípio da prevenção, o princípio do pol uidor-pagador ou princípio da responsabilização, e o princípio da cooperação ou da participa- ção 10 . Estes princípios, só para dizer o mínimo, estão condensa- dos, ao lado de outros, nas di sposições normativas federais, es- taduais e municipais brasileiras atinentes à espécie. Decorre daqui a tese de que a política ambiental não pres- cinde apenas da atuação do poder público, mas de ações solida- riamente responsáveis que envolvam tanto o Estado quanto a coletividade, pois: [...] os administradores, de meros beneficiários do exercício da função ambiental pelo Estado que eram passam a ocupar a 8 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho . Barcelona: Editorial Gedisa, 19 97, pág.174. 9 Idem, pág.176. 10 Como quer DERANI, Cristiane. Direito ambiental econô mico . São Paulo: Max Limo- nada, 2002, p. 164 e seguintes. 308 posição de destinatários do dever poder de desenvolver com- portamentos positivos, visando àqueles fins. Assim, o traço que distingue a função ambiental pública das demais funções estatais é a não exclusividade do seu exercício pelo Estado. 11 De outro lado, qualquer política ambiental tem de levar em conta: 1) a adoção de medidas preventivo-antecipatórias em vez de medidas repressivo-mediadoras; 2) o controle da poluição na fonte, ou seja, na origem (especial e temporal); 3) quanto à polí- cia do ambiente, esta deve ser exercida no sen tido de obrigar o poluidor a corrigir e recuperar o ambiente 12 . Mas de que meio ambiente trata o sistema jurídico brasilei- ro? É comum se afirmar que o conceito de meio ambiente nos últimos anos tem obtido ampliação significativa, inclusive em termos de espécies distintas mas integradas, tais como meio a m- biente natural e meio ambiente artificial, que, por seu vez, se subdivide em meio ambiente artifi cial ou urbano, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabal ho, dentre outras classificações que poderiam ser agregadas. Nesta direção, o meio ambiente artificial diz com a criação humana material e intel ectual, o pa- trimônio histórico e o meio ambiente do trabalho humano – onde são tutelados bens atinentes à s aúde e à segurança do tr a- balhador, cabendo ao empregador, - por meio do método pre- ventivo e de maneira objetiva -, arcar com o risco inerente às atividades desenvolvidas pelo empregado. Já no que tange à relação do meio ambiente co m a ordem econômica, importa observar o que está disposto no art.170, da Constituição Federal, modifica do pelos termos da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, no sentido de que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa- 11 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpret ação e crítica. São Paulo: Malheiros, 2004, p.119. 12 CANOTILHO, J. Actos jurídicos públicos e respon sabilidade por danos ambientais . I n Boletim da Faculdade d e Direito.Coimbra, v. 9, 1993. p. 47. 309 dos, dentre outros princípios, o estabelecido no inciso VI, a saber: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos d e elaboração e prestação . 13 Nada mais coerente do que esta modificação impressa pela Emenda Constitucional referida, em face da prioridade que a ordem econômica dá ao asseguramento a todos de existência digna, o que não existe sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, possibilitando a sadia qualidade de vida de todos. 14 Por estas razões é que o próprio conceito de dano ambien- tal também restou ampliado, para atender os multifacetados caracteres do conceito de meio ambiente referidos. Assim é que a doutrina insiste com o fato de que dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com conseqüe nte degradação - alteração adversa o u in pejus - do equilíbrio ecológ ico e da qualidade de vida . 15 De outro lado, os recursos ambientais sob a pers pectiva normativa, consoante os termos do art. 3º, inc. V, da Lei Federal nº 6.938/1981, são: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Daí que Paulo Affonso Leme Machado define o dano am- biental como aquele sofrido pelo conjunto do meio natural ou por um de seus componentes, levado em conta como patrimô- nio coletivo, independentemente de suas repercussões sobre pessoas e bens. É a lesão (alteração, prejuízo de um fator ambi- 13 Faço uma abor dagem ampliada des ta discussão em meu livr o LEAL, Rogér io Gesta. A função social da cidade e da propriedade no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. 14 Portanto, destoando da orient ação econ omicista de COASE, Ronald Henry. The problem of social cost . In Journal of Law and Economics. 3(1) , 1. 1960, p.16. para quem, por mais que se fixasse legalmente o direito de um condomínio exigir medidas ambientalistas de uma fábrica que estivesse po luindo o ambiente vivido, se os custos de remo ção do condo mínio fo ssem infe riore s aos custos de tais medida s, a fábrica deveria paga r aos condômino s para que se mu dassem, a o invés de reduz ir seus níveis de poluição. 15 MILARÉ, Edis . Direito do ambiente . São Paulo: Revist a dos Tribunais , 2001. p. 421-2. Ver também o excelente t exto de BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direi to Ambiental em questão . Lisboa: Institut o Piaget, 2004. 310 ental ou ecológico, ar, água, solo, floresta, clima etc.), que gera uma modificação - para pior - da condição de equilíbrio ecológi- co do ecossistema local ou abrangente. 16 Decorre daí as preocupações com a questão, por exemplo, da sustentabilidade, aqui enten dida fundamentalmente nas suas dimensões: (a) social, verdadeira finalidade do desenvolvimento; (b) a cultural; (c) do meio ambiente, e a (d) econô mica. Neste particular, é preciso atentar para o fato de q ue a estas questões estão associadas tantas outras, como a distribuição territorial equilibrada de assentamentos humanos e atividades, afigurando-se a sustentabilidade econômica não como condição prévia para as anteriores, mas va riável que tem de ser mensurada contingencialmente tendo em conta as demais sustentabilidades; estão presentes aqui também questõ es relativas à existência ou falta de governabilidade política e a geração de políticas públicas curativas e preventivas das sustentabilidades referidas. 17 Por tais razões que Henrique Leff insiste no fato de que o princípio de sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial ecoló- gico e em novos sentidos de civilização a partir da diversidade cultural do gênero humano. 18 Da mesma forma o magistrado federal Zenildo Bodnar refere que esta sustentabilidade deve ser entendida como imperativo ético tridimensional: implementado em solidariedade sincrônica com a geração atual, diacrônica com as futuras gerações, e em sintonia com natureza, ou seja, em benefício de toda a comunidade de vida e com os elemen tos abióticos que lhe dão sustentação. 19 16 MACHADO, Paulo Affonso Le me. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Malhei- ros, 2002, p.118. Ver igualmente o trabalho d e FREITAS, Vladimir Pas sos de (org.) Direito ambiental em evolução . Curit iba: Ju ruá, 1998. 17 Ver o texto de SA CHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável . Rio de Janeiro: Garam ond, 2002. 18 LEFF, Henrique. Saber Ambiental: susten tabilidade, racion alid ade, complexidade, poder. Pet rópolis: Editora Vozes , 2005, p. 31. 19 BODNAR, Zenildo. Reflexões ini ciais sobr e a Jurisdição Ambiental e a Sustentabi- lidade. P. 06. Texto virtual, enviado pelo autor em 15/04/2009. No m esmo texto aind a 311 Em face destes elementos a doutrina especializada brasileira tem se referido à importância de um outro princípio, o da pre- caução, como um dos principais orientadores das políticas am- bientais, além de ser elemento estruturante do direito ambiental. No Direito Positivo Brasileiro, o Princípio da Precaução tem seu fundamento na L ei da Política Nacional do Meio Ambi- ente (Lei 6.938/81), mais especificadamente no seu artigo 4°, I e IV, que expressa a necessidade de haver um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a utilização dos recursos naturais, e também introduz a avaliação do impacto ambiental como re- quisito para a instalação da atividade industrial. A Constituição Federal vigente, da mesma forma, incorpo- rou o Princípio da Precaução em seu artigo 225, § 1°, V, ao as- severar que todos têm direito ao meio am biente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidad e de vida, impondo- se ao Poder Público e à coletividade o de ver de preservá-lo para as present es e futuras gerações . Tais perspectivas estão a impor ao Estado e à coletividade uma nova postura e comportamento em relação às questões ambientais, pois tais princípios exigem que sejam adotadas me- didas ambientais que, num primeiro momento, obstem o início de uma atividade potencialmente e/o u lesiva ao meio ambiente, atuando também quando o dano ambiental já está concretizado, para que os efeitos danosos sejam minimizados ou cessados. Assim, conforme Antunes 20 , a precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a pre- adverte o autor: A susten tabilidade deve ser compreendida e operacionalizada numa tríplice dimensão: ecológica, econômic a e social. Deve represent ar não apenas a gara ntia da m anutenção futura dos ben s ambie ntais, ma s també m a mel hora da s condições gerais de vida para as futu ras gerações. Esta é uma imposição perempt ó- ria do princípio da equidade intergeracional. 20 ANTUNES, Pa ulo de Bessa. Curso de direito ambiental: doutrin a, legislação e jurispru- dência . Rio de Janeiro: Ren ovar, 2001. p. 79 e seguin tes. Da mesma forma MAC HA- DO, Paulo Leme. Direito a mbiental brasileiro . São Paulo: Malheiros , 2001. p. 57. 312 venção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental atra- vés da prevenção no tempo certo. Esta nova dimensão do direito ambiental com seus elemen- tos normativos postos tem inaugurado ações administrativas e judiciais preventivas que não se limitam à eliminação dos efeitos lesivos ao meio ambiente, mas antecipam e previnem a ocorrên- cia de uma atividade potencialmente danosa. Precaução é cuidado. O princípio da precaução está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de sustentabilidade ambiental das ativi- dades humanas. Este princípio é a tradução da busca da prote- ção da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente como pelo asseguramento da integridade da vida humana. A partir desta premissa, deve-se também considerar não só o risco eminente de uma deter minada atividade, como também os ris- cos futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em to da densidade. 21 A partir da idéia de precaução, consagra-se o critério da probabilidade na tomada de decisões que envolvam a questão ambiental, em detrimento do cr itério da certeza . Ou seja, en- quanto que ao demandado incumbe o dever de demonstrar, efetivamente, que a atividade desenvolvida não é lesiva ao meio ambiente, exigindo-se, portanto, certeza absoluta da inofensivi- dade de sua prática, ao demandante cabe demonstrar que há probabilidade da ocorrência do dano. No manejo deste sistema jurídico, entretanto, importa ter presente alguns critérios de aplic ação das normas (regras e prin- cípios), por procedimentos raciona is e controláveis, dentre os quais quero destacar o da ponderação dos interesses envolvidos. Tem-se, então, na dicção de Suzana Toledo, que: A questão da ponderação radica na necessidade de dar a es- se procedimento um caráter racional e, portanto , controlável. 21 DERANI, Cristiane. Direito a mbiental econômico . São Paulo: Max Lim onada, 2002, p.167. 319 terminadas e ligadas por circunstâncias de fato 29 , entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático preciso. Tais elementos e considerações fizeram com que o magis- trado de primeiro grau acolhesse a pretensão de aferir as maté- rias ventiladas na ação civil púb lica, pois atendidas as configura- ções delineadas acima. (2) Para o desenvolvimento regu lar do feito, no intento de alcançar níveis maiores de certeza sobre as am eaças ao meio ambiente sinalizadas, entendeu por bem o mesmo magistrado a não deferir a inversão do ônus da prova pretendida pelo Pa rquet , o que me parece, no caso, inadequado, a uma, pelos fatos tra- zidos ao processo por todas as partes, gerando dúvidas sobre, por exemplo: (a) quais os recursos hídricos que estão efetiva- mente ameaçados pelas situações descritas na exor dial, conside- rando que existe o despejo de produtos poluentes no Arroio que abastece de águas a comunidade? (b) o que implica, no caso, a comunidade não possuir rede autônoma para escoamento de efluentes pluvial e cloacal ? (c) af inal, o receptor de águas para o fornecimento à comunidade é ou não atingido em face dos des- pejos sob comento? (d) o fato de o Arroio Duro ter tido o seu curso alterado e ter sido canalizado, afasta a po tencial lesividade ao meio ambiente envolvido? A duas, porque é do interesse público, da mesma f orma in- disponível e indivisível, que sejam tais questões, e outras perti- nentes à espécie, elucidadas no feito , o que só poderá se dar com elementos probatórios a serem produzidos na instrução. A responsabilidade para fazê-lo, em meu sentir, era dos sujeitos passivos da ação civil pública, até em face da preliminar caracte- rização de responsabilidade que possuem aqui. (3) Mas e os impactos econômicos significativos que podem advir deste cenário de inviabilização da iniciativa edilícia que se apresenta no feito? E as pessoas que já adquiriram seus imóveis para neles residir? E a empresa que – empregando muitos – tem 29 Nos term os do art.81, §1º, do Código de Def esa do Consumid or. 320 que responder não só para com as condições do condomíni o, mas também com even tuais indenizações por atrasos de obras e outras medidas de regularidade ambiental/processual? Qual o limite de suportabilidade do meio ambiente e das pessoas envol- vidas à solução do caso concreto? Veja-se que na relação Estado e Sociedade deve-se garantir tanto a liberdade individual do cidadão quanto a integridade do meio ambiente, estabelecendo diretrizes e instrumentos que possibilitem a “apropriação” e a “transformação” da natureza com vistas à sua proteção e manutenção do equilíbrio ecológi- co 30 . Nesta direção, já a Declaraç ão do Rio de Janeiro adotou, em seu dispositivo n° 16, o Prin cípio do Poluidor-Pagador, ao afirmar que: As autoridades nacionais devem procurar assegurar a inter- nalização dos custos ambientais e o us o de instrumentos econômicos, levando em conta o critério de quem contamina, deve, em princípio, arcar com os custos da contaminação, levando-se em conta o interesse públ ico e sem distor- cer o comércio e os inv estimentos internacionais . 31 No Brasil, a Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, tam- bém adotou o referido princípio, ao apontar como uma das fina- lidades da Política Nacional do Meio Ambiente a imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados. Além disso, o Princípio do Poluidor-Pagador fora recepcio- nado pela Constituição Federal no seu art. 225, parágrafo 3º, que prescreve: As atividades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da ob rigação de reparar os danos ca usados . No plano internacional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por meio da Recomen- dação C(72), 128, de 28 de ma io de 1972, incorporou formal- 30 Conforme o traba lho de MIRRA. Princípios fundamentais do direito ambiental . In: OLIVEIRA JÚNI OR, José Alcebíades; LEITE, Jo sé Rubens Mo rato (Or gs.) Cidadania coletiva . Florianópolis: Paralelo, 1996. 31 ANTUNES , Pau lo Bessa. Direito ambiental . Rio de Janeiro: Lúm en Júris, 2001, p. 31. 321 mente o Princípio do Poluidor-Pagador. Mais tarde, por força do Ato Único Europeu, os ordenamentos jurídicos de todos países da comunidade européia e também o Conselho da Euro- pa aceitaram o Princípio do Poluidor-Pagador 32 . Tendo este princípio um ca ráter econômico destacado, porque imputa ao poluidor os custos decorrentes da atividade poluente, para a otimização dos seus resultados positivos na proteção do meio ambiente é preci so que ele seja operado com bom senso econômico, jurídico e político, haja vista que implica custos às medidas de pr evenção e controle da poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais escassos, e para evitar distorções ao comércio e aos investi mentos inter- nacionais. Quero dizer com isto que, na prát ica, os custos de controle da poluição que surgem devido à regulamentação ambiental devem ser suportados pelo poluidor e pelo empreendimento poluidor, envolvendo todos aqueles que estão vinculados – dire- ta e indiretamente 33 - a ele, pois a sociedade não deve arcar dire- tamente e sózinha com as obrig ações decorrentes da proteção do ambiente. Para se aferir tais situações, o sistema jurídico brasileiro, re- conhecendo a vulnerabilidade do consumidor em algumas situa- ções como estas que analiso, em que se afigura difícil ao meio ambiente e à Sociedade a prova do fato constituti vo do seu di- reito, o que é exigido nos termos do art. 333, do CPC, criou a 32 Conforme AR AGÃO, Maria Alexand ra de Souza. O princípio do poluidor-pagador : pedra angular da política comunit ária do ambiente . São Paulo: Coim bra, 1997, p.27. O objetivo do princípio do po luidor pagador é fazer não ap enas com que os custos das medidas de proteção do meio ambiente (a s externalidades amb ientais) –sejam supor- tados pelos agentes que as originaram, mas tam bém que haja a correção e/ou elim i- nação das fontes potencialmente poluidor as.Resumidamente, o Princípio do Polui- dor-Pagador tem tr ês funções primordiais: a de prevenção, repara ção e a de interna- lização e redistribuição dos custos ambient ais. 33 Estou me referindo, no caso, à re sponsa bilidade do Poder Público local, que auto- rizou a obra, com os seus licenciament os respectivos, n a perspectiva, por certo, de rentabilidades fiscais futuras. Sobre esta perspectiva, ver meu livro LEAL, Rogério Gesta. Estado, Administração Pública e Sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 322 possibilidade da inversão do ôn us da prova, notadamente quan- do presente a verossimilhança das alegações sub judice , deixando a critério do juiz exigir que o fornecedor prove o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito que lhe é o posto, mesmo sem que este tenha provado o fato constitutivo consectário de forma absoluta. 34 É o próprio Código de Defesa do Consumidor que dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos de que estou tratando, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor do hipossu- ficiente, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, VIII). Não se trata, pois, de inversão lega l, pois não decorre de imposição ditada pela própria lei, mas, sim, fica submetida ao crivo judicial, cabendo ao magistrado, em face do caso, dizer se é caso de in- versão, ou não, do ônus da prova, uma vez analisada a ocorrên- cia daqueles pressupostos 35 . Em face de tais consideraçõe s, e concordando com Moraes, parece claro que o momento adeq uado para a decretação da i nv e r s ã o d o ôn u s d a prova é aquele que se dá por ocasiã o do sa- neamento do processo, quando, inex itosa a conc iliação, o Juiz tiver fixado os pontos controvertidos da lide, decidin do as questõe s processuais pendentes, dentre a s qu ais o cabimento, ou não, desta inversão (art. 331, § 2º, d o CPC), ficando, dessa fo rma, cientes as partes da postura processual qu e passarão a adotar, não podendo 34 Vai neste sentido o texto de LISBOA , Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas Relações de Con sumo. São P aulo: Revista d os Tribunais , 2001, p.95. Ref ere o autor que prevalece no processo civil moderno o princípio geral da verdade formal, o que possibilita ao juiz o poder de proceder a in versão do ônus da prova pela mera cons- tatação de que a s alegaçõ es do auto r poss am ser verdadeiras, incl usive no que diz respeito à dificuldade de obtenção de informações técnicas sobre o produto e o serviço fornecidos. 35 Neste sentido , o texto de MORAES, Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor. In Revista AJU- RIS, vol.74. Porto A legre: AJURIS, 1998, p.44. Nest e texto, o autor advert e também que a inversão do ônus da prova, com a devida vê nia, não deve ser decretada ab initi o, quan- do o Juiz analisa a petição inici al, pois sequer houve manifestação do demandado, não se podendo precisar, inclusive, a dimensão da su a resposta, muito menos os pontos controverti- dos. Assim, mostra-se prematura e indevida a decretação da inversão do ônus da prova nessa fase do procedimento . 323 alegar terem sido surpreendidas, especialmente aquela que recebeu o encargo de prova r o que se está pe rquirindo 36 . Por estas razões, julguei parcialmente procedente o Agravo de Instrumento, para os fins de determinar a inversão do ônus da prova no feito, incumbindo, de forma solidária, ao Município e à Construtora, a responsabilidade pelas provas necessárias à comprovação da regularidade do sistema de recepção do esgoto de seu empreendimento descrito na inicial, e de q ue ele não gera degradação ambiental comprometedo ra do meio ambiente. Bibliografia ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho . Barcelona: Editorial Gedisa, 1997. ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental . Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001. -----. Curso de direito ambiental: doutrina, legislação e jurispru- dência. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. 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Coim- bra: Livraria Almedina, 2002. ------ Direito Constitucional Português: tentativa de com- preensão de 30 anos das gerações ambientais no direito consti- tucional português. In CANOTILHO, Joaquim José Gomes e LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Ambiental Consti- tucional Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. COASE, Ronald Henry. The problem of social cost . In Journal of Law and Economics. 3(1), 1. 1960. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico . São Paulo: Max Limonada, 2002. DI LORENZO, Italo. Diritto Urbanistico. Turim: UTET, 1998. FREITAS, Vladimir Passos de (org.) Direito ambiental em evo- lução . Curitiba: Juruá, 1998. GANDOLFO, Orlando Carlos. Limitações da propriedade. In Revista dos Tribunais, vol.421. São Paulo: RT, 1970. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. São Paulo: Malheiros, 2004. HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contribuctions to a discourse theory of law and democ- racy. 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México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982. 327 BIODIVERSIDADE NA AMÉRICA LATINA: ECOLOGIA POLÍTICA E A REGULAÇÃO JURÍDICO – AMBIENTAL 1 Jerônimo Siqueira Tybusch 2 Luiz Ernani Bonesso de Araujo 3 1 O presente artigo é fruto de pesquisas no projeto “Justiça Ambient al em Redes Colabora tivas: e-democracy e Ecologia Política na Sociedade Informacional Latino- Americana” qu e recebe auxílio fi nanceiro do CNPq – Edital Un iversal – 2011; regis- trado no Gabine te de Proje tos do Centr o de Ciênci as Socia is e Humana s da Unive r- sidade Federal de Santa Maria. Foi ap resentad o com o títul o “PERCEPÇÕES” E “USOS” DA BIODIVERSIDAD E NA AM ÉRICA LATINA: A REGUL AÇÃO JURÍ- DICO – AMBIENT AL E O CONTEXTO CO NSTITUCIONAL BR ASILEIRO no XXI Encontro do CONPEDI em Uberlândia – MG – 2012. 2 Professor Adjunt o do quadro efetivo da Universidade Federa l de Santa Mar ia – UFSM. Profess or no Departamento d e Dir eito da UFSM. Profess or no Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Direito da U FSM. Doutor pela Universidade Federal de Santa C atarina – UFSC. Mestre em Dir eito Público pela U niversidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Graduado e m Dir eito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Pesquisador Vice-Líder do Grupo de Pes quisa em Direito da Socio- biodiversidade – GPDS/UFSM. Coordenador do Projeto “Justiça A mbiental em Redes Colabora tivas: e-democracy e Ecologia Política n a Sociedade Informacional Latino-American a” que recebe auxílio f inanceiro d o CNPq – Edit al Universal – 2011. E-mail : jeronimo tybusch@uf sm.br; jer onimo tybusch@g mail.co m . Lattes: http://lat tes.cnpq.br/64770641737 61427 3 Doutor em Direito pela Universidade Fede ral de Santa Catarin a – UFSC. P rofessor Associado do quadro efetivo da Univer sidade Feder al de Santa Mari a – UFSM. Professor do Departamento de Direito da UFSM/RS/Brasil. Pro f essor do P rograma de Pós-Graduação em Direito – Mestrado em Direito da U FSM. Chefe do Departa- mento de Direito da UFSM. Docente nas disciplinas de Direito Agrário e Ambiental. Pesquisador e L íder do Grup o de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade – GPDS/UFSM. E-mail: [email protected] . Lattes: http://lat tes.cnpq.br/38189765887 14214 328 1 – Considerações Iniciais O artigo em tela objetiva abordar a relação complexa entre as possíveis “utilizações” da biodiversidade e a regulação jurídi- co-ambiental acerca dessa s práticas. Parte da perspectiva Latino- Americana para em um segundo momento operar uma análise sob a observação da legislação brasileira, internacional e da Constituição da República Federativa do Brasil. Na metodologia, utiliza-se a pesquisa bibliográfica e documental como procedi- mento para a produção de fichamentos e resumos estendidos, como técnica de pesquisa para elaboração do presente artigo. A abordagem e teoria de base utilizados são a perspectiva sistêmi- co-complexa 4 na qual, a comunicação de diversas áreas do saber como direito ambiental, sustentabilidade e ecologia, são aplica- das para a resolução de questões complexas. A problemática do artigo re laciona-se diretamente com o avanço da biotecnologia, onde o tema "biodiversidade" assume um papel destacado no cenário internacional, já que surgem novas perspectivas de expansão econômica a partir da explo- ração e apropriação dos recursos naturais. As florestas tropicais se tornam alvos da cobiça dos grandes laboratórios internacio- nais, já que nelas estão os gran des reservatórios de diversidade biológica. 4 Em pesquisa s desse gênero , evidencia-se a importância da m atriz teórica como possibilidade de substituir o paradigma ex clusiv amente cartesiano, que ao tratar do proce sso de c onheci mento co mo um fe nômen o cogniti vo em que se dá uma oposição ou mesmo distanciamento entre sujeito e objeto, provocaram um desenvolviment o social de visão fragmentada, com tendên cia ao isolamento humano e degradação ambiental; por uma nova perspectiv a paradigmática de concepção pragmático-sistêmica, que elev a a c ondição humana e o meio ambiente a o mes mo patamar , de for ma complex a, onde o fenôme no cognitivo é visto através de uma diferenciação funcio nal sistema-meio, e em que pese passar a considerar-se o objeto e o sujeito inse paráveis , graças ao reconh ecimento dess e intercâmbio pela med iação da comunicaçã o como pressuposto de contribuir ao desenvolvimento democrático da atual problemática ambient al, ou seja, alcançar uma comunicação da sociedade a cerca da sociedade, no sentido de reconhecer- se, para estabelecer limites/possibilidades de gerar melhoria da qualidade de vida e desenvolvim ento sust entável a t odos (Capra, 2000, p. 42). 335 3 - Meio Ambiente e biodiversidade em sua “percepção” constitucional As preocupações com o meio ambiente vêm crescendo gra- dativamente nas últimas décadas. A humanidade percebeu sua incrível fragilidade no que diz respeito a uma reação da natureza frente ao mau uso de seus recursos. A possibilidade de esgota- mento dos mesmos aliada a uma preocupação com as gerações futuras fez o homem questionar-se acerca d o uso que faz do espaço onde vive. Contudo, o fato de que todas essas questões, e muitas ou- tras, estão sendo debatidas pela opinião pública, e de que uma conscientização cada vez maior vem se estabelecendo a partir do caráter global e independente de tais questões, acaba lançando a s bases para sua abordagem e, talvez, para uma orientação das instituições e políticas na sent ido de um sistema socioeconômico responsável do ponto de vista ambiental. 11 A palavra meio ambiente traduz uma redundância pois “meio” e “ambiente” a princípio querem dizer a mesma coisa. Ou seja, espaço, lugar onde as relações entre os homens e dos mesmos com a natureza se processam. Temos então um concei- to holístico, abrangente, onde não somente o que é natural é abordado, mas também aquilo que foi produzido pelas mãos humanas ao longo do tempo. A língua francesa utiliza o termo “ambiant” e a língua inglesa “environment”, ambos referem-se ao sentido de ambiente. Certa então é a compreensão de que o homem modifica o ambiente onde vive. Estas modificações podem traduzir evolu- ções tecnológicas de aproveitamento do espaço mas, por outro lado, podem significar verdadeiras involuções quando visam de forma unilateral o lado e conômico, ou seja, a exploração irrestri- 11 FRANCO, Maria de A ssunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentá- vel. São Paulo – SP: Annablume: FA PESP, 2001. p. 256. 336 ta de recursos. Nem tudo o que a natureza oferece é renovável, o esgotamento é uma realidade na atua lidade. Aquilo que parecia não ter fi m, hoje é finito. Como exem- plo temos os combustíveis fósseis, questão extremamente polê- mica, pois, além da previsão de esgotamento d as últimas reser- vas de petróleo estar datada para m enos de um século, temos o fato de que este tipo de combustível é extremamente poluente. Meios alternativos já foram pesqui sados para a substituição dos combustíveis fósseis, inclusive na tecnologia de automóveis. 12 Essa idéia de finitude, aliada a capacidade destrutiva do homem para com o ambiente onde vi ve ao buscar sempre novas possibilidades econômicas sem medir os efeitos que as mesmas podem ter sobre a natureza, nos rem ete a figura do dano. Dani- ficar pode ser, neste caso, destruir, modificar de forma nociva e, principalmente, explorar irrestritamente. O dano ambiental ocorre com freqüência e representa uma grave ameaça a continuação da espécie humana. Desta forma, aquilo que põe em risco o futuro da humanidade, coloca, ob- viamente, a nossa vida em jogo. Estamos sendo, portanto, im- pedidos de viver com as mínimas condições necessárias e de usufruir sobre um bem que é de todos. Lembremos também, que qualquer espécie de dano representa uma ofensa a bens ou interesses de outras pessoas, interesses protegidos pela ordem jurídica. Com muita propriedade, José Ru bens Morato Leite, define dano ambiental como “uma alteração indesejável ao conjunto de elementos chamados meio ambiente, como, por exemplo, a po- luição atmosférica; seria, assim, a lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e aproveitar do meio ambiente apropri- ado. 13 “ 12 O combustível mais limpo, mais eficiente e de qualidade superior qu e um hiper- carro pode ter é o hidrogênio num a célula de combustível. Um tal automóvel não só funciona em silêncio e sem poluição como também pode se tornar uma pequena usina de produção de eletri cidade sobre rodas. (CAPRA, 2002, p.261). 13 LEITE, José Rub ens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimoni- al. São Paulo: Editora Revis ta dos Tribunais, 2000. p. 98. 337 Da mesma forma, José Rubens Morato Leite nos traz uma segunda conceituação, onde o “dano ambiental engloba os efei- tos que esta modificação gera na saú de das pessoas e em seus interesses” 14 . Assim, este “ferir” aos direitos de cada um nos remete a análise de uma afetação não somente individual, mas também coletiva, difundida entre as pessoas. Pois, o meio ambi- ente é entendido como um todo, um macrobem . Conforme o autor anteriormente citado, “o bem ambiental (macrobem) é um bem de interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a título autônomo e como disciplina autônoma” 15 . Este ambiente é coletivo, por oposição ao ambiente indivi- dual (interior de uma moradia, de um local de trabalho). Assim, numa cidade, o ambiente, é a qualidade da água, do ar, dos ali- mentos, o nível sonoro, a paisagem urbana, a duração das mi- grações alternantes, a presença ou ausência de espaços verdes, ao mesmo tempo por seu papel na luta contra a poluição atmos- férica é pelo contato que fornecem com a natureza. 16 A atual economia de mercado contribui para a desigualdade social e, da mesma forma, pa ra o desequilíbrio ambiental. O meio ambiente não é mera peça mercadológica, se faz necessária uma mudança de paradigma urgente. Quando se fala em Mundo, está se falando, sobretudo, em Mercado que hoje, ao contrário de ontem, atravessa tudo, inclu- sive a consciência das pessoas. Mercado das coisa s, inclusive a natureza; mercado das idéias, inclusive a ciên cia e a informação; mercado político. Justamente a ve rsão política desta globalização perversa é a democracia de mercado. O neo –liberalismo é outro braço dessa globalização perversa , e ambos esses braços – de- mocracia de mercado e neoliberalismo – são necessários para reduzir as possibilidades de afirmação das formas de viver cuja 14 LEITE, José Rub ens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimoni- al. São Paulo: Editora Revis ta dos Tribunais, 2000. p. 98. 15 LEITE, José Rub ens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimoni- al. São Paulo: Editora Revis ta dos Tribunais, 2000. p. 98. 16 CASTELLS, Ma nuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 229. 338 solidariedade é baseada na contigüidade, na vizinhança solidária, isto é, no território compartido. O despertar da consciência humana para o enorme perigo que corre a humanidade se não preservar a Nave-Terra em suas múltiplas relações com os seres vivos é outro asp ecto importan- tíssimo a ser trabalhado. Desde os anos 70, descobrimos que os dejetos, as emanações, as exal ações de nosso desenvolvimento técnico industrial urbano degradam a biosfera e ameaçam enve- nenar irremediavelmente o meio vivo ao qual pertencemos: a dominação desenfreada da nature za pela técnica conduz a hu- manidade ao suicídio. 17 Outro grave problema enfrentado é a questão informacio- nal. O homem moderno é talvez mais desamparado que os seu s antepassados, pelo fato de viver em u ma sociedade informacio- nal, que, entretanto, lhe recusa o direito a se informar 18 . A ques- tão está na socialização d a informação. A crise energética também é fa tor relevante no panorama atual. A escassez de ener gia elétrica e de combustíveis fósseis faz com que o problema estenda-se a p atamares incontroláveis de desajuste social. Para sustentar o consumo energético desregrado dos edifí- cios, a produção de energia elétrica cresceu e causou um forte impacto ambiental com a construção de usinas, inundações, deslocamentos de populações (hidroelétricas), perda da biodi- versidade, ameaça dos ecossistemas, poluição e riscos de segu - rança pública com termoelétricas e usinas nucleares 19 . A mudança de paradigma na ce na ambiental é imprescindí- vel. O desenvolvimento sustentáve l tem suas raízes no Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum” e foi publicado em 1987 na Comissão Mundial sobre meio Ambiente e Desenvol- 17 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação de Futuro. São Paulo: Cor- tez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. p. 71. 18 SANTOS, Milto n. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Studio Nobel, 2002. 19 ADAM, Roberto Sabatela. Princípios do Ecoedifício: Interação entre Ecologia, Consciência e Edif ício. São Paulo: Aqu ariana, 2001. p. 19. 339 vimento. O ser humano responsável ambientalmente é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. A busca do dese nvolvimento sustentável requer a união de diversos sistemas (político, econômico, social, adminis- trativo e de produção). Promover o desenvolvimento sustentá- vel é promover a consciência ecológica. Não se pode mais admitir a idéia de uma economia baseada somente no acúmulo e criação de vastos níveis de capital. O desenvolvimento material da humanidade já expandiu de forma inigualável na história no século XVIII com a Revolução Indus- trial. Porém, hoje os custos são elevados, pois esta expansão s e deu em detrimento do ca pital natural 20 . Destruiu-se mais a natu- reza que em toda a história anterior. Observa-se que há um crescimento da consciência ecológi- ca no Brasil, e algumas indústrias existentes o paí s já se preocu- pam com a questão ambiental, inclusive muitas delas já vem adotando programas de qualidade ambiental para não perder mercado. 21 Muito importante é ressaltar a idéia da concretização de uma mudança engajada e positiva. Um contrato celebrado entre o homem e a natureza 22 , onde ambos saem vencedores. Tudo isso para garantir o presente e preserva para as futuras gerações. No âmbito municipal, o desenvolvimento precisa ser planejado para que este contrato ocorra . Quando se assume um planeja- mento urbano para gestão de recursos se faz uma reflexão uma reflexão teórica sobre a sociedade e, mais especificamente, sobre a mudança social 23 . 20 HAWKEN, Paul. Capitalismo Natural: cr iando a próxima revolução industrial. São Paulo, SP : Cultrix, 1999. p. 02. 21 BRITO, Francis co A. CÂMARA , B.D. Democratização e Gestão Ambiental: Em busca do desenvolvim ento sustentável. P etrópolis RJ: Vozes, 1998. p. 29. 22 LE CORBUSIER. Planejamento urbano. São Paulo, SP: Perspectiva, 2000. p. 49. 23 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade : Uma introdu ção crítica ao Plane- jamento e à Gestão U rbanos. Rio de J aneiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 73. 340 A consciência para uma efetiva proteção ambiental é ao mesmo tempo individual e coletiva. Deve despertar no indiví- duo e este, agindo comunicativamente, atuará com partícula do todo através da comunicação, até m esmo nas relações de con- sumo. A comunicação simbólica entre os seres humanos e o rela- cionamento entre esses e a nature za, com base na produção (e seu complemento, o consumo), exp eriência e poder, cristalizam- se ao longo da história em terri tórios específicos, e assim geram culturas e identidades coletivas . 24 O mundo empresarial precisa investir nesta mudança de pa- radigma e, para isso, implantar em suas atividades um sistema de gestão da organização. Este é a base para o estabelecimento de um método de gerenciamento que vise a melhoria contínua de resultados e promova o desenvolvimento sustentável. 25 A necessidade de reformulação alcança também a ag ricultu- ra, onde a pesquisa em busca de uma agricultura ecológica já é fato notório na atualidade. Contribuir para o bem estar social implica que a agricultura, bem como, a pesquisa agrícola devem atender às necessidades de uma alimentação básica, do sistema social em conjunto. 26 E não em detrimento da saúde e do equilí- brio ecológico tendo como único escopo, a lucratividade (BO- NES, 2002, p. 136). 27 24 CASTELLS, Ma nuel. A Era da Infor maç ão: Economia, Sociedade e Cultura – Volume I: A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 33. 25 JÚNIOR, Ênio Viterbo. Sistema Int egrado de Gestão Ambiental: “Como im- plementar a ISSO 14.00 0 a partir da ISSO 9.000, dentro de um ambient e GQT” São Paulo: Aq uariana, 1998. p. 15. 26 BONILA, Jo sé A. Fundamentos d a Agri cultura Ecológica: Sobrevivência e qua- lidade de vida. São Paulo: Nobel, 1992. BONE S, Elmar; HA SSE, Geraldo. P ionei- ros da Ecologia: breve história d o movimento ambientalista no Ro Grande do Sul. Porto Alegre: Já Editores, 2002. p. 244. 27 BONES, Elma r; HASSE, Ger aldo. Pioneiros da Ecologia : breve história do movimento am bientalist a no Ro Grande do Sul. P orto Alegre: Já Edit ores, 2002. p. 244. 341 E quando falamos em propriedade 28 , a mesma deve respei- tar a sua função social, como preceito da Constituição da Repú- blica Federativa do Brasil. Por certo, este ideal de adesão a o pacto social, ainda está longe de se conquistar. Te mos porém, na sociedade moderna uma dupla forma de se pensar a proprieda- de. Uma baseada no direito romano antigo de fruir, gozar e usar da coisa sem a n ecessidade de uma prestação de contas ao pares e ao governo. Outra provém do pen samento marxista que pre- conizava o fim da propriedade individual para então ver a con- cretização da socialização ou apropriação dos mei os fundamen- tais da produção. O que verificamos hoje é um meio termo en- tre as duas correntes, ou seja, a manutenção da pr opriedade in- dividual, porém com um destino social. Busca-se pensar a pro- priedade a partir dos interesses da coletividade e da sociedade 29 . Uma nova categoria de direitos emerge da complexidade do mundo social e escapa a concepção jurídica liberal. Trata-se dos Direitos Coletivos e Direitos Difusos 30 como espécies e Tran- sindividuais como gênero, em sua amplitude jurídica, social, econômica e política. Um direito que ao mesmo tempo é de todos, transpessoal e não se pode delimitar com exatidão, tão pouco seus resultados são determinados de forma antecipada. Estes são os direitos humanos de terceira geração, os direitos de fraternidade. Convém salientar que os diretos de terceira geração não ex- cluem ou impedem a projeção dos direitos de gerações anterio- res. Podem, portanto, frente a seu caráter complexo, que não se sustenta em um apoio só, modificar-lhes o conteúdo. A ordem jurídica brasileira, na tentativa de abranger todos estes aspectos, toma como paradigma a Constituiç ão de 1988, onde estão elen- 28 VARELLA, Marcelo Dias, BORGES, Roxana Ca rdoso B. O novo em direito ambiental. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 1998. p. 215. 29 ARAUJO, Luiz Er nani Bonesso de. A função social da propriedade agrária. In. LEAL, Rogério Gesta , ARAUJO, Luiz Erna ni. (orgs.) Dire itos Sociais e políticas Públicas: Desa- fios Contemporâneos. Santa Cruz do Sul – RS: EDUNISC, 2001. p. 20-22. 30 Não estão aliados a vínculo jurídico algu m e não pertencem a pes soas de f orma isolada. Indeterminados ou de difícil determinação. Ex: Direito A mbiental e Direito do Consumidor. 342 cadas situações de Direitos Tr ansindividuais. Como exemplo, entre tantos outros, podemos citar o art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, onde os Diretos Difusos estão garantidos no exemplo da temática ambiental. Torna-se comum a convivência dos direitos individuais clássicos co m os transin- dividuais no Estado Democrático de Direito. A Constituição da República Federativa do Brasil recepcio- n a e m s e u A r t . 2 2 5 , i n c i s o I I a f u n ç ão d e “ p r e s e r v a r a d i v e r s i d a - de e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material gené- tico”. Da mesma forma, a legislação infraconstitucional, nota- damente nos dispositivos: Medida Provisória 2.186/2001 e De- creto 3.945/2001 buscam regulame ntar o dispositivo constituci- onal citado anteriormente no que tang e ao acesso ao patrimônio genético, à proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de bene fícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização; bem como definem a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 4 – Biodiversidade Segundo Lévêque, o termo biodiversidade é uma contração de diversidade biológica, e foi introduzido na década de 80 pelos naturalistas que protestavam cont ra a destruição dos ambientes naturais e de suas espécies. 31 Mas, ainda para Lévêque, A biodiversidade não é um simples catálogo de genes, espé- cies ou ambientes. Ela deve ser percebida como um conjunto dinâmico e interativo entre os diferentes níveis da hierarquia biológica. Segundo as teorias atuais da evolução, é graças à 31 LÉVÊQUE, C hristian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru, SP: EDUSC, 1999. p. 13. 343 existência de uma diversidade genética no seio das espécies que estas últimas podem se adaptar às mudanças do meio ambiente que sempre marcaram a história da Terra. Reciprocamente, a diversidade genética de uma espécie evolui em função do tempo, em resposta a essas mudanças do meio ambiente, bem como em razão das mutações. O mesmo ocorre com as co munidades ve- getais e animais, que constituem os ecossistemas e que respon- dem por meio de mudanças qualitativas e quantitativas à s flutuações do meio no qual elas vivem. Esta dinâmica dos siste- mas biológicos e das condições ecológicas, às quais eles são co n- frontados, explica que as espécies ev oluam e se diversifiquem e que os ecossistemas hospedam floras e faunas mais ou menos ricas, em virtude de sua história. 32 O interesse pela biodiversidade pode ser motivada para fins econômicos como na agricultura, matérias primas para a indús- tria, medicamentos e uma crescen te valorização no domínio das biotecnologias. Em termos ecológicos, sua motivação se dá por- que é indispensável para manter os processos de evolução do mundo vivo, Ter um papel de regulação no equilíbrio físico- químicos da biosfera, contribui para a fertilidade do solo e sua proteção, bem como regula o ci clo hidrológico. Já em termos éticos e patrimoniais, os homens tem o dever moral de não eli- minar outras formas de vida, e o dever de transmitir as gerações futuras o que recebemos da natureza. 33 Já segundo a CDB (Convenção sobre a Diversidade Bioló- gica), diversidade biológica sign ifica a variabilidade de organis- mos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros sistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro das espécies, entre espécies e de ecos- sistemas. 32 LÉVÊQUE, C hristian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru, SP: EDUSC, 1999. p. 18. 33 LÉVÊQUE, C hristian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru, SP: EDUSC, 1999. p. 16. 344 5 - Biodiversidade na América Latina A emergência da questão da biodiversidade está ligada dire- tamente às florestas tropicais, abund antes no território latino- americano, e sua destruição. "De repente, todo o mundo desco- bria que as florestas tropicais concentram os habitats mais ricos em espécies do planeta, ao me smo tempo em que descobria que são as mais ameaçadas de extinção". 34 Na parte sul do continente americano, a floresta amazônica é a q u e c h a m a m a i s a t e n ç ã o . Q u a n d o s e f a l a n e l a h á d e s e l e m - brar que ela não envolve só o Brasil, mas uma área bem maior, compreendendo ainda porções de territórios do Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Equa- dor. Ao se fazer referência à biodiversidade, é importante frisar que: Reforçando a importância da bi odiver sidade para a América Latina, vê-se que a Amazônia representa 53% das matas tropi- cais hoje existentes no planeta. Além disso, detém uma das mai- ores bacias hidrográficas do mundo, cuja extensão é calculada entre 6.144.727 km² e 7.050.000 de km². 35 Já quanto às espécies, calcula-se que a Amazônia abrigue cerca de 10% da biodiversidade global, sendo considerada a região de maior diversidade da Terra. 36 São as florestas tropicais as que estão mais ameaçadas de extinção, o que tem chamado a atenção da mídia e das ONGs do mundo inteiro, por possuírem uma imensa riqueza em termos de biodiversidade. 34 SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio- técnico da informação d igital e genética. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 14. 35 FONSECA, Gus tavo A.B. da & SI LVA, José Maria C. da. Megadiversidade da Amazô- nia: desafios para a sua conservação. In Ciência & Ambient e/ Universidade Federal de Santa Maria, U FSM, nº 31, ju l/dez 2005. 36 FONSECA, Gus tavo A.B. da & SI LVA, José Maria C. da. Megadiversidade da Amazô- nia: desafios para a sua conservação. In Ciência & Ambient e/ Universidade Federal de Santa Maria, U FSM, nº 31, ju l/dez 2005. 351 8 - Biopirataria Como já visto anteriormente, há muitos anos a diversidade genética e suas espécies originárias dos países pobres (Sul) são coletadas por institutos internacionais de pesquisa, públicos ou privados, em grande parte com sede em de paí ses desenvolvi- dos. Mesmo que esses recursos provenham dos países do Sul, estes têm que pagar “royalties” para explorar de terminada subs- tancia ou processo patenteado no exterior, num cruel processo de apropriação dos conhecimentos das populações tradicionais. Segundo Vandana Shiva: Dos 120 princípios ativos atualmente isolados na medicina moderna, 75% têm utilidades que foram identificadas pelos sis- temas tradicionais. Menos de doze são sintetizados por modifi- cações químicas simples; o resto é extraído diretamente de plan- tas e depois purificado. Diz-se que o uso do con hecimento tra- dicional aumenta a eficiência de reconhecer as propriedades medicinais de plantas em mais de 400%. 47 Os lucros que são gerados a pa rtir da exploração desse pa- trimônio genético, por óbvio, que não revertem aos povos de- tentores dessa riqueza. I sso é conseqüência principalmente da s negociações entabuladas a partir da Organização Mundial do Comércio (OMC), que estabeleceu a formação de um regime único de propriedade intelectual sobre as biotecnologias, em especial, sobre as invenções a partir da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais e ela associ ados. Impõe-se assim, um regime de propriedade intelectual úni- co, que atende a visão individualista e capitalista das grandes empresas laboratório, concentrando cada vez mais em suas 47 SHIVA, Vandana. Biodiversidade, Direitos de Propriedade Intelectual e Globalização. In Boaventura de Sousa Sa ntos (org.). Semear out ras soluções: os caminhos da biodi- versidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileir a, 2005. p. 101. 352 mãos, o poder econômico e científico, excluindo dessa forma, as populações marginalizadas das florestas e do campo. 9 - Conhecimento Tradicional X Conhecimento Científico Quando se pensa na agricultura, tem que se fazer uma re- cuperação histórica de como ela vai se formando ao longo do tempo. No momento em que o homem deixou de ser nômade e se fixou num determinado territóri o, ele começa a produzir seus alimentos e armazena-los para suprir uma necessidade futura. Na medida em que o homem vai manipulando as espécies que formarão a sua base alimentar, a partir de um sistema seleti- vo que ao longo do tempo aprimora geneticamente essas espé- cies, ele constrói uma estrutura de con hecimento que lhe permi - te viver de forma agrupada em um determinado local. Dess e modo de produzir se originam determinadas relações que vão definindo as estruturas sociais. O modo de se rela cionar com a natureza vai conformando a estrutura social e especificando os meios de se adquirir posses. O que a espécie humana conseguiu por meio das agricultu- ras foi a segurança alimentar, expressão que hoje volta a ganhar o debate político. Afinal domesticar espécies anima is e vegetais é torna-las parte de nossa casa (em latim, domus, daí domesticar). Assim, mais uma vez, alimento e abrigo (domus, casa) voltam a se encontrar conformando um conjunto de questões interligadas para oferecer maior segurança a ca da grupo que, assim, se cons- titui por meio de sua cultura formando seus territórios (domí - nios). 48 48 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 209. 353 Daí, se valendo ainda de Vandana Shiva 49 , vê-se que o do- mínio da produção-reprodução, o uso da semente para a produ- ção de alimentos, atende as necessi dades da comunidade, ao mesmo tempo em que permite a reprodução do sistema onde agricultura, pecuária, caça, pesca formam um todo multidimen- sional, pautada pela diversidade biológica. (...) Salta desse quadro, a figura do camponês, para quem: [...] a terra é muito mais do que objeto e meio de produção. Para o camponês a terra é o seu lu gar natural, de sempre, antigo. Terra e trabalho mesclam-se em seu modo de ser, viver, multi- plicar-se, continuar pelas gerações futuras, reviver os antepassa- dos próximos e remotos. A rela ção do camponês com a terra é transparente e mítica: a terra como momento primordial da na- tureza e do homem, da vida. É aí que se demarca o espaço da família, parentes, vizinhos. Todos são membros da mesma co- munidade de laços e prestações, favores e obrigações. Apoiados na terra e trabalho, todos participam de um mesmo e únicos nós. 50 (IANNI, p. 28) O camponês se basta para si. Ele não depende do outro pa- ra a sua subsistência, pois o que produz lhe é suficiente. O co- nhecimento que lhe propicia uma organização de produção e social autônoma lhe pertence, poi s é um legado familiar que foi formado por seus ancestrais. O que se percebe dessa relação é que, ao mesmo tempo em que vai se criando novos conhecimentos, se forma e se consoli- da uma cultura que varia de lugar para lugar, pois cada agrupa- mento humano encontra soluções próprias para os seus proble- mas, daí se poder dizer que, na esteira de Porto-Gonçalves, “a 49 SHIVA, Vandana. Biodiversidade, Direitos de Propriedade Intelectual e Globalização. In Boaventura de Sousa Sa ntos (org.). Semear out ras soluções: os caminhos da biodi- versidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 50 IANNI, Octavio. Revoluções Camponesas na América Latina. In Revoluções Cam- ponesas na A mérica Latina. Or g.: José vicente T . dos Santos. S. P aulo, Ícone Edito- ra/Editora d a UNICAMP, 1985 354 espécie humana embora biologicam ente a mesma, diferenciou-se pela cultura”. 51 Se pensarmos como se estrut urava a exploração camponesa no período feudal, veriamos que o camponês, além da pequena porção de terra cercada ao redor de sua casa, onde cultivava para o consumo diário, participava ainda, fora da aldeia, de um siste- ma de produção no qual se dividia a terra para cultivo em três afolheamentos, os quais, por sua vez, também se dividiam em parcelas iguais, que pertenciam cada qual privativamente a uma família. Um afolheamento significava que todos cultivavam uma única espécie naquela área. Já a zona não partilhada era explora- da em comum e compreendia as pas tagens e a floresta. O que importa realçar é que a noção de propriedade dominante nesse período não é a da apropriação individual, como mais tarde vem de acontecer. Com a revolução liberal e o avanço tecnológico com a des- coberta da máquina a vapor, se instaura um novo modo de pro- duzir, através de utilização de insumos artificiais e da mecaniza- ção da lavoura. A esse novo processo se chamará de Revolução Verde, que determina uma grande transformação no meio rural, passando este a ser determinado pela lógica do mercado. Desse modo, mudam as formas de conhecimento sobre a produção e a domesticação das espécies, onde havia uma estreita relação entre a agricultura, pecuária e o extrativismo, garantidora de segurança alimentar para a comunidade. Num determinado momento sofre uma profunda mudança, pois a partir de então, todo o processo produtivo se dá a partir da lógica mercantilista, que leva a separação entre aque le que produz o alimento e o outro, que produz o conhecimento. Essa separação determina um novo método no modo de produzir: de uma produção assentada na diversificação, passa-se para a produção de um produto só, a monocultura, que no dizer de Porto-Gonçalves “é a negação de todo um legado histórico 51 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 208. 355 da humanidade em busca da gara ntia da segurança alimentar na medida em que, por definição, a monocultura não visa a alimen- tar a quem produz e, sim, a mercantilização do produto”. 52 . Nitidamente se percebe nesse modelo que o homem rural deixa de produzir de uma forma autóctone, au to-sustentável, e passa a depender de um conhecime nto que está em outro lugar, fora de seu âmbito de vida, di tada por uma lógica meramente mercadológica. Assim, [...] com o conhecimento produzido em laboratórios de grandes empresas em associação cada vez mais estreita com o Estado, a propriedade intelectual individual (paten tes) se coloca em confronto direto com o conhecimento patrimonial, coletivo e comunitário característico das tradições ca mponesas, indíge- nas, afrodescendentes e outras originárias de matrizes de racio- nalidade distintas da racionalidade atomístico-individualista oci- dental. 53 Forma-se um processo de dominação, onde aquele que produz a partir de um conhecimento que lhe pertence histori- camente, vê-se preso a um esque ma de produção na qual quem determina o que produzir, como produzir, é a grande empresa laboratório, desde agora, nova “dona” do conhecimento. 10 - Considerações Finais Para, portanto, respondermos a problemática proposta nes- se artigo, é necessário, portanto, considerar, neste cenário, a idéia de contingência. Ou seja, nenhum processo econômico, político, social, tecnológico e cultural é imutável na atualidade. 52 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 213. 53 PORTO-GONÇA LVES, Carlos Walt er. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 219. 356 Não perceber a idéia de que estruturas podem ser modificadas de forma rápida no contexto global é não permitir a produção de diferenças. Neste sentido, são necessárias estratégias que transcendam a idéia de Estados-Naçã o hegemônicos em termos econômicos e políticos. Todavia, no que tange às práticas dis- cursivas, deve-se buscar “estratégias contra-hegemônicas” e “es- tratégias legitimadoras de emancipação” 54 . Desta forma, uma possibilidade diferenciada de práticas discursivas encontra-se nas “perspectivas pós-coloniais”. As mesmas “emergem do testemunho dos países de Terceiro Mun- do e dos discursos das “minorias” dentro das divisões geopolíti- cas de Leste e Oeste, Norte e Sul” 55 . Buscam intervir na forma- ção de discursos ideológicos da pós-modernidade que tentam aferir uma “normalidade” hegem ônica à irregularidade de de- senvolvimento e às histórias dife renciadas entre as nações, co- munidades, raças ou povos. Na perspectiva pós-colonial a cultura é observada como es- tratégia de sobrevivência tanto transnacional co mo tradutória. Tradução no sentido de que as histórias espaciais de desloca- mento (acompanhadas das disputas territoriais e tecnologias globais e midiáticas) priorizam co mo a cultura significa e é signi- ficada. Assim, os discursos naturalizados como “unificadores” de povos e nações não podem ter referências imediatas. Tal perspectiva desperta consciência acerca da “construção da cultu- ra e da invenção da tradição” 56 . É necessário, portanto, buscar a percepção do lugar híbrido atribuído aos valores culturais onde a “metáfora da “linguagem” traz à tona a questão da diferença e incomensurabilidade cultu- rais”. 57 Tal compreensão possibilita o (re) questionar das noções etnocêntricas e consensua is da existência pluralista da diversida- de cultural. 54 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 240. 55 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 238. 56 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 241. 57 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizont e: Ed. UFMG, 1998. p. 247. 357 Assim, o Pós-Moderno aborda, principalmente, noções de valor como desenvolvimento, velocidade, tecnologia. Por mais volátil e adaptável que sejam as perspectivas dos discursos pós- modernos, todavia, não se concen tram no cerne da tradução dos processos culturais; suas trajetórias e errâncias no âmago de seus processos construtivos. Desta fo rma, também não perceb e os tempos de transformação na própr ia prá tica disc ursiva. Ent re- tempo este entre a proposição e em issão de discursos e recepção dos mesmos. Nesta trajetória/de sloc amento modificam-se as estru- turas, as instituiçõe s. O discurso se auto-produz e d eixa-se atra ves- sar em pequenas fissuras, produzin do outra s práticas oriundas de novas percepções e produções ling üísticas especí ficas em dado espaço e tempo. Em outras palavr as, o discurso da “cena ecológi- ca” assume d iferentes roupagen s de seu lugar in icial de hegemo nia. “Assume perspectivas no domínio da outridade e do social, onde a i de n t if ic aç ão se dá na própria diferença” 58 . Tal concepção permite a constr ução de diálogos e proces- sos democráticos conscientes acerca da questão ambiental. Per- mite decidir com “agência”. Capacidade de agir e vivenciar. Ação coletiva no sentido de movimentação (mov imentos soci- ais) que consigam perceber as diferenças e rupturas entre as di- versas concepções da “cena ecológica”. Na realidade, diálogo de saberes em construção. Modernidade e Pós-Modernidade são elas mesmas constru- ídas a partir da perspectiva marg inal da diferença cultural. Dife- rença que estrutura. A diferença própria é uma estrutura. Estru- tura estruturante no sentido de padronizar, em determinado campo, de forma violenta. Violên cia simbólica na produção do discurso da “cena ecológica” 59 . Por fim, a noção de habitus é interessante nesta compreen- são. Habitus “ enquanto conjunto estratificado e dinâmico de disposições que registram, armazenam e prolongam a influência 58 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura . Belo Horizonte: E d. UFMG, 1998. p. 257. 59 BOURDIE U, Pierre. Le sens pratique. Paris: Les Editions de Minuit, s.d. 358 de ambientes diversos encontrados sucessivamen te na vida das pessoas”. 60 Também em Bourdieu como estruturas estruturan- tes, disposições duráveis e transponíveis 61 . Sherry Ortner 62 dife- rencia a noção de habitus em Bourdieu, Foucault e Giddens. Para os primeiros a noção é profundamente internalizada, fortemente controladora e inacessível à consciên cia. Já para Giddens, “os sujeitos são capazes de refletir, até certo ponto, sobre suas cir- cunstâncias”. 63 Independente da consciência parcial ou não-consciência do sujeito acerca destas estruturas, o importante é salientar a consti- tuição do habitus enquanto somatóri o de condições culturais e condições simbólicas (culturais). Neste sentido a percepção da “cena ecológica” nos diversos lugares do globo depende da no- ção de habitus influenciada ao mesmo tempo por princípios de sociação e individ uação. No primeiro caso p orque “nossas cate go- rias de juízo e ação, advin das da sociedade, são co m partilhadas p or todos aqueles que se sujeit arem à condicionamentos e condiciona - mentos sociais semelhante s; e no se gundo porque cada pessoa pode ter trajetória e localiz ação únicas no mundo”. 64 Desta forma, a incorporação da noção de habitus para per- c e p ç ão das práticas discursivas no campo da ecologia é de suma importância para desvelar mecani smos inconscientes em determina- dos grupos assujeitados por discursos pós-modernos; que desconsi- deram a contingência, indeterminismo e os espaços conflituosos próprios do processo de globalizaç ão, principalmente no que tange a construção de saberes na cartografia de Estados-Nação pós-coloniais inseridos no universo transnacional. 60 WACQUAN T, Lo ïc. Mapeando o Habitus. In : Hab itus. Goiânia, v. 2, n . 1, p. 11 - 18, jan/jun. 2004. p. 14. 61 BOURDIE U, Pierre. Le sens pratique. Paris: Les E ditions de Minuit , s.d. p. 88 . 62 ORTNER, S herry B. Uma atu alização da Teoria Prática. In: Conferências e Diálo- gos: saberes e práticas antropológicas : 25ª Reunião Brasileira de Antropologia. Goiânia: Nova Let ra, 2006. 63 ORTNER, S herry B. Uma atu alização da Teoria Prática. In: Conferências e Diálo- gos: saberes e práticas antropológicas : 25ª Reunião Brasileira de Antropologia. Goiânia: Nova Let ra, 2006. p. 27. 64 WACQUANT, Loïc. Mapeando o Habitus. In: Habitus. Goiânia, v. 2, n. 1, p. 11-18, jan/jun. 2004. p. 14. 359 É justamente nesta tens ão entre estrutura e capacidade de agência que se pode alcançar possibilidades para resoluções de conflitos entre sustentabilidade e consumo. A resistência en con- tra-se no tensionamento e no “empoderamento”, ou seja, na busca e conseqüente acesso a informações sobre o que consu- mir, como consumir, quais as externalidades deste consumo. É através desta reflexividade sobre as ações do cotidiano que indi- víduos e coletivos podem conviver com as ambivalências da sociedade contemporânea, compreend endo as estruturas produ- toras de expectativas e as possíveis contingências das decisões tomadas neste circuito. O discurso entificante da tecnologia/economia e de suas “salvações” pode dificultar a compreensão das relações entre ecossistemas com os quais compartilhamos a exi stência. Desta forma, percebe-se que a informação tecnológica também neces- sita ser salva se quisermos salvar a bio-sócio-diversidade. Ou seja, salvar o objeto técnico do estado de alienação que ele é mantido pelo sistema econômico. Tal concepção pode soar es- tranho para ambientalistas, mas “talvez a salvação da natureza e da humanidade dependa de nossa capacidade de também salvar a técnica e a tecnologia”. 65 O objeto técnico é valioso pois é um processo contínuo de invenção em um espiral contínuo com a natureza, calcado de um emaranha do de significações que preci- sa ser percebido em rede e nã o somente por aspectos econômi- cos e mercadológicos. Tal questionamento é de sumária impor- tância no que tange a biodiversidade, sem sobra de dúvida, nos- sa maior riqueza planetária. Possibilit a e continuará proporcio- nando a continuidade da vida sobre a superfície da terra. Largamente explorada pelo mercado por décadas, a diversi- dade genética em suas espécies vêm sendo coletad as por institu- tos de pesquisa, públicos ou privados, majoritariamente de paí- ses desenvolvidos, em florestas, montanhas, campos, serrados 65 SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio- técnico da informação d igital e genética. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 66. 360 dos países megadiversos, em sua maioria do sul. 66 Óbvio que a intenção de quem fazia “pesquisas” e levava material para o seus países não era apenas para corre spond er a curiosidade cientifica, mas certamente haviam aqueles, que pretendiam fazer grandes descobertas que pudessem ser utiliz adas em seus países e gerar ganhos econômicos, o que ocorreu em muitos casos conheci- dos. Hoje é notório que uma grande quantia de espécies encon- tra-se conservados ex situ 67 , em bancos de germoplasma, fora de seu país de origem. Sem dúvida nenhuma, o avanço tecnológico se apresenta como de fundamental importância para os país es do sul, mas é inegável que na forma como se desenvolve esse processo, há uma nítida vantagem para os países do Norte, pois de uma for- ma sutil, criaram um sistema de normas internacionais, princi- palmente a partir do Acordo TRIPS, que só eles se beneficiam, em detrimento dos países do Sul. Estes, mesmo sendo detentores da maioria dos recursos na- turais do planeta, perdem o controle da sua exploração para as grandes conglomerações internacionais, que em nome do direito de propriedade intelectual, submetem diversas sociedades produto- ras aos seus interesses, ge rando com isso ganhos fantástic os, ao mesmo tempo em que mo nopoliz am o mercado mundial. Na área de recursos naturais, em especial o referente aos re- cursos da biodiversidade, devem os países da América Latina, criarem um sistema continental de proteção de seus direitos sobre esses bens, que pode ser extensivo a outros países de ou- tros continentes que também se caracterizam por serem mega- diversos. 66 “Segundo a ONG C onservation Internatio n al, dos 17 países mais ricos do mundo (entre o s quais figuram Es tados Unidos, China, Índia, África do Sul, Indonés ia, Malásia e Colômbia, o Brasil está em prim eiro lu gar disparado: detém 23% d o total de espécies do planeta.” 67 “Conservação ex sit u ” significa a conservação de componentes da diversidade biológica fora de seus h abitats naturais . Uma grande quantid ade de material colet a- do encontra-se em bancos de germ oplasma distribuídos pelo mundo. 367 Assim, para a realização do trabalho, utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo, partindo-se do paradigma normativo inaugurado pelos artigos 225 da Constituição Federal Brasileira, que elege o direito ambiental como direito fundamental das pre- sentes e futuras gerações, bem co mo dos artigos 14, 26, 30, 32 e 71 da Constituição Equatoriana a fim de entender e desenvolver o direito de sumak kawsay, ou seja, do direito à vida em sua pleni- tude. Já, na Constituição da Bolívia , analisar-se-ão os artigos 8º, 16, 19, 20, 33 e 34. 1 . O CONSTITUCIONALISMO E OS VALORES DECORRENTES DAS CONSTITUIÇÕES: CONSTRUINDO PONTES E ABISMOS ENTRE O NEOCONSTITUCIONALISMO E O GARANTISMO Inicialmente, far-se-á análise dos atuais estágios do consti- tucionalismo latino americano, para após, conceituar e contex- tualizar as diretrizes do neoconstituci onalismo e da crítica garan- tista. Assim, um primeiro ciclo multicultural, vai ser enquadrado de 1982-1988 e vai introduzir o conceito de diversidade cultur al, do reconhecimento da configuração multicultural da sociedade e alguns direitos específicos para os povos indígenas. (MINISTÉ- RIO PÚBLICO FEDERAL, 2013). Alguns países como Canadá (1982), por exemplo, reconhecem sua herança multicultural e os “direitos aborígenes”, enquanto que a Guatemala (1985), Nica- rágua (1987) e Brasil (1988) reconhecem a “conformação multi- cultural da nação ou Estado, o direito à identidade cultural e novos direitos indígenas” (FAJARDO, 2006). Especificamente quanto ao Brasil têm-se dois arti gos incorporando os direitos indígenas e outros dois tratando de direitos das comunidades quilombolas. [Document text truncated for crawler view.]