UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. DISCURSOS,
PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS EN LAS
ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS DEL COLECTIVO
SENEGALÉS DE SEVILLA

INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DO CTOR

SUSANA MORENO MAESTRO

2007

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. DISCURSOS,
PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS EN LAS
ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS DEL COLECTIVO
SENEGALÉS DE SEVILLA

INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DO CTOR

DOCTORANDA DIRECTOR

Susana Moreno Maestro Isidoro Moreno Navarro

2007

ÍNDICE

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN ...... 1
1.1. Contexto y objetivos de la investigación. ...... 1
1.2. El marco teórico-metodoló
g

ico. ..... 13
1.3. El desarrollo de la investigación: fa ses y técnicas. ...... 24
1.4. La estructura del texto. ...... 35

Capítulo 2. GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES. ...... 37
2.1. La globalización del Mercad o y sus efectos. ...... 37
2.2. El nuevo “orden” mundial. ...... 52
2 . 3. Las migraciones actuales como efecto de la globalización. ...... 58
2.3.1. Segmentación de los mercados de trabajo y flujos migrato rios. ...... 61
2.3.2. De migraciones origen-destino a mi graciones trasnacionales. ...... 70
2.3.3. Trasnacionalismo y ciudadanía. ...... 78
2.4. Derechos Humanos, Ciudadanía y Multiculturalida d:
sobre el concepto de “integración”. ...... 85
2.5. Los modelos de políticas sobre inmigración. ...... 107

Capítulo 3. ANDALUCÍA, “DE TIERRA DE EMIGRACIÓN A
PAÍS DE INMIGRACIÓN” ...... 143
3.1. El contexto económico: Andalucía y las te orías sobre el desarrollo. ...... 145
3.2. Los Planes económicos de la Junta de Andalucía. ...... 152
3.3. ¿Es hoy Andalucía una sociedad desarrollada? ...... 159
3.4. La situación dependiente de Andalucía y el mercado de trabajo. ...... 161
3.5. Los cambios demográficos y el papel de la inmigración. ...... 170
3.6. La “Segunda Modernización” de Andalucía. ...... 189

Capítulo 4. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN EN EUROPA,
EL ESTADO ESPAÑOL Y ANDALUCÍ A ...... 197
4.1. La construcción de la fortaleza europea. ...... 197
4.2. Andalucía, frontera sur de la UE. ...... 207
4.3. Las competencias en materia de inmigración: nivel estatal
I

y nivel autonómico. ...... 211
4.4. Las políticas de inmigración del Estado español: mirando a Europa. ...... 218
4.4.1. Etapas en la política de extranjería. ...... 219
4.4.2. El discurso de la “capacidad de acogida”. ...... 235
4.5. Las competencias autonómicas sobre inmigración. ...... 240
4.6. Un apunte sobre las políticas locales. ...... 244

Capítulo 5. EL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA,
1993-1996: DE POLÍTICAS PARA LO S EM IGRANTES A POLÍTICAS
PARA INMIGRANTES ...... 245
5.1. Las políticas migratorias de la Junta de Andalucía hasta 1993. ...... 245
5.2. La aparición de la inmigración en las políticas de la Junta. ...... 247
5.2.1. La transferencia de compet encias a las autonomías. ...... 247
5.2.2. El “Plan para la Integración Social de los Inmigrantes”
del Ministerio de Trabajo y su traducción en Andalucía. ...... 249
5.3. El Plan de Servicios Sociales de Andalucía, 1993-1996. ...... 250
5.3.1. La definición de los migrantes como personas con
necesidades especiales: la ap arición del principio particula rista. ...... 254
5.3.2. Emigrantes, tempor eros e inmigrantes: la importancia
de las identidades de origen. ...... 260
5.3.3. La visión utilitarist a de los inmigrantes y la construcción
de su imagen problemática. ...... 268
5.3.4. Hacia la normalización de las personas inmigrantes. ...... 273
5.3.5. Los proyectos y asociaciones subvencionados en el Plan. ...... 290
5.3.6. Marcando previsiones. ...... 294
5.3.7. El PSSA: el inicio de las políticas particularistas. ...... 296

Capítulo 6. CONTEXTO, PRINCI PI OS Y OBJETIVOS DEL PRIMER
PLAN PARA LA INMIGRACIÓN EN AN DALUCÍA ...... 301
6.1. El contexto social: la visibilizaci ón del “racismo cultural”. ...... 302
6.2. La multiplicación de los obstáculos para la integración:
una recapitulación de los cambios legales. ...... 308
6.3. La generación de la opinión pública a través de encuestas:
inmigración y delincuencia. ...... 310
II

6.4. El debate político sobre la inmigración. ...... 315
6.5. Estructuras, planes y programas en Andalucía. ...... 318
6.6. El desarrollo de Andalucía como “efecto llamada”. ...... 321
6.7. La reafirmación del principio particularista. ...... 322
6.8. Los principios rectores de l Plan. ...... 324
6.9. Los objetivos generales. ...... 327

Capítulo 7. LAS ÁREAS SOCIO-LABO RAL Y DE ATENCIÓN JURÍDICA
EN EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS COLECTIVOS
DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGA LESES DE SEVILLA ...... 331
7.1. Cuestiones legales en torno a lo laboral. ...... 331
7.2. ¿Personas o fuerza de trabajo?
La integración laboral como sinónimo de integración. ...... 332
7.3. Apoyando el autoempleo. ...... 336
7.3.1. Locutorios y restaurantes senegaleses. ...... 337
7.3.2. La venta ambulante como enclave étnico laboral senegalés. ....... 341
7.4. La Orientación Profesional, una solución demasiado a largo plaz o. ...... 358
7.5. La mediación intercultural. ...... 360
7.6. Subvenciones que reproducen la segmentación étnica
y de género del mercado de trabajo. ...... 361
7.6.1. Medidas para hacer inmigrantes “empleables”. ...... 364
7.6.2. ¿Fomentar la igualdad laboral desde la discriminación jurídica? ...... 367
7.7. La triple segmentación del mercado de trabajo:
étnica, de género y jurídica. ¿Es posibl e la integración? ...... 369
7.8. Los inmigrantes como sujetos activos. Las estrategias trasnacionales
del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 375
7.9. La atención jurídica a los inmigrantes: las bases legales. ....... 380
7.10. Poniendo en práctica las leyes estatales. ...... 382
7.11. El problema de los papeles en los colectivos de inmigrantes:
el caso senegalés. ...... 384
7.12. Reagrupamiento, ¿para qué tipo de fami lia? El caso senegalés. ...... 391

III

Capítulo 8. LAS ÁREAS SOCIO –E DUCATIVA, SOCIO-SANITARIA
Y DE VIVIENDA EN EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS
COLECTIVOS DE INMIGRANTES. EL CASO DE LO S SENEGALESES
DE SEVILLA ...... 399
8.1. Las cuestiones legales sobre la educación. ...... 399
8.2. Un diagnóstico del alumnado inmigrante en términ os
de “déficits culturales”. ...... 402
8.3. La importancia de la escuela para la integración: la formación
de un sentimiento de pertenencia común. ...... 404
8.4. La escuela: creciente multic ulturalidad del alumnado y permanencia
del principio monocultural. ...... 412
8.5. La no valoración de la doble p ertenencia cultural para la integración
en la escuela: el caso senegalés. ...... 420
8.6. Un tratamiento individua l a situaciones colectivas: los
condicionantes de la participación. El caso senegalés. ...... 427
8.7. La necesidad de tener en cuenta el pluralismo en la escuela. ...... 437
8.8. El área socio-sanitaria. Las bases legales. ...... 442
8.9. La “verdadera” Medicina y las dificultades y riesgos de
los nuevos usuarios. ...... 443
8.10. La salud, ¿una cuestión exclusi vamente “científica”? ...... 447
8.11. Complementariedad de medicinas y tratamientos :
el caso de los senegaleses de Se villa. ...... 450
8.12. El área de vivienda. Las bases legales. ...... 452
8.13. El intento de implicar a los ayuntamientos para albergues
y viviendas. ...... 452
8.14. Estrategias de los colectivos de inmigrantes sobre la vivienda:
el caso senegalés. ...... 458

Capítulo 9. LAS ÁREAS DE RECURS OS SO CIALES Y SOCIO-CULTURAL
EN EL IPIIA Y SUS REPERCUS I ONNES SOBRE LOS COLECTIVOS
DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGA LESES DE SEVILLA ...... 465
9.1. El área de recursos sociales: bases leg ales. ...... 465
9.2. Orientando la integración desde el principio particularista. ...... 465
9.3. Las redes intracomunitarias senegalesas, una estrategia
IV

para la optimización de los recurso s. ...... 470
9.4. Subvenciones para el asociacionismo. ...... 473
9.5. Formas de asociacionismo del colect ivo senegalés de Sevilla. ...... 477
9.5.1. La Asociación “Inmigrantes por la Igualdad”. ...... 477
9.5.2. El ámbito religioso: cofrad ías islámicas y dahira. ...... 485
9.5.3. “Agasis”. ...... 497
9.6. La atención a grupos. ...... 498
9.6.1. El tratamiento a los menores no acompañados. ...... 498
9.6.2. El tratamiento a los hijos de inmigrantes. ...... 503
9.6.3. Incorporando a las mujeres inmigrantes a los recursos
existentes para mujeres. ...... 504
9.6.4. La prostitución: un planteamie nto en términos de mafi a y control. ...... 509
9.7. El deporte como contexto intercultural: posibilida des y limitaciones. ...... 511
9.8. El área socio-cultural. Defini endo el ámbito. ...... 515
9.9. Lo “intercultural”, nuevas medidas para la socied ad de acogida. ...... 516
9.10 Cubriendo las “necesidades culturales” con recursos propios.
El caso del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 519
9.11. Incentivando la inserción de jóvenes y mujeres inmigrantes
en el tejido asociativo andaluz. ...... 522
9.12. Repitiendo medidas para fijar conceptos. ...... 527
9.13. ¿Se dirige el área socio-cultur al del IPIIA al desarrollo y difusión
de las diferentes culturas? ...... 528
9.13.1. La importancia de la s manifestaciones culturales y religiosas
propias para la integración del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 529
9.13.2. Los déficits del área socio-cultural. ...... 535

Capítulo 10. LAS ÁREAS DE FO RMACIÓN E INVESTIGACIÓN, DE
SENSIBILI ZACIÓN SOCIAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
EN EL IPIIA Y SUS REPERCUS IONES SOBRE LOS COLECTIVOS
DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGA LESES DE SEVILLA ...... 537
10.1. Construyendo y difundiendo el conocimiento sobre la inmigración. ...... 537
10.2. Los procesos de integración, epicentro de la labor investigadora;
la mediación intercultural, epicentro de la lab or formativa. ...... 544
10.3. La imprescindible “perspecti va de género” y su circunscripción al
V

ámbito laboral. ...... 546
10.4. La aspiración de la formación en origen. ...... 547
10.5. La formación dirigida hacia los profesionales andaluces. ...... 548
10.6. El área de sensibiliz ación social: la UE como referente y la
repetición de objetivos y medidas. ...... 555
10.7. Los Encuentros Interculturales, una visión muy limitada. ...... 559
10.8. ¿Qué entiende la Administración andaluza por
“encuentro intercultural”? La partic ipación del colectivo senegalés
en fiestas andaluzas. ..... 560
10.9. La repetición de medidas contempladas en otras áreas del Plan. ...... 569
10.10. Las actuaciones sobre lo s medios de comunicación como
creadores de opinión y la visión del colectivo senegalés so bre
las informaciones. ...... 571
10.11. Repitiendo medidas. ...... 574
10.12. Sobre los resultados de la sensibilización: lo que piensan
los senegaleses de cómo los ven los sevillanos. ...... 575
10.13. La Cooperación al Desarrollo como freno de la inmigración. ...... 583
10.14. ¿Erradicar la pobreza en origen favoreciendo la sociedad de destino? ...... 584
10.15. Aspectos no tenidos en cu enta por el Plan ejemplificados
en el caso del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 587
10.15.1. Las remesas. ...... 587
10.15.2. Inversiones en el país de origen. ...... 591
10.15.2a. Para estar presente allí . ...... 591
10.15.2b. Los proyectos acogidos al Plan EQUAL. ...... 595
10.15.2c. Los proyectos colect ivos trasnacionales en Touba. ...... 596

Capítulo 11. CAMPAÑAS Y PROYECTOS EN EL PRIMER PLAN
INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA ...... 609
11.1. Las campañas de difusión. ...... 609
11.1.1. Qué se difunde y cómo se difunde. ...... 609
11.1.2. Una única estrategia para el conjun to de los inmigrantes. ...... 613
11.2. Tipos de proyectos y de asociaciones subvencionados. ...... 614
11.2.1. Los criterios para el análisis. ...... 614
11.2.2. Asociaciones y proyectos subvencionados cada año. ...... 615
VI

11.2.3. Analizando los proyectos subvencionados. ...... 632
11.2.4. Los proyectos financiados a “Inmigrantes por la Igualdad”
y su papel en la estrategia del colecti vo senegalés de Sevilla. ...... 639

CONCLUSIONES ...... 645

BIBLIOGRAFÍA ...... 669

VII

patrimonio cultural de los senegaleses y senega lesas de Sevilla en su integración en la
sociedad andaluza? Y si tenem os en cuen ta que los marcadores identitarios son
instrumentos im prescindibles en la cohesión de un grupo, cabe preguntarse ¿es esta
cohesión potenciadora de inte racción o de segregación?
Pensamos que, en general, el ámbito de la cultura de los colec tivos de
inmigrantes se e studia insuf icientem ente. Los procesos de integración de los
inmigrantes suelen analizarse, la m a yoría de las veces, ún icamente sobre las variables
de la edad, la situación legal, la duración de la estancia, la s dificultades lingüísticas y los
problemas laborales. También los análisis políticos y económ icos están fuertemente
dominados por una aproxim ación indivi dual que entiende la integración,
principalmente, en té rminos lingüísticos, residenciales y económ icos del individuo; la
integración cultu ral en ocasiones es m enciona da, pero las dificultades de medida y de
interpretación hacen que pocas veces se ll egue a m e dir el grado de integración y a
concluir que los grupos inmigr antes están más o m enos integr ados culturalmente (Piché
y Bélanger, 1995). Es, en parte, empezar a cubrir esta laguna lo que m odestamente
tratamos con la Tesis que presentamos.
Ha sido, además, el analizar las variable s culturales lo que nos ha obligado a
prestar atención a la existencia de una diáspora con conciencia de identidad y
significaciones culturales propias, es deci r, a m aneras de func ionar y de vivir las
migraciones poco tratadas hasta el m omento en los análisis y nada tratadas en las
políticas. El carácter trasnacional del proces o migratorio senegalés –como el de otros
colectivos migratorios- ha hecho del estudio de las redes sociales uno de los principales
ejes de la investig ación sobre el colectivo. Conformadas por parientes, vecinos y otros
conocidos, son el canal por el que circulan inform ación y bienes materiales y simbólicos
conformando un espacio trasnacional. Los senegaleses conforman una comunidad
trasnacional, comparten un im aginario, un código cultural, una constancia en el
intercambio de bienes materiales y simbólicos , y una tensión entre la pertenencia al país
de origen y al lugar de acogida.
En nuestro estudio para la obtención de la Suficiencia Investigado ra del Tercer
Ciclo analizábamos la relación entre la reaf irmación de la iden tidad etno-nacional de los
senegaleses en Sevilla y la capacidad de integración del colect ivo en la sociedad
sevillana. Ahora, respondiendo a nuestro especial interés por el análisis de las
situaciones de interacción entre las socied ades recep toras y los dis tintos colectivos
étnicos inm igrantes, presentamos una investig ación que está centrada en el análisis de
7

los planes y actuaciones del gobierno de la Comunidad Autónoma respecto a la
inmigración pero que también pone en relaci ón estos con las estrategias em pleadas por
el colectivo senegalés de Sevilla para adap tarse a una situación en gran parte
condicionada por estas políticas.
Con este referente etnográfico tratarem os de m ostrar la insuficiencia e incluso la
inadecuación de gran parte de las políticas públicas andaluzas sobre la inmigración.
Porque, como señalan Martín, E., Cast año, A. y Rodríguez, M. (1999:58): “Frente a la
visión de la emigración co mo un único fenómeno, está la realidad de unos procesos
migratorios específicos que hacen referenc ia a una realidad de origen, una inserción
económica y social, y unas percepciones y va loraciones diferenciadas para los distintos
colectivos que podemos establecer”. Mostra remos también cóm o la reafirm ación de la
identidad cultural por parte de los colectivos de inm igrantes, en concreto del colectiv o
senegalés, no es, la mayoría de las v eces, una resistencia con sciente a la dinámica global
de homogeneización de modos de vida, sino que se trata de una estrategia de adaptación
a la sociedad andaluza desde una situ ación de no reconocimiento social.

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN:
1. Analizar la evolución de los discurso s y las prácticas que constituyen las
políticas sobre inmigración de la J unta de Andalucía desde 1985 a 2005, en
especial los contenidos del Prim er Pl an Integral para la Inmigración en
Andalucía, 2001-2004.
2. Analizar cuál es el lugar que s e pr etende ocupen los inm igrantes, a nivel
individual y colectivo, en el proyecto de sociedad definido como deseable para
Andalucía.
3. Analizar si la Junta de Andalucía foment a la construcción de vínculos entre los
diversos componentes de la actual sociedad andaluza –autóctonos y diferentes
colectivos de inmigrantes- y si a partir de sus políticas puede hacerse viable una
pertenencia cívica com ún como referente primario de la “ciud adanía” andaluza.
4. Analizar las repercusiones de las políticas de la Junta de Andalucía sobre un
colectivo concreto de in migrantes: los senegaleses de Sevilla, que responden al
tipo de migración “trasnacional”.
5. Determinar las id eologías subyacentes en es tas políticas y el grado en que
responden al principio universalista, particularis ta o multiculturalista.

8

OBJETIVOS PARCIALES:
1. Análisis del contexto soc ial, político e in stitucional a nivel es tata l y andaluz, en
que surge la primera L ey de Extranjerí a estatal, en 1985, y los discursos y
medidas que se tom an en Andalucía respecto a la inmigración con base en
aquella.
2. Análisis del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 y su relación
con el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes 1994 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, como propuesta de acción para las Comunidades
Autónomas. Análisis del contexto soci al, político e instit ucional del periodo,
incluyendo el marco europeo.
3. Análisis del Plan Integral para la Inmi gración en Andalucía 2001-2004 y de sus
documentos de evaluación.
4. Análisis de los m odelos de políticas migratorias presentes e n las distin tas áreas
de intervención inclu idas en los Planes: so cio -educativa, socio- laboral, sanitaria,
de recursos sociales, de vivienda, so cio-cultural, jurídica, de formación e
investigación, de sensibilización y de cooperación al desarrollo.
5. Analizar las políticas de la Junta de Anda lucía respecto a los distin tos tipos de
asociaciones de inmigrantes y pro-inm igrantes en cuanto a subvenciones.
6. Análisis de las estrategias de integrac ión del colectivo senegalés de Sevilla.

HIPÓTESIS:
1. Los discursos de la Junta de Andalucí a sobre inmigración, aún modificándose en
las diversas fases de acuerdo con los c ontextos político, social y económico de
Andalucía, el Estado Español y la Unión Europea, están estrechamente ligados a
la afirmación de que Andalucía se ha incorporado a las so ciedades avanzadas.
La consideración, que continúa manteniéndose oficialm ente, de que es necesario
preservar la relación con A ndalucía d e los colectivos de em igrantes andaluces no
se corresponde con el contenido de las pol íticas de inmigración en las cuales no
se valora la identidad de origen de los inm igrantes en Andalucía.
2. Las políticas migratorias de la Junta de Andalucía responden, principalmente, al
principio pa rticularista que pretende una integraci ón de individuos y no de
comunidades culturales diversas.
3. La Junta de Andalucía no contem pla el carácter crecientemente trasnacional de
gran parte de las migraciones actuales.
9

4. La Junta de Andalucía no c ontempla la pluralidad exis tente dentro del colectivo
de inmigrantes y da un trato igual a necesidades y dem andas diferentes: se
plantea como objetivo dar un igual tratam iento a todos los inmigrantes y a estos
una igualdad de trato que a los autóctonos. Este objetivo de “norm alización”
supone una filosofía asimilaci onista y tiene como resultado la acentuación de las
desigualdades de partida, al tratar de forma igual a los que han sido situados,
incluso legalmente, en posición de desigualdad.
5. Las políticas de la Junta de Anda lucía no pretenden como objetivo la
convivencia de una pluralidad de id entidades culturales resultado de los
procesos migratorios. No van en la dir ección de disociar la pertenencia a una
comunidad cívica y política com ún de la identificación con una tradición
cultural.
6. Existe una falta de identificación co n A ndalucía por parte de la m ayoría de los
inmigrantes debido a que las políticas de inmi gración, aunque tienen com o
objetivo declarado la inte gración social y económica de estos, dificultan el
acceso a la ciudadanía.
7. Los objetivos, al menos en el discurso, de las políticas de integración de la Junta
de Andalucía chocan con la política estatal y europea respecto a la inmigración.
8. Mientras más cohesionado y organizado esté un colectivo de inmigrantes,
mayores posibilidades tendrá de funciona r d e forma efectiva en el nuevo m edio
sociocultural y, por tanto, más posibilid ades tendrá para una buena inserción
tanto colectiva como individualm ente.
9. No existen políticas decididas, por parte de la Junta de Andalucía, para fortalecer
y desarrollar las culturas específicas de los diversos colectivos (lengua,
expresiones, sociab ilidad interna, e tc.). Las política s de la Junta de Andalucía
son más de sensibilización de la sociedad recepto ra para prevenir el racism o y la
xenofobia que de reconocimiento del derecho a la diversidad cultural.

UNIDADES DE OBSERVACIÓN:
A. Planes de Inmigración, evaluaciones oficiales sobre su cum plimiento y
eficacia y discursos sob re inmigració n de la Junta de Andalucía.

10

A través del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 y, sobre todo,
del Primer Plan Integral para la Inmigación en Andalucía 2001-2004 el gobierno
andaluz lleva a cabo sus políticas en m ateria migratoria. Por ello, el an álisis d e estos
documentos nos servirá para dilucidar qué pr etende la Junt a de Andalucía en m ateria
migratoria y cuáles son las actu aci ones que fomenta y desarrolla.
Comenzar n uestro análisis con el Plan de Servicios Sociales , prim er documento
de atención a los inm igran tes, y centrarnos en el Primer Plan Integral nos permitirá
seguir la trayectoria del gobier no andaluz en esta materia, llegando prácticamente hasta
nuestros días, ya que el Segundo Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-
2009 no ha sido aprobado, por Decreto de Gobier no de la Junta de Andalucía, hasta
muy recientemente, en 2006, continuando hasta entonces las actuaciones del primero.
Analizamos los discurso s contenidos en los Planes en tanto que constituy en
planteamientos y valoraciones a partir de los cuales la Junta de Andalucía define
objetivos y diseña medidas de actuación para el tratamie nto de la inm igración. El
gobierno andaluz, a través de la práctica totalidad de sus cons ejerías, pone en práctica lo
señalado en los Planes para gestionar el proceso de integración de los inmigrantes.
Junto al Primer Plan para la Inmigración en Andalucía analizam os también las
Evaluaciones Técnicas del mismo de 2001, 2002 y 2003, así com o la Evaluación
Externa, en tanto que constituyen e valuaciones oficiales c on las que la Junta ha ido,
supuestamente, redefiniendo sus actuaciones en virtud de los resultados obtenidos. A
través de allas, analizamos lo que se hace, lo que no se hace, lo que sirvió, lo que no
sirvió, lo que sigue sirviendo y lo que ha dejado de servir, siempre desd e la óptica de los
Planes.
Para analizar estos documentos, nos he m os servidos de herramientas teóricas
para plantear una serie de preguntas a di chos textos: cuáles han sido las líneas de
intervención escogidas, qué temas se han trat ados en cada una de ellas , cuáles son los
valores que rigen las prácticas y cuáles los que se fomentan desde ellas. A los principios
definidos como rectores de las po líticas -tales como igualdad , interculturalidad y
normalización - les hemos aplicado una serie de pa rámetros con los que “medir” su
presencia en cada área de intervención; a su vez, los hemos puesto en relación con
posibles repercusiones generadas por su pres encia o, por el contrario, por su ausencia,
entrando también a analizar prácticas y contextos de di scriminación, exclusión y
asimilación. Ponemos en relación, a su vez, estos planes de actuación con m odelos
migratorios y formas de actuar los inm igr antes para dilucidar, así, s i estos,
11

individualmente y/o a nivel co lectivo, son considerados suje tos activos o pasivos de las
intervenciones de la Administración.
En definitiva, con nuest ro análisis de los Planes de Inm i gración pretendem os
identificar cuál es el modelo de integración de la Junta de Anda lucía y qué principio o
principios lo rigen, así como las consecuencias de ello.

B. El colectivo de senegaleses de Se villa como comunidad trasnacional.
Nuestra elección del colectivo senegalés vien e justificada, en primer lugar, por el
deseo de estudiar un colec tivo de negro-africanos en tanto que la proporción de
inmigrantes subsaharianos se está elevando de forma importante en los últimos tiempos
en Andalucía, tanto en contextos urbanos co mo rurales, y apenas han sido considerados
en las investigaciones hasta el momento, a pesa r de sus especificidades. En este sentido,
el proyecto trata de cub rir nuevas dimensiones del fenóm eno migratorio y contribuir a
los estudios sobre inmigración subsahariana en Andalucía. En se gundo lugar, dentro de
los colectivos posibles de negro-africanos, nos hemos dedicado al an á lisis del colec tivo
senegalés por haber sido este al que dedicam os nuestra inve stigación para la Suficien cia
Investigadora, ya que era uno de los colec tivos negros más num erosos en Sevilla y,
también, por perm itirnos continuar con el estu dio de las migracion es trasnacionales, que
despertó en nosotros un gran in terés durante aqu ella investig ación anterior y para lo que
el colectivo senegalés constituía un c aso paradigm ático.
A nivel práctico, en cuanto a la implem entación de políticas de integración, ya
planteamos en nuestra investigación para la Suficiencia Investigadora que sería
fundamental prestar la debida atención a estos diversos colec tivos, y es por ello que en
esta investigación ponemos en relación las estr ategias de los senegaleses de Sevilla con
las políticas de inte graci ón andaluzas. La determ in ación de seleccionar el
funcionamiento de este colectivo en una ciud ad concreta vino m otivado por el hecho de
que, aunque existan factores más o menos ge neralizables a todo el Estado, com o puedan
ser el marco legislativo o ciertas condici ones de los m ercados de trabajo, es
dependiendo de las distintas estrategias que cada colectivo utiliza en su integración en la
sociedad receptora y de las relaciones soci ales que se establecen en co ntextos locales
concretos, como se llega a una amplia he terogeneidad de situaciones. En nuestra
investigación, nos hemos centrado en Sevilla , d ebido a la visibilid ad que el grupo de
senegaleses está tomando en la ciudad, y hem o s prestado especial at ención al barrio de
San Jerónimo por tener allí su s centros principales de reunión y relación.
12

1.2. El marco teórico-metodológico.
En los estudios realizados hasta el momento dedicados a analizar la relación
entre migraciones internacionales y so ciedades receptoras se ha actuado,
principalmente, sobre cuatro cam pos (H ollifield, 2000; Massey, 1999; López Salas,
2005): 1.- sobre las políticas de inmigración, lo que engloba estudios sobre la regulación
y gestión de flujos y sobre los modelos de in serción de los inmigran tes en las sociedades
de destino; 2.- sobre el imp acto de la inm i gración tanto en la polític a exterior de los
estados emisores y receptores, com o en las rela ciones inte rnacionales; 3.- sobre el efecto
que causa la presencia de inm i grantes en las políti cas del Estado receptor en térm inos de
ciudadanía, derechos, esfera pública, etc.; y 4.- sobre tr asnacionalismo, identidades y
form as de actuación pú blica más allá de la p ertenencia a u n estado y su ter ritorio. En
nuestro caso, entendemos que esta división no funciona en la realidad concreta ni puede
establecerse a nivel analítico, pues todas estas cuestiones se interrelacionan: no se puede
hacer un análisis de las polít icas migratorias sin ponerlas en relación con los diversos
modelos migratorios actuales, entre los qu e cobra creciente im portancia el modelo
trasnacional, que es el que más se corresponde con la característi ca central de nuestro
mundo: la glocalización .
La presente investigación la situamos en el marco metodológico que define al
grupo de investigación GEISA, desde el que entendemos que el pluralismo cultural
refiere no solo a la diversidad de cultura s étnicas, sino tam bién a la diversidad de
culturas de género y socioprofesionales. De sde el paradigm a de la “matriz cultu ral
identitaria” (Moreno, 1991), analizamos las identidades étnicas, de género y
socioprofesionales como resultantes del desplie gue de los tres principios estructurales
que, aunque independientes, funcionan de form a im bricada. Con esta base, entendemos
no caer en el error generalizado de considerar homogéneo el mal denom inado
“colectivo” de inmigrantes ni ta m poco la sociedad receptora.
Por otra parte, como ha ocurrido y con tinúa ocurriendo en la m ayor parte de
temas y cuestiones, los análisis sobr e migr aciones se han elaborado dem asiadas veces
desde la visión masculina, focalizando la at ención en los hom bres y generalizando su
situación a la de todo el grupo. Sin embargo, cada v ez em igran más mujeres con
independencia del hombre y su re alidad en la em igración es b ien diferente: sueldos más
bajos por el mismo trabajo, adquisición de ba jo estatus por las la bores desem peñadas,
consideración como m ano de obra sumisa... Lo cierto es que, a fines de los 90, las
mujeres representaban ya casi la mitad de los m igrantes y refugiados en el mundo
13

(Zlotnic, 2004; Kofman y Erel, 2003), lo que ha dado lugar a im portantes cambios a
todos los niveles, incluidos los contenidos de los roles de género, por lo que, en algunos
casos, las responsabilidades domésticas y de cu idados a la fam ilia propia han pasado a
manos de hom bres. En nuestro caso, aunque en el colectivo senegalés de la ciudad
exista una presencia notablemente m ayor de hombres que de mujeres, hem os tratado de
atender tanto a la realidad de ello s como de ellas y de no homogeneizar al grupo
atribuyendo a este características fundamentalmente m asculinas.
En cuanto a las culturas del trabajo 5 , hemos tratado, tam bién, de no caer en el
reduccionismo y, aunque la mayor parte del cole ctivo de la ciudad se dedique a la venta
ambulante, tam poco hemos atendido al desarro llo de esta activ idad como si fuese el
único factor del que se deriva la m ayor parte de las m aneras de actuar de la totalidad de
los senegaleses y senegalesas, aunque sí le hemos dado una importancia acorde con la
que pensamos tiene para la totalidad del colectivo.
En cuanto al ámbito de la etnicidad, he m os constatado la pluralidad de grupos de
pertenencia diferentes dentro del colectivo senegalés de Sevi lla. Aún así, hemo s dado en
el trabajo un peso proporcional al que repr esentan en el conjunt o del colectivo los
miembros de la etnia wolof, aunque especi ficando siem pre que esta constituy e el grupo
mayoritario pero no la totalidad. En esta cuestión, hemos considerado importante
analizar lo que significa en la emigraci ón tanto la pertenenci a a un grupo étnico
concreto como la nacionalidad senegalesa.
La “matriz identitaria” es, pues, el m arco teórico-metodológico de nuestro
análisis; sin embargo, no hem os dejado de prestar atención a ot ros referentes de
identificación que se han mostrado de gran importancia a lo largo de la investigación,
referidos a la edad, la antigüedad en Andalu cía, el tipo de proyect o migratorio y otras
variables. En este sentido, el ámbito religi oso, dim ensión fundamental de la identidad de
numerosos pueblos (Tam ayo, 2007) 6 , se convierte también en ámbito principal de
análisis en la medida en que el Islam, en su lectura cofrádica, im pregna la cultura y se
constituye en marcador identitario de la m ayoría de la población senegalesa. ¿ Cuáles
son las funciones y significa dos de creencias, prácticas, r itu ales y contex tos religios os

5 Moreno, I.: “Globalización, ideologías sobr e el trabajo y culturas del trabajo” , en Áreas. Revista de
Ciencias Sociales nº 19 (1 7-34), 19 99; Palenzuela , P.: “Las cul turas del t rabajo: una a proxim ación
antropológica”. S ociologí a del Trab ajo nº 24 (3-28). 1995; Escuelas Universitarias de Relaciones
Laborales de Sevilla y Hu elva: TRABAJO. Revista Andaluza de Rel aciones Laborales nº 3, “Culturas del
Trabajo”. 19 97.
6 Extraído de su conferen cia “Multiverso religioso y d iálogo entre religion es”, dentro del V Coloquio
Internaciona l Religión y Cultura: Pa trimonio Cultura l, Religión y Turismo . Asana y ALER. Sevilla, 26
de may o de 2007 .
14

del colectivo senegalés en Se villa? ¿Qué rol juegan en la cohesión del grupo y en el
proceso mismo de inserción en la sociedad receptora?
A este respecto, con el tratamiento de las formas organizativas y los valores
religiosos de la em igración senegalesa pretendem os iniciar el análisis del patrimonio
cultural intangible de la nueva diversidad cultural existe nte en Andalucía, im bricando,
así, dos líneas de análisis fundamentales del grupo de investigación GEISA: por un
lado, el estudio del Patrimonio Cultural in tangible andaluz en torno a símbolos y
contextos rituales religiosos que se han convertido en mar cadores identitarios a nivel
grupal, local o supralocal; y, por otro, el aná lisis de los pro cesos migratorios (andaluces
en la emigración, inm igrantes en Andalucía, rituales de reproduc ción identitaria de
minorías étnicas y/o nacionales).
Pensamos que sería conveniente, antes de entrar en el análisis y para evitar
confusiones, establecer alguna s definiciones operativas so bre conceptos y categorías
que no siempre son utilizados con u na misma significación en la literatura antropológica
y sociológica. Nos referimos tanto a conc eptos que aparecerán de forma habitual
durante todo el trabajo como a otros que, aunque estarán m enos presentes, son
importantes por referir a realidades q u e conforman los procesos migratorios.
En primer lugar, y aun que no constituya originalidad, se hace necesaria un a
cierta discusión respecto a las categoría s de población inm igran te y de población
extranjera. López de Lera (2005) establece que toda migrac ión implica un cam bio de
residencia habitual, un cambio permanente de unidad administrativa de residencia; una
definición que habría que matizar si tenem o s en cuenta las migraciones trasnacionales.
Para él, la población inmigrante es la no nacida en el estado donde reside y la población
extranjera es aquella que tiene una nacionalidad di stinta a la de los “nacionales” del
país donde reside. Según es ta definición, el término inmigrante so lo incluiría a la
primera generación, a extranjero s nacionalizados y a nacionales nacidos en el exterior.
Lewellen (2002) habla del inmigr ante como la persona que deja su país de ciudadanía
para vivir permanentemente o por un largo periodo de tiempo en otro país. Por tanto,
refiere al país de asentamiento (se es em ig rante desde el país propio). Sin embargo,
pensamos, el térm ino inmigrante va mucho más allá de estas definiciones; se trata de un
término tota lmente subjetivo que ref iere, principalm ente, al ámbito de las percepc iones,
de cómo son percibidos los otros , m otivo por el que hablamos, por ejem plo, de
inmigrantes de segunda o tercera generación. Com o científicos sociales, hemos de ir
mucho más allá de las defini ciones jurídicas. Porque, por ejem plo, el hecho de que
15

Rumanía se haya incorp orado a la UE hace que los cen tenares de miles q ue residen h oy
en el Estado español hayan pasado de ser “inmigrantes ” a ser “extranjeros”.
También de Lewellen (2002) extraemos varias categorías que nos parecen
interesantes para señ alar la diversid ad de rea lidades:
Migrante interno es alguien que viaja, normalmente para trabajar y a m enudo de
áreas rurales a urbanas, largos periodos de tiempo dentro de su país de ciudadanía.
Migrante internacional es la persona que abandona su país de ciudadanía, a
menudo varias veces y a diferentes países, y regresa sin haber pasado largos periodos de
tiempo en los países de destino.
Inmigrante trasnacional es alguien que m antiene múltiples contacto s –sociales,
culturales, políticos, eco nóm icos- en los dos países, el de origen y el de destino. Puede
implicar una constante construcción y r econstrucción de una com unidad nacional que
trasciende las fronteras e statales.
Diáspora designa dispersión desde la tierra natal a otros países. A veces, implica
dispersión forzada. A veces, se ex tiende para incluir grupo s en grandes regiones, como
la diáspora africana o caribeña. Implica rel acio nes em ocionales con la tierra natal. El
concepto conlleva la idea de identidad colectiva formada alrededor de una tierra natal
que tiene un significado sentimental para la gente. Aunque para algunas diásporas esta
tierra pueda no existir, lo que sí es necesario es que debe incluir la dispersión desde
algún centro a dos o más territorios y un se ntido de identidad cu ltural común. Debe
haber, por tanto, interacción entre tres actores (Shuval, 2000): la población de la
diáspora, el país o países de acogida, y el país de origen, todos ellos relacionados entre
sí.
Refugiado es alguien forzado a salir de su pa ís por guerra o represión política y,
por extensión, por hambre, terrem otos, y otras catástrofes no solo “naturales”. Puede ser
interior o internacional.
Step-migration es la com unidad o grupo familiar que em igra por estadios.
Migración circular significa emigrar fuera, frecuentem ente a lugares sucesivos,
para regresar a la comunidad de origen. Es frecuente en las m i graciones anuales para
participar en ciclos agrícolas.
Llegados a este punto debemos hacer referencia con creta, sin duda, al
trasnacionalismo , nueva categoría justificada en la novedad, al menos relativa, de la
elevada intensidad de los intercambios, los nuevos modos de transacción y la
multiplicación de actividades que requier en viaj es y contactos a trav és de las fronte ras
16

luz los planteamientos de fondo y cómo esto s van variando dependiendo del contexto
socio-político y de los “intereses de la so cied ad receptora” en los diversos mom entos 10 .
Llegados a este punto conviene hacer alguna s aclaraciones sobre el concepto de
interculturalidad . Este concepto, m uy conectado al de multiculturalidad , puede
generarnos no pocas confusiones en la medi da en que puede hacer ref erencia a cosas
muy distintas: por un lado, a políticas que as piran a que los colectivos culturalm ente
diferentes in teractúen entre s í y estén abier tos a intercam bios culturale s e incluso a la
producción de nuevos elementos, partie ndo del reconocim iento del derecho a la
diferencia cultural; por otro lado, puede suponer –como cada vez ocurre con m ás
frecuencia- una forma de enmascarar el re chazo a la propia multic ulturalidad, volv iendo
al imposible horizon te del melting-pot sin declararlo exp lícitamente.
En el Estado español ha tenido muy buena acogida el térm ino intercu lturalismo
presentándolo como un modelo alternativo al multiculturalism o, al que se acusa de
promover la separación entre com unidades etno-culturales y de provocar la ausencia de
comunicación entre los grupos. Sin embargo, la distinción no encuentra suficiente
justificación ya que, en realidad, quienes de fienden com o contenido de d icho concepto
la primera de las versiones que acabam os de exponer coinciden sustancialmente con lo
que, en términos políticos, se en tiende como multiculturalism o en el debate
internacional (en lengua ing lesa, por ejem plo, el término interculturalism o no ha
cuajado). Los argum entos que acusan al m ultic u lturalismo, en gener al, de no incidir en
la comunicación entre g rupos se demuestran poco consistentes. La idea de intercam bio
cultural (int erculturalismo) ha estado presente , por ejem plo, en el concepto canadiense
de multiculturalism o desde su adopción como política oficial en 1971. De hecho, en la
propuesta gubernamental presentada ese m ismo año en la Cámara de los Comunes, se
incluían cuatro in iciativas o ejes b ásicos de actuación multicultu ral, consistiendo el
tercero de ellos en “promover encuentros creativos e intercambio entr e todos los grupos
culturales canadienses en inte rés de la unidad nacional” (Ruiz Vieytez, 2006:14-15). Y
en Québec, el término interculturalism o se adoptó en oposición al m ulticulturalismo
canadiense porque este fue visto con recelo po r pueblos indígenas y amplios sectores
políticos y académ icos quebequenses, que consideraron y consideran al

10 Por pone r un ejempl o, la Co operació n al Desarr ollo com o una de las líneas de actuación e n materia de
políticas migratorias nos hace ver cómo esta es part e de una estrateg ia que busca, fund amentalmente,
beneficios para la sociedad recepto ra. Es part e del tratam iento a la i nmigración procede nte del país al que
va destinada la ayuda. Lo est am os viendo con l os acuerdos actual es del Gobie rno central con el Gobie rno
de Senegal en cuanto a la re patriación de inmigrantes y “com pensaciones” en origen.

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multiculturalismo com o un instrum ento que util iza el grupo m ayoritario de la socied ad
canadiense a fin de diluir la id iosincrasia de los citados colectivos en un universo de
múltiples diferencias cultur ales. Es en este sentido en el q ue las instituciones de la
provincia de Québec pref ieren us ar el término inter culturalismo frente a la posición
federal a favor del multiculturalismo .
Por nuestra parte, cuando utilicem os el concepto de m ulticulturalism o
entenderemos este sin disociarlo de la idea de intercultura lidad. Y nos mostrarem os
críticos respecto a quien es hablan de interculturalidad sin explicitar el reconocim iento
del derecho de cada colectivo a desarrollar su cultura propia. Porque entonces el
objetivo de la intercul turalidad no apuntaría a la interacción de la s culturas sino a la
supuesta construcción de una cultura “híbrida” que sería la negación del
multiculturalilismo.

1.3. El desarrollo de la invest igación: fases y técnicas.
Tras presentar en septiembre de 2003 la investigación para la Suficiencia
Investigadora, y gracias a la obtención de una B eca FPI de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía - ahora de Innovación, Ciencia y Em presa - de la que
he sido beneficiaria, hemos desarrollado el trabajo de la Tesis Doctoral qu e ahora
presentamos.
Durante su elaboración, y situada en el marco teórico ante riormente expuesto,
hemos acudido a dis tintas fuentes bibliog ráfic as para acercarnos y participar en los
debates actuales acerca de los tem as tratados en la tesis: dinámicas de Globalización-
Localización, África, Andalu cía, migraciones, procesos de integración, políticas
migratorias, etc.
He de decir que, por centrarse nuestra inve stigación en las po líticas del g obierno
autónomo de Andalucía respecto a la inmigración y en la re percusión de estas sobre el
colectivo senegalés de Sevilla, no hemos querido profundizar –aunque sí deseo hacerlo
en el futuro- en la situa ción de Senegal salvo p ara aquello que entend ía estrictam ente
necesario. De todos modos, durante estos años m i familiarización con la b ibliografía
sobre Senegal y, en general, sobre el mundo negro-africano ha sign ificado introducirme
en un mundo desconocido e invisibilizado que espe ro se convierta, en adelante, en uno
de mis ámbitos principales de estudio, em pezando a cubrir, con ello, el vacío de
estudios africanistas en las universidades andaluzas. Vaya aquí m i reconocimiento al
profesor Mbuyi Kabunda por servirme de guía para m i introducción en el continente e
24

incentivar mi deseo de conocer la realidad plural del África negra. Y a Am inata Traoré,
ex-ministra de Malí, cuyos planteam ientos cl aros y radicales nos han traído la fuerza y
resistencia d e las mujere s del continente af ricano.
Sin duda, para profundizar en conceptos y te orías me fue fundam ental la estancia
durante tres meses en Québec (octubre 2004-enero 2005), donde m e incorporé al Grupo
de Investigación Ethnicité et Société (GRES) de la Universid a d de Montreal, integrado
en el Centre d’Études Ethni ques des Universités Montréal aises (CEETUM). Durante ese
tiempo, estudié, sobre todo, políticas de inmigración e indicadores de integración,
entrando en contacto con prof esores, doctorandos y otros profesionales de importante
trayectoria en distin tos ám bitos relaciona dos con la gestión de la multiculturalidad:
escuela, religión, redes sociales..., principa lmente del grupo GRES pero tam bién de
otros. Fue allí donde descubrí a Victor Pich é (Dpto de Demografía), a Sylvie Fortín
(Dpto. Antropología), a Marie Mc Andrew (Université de M ontreal), a Deirdre Meintel
o a Marie Nathalie LeBlanc. Fueron fundame ntalmente las lecturas y los contactos
personales con la Profesora Denise Helly , m iembro del Instit ut National de la
Recherche Scientifique y del grupo de investigación Urbanisation, Culture et Société ,
los que me proporcionaron instrum entos de an álisis que he utiliza do a lo largo de la
investigación. Por sup uesto, he de m ostrar mi agradecim iento a Deirdre Mein tel,
directora del Grupo de investigación GRES, quien, sin conocerme con anterioridad, me
posibilitó el estar allí y acep tó m i incorporación durante tres m eses a dicho grupo,
proporcionándome un espacio de trabajo en el propio CEETUM y poniéndome en
contacto con personas de interés para el es tudio que aquí presento. Ella, junto a otros
miembros del grupo, especialm ente su co ordinadora, Marie Jeanne Blain, otros
profesores de la Universidad de Montre al, como Pierre Beaucage, y personas de
diferentes universidades y de otros ámbitos, hicieron de mi estancia allí una experiencia
no solo fructífera en términos académ icos sino, también, enriquecedo ra en lo personal.
Vaya aquí mi agradecimiento al profesor Pablo Palenzuela, m i embro del Grupo GEISA,
quien me proporcionó estos últimos contactos que, de hecho, fueron m i familia en
Quebec.
Además de un enriquecimiento para nuestra bibliografía, la esta ncia en Montreal
significó una toma de contacto, al principi o, y unas relaciones más cercanas, después,
con otros senegaleses de la diáspora, pr incipalmente con Mam oudou Wane, presidente
de la asociación “Regroupement General des Sénégalais du Canada”, con Mountaga,
estudiante senegalés becado en la Universidad de Montr eal, y con Amadou, propietario
25

de la tienda Oubekou en el barrio de Outremon t. El contacto con ellos, y a través de
ellos con al comunidad senegalesa de Qu ébec, me han perm iti do realizar algunas
consideraciones y com paraciones puntuales que incorporam os a lo largo del estudio.
Además de la bibliografía manejada en instituciones académ icas, he acudido
también a fuentes estad ísticas (principalme nte, censos y padrones) y administrativas
(permisos de residencia, de trabajo) cuyos datos e inform aciones hemos utilizado como
complementarios al análisis cualitativo. De todos modos, la inm igración es un proceso
tan dinámico que los núm eros sobre ella quedan pronto obsoletos y no explican
demasiado por sí m ismos.
Así, ha sido sobre todo mediante la puesta en práctica de las técnicas cualitativas
del trabajo de campo antropológico com o he mos podido constatar, a ciencia cierta,
cómo, además de los textos y discursos que los actores nos facilitan –m ediante
entrevistas, historias de vida y grupos de discusión-, es la convivencia que permite la
participación-observación lo que distingue nuest ra forma de trabajo y lo que nos da un
mayor acceso a los contextos: “ la convivencia nutre de un conocimiento experiencial a
quien participa: no solo le cuentan cuál es y cómo son las normas locales sobre
cualquier asunto, sino que las siente en sí mi smo al tener que cumplirlas en situaciones
reales, pudiendo percibir en vivo el sentido de las mismas al palpar en su piel el roce
de la realidad a la que se aplican ” (Sanm artín, 2003:61).
Empleando los m étodos y técnicas propios de la Antropología para analizar tanto
los discursos, planteamientos y actuacione s d e la Adm inistración andaluza como la
lógica cultural prop ia del colectivo senega lés en Sevilla, nos hem os acercado a los
proyectos de sociedad y actuaciones de gestión sobre la m ulticulturalidad del gob ierno
andaluz y a las estrategias de adaptación de dicho colectivo en su proceso de
integración.
Nuestro análisis princip al lo hemo s centrado en los Plan es de actuac ión en
materia m igratoria del gobierno andaluz: Plan de Servicios Socia les de Andalucía 1993-
1996 y, sobre todo, el Primer Plan Integral para la Inmigación en Andalucía 2001-
2004 y sus Documentos Técnicos de Evaluación . Hemos analizado los discu rsos
vertidos y las actuaciones reali zadas para detectar cómo se está gestionando, de hecho,
la multicultu ralidad en Andalucía; es decir, qué modelo rig e las actuacione s políticas de
la Junta de Andalucía: universalista , particularista o m ulticulturalista. Para ello, hemos
hemos aplicado al análisis de d ichos Planes recursos teóricos y m etodologías, para, a
partir de ellos contar con indicadores adecu ados sobre las varias formas de inse rción
26

posibles de los inm igrantes en nuestra so ciedad. Cada modelo de inserción está
fundamentado en unos determinados principi os y valores que analizarem os en tanto
formen parte, o no, de los discursos y prácticas de la Junta de Andalucía:
igualdad/desigualdad, reconocimiento, discri m inación, seguridad, estabilidad, cohesión
social y otros.
Los primeros program as dirigidos a inmigrantes en Andalucía com enzaron en
1993 desde la Dirección General de Políticas Mi gratorias de la Consejería de Asuntos
Sociales. Por ello, hemos tratado en prim er lugar la labor desempeñada por dicha
Consejería, a través de su Plan de Servicios Socia les de Andalucía 1993-1996 , en
cuanto a la atención prestada a la totalida d de los m ovimientos migratorios -em igrantes
retornados, tem poreros andaluces y familias, pre vención de las migraciones, em igrantes
residentes en el exterio r e inmigrantes-. El tratamiento inicia l al conjunto de los
movimientos migratorio s, referidos tanto a emigrantes and aluces com o a inmigrantes en
Andalucía, se justifica en que se trataba de las prim er as actuaciones dirigidas a la
inmigración desde la A dministración aut onóm ica y era importante observar su peso y
tratamiento en contraste con la atención pr estada a los emigrantes andaluces, población
con mayor peso por entonces. Posteriorm ente , aunque los planes de Servicios Sociales
siguieron englobando todos estos sectores, solo hemos analizado las medidas
contempladas para la inm igración, pues nos encontrábamos ya dentro del periodo de
vigencia del Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía , y “ este servicio
(Servicio de Movimientos Migra torios) tiene una participación activ a en el desarrollo
del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 ” (Mem oria de la
Dirección General de Bienesta r Social, 2003:116). Es decir, sus actuaciones entraban ya
dentro de aquel Plan.
Nuestro documento principal de an álisis, por tanto, ha sido el Primer Plan
Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 en la medida en que significó el
primer docum ento de coordinación de todas la s políticas con respec to a la inm igración
en Andalucía. Por este motivo, analizando este Plan se analizan, en buena parte, las
distintas actuaciones de las consejerías resp ecto a la inmigración, pues los organismos
responsables de las medidas para la consecu ción de los objetivos que m arca cada una de
las áreas del Plan pertenecen a las distinta s consejerías de la J unta de Andalucía:
Del Área Socio-educativa, la Consejer ía d e Educación y Ciencia es la
responsable de llevar a cabo las medidas para cada uno de sus objetivos. Del Á rea
Socio-laboral son responsables la Consej ería de Empleo y De sarrollo Tecnológico,
27

fundamentalmente, pero tam bién las consej erías de Asuntos Soci ales, de Turismo y
Deporte y de Agricultura y Pesca. Del Área Soci o-sanitaria, la Conseje ría de Salud, la
Consejería de Asuntos Sociales y el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de
la Presidencia. Del Área de Recursos Social es, el principal órgano responsable es la
Consejería de Asuntos Sociales, a lo que se suma la labor del Instituto Andaluz de la
Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer (a mbos de la Consejería d e la Preside ncia),
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnol ógico, la Consejería de Gobernación y la
de Justicia y Administración Pública. Del Área de Vivienda, la Consejería de Obras
Públicas y Transporte y la Consejería de Asuntos Sociales son las responsables. Del
Área Socio-cultural, la Consejería de Cultura, la de Presidencia (Instituto Andaluz de la
Juventud y de la Mujer) y la Consejería de Turismo y De porte. Del Área de Atención
Jurídica, la Consejería de Justicia y Administración P ública y la Consejería de
Gobernación (D.G. de Coordinación de Polític as Migratorias) y la de Asuntos Sociales.
Del Área de Formación e Investigación, la C onsejería de Gobernación, la de Asuntos
Sociales, la de Empleo y Desarrollo Tec nológico, la Consejería de Salud, de la
Presidencia (Instituto Andaluz de la Mujer, de la Juventud) y la Consejería de Justicia y
Administración Pública. Del Área de Se nsibilización S ocial, las consejerías de
Gobernación, de Educación, de Cultura, de As untos Sociales, de Salud y de Relacio nes
Institucionales. Y del Área de Cooperación al Desarrollo son responsables la Consejería
de la Presidencia y otras consejerías y em presas públicas de la Junta. Es decir,
prácticamente todas las consejerías de la Administración andaluza intervienen en el
proceso de integración de los inmigran tes en Andalucía m ediante el Plan.
Así, las actuaciones que cada consejería de sarro lla en su propio ámbito vienen a
estar incluidas en las m edidas del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía . Por
ejemplo, el Plan para la Atención Educativa del A lumnado Inmigrante en la
Comunidad Autónoma Andaluza (2001), de la D. G. de Orientación Educativa y
Solidaridad de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta es prácticamente
idéntico, en cuanto a objetivos y medidas pa ra llevarlos a cabo, al área socio-educativa
del IPIIA.
Durante el periodo de investigación he mos mantenido relación con diferentes
personas de la Administración andaluza en los organismos para la atención del
fenómeno m igratorio. Por un lado, nos hemo s reunido varias veces con personas de
relevancia en la Consejería de Gobernación, fundamentalmente de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Mi gratorias, y en la Consejería de Asuntos S ociales, ahora
28

Consejería para la Igua ldad y Bienestar Social. Dichos encuentros nos han perm itido
hacer preguntas concretas a personas clav e en diferentes momentos, además de
servirnos de guía tanto en nuestra incursión en ámbitos burocráticos com o en la
búsqueda de documentos concretos sobre lo s que realizar nuestro análisis. Debo
especial agradecimiento a Manuel Borrero, Jefe del Servicio de Coordinación y
Relaciones Institucionales de la Consejería de Gobernación, tanto por haber perm itido
entrevistas sin lím ite de tiem po como por haberm e puesto en contacto con otras
personas de interés para nuestra inves tigación, caso de Macarena Montes Romero-
Camacho, del Servicio de Movimientos Migrator ios de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.
Como parte del análisis de los discurso s oficiales, hem os asistido a diferentes
seminarios y reuniones en los que han partic ipado personas responsables de las políticas
de inmigración de la Junta de Andalucía. Especialm ente, en los últimos dos años, he
asistido a varias intervenciones de Teresa Bravo Dueñas, actual Directora General de
Coordinación de Políticas Migratorias, lo que me ha perm itido conocer directamente el
discurso oficial no escrito del Gobierno a ndaluz. Durante estos años he asistido a
diversos Seminarios y Jornadas tanto or ganizadas por la Admi nistración com o por
asociaciones de inmigrantes y pro-inmigr antes. Así, en 200 5 asistim os al “Seminario
Inmigración: aspectos sociales y económicos ”, organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en Sevilla, también a la “exposición gastronómica
musical de culturas africanas” , organizada por la Plataforma de Inmigrantes, pudiendo
comprobar cóm o el discurso oficial es el mism o en diferentes foros; y en el “IV
Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía” ,
celebrada en el Palacio de Congresos de Córdoba el mes de octubre de 2005.
En el ámbito provincial, he m antenido frecuentes encuentros, tanto formalizados
como informales, con Álvaro Izquierdo, Coordinador Provincial de Políticas
Migratorias de Sevilla. He tenido con él en trevistas tanto como investigado ra de la
Universidad de Sevilla com o en mi calidad de asesora de la asoc iación de senegaleses 11 .

11 En una de l as reu niones de pre paración del “Dí a del Inm igrante 2005” , Álva ro Iz quier do pro pone q ue
en las cuñas radiofónicas para an unciar el evento no se nom bre ni ngún país de procede ncia de l os
inmigran tes, pues “esto no t iene import a ncia, y a son t odos de aquí” . Con este e jemplo il ustram os el
acceso a información y opiniones a tra vés de encuentros más allá de entrevistas formalizadas y que nos
aportan, si n duda , una visión de los pla nteami entos sobre l a mult iculturalida d de pers onas de la
Admini stración. E n estas reuni ones de p reparación est aban pres entes, t ambién, repr esentantes de las
siguientes asociacion es y sindicatos: Anima Vitae, MPDL, Sevilla Acoge, Solidaridad Internacional,
Atim e, Fed de m ujeres prog resistas de Andalucía, San Jeró nimo Puent e, CO AG, ACC EM, Asoc de
Mujeres En tre Mund os, EMA RTV, Codenaf, USO, UGT.
29

Igualmente, he acced ido a opiniones de divers as personas con cargo de responsabilid ad
en encuentros tanto planificados como má s distendidos en los que la espontaneidad
cuenta con mayor m argen.
Aunque solo hayamos hecho una referencia hasta ahora en este sentido, lo cierto
es que mi relación con diversas esferas de la Adm inistración ha venido, principalmente,
a través de la asistencia com o miembro de la asociación “Inm igrantes por la Igualdad” a
distintos encuentros y reuniones. Dura nte casi dos años – 2004/2005- estuvimos
presentes en las reuniones convocadas por el Se rvicio de Acción e Inse rción Social de la
Delegación Provincial de la Consejería de I gualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Dichas reuniones de la Admini stración con representantes de diferentes
asociaciones 12 tenían por objeto el seguim iento de los programas vinculados con
subvenciones concedidas desde esta delegaci ón a aquellas entidades. Se trataba de poner
en práctica un sistema de evaluación y coordinación de program as con el que
“pretendemos proporcionar espacios de diálog o entre la administración pública y las
organizaciones comunitarias, para lo que c onvocamos a 1 ó 2 representantes de su
entidad a la reunión de coordinación de progr amas para la integración social de los
inmigrantes” 13 . La presencia en cada una de estas reunione s nos perm itió, por un lado,
acceder a discursos más allá de “lo oficial” y co mprobar, sobre el terreno, las opiniones
de personas más en prim era línea de resp onsabilidad directa en el trabajo con
inmigrantes 14 que los responsables políticos, y, por ot ro, comprobar, en la práctica, el
desarrollo d e las relaciones entre representant es de entidades social es y personal de la
Administración. Las reuniones se desarrollaban todas casi de la m isma m anera: se leía
el orden del día, había una e xposición por parte de las entidad es participantes del estado
de ejecución de los programas financiados en materia de interv ención social con
inmigrantes, a con tinuación una persona invitada de un a determ inada consejería
intervenía sobre un tema propuesto en relación a la inmigración, después cada

12 Durante el año 20 04 las asociaciones subven cionadas para este p rograma en Sevilla –y, por tanto , las
convocadas para las reunion es- fueron “Sevilla Ac oge”, “Esp eranza de Nues tra Tierra”, “Cáritas
Diocesana de Sevilla”, “Mujeres Prog resistas”, “Inm igrantes por la Igua ldad”, “Movimiento por la Paz, el
Desarme y la libertad ”,” APROS Profesion ales para la Solid aridad ”. En el año 2005 no se continuó la
subvención a APROS y a las dem ás anteriores se unieron “El Cuervo Ac oge”, “Code naf” y “Amal
Andaluza”.
13 Extraído de la carta de convocat oria e nviada desde este servicio a la asoci ación “Inmigrantes por la
Igualdad” cit ando a una re unión el 9 de fe brero, a la s 17 horas, en la D elegación Pr ovincial de Asu ntos
Sociales.
14 Entre estas pers onas estaban: Joaquín González, Téc nico de la Delegaci ón de Em pleo; Ca rmen
Macarro, Jefa del Se rvicio de Planes y Program as Educativos; del Servicio de Asistencia Jurídica; Pi lar
Sanjuán Lozano o Pilar Peneque Sosa, Delegación Pro vincial de Salud; una repr esentante del Instituto
Andaluz de la Mujer; y Álvaro Izquierdo, Coord inador Provincial de Po líticas Migratorias.
30

asociación explicaba cómo desa rrollaba su trabajo en ese ám bito concreto y, finalmente,
se entablaba un debate en el que quedaba si empre patente el m ayor conocimiento de la
realidad concreta de los inmigrantes por pa rte del personal de la s asociaciones que por
parte del personal de la Admi nistración. El hecho de que cad a reunión tratase un ám bito
diferente nos posibilitó acceder a discursos y prácticas concretas sobre cada una de las
áreas de intervención del IPIIA 15 y, por tanto, de distintas consejerías.
Todos estos contextos de relación ha n complementado nuestro análisis de
contenido de los planes de actuación de la Administració n andaluza, principalmente
respecto a la gestión de la inmigración. Tam bién hemos analizado otros documentos
políticos, com o el de la Segunda Modernizaci ón de Andalucía (Consejería de la
Presidencia, 2003), con objeto de enmarcar los planes para la inm igración en otros más
generales que orientan, como el citado, la política global del gobierno andaluz.
En cuanto a nuestro trabajo en el colectivo senegalés d e Sevilla, muchas han
sido las personas que han colabor ado en el desarrollo de la investigación a lo largo de
estos años. En primer lugar, las varias decen as d e senegaleses y senegalesas con los que
he mantenido relación, en algunos casos esporád ica pero en otros muchos constante, en
diversos contextos. En la re dacción de esta Tesis Docto r al hemos optado por sustituir
los nombres reales de las personas cuyos di scursos hem os trascrito y cuyas vivencias
hemos recogido por otros nombres tam bién comunes entre los senegaleses, con el
objetivo de preservar la identidad de nuestros inform antes y respetar la intim idad de los
y las protagonistas.
Varias familias nos han abier to la intim idad de sus casas y tanto hombres com o
mujeres nos otorgaron su confianza y su amistad, y nos hablaron de sus alegrías,
problemas y proyectos. Tenem os aquí que r econocer, m uy especialm ente, nuestra deuda
con Ousseynou, N’demba y Kine (estos nomb res sí son reales) por facilitar y
estimularnos el estar allí , el par ticipar de l contexto se negalés sevillano y propiciar, de
este modo, nuestra “integración” en él.
Nuestra experiencia en el estudio d e las redes sociales in tragrupales m e llevó al
convencimiento de la necesid ad de prestar una atención específica a las formas de
asociacionismo como contextos por donde fluye y desde donde se ejerce la solidaridad

15 Además de es tas reuniones , desde el Servicio de Acci ón e Inser ción Social se hicieron en trevistas a los
responsabl es de pro gram as de las difere ntes asoci aciones e n sus sede s corres pondient es. Estas reuniones
duraron u n año y después la Conse jería de cidió presci ndir de ellas, co n lo que no estu vieron de ac uerd o
los trabaj adores del Servicio de Acción e Inserción Social.

31

grupal, y por ello hemos dedicado buena part e de la inves tigación a ello. He asistido y
participado en encuentros y fiestas periódi cas comunitarias del colectivo, desde su
preparación hasta su culminación, lo que m e ha permitido m antener una relación
constante a través del tiempo.
Durante cinco años, he asistido a reunione s semanales de la asociación “oficial”
con la que cuentan los senegaleses en Sevilla, “Inm igrantes por la Igualdad”, con la que
iniciamos nuestros con tactos al principio de la investigación para la Suficiencia
Investigadora. Esto me ha permitido acceder a inform aciones sobr e formas de
organización, sobre quiénes as isten y adónde asisten según qué ocasiones, sobre qué se
hace y habla, y sobre cómo se hace y habl a; todo lo cual me ha posibilitado acceder a
contextos de relaciones intra-grupales e in ter-grupales. A las primeras porque el
integrarnos en la asocia ción me ha posibilit ado entrar en relación con otras formas de
asociacionismo senegalesas en la ciudad -a través de “Inm ig rantes por la Igualdad” he
accedido a la dahíra y he podido hacer un segui miento de “Agasis”- así com o estrechar
relaciones con personas concre tas del colec tivo, lo que a su vez me ha posibilitado
formar parte de contextos íntimos de dife rentes grupos cotidianos senegaleses, de
diversos “lazos o redes de comunidad”.
Y también a relacion es inter-grupales po rque, adem ás de los contextos
exclusivos senegaleses, el estar en ello s como “una m ás”, especialmente en la
asociación, ha supuesto poder acompañar a sus m iembros a decenas de actos y /o
gestiones con personas, colectivos y organi smos diferentes en distintos momentos.
Indudablemente, toda la investigación ha estado m arcada por la condición de ser
mujer, andaluza, blanca, joven y antropólog a, lo que ha significado facilidades y
dificultades a un tiempo, según qué ocasiones. Dificultad por tener que justificar, en
distintos momentos y a distintas gentes, qué hacía allí, qué hace una chica como yo en
un sitio como este . Ello implicaba aclarar, prim ero, que yo no pertenezco a “Sevilla
Acoge”, porque la relación que existe entre el colectivo senegalés y esta asociación –
que explicaremos en nuestro tr abajo- hace que en las cabezas de m uchos senegaleses y
senegalesas esté presente la idea de que todo blanco o blanca que trabaje en la
Asociación o que esté en relación frecuente con senegaleses pertenezca, co mo
trabajadora o como voluntaria, a dicha as ociación pro-inm igrantes. Y, segundo, tenía
también que aclarar que yo no era novia de al gún senegalés, que suele ser la segunda
posibilidad pensada.
32

Cualquier país fuera del sistema m uere. Ante este riesgo, muchos se apuntan por propia
voluntad al barco.
Igual sucede, en el nivel del comercio in ternacio nal, con las pautas marcadas por
la OMC: para tener acceso a mercados exteri ores es necesario aceptar las reg las del
juego que desm antelan la protección de las industrias “no com petitivas” del país en
cuestión. Y así, “cuantos más pa íses se sum en al club, más di fícil es para aquellos que
quedan fuera del régimen económico liberal se guir su propio camino (…). Esta lógica
de autoexpansión, inducida e impuesta por lo s gobiernos e instituciones financieras y
comerciales internacionales, ac abó vinculando a los segmentos dinám icos de la mayoría
de los países del mundo en una econom í a global abierta” (Castells, 2000:179).
Como afirma Touraine (1997), las políti cas de los gobiernos deben optar por la
defensa de las identidades nac ionales amenazadas o p or moviliza r sus recursos
materiales y culturales pa ra introducirlo en la co mpetencia internacional.
Una cuestión que se plantea Castells (2000) en su análisis y que también
nosotros consideramos fundamental es la si guiente: ¿ por qué en tran los gobiernos en
este juego? A lo que apunta cuatro respuestas posibles: por los intereses estra tégicos del
Estado-nación en cuestión, por el contexto ideológico, por los intereses políticos del
liderazgo y por los intereses persona les de quienes ocupan los cargos.
En el caso de los países europeos, a través del Tratado de Maastricht, los
miembros de la Unión se com prometen a la convergencia económica. Es la respuesta
que se da como solución para que cada gobierno compita en un m undo dominado por la
tecnología estadounidense, la manufacturación asiática y los flujos financieros globales
que barrieron la estabilidad monetaria eur opea en 1992. Se entiende que entrar en la
competencia global desde la fortaleza de la Unión Europea es la forma de salvar la
autonomía europea y de prosperar en el m undo actual, sea a costa de lo que sea, como
veremos m ás adelante con la orientac ión de las políticas migratorias.
En el caso de los gobiernos de los países “en vías de desarrollo”, el nuevo
modelo significaba la posibilidad de un nuevo inicio con el incentivo del apoyo de las
grandes fuerzas mundiales. Muchos de estos países, adem ás, no tuvieron que plantearse
qué hacer, sino que el pago por reparar sus economías era que el FMI y el BM
decidieran por ellos. Y esta dinámica continúa en la actualidad. Podem os poner el
ejemplo de Ghana, cuyo Parlam ento aprobó un sistema de aranceles para proteger a sus
agricultores y el FMI obligó al Gobierno a rebajarlos como condición previa a recibir
nuevos préstamos.
39

En cuanto al contexto id eológico, había com o un luga r intelectual común, lo que
ha sido denominado “pensamiento único”, con su afirm ación de que los mercados libres
harían milagros.
El inte rés político del liderazgo es el interés por ser elegido para el gobierno y
mantenerse en él. Quienes llevaron a cabo es te proceso de globaliza ción procedían, en
su mayoría, del m undo de la izquierda , rompiendo con su opción de control
gubernamental de la econom ía. Se consider aba el cam ino más rápido para sacar a las
economías de su estancam iento relativo.
En cuanto a los intereses personales de los gobernantes, no es el factor
determinante de la opción por la globalización, pero es necesario tenerlo en cuenta: hay
quienes obtienen grandes riquezas por r ecompensas financieras, quienes reciben
nombram ientos una vez que dejan sus cargos a través de las redes personales que han
ido estableciendo, quienes re ciben com pensaciones por de cisiones que facilitaron
ciertos negocios en su momento o quienes están insertos en un sistem a corrupto de
sobornos, uso de información privilegiada, etc. Esto sucede en m uchos “países en
desarrollo”, donde los gobernante s ponen los recursos del país al servicio de intereses
ajenos a la población y en su propio beneficio.
“Sin embargo, el hecho de que la econo m ía global fuera inducida políticamente
desde el principio no significa que pueda des hacerse políticam ente en sus aspectos
principales (…). Una vez que se constituye una red de este tipo, cualquier nodo que se
desconecte simplemente es ignorado, y los recursos (capital, información, tecnología,
bienes, servicios, trabajo cualif icado) siguen fluyendo en el resto de la red” (Castells,
2000:184-185). Y esto, entendemos, es un aspe cto fundamental a tener en cuenta.
Todo sucede muy rápido y tiene repercusio nes en todo el globo. La difusión de
las tecnologías basadas en la electrónica (l a microelectrónica, los ordenadores y las
telecomunicaciones), co n la importancia determ inante de Internet y el su rgimiento de la
energía genética, se extiende rápidam ente; en menos de dos décadas ha alcanzado una
dimensión mundial, situando el poder y la riqueza en lo s sectores y regiones con
dominio tecnológico. La generación de c onocim iento y la capac idad tecnológica son
instrumento s clave de la competencia entr e em presas, organizaciones de todo tipo y, en
última insta ncia, entre países.
¿Cuál es el contexto generado por es ta interdependencia aumentada por las
nuevas tecnologías? Es decir, ¿cuál es el resultado de la globalización?
“La tecnología no es buena ni mala, ni tam poco neutral” (Kranzberg, 1985:50).
40

Surge una economía m arcada por el uso de estas nuevas tecnologías. Como
señalamos un poco m ás arriba, en los años sete nta com i enza otra etapa de la historia del
capitalismo: la Nueva Economía , una economía global capaz de funcionar de forma
unitaria en tiempo real, a escala p lanetaria, sobre la base de la nueva infraestructura
dada por las tecnologías de la informaci ón y la comunicación, y con la ayuda de las
políticas de desregulación y liberalización ap licadas por los gobiernos y las instituciones
internacionales.
Es una economía basada en la rentabilid ad de las em presas y el aumento del
valor de sus acciones, y no en la produc tividad, lo que constituye un cambio
determinante con respecto a las etapas anterio res del capitalismo. Se aum entan los
beneficios reduciendo los costes de producci ón (principalmente actuando sobre la m ano
de obra, lo cual acentúa la segmentaci ón del mercado de trabajo), aum entando la
productividad, acelerando la ro tación del capital y, sobre todo, ampliando los m ercados.
Y todo ello con estrategias globales, es decir, las empresas, por poner un ejem plo,
desplazan sus operaciones a países del Su r donde los costos laborales son mucho
menores puesto que la pobreza es desesperan te, generando paro y desestructuración
social en los lugares que abandonan, y provo cando condiciones de trabajo muchas veces
infrahumanas en los lugares donde se instalan.
En cuanto a la apertura de nuevos merca dos para el aumento de beneficios, el
capital necesita moverse y las em presas en todo el m undo comunica rse; para ello se
desregulan los mercados y se emplean la s nuevas tecnologías de la inform ación. “La
integración global de los m ercados financieros desde com ienzos de la década de 1980,
posibilitada por las nuevas tecnologías de la información, tuvo un im pacto espectacular
en la disociación de los flujos de capital de las econo mías nacionales” (Castells,
2000:131). Cada vez tiene menos sentido calc ular la produ ctividad de las “econom ías
nacionales” o las industrias definidas dent ro de los límites nacionales. “Aunque la
mayor parte del PIB y el em pleo de la mayor ía de los países continúa dependiendo de
actividades cuyo objetivo es la economía intern a y no el mercado global, es en realidad
la competencia en estos m ercados globales, tanto en industria como en finanzas,
telecomunicaciones u ocio, la que d etermina la parte de la riqueza que s e apropian las
empresas y, en últim a instancia, la gente de cada país” (Cas tells, 2000:132). Un ejemplo
lo tenemos en la situación que vive Ecuador, donde las compañías trasnacionales
expolian el petróleo de este país y s e llevan libres de impuestos el 80 % de su valor total;
otro 15% se invierte en el pago de la Deuda Externa al Banco Mundial y únicamente el
41

5% queda para cubrir las necesidad es del país, que no son pocas (Moreno, 2005). De
esta manera, com o afirma Touraine (1997), la vida económica de la gente está cada vez
más alejada de los dem ás ámbitos de su vida so cial. Y a la v ez, com o decimos, esta vida
económica determ ina sus condiciones y maneras de vivir.
Este contexto económico, estas redes globales, incluyen a los mercados
financieros (el capital está c onectado a nivel m undial, desde los bancos a los fondos de
pensiones, los mercados bursátiles y el cam bio de divisas), al comercio internacional, a
la producción trasnacional y, en cierta medida, a la ciencia y la tecnología y al trabajo
especializado. Pero es la globa lización de los mercados financ ieros la espina dorsal de la
nueva economía (Castells, 2000).
En cuanto al valor de las acciones d e las empres as, este viene determ inado por
dos factores clave: la confianza y las exp ectativas. Si no hay confianza en el entorno
institucional en el que opera la creación de valor, no hay rendimiento en beneficios,
tecnología o valor de uso que se traduzca en valor financiero. Y esto porque “el cap ital,
para reproducirse, necesita utilizar condiciones extraeconómicas, requiere am bientes
que permitan su revalorización (l o político, lo legal, lo edu cativo, el m edio físico, la
ciencia y la tecnología, la salud, lo id eológico), y va penetrando e imponiendo sus
formas, sus modos de organización, y su lógi ca en todos estos ám bitos. El resultado
para el sistema sociocultural es una orie ntación cada vez m ayor del tiempo y de las
experiencias de vida cotidiana desde la brújula del mercado” (Delgado, 2002:47). En
cuanto a las expectativas, se trata, en parte, de un proceso subjetivo construido por una
vaga visión de futuro, cierta información privilegiada, soplos económ icos y una
creación cuidadosa de imagen. Todo ello en un contexto determ inado por
acontecimientos geopolíticos o económ icos y declaraciones de personalidades del
mundo económico. Es decir, los cálculos ec onóm icos no se realizan de acuerdo con la
rentabilidad, sino con el crecim ie nto esperado del valor financiero.
Como vemos, la econom ía se ha desvin culado de lo no estrictamente económ ico
pero, a su vez, son sus normas y valores los que pretenden im ponerse en todos los
demás ámbitos de la vida de las personas. Todo se m ercantiliza (Moreno, 2002). Y esta
es la característica definitoria de la nueva etapa de la mundialización que hoy
denominamos globalización. Por un lado, la econom ía ya no es tá puesta al servicio de
las sociedades, ya no busca el logro del bienes tar de sus miembros, lo económ ico se ha
convertido en un fin en sí mismo y se ha de svinculado de todos los ám bitos de la vida
individual y colectiva de la mayor parte de los habitantes del planeta. Por otro lado,
42

estamos invadidos por la lógica del m ercado que, desde el ámbito económ ico se impone
en todos los campos de la vida, en cualquier tipo de relaciones y comportamientos. Es el
pensamiento único o pensamiento cero (Enmanuelle Todd, 1999), que entiende que este
nuevo mundo debería co nstituir una única sociedad con un único sis tema económ ico, un
único sistema político y una sola cultura. Esta mercantilización de todas las esferas de la
vida se deja notar en el lenguaje, donde lo s trabajadores son “recursos humanos”, la
capacidad de cohesión y organización de un gr upo se denomina “capital social” y los
sentimientos am orosos se vehiculan a trav és de expresiones co mo “invertir en una
relación” (Beaucage, 2005; Moreno, 2005).
Estamos ante un nuevo intento de globa lización, de im posición de un único
modelo a escala global que, com o en otros in tentos anteriores, viene determinado por
una lógica sacralizada que pe netra en todas las dimensione s de la vida, se trata de
modelos que tratan de imponer la legitim idad de su propia cosm ovisión: “vivimos,
desde hace unos veinte años, el intento de globalización m ás poderoso e inhumano de
cuantos hasta ahora se han produci do: la globalización del Mercado” (Moreno,
2002:17). Moreno ve este como el más ex itoso de los intentos con aspiración
globalizadora. El primer intento tuvo a la religión –concretamente al cristianism o y al
islamism o- como Absoluto social, con la ve rdad revelada y su im posición al mundo. El
segundo, surgido del ámbito de la política, pr etendió imponer, y lo consiguió, el modelo
de Estado-nación a todo el mundo a partir de la sacralización de la razón, un sistema de
Estados-nación que sustituyó a todas las fo rmas de gobierno preliberales o no
democráticas por sistemas basados en la dem ocracia liberal, y donde cada uno de estos
estados emprendió unas políti cas de “construcción nacional” dirigidas a la difusión de
una identidad, una cultura y una lengua naci onal comunes. El tercer intento salió del
ámbito ideológico, con un tronco com ún de l que nacieron dos ramas: la que vino
representada por el socialismo, que se basó en la sacralizació n de la Historia entendida
como teleología y que tuvo a la identidad de clase com o la única posible; y otra, la del
capitalismo liberal, bas ada en la lógica de la Razón y en la evolución científica como
motor de un desarrollo imparable. Y, por úl timo, el actual intento de globalización: la
globalización del Merca do, que desarrolla esta racionalidad capitalis ta, con la
conversión de cualquier bie n, material o no, en mercancí a para obtener el m áximo
beneficio al menor coste posib le (solo con cos tes “colatera les” inevitables) y en el
menor tiem po posible. Por tanto, se trata de una nueva fase del capitalismo, y no de una
era nueva como anuncian distin tos autores. “El sistem a económico-social que rige desde
43

sus comienzos el proceso de m undialización y explica su desarrollo es el capitalismo,
siendo su ideología fundam ental, cristalizad a a finales del s iglo XVIII, el liberalism o,
con su discurso sobre la Modernidad” (Moreno, 2002:27). También para Beaucage
(2005), la globalización es la forma que tom an en la actualidad representaciones
dominantes desde el sigl o XVIII, y que se llam aron sucesivamente “progreso”,
“civilización” y, durante la segunda mitad de l siglo XX, “desarrollo”. Este m odelo
actual de sociedad cap italista se apoya en lo que Mo reno (2005) califica com o su
“trinidad sagrada”: el libre mercado, la de m ocracia electoral y los derechos humanos
leídos desde el individualismo metodológico. A este respecto , desde m ediados del siglo
XX, también la an tropología se adh irió a las teorías d e la modern ización con su visión
del desarrollo económico y social. Rodolfo Stavenhagen (2005) m uestra cómo, según
estas teorías, y bajo la influencia de la antropología cultural norteamericana, en México
las aldeas indígenas “despertarían de su leta rgo tradicional bajo el im pacto progresista,
la economía de m ercado y el individualismo”. La cuestión era cómo integrar a las
poblaciones indígenas en la so ciedad y cultura nacional, transformando a sus m iembros
en ciudadanos mexicanos. “El proceso de acultu ración dirigida de m anera pate rnalista
desde el Estado, conduciría a la desaparición de las cultu ras prim itivas y no aptas para la
modernidad (…) si bien la meta era asimilar e integrar a las poblacion es indígenas, en la
práctica significaba la desa parición de las culturas indias” (Stavenhagen, 2005:22).
Desde las políticas indigenistas, apoyadas en teorías antropológicas, se desarrollaron
dos corrientes que coincidían en la no viabilidad de culturas indíg enas en sociedades
modernas: la funcionalista, que entendía la integración de los indígenas como
ciudadanos iguales, lo que equivalía a una homogeneización cultu ral que terminara
progresivamente con los ras gos culturales específicos de sus grupos; y la corriente
marxista, que abogaba por la integración de los indígenas como campesinos pobres para
la lucha revolucionaria, ente ndiendo que la iden tidad se conformaba únicam ente en
relación a la clase social de los individuos, sin tomar en cuenta cóm o las identidades
étnica y de género determinan, a su vez, aquella; y viceversa. Ninguna de estas dos
corrientes fue aceptada por los pueblos ind ígenas. Sin embargo, y siguiendo los
planteam ientos de este autor, la lucha y m ovilizaciones de es tos pueblos han conseguido
importantes logros: m arcos jurídicos, reform as constitucionales y leyes sectoriales que
tratan sobre las condiciones de vida de estas comunida des indígenas. Stavenhagen
(2005) nos habla de la necesidad de supe rar este tipo de planteam ientos que
monopolizaron, y aún lo siguen haciendo, ciertos sectores de la izquierda heredera de
44

este pensamiento caracterizado por una tota l ignorancia de los pueblos indígenas y de
las minorías étnic as y naciona les. Otro ejem plo de la influen cia de la teoría m arxista lo
tenemos en las luchas por las independencia s africanas, donde toda referencia a la
cuestión étnica era interpretada com o un debilitamiento de los m ovimientos
nacionalistas.
Por su parte, Alain Touraine (1997) constr uye la historia de la Modernidad en
etapas: una primera, “la Alta Modernidad” en la que la integración social se justific a en
la ley y la educación, situando el principio de unidad de la sociedad en la razón; “la
Media Modernidad”, a partir del siglo XIX, con la idea de progr eso y desarrollo como
guía y meta; y “la Baja Modernidad”, en la que estam os desde el últim o cuarto del siglo
XX, determinada por la quiebra d e las in stituciones de Bretón W oods y las crisis
petrolíferas, y que tiene com o consecuenci a la ruptura de la unión industrialización-
nación y que nos movamos en un contexto donde el mercado está globalizado y los
nacionalismos optan por defender una identidad amenazada o por movilizar los recursos
materiales y culturales de un país para introducirlo autoritariam ente en la comp etencia
internaciona l.
En la actualidad, vemos cóm o los cuatro pilares en los que se basaba la
Modernidad (Moreno 1998; 2000; 2002), tronco común de las teorías del liberalismo y
del socialismo y de sus respectivos proyect os de sociedad, han caído: la fe en el
crecimiento económ ico indefinido construido sobre la base del av ance continuo de la
ciencia y la tecnología ha sido derrumba do por la evid encia de los límites de los
recursos naturales; el proces o de secularización de la soci edad, que se regiría por la
lógica racional, ha sido desmentido por los fundam entalismos religiosos y, sobre todo,
por la sacralización de valores no religiosos sino laicos, con sus mito s, ritos, santuario s
y pontífices, siendo ho y el Absoluto social, el sacro, el Mercado; la uniform ización
cultural cae ante la evidencia de las reafirmaciones identitaria s, tan to étnico-nacionales,
como de género y otras; y la existencia de un único motor de la Historia (el individuo en
el modelo liberal y la lucha de clases en el m odelo marxista), s e convierte en algo
ilusorio ante la evidencia de que no hemos alcanzado una s ociedad m ás justa y, por el
contrario, lo que tenemos es una sociedad dividida en integrados , precarios y excluidos .
Por lo tanto, en todo lo que se basaba la Modernidad, p ilares sobre los que construir
unos proyectos concretos de modelos de so ciedad, únicos y con pr etensión planetaria,
hoy se han derrumbado. Y, com o afirma Tourai ne (1997), en la actualidad la jerarquía
social opera en plano horizontal, no se trat a d e una estratificación vertical de clases
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definidas por las relaciones sociales de producción, por relaci ones explotador-
explotado. Debemos hablar, tanto en el pla no de las personas, como en el de los
pueblos, países y regiones, de excluidos o in tegrados, “estamos en el centro o en la
periferia, adentro o afuera, en la luz o en la sombra” (Touraine, 1997:14).
La inevitabilidad del proceso es el centro del discurso por el que se nos
“incentiva” a adaptarnos a lo que hay y, según se afir ma, seguirá habiendo. Y esto
también a nivel ind ividual: quien fracasa e s porque no ha jugado bien sus cartas o le ha
faltado el “espíritu emprendedor”. “Por una pa rte, hacen responsable a cada persona de
sí misma pero, por otra, el individuo de pende de unas condiciones de producción y
reproducción que escapan a su aprehens ión y en m uchas casos también a su
conocimiento” (Gavira, 2002:28), lo que hace de sistir a la persona de su capacidad de
protesta y de m ovilización para el cambio, pue s, se nos dice, la culpa no es de las
instituciones sino de los sujetos. No habr ía, por tanto, soluciones sociales, sino
soluciones individuales a problem as partic ulares. Sin embargo, las personas hacen su
vida, no las condiciones de su elección (Gavira, 2002).
La globalización no es total ni signifi ca lo mism o para todos los sectores y
participantes en el juego. El Norte es el pr incipal responsable del deterioro ambiental,
pues siendo el 20% de la población, emplea el 80% de lo s recursos del planeta,
esquilmando su exterior para no ensu ciar la fortaleza. Mientras los m ercados financieros
se globalizan, la fuerza de trabajo está loca lizada, no se permite la libre circulación de
personas. Aunque la ciencia es global, la práctica se orie nta hacia temas definidos por
los países avanzados y la mayor parte de la población queda excl uida, se ignoran sus
problemas o no se tratan de m anera que esta mayoría pueda beneficiarse de los
resultados. En este sentido, cada año m illones de africanos padecen y mueren de
enfermedades que están bajo control y apenas m atan a gente en los países ricos, donde
se evitan con vacunas o con medicam entos fácilmente asequibles. Como ejem plo, está
el caso de Ddis Abeba, ciudad etíope donde se encuentra el único hospital en el mundo
que se ocupa en exclusiva de la fístula obs tétrica, una de las lesiones más desconocidas
que, sin embargo, afecta a dos millones de mu jeres, prin cipalmente del continente
africano. La fístula se produce como consecu encia de un parto con com plicaciones: los
tejidos sufren necrosis y dan lugar a un agujer o entre el cuello vaginal y la vejiga o el
ano. Como consecuencia, la orina o las hece s, o am bos, se cuelan sin control por la
vagina. A partir de ese momento, las mujeres que la sufren son excluidas de la sociedad,
se les construye muchas veces una casa apar te del resto del grupo y allí vivirán solas
46

desde ese momento. En Occidente, afirm an lo s encargados del hospital, la m ayoría de
las parturientas acude a un centro sanitario y, si se presentan problem as, se les practica
una cesárea. Catherine Hamlin, la australiana responsable del hospital de Etiopía,
pretende “… hacer mucho trabajo preventiv o, salir al campo e inform ar de que esta
lesión se puede evitar. Y a la vez f acilitar que las mujeres de esas zonas puedan ir a
estos centros a operarse la fís t ula o a dar a luz mediante cesá rea si lo precisan”. (Coello,
2005). Pero todavía estas mujeres sufren una triple discrim inación: por ser mujeres,
negras y pobres. Estamos ante una doble diná m ica de un mismo proceso: la dinám i ca de
la globalización y la de la se gmentación. El resultado es la exclusión y m arginación de
cada vez más colectivos hum anos y regiones del planeta.
El entramado de redes no es solo de co m unicación de capitales, tan alejados de
nuestra vida social, sino que bienes m a teriales de consum o, ideas y pautas cultu rales
circulan por él (cada vez más, vestim os las mismas ropas en todo el m undo,
consumimos los mismos productos audiovisual es, etc.), generando lo que Ritzer (1996)
ha denominado la macdonalización del mundo. Atrapados en esta red, tratamos de
“protegernos” en una com unidad más cercan a, definida por una pertenencia común
fácilmente identif icable. Junto a la g lobalizació n surge, de es ta forma, otra dinám ica: la
reafirmación de las identidade s colectivas, fundam entadas en una pertenencia común, ya
sea nacional, religiosa, de género…, dentro de la cual le damos sentido a la vida e
intentamos reponernos del desgarramiento que sufrimos. Son “movimientos de
resistencia locales, enarbolando la especifi cidad cultural frente a la globalización
capitalista que los despoja de lo de antes si n darles los medios de alcanzar los nuevos
modelos” (Beaucage, 2005:69; también, Castells, 1998 y 2001; Moreno, 1993b, 1996,
1999a, 1999b, 2000a, 2002, 2005a; Robertson, 1994, 2002) . Existe una percepción de
pobreza asentada en el imaginario social, como afirm a Beaucage: puede que algunas
comunidades com an mejor, pero ahora se si enten m ás pobres, pues no tienen acceso a
elementos culturales qu e antes no contemplaban 17 .

17 Hablando de los indíge nas nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla: “hace 20 años, a la vez que
la luz eléct rica, llegar on los prim eros televi sores que c ompra ron con el dine ro del ca fé. Al principi o, les
parecieron ridículos los koy omej y los xinolas (es decir, nosot ros los o ccidentales) con sus pei nados y
corbatas y tenedo res. Con el paso del t iempo, esto s bien es (y los coches, y las casas con terraza) les
parecieron deseables, pero costaban un dinero que el café jamás daría; sobre t odo que entonces se pa gaba
cada vez menos ( puesto que al firmar el Tratad o de Libre Com ercio con Canadá y Estados Unid os, en
1993, Méxi co había sacri ficado el conju nto de su agricul tura a cam bio de m aquilado ras). Y se derrum bó
la cooperat iva regional de cam pesinos nahuas y toton acos , que ll egó a tener 8.000 m iem bros y a arrebatar
el poder político regional a los caciques en los a ños 80. También canceló sus actividades el Taller de
Tradición O ral, en el que trab ajamos ju ntos dura nte veinte año s recopilan do y publi cando mit os y relatos.
Y salieron los jóve nes, con s us mochilas, c omo los de Oaxaca y Guerre ro, a trabaja r a México y luego,
47

En la reafirmación de las iden tidades culturales no se trata, la mayoría de las
veces, de una consagración a una gran cau sa, a un g ran proyecto de socied ad con
pretensión planetaria (socialista, co munista, islám ica…), sino que es la reivindicación
del derecho a la vida individual y colec tiva en un deseo de participar en el
desenvolvimiento del mundo, que es uno, pero en el que pueden existir diferentes
sistemas económ icos, políticos y culturale s, es decir, “un m undo en el que quepan
muchos mundos”. “El reconocimiento jurídico de los pueblos indíge nas así como de su
identidad lingüística y cultural es reclamado no solamente en nom bre de los derechos
humanos y de una nueva ética global, sino también como objetivo de lucha de los
pueblos indígenas organizados para lograr espacios soci o-económicos y políticos que
les han sido negados históricamente. Com o ocurre con tantos otros movimientos
sociales de la sociedad civil, los movimien tos indígenas se enfrentan constantemente a
la disyuntiva de inco rporarse a las estruc turas institucionales del estado (com o en
Canadá), de asociarse o hacer alianzas con los partidos políticos y los sindicato s (como
en Bolivia y en Ecuador), de organizarse para la resistenci a contra las diversas fuerzas
desintegradoras que los acechan (com o en Colomb ia), o de constituir una base para la
actividad antisistém ica contra la globalización neolib eral (com o los zapatistas en
Chiapas). El em ergente liderazgo indígena busca la es trategia adecuada” (Stavenhagen ,
2005:32-34).
Los conflictos identitarios muchas veces son conflictos por las condiciones de
participación en el reparto de riqueza y as unción de poder. “El actual conflicto entre las
prácticas locales y los principios transnac ionales podría no ser el resultado de un
profundo apego a alguna antigua “tradición” de la comunidad local, sino ser m ás bien la
consecuencia de alguna reciente vulnerabilidad surgida tras la negación de sus derechos
como minoría” (Kym licka, 2003:127). La mayoría de las comunidades étnico-culturales
por lo que aboga es por participar en el sistema de m ercado globalizado desde una
posición propia, representarse a sí mism as en defensa de sus propio s intereses. En
muchas ocasiones no hay un cuestionamiento del m arco, sino un inte ntar estar en la
posición más ventajosa que se pueda dentro de él. La mayoría de los g rupos aceptan las
normas liberal-dem ocráticas, tanto si son inmi grantes com o si son minorías nacionales;
la cuestión, por lo general, es el cómo inte rpretar los principios liberal-democráticos, no

algunos, hasta Estados U nidos. Com o me lo decía uno: fue bonito Pierre, lo d e los cuentos y ap render a
escribir en nauta. Pero mejor nos hub ieras enseñado inglés, así podríam os ir a trabajar d el otro lado”
(Beaucage, 2 005:71 ).
48

requisitos, para lo que es necesario el so metimiento a determ inadas medidas
macroeconóm icas: estabilización de precios, reducción del gasto público... Por este
filtro solo han pasado 18 de los 38 países 20 y, adem ás, a lo máxim o que han llegado es a
una cancelación que va de entre el 8% y el 40% de la Deuda. Si a Irak se le ha
cancelado en 5 ó 6 meses el 92% de la Deuda Externa, es evidente lo que afirma
Martínez Osés (2005): se trata de una cuestión de voluntad política. Por su parte, el
Gobierno español ha puesto en marcha el can je de la Deuda de Ecuador, Argentina y
Bolivia por educación, y ya, desde la coor dinadora estatal de ONGD, se alerta del
peligro de que estos fondos signifiquen la comp ra de bienes y servicios o la contratación
de empresas españolas para la constr ucción de es cuelas en aquellos países.
En cuanto al comercio internacional , hoy se reconoce que aunque los países
ricos destinen el 0’7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (y en las condiciones
antes expuestas) y se cancelen todas las deuda s externas (también con la financiación de
los servicios básicos con ese d inero liberad o), si no hay un cam bio en el sistema de
comercio internacional a escala m undial, la pobreza de amplias region es del mundo no
parará o, incluso, se multiplicará con el tiem po. La OMC tiene una g ran responsabilidad
en esto. Es, como afirmó el economista Delgado Cabeza en una intervención en
diciembre de 2005, el pilar fundamental del or den mundial establecid o y, por tanto, de
ella depende en gran medida el cóm o vivi mos. Tiene reglas que no se ciñen a lo
económico, sino que van m ucho más allá, lo qu e es enorm emente grave si tenem os en
cuenta que se trata de un organismo internacional donde no existe una toma democrática
de decisiones: su secretaría técnica llama a los países que le apetece y cuando le
apetece, es decir, al G-8, y a países de economías poderosas con problem as fuertes de
exclusión (Brasil, Rusia, etc.) 21 ; a los que no le apetece, lo s deja fuera. Los 50 países
más pobres del planeta están todos incluidos en la OMC, ya que es condición para la
recepción de préstamo s de las instancias financieras del FMI y del BM, pero nunca
están presentes en las negociaciones. Sin em bargo, antes de existir la OMC, en 1981,
tuvo lugar la Ronda de Negociaciones Comerciales de Uruguay, referida al ámbito
comercial internacional y en la que se em pezaba a pedir que las grandes economías
eliminaran o redujesen sus barreras arancelari as. Por contra, lo que los países del Norte

20 Los 18 paí ses son: B enin, B olivia, B urkina Faso , Etiopía, Ghana, Guay ana, Honduras, Mada gascar,
Malí, M auritani a, Mozambi que, Nicarag ua, Níge r, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zam bia.
21 Siguien do el argum ento de Delga do Cabeza, paí ses c omo Brasi l o la India ha n sido puest os en las
negociaciones “com o si” representaran a los dem ás pa í ses pobres. Si n em bargo, por ejem plo Brasil , lo
que preten de es pe netrar c on sus pr oductos en otros mercado s; no im pedir las dinám icas que pr ovocan
que sus m ercados internos se arruinen c on pro ductos de fuera.
55

han hecho es ampliar esas barreras y exigir a los países “en desarrollo”, a través de las
instituciones financieras internacionales ( donde tienen la mayoría de los votos), que
destruyan sus barreras arancelarias, que abar aten los costes laborales, que no protejan
sus economías, etc. Naciones Unidas, con la Declaración del Milenio , continúa
demandando la elim inación de barreras aran celarias a Estados Unidos y a la Unión
Europea, sobre todo para los productos agríco las y textiles, los de más repercusión en
los países del Sur. Muchos de los produc tos de aquellos países, en las mism as
condiciones en el sistema económ ico que el No rte, serían competitivos en los m ercados,
pero no lo son porque no pueden acceder a ellos o, si lo hacen, deben pagar altos prec ios
que encarecen sus productos 22 . En este contexto, la orientación de la economía de los
estados al exterior no garantiza su desarrollo. Todo depende del valor de lo que se pueda
exportar y de las regulaciones a las que es tén sometidos los productos que se exporten
según su lugar de procedenci a. El África subsahariana, aunque tiene una ratio de
exportaciones/PIB superior a la de las economías desarro lladas, se m antiene en la
pobreza, pues sus exportaciones son fundam entalmente de m aterias primas de valor
bajo 23 , y están som etidas a unas reglas enormement e restrictivas para su entrada en los
mercados exteriores, beneficiándose de esta economía solam ente pequeñas élites a las
que después se les señala como únicas responsables d el mecanismo estructural
internacional de exclusión.
Otra exigencia de la Declaración del Milenio es la eliminación de subsid ios a la
exportación como única manera de acabar con el dum ping, práctica por la que se
colocan en mercados externos produ ctos a precios por debajo del coste de producción.
“Es decir, en la UE, con nuest ros impuestos se paga a em pr esas holandesas, españo las,
europeas en definitiva, para que sobreproduzcan y para que su producción se oriente a la
exportación de los excedentes de esa sobrepr oducción; es decir, se subvenciona a esas
empresas de tal form a que, al final, el co sto neto de los productos colocados en el
mercado de un país del Sur hace que se derrumbe la eco nomía local de ese sector”
(Martínez Osés, 2005).
Algunos datos que nos sitúan en el c ontexto actual (Díaz Salazar, 2005):

22 “Sin subvencione s, el algodón esta dounidense costaría do s veces y media más que el pre cio mundial; el
algodón europeo, tres veces más y el conjunt o de la s filiales africanas estarían e n equilibrio”, ase gura
Tiendrebeo go (empresari o bur quinés). (P hilippe Bernard, Le Monde , miércoles 6 de jul io de 2005).
23 Según Delgado Cabeza, de 1900 a 2000, el pr ecio de las m aterias prim as, que es lo que
fundamentalmente apor tan los países del Tercer Mundo, bajan un 75%.

56

- A finales del siglo XX los habitantes de Europa y Estados Unidos
gastaron 17.000 m illones de dólares anuales en alimentos para anim ales
domésticos, pero no lograron inve rtir los 13.000 m illones de dólares
anuales necesarios para eliminar el hambre.
- En el año 2000 la Unión Europea subvencionaba con 913 dólares a
cada vaca de su territorio y destinab a 8 dólares a cada persona africana
para ayudarla a salir de su pobreza.
- Actualmente, 70 personas tienen u na riqueza superior a la renta de
1.455 millon es de pobres asiáticos.
- La financiación anual del programa mundi al contra el sida y la m alaria
es igual a lo gastado durante medi o día en una guerra ilegal a Irak.
- La llamada Ayuda Oficial al Desa rrollo destina solo 17 de cada 100
dólares de sus fondos a comb atir la pobreza extrema.
- Con solo aplicar un impuesto del 0’5% a las transaccion es cambiarias
(tasa Tobin) se habría obtenido en 1994 un billón y medio de dólares.
Esa cantidad era más que suficiente para erradicar la pobreza en el
mundo, dado que para reducirla a la mitad en 10 años solo se
necesitaba 135.000 millones de dólares anuales (el 0’5% del PIB de lo s
países ricos en 2005).
- En numerosos países del Sur es más barato el kilo de arroz o m aíz
proveniente del mundo rico que el producido por los agriculto res
locales, lo cual provoca su ruina. Té ngase en cuenta que el 75% de los
pobres son campesinos. La política de l FMI en este ám bito está siendo
nefasta. Un ejemplo lo tenem os en el Parlamento de Ghana, que aprobó
un sistema de aranceles para prot eger a sus agricultores pobres y el
FMI obligó al Gobierno a rebajarl os como condición para recibir
nuevos préstamos.

Es un contexto en el que, por un lado, los mercados de bienes y servicios se
globalizan, las actuales unidade s com erciales no son los p aíses, sino las em presas y las
redes de empresas; por otro la do, los mercados interiores re presentan la m ayor parte el
PIB de los estados y en los países en ví as de desarrollo la s economías informales,
orientadas princ ipalmente a los m ercados loca les, constituyen la mayor parte del empleo
urbano. La situación es la siguiente: las in stituciones gubernamentales y los servicios
57

públicos de todo el mundo, que representan gran proporción de los empleos de cada
país, están excluidas de la comp etencia inte rnacional y dos tercios de los trab ajadores
siguen teniendo un empleo agrícola, generalm ente en su propia región. Esto no quita
para que cada vez haya más interdependencia de la m a no de obra a escala global como
consecuencia del em pleo en las compañías m ultinacionales y sus redes asociadas. En
consecuencia, el comercio internacional, ca racterizado por la co m petencia y un modo de
gestión flexible, afecta a las condiciones de empleo y trabaj o en todo el planeta. La
mayoría de la m ano de obra, aunque no circul e en la red, depende de la conducta de
otros segmentos de la misma, lo que da co mo resultado un proceso de in terdependen cia
jerárquica de la mano de obra por los m ovimien tos de las firmas en los circuitos de su
red global. “La econom ía global no abarca todos los procesos económ icos del mundo,
no incluye todos los territorios ni el trabajo de todas las personas, pero sí afecta a la vida
de la humanidad. Aunque sus efectos alcanzan al planeta entero, su funcionam iento y
estructura conciernen solo a determ inados segmentos de sectores econ ómicos, países y
regiones, en proporciones que varían según la posición del sector, país o región en la
división internacional del tr abajo” (Castells, 2000:169).

2 . 3. Las migraciones actuales como efecto de la globalización.
¿Por qué afirmamos que las nuevas migraciones son consecuencia de la
globalización? Formamos parte, como hemo s indicado más arriba, de una sociedad
dividida en integrados , precarios y excluidos (Moreno, 2004), tanto a nivel individual
como colectivo: personas, pueblos y regiones “estamos en el centro o en la periferia,
adentro o afuera, en la luz o en la sombr a” (Touraine, 1997:14). El contexto económ ico
y político mundial, que tiene como resultado evidente la exclusión y marginación de
cada vez más grupos de individuos, sectores y regiones del planeta, determ ina las
condiciones de salida del propi o país (división internaciona l del trabajo, program as de
ajuste estructural, pasado colonial…) y las condiciones de entrad a e integración en los
“países de acogida”, con la ciud adanía co mo criterio de ex clus ión y segmentación del
mercado laboral. Es en este m arco donde hay que situar la “elecci ón” de la emigración
principalmente com o estrategia de superviven cia de los g rupos fam iliares de los países
empobrecidos y de desarrollo social de sus m iem bros, como es el caso de Senegal, país
de origen del grupo de inmigran tes en el que centraremos nues tro análisis para estudiar
la concreción de las políticas migratorias de la J unta de Andalucía. En este como en los
otros casos, su sistema polít ico, sus actividades económicas, sus m aneras de participar
58

en la vida social y política, el rol de la s redes formales e inform ales…, son consecuencia
del contexto mundial cuya lógica estam os intentamos describir.
De las regiones del mundo ex cluidas de los centros de poder, a las que se les ha
asignado un papel subalterno en la división interna cional del trabajo, parten en la
actualidad muchos de quienes aspiran a m ejora r sus condiciones de vida y/o la de sus
familiares y entorno. E n este sistem a econó mico global, basado en los intercambios
desiguales, las migraciones son la vía de su incorporación com o fuerza de trabajo a los
países receptores, casi siem pre en condici ones salariales y de trabajo enorm emente
precarias. “Una globalización fragmentada co mo la que vivimos no puede dejar de
agudizar la crisis del vínculo social, la marea creciente de lo que ha sido denominado
como el mundo de los sin , de los que caen a través de las m allas cada vez m ás
deshilachadas de la red social” (De Lucas, 2003:17). Estamos en la era de los
refugiados, de las personas desplazadas, de las migraciones m asivas (Said, 2005:180).
Siempre ha habido m ovimientos de poblacion es, es verdad, pero los orígenes de
quienes hoy forman parte de nuestras soci edades han cambiado porque también lo ha
hecho la manera de funcionar el mundo. Es una población inmigrante diferente.
Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Argentina…, son países tradicionales de
inmigración, pero ha cam biado la composición de la población, los países de
procedencia de quienes llegan son hoy otros. A su vez, el orig en de los “nuevos
inmigrantes” de cada país varía dentro de l Prim er Mundo, como consecuencia de la
existencia de nexos tanto geográficos como históricos que relacionan países em isores y
receptores de m igraciones: en Alemania, muchos inmigrantes son originarios de
Turquía y Europa oriental; en Italia, hay un aumento de pe rsonas llegadas de Albania,
de la antigua Yugoslavia y del Norte de Áf rica; en Francia y Reino Unido llegan los
originarios de antigua s colonias; en Estados Unidos, de México y Centroamérica; en
Australia, de países de Asia, de Nueva Zelanda y del Reino Un ido; y en España
proceden fundam entalmente de Marruecos y, de form a creciente, de países
latinoamericanos y subsaharianos. Por supuest o, y esto m u chas veces se olvida, los
mayores m ovimientos de población tienen lugar de Sur a Sur: en África, Asia, Oriente
Medio y Latinoamérica, com o consecuencia de la dificultad en el acceso al Primer
Mundo. Una cosa es clara en cu alquier lugar del planeta: hoy, quienes emigran son, en
su mayoría, los excluidos de la globalización.
Me parece de interés señalar una realid ad apuntada por B lanco (2000). Todos
sabemos que los procesos m igratorios producen efectos en la sociedad de origen, en la
59

sociedad de destino y en los pr opios inmigrantes. Pues bien, en cuanto al país de orig en,
la emigració n de sectores jóvenes de la población favorece el m antenimiento de pautas
culturales propias de las gene raciones de mayores, con pocas posibilidad es de relecturas
innovadoras.
En contra de lo que suele creerse, la s migracio nes contemporáneas, en muchos
casos, no responden a proyectos individuales de mejora de las propias condiciones de
vida, sino que se constituyen en estrategia de supervivencia del grupo doméstico, la red
familiar o, incluso, la región de origen. En este sentido, es fundamental el papel del
envío de remesas al propio país. Actualm ente, la emigració n no es “sólo” un escape de
una persona de un país en crisis económica; la posibilidad de enviar dinero para aliviar
el día a día de familiare s que permanecen in situ es m otivo clave para la emigración y,
muchas veces, incluso los propios gobierno s empujan a la salida por constituir las
remesas una de sus principales fuentes de di visas. En el caso colom biano, por ejemplo,
se han convertido en la segunda fuente de di visas más importante para el país, m uy por
encima de las exportaciones de café.
Según el Banco Mundial, las remesas m undiales en el año 2004 superaron los
125.000 millones de dólares y provenían de unos 125 millones de trabajad ores
emigrantes. Analicem os un caso concreto: alrededor de 20 m illones de personas de
América Latina y el Caribe viven fuera de su país de origen, la m itad emigraron en la
década de los 90, a Estados Unidos, y de forma creciente a Europa. En 2002, las
personas emigrantes enviaron a los países en desarrollo rem esa s por valor de 88.000
millones de dólares -un 54% m ás que los 57.000 millones de dólares que recibieron esos
países en concepto de asiste ncia para el desarrollo ( Secretario General de Naciones
Unidas. Discurso pronunciado ante el Parl amento Europeo el 29 de enero de 2004) . En
2003, las remesas hacia ALC sobrepasaron los flujos com binados de Inversión
Extranjera Directa (IED) y la Ayuda Of icial para el Desarrollo (AOD); también
sobrepasaron en muchos países el monto de l pago de los intereses de la deuda externa
(Ippolito, 2004).
Los países de América Latina son los rece ptores de casi el 40% de las rem esas
globales que parten, en primer lugar, de Es tados Unidos y, en segundo lugar, de España.
Según el Banco de España, en 2003 Colom bia recibió unos 555 millones de euros,
Ecuador una cantidad sim ilar y Marruecos algo m ás de 100 millones 24 . El total d e

24 Son datos ext raídos del artí culo de M. Llusí a “Las remesas de los em igrantes”, en Página A bier ta
nº163. Madrid, octub re 2005.
60

inmigrantes en España enviaron a sus país es de origen 2.77 1 millones de euros en tre
enero y octubre de 2004, lo que supuso un increm ento del 17’5% respecto al mismo
periodo de 2003. A pesar de esta elevada cantid ad de dinero, todaví a el que sale de
España por esta vía sigue sie ndo menos que el que entra en el país, ya que las rem e sas
enviadas por los españoles re sidentes en el extranjero alcanzaron los 3.505 millones de
euros durante los diez primeros meses del año 2004 25 . Es este un dato que debería
hacernos poner en cuestión la tan repetida frase, sobre todo dicha por lo s políticos, de
que “ya no somos un país de em igración”.
El valor de las remesas está, principalm ente, en que es un dinero eficiente, viaja
de persona a persona a través de simples tr ansferencias, s in apenas interm ediarios, por
lo que Estados y organismos multilaterales tienen poco que ver en ello. Son
transacciones que no dependen de las fluctu aciones del mercado, com o la exportación
de materias prim as, ni están expuestas a los condicionantes de la a yuda o a la volatilidad
de las inversiones extranjeras. El país r ecep tor se ahorra, además, los deberes de la
ayuda condicionada de los bancos multilaterale s, los planes de ajuste estructu ral u
ofrecer seguridad jurídica a los inversores.
Convendría también señalar cómo el térm ino “inmigrante” está quedando
únicamente para las personas procedentes de países empobrecidos, denom inando con el
término “extranjero” a quienes proceden de países desarrollados. Sin embargo, los dos
sufren un desplazamiento que im plica una re organización vital, un cambio de entorno
político-administrativo, social y cultural para un pe riodo de tiempo considerable, pero a
través del lenguaje interiorizamos una divisi ón que servirá de fuente de desigualdad en
el trato. El término “inm igra nte” se ha cargado de prejuici os ideológicos. Por otro lado,
cuando se mantiene este térm ino para todos los que viven un proces o m igratorio, se le
añade un califica tivo que legitim e la diferencia en el trato: en la Unión Europea, esta
desigualdad ha sido establecida por le y diferenciando entre los inmigrantes
“comunitarios” y los inm igrantes “no com unitarios” o “extracomunitarios” (Blanco,
2000).

2.3.1. Segmentación de los mercados de trabajo y flujos migratorios.
En la Nueva Economía antes esbozada, existe una gran transform ación en la
estructura del comercio: al tradicional de sequilibrio comercial entre las “econom ías

25 El País (Economí a) , domi ngo 13 de febre ro de 2005
61

desarrolladas” y las “econom ías en vía de desarrollo” 26 derivado del intercam bio
desigual entre bienes manufacturados m uy va lorados y materias primas a las que se
impone bajos precios, se ha superpuesto una nueva form a de desequi librio: el comercio
entre bienes de alta y b aja tecnología, y entre servicios in tensivos y no intensivos en
conocimientos, caracterizado por una pauta de distribución desigual del conocimiento y
la tecnología entre los países y regiones del mundo. (Castells, 2000:143). La capacidad
y la infraestructura tecnológicas, el acces o al conocim iento y unos “recursos humanos”
sumamente cualif icados son las fuentes de la competitividad en la nueva divis ión
internacional del trabajo, cada vez más entr e firmas: las redes trasnacionales de
producción, sujetas a c orporaciones m ultinacionales des igualm ente distribuidas por el
planeta configuran el modelo de comercio internacional.
En esta Nueva Economía , el mercado laboral se hace m á s flexible, el sistema
productivo se fragmenta en unidades m ás pequeñas y dispersas, la división territorial del
trabajo y su especialización aumentan, es decir, nada que ver con el modelo de
producción de la fábrica de los sesenta. Sin embargo, se acrecienta la concentración del
capital y el control de su acumulación, por lo que estam os ante una continuación de
periodos anteriores pero con la rapidez y extensión que ahora permiten las nuevas
tecnologías, facilitadoras de la descentralización y flexibi lidad neces arias para continuar
el proceso de acumulación del m áximo benefi cio al menor coste y en el menor tiempo
posible. Las estrategias de las m ultinacionales son ahora a es cala mundial. Cada vez hay
más fusiones, crecen los grandes p ara c ontrolar cad a vez más cuotas del m ercado
mundial: las grandes firmas dominan entre la m itad y los dos tercios de la producción y
del comercio del m undo. “El resultado es un sistem a gigantesco y centralizado de
producción y distribución gobernando los pr ocesos económicos, e im poniendo su
dinámica y sus intereses, desde lo gl obal a lo local” (Delgado, 2002:46).
Ya lo hemos apuntado: actualmente, la economía está dirigida a la m áxima
rentabilidad de las em presas y al aumento del valor de sus accione s, siendo la reducción
de los costes de producción (junt o al aumento de la productiv idad, la aceleración en la
rotación del capital y la ampliación de los m e rcados) una de las formas de aum entar los

26 Este concepto de países en vía de desa rrollo es una entelequ ia pues, entre otras cosas existen límites
ecológicos que imposibilitan que todo el planeta alcance unos niveles de riqueza ma terial equi valentes al
que hoy tiene Occide nte. Para cubrir las necesi dad es haría n falta los recursos de cinco planetas
(Chambers, 2000).
62

beneficios 27 . La manera fundam ental de reducir los costes de producción es hacerlo
actuando sobre la mano de obra, provocando la segmentación del m ercado de trabajo,
convirtiendo a trabajadores como los inm i grantes en simples m ercancías. “Hoy el
trabajo, aunque su movilidad esté muy lim itada y controlada, y las ba rreras, lejos de ser
suprimidas, se vean reforzadas, es u n r ecurso cuya utilización o exclusión tienen que
ver, en gran medida, con estrategias gl obales y/o con la posición ocupada en una
dinámica fuertem ente condicionada por la globalización” (Delgado, 2002:40).
Del total de la población ocupada, alrede dor del 20% son quienes se benefician
de toda esta amalgama de la globalización. El resto de trab ajadoras y trabajadores han
visto empeorar sus condiciones de trabajo con los procesos de f lexibilizació n y
deslocalización, desempeñando empleos cad a vez más mecánicos, de producción o de
servicios, situándose entre la precariedad y la ex clusión, dos de las tres esferas en q ue
hemos dicho que se basa la jerar quía social actual (Delgado, 2002) 28 , con todo lo que de
inseguridad e incertidumbre tiene el estar al lím ite de un nivel para no caer al otro.
El único trabajo realmente globalizado es el especializado, el altam ente
cualificado, el trabajo cuya demanda es excepcionalmente alta en todo el mundo y que,
por ello, no sigue las reglas habituales en lo que se refiere a norm as de inmigración
(altos ejecutivos, científicos e ingenieros , inform áticos, mano de obra cualificada en
sectores como la tecnología de la info rmación, analistas fina ncieros, artistas,
diseñadores, actores, deportistas, etc.). En es te sentido, ha habido iniciativas políticas
para favorecer la entrada de es tas trabajador as y trabajadores , lo que ha significado una
reorientación en las políticas migratorias tem porales pa ra personas que ocupen esos
puestos de trabajo. Algunos países de la OCDE han modificado su legislación para
facilitar la entrada a estos es pecialistas. Por poner dos ejem plos, en Japón, las visas han
pasado de tener una duración de un año a tenerl a de tres para determinadas categorías de
trabajadores, y en Alemania existen program as de inmigración temporal para reclutar
especialistas en tecnologías de la información. Pero, com o decimos, se trata de políticas
para una minoría de trabajadores “estrat égicos” que no significan, en absoluto, una

27 Según Delgado Cabeza, un tercio del com ercio mundi al lo copan las em presas trasnacionales; otro
tercio es un comercio intra-firma, es d ecir, entre las empresas y sus filiales y entre las mismas filiales; y el
últim o tercio, que apare ntement e es el que tiene luga r entre países, es donde se producen las com pras de
las trasnacionales a sus no filiales. La gravedad es ex trema si tenemos en cu enta que el obje tivo de las
trasnacionales no es satisface r las necesidades de la gente, sino c rear valor para el accionista, l o que va
justamente en la direcci ón opuesta.
28 En la actualidad, al rededor del 70% de trabajador as y trabajadores de los países indu strializados
realizan tareas repetitivas y rutinarias (Rifkin, en Delgado, 2002).
63

reorientación en los planteamientos de tr atam iento general de la inmigración sino todo
lo contrario, responden a más de lo mism o.
El resto de los trabajadores, quienes no poseen estas excepcionales
cualificacio nes y tienen la intención “simplem ente” de mejorar sus condiciones de vida
y la de los suyos, lo tiene mucho m ás difí cil. El capital es global, las redes de
producción son globales, pero el trabajo no lo es, solo aquel de gran im portancia
estratégica que acabamos de señalar. Todos som os testigos de cóm o muchos
inmigrantes llegan con títulos un iversitari os o incluso habiendo desarrollado u na
importante trayectoria profesional en sus países de origen y, sin embargo, aquí nada de
eso les es reconocido. Se les introduce en actividades y puestos de trabajo con
condiciones y salarios que, en no pocas ocasiones, ningún otro sector acepta y ellos, por
su condición de vulnerabilidad y la necesidad de tener in gresos a corto plazo, sí lo
hacen. Además, el bajo estatus ligado a ci ertos sectores l aboral es repelerá a los
trabajadores autóctonos de rea lizar determinados trabajos que el inmigrante aceptará
porque sus motivaciones son otras, pudiendo significar una remuneración dotadora de
estatus para sí y los suyos en el país de origen. Q uienes car ecen de valor según lo que se
valora en el momento, o quienes dejan de poseer ese valor, se descartan, son
desconectados de la red. No quiere esto deci r que estén desconectados socialm ente, pues
es imposible “escapar” d e esta dinámica y vivi r en una burbuja, sino que no trabajan ni
consumen dentro de esta econom ía global, a unque los procesos económicos y sociales sí
les influyan directamente.
La economía inform al juega en este c ontexto un papel fundamental: es dentro
del “sector informal” donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras participan de
manera plena en el orden económ ico existent e (Peattie, 1980; Port es, 1995). El sector
informal no es sinónim o de pobreza, ni monopol io de ningún grupo concreto, se trata de
“todas las actividades generador as de ingreso que no están reguladas por el Estado en un
medio ambiente social donde actividades sim ilares están reguladas” (Clastres y Portes,
1989:12). Es decir, se trata de actividades económicas que evaden, por definición, las
leyes existentes y las entidades regulador as del Estado. En este sentido, nos parece
importante s eñalar que la form alidad o inform alidad de las actividades económicas varía
de un Estado a otro (Portes, 1995).
¿Cómo “protegerse” la m inoría privilegiad a de la desesperación y búsqueda de
mayor nivel de vida de la gran m ayoría de la población, excluida o m arginada? Se apela
al miedo para legitim ar todo el sistema que genera, a su ve z, lo tem ido. La “solución”
64

problema (colonialism o, postcolonialismo y ritm os de desarrollo), las causas próximas
(ecológicas, sistem as políticos, etc.) y causas que precip itan la emigración (falta de
trabajo, carga fam iliar, etc.) 30 . Por su parte, Salas López (2005) divide las teorías
basadas en las causas de las migraciones en aquellas que parten de una perspectiva
macrosocial (estructural y socioeco nómica) y las que lo hacen desde una perspectiva
microsocial (individual y m otivacional), y establece una segunda división en tre los
análisis centrados en el inicio de los procesos y los centrados en su perpetuación (caso
de las redes sociales).
Desde nuestra óptica, debemos tener en cuenta, por un lado, que la raya que
separa las causas utilizadas como criter io de clasificación de las m igraciones
(ecológicas, económ icas, políticas) cada vez es menos nítid a; véase, si no, cómo
influyen de diferente manera los “des astres ecológicos” dependiendo de las
posibilidades de resistencia y organización de l lugar que los sufre y có mo los desastres
de las guerras dejan en la miseria a la m ayor parte de su población ; y, por otro lado,
también hemos de tener en cuenta que hoy estamos siendo testigos de nuevos
movimientos migratorios (Blanco, 2000): mi graciones de jubila dos con recursos
económicos que se instalan en las costas andaluzas por unas mejores condiciones
climáticas, o m ovimientos desatados por la cooperación al desarro llo con la instalación
temporal o definitiv a de sus agentes en el país destino de la ayuda.
En cuanto a la Antropología, es ta com ienza sus estudios sobre m igraciones en la
década de los 50 centrándose, fundamentalme nte, en los m ovimientos de cam pesinos

30 También Castles y Miller (1993) han dividido la historia de las migraciones centrándose en las cau sas
que las p roduc en. Lo ha n hecho en tres peri odos. El prim ero, m igracione s “prem odernas” ( hasta m ediados
del siglo XIX), vi enen causa das por l os tras lados f orzoso s genera dos por c onquist as, esclavism o o por
motivos ec ológi cos. El se gundo, Migraci ones moder nas, l o divide n en d os sub-etapa s; la primera, l a
industrialización occidental (1850-192 0), es el momento en que las corr ientes migratorias se dirigen de
Europa hacia la s colonias del Nuevo M undo y a otros continentes y en que el trab ajo for zado provo ca el
traslado desde las colonias europeas asiáticas hacia ot ras colonias europeas; a su vez, dentro de Europa,
los movim ientos de población se di rigen a los lugares de incipiente industrialización; y la segunda sub-
etapa, la de s u consolidaci ón (1945- 1973) , viene de finida p or la inc orporació n de l os países del
denomi nado Tercer M undo a l as redes mi gratorias inter nacionale s 30 , m uchas con recorrido en el interior
del propio continente africano. Es la etapa en que se producen enorm es desplazamientos consec uencia de
la Segu nda Guer ra Mundi al, pr ovocand o un g ran número de ref ugiad os y des plazados que despu és
aumentarán con la escisión de antig uos e stados (caso de l a India, dividi da en In dia y Pakistán) y con los
enormes desplazam ientos forzados de pueblos com o el palestino. Es, adem ás, el momento en que Estados
Unidos , Austr alia y Canadá 30 restringen su inm igración establecien do cu pos por oríge nes étnicos . Y el
tercer peri odo, m igraciones cont emporá neas, a partir de 1973, etapa e n que las migracione s afectan cada
vez a más y más países y regiones, y se en cuen tran inse rtas en pr oces os qu e afe ctan a cad a rinc ón de l
mundo, provoc ando el aument o del volum en de i nmi grantes, la am pliación de las re des mi gratorias y la
diversificación de los tipos migrator ios (re fugiados y desplazados, re gulares e irregulares resultado de la
aplicación de políticas de entrada e integración de l o s pa íses receptores…). Son las migraciones de la
globalización.

71

del campo a la ciudad y en sus estrategias de adap tación al nuevo m e dio. Es a principios
de la década de los 80 cuando la migraci ón internacional em pieza a ocupar un lugar
central en nuestra discip lina.
Lawellen (2002) divide los estudios sobre migraciones en tres etapas:
1) Etapa de la “antropología clásica”, en la década de los sesenta, con el push-
pull como modelo de explicación dominante: las personas del cam po emigrarían a la
ciudad, dentro o fuera del propio país, y se as imila rían a la cultura dom inante en una o
dos generaciones. Diversas teorías del push-pull analizan los factores que determinan el
desarrollo de cada proyecto migratorio. En es te sentido, Petersen (1958) señala los
factores contextuales (económico, político, so cial, cultural) y la importancia de las
expectativas individuales, centránd ose en los factores contextuales y asociando la
realidad del contexto del país d e salida (que provoca la decisión de em igrar: push ) con
los elementos de los lugares de destino (que actúan de reclam o para los inmigrantes
potenciales: pull ). Dentro de esta etapa se desarrolla la “Teoría de la Modernizació n y
las Migraciones” basad a en la creencia de un modelo de evolución unilin eal hacia un
mundo mejor a través de la industrialización, del desarro llo tecnológico, la educación y
la democracia. Todo se fundam enta en pares de opuestos, fundamentalmente el
tradicional/moderno . Es el folk/urb an de Redfield, (1941) que enfrenta lo tradicional
con lo moderno, com o un proceso de asimilación de valores m odernos, como el
individualismo, la educación, el gusto por el cambio, etc. y que en los años 60 cae ante
la evidencia de que este movimiento del cam po a la ciudad puede no llevar consigo ni
un mayor desarrollo ni un cam bio en la ment alid ad de quienes em igran, además de una
realidad que mantiene a los cam pesinos en la marginalidad.
Relacionada con la teoría del push-pull , estaría
2) Etapa de la “antropología m oderna”, con los m odelos neo-marxistas y su
análisis de las desiguald ades estructurales com o argumento explic ativo que lleva a la
gente de regiones menos desarrolladas a otra s m ás desarrolladas en busca de trabajo
(Todaro, 1976; Borjas, 1990). Dos teorías adqu ieren protagonism o: la “Teoría de la
Dependencia y las Migraciones”, con la que Gunder Frank (1967) focaliza la atención
en las oposiciones desarrollo/subdesarrollo y dominación/dependencia , y su análisis va
de lo individual-familia r al estado y al sistema interna cional, tom ando relevancia la
teoría del colonialismo interno y la de l sistema-m undo de Wallerstein (1974) con
planteamientos de autores com o Castles y Ko sack (1975) ; La segunda teoría es la de
“Articulación y las Migraci ones”, argumentando que exis te una articulación entre
72

modos de producción capitalistas y modos de producción no capitalistas: Meillassoux
(1985) expone la articulación entre el capitalismo y las econom ías tradicionales
africanas y Li (1996) expone la articulación en el comunismo chino. Se pone el acento
en la complementaried ad de labores asalariadas y agricultura de su bsistencia y se
reconoce el importante papel que jueg an las mujeres a nivel económ ico.
3) etapa de la “antropología emergente”, que se aleja de las gr andes teorías y se
centra en las peculiaridades de migraciones concretas, es deci r, en las migraciones como
procesos complejos, con motivos com plejos y experiencias com plejas. En esta etapa
aparece un nuevo vocabulario: trasnacionalismo , diáspora, multiculturalismo,
ciudadanía, movimientos so ciales, refugiados, etc. En los noventa, se presta atención a
lo simbólico, lo lingüístico y los dem ás aspect os construidos de la sociedad. Se focaliza
la atención en las experiencias, las expectativ as y las id entidades de los m igrantes, en la
articulación entre lo global y lo local . Se entiende ahora que los movimientos
migratorios actuales, basados en el capitalismo global, no responden a los argumentos
explicativos de los movimientos m igrat orios del pasado. Toma una im portancia
principal la idea de espacio, que se repiensa y redefine, a la vez que se contem pla la
necesidad de relacion ar los regím enes de lo s go biernos con las habilidades de la gente
para construir sus vidas y sus identidades, relacionado todo con la economía global y los
procesos trasnacionales.
El interés por el carácter trasnacional de las m i graciones surge en torno a las
dificultades que encuentran las políticas d e asimilac ión de inmigrantes en los Estados
Unidos, a finales de los años ochent a (Escrivá y Ribas, 2004:38). Hoy el
trasnacionalismo constituye una perspectiva teórica fundamental en el estudio de las
migraciones. Los trabajos de Glick Schill er (1995), Bash (1994) y Rouse (1991) son
citados por Guarnizo (2004) como estudios precursores que abrieron el campo y el
interés sobre realidades que ahora comenzaron a acom pañarse del adjetivo
“trasnacional”. Pero, s egún este m ismo autor, fue una segunda ola de estudios la que ha
asentado las bases teóricas: Guarnizo y Sm ith, 1998; Glick Schiller, 1999; Vertovec,
1999; Kyle, 2000; Levitt, 2001; Mahler y Pe ssar, 2001; Itzigsohn y Giourguli Saucedo,
2002; Portes et al., 2002; Wi mmer y Glick Schiller, 2002.
Junto a la mayor homogeneización de aspiraciones y n ecesidades a escala
global, la realidad trasnacional tam bién nos adentra en el debate sobre nuevas form as de
resistencia a esta homogeneización y de transf orm ación social. Por una parte, el proceso
de glocalización facilita la organización de movim ientos de contestación trasnacionales,
73

como los ecologistas, los feministas, o lo s propios movimientos antiglobalización. Por
otra, ha dado lugar a la ap arición de nuevas formas de migraciones que conllevan, entre
otros resultados, nuevas posibilidad es de id entificación, como pone de m anifiesto la
existencia actual de diásporas 31 repartidas por todo el globo.
En la actualidad, podemos hablar de pro cesos de migración “de ida” –def initiva
o con retornos ocasionales- y “de ida y vuelta”, que, a su vez, puede ser una sola vez (se
emigra con el fin de conseguir un objeti vo determ inado que, una vez alcanzado, supone
el regreso al lugar de origen ), o de procesos donde las id as y venidas se convierten en
algo habitual. En este últim o caso estaríam os hablando de un m odelo diferente, que
denominamos trasnacional y que nos permite analizar el fenómeno de las m igraciones
internacionales desde las estrategias que los propios migrantes ponen en juego en el
actual contexto de glocalización. “El trasnaci onalismo, el cruce im aginario y físico de
las fronteras nacionales en la formación de campos sociales de identidad y acción,
acompaña desde un inicio a la globali zación” (Escrivá y Ribas, 2004:39).
Nuevas realidades sociales aparecen, la teoría de la estrategia doméstica de
supervivencia adquiere una importancia explica tiva fundamental en el análisis tanto de
las motivaciones com o de las redes migratorias, y la perspectiva de género se ev idencia
central en el análisis de la reproducción de generaciones separadas espacialmente. La
organización de la vida f amiliar se dive rsifica, se generan “estrategias de
empoderamiento” de m ujeres que emigran como cabezas d e familia y adquieren es tatus
en su país de origen, en contras te con la m a rginación e invisibilización en la sociedad de
destino (Martín, 2006) 32 . Igualmente, se pone de m anifi esto que el grupo doméstico
dividido entre varios países, an te las dificultades de reagr uparse debido a las políticas de
inmigración, pueden ser fuente de reestructur ación de las poblaciones de origen (Escrivá
y Ribas, en referencia al trabajo de Ehrenreich y Hochshild (2003), 2004:30-31) 33 . Junto
a la posible reformulación de roles de gé nero (Martín, 2005; Sorensen, 2004, Escrivá,
2004), también adquiere una im portancia central la relaci ón entre los factores de

31 Diáspora es la idea, sobre t odo, de una iden tidad colec tiva form ada principalm ente por referencia a una
tierra natal que tiene u n significado sen timental para la gente. Au nque para algu nas diásporas est a tierra
no exista, lo que sí es necesario es qu e incluya la disper sión desde algún centro a dos o más territor ios y
un sentido de identidad cultural común (Lewellen, 20 02). Interaccionan tres act ores (Shuval, 2000): la
gente de la diáspo ra, el país o países de ac ogi da y el país de orige n, todos r elacionados entre sí.
32 Martín, E. (2006) : “Género, Migraciones y Transnacionalidad. El caso de los i nmigrantes
latinoam ericanos e n Sevilla”. En 52 Congreso Internaciona l de Americasnista s . Universidad de Sevilla,
Sevilla.
33 Otros estudi os, han a nalizado l as diferencia s en el proceso de reagrupaci ón fam iliar llevados a ca bo por
hombres o muje res, y los diferentes usos dados a las rem esas según el género (Esc rivá, 2004: 149-181).
74

expulsión y las políticas migratorias del país destino, la percepci ón del retorno y la
readaptación de las co munida des y sus límites étn icos en relación a las diásporas
(Bolzman, 2006) 34 .
No podemos analizar, por tanto, la sociedad de origen y la sociedad de destino
tratándolas de manera indepe ndiente: los procesos m igrator ios internacionales en el
contexto de la globalización deben incorporar la dim ensión trasnacional para la
comprensión del fenóm eno (Pedone, 2002). La oposición tradicional entre em igración
temporal y asentam iento definitivo deja de ser funcional en muchos casos, pues se trata
ahora, crecientemente, de un m odelo de emig ración en que lugar de origen y lugar de
destino se determinan mutuam ente durante todo el proceso m igrat orio. Es un constante
transitar –física, simbólica y virtualm ente- entre dos mundos: entre el lugar de origen y
el lugar de destino, o entre va rios lugares de la diáspora y el lugar de origen; y un
funcionar en estos mundos de manera simu ltánea a través de la construcción y
mantenimiento de cadenas 35 y redes m igratorias 36 que vinculan, de m anera dinámica,
sociedad de origen y sociedades de llegad a, trascendiendo a los actores individuales.
El estudio de las redes sociales cons tituye una de las princip ales bases analítica s
sobre las que tratar la acci ón trasnacional. Conform adas por parientes, vecinos u otros
conocidos, son el canal por el que circula la información y los productos de la migración
(Escrivá y Ribas, 2004:39). Lewellen (2002) emplea el térm i no de espacio
desterritoria lizado para referirse a este espacio soci al definido en térm inos de redes
sociales. Otros autores, entre los que nos in cluimos, denominan a es ta mism a realidad
espacio trasnacional. Las personas m igrantes viven así contemporáneam ente en dos o
más espacios territoriales, influyéndolos y alterándolos, generando nuevos valores y
problemáticas en las diferentes sociedades (Ippolito, 2004).
La información que circula por las redes globales influye y genera cambios en
los lugares de origen, imponiendo nuevos estilos de vida, representaciones y

34 Bolzm an, C. (2006 ): “Transf ormaciones de las c omunida des latin oameri canas en Suiza: de los
exiliados a los d eslocalizados”, en 52 Congreso Inter nacional de Ameri canist as. Universidad de Sevilla,
Sevilla.
35 Claudia Pedone define la “cadena m igratoria” com o la “tr ansferenci a de info rmaci ón y apoyos
materiales que familiares, amigos o paisano s ofrecen a los potenciales migran tes para decidir o
concretar su via je. Las cadena s facilitan el p roceso de sa lida y llegada, pued en financia r en parte el
viaje, gestio nar docume ntación o empleo y conse guir vivienda. T ambié n se produce un int ercambio de
información sobre los aspectos económico s, sociales y políticos de la sociedad de llegada . Las cadenas
forman parte de una estru ctura mayo r, las ‘redes migra torias” ( Pedone, 2002 :224).
36 “El contexto político internacional genera una espe c ificidad e n el tipo, la dinámica y la diversificación
de la red; l o s vínculos mante nidos e ntre dife rentes actores tanto e n la so ciedad de origen c omo en la de
llegada, confor marían espaci os trasnaci onales” (Pe done, 20 02:224 ).
75

valoraciones. También las sociedades de de stino se ven alterada s por una realidad
definida, en gran parte, por fuertes conexi ones entre los emigrantes y sus lugares de
origen, debido a la circulación tanto de personas como de bienes m ateriales y
simbólicos. En el lado em isor, quien emigra abandona su mercado laboral, creando
potencialmente un défi cit de recursos en el ámbito f amiliar, q ue compensa, cas i siempre
sobradamente, con el envío de rem esas económicas y con las que han dado en
denominarse, en term inología de Pegy Levitt (1996), “rem esas so ciales” -víveres y
enseres, maquinaria y tecnología, ideas, experiencias, conocim ientos- que cubren
necesidades en origen desatend idas por el Estado. En el lado recepto r, las personas
inmigrantes, en su mayoría en edad activ a, ocup an actividades y lugares de producción
y servicios no cubiertos por autóctonos, generando un be neficio a las sociedades
receptoras. En este sentido, la persona inm i grante se convierte en agente económ ico en
los dos lugares del espacio trasnacional que ocupa, generando acciones e inversiones
productivas.
Pero la realidad tra snacional no solo vien e determ inada por las estrategias
puestas en juego por los emigrantes en el co ntexto de la glo calización -que vendrían a
poner en cuestión el interés por parte de dist intos organismos por fijar a las poblaciones
sea en sus lugares d e origen, sea en los país es de destino-, sino que, también, los agentes
y poderes económicos y políticos intervienen en este espacio tras nacional: intentando
capturar remesas, firmando acuerdos migr atorios de readm isión y selección de
migrantes con distintos estados, aum entando la “ayuda al desarrollo” o la inversión
como forma de frenar los flujos de salida, entran do en contradicción con las estrategias
trasnacionales de los emigrantes. Sin em bargo, el aumento de la “ayuda al desarrollo”,
sin cuestionar qué deberíamos entender por esta, así como otras acciones conducentes a
propiciarlo, en las condicione s actuales, no solo no retienen la emigración, sino que, en
numerosas ocasiones, la propician (Sassen, 1998) 37 .
La realidad es que las r edes migratoria s se multiplican hoy y los m iembros de
comunidades de diferentes lugares de orig en viven a caballo entre dos mundos, generan
diásporas y cuentan con miembros del colect ivo repartidos por diversos rincones del
planeta. El enfoque trasnacional se hace, pues, obligado y nos perm ite superar el
reduccionismo tanto de la mayor parte de los análisis que se insertan en la Econo mía
Política como en el paradigm a neoliberal , que com parten el planteam iento de las

37 Relaciona el ca mpo de las migracion es de trabajo in tern acionales con la literatura sobre el comercio y
las inversiones intern acionales.
76

migraciones como procesos con causas excl usivamente económ i cas. Veremos, cuando
entremos a analizar el caso se n egalés, cóm o la existenc ia de estas redes hace que la
decisión de emigrar no responda necesariam ente a la distancia en el nivel de renta entre
el país de origen y el país de dest ino: las redes propician la emigración
independientemente de las condici ones salariales concretas y las políticas de extranjería
del país receptor. No se emigra al país donde se podría ganar m ás dinero, sino,
principalmente, al lugar donde existan m enos riesgos. Los gastos económicos,
emocionales y de todo tipo que tiene el inm igrante al llegar a un nuevo país los soportan
las redes de apoyo intracomunitario afianzadas ya en la sociedad de llegada, lo que
influye, indiscutiblemente, en la elección de l lugar adonde ir. Se trata, pues, de un
modelo de emigración que responde a una estrategia de m inimización de riesgos 38 . “Por
su gran capacidad para form ar opiniones y provocar respue stas, se dice que las redes
migratorias son el verdadero m otor de la emigración, presentando un funcionam iento
cuasi-autónomo de otras condiciones estructu rales iniciales, tales como las políticas
migratorias o las dem andas de los mercados de trabajo” (Escri vá y Ribas, 2004:39).
Dentro de la migración de carácter trasnacional existe n grados (Lewellen, 2002):
algunas personas establecen con su lugar de origen relaciones intensivas (llam adas
telefónicas constantes, viajes sucesivos, e nvíos de remesas, atención a los negocios
montados allí) y otras tienen contactos más ocasionales. Sin embargo, nosotros, más que
a individuos en situación tras nacional, nos referiremos a comunidades trasnacionales,
pues se trata de una manera de funcionar dentro de un grupo que forma parte de una
diáspora, es decir, se trata de un funcionam iento que se mantiene a nivel de com unidad
y en el que se requiere, inevitablemente, de gente a los dos lados. El m antenimiento de
estructuras y empresas familiares en el lugar de origen precisa que alg unos miembro s
del hogar queden junto a las personas depend ientes y cuidando los bienes adquiridos.
También es necesaria gente allí que facilite los trámites de quienes se marcharon: en vío
de pasaportes, partidas de nacimiento, etc. Igualm ente, para los proyectos encaminados
al bienestar general de la sociedad de orig en –la participación en los cuales desde el
exterior es el medio para reafirm ar la con tinuidad de la pertenencia a la com unidad de
origen- como pueden ser la construcción de escuelas u ho spitales, es im perativo el
trabajo y la coordinación con miembros, agr upaciones u organismos del lugar de origen
(Ribas, 2004; Beltrán, 2004; Sorensen, 2004, Lacomba, 2004).

38 Este aspecto de las redes sociales está inclu ido en la teor ía de la causació n acum ulati va de Mass ey
(1993).
77

En las diásporas internacionales, sus miem bros comparten un im aginario de
pérdida, un código cultural que puede unir lo privado y lo público, una constancia de
intercambios m ateriales y simbólicos, y una tensión entre la pert enencia al país de
origen y al lugar de acogida (Safran, 1991). De esta forma, el modelo trasnacional
evidencia la necesidad de superación de las dicotom ías push/pull , campo/ciudad ,
tradicional/moderno , en favor de un continuum de espacio y tiempo y de la
coincidencia de procesos. La globaliz ación, y su reflejo en las m igraciones
trasnacionales, hace que las relaciones soci ales ya no puedan concebirse únicam ente en
términos locales, pues ya no dependen de la presencia física en un sitio determ inado, las
comunicaciones son instantáneas. El desarrollo de los medios de transporte y de los
sistemas de com unicación ha posibilitado que la vida social de los in dividuos y los
colectivos tenga lugar, simultá neamente, en el lugar de des tino, en el lugar de origen y,
si es el caso, en otros puntos de la diáspor a. Los procesos migratorios conllevan en la
actualidad una interpenetración de espaci os (Appadurai, 1991), y la creación de
“comunidades im aginadas” (Anderson, 1983) que son ya trasnacionales. Frontera,
transculturación, trasnacionaliz ación, hibridación, diáspora, son términos del nuevo
vocabulario .
“Estás sediento por regresar a casa, cuando vuelves no tienes que estar para
siempre y abandonar tu residencia donde sea… Lo que queremos es que puedas volver
a casa cuando quieras y puedas regresar al lugar donde estás trabajando cuando
quieras. No te pido que regreses y dejes completamente el otro sitio” (J ean-Bertrand
Aristide, Presidente de Haití en Lewellen, 2002:147).

2.3.3. Trasnacionalismo y ciudadanía.
La realidad anterior hace tota lmente obs oleto el mantenim ient o de la relación
obligatoria entre ciudadanía y nacionalid ad. Son necesarios nuevos conceptos,
planteamientos y fórmulas jurídicas en to rno a la identidad, ya que, en el caso del
migrante trasnacional, al m antener activa su red de interconexiones en la diáspora y en
el lugar de origen, en no pocas ocasiones se da el caso de que, aunque se tenga
residencia permanente y ciudadanía legal en el país de ac ogida, pueda seguir
considerando su país al país de origen, incluso formando parte de la segunda o tercera
generación de migrantes.
La evidencia de afiliaciones identitarias en pa íses de origen y destino de m anera
simultanea se opone al principio de pertenenci a exclusiva que sigue vigente en la m ayor
78

parte de los estados que son destino de inmigración. La realidad se compone de un
entramado muy com plejo de opc iones identitarias. En el contexto norteam ericano, por
ejemplo, la identidad ciudadana puede articu la rse en torno a referente s múltiples : en
EEUU, un individuo se puede identificar co mo Americano, Irish-Am ericano, Irish; o
como Negro, Afroamericano, Jam aicano, etc. De igual modo, en Quebec, algunos se
identifican como canadienses, otros com o Québecois exclusivamente, y otros pueden
afirmar su identidad québecois sob re otras o ser Québecois-Canadien de origen eg ipcio.
También en Andalucía, las af iliaciones id entitarias pueden variar desde un sentimiento
exclusivamente andaluz, a otro espa ñol, pasando por una amplia gama de
combinaciones.
En este sentido, los inmigrantes pueden tener reservas en cuanto a los objetivos
de la integración si se conti núa con la idea de una ciuda danía y de una identidad que
tenga la primacía sobre las lealtades o fidelid ades hacia el país de origen. Sorensen
(2004:88) habla de identidades trasnacionales para hacer referencia a estos campos
sociales trasnacionales que alteran el modo en que las relaciones entre ciudadanos,
comunidad y Estados son percibidas y expe rim entadas. Las dimensiones trasnacionales
de la vida de numerosos grupos de inm igrantes se ocultan en muchos casos y, sin
embargo, las lealtades m últiples están crecientemente presentes y los deberes y
obligaciones en relación a los países de orig en son una realidad co tidiana. Los estudios
muestran cómo la persistencia de id entidades múltip les después de varias generac iones
no ha debilitado el apego ciudadano al país de establecimiento e, inversamente, cómo la
adquisición de la ciudadanía no es un indicador válido de garantía de integración
(Labelle, 2000). Pese a esto, la persistencia del fundament alismo basado en la defensa
de la vinculación indisoluble entre naciona lidad y ciudadanía si gue siendo un factor
dominante que condiciona las políticas de in m i gración de la mayoría de los Estados,
como veremos al analizar el rech azo a la aplicación de la categoría de “ciudad anía
cívica” en el marco de la Unión Europea.

El creciente desacoplamiento en tre ciuda danía y territorio y entre ciudadanía y
derechos ha dado lugar a nuevos conceptos, entre ellos:
Ciudadanía postnacional (Soysal, 1994; 2000), que señalaría la sustitución de
los derechos nacionales por los Derechos Humanos y del ciudadano por el individuo.
Ciudadanía trasnacional (Bauböck, 2002; 2004), concepto que reconoce la
posibilidad de mantener diferentes afiliaci ones políticas, aum entando los vínculos entre
79

el Estado de origen y el de dest ino. También Escrivá (2004) habla de ciudadanía
trasnacional o trasfro nteriza en tanto que las personas adquieren derechos y
obligaciones ciudadanos en dos o más Estados-nación 39 .
Ciudadanía diferenciada (Young, 1989), que acentúa la necesidad de inclusión
de los derechos culturales de los grupos.
Ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1996), en referencia a la necesidad de
transformaciones institu cionales y legale s que permitan la participación de los
inmigrantes en pie de igualdad. La ciudadaní a multicultu ral se obtiene co n la puesta en
práctica de políticas de integración multicultura l, aquellas que perm iten la expresión de
la identidad propia en la sociedad mayorita ria y el mantenim iento de la diferencia
cultural durante gen eraciones a la vez que la incorporación en pi e de igualdad como
ciudadano al margen de las dif erencias cultu rales.
Todos estos nuevos conceptos de ciuda danía ponen de manifiesto que no se
puede continuar uniendo los ideales de libertad e ig ualdad con jerarqu ías y
desigualdades étn icas estruc turales, lim itaci ones a la participación cívica y po lítica y
una ideología de superioridad cultu ral en apariencia universalista. Se h ace necesario
optar por estructuras que garant icen derechos individuales y derechos colectivos de las
minorías sin encerrarse en la nostalgia de una nación supu estamente hom ogénea en lo
cultural y una democracia im perfecta fundada sobre la exclusión (Helly y Elbaz,
1995:28-29).
En este sentido, las apuestas por una ci udadanía democrática estarían definidas
alrededor de tres ejes: “1) el reconocimiento de la identidad, en una búsqueda de
conciliación entre la diversidad y la igualdad entre las personas; 2) el reforzamiento de
la solidaridad, teniendo en cuenta las te nsiones inevitables que viven los ciudadanos y
ciudadanas entre sus pertenencias particulares a grupos o colectivi dades diferentes y
su pertenencia a una misma comunidad; 3) la animación a la participación de todos los
ciudadanos en las deliberaciones, decisi ones y acciones que apuntan al desarrollo
socio-económico, político y cultural de Québec, en el marco de las leyes, políticas y
programas” (Québec, 1998. “Allocution del subministro adjunto a relaciones cívicas”,

39 Los peruan os reside ntes en Espa ña- afirm a- están som etidos a la l egislación s obre “Dere chos y Deberes
de los Extranjeros” de 2001 y su m odificación en 2003, a los conv enios y tratados binacionales e
internaci onales, a la normat iva de la Unión Europea, a las Com unidades Aut ónomas y municipi os donde
se encuent ren, y a l a legisl ación d e su paí s de o rigen. De los de rechos se benefici arán, so bre todo , quien es
poseen doble o triple nacion alidad, ya qu e es la nacionalid ad la fuente de derechos .
80

En este sentido, los medios de com unicación crean imágenes que construyen el
conocimiento de los individuos (Bourdie u, 1997, Van Dijk, 1997) respecto a la
inmigración, im agen que muchas veces no corre sponden con la realidad d e la situación
de la inmigración. Así, construim os a los “otros” sin ninguna ba se de experiencia
personal, sino a través de estereotipos que circulan por la socied ad y aplicam os a los
distintos grupos. Sin ten er en cuenta la situ ación concreta del inmigrante en cuestión,
muchas veces lo construimos dependiendo del gr ado de desarrollo económico de su país
de origen: valoram os de manera positiv a al que viene de un lugar con alto desarrollo
económico y de forma negativa al que lo hace desde otro con bajo desarrollo.
Entendemos que quienes vienen d e áreas econ ómicamente favorecidas van a “dar”,
parece que no vienen a competir por ningún puesto de trabajo ni a enviar rem e sas a sus
países y, sin embargo, quienes llegan de áreas desfavorecidas vienen a “pedir” y a
luchar por lo nuestro (Blanco, 2000). A su vez, Blanco afirma, en su análisis extraído de
diversas encuestas CIRES de 1995 y ACEP de 1997, que la mayor parte de la población
española está de acuerdo con el derecho de cualquier pe rsona a residir donde quiera,
pero de manera abstracta, pues, aterriza ndo en lo concreto, se desprende que en
cualquier sitio menos con nosotros. Esta in coherencia es muy habitual: se defienden
derechos fundamentales pero se niega su m a terialización práctica. En este sentido, el
barómetro del CIS de noviem bre de 2005, que se realizó a raíz de los hechos acaecidos
en las vallas de Ceuta y Melilla y de los disturbi os en la capital francesa, mu estra que el
24’3% se pronuncia a favor de que los inmigr antes tengan los m ismos derechos que los
españoles, incluso el sufragio. Sin embargo, esta m isma encuesta señala que, para los
encuestados, la inmigración es el segundo pr oblema m ás relevante en España (40%),
precedida solo por el paro (54’1%), situándose en cuarto lugar si la pregunta es por lo s
problemas que person almente m ás les afecta, por detrás del paro, problemas de índole
económica y la vivien da. Por su parte, a nivel institu cional, los go biernos firman
tratados de reconocimiento de Derechos Hum anos y aplicando políticas que generan y
se basan en la vulneración de los mismos. La im agen de los inmigrante s como sujetos
en la miseria que vienen para no mori rse de hambre y que nos invaden no se
corresponde con la realidad pero, sin embar go, sus consecuencias sí son reales y se
concretan en medidas pol íticas de restricción y falta de libertades.
En grandes zonas de África, de forma pr ogresiva, la em igración a Europa como
una salida o posibilidad de mejora se va convirtiendo en una pauta culturalmente
establecida. Y dado que las condiciones ec onómicas de la población creadas por la
87

Nueva Economía empeoran la situación en origen y no facilitan ni facilitarán si
seguimos por el cam ino actual, una buena inserción social de las poblaciones
inmigrantes por la vía del m ercado de trabajo, entonces es fácilm ente explicab le que las
nuevas poblaciones se organicen en redes de ap oyo, lo que, en genera l, es visto por las
poblaciones receptoras con recelo y con m i edo (Pérez-Agote, 1995). El inmigran te
necesita, en esa situación, un apoyo colectivo, que solo pu ede encontrar entre los suyos.
Y así “el otro” se convierte en otro organizado al que temer.
Una mala situación eco nómica no cam bia, sino que simplem ente aumenta la
dificultad de situ arse para e l inmigrante. Como la situación de este es siem pre de
inferioridad social, la búsqueda de la autoto lerancia, de su autoafirm ación le llevará a
construir un medio en donde gozar de un esta tus social de norm alidad, lo que significa
que buscará la reconstru cción de la comunidad de origen para él y para sus hijos, lo cual
no implica, ni m ucho menos, que cese su empeño en desarrollar un com portamiento
instrumental en orden a m ejorar su situaci ón económica y social. Este difícil equilibrio
está forzado por una sociedad recep tora que se em peña en que se olvide de su o rigen,
pero no le permite integrarse en térm i nos de igualdad. (Pérez-Agote, 1995:92).
Partimos de las definiciones que da Francisco Torres a inserción social y a
integración (Torres, 2002). Por inserción social debe entenderse el proceso del que son
protagonistas, activos y pasivos , los inmigrantes en nuestra sociedad, s ea este como sea
y siga la fórmula que siga. Cuando se habla de integra ción nos referimos, como señala
dicho autor, al tipo de inserc ión social que no comporta ni marginación, ni exclusión ni
asimilación forzada, es decir, a un buen proceso de inserción.
Partimos de rech azar la asimilación y la exclusión com o maneras aceptables d e
inserción en la sociedad de cualquier ti po de población, incluida la inmigrante. La
asimilación diluye las cu lturas en la dom inante, identif icada con la unive rsal, y, adem ás,
no preserva de ser víctimas de actos racistas y xenófobos. “Que todos los días el espejo
del baño y, sobre todo, las miradas en la calle se encar guen de recordar a m uchos
jóvenes su origen no autóctono, parece no tener releva ncia (para quiene s defienden estas
políticas de asimilación). Que esos jóvenes puedan llegar a avergonzarse de sus padres,
por despreciar la cultura, incluida la lengua, de estos, tam poco parece tener importancia;
Ningún otros obstáculo, prejuicio ni intereses se interpondrán, presuntamente, en el
camino del éxito social” (Mor eno, 2005:41). Muchos siguen empeñados en que bastaría
querer ser español o francés para llegar a serl o y así estar en igualdad de condiciones
con los nacionales. Países con una larga hist oria inmigratoria han aplicado en el pasado
88

políticas basadas en la asimilación, pensadas para construir, con el tiempo, una masa
homogénea de ciudadan os; se trataba de políticas que negaban la entr ada a ciertos
colectivos por ser considerados inintegr ables (hubo restricciones a la inmigración
procedente de China en Canadá y Estados Unidos y se propició una inmigración solo
para blancos en Australia). Hoy, en los países europeos, incluido el Estado español,
también se aplican, de hecho, políticas de asimilación bajo el criterio
integrable/inintegrable. Sin embargo, este ti po de planteamientos fue superado en los
tres países antes citado s en la década de lo s setenta, siendo Canadá el primer país en
aplicar, en 1971, una política oficial de “m ulticul turalidad”. En la actualidad, y en todo
el mundo, la m ayor parte de los grupos inmigr antes se resisten, crecientem ente, a la
asimilación y esperan verse reconocidos com o ta les en la sociedad en la que viven. El
factor que más coopera a ello es la ace ntuación de las migraciones trasnacionales.
Por su parte, la exclusión impide la comunicac ión entre cultu ras y la
participación en la vida públic a de la sociedad de la que los diferentes grupos étnicos
forman parte. Las políticas de appartheid o las q ue obligan a los inm igrantes a enroc arse
en guettos son políticas de exclusió n, más a llá de las retó ricas. Aunque, en realidad,
estas políticas no son tan distintas ni llevan a resultados muy diferentes de las realizadas
especto a minorías étnicas tradicionales (gitanos) y a sectores autóctonos
marginalizados. Entendem os que cuanto más se participe desde la diversidad en una
vida común, cuanto m ás compartamos experiencias y esp acios de encuentro, m enos
riesgo de conflicto habrá. Significativam ente, apenas h ay rechazo respecto a la
participación de los in migrantes en la vida económica, pero sí existe mucho rechazo a
su incorporación a la vida social. En este se ntido, por parte de los inmigrantes es general
tanto su conciencia de etnicidad y el dese o de preservar esta, como la voluntad de
integración social y no solo económica.
¿Cómo casar mercado y pluralidad de identid ades culturale s? ¿ Cómo podemos
vivir juntos y comunicarnos? ¿C ómo formar parte de una misma sociedad, sentirnos
parte de una misma com unidad que integre, a su vez, diferentes sentim ientos de
pertenencia? Se trata, en términos de De Lucas (2003) de la “acomodación política” d el
pluralismo cultural.
Cinco ejes propone este autor como puntos de discusión y contradicciones en la
relación entre la glob alización y las identidades producidas por los procesos m i gratorios
en la multiculturalid ad de Europa y que nos gustaría traer aquí porque, com o veremos,
se trata de planteamientos m uy presentes en las prácticas y discur sos de las políticas
89

migratorias: 1. Es habitual establecer la equ ivalencia entre iden tidades resistencia e
“identidades asesinas” o “inintegrables cu lturales”, es decir, hay todo u n discurso que
niega la integración p olítica de los inmigrantes por c onsiderarlos inasim ilables
culturales; 2. El increm ento de la multicu lturalidad se nos p resenta como am enaza para
la democracia y m uerte para el individuo, que quedará inevitablemente absorbido por el
grupo. De esta forma, se nos trata de im poner la equivalencia entre demanda de
reconocimiento y oposición al progreso y a la democracia; 3. Cualquier intento de
reconocimiento de la identid ad es visto como potencial elem ento de fragmentación
social, tratándose de imponer la uniformizaci ón cultural a todos los niveles. En este
contexto, es posible que dis tintos grupos busquen el reco nocim iento, a falta de otros
cauces, de manera espontánea y violenta; 4. La globalización m odifica, inevitablemente,
la noción de soberanía, lo que debe llev arnos a la p reocupación de cóm o obtener
condiciones de transformaci ón y garantía de la dem ocr acia; y 5. Es necesaria una
revisión de la relación entre ci udadanía e identid ad cultural.
La principal dificultad para encont rar una respuesta a cómo convivir
manteniéndonos diferentes es el concepto de ciudadanía basado en la nacionalidad
como única base detentadora de derechos. Esta concepción conduce, inevitablemente, a
la exclusión de gran parte de nuestra socied ad. De aquí nace lo que De Lucas (2003) ha
denominado la “jaula de hierro de la ciud adanía en la modernidad”: el vínculo que
identifica ciudadanía, nacionali dad y condición de trabajo fo rmal, en el seno del Estado-
nación. La defensa del interculturalismo en el sentido norm ativo que anunciábamos más
arriba conlleva, justamente, un cierto desacop lamiento entre nación étnica y nación
política (Lamo de Espinosa, 1995). La iden tidad étnico-nacional no puede monopolizar
hoy la pertenencia simbólica a un grupo. El pr oblema no es la convivencia, sino el
rechazo; no la variedad, sino la fobia hacia lo extraño. Es en la interacción entre grupos
diversos donde se gesta la emergencia de identificadores sim bólicos de
pertenencia/rechazo (Lamo de Espinosa, 1995).
Debiéramos em pezar, por tanto, a cuestionar la categoría “ciud adanía”, una
categoría de exclusión de los “otros externos ”, de los inmigrantes, al constituirse en
prerrequisito para la adquisición de todos los derechos que una persona debiera tener
como tal: los Derechos Hum anos. La ciudada nía se convierte en pr ivilegio. En la
globalización, los derechos se reducen a un gr upo de escogidos que, a su vez, ven cómo
estos se van reduciendo. El concepto de ciudadanía cuenta, para De L ucas, con tres
aspectos fundam entales: a) la ciudadanía como estatus form al, tecnicojurídico , que
90

convierte al ciudadano fre nte al extranjero en privilegiado , en titu lar de ple nos derechos,
en particular, de los políticos; b) aspecto político , que confiere al ciudadano la
condición de titular de la comunidad políti ca; y c) la ciudadaní a como vínculo de
identidad, de pertenencia y de reconocimient o. La condición de pe rtenencia parece ser
un privilegi o accesible solo mediante la poses ión de una identidad previa, prepolítica,
vetada a los que quedan fijados en la condición de no-ci udadanos por su identidad
esencialmente diferen te.
La ciudadanía niega este derecho a la iden tidad de la persona, tanto si se posee,
pues muchas veces se debe renunciar, aunque “solo” sea form almente, a su identidad de
origen, como si no, negándose la equiparación de derechos a aquellos con los que ya
puede compartirse el sentim iento de pertenencia a una sociedad com ún. “Es necesario el
reconocimiento social de la identidad de cad a sujeto. Mientras este reconocimiento no
se dé, el comportamiento del sujeto en luga r de ser racional en relación con los objetivos
socialmente fijados, luch a por afirmar, m ant ener y hacer aceptar su identidad, y lo ha ce
con toda la carga afectiva que normalmente protege esta esfera, resultando así
comportamientos ininteligibles para la soci edad que en realidad los está induciendo”
(Pérez-Agote, 1995:97-98). En este senti do, “todos los movimientos denominados
integristas, que son var iantes del modelo tota litario, m uestran en este fin de siglo e l
vigor de esta solución antiliberal que podr ía sumir nuevas formas en el siglo XXI”
(Touraine, 1997:17). Touraine nos habla de una doble perver sión: la econom ía reducida
al mercado y la cultura a ideología: “este peligro solo resulta grande cuando esas
identidades, definidas de manera puram ente defensiva, como las de grupos-víctimas,
apelan o aceptan que las defiendan un poder au toritario que h ace de la lucha con el Otro
el eje y la legitim ación de su política y rech aza los principios universalistas del derec ho.
(…) Ese comunitarism o transform a una cultur a en instrum ento de moviliza ción política
y rechazo del otro” (Touraine, 1997:41).
Además, “¿cóm o podría hablars e a ún de ciudadanía y de dem ocracia
representativa cuando los repr esentantes electos miran haci a el mercado m undial y los
electores hacia su vida p rivada?” (Touraine, 1997:13). Esta es la p regunta que se hace el
sociólogo francés al señalar que, en la act ualidad, y nosotros compartimos esta idea,
gobernar un país es, de hec ho, actuar para hace r posible que la organización social y
jurídica sea compatible con las ex igencias del mercado global. En este sentido, las
instituciones del Estado-nación son cada vez menos representativas, en contraposición
con asociaciones voluntarias, que adquieren cada vez más pr otagonismo. Es el dilema
91

planteado por De Lucas entre globalización y s oberanía. En este sentido, tendría cabida
la “ciudadanía trasnacional” de Bauböck (2002), que, empezando por las ciudades,
recupera la residencia co mo condición de ciudadanía y hace posible una ciudadanía
múltiple, tra snacional. Como af irma De Lucas, debem os orientarnos hacia la c iudadanía
multilateral y no a la ciudadanía cosm opolita construida sobre el dominio de una o de
unas determinadas cultu ras etnonacionales.
Por tanto, ¿cómo se puede exigir lealta d de los inmigrantes a un Estado que cada
vez represen ta a menos gente? Además, ¿ cóm o se puede pedir lealtad a un Estado como
exigencia para la adquisición, mediante la ciudadanía, de la totalidad de derechos
nacionales cuando hemos visto la importancia que continúan teniendo los países de
origen en las diásporas migratorias, es deci r, en un contexto de migració n trasnacional?
¿Es que las identidades deben ser exclusiv as y excluyentes? ¿ No puede ser andaluz un
senegalés?
El objetivo habría de ser conseguir una notable identi ficación con una sociedad
común por parte de los diversos grupos inte grantes de la m isma. Debe impulsarse un
sentimiento de pertenencia com ún que los una, de forma que los derechos y deberes
encuentren sentido en un nosotros plural, de forma que com partamos un grado de
confianza mutua que permita contem plar que los sacrificios y cesiones van a ser
recíprocos (Kymlicka, 2003). Debemos perc ibir que formamos una misma sociedad,
aunque, como no puede ser de otra manera, con intereses y opinion es diferentes. La
gente debe confiar en que los demás están di spuestos a ten er en cuenta sus intereses y
opiniones personales. Los distintos grupos debe n estar representados en esta sociedad
de pertenencia, pues si la cultura de un gr upo no es objeto de respeto generalizado, la
autoestim a de los miembros de este se verá am enazada y no se sentirán parte de esta
otra macro-com unidad diversa y aglutinante.
El recurso a la ciudadanía no puede ser la solución: “el tra tamiento igua l a todos
los individuos definidos en cada mom ento co mo ciudadanos, reflejado en la máxima de
‘igualdad de todos ante la ley’, es preci samente la concreción política del principio
liberal-burgués del individualismo y el m onoc ulturalism o (…), siendo despojados de los
atributos culturales fundamental es: la identidad étnica, la identidad de género y la
identidad socioprofesional” (Moreno, 2002a: 190-192). Se toma com o único sujeto de
derecho al individuo, ignorando a los colectivos y cayendo en un planteamiento basado
en el individualismo metodológico que niega otras formas de estar y relacionarse los
seres humanos entre sí y con el m undo que les rodea.
92

Las críticas a la actual definición de los Derechos Humanos han surgido,
principalmente, desde dos pos ic iones: quiene s critican un sesgo eur océntrico en la
Declaración, afirmando que se tom an co mo universales planteamientos, norm as y
valores regidos por un espíritu individualista en c ontraposición al cole ctivista que rige
en otras partes del mundo; y quienes argum en tan que estos derechos son aceptables pero
están incompletos. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que es universalmente
compartido por los humanos se expresa bajo una gran diversidad de form as culturales.
Pero, además, es innegable que ciertos derechos indi viduales protegen la vida en grupo:
la libertad de culto religioso, por ejemplo, cons iste en permitir que los grupos se formen
y se mantengan y, en este sentido, los derechos de libertad de expresión, de asociación y
de conciencia facilitarían este derecho, pues se ejercen en comunidad protegiendo de
esta forma la libertad de culto. Una vez acep tado este p lanteamiento, se trataría de ver si
estos derechos tienen una plasmación real e n la vida de los inmigran tes en las
sociedades receptoras.
En relación a las minorías nacionales, Kym licka (2003) nos pone tres ejemplos de
cómo los derechos individuales no garantiz an los derechos com o grupo: el de las
decisiones sobre las políticas internas de migración y asentamiento (que convierten
muchas veces a la minoría nacion al en cu estión en minoría dentro de su territorio
tradicional de forma deliberada); el de las decisiones sobre los límites y los poderes de
las subunidades políticas internas (las minor ías nacionales necesitan, al igual que los
Estados, garantías sobre sus fronteras, instituc iones y com petencias; es decir, derecho al
autogobierno, a estar representadas en cuestione s grupales, a ejercer el derecho de veto
sobre cuestiones que afecten directam ente a su superviven cia cultural, etc. Es frecuente
considerar que estas dem andas entran en c onflicto con el indivi dualismo occidental y
que constituyen una prueba de comunitarism o anclado en el princip io de los tiem pos) 42
y el de las decisiones sobre las lenguas of iciales (las lenguas no pueden sobrevivir a
menos que se utilicen en la vida públ ica y, por consiguiente, las decisiones
gubernamentales sobre las lenguas oficiales determinarán qué lenguas pervivirán).

42 “Un ejemplo es la ley que existió en Canadá hasta 1960 , que solo permitía el v oto a los amerindios si
renunciaban a su cond ición de indio s y abandon aban cualqu ier demanda de derecho s políticos o cultu rales
como indígenas. Para poder vo tar en el proceso político canadien se, debían abandonar cualqu ier exigencia
de partic ipación en l os antiguos procesos in dígenas de autogobi erno. Est e diáfano i ntent o de socavar l as
instituciones políticas in dígenas se justificó en n ombre de la promoción d e la “democracia”. Y una vez
que se conced ió la ciudadan ía a todos los ind ios en 1960, el go bierno canadi ense criticó lo s intento s que
realizaron los indios para utilizar los foros de las Na ciones Un idas sobre la b ase de que los ind ios eran
ciudadanos canadienses (Kyml icka, 2003: 110) .

93

Y lo anterior no lo garantizan los de rechos individuales. Por lo tanto,
compartim os la opinión de Kymlicka de que no se trata de un problema de no validez de
los Derechos Humanos, sino de insuficiencia, que nos lleva a la exigencia de ampliación
de los mismos mediante el reconocim iento de los derechos de las m inorías. Sin olvidar,
y esto también es im portante recalcarlo, que en el interior de estas minorías deben
cumplirse, com o no puede ser de otra manera, los Derechos Hum anos: hay que
garantizar que los individuos no sean opr imidos por el propi o grupo ni por sus
dirigentes políticos o élites, que, en no pocas oc asiones, se atribuyen la interpretación de
la cultura y la tradición en su co njunto. En este sentido , ya afirm a Gutman en la
introducción a un libro de Taylor, las persona s somos, por un lado, individuos únicos y,
por otro, “portadores de cultu ra”; y, en este sentido, la exigenci a de reconocimiento,
animada por el ideal de dignidad hum ana, indi ca al menos dos direcciones: una sobre la
protección de derechos fundam entales de lo s individuos en tanto que seres humanos y
otra sobre el reconocim iento de las neces idades específicas de los individuos co mo
miembros de grupos culturales específicos.
Necesidad, por ello, de reconocimiento ta n to de los derechos individuales como
de los derechos colectivos. No se pueden obviar las dimensiones colectivas y dejarlas
relegadas al reconocimiento único de los der echos individuales, por que es insuficiente.
En el caso concreto de los se negaleses en Sevilla, en si ntonía con lo que sucede en
buena parte de las culturas africanas, el indi viduo se entiende dentro del colectivo y, por
tanto, el reconocimiento únicam ente de los de rechos individuales, en el caso de que
existiera tal reconocimiento y no fuese un si mple formalism o, supondría la negación de
la propia identidad, pues t odo aquello que lo convierte en ser social sería ignorado
(Moreno Maestro, 2003).
“Querríamos dem ostrar que se puede renovar la figura moderna de la
democracia, reconociendo el pl uralism o y manteniendo unas reglas universalistas de
derecho” (Touraine, 1997:57). Es la pregunta que se plant ea Kymlicka (2003): ¿ cómo se
relacionan los derechos de las minorías con los principios subyace ntes a la dem ocracia
liberal, como la libertad individual, la igualdad social y la democracia?
La mayoría de los grupos de inm igrantes de sean participar en la so ciedad de la
que forman parte. En su mayoría, se adhier en a los principios liberales, no buscan, en
términos de Kym licka, una nueva cultura societal –“esto es, un conjunto de
instituciones que abarcan tanto la vida pública como la vida privada, provistas de una
lengua común que se ha desarrollado hist óricamente a lo largo del tiem po en un
94

territorio dado y que proporciona a las personas una amplia ga m a de opciones respecto a
cómo encauzar sus vidas” (cosa que sí puede pasar con las minorías nacionales del
propio estado), sino que persiguen su part icipación en las socied ades liberales
modernas, buscan tener acceso a su educación, a su sanidad, a sus medios de
comunicación.
En este sentido, la comunidad senega lesa de Sevilla no opta por pasar
desapercibida y así ausentarse, en aparie ncia, de todo conflicto. Aunque esto pueda
hacerse a nivel individ ual en alguna ocasi ón -y, adem ás, se haga para “salvar” al
colectivo, conscientes de la repercusión que una conducta individual tendrá sobre la
imagen grupal-, los senegaleses y senegalesa s se constituyen en sujeto social con
aspiración a una plena particip ación en la vida pública de la ciudad, sobre todo en el
barrio donde están más presentes, San Jerónim o. Es la relación y el conocimiento mutuo
lo que facilita la convivencia, y por ello se busca compartir espaci os y experiencias con
el resto de la población. El colectivo senegalés se afirma, a la vez, como com unidad y
como parte integrante de la sociedad lo cal haciendo uso de los servicios públicos
puestos al servicio de los vecinos, manten iendo contactos con auto ridades y organismos
oficiales, participando en m edios de comunicación, foros y debates, cuidando las
relaciones con individuos, as ociaciones de vecinos y demás entidades de barrio, o
participando en fies tas autóctona s de identific ación colectiv a. En de finitiva, haciéndose
visible como colectivo.
Sin embargo, la im posibilidad o la dificultad para la participación en las distintas
esferas de vida social puede conducir a in m igrantes de cualquier lugar de origen a
buscar apoyo y resguardo en grupos de pertenencia excluyentes, germen de formas de
integrismos que están extendiéndose m ás cada día.
En el contexto actual, determ inado por la imbricación de lo global y lo local,
“hay una frontera que no se debe franquear: la que separa el reconocimiento del otro de
la obsesión por la identidad…; la identidad y la alteridad son in separables y en un
universo dominado por las fuerzas impersonale s de los m ercados financieros deben ser
defendidas conjuntamente si se q uiere ev itar que la única resisten cia eficaz a su
dominación venga de los integrism os sectario s. El multiculturalism o democrático es hoy
el objetivo principal de los movimientos so ciales reformadores…” (Touraine, en Cohn-
Bendit y Schmid, 1996:16).
Desde este planteamiento, estam os en tota l desacuerdo con los formulados por el
profesor Manuel Delgado Ruiz, de la Un iversidad de Barcelona, en su trabajo
95

“Inmigración, etnicidad y dere cho a la indiferencia. La an tropología y la invención de
‘minorías culturales’ en contextos urbanos”. En él se afirm an cosas como que “las
personas que comparten los espacios públicos son solo m asas corpóreas, perfiles que
han renunciado voluntariamente a toda o a gran parte de su identidad” (Delgado Ruiz,
2000:126). Nos gustaría preguntarle al profes or Delgado cómo se renuncia a aquello
que te convierte en persona. Y, sobre todo, nos gustaría que su au tor nos dijera dónde
está el gusto por constituir solo “masas corpóreas”.
Precisamente, uno de los puntos m ás de stacables que hemos corroborado en
trabajos anteriores (Moreno Maestro, 2003) ha sido la opción de los senegaleses
sevillanos por ser visibles, por generar y mant ener contexto s de relaciones sociales de
forma continuada para lograr, a través de ello, una convivencia real. ¿Dónde está, en
este caso, la voluntariedad de la renuncia a tod a o a gran p arte de su identidad? ¿ Dónde
está la renuncia a aquello que es utilizado por este colectivo com o soporte y trampolín
para su integración?
Es fácil hablar de lo nebuloso de la identidad entre aque llos que están en una
posición en que la suya propia es reconocid a y pueden darse el gusto, por tanto, de
practicar su “ derecho a la indiferencia” . Sin duda, una vez normalizadas las relaciones,
ya cada uno está en su derec ho de ignorar y de ser ignorad o, pero esta situación solo
puede partir de una relación entre iguales, y ello solo es posible en un contexto de
relación, que es lo que signi fica convivencia. Delgado af irma que el derecho al
anonimato es “ el requisito para cualquier forma de integración social verdadera” ; por
el contrario, nosotros pensamos que el derecho al anonimato so lo es posible cuando
existe la integración.
“Lo que aportamos nosotros es la rique za de la inmigración en sí. Somos
visibles, y lo que aportamos a la economía también se ve, está visible; la parte cultural
también está visible. De lo que se trata es de concebir la inmigración como un reto,
también un reto de cara a valores tan importantes, que están aquí, sociedades que
defienden la democracia, la convivencia y el respeto al otro y todo esto” (Momar) 43 .
Entendemos que es esto lo que hay que pr opiciar. En este sentido, es cierto que
los gobiernos de las sociedades recep tora s, los gobiernos de los Estados-nación
occidentales, han estimulado que los ciuda danos consideren que sus oportunidades
vitales se hallan ligadas a la par ticipación en la s institucione s societales com unes que

43 Momar es un senegalés de 40 años que llegó a Sevilla en 1994.
96

en este nuevo mundo no es ideológica o ec onóm ica, sino cultural. Y tampoco son de
gran ayuda conceptos como el de “distancia cultural” de Sartori, (2001), nueva for ma de
racismo que entiende las culturas co mo bloques monolíticos de norm as y valores, donde
la “cultura occidental” debe ser patrón de medida para las dem ás y donde el
multiculturalismo no es más que una am enaza, principalmente, la que viene del Islam ,
entendido como antidem ocrático en esencia. Con argum entos como estos, la
inmigración no puede significar otra cosa que una amenaza para un contexto en que la
cultura dominante, la europea, es presenta da como universal y homogénea, y donde las
culturas dominadas, tal com o ocurrió en lo s procesos de coloni zación, deben asimilarse
a ella. Igual que en sus propios países tuvi eron que dar las gracias por ser evangelizados
o por llevarles “la luz de la razón”, ahor a, quienes vienen a nuestros países, los
inmigrantes, deben estar agradecidos por nue stro in tent o de c ivi lizarlos, de darles
derechos, de hacer que conozcan la democraci a y de aportarles el b ienestar que nunca
antes, o al menos eso se afirma, han conocido.
Esto enlaza en la actualidad, en nuestro c ontexto andaluz, con la forma en que se
construya la identidad e uropea. Esta puede constituir un f actor de riesgo, o incluso de
negación, para la interc ulturalidad si se reafirma el proyecto homogeneizador de quienes
tienen el poder de definir qué es Occidente. En él, la diversidad cultural puede ser
tratada solo com o una mercancía m ás en el mercado (música étnica, turism o rural,
gastronomía local, bailes “prim itivos”…). Conviene recordar, adem ás, que para el
reconocimiento de quienes vienen de fuera, de las culturas de los di versos colectivos de
inmigrantes, es neces ario el reconocim ient o de la heterogeneidad interna, d e la
heterogeneidad cultural de Europa y de los propios estados que la componen.
En la actualidad, se considera que el inm igrante es integrable si es funcional al
mercado y si es asim ilable culturalmente, por lo que podem os afirmar que se está
optando por la opción homogeneizadora. La identidad cultural distin ta a la hegemónica
se convierte, por tanto, en causa de discrimi nación. Es un obstáculo para la integración
política, para la demanda de empowerment “… lo que nos importa en la definición de
quiénes somos puede no estar reconocido e incluso puede es tar condenado públicamente
en nuestra sociedad, aunque todos nuestros derechos ciudadanos estén garantizados”
(Taylor, en De Lucas, 2003:68).
Rescatamos, a este resp ecto, tres cuestiones planteadas por Javier De Lucas
(2003) para el tratamiento de la inm igración y la construcci ón de políticas migratorias
en Europa que tratarem os a lo largo de este trabajo: 1. ¿Habría un m ínimo exigible de
103

inculturación, que supone inev itab lemente aculturación ?; 2. La obsesión por el Islam y
por la laicidad como exigencia de la de m ocracia pluricultural; y 3. El reconocim iento
político de la identidad: la relación entre ciudadanía europ ea, identidades nacionales e
identidad europea, y la propuesta de la ci udadanía m ultilateral, m ás que la ciudadanía
cosmopolita o diferencia da.
Entendemos que no puede haber verdader a democracia si no se reconoce la
pluralidad cultural y la diversidad de cam inos y m aneras para llegar a unos mism os
objetivos. Claro que debemos ponernos de acu erdo en cuáles van a ser esos objetivos.
Se trataría de la dem ocracia plura lista como gestión d emocrática de las sociedades
multiculturales: “La democracia p luralista ex ige una lóg ica garantista e inclus iva que
postula la noción de igualdad com pleja, de soberanía compartida o consociativa, de
ciudadanía diferenciada o m ultilateral que cumpla la función identitaria sin elim inar la
función de estatus, com o título formal de soberanía y derechos. Postula también tomar
en serio cultura y reconocim i ento como bien es prim arios, como necesidades dignas de
satisfacción, con consecuencias jurídicas y políticas; no para preservar peculiaridades
identitarias en peligro de extinción, sino para hacer po sible el desa rrollo de la
autonomía…” (De Lucas, 2003:54). Se trata de negociar sobre la pa rticipación en lo
público desde la diferencia.
No es aceptable seguir hablando de nuestro deseo de integr ación cuando, a la
vez, se diseñan políticas de gestión de la diversidad cu ltural basadas e n limitacion es
impuestas y, sobre todo, en la necesidad de ad quirir la nacionalidad para ser sujetos
plenos de los derechos humanos. Si el poder reposa en una com unidad homogénea de
iguales, el derecho de las minorías es siem pre problemático, pues pone en cuestión la
homogeneidad.
El necesario diálogo entre culturas apenas puede progresar, m ás allá de
contextos muy determinados, en el m arco de relaciones asim étricas de poder y derechos
en el que nos movemos. Tiene que modificar se profundamente este para que sea posible
una identidad política colectiva in tegradora y pl u ral, reflejo de la m ulticulturalidad de la
sociedad, regida por los prin cipios que De Lucas (2003) en uncia: la no discrim inación
en la comunidad política por pertenencia a otros grupos culturales y el derecho a la
identidad cultural propia.
También tenem os que estar de acuerdo con Kymlicka (2003) en que los
derechos de las minorías -nosotros preferim os hablar de derechos colectivos- deben
104

cuidar dos aspectos: la libertad de los indivi duos dentro de los grupos y la promoción de
relaciones de igualdad entr e los diferentes grupos.
Los planteamientos que están en c ontra de la reproducción de la
multiculturalidad, como los de Huntington (1997), Sartori (2001) y Azurm endi (2001)
los cuales consideran esta com o generadora obligatoria de guettos étnicos que atentan
contra los valores democráticos de nuestras sociedades no tienen ninguna base científica
y son ideológicos en el peor sentido de este concepto. Más bien, la observación de
distintas realidade s muestra justam ente lo contrario: dentro del m ulticulturalism o de
inmigración (Kymlicka) podem os hacer referencia a la ref orma del currícu lo de las
escuelas, la discriminación positiva, la ad apta ción institucional… ¿ Qué tienen estas
prácticas que permitan la construcción de nueva s instituciones públicas , es decir, de una
nueva cultura societal? ¿No se dirigen, más bi en, a la as imilación de lo s inmigrantes en
las nuestras, consideradas com o perfectas?
Llegados a este punto, nos gustaría hacer referencia a la reivind icación hecha por
parte de algunos sectores sobr e la necesidad de ejercer una política de fronteras abiertas,
es decir, una total libertad de movim iento s humanos a través de las fronteras. ¿ C ómo
podemos garantizar en tal caso la viabilidad de culturas nacionales, sobre todo de las
minorías sin estado? La realidad social está construida a base de contradicciones que
también en nuestros análisis y preten siones pueden chocar y descolocarnos.
Actualmente, los inm igrantes contribuyen al desarrollo económico y cultural de las
sociedades a las que llegan (tam bién a la s suyas propias, lo que se ha denominado
“codesarrollo”). Pero esto se debe a que el número de inm igrantes es limitado y al hecho
de que se incentiva, se supone, la integración de los que llegan en la cultura nacional
existente. En este sentid o, no solo los esta dos, sino también las naciones que carecen de
él pero que aspiren a la pervivencia de su cultura, deben tener algún control sobre las
políticas de inmigración. En Quebec, por ej emplo, son los quebequeses quienes definen
sus criterios de inmigración, quienes establecen sus nive les de flujo migratorio y
quienes tienen el derecho a enviar a sus pr opios funcionarios de inm igración a otros
países. Estamos de acuerdo con Kymlicka (2003) en que si una m inoría quiere mantener
su cultura societal tiene que tener los poderes en relación a la lengua, la educación, los
empleos gubernam entales y la inmigración.
A lo largo de todo nuestro trabajo, lo que nos hemos preguntado repetidam ente
es: ¿se busca una participación cívica act iva y una efectiva integración de los
inmigrantes?; ¿ promueven nuestras políticas es to?; ¿ tratan d e mejorar es tas políticas los
105

términos de la integ ración animando a los inmigran tes a que se integ ren en nuestras
instituciones manteniendo, a su vez, su identidad cultural, haciendo m ás plural
culturalm ente nuestras sociedades?
Hay que reconocer, primero, que la integr ación es un proceso que no se puede
hacer de la noche a la m añana; que durante u n periodo de tiem po, hasta llegar a esa
integración, son necesarias prestaciones esp eciales (los in migrantes deberían poder
acceder a determ inados servicios en su le ngua materna y deb ería proporcionarse apoyo
a aquellos grupos y organizacione s que, en el seno de las comunidades de inmigrantes,
contribuyan al proceso de asentamiento e integración, como m edi adores culturales,
servicios en sus propias lenguas, atención de personas del mism o género, etc.); se trata
de derechos que no podemos ver como priv ilegios injustos, sino como medios de
rectificación de situaciones injustas. Es neces ario, en este sentido, com batir los juicios
que afirman que los reconocim ientos y trat os diferenciales a los grupos m inorizados,
entre los que están los colectivos d e inmigr antes pero no solo ellos, sino tam bién los
colectivos minorizados internos (mujeres , discapacitados, viejos, m inorías sexuales,
gitanos y otros grupos vulnerables), erosi onan el civismo y la dem ocracia. Y, segundo,
hay que reconocer que las instituciones polí ticas no son neutras, y por ello también
necesitamos identificar posibles sesgos en sus p olíticas que discriminen a los g rupos de
inmigrantes y los sitúen en situación de desv entaja (horarios de trabajo, fiestas, hábitos
de vestimenta, etc.). La igualdad no es ot ra cosa que igualdad de oportunidades, y es
esto lo que es preciso garantizar: la igualdad dentro de las institucione s de la sociedad,
ya que, los inmigrantes se insert an en el sis tema político d e la sociedad a la que llegan y
pretenden también su integración económica y social. Y esta, para que sea real, hay que
hacerla en pie de iguald ad. Este segundo aspe cto nos parece de vital importancia en el
sentido de que no son únicamente las pol íticas dirigidas específicam ente a los
inmigrantes las que influyen en su realidad social, sino q ue s on todas las políticas
públicas las que juegan un rol fundamental en el proceso de integración de los
colectivos y de sus miembros: las leyes s obre educación, sobre salud, empleo, viviend a,
etc.
Dicho todo esto, se hace obligatoria la si guiente reflexión: “si el problema real
no estriba en la disposición de los inmigr antes a la integración, sino m ás bien en la
reacción contra el m ulticulturalism o de inm igración que surge entre los ciudadanos
naturales (nacionales), entonces el problema que debem os abordar es el de las actitudes
de la mayoría y no el de las legítim as demandas de los inmigrantes” (Kym licka,
106

2003:207-208). El problem a se acentúa porque cu alquier sistema político de tratamiento
de la inmigración no funciona ref erido a la situa ci ón de irregularidad de la que muchos
inmigrantes son víctimas. No se pueden aplicar políticas a quienes no existen
legalmente, a quienes carecen del derecho a te ner derecho s. Con los irregulares, que lo
son por haber entrado de forma ilegal, o porque llegan a esta situación de for ma
sobrevenida, por haber cumplido el plazo conc edido para su estan cia en la socied ad
receptora o por haber perdido el estatus regularizado por al gún otro m otivo, no funciona
el objetivo, siquiera retórico, de convertirlos en futuros ciudadanos. El objetivo no es
que se integren o asimilen, sino que regresen a sus países de origen. Por ello, el destino
de quienes se quedan no puede ser otro que la marginación o la exclusión consciente y
planificada.

2.5. Los modelos de políticas sobre inmigración.
Los objetivos de las políticas de inmigrac ión que, en un princi pio, tenían como
núcleo principal el control de fronteras, hoy, aún cuando este continúa siendo el eje
fundamental, también deben atender al control interior, diseñar políticas de integración,
dar un tratamiento específico a la irregularid ad y a las m afias, contemplar la necesidad
de mano de obra en distintos sectores, garan tizar unas condiciones de vida dignas a los
inmigrantes y adaptarse a un endurecim ie nto de las leyes de refugio y asilo.
Existen distintos enfoques según los cu ales los Estados, u otras estructuras
políticas a niveles inferiores o superiores, diseñan sus po líticas de inmigración, dándole
un contenido específico al proc eso de inserc ión de los inm igrantes y de las m inorías en
sus sociedades. Adam (1995:98-99), en su catalogación sobre el tratam iento de los
Estados a las minorías, incluye las siguien tes posibilidades: la elim inación física
(genocidio), la expulsión de la totalidad de un colectivo del territorio, la dom inación,
basada en un trato legal “d istintivo” –nosotros di ríamos discriminatorio- a las m inorías
étnicas (que puede ir desde la esclavit ud a la ciudadanía de segunda clase); la
asimilación o, lo que es lo m ismo, la adquisi ción progresiva de derechos mediante la
renuncia forzosa a la propia identidad, sin garantía de ser aceptados plenamente
( melting pot de EE.UU, política oficial de Alemania, caso francés); y el
multiculturalismo, política oficial de Canadá desde 1971, qu e trata de incluir elem entos
culturales de las m inorías inmigrantes en la s estructuras de las instituciones de las
sociedades de acogida (y que después pasaremos a analizar con m ás detalle).
107

Sin embargo, verem os cómo, la mayoría de las veces, esta cl asificación de las
políticas respecto a las comunidades de inm i grantes en categorías estancas so lo puede
hacerse a nivel teórico-analítico, pues se m ezclan en la realidad social. Así, aunque no
consideremos la exclusión com o una mane ra de integración, sí veremos cóm o esta
puede efectuarse según el ám bito o colect ivo al que van dirigidas determ inadas
políticas. Es decir, la exclusión jurídica –el no reconocimiento de la persona en cuanto
sujeto de derechos-, puede formar parte del tipo de inserción de m uchos inmigrantes,
permitiendo su participación en ciertas es feras, fundamentalmente la laboral, y
negándosela en otras, principalmente en la pública (López Sala, 2005; Bauböck, 1996;
Castles, 1988 y 1995). Esta exclusió n podrá ej ercerse con mecanismos legales (lím ite de
acceso a la ciudadanía, control de fronteras, etc.) o con prácticas m ás informales como
la selección de trabaj adores (Fortín, 2000).
De esta forma, aunque en muchos Estados no se reconozca un modelo de
inserción de las comunidades de inmigrantes basado en el principio de exclusión, sí se
establecen una serie de desigualdad es jurídicas que excluyen a los inm igrantes de una
participación plena en la sociedad receptora : se excluye tan to a nivel individual como,
aún más, a nivel colectivo, generando un estado de pobreza no determ inado únicamente
por una situación de carencia de dinero y medios de subsis tencia, sino por carencias en
la inserción social (Helly, 1999), por “un cúmulo de handicaps o incapacidades que
hace que capitulemos ante la vida, que este m os fuera de ella” (Blancquart, 1982: 6 5);
una desfiliación (Castell, 1995). Son las c ondiciones que provocan este estado de
pobreza las que excluyen a los individuos y col ectivos de ser miem bros plenos de una
sociedad, lo que enlazaría con el concepto de reconocimiento y la indudable verdad de
las palabras de Taylor (1992) cuando afirma que la negación del reconocim iento es una
forma de opresión. La exclusión de la vida pú blica, de la particip ación en la escena
política y en la sociedad civil son rasgos habituales de la forma de inserción social de
los inmigrantes, una inserción que, obviam en te, es injusta y opresora. Consideramos,
pues, que las pautas de segreg ación son resultado de diseños específicos de políticas de
inserción de los inmigran tes.
Como venimos afirm ando, los modelos de políticas de tratamiento de la
inmigración vienen determ inados por los c ontextos m undiales, por la situación de los
países denominados de acogida y por la de los países de origen de quienes em igran.
López Sala (2005) distingue, así, tres tipos principales, caracterís ticos, respectivam ente,
108

de los países con tradición inmigratoria, de los estados del centro y del norte de Europa,
y de la Europa meridional.
En los países tradiciona les de inmigraci ón (Canadá, Estados Unidos, Argentina,
Nueva Zelanda, Australia), que fueron destino de grandes corrientes migratorias en la
segunda mitad del siglo XIX y primeras décad as del XX, la inmigr ación forma parte de
su mito fundacional y de su construcción co mo Estados-nación. Esto explica q ue el
modelo de integración multicultural haya tenido m ayor desarrollo, aunque de formas
distintas, como ve remos a continuación.
Los estados del norte y centro de Europa (Gran Bretaña, Suecia, Holanda,
Alemania) se caracterizan por s er destinos migratorios cuando ya se hab ían consolidado
como Estados-nación, por lo que los inm igran tes no form an parte integrante d e la
identidad de dichos estados. S on países de donde habían par tido corrientes de personas
a territorios coloniales y a países de ultramar y donde, posteriormente, el boom
económico de los años 50 del siglo XX ll evó al reclutam iento de mano de obra
extranjera p rocedente en m uchos casos princ ipalmente de los antig uos territori os
colonizados. En Alemania, concretament e, se plasmó el m odelo denominado
gastarbeiter , o trabajad or invita do, para el que se pretende una estancia tem poral y un
posterior regreso definitivo a su país de orig en. Como se ha demostrado, tal pretensión
nunca funcionó por dos motivos: por una parte, porque los empresarios no deseaban una
formación continua de corriente s de trabajadores que se re levaran unas a otras de forma
ininterrumpida y, por otra, porque las redes de apoyo intracomunitari as favorecieron el
asentamiento sin retorno de m uchos de ellos. Por este motivo se inició en los 70, al
abrirse la época de crisis económica, una polít ica de cierre de front eras, la cual, además
de frenar el reclutamiento, tuvo también el efec to de fortalecer el rechazo a la idea del
retorno. De esta forma, program as de inmigr ación pensados para la instalación temporal
de trabajadores fomentaron en la práctica una inmigración perm anente (Hammar, 1985;
Baldwin-Edwards y Schain, 1994; Castles y Miller, 1993). En la actualidad, los países
del norte y centro de Europa son países con duras m edidas de cont rol de entradas, con
unas políticas muy centradas en la lucha contra los flujos irregulares y con una falta de
programas que guíen las políticas a medio y la rgo plazo. Existe una carencia evidente de
políticas de integración, lo que no hace sino agravar la situación, ya de por sí tensa,
generada por un clima de opinión púb lica contrario a la inmigración que,
indudablemente, influye en la tom a de deci siones políticas, provocando el aumento de la
109

vulnerabilidad de las minorías de inm igrantes y la actuación de grupos de la sociedad
civil en defensa de derec hos para los inmigrantes.
En estos estados, la ciudadanía se a dquiere a través de la nacionalidad,
construyendo una discriminación jurídica que sitúa a unas personas, por su lugar de
nacimiento ( ius so li ) o por su filiación ( ius sanguinis ), en el grupo de lo s excluidos de la
ciudadanía y a otras, por el mismo criterio, en el de los incluidos. En Europa predomina
la nacionalidad según el principio ius sanguinis , aunque varios país es cuentan con un
sistema m ixto que concede la nacionalidad según el cumplimiento de una serie de
criterios fijados por ley, como pueden se r la necesid ad de contar con un periodo
determinado de residencia previa a la solic itud, o el nacim i ento y la escolarización.
El modelo gastarbeiter pretendió el asentam iento temporal de los inmigrantes,
permitiéndo se durante décadas el mantenimiento de ele mentos culturales d e origen
(fomento de las organizaciones étnicas, ap rendizaje de la lengua de origen) como
mecanismos propiciador es del retorno. Sin embargo, a la vez que la demanda de m ano
de obra y el Estado de Bienestar posibilit aban la inclusión económ ica y social, se
impedía el acceso a la ciudadanía, lo que si gn ificaba la exclusión política, provocando
una falta de identificación de las minorías inm igrantes con la sociedad alemana.
Desde 1991, se impuso para la adquisición de la ciudadanía la obligatoriedad de
quince años de residencia, rentas sufi cientes que demostraran la capacidad de
supervivencia económica, la renuncia a la ciuda danía de origen (no se acepta la doble
nacionalidad) y, para los nacidos en Alem ania de padres extranjeros, exigencia de seis
años de escolaridad (Helly, 1996a).
A finales del año 2005, el estado de Bade n-Wurtem berg estableció la obligación
de que el aspirante a alem án firm ara una declaración de adhesión al orden constituc ional
vigente. No se trataba de una mera form alidad: si el organism o que otorga la
nacionalidad tiene dudas de si el aspirante “no ha comprendido de verdad el contenido
de la declaración o no coincide con sus convi cciones”, deberá celeb rarse una entrevista
en la que el Ministerio fija 30 tem as, entr e los que se in cluyen cuestion es como las
siguientes: “Imagínese que su hijo m ayor de edad llega a casa y le dice que es
homosexual y que querría irse a v ivir con un hombre: ¿ cómo reaccionaría usted?”. O
esta otra: “Algunos consideran a los judíos responsables de todo lo malo del mundo e
incluso afirman que estaban detrás de los at entados del 11-S en Nueva York, ¿qué opina
usted de estas afirmaciones?”.
110

En 2006, El Ministerio del Interior del Estado federado de Hesse ha em itido
unas directrices para los procesos de naciona lización de los extran jeros y “aspirante s a
alemanes”, los cuales deben responder a un cuestionario entre cuyas preguntas están
“¿Qué entiende usted bajo el concepto de milagro económ ico alemán?”; “explique el
concepto del derecho a la ex istenc ia del Estado d e Israel ”; “nombre a dos personas que
estén consideradas en Alem ania como los pa dres del automóvil”; “diga los nom bres de
siete Estados federados con su s capitales”; o “¿qué hecho histórico ocu rrió el 9 de
noviembre de 1938?”. El mismo Ministro del Interior de Berlín, el socialdemócrata
Ehrhart Körting (SPD), ha puesto en duda que más de dos tercios de los ciudadanos
alemanes fueran capaces de res ponder al cuestionario; y en este sentido se pregunta si
“tendremos que declarar apátridas a un te rcio de los ciudadanos”. Las actuales
exigencias de Hesse a los aspirantes a alem anes incluyen un mínimo de ocho años de
residencia, suficientes conocimientos de al emán, obligación de asistir a cursos de
nacionalización con exámenes de conocimiento y sobre valores, garantía de no poseer
“tendencias anticonstitucionale s”, y declaración de lealtad.
Para uniformar criterios está previsto celebrar en m ayo una reunión de ministros
del Interior de los estados de la República Fede ral. Mientras tanto, el m i nistro federal, el
democristiano W olfgang Schäuble (CDU), no ha tenido el m enor reparo en alabar el
modelo holandés con vídeos de “muj eres con los pechos descubiertos”.
Los países de la Europa meridional (P ortugal, España, Italia y Grecia) han
pasado de ser emisores reciente s de trabajadores a otros países de Europ a y América, a
recibir población inmigrante. Todos se carac terizan por un rápido, aunque diferente,
crecimiento económ ico en las últimas décadas, la consolidación de m ercados de trabajo
segmentados, un gran peso de la econom ía in formal, la proxim idad geográfica con los
países de origen de muchos inmigrantes, y por tener vínculos históricos con m uchos de
estos países. A su vez, com parten entre e llos un Estado de Bienestar débil y unas tasas
de desempleo elevadas. El m ercado de tr abajo aparece segmentado por etnia y g énero,
concentrándose los inmigrantes en los sector es de la ag ricultura, la construcción, la
hostelería y el servicio doméstico.
Las políticas de inmigración determin an las condiciones de vida y las
posibilidades de integración de los inm igrante s en la sociedad de acogida. Por ello son
fundamentales en el diseño y organizac ión de nuestras actuales sociedades
multiculturales. Tres principios diferentes pueden enunciarse com o base de las políticas
denominadas de integr ación: el principio univer salista , el principio par ticularista y el
111

principio multiculturalista . Cada uno de ellos dota a la diferencia cultural de un estatus
específico y cada uno define y establece un a relación esp ecífica entre ciudadanía y
pertenencia naciona l (H elly, 1996a).
El principio universalista se basa en políticas que buscan asegurar unos mínimos
estándares de vida a toda la población que re sida legalmente en un estado. Se trata de
generalizar los serv icios del Estado de Bienestar a lo s inmigrantes, que, como
trabajadores y sujetos fiscales puede n acceder a la Seguridad Social, serv icios de salud,
seguro de desempleo y pensiones. Los extranjeros son considerados, por tanto, un
segmento más de la pob lación receptora de los servicios que proporciona dicho Estado
de Bienestar (López Sala, 2005; Helly, 1996a). En este sentido, Zapata-Barrero (2004)
sitúa estas medidas dent ro de unas políticas de igualdad o genéricas , que tienen por
objetivo gestionar los recursos con la fina lidad de conseguir la asimilación de los
inmigrantes.
Según este principio universalista , para que una persona se convierta en
ciudadano de derecho tiene la obligación de pr estar fidelidad al estado “que le acoge” y
adherirse “voluntariamente” a los rasgos y valores culturales de la población
mayoritaria. Se trata, en realidad, de polít icas de asim ilación (abs orción o aculturación),
mediante las que se fom enta la adopción de las pautas culturales y los modos de vida
considerados propios de la so ciedad “autó ctona”. Es decir, se trata de un proceso
encaminado a la unif ormización cultural m ediante la gradual el iminación de la
diferencia (Bauböck, 1996).
Los presupuestos asimilacionistas de la Escuela de Chicago, a los que tendrem os
la oportunidad de referirnos en el aná lisis más adelante, son los siguientes:
1. La sociedad receptora es culturalm ente homogénea en la situación previa al
contacto.
2. El resultado de la interacción será de nuevo, con el paso del tiempo, una
sociedad homogénea.
3. El proceso de reestructuración so cial, consecuencia del desequilibrio
originado por la inserción de los inm igrantes culturalm ente diferentes, se
concibe unilateralm ente; esto es, lo s afectados por la inte racción son
exclusivamente los grupos minoritari os. Son estos los que abandonan sus
culturas de origen para adoptar plen amente la de la socied ad receptora, sin
contemplarse la influencia que los inm igrantes pueden ejercer sobre la
sociedad general.
112

El proyecto de ley estipula, además, condi ciones m ás severas pa ra la entrada de
los inmigrantes “no tan cualificados”, dificultando la reagrupación d e familias y
aumentando el control sobre los m atrimoni os mixtos, considerados, de antem ano,
matrimonios de conveniencia para la obtención de nacionalidad.
Volvemos al discu rso de los buenos inm igrantes y los malos inmigrantes. La
selección de los más cualificados es lo m i smo que se hace, como verem os enseguida, en
Canadá. Sin embargo, en Francia se desvincu la de m edidas para la integración, como
muestra el endurecimiento de la reagrupación o la vigilancia de los m atrimonios mixtos.
Es decir, se dificulta aque llo que da estabilidad a los in migrantes, aquello que les
proporciona bienestar en la sociedad de de stino, para conseguir –supuestamente- el
mantenimiento del statu quo de esta.
El melting pot estadounidense es otro modelo de inserción m ediante políticas
asimilacionistas. La idea es, de nuevo, llegar a una sociedad homogénea por m edio de la
aplicación del principio universal ista, esta vez a partir de la supuesta contribución de las
distintas cultur as que interactúan. Se trat aría de un proceso de fusión cultural
conducente a una nueva sociedad hom ogénea resultante de la m ezcla de diferentes
orígenes y patrones culturales. Tampoco se reconocen diferencias en el trato a los
individuos según sus características culturales, sigue sin valora rse la pluralidad cultural.
No se tiene en cuenta la posición económi co-social que cada com unidad étnico-cultural
ocupa en la sociedad estadounidense, lo que determina, seguro, sus posibilidades de
situar ciertos valores culturales propios en la “nueva sociedad” que se configura.

El principio particularista considera que las diferencia s culturales son o rigen de
un trato discriminatorio en la socied ad “de acogida”. Por ello los estados han de to mar
medidas directas dirigidas a la población inm i grante. Este principio actúa, por tanto,
sobre los individuos que sufren marcas social es particulares, pero no sobre la propia
situación del grupo; es decir, su objetivo es extender lo s derechos social es a todos los
individuos, ciudadanos o extr anjeros, sin atend er a su origen étnico-nacional. No
incluye el reconocimiento institu cional de la s form as de organización étnicas ni la
diversidad cultural como rasgos definitorios del Estado; este conti núa siendo el lugar de
definición de los ciudadanos sin ninguna referencia cultural (Helly, 1996a).
La gestión de la diversidad étnico-cultura l apoyada en el prin cipio particularista
induce a la movilización política y a la vida asociativa de las minorías inm igrantes sobre
119

una base cultural (Helly, 1996a; López Sala, 2005). Ha sido el caso, con diferencias
apreciables, de Suecia, Holanda o Gran Bretaña.
Donde rige el ius soli se otorgan derechos ciuda danos a los nacidos en su
territorio, in cluidos los nacidos en las poses iones colonial es; los adultos, por su parte,
pueden llegar a adquirirlos mediante un period o de residencia previamente fijado y el
conocimiento de la lengua oficial del país de acogida.
En Gran Bretaña, las polít icas de inmigración se centr an, fundam entalmente, en
la relación entre los inmigran tes pro cedentes de la New Commonwealth y la población
autóctona. Los británi cos y los inmigrantes orig inarios de los países de la
Commonwealth se benefician de todos los derechos de la ciudadanía, aunque posean
otra diferente nacionalidad. En cuanto a la nacionalidad, se contempla el ius soli ,
otorgándosele a quien nazca en suelo británico, b ien si alguno de sus padres es residente
en el momento de su nacim iento, bien por regi stro si sus padres llegan a ser residentes,
o bien tras residir en Gran Br etaña durante un periodo de tiempo.
Los Consejos de Relaciones Raciales s on los órganos consultivos en m ateria de
integración y de lucha contra la discrim inación racial Es una política que fomenta la
integración de los inmigrantes en los valo re s de la cultura m ayorita ria a la vez que se
permite el mantenim iento de elementos cultura les propios, también en la esfera pública.
En la actualidad, se promociona una inm igración según las necesidades del
mercado laboral del país y las intervenci ones se centran, fundamentalm ente, en el
ámbito local y en el diseño de program as específicos para las grandes ciudades.
En Holanda se aprueba, en los años ochenta, la Ley de Minorías Étnicas. En este
país se aplica el principio del doble ius soli , es decir, se atribuye la nacionalidad a un
niño nacido en Holanda de padres también naci dos en este país. Hay fuertes exigencias
en las evidencias admitidas para probar la integración, requirié ndose una investigación
de las autoridades, lo que sin duda complica el trám ite administrativo. Conlleva la
adopción de prácticas culturales del país aunqu e, igual que sucede en Gran Bretaña, se
permite conservar elem entos culturales también en la esfera p ública.
En 2006, Holanda se ha convertido en el primer país del mundo en exigir un
examen de lengua y cultura nacionales a lo s inm igrantes en sus propios países de
origen. Dividido en dos partes , una de lengua y otra de c onocimientos sobre Holanda, el
examen debe realizarse en las em bajadas de Holanda ab iertas en los países na tales de
120

los aspi ra ntes 45 . En el apartado de cost um bres, las demandas oscilan entre lo sencillo,
como ¿cuál es la capital de Holan da?, y as un tos más complejos, como ¿ quién es el
presidente del Consejo de Ministros: el pr esidente del Gobierno o la reina?; ¿cuánto
duró la guerra contra España?; ¿qué es el re y de España, católico o protestante?; o ¿qué
colonia se independizó de Holanda en 1975? ( El País , 18 de marzo de 2006). De nuevo
podríamos preguntarnos la m isma cuestión qu e ya nos hicimos respecto al examen
realizado en Hesse, Alemania, para la adquisición de la ciudadanía: ¿ cuántos
“autóctonos” estarían adm itidos? En Holanda, sin em bargo, no se trat a de una condición
para la adquisición de la n acionalidad, sino de un requisito pa ra la entrada en el país.
Este examen se afirm a que está pensado, sobre todo, para las denominadas
“novias de importación”, m ujeres que espe ran casarse con hijos de inm igrantes que
salieron en su día de su propia tierra 46 , pero también alcanza al conjunto de adolescentes
a partir de 17 años y a las futuras esposas o maridos de los hol andeses autóctonos que
encontraron a su pareja en otro cont inente 47 . El exam en incluye un material de estudio
que ha traído polémica, pues en un video utiliza do para m ostrar los usos y costumbres
holandeses aparecen escenas de una boda hom osexual y de una play a con bañistas sin
sujetador. “No hago más que hablar de senos y de besos entre gays. Y no es eso. Lo
esencial es que los inmigrantes para quien está pensada la prueba, en especial m ujeres
con poca formación y originarias de lugare s pequeños, sepan m anejarse y que tienen
derechos”, afirmó Maud Bredero, portavoz de Inm igración. Sin embargo, en círculos
musulmanes asentados en el país, el hec ho de presentar a los homosexuales o a las
bañistas se interpreta como un intento más de frenar el flujo de inm igrantes, y no de
ayudarles a integrarse. Es decir, nuevamente son políticas de control de flujos, y no de
integración. Lo que estamos presenciando es, si n duda, el paso de una s políticas regidas
por el principio particularista a otras regidas por el principio universalista .
En la actualidad, “con el trasfondo de las transformaci ones del estado de
bienestar, el desarro llo de política s específicas para la pob lación inm igrante tiende a ser
considerada como un gasto innecesario por lo redundante. Además, las m edidas
específicas son consideradas impopulares entre amplios sectores de la población

45 Otros países con pruebas si mila res las han venido real izand o después de habe rse produci do la entrada
del inmigran te.
46 En 2004, en traron en Holand a 15.377 novias o nov ios de importació n, una cu arta parte d el total d e
inmigrantes aceptados. La m ayoría pr ocedía de Turq uía y de M arruecos.
47 Están exentos los de la UE, Estad os Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Au stralia, así como los de las
antiguas c olonias h olandesas de Suri nam y Ar uba.

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autóctona que considera injusto qu e se discrimine positivamente a lo s que ‘han llegado
últimos’. En un contexto de re tirada de gasto s sociales, esta impopularidad aum enta aún
más si cabe. Eso viene adem ás a reafirmar la tendencia a relegar la integración en la
agenda política, habida cuenta que los políticos (y muy en particular los partidos de
izquierdas) siguen poniendo en práctica una política de evit ación y sin tener claro que
decirle a su electorado (B ruquetas y Garces, 2007:25).

El principio multiculturalista difier e ta nto del universalista co mo del
particularista , definiéndose por los sigui entes rasgos (Helly, 1996a):
1. Concibe que existe un a discriminaci ón sistém ica de las comunidades de
inmigrantes.
2. Tiene como objetivo la transform aci ón de las mentalidades y de los
fundamentos del Estado para crear una sociedad nacional pluricultural.
3. Se funda sobre la afirmación de que la discriminación cu ltural lleva a la
constitución de grupos que organizan su propia vida social al margen de la
población mayoritaria.
4. Entiende la diferencia cultural no como una colección de diferencias
individuales, sino como base y motor de formas legítimas de organización
social.
5. Permite, de esta form a, la creación de canales de diálogo en tre el Estado y
las minorías inm igrantes, induciendo as í, a la formación de asociaciones
étnicas y favoreciendo la participación de estas minorías en la vida social y
política de la sociedad de acogida.

La política multicultural se apoya en tres principios : “el reconocimiento por
parte del Estado de la pluralidad cultur al existe nte en el seno de la so ciedad civil, la
reducción de los obstáculos que impiden la part icipación social y po lítica de los g rupos
culturales marginados o puestos históricamente bajo tutela , y el apoyo a los diferentes
grupos para que reproduzcan sus culturas” (Helly , 1996c:25)
Autores como Bauböck (1996, 2003) o Rex (2000, 2002), insisten en la idea de
un modelo que com pagine la integración de comunidades étnico -culturales con una
cultura política común generadora de una id entidad cívi ca compartida. El Estado
pretende incluir, con el m odelo multicul turalista, la p luralidad como uno de sus
atributos, situando este atributo al m i sm o nivel que su Constitución, su carta de
122

derechos, su territorio, ciuda danía y lengua (Helly, 1996a). Es ta característica marca la
diferencia principal con los demás modos de integración de la población inmigrante y
permite, al m enos en teoría, que los inmigran tes desarrollen una doble o triple fidelidad,
característica de las migraci ones trasnacionales: fidelidad al país de origen, al de
acogida y a una diáspora, si la hubiese. Es el caso que analizaremos m ás adelante de la
comunidad senegalesa.
Desde los años sesenta, el pluralism o cultural es la base de modelos que
empiezan a considerar a las poblaciones de inmigrantes co mo comunidades étnicas a
cuyos miembros se debe garantizar la iguald ad de derechos en todas las esferas de la
sociedad, respetando sus identidades culturales. Este es el modelo multicu ltural, el que
se dirige a la igualdad social, a la igua ldad de oportunidades y al reconocimiento del
derecho a la diferencia. En consecuencia, las actuaciones políticas apuntan a la
consecución de la igualdad en la esfera pública -promoviendo la participación de los
inmigrantes en las instituc iones de la soci edad de acogida- y a la posibilidad de
mantenimiento de las diferencias cultural es de los inm igrantes (López Sala, 2005).
En los países que antes denominamos tradicionales de inm igración -Canadá,
Nueva Zelanda, Australia (exceptuamos Estados Unidos pues, aunque sus políticas sean
definidas como m ulticulturalistas, ya hemos vi sto que el obje tivo es la asimilación en el
denominado Melting pot y, por tanto, el principio que rige es el universalista con
algunos rasgos particularistas 48 )-, desd e los setenta, se desa rrolla una forma de gestión
de la diversidad cultural basa da en políticas multicultu rales, dirigidas a la igualdad de
oportunidades y a la diversidad y apoyo al ma ntenim iento cultural de los inmigrantes.
En estos países, las políticas para a dquirir la nacionalidad, las denominadas
políticas de “naturalización”, van dirigidas a la transformación de los extranjero s en
miem bros de pleno derecho de la comunidad política; por ello, el periodo de residen cia
que se exige para solicitar la nacionalidad es m enor que en Europa y los procesos
administrativos m ás sencillos 49 . Soriano (2004), hace referencia al principio de
moralidad que debe regir las relaciones entre la s culturas. Aboga por “el derecho a la
naturalización”: la conversión del excluido en ciudadano de pleno derecho de la
sociedad receptora tras un periodo razonable de residencia no supe rior a dos años. Por
mi parte, considero que esta propuesta cum ple mejor el “principio moral” que otras que

48 A una supuesta neu tralidad cultural, se un e un Estado del Bienestar ap enas inex istente y una
intervención en asuntos sociales y culturales muy bajo. Es la socied ad civil la que garantiza ciertos
derechos a l a com unidad inmigrante .
49 En este punto, ta mbién en Estados Unido s es así.
123

equiparan la ciudadanía al estatus lega l de residencia, cuya consecución puede
prolongarse demasiado en el tiem po dependiendo de los ordenam ientos jurídicos de los
estados (tal es la opinión de J. de Lucas, que defiende la residencia legal com o vía para
la adquisición de la ciudadanía europea junt o a la condición de nacional de Estado
miembro). Están m uy lejos de cumplir el pr incipio moral de la inclusión países que
niegan este derecho a la naturalización a sus inmigrantes de larga residencia, incluyendo
varias generaciones: turcos en Alemania, arge linos en F rancia, indi os y pakistaníes en
Gran Bretaña (Soriano, 2004:98-101).
Si, mediante la aplicación del principio ius soli , el nacimiento en el territorio
hace automáticam ente ciudadanos a los descen dientes de extranjeros, tamb ién hay un
comprom iso de cuidar el mantenim iento de las distintas cu lturas de origen en la esfera
pública. En este sentido, en Canadá existe un tratamiento institucional para la
incorporación de las diferencia s culturales en el seno de los organism os públicos; es
decir, el Estado canadiense tiene el rol d e garante del mantenim ient o de las culturas de
las minorías inm igrantes, volviendo a contraponer se a la realidad de los Estados Unidos.
En Canadá y Australia la sociedad mayoritaria reconoce las diferencias
culturales d e los inm igrantes y el Estado a poya y actúa para su incorporación a las
instituciones regidoras del funcionamiento de la sociedad de la que todos forman parte.
La igualdad de derechos como objetivo y la representación y participación de las
minorías culturales en la esfera pública com o m edio de contrarrestar la desigualdad real,
justifica la puesta en práctic a de políticas que dan un tr atam iento diferenciado a las
personas según sus necesidades y demandas, determinadas, en gran parte, por su
participación en sus culturas de origen. Por eso, el reconocimiento de poblaciones,
dentro del mismo estado, con identidades y adscripciones cultural es diferentes, es
condición para el desarrollo del multicu lturalismo. Se acepta que compartim os una
sociedad en la que existen com unidades étni cas diferentes y disti nguibles, es decir,
debemos ver esta diferencia, no ignorarla o neutra lizarla, co mo pretenden las polític as
asimilacionistas.
En sociedades donde el Estado practic a políticas multiculturalistas, com o
Canadá, pueden distinguirse tres tipos de minorías: m inorías nacionales, minorías
étnicas y movimientos sociales (K ymlicka , 1996:37). Las primeras son “sociedades
distintas y potencialmente autogobernadas incorporadas a un Estado más am plio”; las
minorías étnicas son las de “em igrantes que han abandonado su comunidad nacional
para incorporarse a o tra sociedad”; y los nuevos movimientos sociales son
124

“asociaciones y movimientos de gays, m ujere s, pobres y discapacitados, que han sido
marginados dentro de su propia socied ad nacional o de su grupo étnico”. Las
reivindicaciones expresadas por cad a minoría son diferentes, pues sus intereses también
lo son. “Las minorías nacionales pret enden derechos de autogobierno o de
representación política e special. Las minorías étnicas pers iguen el respeto a sus señas de
identidad por el Estado” (Soriano, 2004:40).
El problema, m uchas veces, es determin ar qué trato dar a estas identidades y
adscripciones. Su reconocim iento en la esfera pú blica es lo qu e centra el debate. Existe
una demanda de reconocim iento cultural di ferenciado. Nos referimos, ahora, al
reconocimiento nacional y al de las identid ades de las minorías resultantes de los
actuales movim ientos migratorios, pero ta m bién podem os hablar de otras categorías
sobre las que se construyen identidades que hoy forman parte de lo que estamos
denominando un proceso de reafirm ación de las identidades co lectivas a n ivel
planetario: clase social, género, orien tación sexual, etc. El diseño político debería
recoger, por tanto, todas esta s identidades discriminadas por y en las instituciones
públicas. La dificultad está en el reconocimie nto del derecho al uso de la propia lengua
en las instituciones pública s, a la práctica religiosa y a otras costum bres, formando
parte, a su vez, de un a mism a comunidad política y social, que es plural en cuanto a
adscripción a identidades diferenciadas.
Debemos saber cuáles son las reivindicaciones de las comunidades de
inmigrantes. Desde luego, no pasan por el au togobierno: expresan, m ás bien, el deseo
de que sus culturas estén presen tes en el di seño de las sociedades de acogida, con la
aceptación y garantía de la po sibilidad de ma ntenim iento de la particularidad cu ltural
sin sufrir discriminación por ello. En es te sentido, “el m ulticu lturalismo incluye un
comprom iso ideológico con la diversidad y puede ser definido com o una doctrina
oficial y su correspondiente conjunto de políti cas y prácticas en las que las diferencias
son formalmente incorporadas como un com pone nte integral del orde n social, político y
simbólico” (Fleras y Elliot, 1993:22). Y este compromiso ideológico con la diversidad
exige la promoción desde el Estado de un tr ato diferenciado en la esfe ra pública: la
aceptación de que las institucione s de la sociedad de acogida deben inclu ir medidas
específicas dirigidas a las comunidades de inm igrantes debe entenderse como un
principio de justicia en camin ado al objetivo de la igualdad y no discriminación por
origen nacional y patrones culturales.
125

Aunque hay quienes, por este motivo, argumentan que las políticas de
multiculturalismo fomentan la segm entación social a lo largo de líneas étn icas y
culturales, los indicadores de integración mu estran, como señalan Kymlicka, (1995b),
Hawkings (1991) o Fleras y Elliot (1993), justam ente lo contrario: mayor conocim iento
por parte de los inmigrantes de la lengua del país de acogida, mayor núm ero de
matrimonios m ixtos, y mayor respeto a las minorías,. En este sentido, las políticas
multiculturales son m ás capaces de logra r la in tegración y m ás efectivas a la ho ra de
gestionar la pluralidad c ultural.
Sin duda, un debate importante en la gestión de esta pl uralidad cultural es la
contraposición entre lo público y lo privado, y la fijación de límites en las prácticas
culturales de las minorías. Num erosos liberales que tratan el tema de los derechos de las
culturas se refieren a este tema. Haberm as (1999) reserva los derec hos exclusivamente a
las personas como tales, no a los grupos que puedan formar. Considera que el dotar de
derechos a las culturas conlleva el peligro de negar la libertad de los individuos que lo
integran. Sin embargo, otros liberales tr atan el tema de m anera muy diferente.
Kymlicka entiende que los lím ites de los derechos de las minorías vienen determinados
por su adecuación a los principios liberales : “Una perspectiva liberal exige libertad
dentro del grupo minoritario e igualdad entre los grupos m i noritarios y mayoritarios. A
mi entender, un sistem a de derechos de la s m i norías que respete am bas limitaciones es
impecablemente liberal” (Kym licka, 1996: 212). Entiende este autor que la lib ertad
individual, base del liberalismo, solo es posible dentro de la s cul tura s, pues son estas las
lentes a través de las cuales miram os y valoramos nuestras prácticas. Trata de
acomodar, por tanto, los derechos de las m inor ías a los principios y derechos liberales:
“los derechos diferenciados en funci ón del grupo que protegen a las culturas
minoritarias pueden considerarse no solo como algo consistente con los valores
liberales, sino también com o algo que los fom enta” (Kymlicka, 1996, 150) 50 . También
Raz (2001:192-193) habla en este sentido de pert enencia cultural para el ejercicio de la
libertad, afirmando también que “ninguna de la s culturas puede ser juzgada superior a
las demás” (Raz, 2001: 198). En el análisis que Soriano elabora de la obra de R az,

50 Recogemos la crítica que hace Soria no al planteam ien to de Kymlicka: La crítica mayor de que es
susceptibl e la am biciosa ob ra de Kym licka, prete ndien do un hil o de cont inuida d entre i ntereses y
derechos indi viduales y colectivos, es la predeterm inación del conc epto bá sico liberal de autonomí a, que
es un concept o cultural –en c oncret o de la cultura occident al- aunque el a utor no q uiera verlo c omo ta l.
¿Y si en esas cult uras no conocen – no es que no c omparta n, sino que desco nocen- el valor de la
autonom ía, porq ue sus valo res son ot ros, com o el deber, la solidari dad grupal , la autori dad, l as
tradiciones…? (Soriano , 200 4:41-42).

126

destaca una argumentación que nos parece m uy oportuna y que, por ello, nos gustaría
rescatar aquí, y es que “la defensa de la igualdad de las culturas no se opone a la
necesidad de la reform a de los aspectos repr es ivos de las mism as, de la mism a manera
que decimos que los individuos son iguales y di gnos y no por ellos dejamos de criticar y
corregir aspectos inmorales de los m ismos ” (Soriano, 2004:45). En mi opinión, no se
puede ser más claro y acertado.
En el transcurso de los años 90, el g obierno liberal de Quebec propuso la noción
de “cultura pública común” basándola en los siguientes valores: la democracia y los
principios de la Carta de der echos y libertades de la persona; la laic idad; el f rancés,
como única lengua oficial; la resolución pa cifica de los conflicto s; el pluralismo
(respeto de derechos de Autóctonos y de la minoría anglófona de Québec); el respeto al
patrimonio cultural; y la i gualdad entre hom bres y mu jeres (Labelle, 2000). La
simplista distinción que, en m uchas ocasione s, se establece entre “lo público” y “lo
privado” como solución al tratam iento de las diferencias culturales, reservada s al
segundo espacio (como si la cultura que diseña el funcionam iento de las instituciones
fuera neutra), choca con el desarrollo de la vida cotidiana (Martín, 2003; Helly, 1995,
2004). Es decir, las identidades culturales actú an en todos los ámbitos de la vida de los
individuos y, a su vez, también las institu ci ones van definiendo, en el transcurso de s u
historia, aquello que se convierte en objeto de actuación política. Que el desarrollo de la
“política” se dé en el esp acio público y la “cultura” en el privado, es una simplificación
que, además, no señala nada: ¿Qué ocurre con los enclaves étnicos? ¿Con la religión en
las escuelas? ¿ Con el uso de determ inados símbolos cult urales? ¿ Y con los valores
familiares? Todo se m ezcla, lo que no im pide, sin embargo, que, a nivel analítico,
intentemos analizar por partes.
Las políticas de multiculturalism o pretende n integrar la diferencia en lo público,
es decir, un cam bio estructural que m odifique las institucione s que rigen el
funcionamiento de la sociedad. En este sen tido, es necesario negociar, para garan tizar
unos términos justos en la in tegración, cuáles son las reglas , estructuras y sím bolos de
las instituciones com unes, reconociendo, desde luego, que esto no es algo que pueda
realizarse de la noche a la m añana, sino que se trata de un proceso inte rgeneracional que
tiene que contemplar m edidas especiales tr ansitorias, tan poco del gusto de grandes
sectores de la población de acogida (acces o a servicios en le ngua m aterna, apoyo
financiero a asociaciones ét nicas, etc.) Kymlicka (2003) nos da varios ejem plos de
actuaciones dentro del modelo de multiculturalismo que nosotros entendem os deben ser
127

analizadas dentro de cada contexto para de terminar su conveniencia o no, así com o sus
modos de aplicación o alternativas posibles:
1. Adopción de programas de discrim i nación positiva para increm entar la
representación de los grupos de inmigrantes en las instituciones educativas y
económicas.
2. Reserva de un número de escaños en la cám ara legislativa o en los órganos
consultivos del gobierno para los grupos inmigrantes.
3. Revisión del currículo de hi storia y literatur a en las escue las públicas para
dar un mayor conocim iento a las contribu ciones históricas y culturales de los
grupos de inmigrantes.
4. Revisión de los calendarios laborales pa ra que pu edan acomodarse las fiestas
religiosas de los grupos inmigrantes. Por ejem plo, las tiendas musulmanas y
judías estarían exentas de la legislación que ordena el cierre de los comercios
en domingo.
5. Revisión de los códigos de vestimenta para acomodar las creencias religiosas
de los grupos inmigrantes. Por ej emplo, revisión de los códigos de
vestimenta m ilitar para que los judí os ortodoxos puedan llevar sus gorros o
que los sijs se vean exentos del cu mplim iento de la ley de obligatoriedad del
casco en las motos o en lo s edificios en construcción.
6. Adopción de programas para la educación antirracista.
7. Adopción de códigos contra el acoso en los lugares de trabajo o en la
escuela, para evitar que se hagan afirmaciones racistas.
8. Ordenar la educación en la diversidad cultural de la policía y los
profesionales de la salud, para que puedan reconocer necesidades
individuales y los conf lictos en el seno de las fa milias de in migrantes.
9. Adoptar pautas gubernamentales de regul ación de estereotip os étnicos en los
medios de com unicación.
10. Financiación gubernamental para los fes tivales culturales étnicos y para los
programas de estudios étnicos.
11. Proporcionar servicios en su lengua materna a adultos inm igrantes en vez de
exigirles una lengua como condición para el acceso a los servicios públicos.
12. Proporcionar programas de educación bili ngüe a los hijos de los inm igrantes,
de modo que sus prim eros años de edu cación se desarrollen en parte en su
128

programas para financ iar organism os mu ltiétnicos, se presentan tradic iones de
inmigrantes en los medios de com unicació n, se promocionan artistas de origen
extranjero, se establecen cátedras de investigación, se desarro llan program as de estudios
universitarios y se dan incentivos a publicaci ones, se forma a personal de instituciones
gubernamentales para la aten ción pública de carácter inte rétnico, se plantea la
reinterpretación y relectura de la h istoria canad iense como definida por olas sucesivas
de llegada de poblaciones, etc.
Tres años más tarde, se vota el Acta para el A poyo y Avance del
Multiculturalismo , con un periodo de actuación de cinco años para cubrir los siguientes
objetivos: mantener y valorar el uso de le nguas no oficiales; promover las relaciones
raciales armoniosas; reconocer la ex istencia y ayudar al desarrollo de colectiv idades de
miembros de un m ismo origen; favorecer la comprensión entre indi viduos y colectivos
de orígenes diferentes, así como la creativid ad resultan te de sus intercam bios; incitar al
reconocimiento y estim a de las diferentes culturas de otros países, así com o a sus
representaciones y manifestaciones en la socied ad canadiense; garantizar el derecho de
los individuos a identificarse con su herencia cultural, si así lo elige, sin riesgo de
exclusión de la vida pública y social; e intensificar el com promiso de todas las
instituciones federales re specto al m ulticulturalismo.
En 1991, cuando los inmigrantes repres entan un 38% de la población de
Toronto, un 30% de la de Vancouver, un 20% de la población de ciudades importantes
de Ontario, y un 17% de la población de Montreal (Helly, 1996b:10), se funda el
Ministerio del Multiculturalismo y Ciudadaní a, cuya vocación es impulsar la creación
de un sentido de pertenencia a la sociedad canadiense y asegurar el desarrollo de una
identidad común. Un Ministerio “del Multicu lturalismo porqu e los canadienses son de
orígenes y antecedentes cultura les diversos, y de Ciudadanía porque está n unidos por
valores compartidos y por un apego común a Canadá” (Ministerio del
Multiculturalismo y Ciudadanía, El punto sobre el multiculturalismo . Ottawa, 1991). De
acuerdo con este planteam iento, se em piezan a crear lugares d e socialización que
desarrollan un sentido de pert enen cia a la colectividad canadiense a través de la
formación y la acción de nuevas ONGs fina nciadas por el Estado que resuelven
problemas sociales y crean espacios de encu entro. En 1993, con el Partido Liberal en el
gobierno, se crea al Ministerio del Patrimonio Canadiense, que incluye las funciones del
anterior Ministe rio del Multi culturalismo y la Ciudadanía.
135

Debemos entender, antes de nad a, por qué se adoptó el multiculturalism o en
1971 y contemplar, así, cóm o las circunstancias particulares de los pa íses de destino, en
un contexto socio-histórico determinado –en este caso referido a Canadá-, juegan un
papel fundamental en el dise ño de políticas para la inm i gración. Conviene recordar que
“los modelos son, antes que todo, productos de historias nacionale s, adaptados a las
tradiciones de cada pueblo… La filosofía de l modelo canadiense se opone al de su
homólogo francés, aunque tanto la crisis de la unidad nacional de Canadá o el aumento
del racismo en Francia participan del m ovimiento planetario de exacerbación de
reivindicaciones identit arias, que responden a la ferocidad de la econom ía de mercado, a
temores suscitados por la globalización o la in seguridad social generalizada” (Dewitte,
1996:3).
El multiculturalism o canadiense surge con el objetivo de contrar restar las
exigencias de poder de las minorías naciona les, tanto la de Québec, como nación
canadiense francófona, com o de las comunida des indígenas del territorio o “prim eras
naciones”. Por ello, desde lo pu esta en marcha de políticas m ulticulturalistas, la
corriente soberanista de Quebec se ha opuesto a este m odelo que pretende una soberanía
compartida en la que ninguna tradición pue da reivindicar una posición dom inante
(Adam, 1995:99). Esta política pone a los quebequenses en pi e de igualdad con el resto
de comunidades de inm igrantes que no form an parte de las cu lturas fundadoras del
Estado de Canadá. Con el mu lticulturalism o, se neutralizaba n las reivind icaciones de un
estatus especial de reconocimiento tanto de las primeras naciones (los denom inados
autóctonos) com o del nacionalismo secesionista de Quebec.
En respuesta a esta situación, Taylor señala la conveniencia de adoptar lo que él
denomina “diversidad de segundo grado” o “d iversidad profunda”, que acuerde para
Quebec derechos colectivos derivados del hecho de constituir un a “soc iedad distinta”
que desea la supervivencia d e su cultura a tr avés de generaciones y en la que, a su vez,
pueda integrarse la diversidad presente en su sociedad. Pu es no hay que ol vidar que en
Quebec existe una m ayoría nacional (cuyas ins tituciones y valores pre dominan en el
gobierno del país), unas minorías nacionales (incluidos los “autóctonos” o “pueblos
fundadores”) y comunidades de inmigrantes m ás o menos recientes, denom inados
grupos étnicos o comunidades culturales.
Las etnias procedentes de la inmigr ación de la segunda mitad del siglo XX
presentan tres diferencias fundamentales con las minorías nacionales (Schwimmer,
1995:127-150):
136

a) La relación entre mayoría y m inoría nacional se fundamenta en un contrato,
tratado o a lianza cole ctiva, m ientras que los m iembros de comunidades
culturales no tienen otros derechos que los ligados a su estatus de ciudadano.
b) Si la sociedad mayoritaria no respeta esa alianza, las reiv indicac iones colectivas
de una minoría nacional pueden am enazar la estabilid ad del Estado, mientras
que es raro que las minorías cultura les hagan valer pol íticamente sus
reivindicaciones colectivas.
c) Los textos de las alianzas firmadas por la mayoría y m inoría nacional pueden dar
lugar a problemas de traducción (queridos o no) y a conflicto s de interpretación.
En estos casos, la mayoría respe ta cada vez más la interpre tación de la minoría
nacional conforme a principios conocidos del sistem a conceptual de la minoría.
Las comunidades culturales, sin emba rgo, no pueden invoc ar el sistem a
conceptual de su país de origen para h acer valer sus reivindicaciones en el país
de acogida.

Algunos autores nombran una cuarta diferencia: las aportaciones económicas y
culturales históricas de u na mi noría nacional, en virtud de la s cuales tendrían derech o a
privilegios particulares. Ocurre qu e, en caso de aceptarse esta argum entación, nada
impediría que la com unidad china o judía pretendieran, en un momento dado, que su
contribución histórica a la sociedad, a la cu ltura y a la economía de Quebec tam bién les
diera la posibilidad de o ptar a estos privileg io s, utilizando el mi sm o argum ento que la
minoría nacional.
Estamos de acuerdo con Schwimmer cuando afirm a que es complicado aplicar
estas lecturas históricas, sobre todo cua ndo el principal objetivo de las comunidades
culturales es el de integrarse a la sociedad de acogida, invocando raramente el propio
sistema simbólico y cultural del país de origen si los conflictos que pudieran surgir son
tratables de otro modo. Sin em bargo, como afir m a en diversos artículos Denise Helly,
esa estrategia sí podría serle atractiva a una comunidad cultural si llega a una situación
desesperada tras sucesivos inten tos fallidos por hacerse incluir en el seno de la socied ad.
En lo que se refiere a la “política del reconocimient o”, existe una diferencia
fundamental de estrategias entre chinos y j udíos, de una parte (seguimos con el ejem plo
que formula Schwimmer) y los “pueblos f undadores” y otras m inorías nacionales, de
otra; y es que chinos y judíos se identifi can como inm igrantes y tienen un país de
origen, aunque prefieran, por diversos moti vos, estar en Canadá o Quebec en tanto que
137

pueden integrarse y continuar practicando sus costum bres. Ni chinos ni judíos tienen
ambición por jugar un rol colectivo im portante en el plano político. Por regla general,
cuando tienen alguna reivindicació n, recurren a los organismos institu cionales de la
sociedad. Las minorías nacionales, por el cont rario, están en una situ ación diferente. Los
anglófonos luchan por mantener los privilegi os que han mantenido históricam ente; los
autóctonos reivindican el reconocimiento de su s territorios tradici onales. Por tanto, en
Quebec las minorías nacionales se distingu en de otras m i norías culturales por su
contestación histórica al poder de la mayoría francófona. Su historia, sus acuerdos y sus
tratados les permiten resistir y poner en cu es tión la legitim idad de los valores f ranco-
quebecois.
En opinión de Taylor, la secesión no sería legítim a a menos que Canadá
persistiera en rechazar para Quebec el es tatus que le otorga el hecho de ser una sociedad
distinta, lo que implicaría que Canadá perm itiera “la existencia de la diversidad de
segundo grado o diversidad profunda” 54 , cosa que todavía no ha hecho. Por ahora,
Canadá espera que tanto Quebec como los Autóctonos acepten el principio del
Multiculturalismo, sin derechos colectivos especiales, a pesar de que, como decim os,
los objetivos que persiguen, por un lado, las minorías nacionales y autóctonos y, por
otro, las diferentes comunidades culturales procedentes de la inmigración, son muy
distintos.
A pesar de todo lo anterior, desde finales de los años 80, hay un cuestionamiento
del Multiculturalism o canadiense debido al fortalecim iento de los movimientos
secesionistas de Quebec, la acentuación de la militancia in dígena por su autonom ía de
gobierno, los movimientos de la derecha re clamando el Estado Federal, y el pequeño
impacto de los program as contra el racismo. Se entiende por muchos que Canadá es una
sociedad frágil y que el multiculturalismo la convierte en m enos apta para identificarse
como unidad nacional. Por ello, desde 1993 existe un gran interés en promover la
cohesión social sobre la base de activar valores comunes de responsabilidad y
participación cívica con el objeto de afia nzar una identidad común y una lealtad a
Canadá por parte de todos los residentes (Helly, 2000).
No obstante, según el Consejo Econ óm ico de Canadá, en su informe New faces
in the Crowd: Economic and Social Impacts of Immigrantion sobre los resultados del
Multiculturalismo entre 1975 y 1990, la toleranc ia respecto a las m i norías étnicas había

54 Estatus pareci do al que ha ot orgado N ueva Zelanda a los Maories.

138

crecido en ciudades como Toronto, Montre al o Vancouver, y los miembros de las
minorías racializadas escolarizadas habían conocido m uy poco la discriminación en el
mercado de trabajo canadiense. Concluye el Inform e que las políticas de
multiculturalismo f avorecieron la integración tanto de los inmigrante s como de sus
descendientes.
En la actualidad, los inmigrantes obtienen la ciudadanía después de 3 años de
residencia (con un cierto conocimiento sobr e Canadá y de una de sus dos lenguas
oficiales). Además, se reconoce la d oble nacionalidad 55 , fundamental en un tiem po de
varias fidelidades y adscripciones identitarias simultáneas, como ya hemos señalado.
Kymlicka se pregunta cóm o, si en Canadá o Australia –donde también se
desarrollan políticas m ulticulturalist as- los inm igrantes se integran con mayor rapidez
que en Francia o en Estados Unidos, muchos denuncian las políticas de
multiculturalismo com o balcanizadoras (K ymlicka, 2003:209). A su entender, existe
una confusión entre la situación de los grupos de inmigrantes y la de aquellos que él
denomina “m etecos”: los trabajadores inv ita dos (Alem ania, Austria o Suiza) y los
inmigrantes irregu lares (España e I talia).
Entendemos que es aquí donde se sitúa el quid de la cuestión: se considera que
estos metecos no m erecen la ciudadanía porque, o bien han violado la ley para entrar o
bien han incumplido la prom esa de regresar a su país de origen. No son, por tanto,
admitidos com o futuros ciudadanos, ni exis te el deseo de incorporarlos en pie de
igualdad. Se afirma que el Estado no posee in fraestructura para integrarlos. Las políticas
oficiales se dirigen, fundamentalmente, no a in tegrar a estos inmigrantes en la sociedad
receptora, sino a hacer que abandonen el país , po r expulsión, o por retorno “voluntario”.
Otra cuestión fundamental es que el m u lticulturalismo no puede entenderse de
forma aislada, ni es posible s in vincular a él otras políticas gubernam entales. La idea de
que los inmigrantes pudieran utilizar las pol íticas de multiculturalism o para construir y
mantener sociedades ap arte solo es pensable si se omite este m arco general (Kymlicka,
2003).
Hoy, Canadá fija las reglas de admisión de inmigrantes mediante la creación de
tres categorías : inmigración familiar, inm i gración hum anitaria e inmigración
independiente. Por la primera de dichas categorías, pueden re agrupar ciudadanos o

55 En Canadá, el jus soli , desde 1946, pe rmit e que toda persona naci da en el país, sean sus padres
residentes o no, sea ciuda dana. Igualm ente, toda pe rsona nacida e n el ext ranjero de padres ca nadien ses
también es ciudadana de e se país.

139

residentes p ermanentes que se com prometan a satisfacer las n ecesidades materiales y de
alojamiento por un periodo de 10 años o m á s; pueden ser reagrupados esposos, niños a
cargo, padres, abuelos, prometidos, herm anos, pr imos, sobrinos y nietos de menos de 19
años sin padres. La categoría de inmigración humanitaria engl oba a los refugiados en el
sentido de la Convención de Ginebra de 1951, pudiendo ser apadrinados tanto por el
Gobierno, si es este el que asume los cost es, como por organizaciones privadas. Y
dentro de la categoría de inmigración inde pendiente entran los seleccionados por su
aportación a la economía canadiense. Se dividen, a su vez, en dos ti pos: “inmigrantes de
negocios” (inversores, empresarios y autónom os) y trabajadores se leccionados, quienes
esperan ser empleados en Canadá y deben re sponder a todos los cr iterios de selección.
Esta selección es el concepto hoy clave de las políticas de inm igración
canadienses. Su objetivo es elegir a los inmigran tes que aporten a la sociedad
canadiense la mayor contribución económica, financiera o cultural. El criterio de
selección se rige por la capacidad de triunf o esperada en la inst alación del inmigrante
con los menores costes posibles para el Esta do. En este sentido, la denom inada “fuga de
cerebros” de sde los países de o rigen que es un debate m oral en Europa, constituye un
objetivo de la política migrat oria canadiense (Crépeau, 1996) 56 .
Para realizar la se lección, se cuenta con el “Gri lle de sélection”, diseñado según
criterios que conciernen, fundamentalmente, a la capacidad de inserción
socioprofesional de los candidatos. El gobi erno fija anualmente los “niveles de
inmigración”, es decir, el núm ero de persona s para cada una de las categorías y luego se
aplica el grille , sin que todos sus crite rios sean aplicados a todas las categorías.
“La noción de nacionalidad no existe en el derecho canadiense, que no reconoce
más que la ciud adanía debido a dos ra z ones: la definición multicultural y
multilingüística del país hace difícil una nacio nalidad Canadiense unitaria y po r la
tradición br itánica, por la que la relación con el Estado reposa sobre la fidelidad
personal a la monarquía y respeto al de recho de residencia” (Crépeau, 1996:16).
Es esta, la residencia, el criterio esen cial de acceso de lo s inmigrantes a lo s
derechos sociales. El derecho de ciudadanía, por su parte, solo se aplica para el acceso
al derecho político, otorgando la facultad para votar y ser votado. La protección social
es competencia prov incial, por lo que coincide con las com petencias asignadas también
a la Junta de Andalucía, como veremos. El derecho al trabajo se reserva a ciudadanos, a

56 En 2006, Alemania y Fran cia están estableciendo po líticas de inmigración que también favorecen la
entrada de inmigra ntes “de alta cualificación”.
140

extranjeros con res idencia perm anente o a extranjeros con autori zación de trabajo del
Ministerio Federal de Empleo (temporeros, estudiantes con condici ones para trabajar,
demandantes de asilo ). El seguro de enfermedad y educación tam bién se reduce a los
residentes. Es decir, en Canadá, la situaci ón adm inistrativa regularizada es esencial para
el acceso al sistema de protección so cial.
El criterio de residencia es flexible, de ahí, que todo el control se ejerza antes de
entrar al país, siendo este muy severo: em is ión de visas, control de docum entación en
aeropuertos, verificación de autorización de estancia. Quien haya conseguido entrar al
territorio se beneficia, pues , de la protección social.
Helly (1996, 2004) habla de una evolución en las políticas mu lticulturalistas de
Canadá que hace que, en la actualidad, se po nga menos el acento en el d esarrollo
comunitario de los inmigrantes y en la pres ervación de sus culturas, y m ás en la lucha
contra el racismo y contra los discursos y actitudes anti-inm igraci ón, la igualdad de
derechos socio-económicos y políticos de los grupos étnicos, la inserción de las
minorías en las instancias públicas y en los cam bios interculturales. Podríamos
preguntarnos, en este sentido, si no estamos ante un cuestionam iento, en la práctica, de
las políticas inauguradas en 1971, al centr arse, cada vez más, las políticas de
inmigración en el control de los flujo s. Como en todas partes de la “fortaleza” del Norte.

141

142

Capítulo 3. ANDALUCÍA, “DE TIE RRA DE EMIGRACIÓN A PAÍS DE
INMIGRACIÓN”
Como estamos intentando argum entar, lo fundamental es la construcción de un
sentimiento de pertenencia com unitaria por pa rte de los m iembros de la pluralidad de
culturas etno-nacion ales que conformamos la sociedad andaluza. Para conseguir este, es
imprescindible una identidad política com p artida, que no significa otra cosa que
identificarse con otros sujetos, sentir que formamos parte de un m ismo proyecto con
ellos. Para c rear este sen timiento de id entidad política, es p revio no situar a los otro s en
posiciones de marginación o de exclusi ón, pues entonces ni nosotros, para
diferenciarnos de ellos; ni e llos, porque se les mantiene r ealmente fuera, nos sen tiremos
parte de un común Nosotros integrador. Por eso es necesaria la política del
reconocimiento en la que vim os insistía Taylor . Ha de existir el deseo de actuar juntos,
no porque nuestros objetivos hayan de ser distintos de los que puedan tenerse en
Cataluña o en Francia, sino porque nos cons ideremos miembros de una mism a sociedad
diferenciada, y actuemos por nuestro bienestar como grupo. Por ello es tan importante el
papel de la Administración A ndaluza y de sus políticas de integración, aunque estas
hayan de inscribirse, necesariamente, en el m arco de las políticas es tatal y europea.
Potencialmente, el pueblo andaluz puede tener una fuerte seña de identidad en su
aceptación del pluralismo cultural, y en la interculturalidad com o tratam iento del
mismo, sin que ello signifique rehusar al desarrollo de la cultura andaluza “autóctona”
sino reafirmando esta como específica y no as im ilable a una supuesta cultura española
genérica, y abriéndola a la intercultura lidad. El objetivo debería ser que todos –
autóctonos e inmigrantes- podam os ser miembr os de pleno derecho de una sociedad
andaluza democrática y libre. De lo que se trat aría es de incorporar a los inm igrantes en
el concepto mismo del Nosotros .
A este respecto, es muy im portante el papel que Andalucía juegue tanto en el Estado
como en la Unión Europea, pues lo s inmigrantes tendr án interés en in tegrarse en u na
comunidad donde se garantice el bienestar social, las posibilida des de empleo, el
desarrollo c ultural, etc. La integ ración en nue stra sociedad debe res ultar atractiva para
los inmigrantes. Por ello , para la elaboraci ón de políticas d e inm igración, es necesario
conocer cómo es, hoy, la sociedad andaluza, cuáles son sus lim itaciones, sus
potencialidades y los catalizadores de estas.
¿Cuál es la posición que ocupa Andalucía en la globalización? ¿Qué papel juega
en el contexto actual? ¿Cómo repercute todo ello en las m aneras de ser, estar y vivir el
143

pueblo andaluz, pueblo al que hoy se incorpor an los ‘nuevos andalu ces’? ¿Qué proyecto
o proyectos se definen para el futuro?
Como hem os visto en el capítulo I, la globalización constituye una nueva etapa
en el proceso de mundialización, que aum ent a la interdependencia desigualitaria entre
distintos territorios y pueblos del mundo y su lógica es la lógica del mercado, que se
adentra en todas y cada una de las dimens iones de la vida de los pueblos y los
individuos. Las migraciones, sobre todo las trasnacionales, son un componente esencial
de la globalización, una de cuyas caracterí sticas es la contradicción entre el
proteccionismo migratorio de los países pudientes y el deseo, cada vez m ayor, de las
poblaciones despojadas por cambiar su suerte , por ir al otro lado de las fronteras
¿Consecuencias? Mu ltiplica ción de redes clandestinas y prec arización de la situac ión de
los migrantes internacio nales (Fall, 2003), y una realidad crecientemente m ulticultural
de los países “desarrollados”, realidad de finida por la incorporación y/o afianzam iento
en ellos de miembros de colectivos étnico s diferentes al de la sociedad receptora 57 .
En este contexto, los otros de nuestra civilizació n, están cada día m ás presentes,
y para ellos se ha inventado una nueva ca tegoría d esidentif ica dora y muchas veces
etnocida: la categor ía genérica de inmigrantes (Moreno, 2002:187).
En el capítulo que nos oc upa analizaremos, prim ero, cuál es la función de
Andalucía en la divisió n internacio nal del trabajo, nos interesarem os por cuál es la
relación de la economía andaluza con el exterior, por cuáles son las formas de
apropiación y control de sus recursos y por cómo se generan, gestionan y distribuyen
sus riquezas. El papel que juegue nuestro terr itorio en todos estos aspectos será lo que
en gran medida condicione cada una de la s dim ensiones, no solo la económica, sino
también la s ocial, la política, la cu ltural y la id eológica de Andalucía y d e los andaluces
y andaluzas. Seguidamente, haremos un recorr ido por los cambios de mográficos que ha
vivido Andalucía en cuanto a su composición étnica, desem bocando en la sociedad
multicultural que hoy somos. Con ello trataremos de aproximarnos a la realidad de la
sociedad en la que se insertan los inm igrantes, a la realidad de la socied ad de destino,
dicha del Norte, que hoy es para muchas personas Andalucía.

57 Aunque en un pasado pudi era haber habi do, caso de los negr os que en determ inadas ciudades de
Andalucía lle garon a sup oner el 10% de la pobl ación des de la segunda m itad del siglo XVI y hasta el
siglo XVII I (More no, 199 7 y 2002).

144

establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que mantenga
particulares vínculos cu lturales o históricos” . En este artículo continúa la preocup ación
por los andaluces fuera de Andalucía, pr in cipalmente en cuanto a actividad es
“culturales”.
El artículo 28.4 recoge que “Serán electores y elegibles todos los andaluces
mayores de dieciocho años que estén en pl eno goce de sus derechos políticos. La
Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio de l derecho de voto a los andaluces que se
encuentren fuera de Andalucía” . Refiere este artículo a las elecciones municipales, y a
que nunca fue planteado, a pesar de que as í lo reivindicaron algunos grupos de
andaluces en la emigración, que estos pudi eran votar en las elecciones autonóm icas.
Es en el Estatuto, por tanto, donde se f ijan las responsabilidades del Gobierno de
la Junta de Andalucía sobre las migraciones que, en la fe cha, eran de andaluces al
exterior. En la actualid ad, a pesar de la persistencia de comunidades andaluzas en el
exterior -desde el año 1986 hasta entrada la década del 2000, se registran en el Censo de
Catalunya 178 asociaciones (Aguilar Majar ón, 2007)- se habla de Andalucía como una
región caracterizada por el paso de la em igración a la inmigración. Sin em bargo,
“podemos afirmar que la proliferación de las actividades festiv o-ceremoniales junto
con la participación de la juventud, que les as egura el relevo generacional, convierten
a estas asociaciones en “alternativas respuest as”, porque a través de la utilización de
sus símbolos culturales reclam an derechos co lectivos y culturales. Es ta característica
les hace formar parte de los “nuevos movimi entos sociales” , con absoluta vigencia y no
como un mero producto de “nostalgias del recuerdo”. Este proceso de construcción
social es el que propicia el aumento de estas actividades frente al abrumador propósito
de homogeneización cultural” (ibid) .

5.2. La aparición de la inmigración en las políticas de la Junta.
5.2.1. La transferencia de competencias a las autonomías.
El “Sistema Público de Servicios Soc iales”, integrado por todas las es tructuras y
servicios públicos de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónom as y
de las Corporaciones Locales, s e concibe com o “el conjunto de servicios y prestaciones
que tienen como finalidad la promoción y el desarrollo pleno y libre de la persona
dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar y me jora de la calidad
247

de vida, así como la prevención y eliminac ión de las causas que conducen a la
marginación social” (MTAS, 1997).
Con el Estado de las Autonomías ha habido una transferencia a la
Administración andaluza de los servicios so ciales, dando la posibilidad de crear una
política social acorde con las necesidades de la sociedad andaluza. En este sentido, los
extranjeros e inm igrantes se acogen a las medi das de los tratados internacionales y a las
leyes de extranjería, sin que ello impid a que las comunidades autónom as pongan en
marcha program as de protección (Gavira, 2002).
En el año 1981, el Estatuto de Autono mía para Andalucía atribuye a nuestra
Comunidad Autónom a competencia exclusiva -con todas las señalizacion es aclaratorias
que acabamos de hacer- en materia de asisten c ia social y servicios sociales (art. 13.22),
juventud, tercera edad y desa rrollo comunitario (art. 13.30) y fundaciones benéfico –
asistenciales (art. 13.25). Pero la transferencia de competenci as en políticas sociales no
se completa. Las políticas de empleo, y en particular las ac tivas, siguen siendo
competencia de la A dministración Cent ral, aunque estas sean un instrumento
fundamental para la integración social que persiguen los Servicios Sociales.
Estamos en un contexto de crisis ec onóm ica y cuestionamiento del Estado de
Bienestar en el que se habla de la necesida d de contención del gasto público a la vez que
de un esfuerzo por salvaguardar las políticas sociales. Son años en que el PSOE detenta
tanto el Gobierno Central com o el Autonó m ico. Después de fi nalizar el trá mite
parlamentario del Plan, el 27 de abril de 1994, se convocan elecciones autonóm icas de
las que sale un gobierno del PSOE en minoría . La falta de acuerdo entre las fuerzas
parlamentarias hace que el gobierno andalu z prorrogue por dos veces los presupuestos
de la comunidad. Los cambios producidos por las elecciones m unicipales de 1995
vienen a añadir un facto r de inestabilidad en unas relaciones entr e adm inistraciones que
no habían llegado aún a consolidarse.
A pesar de estas dificultades, hay que r econocer que se da un desarrollo de los
servicios sociales en el periodo de vigencia del Plan Andaluz de Servicios Sociales
1993-1996.
El diseño del Plan coincidi ó con un proceso extraordin ario de regu larización en
los años 1991 y 1992, con 15.000 inmigrantes re gularizados en Andalucía. Hay que
recordar que en el tratam iento de la in m igración el Gobierno Central controla los
procesos de regularización, los contingentes anuales y el reagrupam iento familiar; y “la
Comunidad Autónoma atiende a los derechos que, como ciudadanos, se les concede en
248

la sociedad de destino: derecho a la educ ación, a la sanidad, a los recursos sociales, a
la integración laboral, en plenas c ondiciones de igualdad con los ciudadanos
nacionales, siendo estos parámet ros determinantes para la in corporación de este grupo
a la sociedad andaluza” (según reza el Plan) .

5.2.2. El “Plan para la Integración Social de los Inmigrantes” del Ministerio de
Trabajo y su traducción en Andalucía.
En cuanto a los elementos estru cturales que definían la situación de la
inmigración en Andalucía en aquel m omento, estaba la aplicación del Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes , de 1994, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Si, como se expresaba en dicho Plan, el objetivo principal era garantizar al
inmigrante una situación jurídica y socialm e nte estable como condición indispensable
para su integración, dada la división de funciones entre admi nistraciones y las
transferencias hechas a Andalucía, la situ ación jurídica dependía totalm ente de las
políticas estatales mientras que las actuaci ones para la consecuci ón de una situación
"socialmente estable” , competían directamente a la Junta de Andalucía. El Plan
especificaba que debían darse respuestas a las “necesidades que representan un
obstáculo para su integración (de los inm igrantes) y que afectan a importantes ámbitos
y órdenes de la vida social: educativo y cultural, marco legal , ámbito laboral y
profesional, convivencia territorial , así como la participación ciudadana”
(Presentación del Plan: p.2). En este senti do, el Gobierno andaluz debía propiciar,
fundamentalmente, el acceso de los inm igrante s a los servicios sociales existentes en
nuestro territorio.
Una importante consecuencia que se deriva del hecho de que este Plan fuese el
marco de referencia para la Adm inistraci ón Andaluza fue que, al excluir de manera
explícita a los sin papeles de las acciones previstas, ta m bién el Gobierno Andaluz debía
hacerlo. El objetivo declarado era dar “una respuesta integrada y coherente, que
combine realismo y solidaridad, a los desafíos que plantean a la Unión en su conjunto
las presiones migratorias y la integr ación de los inmigrantes legales” (Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes, p.6).
Como afirma Zapata-Barrero (2004a), pode m os seguir una línea en cuanto a la
reacción institu cional en m ateria de inmigr ación y sus acciones: prim ero se crea una
comisión de la propia Adm inistración que agrupa a diferentes departamentos
249

administrativos, ministerios o consejerías y, después, se crean los órganos consultivos
de participación de agentes sociales, partidos y la propia Administración.
Las instituciones andaluzas comienzan a actuar para dar un tratam iento al
fenómeno m igratorio, cr eando, en el año 1991, la Comisión Interdepartamental de
Política Migratoria . Después, en 1992, serán el gobierno central (com o acabamos de
ver) y el catalán quienes reaccionen creando el p rimero la Comisión Inte rministerial de
Extranjería , y el segundo la Comissió per al seguiment yi la coordinació d e les
actuacions en matéria d’immigració , sustitu ida en 1993 por la Comissió
Interdepartamental d’Immigració . E l gobierno central crea el Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes en 1995 y en Cataluña se formó el Consell Asesor
d’Immigració en 1993. Más adelante, Andalucía, al igual que los otros territorios
señalados, crea en 1996 el Foro de la Inmigración en Andalucía , órgano consultivo
compuesto por adm inistraciones públicas, entidades ciudadanas y organizaciones
sindicales y empresariales que, com o veremos a continuación, responde al objetivo 5 del
Plan de Servicios Sociales de Andalucía 93-96.
Los Ministerios y Consejerías encarga dos del tratamiento del fenóm eno
migratorio en las distintas Administra ciones serán básicam ente tres: Interior,
Presidencia y Bienestar o Asuntos Sociales . Andalucía, con competencias sobre los
servicios sociales a los inm igrantes y en c onsonancia con lo que estaba haciendo el
gobierno central, hace depender sus acciones de la Consejería de Asuntos Sociales. El
Servicio de Inmigración de la Direcc ión General de Acción e Inserción Social de dicha
Consejería marca las “Líneas Bá sicas de la Política de Integración Social de los
inmigrantes de origen extranjero en Andalucía”. Sin embargo, como tendremos
oportunidad de analizar más adelante, esta política pasará a depender de la Consejería
de Gobernación, al igual que en la administ ración central se transfieren del Ministerio
de Asuntos Sociales o Bienestar al Minister io del Interior, todo co mo resultado de un
cambio de percepciones y/o orientaciones estr a tégico-política s de los gobiernos de los
diferentes niveles territoriales.

5.3. El Plan de Servicios Sociales de Andalucía, 1993-1996.
En cuanto a los Planes y Program as que orientan las políticas sobre inmigración
en la Comunidad andaluza, es el P lan de Servicios Sociales de Andalucía 142 , aprobado

142 A partir de ahora, utilizaremos la abrevi atura PSSA para referirnos a dicho Plan.
250

por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 9 de marzo de 1993, y por el
parlamento autónom o el 27 de abril de 1994, “el documento estratégico de ordenación
de las actuaciones en servicios sociales de la Junta de Andalucía y para el conjunto del
sistema público de servicios soci ales de Andalucía, hasta 1996” (PSSA, p.7). Su
periodo de desarrollo, de cuatro años, se prevé realizarlo en colaboración con las
corporaciones locales y los agentes sociales 143 . El Plan 144 responde al sistem a público de
servicios sociales en A ndalucía, defini do por la Ley 2/1988 de Servicios Sociales 145 ,
que reconoce el derecho a estos servicios de los extranjeros reside ntes en Andalucía.
Los principales textos legales en los que el PSSA basa sus actuaciones son la
Constitución Española 146 y el Estatuto de Autonom ía de Andalucía 147 .
Desde el partido de los gobiernos central y autonómico, se habla de “la fase de
universalización de las presta ciones sociales alcanzadas desde una política progresista
en los últimos años en España y en Andalucía (…) este documento, traza un rumbo
nuevo en los servicios soci ales y significa una innovadora aportación colectiva hacia
metas de mayor justicia e igualdad social en Andalucía” (ibid, 3). Con este Plan, se

143 Los actores del proceso están presentes en las redes institu cionales y, por tan to, son definidores del
marco institucion al de gestión de la inmigració n. Siguiendo la tip ología de Zapata-Barrero (2004a), los
actores que interactúan en esp acios institucionalizado s por la Administración, y que, por tanto, dan a estas
unidade s adm inistrativas u na com posición mixta, so n: asoc iaciones y ONGs (as ociacione s de inm igrantes
y ONGs que traba jan el tema de la inmigración ), organizaciones de interé s y grupos de pre sión
(sindicatos, confesi ones rel igiosas tip o Cár itas, orga nizaci ones de l a pat ronal, agenc ias, organi smos
autónomos, federaciones, fund aciones, etc.), partid os políticos con represen tación parlamentaria y
Admi nistración pú blica (Co nsejerías , direcci ones gene ra les, sec retarías, técnicos adm inist rativos, gestores
públicos , etc., de uni dades de la Adm inistración pública) .
144 Al Plan de Servicios Sociales lo complementan, a su vez, otros plan es: Plan Andalucía Joven, Plan de
Igualdad de Oportu nidades, Plan Andaluz s obre Dro gas, Plan de Barri adas de Actuación Preferent e.
145 Ley de Se rvici os de Andal ucía (Ley 2/88 de 4 de abril) , art. 4: “los s ervicios sociales comprende n
aquellos recu rsos, actividades y p restaciones o rganizada s para la promoción del d esarrollo d e los
individuo s y grup os soci ales, para la obte nción de mayor bienest ar social y una mej or cal idad de vida ,
así como pa ra la preven ción y eliminación de la marginación. A estos efecto s, los servicios estarán
coordina dos con aquellos otros medios públi cos o de i nicia tiva soci al que , en el área de Bienestar Social ,
tengan co mo finalid ad favore cer el libre des arrollo de las pers onas de ntro de la socied ad”.
146 Artícul os 1, 14, “cons agra el princi pio de igualdad ante la Ley, señalando que no podrá prevalecer
discriminaci ón alg una por r azón de nacimie nto, raza, sexo, religió n, opin ión o c ualquie r otra co ndició n
o circunstanci a personal o soci al”. A rtícul o 42, “derechos económicos y soci ales de los traba jadores
españoles en el extranjero o rientando su política ha cia su retorno ”. Artículo 4 0, “comp romiso de pres tar
atención e impuls ar la part icipació n de det erminad os colectiv os como l a juvent ud, los disminui dos
físicos, psíquico s y sensoriales, la tercera edad, la familia y los hijos”. Artículo 1 48.1. 20º “cont empl a la
posibilid ad de asumir competencia s en materia de Asistencia So cial por parte de las Comunidades
Autónomas – previsión const itucion al por la que el Estatuto de Aut onomía para A ndalucí a aprobad o por
Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre-, atribuye co mpetencia exclusiva tanto en materia de asistencia
social y de servi cios sociales (artícul o 13.22) , como de meno res, promo ción de acti vidade s y servicios
para l a juventu d y la tercer a edad” .
147 Artículo 12.3, ap do.4. “s uperar las condici ones ec onómicas, sociales y culturales que determ inen la
emigración de los andaluces y, mientras estas subsista n, l a asistencia a los em igrados para m antener su
vinculaci ón con Andalucí a. Se creará n las co ndiciones indis pensables para hace r pos ible el ret orno…
Artícul o 11: respeto a las minorías que residan en ella.
251

empieza a hacer referen cia a la inmigración com o parte de la realidad so cial andaluza y
se alude al necesario proceso de integración de los inmigrantes : “Los movimientos
migratorios a gran escala constituyen un fenómeno social importante a nivel
internacional y a nivel nacional y andaluz . La integración de esas personas
desplazadas, los signos de xenof obia y racismo presen tes, la regularizac ión legal de los
desplazados, y la problemática derivada para los servicios social es, en un área de
actuación cuya tendencia se prevé adquiera ma yor importancia en los próximos años y
ante las cuales habremos de reafirmar lo s valores más genuinos e históricamente,
profundamente andaluces, de tolerancia y solidaridad” 148 .
Tal y como será ya una constante, el doc um ento refleja un discurso triunfalista
sobre el mom ento en que se encuentr a Andalucía (siem pre nombrada com o región o
comunidad y nunca como nacionalidad, a pesar de que es este término el que con sta en
el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de 1981). Sin em bargo, tras la descripción de su
situación “envidiable” en cualquier aspecto que se aborde, siem pre existe un “pero”
posterior que no significa otra cosa que enunciar que la di rección que se lleva es la
adecuada aunque todavía quede un camino por recorrer. Así: “Andalucía es hoy una
región en progreso. Su desarrollo económico, su situación educativa y cultural, y su
vertebración social, la configuran cada vez más, como una comunidad en proceso de
modernización y de plena expansión. Sin em bargo, siguen siendo evi dentes una serie de
carencias…” (ibid, 15) .
En la misma introducción del PSSA -record emos que los servicios sociales han
sido transferidos a la Administración andaluza- se dice que “cualquier miembro de la
sociedad tiene el derecho de ver satisfechas sus neces idades básicas de un mo do
adecuado” (ibid, 15). En principio, al no hacerse referencia al criterio d e ciudadanía o
cualquier otro que ponga límites a las personas beneficiarias, los inmigrantes deberían
considerarse incluidos en todo lo que se plantea, incluso sin tener en cuenta su situación
regular o no, ya que no se enuncia ninguna excepcionalidad. Sin embargo, cuando se
señalan los objetivos del Plan, aparece el de “defin ir estrategias en los servicios
sociales… a fin de garantizar el derecho a los servicios sociales de la ciudadanía
andaluza o residente en Andalucía , contribuyendo con ello al bienestar social, a la

148 Es la primera refe rencia que se hace acerca del fenó m eno migratorio en el Plan de Servicios Sociales,
y la primera ve z que aparece e n un docum ento de la Ju nta para un tratam iento especí fico (PSSA, p.3 ).
252

mejora de la calidad de vida y a una más efectiva justicia social” 149 (ibid, 51). Aquí se
señala ya claramente a quiénes s e atenderá con este Plan, quiénes serán los que puedan
disfrutar de los servic ios sociales : los ciudadano s andaluces y las p ersonas legalm ente
residentes en Andalucía. Es decir, quedan fuera de su ámbito de actuación los
inmigrantes irregulares, hecho que, por otra parte, ya quedaba explícito en el Plan del
gobierno central. En otra página se especifica más todavía: “Tendrán derecho a los
servicios sociales todos los residentes en Andalucía y los trans eúntes no extranjeros.
Los extranjeros refugiados y apátridas reside ntes en el territori o de la Comunidad
Autónoma podrán igualmente beneficiarse de este derecho, siempre de conformidad
con lo dispuesto en las normas, tratados y c onvenios internacionales vigentes en esta
materia, sin perjuicio de lo que se establ ezca reglamentariamen te para quienes se
encuentren en reconocido estado de necesidad” (ibid, 22) . Es decir, serán beneficiarios
quienes tengan una situación regular derivada de difere ntes situaciones legales.
En este sentido, hay una fuerte contradi cción en el PSSA: la incompatibilidad de
este hecho con la universalidad enunciada como uno de sus principios inspiradores 150 .
Es la Consejería de Asuntos Sociales la encargada de coordinar las actuaciones,
proponiéndose con el Plan “dar respuesta a la necesidad de atención, integra ción,
prevención, promoción y participación socia l de la familia, menores, juventud,
mayores, personas con minusvalías, ex–reclusos, drogodependientes, minorías étnicas,
emigrantes e inmigrantes , así como prevenir o eliminar la discriminación por razón de
etnias, sexo o cualquier otra condici ón o circunstancia personal o social” (ibid, 16) . Se
trata de una mezcla de categorías heterogén eas que agrupa, p or un lado, a las personas
que, por pertenecer a uno de estos co lectivos, se encuentran en situación de
marginalidad, y, por otro, a grupos m arginados en tanto que tales grupos. En nuestra
opinión, se mezclan m iembros de categorías qu e se pretende dejen de aparecer co mo
tales categorías (caso de los ex-reclusos, cuya identidad, al haber cumplido ya su pena,
no debería estar marcada por ello) y cate gorías que bien pudieran o deberían ser
integradas como tales categorías (inmig rantes, aunque haciendo distinción por
comunidades). Por otro lado, se agrupa a los inm igrantes con colectivos que son no solo
vulnerables sino estigmatizados.
Los gestores del Plan son:

149 La negrita es nuestra. A partir de ahora, la le tra negrita en las citas textu ales de los documentos
oficiales serán nuestras.
150 Los otros pr incipios son: respon sabilidad p ública, solidaridad , igualdad , globalidad e integralidad ,
normalización, coor dinación y descentralización, planificación y preve nción.
253

1. Las Corporaciones Locales, a quienes se atribuye, según la Ley de Bases de
Régimen Local de 1985 151 , un papel im portante en la gestión y prestación de los
servicios públicos. Estas deben contribuir a satisfacer las necesida des y aspiraciones de
la comunidad; necesidades y asp iraciones que, al no venir definidas, se su pone serán las
mism as corporaciones locales quienes lo ha gan. Este planteamient o viene jus tificado
por la declarada “vocación muni cipalista” del Plan, que prete nde desplazar la gestión de
los servicios sociales haci a los órganos e instituciones “más próximos al ciudadano ”
(ibid, 17), reservándose la Comunidad Au tónoma la planifi cación y coordinación
general.
2. La iniciativa soc ial, para lo que s e planifica la creación de nuevos órganos
consultivos y asesores, además de los ya existentes. En este sentido, un aspecto
relevante que se anuncia en el “modelo andaluz” de Servicios Sociales, pero que
responde a lo anunciado en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes
estatal, es el reconocimiento de la iniciativa social com o colaboradora de la
Administración, resaltándose la figura del vo luntariado. Los partidos políticos, sin
embargo, no están presentes en el Foro Andaluz de la Inmigración.

5.3.1. La definición de los migrantes como personas con necesidades especiales: la
aparición del principio particula rista.
En cuanto a los nivele s de interven ción, la estructura d e los servicios s ociales se
establece de acuerdo a dos m odalidades:
1. Servicios Sociales Comunitarios, que son ofertados a toda la población y son
de vocación m unicipalista (Servicio de Información, Va loración, Orientación y
Asesoramiento; Servicio de Ayuda a Dom ic ilio; Servicio de Convivencia y Reins erción
Social; Servicio de Cooperación Social, prom oviendo el asociacionismo, tam bién entre
inmigrantes; prestaciones com plementarias, como las ayudas económ icas familiares).
2. Servicios Sociales Especializados, dirigidos hacia se ctores de la población que
se considera requieren una actu ación específica con el objetivo de facilitar la autonomía

151 Ley 7/1985: atribuye al Muni cipio com petencias en m ateria de prestaciones de los Servi cios Sociales y
de prom oción y rei nserción s ocial. A las Diputacio nes Provinci ales enc omienda l a ley 7/1985 un pap el
complementario y sub sidiario con el fin de garan tizar los principios d e solidaridad y equ ilibrio
intermunicipales, en el marco de la política econó mica y social y las funciones de asistencia y
coordinación entre los se rv icios muni cipales. La Ley 11/ 1987, del egación de com petencias a las
Corporaciones Provinciales, señalando en su artículo 42 l os aspectos que en m ateria de Servicios Sociales
podrán ser del egados.

254

personal y la integración social. La poblac ión inmigrante será uno de los grupos a
quienes van destinados estos servicios especializados.
A su vez, las áreas de actuación social se clasifican en dos: a quellas que se dice
revisten un carácter genérico de grupo poblacional (menores, jóvenes, m ujeres,
mayores), y aquellas en torno a un eje com ún, “como es que presenten una situación o
necesidad especial: personas con minusvalía s, drogodependencias, m inorías étnicas-
comunidad gitana, migraciones , m arginados sin hogar y detenidos y exclusos” (ibid,
24). Esta distinción ya nos parece problemáti ca, pues ¿cuáles han sido los criterios para
definir un “grupo poblacional” y cuáles para definir los que serán “ejes comunes”? ¿Y
no son cada una de las distinta s comunidades étnicas incluida s en el grupo genérico de
“migraciones” un “grupo poblacional”? ¿Es que la etnicidad no form a parte de la matriz
identitaria de las personas igual que pueda ser el género, o de un importante grupo de
identificación como pueda ser la edad ? ¿No hubiera sido conveniente sustituir
“migraciones” por comunidades étnico-culturales existentes a través de procesos
migratorios? Y, sobre todo, ¿ no adquieren las m igraciones, junto a la minoría étnica
gitana, connotaciones negativ as al com partir área con personas disminuidas o con
graves problemas de sociabilidad?
Hagamos un breve recorrido por los grupos 152 :
Si atendemos al grupo de menores , “la integración social del menor, y su
reverso, la marginación del menor, son dos va riantes de la integración o marginación
social de la familia, es decir, hay niños in tegrados o marginados según su núcleo de
convivencia esté integrado o no” (ibid, 26) . En ningún caso se hace mención a los
menores inm igrantes, que se supone quedan enmarcados en otra área. L os redactores del
Plan deberían haberse preguntado si no vale esta máxim a para ellos. Continúa el texto:
“la consideración del niño como ser social en evolución, significa que este n ecesita
encontrar en su entorno vital las respuestas que permitan satisfacer sus necesidades de
índole material, afectiva, social y cultural”. ¿Cómo casa esto con el reglam ento de
reagrupamiento fam iliar? ¿Dónde están lo s estudios en los que basar cuáles son las
necesidades m ateriales, afectivas, sociales y culturales de los m enores inmigrantes?
Tampoco se enuncia que se vaya a hacer esta labor investigadora. Conviene recordar
aquí que el derecho a la vida familiar es un principio universal que, sin embargo, la
mayoría de las veces choca con una defini ción restringida de lo que es el grupo

152 No entramos e n la evaluación de las actuacione s de grupos en los que no se hace ninguna referencia al
colectivo de inmigr antes, por cuanto dichos grup os no constituyen nuestro obj eto de análisis.
255

doméstico, que im pone el grupo mayoritario de la sociedad receptora, en nuestro caso,
la familia nuclea r.
Se hace también m ención a los menores que viven en situaci ones de riesgo: de
“abandono del niño por sus padres, desatención de las necesidades de afecto, abusos
físicos, psíquicos y sexuales, explotación, disc riminaciones sufridas por razón de raza,
sexo, minusvalía o enfermedad, inserción en un ambiente familiar o social con
importantes desestructuraciones…” . De esto deriva que hay que prestar “ atención a la
infancia que presenta dificultades especial es, y situaciones de riesgo que requieren
intervenciones determinadas en virtud de las competencias de la Comunidad Autónoma
tiene asignadas en materia de protección” (ibid, 27). Continúa sin hablarse de
intervención respe cto a menores inm i grantes, y la realidad es que aun no se habían
producido llegadas significativas de estos sin sus fam iliares 153 .
En cuanto al grupo de jóvenes , se comienza definiendo la juventud como “un
proceso de inserción en la sociedad que se inicia cuando el adolescente, ya con la
capacidad necesaria para hacerse cargo de la s funciones que la sociedad asigna a los
adultos, consolida el aprendizaje social de dich o ejercicio” (ibid, 28) . A este respecto,
lo fundamental que deb emos preguntarnos es cuándo em pieza la categoría de “jóvenes”
en cada uno de los colectivos étnicos que c onforman hoy la sociedad andaluza. ¿Cuál es
la edad de los jóvenes marroquíes? ¿Y de los jóvenes senegaleses? ¿ Tienen estos
jóvenes la misma edad (socia l) que los jóvenes andaluces nacidos el mismo año que
ellos? Entre las realidad es que afectan de ma nera directa a la inse rción laboral de los
jóvenes se hace m ención al sexo, la edad, el ni vel de instrucción y la clase social. Nada
se dice de la cultura de origen, lo que cons ideramos especialmente grave si tenem os en
cuenta que, ya desde el principio, la inmigr ación ha estado vinculada al ám bito laboral y
la “preferencia nacional”, basada en la prevalen cia de la naciona lidad española sobre las
otras, ha sido una constante.
Tampoco al tratar los grupos de m ayores o de mujeres el Plan menciona a los
inmigrantes, como si todas las “mujeres ” y todos los “m ayores” reunieran las mism as
características independientemente del gr upo étnico al que pertenezcan. Así, por
ejemplo, se apunta que hay que tener en cuenta “la existencia de mujeres que sufren

153 Para un análisis sobre la emigraci ón irregular de niños, ad olescentes y jó venes m arroquí es a Europa,
ver: JIMÉNEZ ÁLV AREZ, M.: Buscarse l a vida. A nálisi s trans nacional de los pr ocesos migrato rios de
los menores ma rroquíes no a compañados en And alucía . Fundación Santa María . Madrid, 2003;
CABRERA MEDINA, J.C.: Acercamiento al menor inmigra nte marroquí. Co nsejería de Gober nación,
Junta de Andalu cía. Sevilla, 2005.
256

inserción del inm igrante en el p aís r eceptor, pues cont ribuye a la estabilidad e
integración en la sociedad “de acogida” (O lesti, 2005:293). Qué duda cabe que los
procesos migratorios pr ovocan reestructuraci ón familiar, incluso cuando están p resentes
todos los miem bros. El contexto es diferente, y por eso son n ecesarios servicios sociales
que faciliten la integración, como aquí las medidas cont ra el absentismo escolar
contempladas para los hijos de tem p oreros andaluces. Con ello, la Junta ofrece ayuda
para los hijos de andaluces que quedan aquí, p ero ¿hacen esto lo s gobiernos de países
emisores de em igrantes con los hijos de quienes marchan fuera? ¿Hace esto el gobierno
senegalés? ¿Colabora a ello el gobierno español o andaluz? Y, por otro lado, ¿qué hace
el gobierno andaluz con los hijos de inmigrantes?
“Para la atención de los temporeros, ac uerdos con las Centrales Sindicales y
Convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de Trabajo
(…) Se debe incidir mejor sobre las actuac iones que crean las condiciones económicas
y sociales para que la emigra ción temporera no se produzca” (PSSA, p.39). En este
tema, también la atención a los temporeros inm igrantes va en el mismo sentido, como
veremos en el análisis de los objetivos pa ra este grupo en la evaluación del PSSA.
En el PSSA, lo que se denomina la preemigración tien e como objetivo ev itar, en
la medida de lo posible, las migraciones de temporada d e los andaluces. Se lleva a cabo
a través de la financiación de proyectos dest inados a la creación de empleo en aquellos
municipios donde existe m ayor incidencia de desplazamiento de trabajad ores
temporeros. Viene a ser, por ta nto, algo así como los “proyect os de desarrollo” para los
países de origen de los inmigrantes pero en la propia Andalucía, subvencionados por el
gobierno andaluz y destinados a los propios andaluces. Otras actuaciones dirigidas a
este colectivo van destinadas a informar y asesorar a esto s trabajadores temporeros,
ofrecerles guarderías y residencias tem poral es que acojan a sus hijos/as durante las
campañas, poner en m archa programas de apoyo a la escolarización com o el
desarrollado en la cam paña de la fresa de Hu elv a y facilitar el traslado a los lugar es de
trabajo. En cuanto a estas m igraciones de temporada , nos p arece de especial inte rés la
visión que se da de el las, pues se dice que “uno de los indicadores que reflejan el
desarrollo económico de nuestra región, es el hecho que el peso de los desplazamientos
dentro de la propia Comunidad sea cada vez mayor en relación a los que se realizan a
otras Comunidades o países” (EPSSA, p. 23) . En la actualidad, sin embargo, si
ponemos este indicador en relación con el docum ento de la Segunda Modernización de
Andalucía y el valor que en él se da a los cambios de residencia para la obtención de
263

empleo, vemos que se nos dice justamente lo contrario: hoy el desplazam iento al
extranjero es el medio de supe ración de este ape go a lo nuestro que, se nos dice, no hace
sino frenar nuestro desarrollo. El planteamie nto diez años después es, pues, justamente
el opuesto, hablándose del apego a Andalucía como limitación: “las ac titudes son más
particulares que universales en las relaciones sociales, ajenas al ámbito privado; el
escaso aprecio por la meritocracia en la ocupación de posiciones sociales, así como
por las actitudes innovadoras y por el principi o de excelencia en la realización de
actividades; la poca predisposición a la movilidad geográfica ; las grandes
expectativas sobre el papel de l Estado en la solución de lo s problemas individuales, la
escasa penetración de la cultura emprendedor a en el sentido mode rno del término y no
en el sentido empresarial, lo que imp lica una preferencia por trabajos con alta
seguridad frente a trabajos menos seguros, aunque con más expectativas de movilidad
ascendente… Este conjunto de limitaciones no solo refleja aspectos incompletos de la
modernización de la sociedad andaluz a, sino también obstáculos para seguir
avanzando en el proceso” (Consejería de la Presiden cia, 2003:25). Qué duda cabe que
“las visiones sobre la realidad, si son sufi cientemente publicitadas y tienen un respaldo
respetable, afectan de manera importan te a la realidad m isma, en cuanto config uran
imaginarios que regulan la percepción que te nem os de las cosas” (Moreno, 2004:47-48).
Para la evaluación final del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996
se recurrió tanto a los m ecanismos de se gu imiento internos prev istos como a una
evaluación externa, en principio no prevista en el Plan, encargada al Instituto de
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, en Córdoba (IESA-Andalucía). En dicha
evaluación se recoge en un cuadro la plantilla del Plan con los objetivos, recursos,
actuaciones y organismos encargados del tr atam iento a los emigrantes andaluces:

Definición del
objetivo
Recursos Actuaciones Organismos
Promover la
información, orientación
y asesoramiento a la
población migrante y sus
familias, especialmente a
los temporeros e
inmigrantes, sobre los
derechos y recursos
sociales exist entes
- Red de Servic ios
Sociales Com unitarios
- Unidades de
información y
asesoramiento para
emigrantes e
inmigrantes en
colaboración con las

Sin especificar en el
PSSA
- Consejería de Asuntos
Sociales (Dire cción Gral de
Política Migrato ria)
- Corporaciones Locales
264

Corporaciones Lo cales
Propiciar las actuaciones
específicas y el
desarrollo normativo
necesario con el fin de
facilitar la integración
social de los emigrantes
retornados y sus familias.
Red de Servicios
Sociales Com unitarios
- Regulación normativa
de la asistencia a
retornados
- Subvenciones a
emigrantes retornados
- Subvenciones a
asociaciones de
emigrantes retornados
- Consejería de Asuntos
Sociales (Dire c. Gral de
Política Migratoria, Instituto
Andaluz de Servicios Social es).
- Corporaciones Locales
- Iniciativa Social
Fomentar las
asociaciones y
organizaciones de los
emigrantes y su
participación social,
especialmente a través de
cauces y programas de
información, intercambio
y convivenc ia
- Red de Servicios
Sociales Com unitarios
- Consejo de
Comunidades
Andaluzas
- Programa de
subvenciones a
asociaciones
- Programa de
convivencia para
emigrantes ancianos
residentes en otras
Comunidades
Autónomas
- Consejería de Asuntos
Sociales (Instituto Andaluz de
Servici os Sociale s, Direcci ón
Gral de Política Migratoria).
- Corporaciones Locales
- Iniciativa Social
Promover la asistencia y
asesoramiento a los
emigrantes y sus familias
con el fin de facilitar el
acceso a los derechos y
recursos soc iales
existentes
Servicios Social es
Comunitarios que
informarán
prioritariamente sobre
las siguientes
actuaciones : proyectos
de inversión para
retornar a Andaluc ía;
actuaciones en reform a
agraria; funcionamiento
de las cooperativas
entre emigran tes
- Convenios de
asistencia a emigrantes
- Subvención a
organismos para
asistencia a retornados
- Campañas de
sensibilización para
evitar el despl azamiento
de hijos de temporeros
- Acuerdos con las
Centrales Sindicales
- Consejería de Asuntos
Sociales (Dir. Gral de Polít ica
Migratoria. Instituto Andaluz
de Servicios Sociales)
- Ministerio de Tr abajo y
Seguridad Social
- Corporaciones Locales.
Iniciativa S ocial
Profundizar en el
conocimiento sobre la
situación y necesidades
sociales d e los
emigrantes y sus familias
en Andalucía
Sin especificar en el
PSSA
- Estudios sobre el
retorno
- Jornadas sobre
situación de la
emigración t emporera
- Estudios para
actualizar el
conocimiento de las
característi cas
demográficas y sociales
- Publicación estudios
sobre la emigración
andaluza en Europa y
América
- Consejería de Asuntos
Sociales (Dir. Gral de Polít ica
Migratoria)
- Consejería de P residencia
(Instituto de Estadística de
Andalucía)
265

- Proyectos y estudios
sobre preemigración
- Publicación estudios
sobre repercusiones
territoriales de la
emigración

Como se observa en el cuadro, con el PSSA se han desarrollado actuaciones
respecto a la emigración en las siguien tes líneas: mantenimiento de Guarderías-
Residencias Temporeras, convenios con las Ce ntrales Sindicales, in tegración en la Red
de Servicios Sociales Com unitarios, facilit amiento del tra nsporte de los emigrantes
temporeros, proyectos de creación de Coopera tivas de Econom ía Social con puestos de
trabajo dirigidos a emigrantes tem poreros, a yudas asistencia les y de inserción laboral
para emigrantes retornados, fom ento del asociacionismo de em ig rantes reto rnados,
premio a Comunidades Andaluzas asentadas fu era de Andalucía, program as de Turismo
Social para emigrantes que residen fuera de Andalucía, program as de conocimiento del
Patrimonio Cultural andaluz, conm emoración del Día de Andalucía fuera de la
Comunidad Autónom a, emisiones en Canal Su r Radio y Canal Sur Televisión para los
emigrantes que residen fuera de Andalucía. Solam ente en el primero de los cuatro
objetivos se hace mención a los inm igrantes.
Los instrumentos con los que ha contado las Consejerías d e Asuntos Sociales y
de Cultura para llevar a cabo los program as y actuaciones destinados a emigrantes han
sido convocatorias de Ayudas Públicas, co nvenios con otras Adm inistraciones y
Sindicatos 157 , con asociaciones de emigrantes 158 y de emigrantes retornados, acuerdos
con otras Consejerías, Subprograma de Apoyo a la Escolarización Infa ntil Temporera en
la Campaña de la Fresa en Huelva, Consej o de Comunidades Andaluzas y Ley 7/1986
de Reconocimiento de las Com unidade s asentadas fuera de Andalucía.

157 Los conveni os y acuerdo s que l a Conseje ría de Asun tos Sociales firma son con las centrales Sindicales
más representativas, con el Ministerio de Traba jo y Asuntos Sociales (pa ra el traslado de em igrantes
retornados en edad de ju bilación a Re sidencia s de Mayores gest ionada s por la C onsejería d e Asuntos
Sociales), co n la Di putación Provincial de Jaén y c on la M ancomuni dad de M unicipi os de la Sierra de
Cádiz.
158 Ha habido u n aum ento paula tino del núm ero de asociaciones subve ncionadas, así como de las cua ntías
concedidas. Desde la Conse jería de Asuntos Social es se han realizado Campañas de i nformación a los
Emigrantes Re tornados. Desde la s Asociacione s de Emi grantes retor nados, fina nciadas po r la Conse jería
de Asunt os Social es, se han realizado va ri as Campañas de información y asesoram iento: varias Jornada s
sobre Emi grantes Retornad os durante los años de desarr ollo del Plan; varios estudios: “Migraciones de
temporad a en Andalu cía Oriental” (1993), “Emigran tes temporero s en la provincia de Jaén ” (1994),
“Estudio sobre movilidad de Tem por eros en Andalucía” (1997); se han editado vari as publicaciones,
como la “Guía del Emigrante Andaluz Retornado ”; Díp ticos, Ca rteles y C alenda rios i nform ativos para los
Emigrantes te m poreros y Re tornados.
266

Es de resaltar, la importancia concedid a al asociacionismo. Se entiende que, a
través de las asociaciones “el colec tivo de Emigrantes andaluces fuera del territorio
andaluz y Emigrantes Retornados une sus fuerzas en orden a mejorar las condiciones
de vida de los emigrantes, facilitando instrumentos a fa vor de su inserción socio-
laboral. Las asociaciones de emigrantes retornados realizan un papel fundamental en
cuestiones de asesoramiento a este grupo de personas, sobre todo en lo que se refiere a
pensiones. Igualmente, información acerca de educación, vivienda, ayudas, orientación
profesional y otros” (EPSSA, p. 223) . Por ello, la Consejería de Asuntos Sociales
publicó una “Guía del Emig rante Andaluz Retornado” 159 donde se recoge información
legislativa y de ayudas. En ella se trata de dar respuestas a las demandas individuales
más que de seguir afianzando, ya de regreso a Andalucía, el sentimie nto y conciencia de
identidad andaluces, fundamentales, en nuestra opinión, para la reincorporación, ahora,
a la sociedad de origen. Esta identidad anda luza, una vez en Andalucía, se entiende ya
de manera individual: el éxito individual de pende ya del mérito personal –con la ayuda
de la guía-, la fidelidad al grupo es ya poco valorada y la autonomía como éxito
personal es primordial (Breton, 1996).
Sin embargo, vemos que sí se ha fom ent ado el asociacionismo de los andaluces
que residen fuera de Andalucí a a fin de facilitar el m antenimiento de sus raíces
culturales. Uno de los programas m ás significa tivos es el que foment a la integración de
las Comunidades andaluzas en los territor ios donde se ubican y program as con sus
localidades de origen, es decir, se entie nde la identidad propia como condición que
facilita la adaptación social y cultural a la so ciedad receptora, va lorándose así la doble
pertenencia: a la sociedad de origen y a la sociedad recep tora (Helly, 2000).
Todas estas políticas podríam os decir que son las que el país em isor de
emigrantes, Andalucía, desarrollaba, o plan teab a adecuado desarrollar, para con s us
ciudadanos que salen fuera de su territorio para trabajar y vivir, retornen o no. El acento
en el asociacionismo se hace como estrateg ia de superación de problemáticas q ue
puedan surgir en el proceso de integración en otras sociedades pero, sobre todo, lo que
se resalta y persigue es su función como ví nculo con la sociedad de origen, com o nexo
de unión con Andalucía, “a fin de facilitar el mantenimie nto de nuestra cu ltura y raíces
originarias” . El tratam iento a los emigrantes, al m enos en la letra, promueve su
integración en el proyecto andaluz, asegur ando, así, también, la transferencia de

159 BARBERÁN RIVIRIEGO, A.: Guía del emig rante andalu z retornado . Dirección General de Acción e
Inserción Social. Junta de Andalucía, 1995.
267

remesas a Andalucía (Sm ith, 1998; Guar nizo, 1998, 2004; Lando lt et al, 1999).
Veremos, enseguida, cómo el objetivo del Gobierno andaluz de fomento del
asociacionismo de las comunidades de inmigran tes en nu estro territori o, refiere, única y
exclusivamente, al proceso de integración, y más a nivel individual que colectivo, sin
que se propicien los vínculos con las socied ades de origen, a pesar de que hoy incluso
más que hace unos lustros el allí sigue for mando parte de la realidad cotid iana de la
mayoría de los inm igrantes en Andalucía.

5.3.3. La visión utilitarista de los inmigrantes y la construcción de su imagen
problemática.
“En Andalucía existen profundas razones hi stóricas para que la defensa de las
minorías sea un objetivo prioritario de las políticas públicas. 1.- como tradicional
región de emigrantes, existe un colectivo numeroso de andaluces que tuvieron que
emigrar a otras Comunidades y países donde han seguido mant eniendo una identidad
cultural que es necesar io apoyar y preserva r. 2.- las cara cterísticas económicas y
territoriales de nuestra región sigue gene rando un importante flu jo de emigrantes
temporeros que se desplazan regul armente a las distintas campañas,
fundamentalmente, agrícolas. 3.- el carácter de región de frontera, que a lo largo de la
historia ha supuesto la creación de una iden tidad que basa su unive rsalidad en el papel
de punto de encuentro de culturas, ha si do potenciado por un proceso de construcción
de la Unión Europea cuyos efectos se traduc en en un creciente número de inmigrantes
que obliga a reforzar las políticas soci ales de atención a este colectivo” (PSSA, p. 22).
Hemos querido traer aquí este párrafo co m pleto por cuanto veremos que en los
siguientes planes se irá perdiendo esta argumentación “hu mana” de tratam iento a la
inmigración, poniendo más el acento en la ut ilidad, principalm ente económica, que para
los andaluces tiene la inmigración y, por tanto, las personas inm igrantes. En el Plan, se
resalta cómo nuestra posición de frontera “obliga a reforzar las políticas sociales de
atención a este colectivo” . No se habla, en ningún momento, del refuerzo de las
fronteras; por tanto, el argumento de la seguridad no es todavía el que prim a.
En el tratamiento de la inmigración se com ienza con el discurso que se acentuará
en todos los siguientes planes sobre inmigración y en los discursos oficiales: el paso de
Andalucía de tierra de emigración a tierra de inm igración, como resultado de su gran
crecimiento económ ico. Respecto a los inmigrantes, “la política fundamental a
desarrollar es la de integración social y laboral de aquellos in migrantes que deseen
268

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