Las políticas de inmigración de la Junta de Andalucía discursos, prácticas y consecuencias en las estrategias adaptativas del colectivo senegalés de Sevilla

UNIVERSIDAD DE SEVILLA DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DISCURSOS, PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS DEL COLECTIVO SENEGALÉS DE SEVILLA INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DO CTOR SUSANA MORENO MAESTRO 2007 UNIVERSIDAD DE SEVILLA DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DISCURSOS, PRÁCTICAS Y CONSECUENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS DEL COLECTIVO SENEGALÉS DE SEVILLA INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DO CTOR DOCTORANDA DIRECTOR Susana Moreno Maestro Isidoro Moreno Navarro 2007 ÍNDICE Capítulo 1. INTRODUCCIÓN ...... 1 1.1. Contexto y objetivos de la investigación. ...... 1 1.2. El marco teórico-metodoló g ico. ..... 13 1.3. El desarrollo de la investigación: fa ses y técnicas. ...... 24 1.4. La estructura del texto. ...... 35 Capítulo 2. GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES. ...... 37 2.1. La globalización del Mercad o y sus efectos. ...... 37 2.2. El nuevo “orden” mundial. ...... 52 2 . 3. Las migraciones actuales como efecto de la globalización. ...... 58 2.3.1. Segmentación de los mercados de trabajo y flujos migrato rios. ...... 61 2.3.2. De migraciones origen-destino a mi graciones trasnacionales. ...... 70 2.3.3. Trasnacionalismo y ciudadanía. ...... 78 2.4. Derechos Humanos, Ciudadanía y Multiculturalida d: sobre el concepto de “integración”. ...... 85 2.5. Los modelos de políticas sobre inmigración. ...... 107 Capítulo 3. ANDALUCÍA, “DE TIERRA DE EMIGRACIÓN A PAÍS DE INMIGRACIÓN” ...... 143 3.1. El contexto económico: Andalucía y las te orías sobre el desarrollo. ...... 145 3.2. Los Planes económicos de la Junta de Andalucía. ...... 152 3.3. ¿Es hoy Andalucía una sociedad desarrollada? ...... 159 3.4. La situación dependiente de Andalucía y el mercado de trabajo. ...... 161 3.5. Los cambios demográficos y el papel de la inmigración. ...... 170 3.6. La “Segunda Modernización” de Andalucía. ...... 189 Capítulo 4. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN EN EUROPA, EL ESTADO ESPAÑOL Y ANDALUCÍ A ...... 197 4.1. La construcción de la fortaleza europea. ...... 197 4.2. Andalucía, frontera sur de la UE. ...... 207 4.3. Las competencias en materia de inmigración: nivel estatal I y nivel autonómico. ...... 211 4.4. Las políticas de inmigración del Estado español: mirando a Europa. ...... 218 4.4.1. Etapas en la política de extranjería. ...... 219 4.4.2. El discurso de la “capacidad de acogida”. ...... 235 4.5. Las competencias autonómicas sobre inmigración. ...... 240 4.6. Un apunte sobre las políticas locales. ...... 244 Capítulo 5. EL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA, 1993-1996: DE POLÍTICAS PARA LO S EM IGRANTES A POLÍTICAS PARA INMIGRANTES ...... 245 5.1. Las políticas migratorias de la Junta de Andalucía hasta 1993. ...... 245 5.2. La aparición de la inmigración en las políticas de la Junta. ...... 247 5.2.1. La transferencia de compet encias a las autonomías. ...... 247 5.2.2. El “Plan para la Integración Social de los Inmigrantes” del Ministerio de Trabajo y su traducción en Andalucía. ...... 249 5.3. El Plan de Servicios Sociales de Andalucía, 1993-1996. ...... 250 5.3.1. La definición de los migrantes como personas con necesidades especiales: la ap arición del principio particula rista. ...... 254 5.3.2. Emigrantes, tempor eros e inmigrantes: la importancia de las identidades de origen. ...... 260 5.3.3. La visión utilitarist a de los inmigrantes y la construcción de su imagen problemática. ...... 268 5.3.4. Hacia la normalización de las personas inmigrantes. ...... 273 5.3.5. Los proyectos y asociaciones subvencionados en el Plan. ...... 290 5.3.6. Marcando previsiones. ...... 294 5.3.7. El PSSA: el inicio de las políticas particularistas. ...... 296 Capítulo 6. CONTEXTO, PRINCI PI OS Y OBJETIVOS DEL PRIMER PLAN PARA LA INMIGRACIÓN EN AN DALUCÍA ...... 301 6.1. El contexto social: la visibilizaci ón del “racismo cultural”. ...... 302 6.2. La multiplicación de los obstáculos para la integración: una recapitulación de los cambios legales. ...... 308 6.3. La generación de la opinión pública a través de encuestas: inmigración y delincuencia. ...... 310 II 6.4. El debate político sobre la inmigración. ...... 315 6.5. Estructuras, planes y programas en Andalucía. ...... 318 6.6. El desarrollo de Andalucía como “efecto llamada”. ...... 321 6.7. La reafirmación del principio particularista. ...... 322 6.8. Los principios rectores de l Plan. ...... 324 6.9. Los objetivos generales. ...... 327 Capítulo 7. LAS ÁREAS SOCIO-LABO RAL Y DE ATENCIÓN JURÍDICA EN EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGA LESES DE SEVILLA ...... 331 7.1. Cuestiones legales en torno a lo laboral. ...... 331 7.2. ¿Personas o fuerza de trabajo? La integración laboral como sinónimo de integración. ...... 332 7.3. Apoyando el autoempleo. ...... 336 7.3.1. Locutorios y restaurantes senegaleses. ...... 337 7.3.2. La venta ambulante como enclave étnico laboral senegalés. ....... 341 7.4. La Orientación Profesional, una solución demasiado a largo plaz o. ...... 358 7.5. La mediación intercultural. ...... 360 7.6. Subvenciones que reproducen la segmentación étnica y de género del mercado de trabajo. ...... 361 7.6.1. Medidas para hacer inmigrantes “empleables”. ...... 364 7.6.2. ¿Fomentar la igualdad laboral desde la discriminación jurídica? ...... 367 7.7. La triple segmentación del mercado de trabajo: étnica, de género y jurídica. ¿Es posibl e la integración? ...... 369 7.8. Los inmigrantes como sujetos activos. Las estrategias trasnacionales del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 375 7.9. La atención jurídica a los inmigrantes: las bases legales. ....... 380 7.10. Poniendo en práctica las leyes estatales. ...... 382 7.11. El problema de los papeles en los colectivos de inmigrantes: el caso senegalés. ...... 384 7.12. Reagrupamiento, ¿para qué tipo de fami lia? El caso senegalés. ...... 391 III Capítulo 8. LAS ÁREAS SOCIO –E DUCATIVA, SOCIO-SANITARIA Y DE VIVIENDA EN EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES. EL CASO DE LO S SENEGALESES DE SEVILLA ...... 399 8.1. Las cuestiones legales sobre la educación. ...... 399 8.2. Un diagnóstico del alumnado inmigrante en términ os de “déficits culturales”. ...... 402 8.3. La importancia de la escuela para la integración: la formación de un sentimiento de pertenencia común. ...... 404 8.4. La escuela: creciente multic ulturalidad del alumnado y permanencia del principio monocultural. ...... 412 8.5. La no valoración de la doble p ertenencia cultural para la integración en la escuela: el caso senegalés. ...... 420 8.6. Un tratamiento individua l a situaciones colectivas: los condicionantes de la participación. El caso senegalés. ...... 427 8.7. La necesidad de tener en cuenta el pluralismo en la escuela. ...... 437 8.8. El área socio-sanitaria. Las bases legales. ...... 442 8.9. La “verdadera” Medicina y las dificultades y riesgos de los nuevos usuarios. ...... 443 8.10. La salud, ¿una cuestión exclusi vamente “científica”? ...... 447 8.11. Complementariedad de medicinas y tratamientos : el caso de los senegaleses de Se villa. ...... 450 8.12. El área de vivienda. Las bases legales. ...... 452 8.13. El intento de implicar a los ayuntamientos para albergues y viviendas. ...... 452 8.14. Estrategias de los colectivos de inmigrantes sobre la vivienda: el caso senegalés. ...... 458 Capítulo 9. LAS ÁREAS DE RECURS OS SO CIALES Y SOCIO-CULTURAL EN EL IPIIA Y SUS REPERCUS I ONNES SOBRE LOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGA LESES DE SEVILLA ...... 465 9.1. El área de recursos sociales: bases leg ales. ...... 465 9.2. Orientando la integración desde el principio particularista. ...... 465 9.3. Las redes intracomunitarias senegalesas, una estrategia IV para la optimización de los recurso s. ...... 470 9.4. Subvenciones para el asociacionismo. ...... 473 9.5. Formas de asociacionismo del colect ivo senegalés de Sevilla. ...... 477 9.5.1. La Asociación “Inmigrantes por la Igualdad”. ...... 477 9.5.2. El ámbito religioso: cofrad ías islámicas y dahira. ...... 485 9.5.3. “Agasis”. ...... 497 9.6. La atención a grupos. ...... 498 9.6.1. El tratamiento a los menores no acompañados. ...... 498 9.6.2. El tratamiento a los hijos de inmigrantes. ...... 503 9.6.3. Incorporando a las mujeres inmigrantes a los recursos existentes para mujeres. ...... 504 9.6.4. La prostitución: un planteamie nto en términos de mafi a y control. ...... 509 9.7. El deporte como contexto intercultural: posibilida des y limitaciones. ...... 511 9.8. El área socio-cultural. Defini endo el ámbito. ...... 515 9.9. Lo “intercultural”, nuevas medidas para la socied ad de acogida. ...... 516 9.10 Cubriendo las “necesidades culturales” con recursos propios. El caso del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 519 9.11. Incentivando la inserción de jóvenes y mujeres inmigrantes en el tejido asociativo andaluz. ...... 522 9.12. Repitiendo medidas para fijar conceptos. ...... 527 9.13. ¿Se dirige el área socio-cultur al del IPIIA al desarrollo y difusión de las diferentes culturas? ...... 528 9.13.1. La importancia de la s manifestaciones culturales y religiosas propias para la integración del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 529 9.13.2. Los déficits del área socio-cultural. ...... 535 Capítulo 10. LAS ÁREAS DE FO RMACIÓN E INVESTIGACIÓN, DE SENSIBILI ZACIÓN SOCIAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL IPIIA Y SUS REPERCUS IONES SOBRE LOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGA LESES DE SEVILLA ...... 537 10.1. Construyendo y difundiendo el conocimiento sobre la inmigración. ...... 537 10.2. Los procesos de integración, epicentro de la labor investigadora; la mediación intercultural, epicentro de la lab or formativa. ...... 544 10.3. La imprescindible “perspecti va de género” y su circunscripción al V ámbito laboral. ...... 546 10.4. La aspiración de la formación en origen. ...... 547 10.5. La formación dirigida hacia los profesionales andaluces. ...... 548 10.6. El área de sensibiliz ación social: la UE como referente y la repetición de objetivos y medidas. ...... 555 10.7. Los Encuentros Interculturales, una visión muy limitada. ...... 559 10.8. ¿Qué entiende la Administración andaluza por “encuentro intercultural”? La partic ipación del colectivo senegalés en fiestas andaluzas. ..... 560 10.9. La repetición de medidas contempladas en otras áreas del Plan. ...... 569 10.10. Las actuaciones sobre lo s medios de comunicación como creadores de opinión y la visión del colectivo senegalés so bre las informaciones. ...... 571 10.11. Repitiendo medidas. ...... 574 10.12. Sobre los resultados de la sensibilización: lo que piensan los senegaleses de cómo los ven los sevillanos. ...... 575 10.13. La Cooperación al Desarrollo como freno de la inmigración. ...... 583 10.14. ¿Erradicar la pobreza en origen favoreciendo la sociedad de destino? ...... 584 10.15. Aspectos no tenidos en cu enta por el Plan ejemplificados en el caso del colectivo senegalés de Sevilla. ...... 587 10.15.1. Las remesas. ...... 587 10.15.2. Inversiones en el país de origen. ...... 591 10.15.2a. Para estar presente allí . ...... 591 10.15.2b. Los proyectos acogidos al Plan EQUAL. ...... 595 10.15.2c. Los proyectos colect ivos trasnacionales en Touba. ...... 596 Capítulo 11. CAMPAÑAS Y PROYECTOS EN EL PRIMER PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA ...... 609 11.1. Las campañas de difusión. ...... 609 11.1.1. Qué se difunde y cómo se difunde. ...... 609 11.1.2. Una única estrategia para el conjun to de los inmigrantes. ...... 613 11.2. Tipos de proyectos y de asociaciones subvencionados. ...... 614 11.2.1. Los criterios para el análisis. ...... 614 11.2.2. Asociaciones y proyectos subvencionados cada año. ...... 615 VI 11.2.3. Analizando los proyectos subvencionados. ...... 632 11.2.4. Los proyectos financiados a “Inmigrantes por la Igualdad” y su papel en la estrategia del colecti vo senegalés de Sevilla. ...... 639 CONCLUSIONES ...... 645 BIBLIOGRAFÍA ...... 669 VII patrimonio cultural de los senegaleses y senega lesas de Sevilla en su integración en la sociedad andaluza? Y si tenem os en cuen ta que los marcadores identitarios son instrumentos im prescindibles en la cohesión de un grupo, cabe preguntarse ¿es esta cohesión potenciadora de inte racción o de segregación? Pensamos que, en general, el ámbito de la cultura de los colec tivos de inmigrantes se e studia insuf icientem ente. Los procesos de integración de los inmigrantes suelen analizarse, la m a yoría de las veces, ún icamente sobre las variables de la edad, la situación legal, la duración de la estancia, la s dificultades lingüísticas y los problemas laborales. También los análisis políticos y económ icos están fuertemente dominados por una aproxim ación indivi dual que entiende la integración, principalmente, en té rminos lingüísticos, residenciales y económ icos del individuo; la integración cultu ral en ocasiones es m enciona da, pero las dificultades de medida y de interpretación hacen que pocas veces se ll egue a m e dir el grado de integración y a concluir que los grupos inmigr antes están más o m enos integr ados culturalmente (Piché y Bélanger, 1995). Es, en parte, empezar a cubrir esta laguna lo que m odestamente tratamos con la Tesis que presentamos. Ha sido, además, el analizar las variable s culturales lo que nos ha obligado a prestar atención a la existencia de una diáspora con conciencia de identidad y significaciones culturales propias, es deci r, a m aneras de func ionar y de vivir las migraciones poco tratadas hasta el m omento en los análisis y nada tratadas en las políticas. El carácter trasnacional del proces o migratorio senegalés –como el de otros colectivos migratorios- ha hecho del estudio de las redes sociales uno de los principales ejes de la investig ación sobre el colectivo. Conformadas por parientes, vecinos y otros conocidos, son el canal por el que circulan inform ación y bienes materiales y simbólicos conformando un espacio trasnacional. Los senegaleses conforman una comunidad trasnacional, comparten un im aginario, un código cultural, una constancia en el intercambio de bienes materiales y simbólicos , y una tensión entre la pertenencia al país de origen y al lugar de acogida. En nuestro estudio para la obtención de la Suficiencia Investigado ra del Tercer Ciclo analizábamos la relación entre la reaf irmación de la iden tidad etno-nacional de los senegaleses en Sevilla y la capacidad de integración del colect ivo en la sociedad sevillana. Ahora, respondiendo a nuestro especial interés por el análisis de las situaciones de interacción entre las socied ades recep toras y los dis tintos colectivos étnicos inm igrantes, presentamos una investig ación que está centrada en el análisis de 7 los planes y actuaciones del gobierno de la Comunidad Autónoma respecto a la inmigración pero que también pone en relaci ón estos con las estrategias em pleadas por el colectivo senegalés de Sevilla para adap tarse a una situación en gran parte condicionada por estas políticas. Con este referente etnográfico tratarem os de m ostrar la insuficiencia e incluso la inadecuación de gran parte de las políticas públicas andaluzas sobre la inmigración. Porque, como señalan Martín, E., Cast año, A. y Rodríguez, M. (1999:58): “Frente a la visión de la emigración co mo un único fenómeno, está la realidad de unos procesos migratorios específicos que hacen referenc ia a una realidad de origen, una inserción económica y social, y unas percepciones y va loraciones diferenciadas para los distintos colectivos que podemos establecer”. Mostra remos también cóm o la reafirm ación de la identidad cultural por parte de los colectivos de inm igrantes, en concreto del colectiv o senegalés, no es, la mayoría de las v eces, una resistencia con sciente a la dinámica global de homogeneización de modos de vida, sino que se trata de una estrategia de adaptación a la sociedad andaluza desde una situ ación de no reconocimiento social. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN: 1. Analizar la evolución de los discurso s y las prácticas que constituyen las políticas sobre inmigración de la J unta de Andalucía desde 1985 a 2005, en especial los contenidos del Prim er Pl an Integral para la Inmigración en Andalucía, 2001-2004. 2. Analizar cuál es el lugar que s e pr etende ocupen los inm igrantes, a nivel individual y colectivo, en el proyecto de sociedad definido como deseable para Andalucía. 3. Analizar si la Junta de Andalucía foment a la construcción de vínculos entre los diversos componentes de la actual sociedad andaluza –autóctonos y diferentes colectivos de inmigrantes- y si a partir de sus políticas puede hacerse viable una pertenencia cívica com ún como referente primario de la “ciud adanía” andaluza. 4. Analizar las repercusiones de las políticas de la Junta de Andalucía sobre un colectivo concreto de in migrantes: los senegaleses de Sevilla, que responden al tipo de migración “trasnacional”. 5. Determinar las id eologías subyacentes en es tas políticas y el grado en que responden al principio universalista, particularis ta o multiculturalista. 8 OBJETIVOS PARCIALES: 1. Análisis del contexto soc ial, político e in stitucional a nivel es tata l y andaluz, en que surge la primera L ey de Extranjerí a estatal, en 1985, y los discursos y medidas que se tom an en Andalucía respecto a la inmigración con base en aquella. 2. Análisis del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 y su relación con el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes 1994 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como propuesta de acción para las Comunidades Autónomas. Análisis del contexto soci al, político e instit ucional del periodo, incluyendo el marco europeo. 3. Análisis del Plan Integral para la Inmi gración en Andalucía 2001-2004 y de sus documentos de evaluación. 4. Análisis de los m odelos de políticas migratorias presentes e n las distin tas áreas de intervención inclu idas en los Planes: so cio -educativa, socio- laboral, sanitaria, de recursos sociales, de vivienda, so cio-cultural, jurídica, de formación e investigación, de sensibilización y de cooperación al desarrollo. 5. Analizar las políticas de la Junta de Anda lucía respecto a los distin tos tipos de asociaciones de inmigrantes y pro-inm igrantes en cuanto a subvenciones. 6. Análisis de las estrategias de integrac ión del colectivo senegalés de Sevilla. HIPÓTESIS: 1. Los discursos de la Junta de Andalucí a sobre inmigración, aún modificándose en las diversas fases de acuerdo con los c ontextos político, social y económico de Andalucía, el Estado Español y la Unión Europea, están estrechamente ligados a la afirmación de que Andalucía se ha incorporado a las so ciedades avanzadas. La consideración, que continúa manteniéndose oficialm ente, de que es necesario preservar la relación con A ndalucía d e los colectivos de em igrantes andaluces no se corresponde con el contenido de las pol íticas de inmigración en las cuales no se valora la identidad de origen de los inm igrantes en Andalucía. 2. Las políticas migratorias de la Junta de Andalucía responden, principalmente, al principio pa rticularista que pretende una integraci ón de individuos y no de comunidades culturales diversas. 3. La Junta de Andalucía no contem pla el carácter crecientemente trasnacional de gran parte de las migraciones actuales. 9 4. La Junta de Andalucía no c ontempla la pluralidad exis tente dentro del colectivo de inmigrantes y da un trato igual a necesidades y dem andas diferentes: se plantea como objetivo dar un igual tratam iento a todos los inmigrantes y a estos una igualdad de trato que a los autóctonos. Este objetivo de “norm alización” supone una filosofía asimilaci onista y tiene como resultado la acentuación de las desigualdades de partida, al tratar de forma igual a los que han sido situados, incluso legalmente, en posición de desigualdad. 5. Las políticas de la Junta de Anda lucía no pretenden como objetivo la convivencia de una pluralidad de id entidades culturales resultado de los procesos migratorios. No van en la dir ección de disociar la pertenencia a una comunidad cívica y política com ún de la identificación con una tradición cultural. 6. Existe una falta de identificación co n A ndalucía por parte de la m ayoría de los inmigrantes debido a que las políticas de inmi gración, aunque tienen com o objetivo declarado la inte gración social y económica de estos, dificultan el acceso a la ciudadanía. 7. Los objetivos, al menos en el discurso, de las políticas de integración de la Junta de Andalucía chocan con la política estatal y europea respecto a la inmigración. 8. Mientras más cohesionado y organizado esté un colectivo de inmigrantes, mayores posibilidades tendrá de funciona r d e forma efectiva en el nuevo m edio sociocultural y, por tanto, más posibilid ades tendrá para una buena inserción tanto colectiva como individualm ente. 9. No existen políticas decididas, por parte de la Junta de Andalucía, para fortalecer y desarrollar las culturas específicas de los diversos colectivos (lengua, expresiones, sociab ilidad interna, e tc.). Las política s de la Junta de Andalucía son más de sensibilización de la sociedad recepto ra para prevenir el racism o y la xenofobia que de reconocimiento del derecho a la diversidad cultural. UNIDADES DE OBSERVACIÓN: A. Planes de Inmigración, evaluaciones oficiales sobre su cum plimiento y eficacia y discursos sob re inmigració n de la Junta de Andalucía. 10 A través del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 y, sobre todo, del Primer Plan Integral para la Inmigación en Andalucía 2001-2004 el gobierno andaluz lleva a cabo sus políticas en m ateria migratoria. Por ello, el an álisis d e estos documentos nos servirá para dilucidar qué pr etende la Junt a de Andalucía en m ateria migratoria y cuáles son las actu aci ones que fomenta y desarrolla. Comenzar n uestro análisis con el Plan de Servicios Sociales , prim er documento de atención a los inm igran tes, y centrarnos en el Primer Plan Integral nos permitirá seguir la trayectoria del gobier no andaluz en esta materia, llegando prácticamente hasta nuestros días, ya que el Segundo Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006- 2009 no ha sido aprobado, por Decreto de Gobier no de la Junta de Andalucía, hasta muy recientemente, en 2006, continuando hasta entonces las actuaciones del primero. Analizamos los discurso s contenidos en los Planes en tanto que constituy en planteamientos y valoraciones a partir de los cuales la Junta de Andalucía define objetivos y diseña medidas de actuación para el tratamie nto de la inm igración. El gobierno andaluz, a través de la práctica totalidad de sus cons ejerías, pone en práctica lo señalado en los Planes para gestionar el proceso de integración de los inmigrantes. Junto al Primer Plan para la Inmigración en Andalucía analizam os también las Evaluaciones Técnicas del mismo de 2001, 2002 y 2003, así com o la Evaluación Externa, en tanto que constituyen e valuaciones oficiales c on las que la Junta ha ido, supuestamente, redefiniendo sus actuaciones en virtud de los resultados obtenidos. A través de allas, analizamos lo que se hace, lo que no se hace, lo que sirvió, lo que no sirvió, lo que sigue sirviendo y lo que ha dejado de servir, siempre desd e la óptica de los Planes. Para analizar estos documentos, nos he m os servidos de herramientas teóricas para plantear una serie de preguntas a di chos textos: cuáles han sido las líneas de intervención escogidas, qué temas se han trat ados en cada una de ellas , cuáles son los valores que rigen las prácticas y cuáles los que se fomentan desde ellas. A los principios definidos como rectores de las po líticas -tales como igualdad , interculturalidad y normalización - les hemos aplicado una serie de pa rámetros con los que “medir” su presencia en cada área de intervención; a su vez, los hemos puesto en relación con posibles repercusiones generadas por su pres encia o, por el contrario, por su ausencia, entrando también a analizar prácticas y contextos de di scriminación, exclusión y asimilación. Ponemos en relación, a su vez, estos planes de actuación con m odelos migratorios y formas de actuar los inm igr antes para dilucidar, así, s i estos, 11 individualmente y/o a nivel co lectivo, son considerados suje tos activos o pasivos de las intervenciones de la Administración. En definitiva, con nuest ro análisis de los Planes de Inm i gración pretendem os identificar cuál es el modelo de integración de la Junta de Anda lucía y qué principio o principios lo rigen, así como las consecuencias de ello. B. El colectivo de senegaleses de Se villa como comunidad trasnacional. Nuestra elección del colectivo senegalés vien e justificada, en primer lugar, por el deseo de estudiar un colec tivo de negro-africanos en tanto que la proporción de inmigrantes subsaharianos se está elevando de forma importante en los últimos tiempos en Andalucía, tanto en contextos urbanos co mo rurales, y apenas han sido considerados en las investigaciones hasta el momento, a pesa r de sus especificidades. En este sentido, el proyecto trata de cub rir nuevas dimensiones del fenóm eno migratorio y contribuir a los estudios sobre inmigración subsahariana en Andalucía. En se gundo lugar, dentro de los colectivos posibles de negro-africanos, nos hemos dedicado al an á lisis del colec tivo senegalés por haber sido este al que dedicam os nuestra inve stigación para la Suficien cia Investigadora, ya que era uno de los colec tivos negros más num erosos en Sevilla y, también, por perm itirnos continuar con el estu dio de las migracion es trasnacionales, que despertó en nosotros un gran in terés durante aqu ella investig ación anterior y para lo que el colectivo senegalés constituía un c aso paradigm ático. A nivel práctico, en cuanto a la implem entación de políticas de integración, ya planteamos en nuestra investigación para la Suficiencia Investigadora que sería fundamental prestar la debida atención a estos diversos colec tivos, y es por ello que en esta investigación ponemos en relación las estr ategias de los senegaleses de Sevilla con las políticas de inte graci ón andaluzas. La determ in ación de seleccionar el funcionamiento de este colectivo en una ciud ad concreta vino m otivado por el hecho de que, aunque existan factores más o menos ge neralizables a todo el Estado, com o puedan ser el marco legislativo o ciertas condici ones de los m ercados de trabajo, es dependiendo de las distintas estrategias que cada colectivo utiliza en su integración en la sociedad receptora y de las relaciones soci ales que se establecen en co ntextos locales concretos, como se llega a una amplia he terogeneidad de situaciones. En nuestra investigación, nos hemos centrado en Sevilla , d ebido a la visibilid ad que el grupo de senegaleses está tomando en la ciudad, y hem o s prestado especial at ención al barrio de San Jerónimo por tener allí su s centros principales de reunión y relación. 12 1.2. El marco teórico-metodológico. En los estudios realizados hasta el momento dedicados a analizar la relación entre migraciones internacionales y so ciedades receptoras se ha actuado, principalmente, sobre cuatro cam pos (H ollifield, 2000; Massey, 1999; López Salas, 2005): 1.- sobre las políticas de inmigración, lo que engloba estudios sobre la regulación y gestión de flujos y sobre los modelos de in serción de los inmigran tes en las sociedades de destino; 2.- sobre el imp acto de la inm i gración tanto en la polític a exterior de los estados emisores y receptores, com o en las rela ciones inte rnacionales; 3.- sobre el efecto que causa la presencia de inm i grantes en las políti cas del Estado receptor en térm inos de ciudadanía, derechos, esfera pública, etc.; y 4.- sobre tr asnacionalismo, identidades y form as de actuación pú blica más allá de la p ertenencia a u n estado y su ter ritorio. En nuestro caso, entendemos que esta división no funciona en la realidad concreta ni puede establecerse a nivel analítico, pues todas estas cuestiones se interrelacionan: no se puede hacer un análisis de las polít icas migratorias sin ponerlas en relación con los diversos modelos migratorios actuales, entre los qu e cobra creciente im portancia el modelo trasnacional, que es el que más se corresponde con la característi ca central de nuestro mundo: la glocalización . La presente investigación la situamos en el marco metodológico que define al grupo de investigación GEISA, desde el que entendemos que el pluralismo cultural refiere no solo a la diversidad de cultura s étnicas, sino tam bién a la diversidad de culturas de género y socioprofesionales. De sde el paradigm a de la “matriz cultu ral identitaria” (Moreno, 1991), analizamos las identidades étnicas, de género y socioprofesionales como resultantes del desplie gue de los tres principios estructurales que, aunque independientes, funcionan de form a im bricada. Con esta base, entendemos no caer en el error generalizado de considerar homogéneo el mal denom inado “colectivo” de inmigrantes ni ta m poco la sociedad receptora. Por otra parte, como ha ocurrido y con tinúa ocurriendo en la m ayor parte de temas y cuestiones, los análisis sobr e migr aciones se han elaborado dem asiadas veces desde la visión masculina, focalizando la at ención en los hom bres y generalizando su situación a la de todo el grupo. Sin embargo, cada v ez em igran más mujeres con independencia del hombre y su re alidad en la em igración es b ien diferente: sueldos más bajos por el mismo trabajo, adquisición de ba jo estatus por las la bores desem peñadas, consideración como m ano de obra sumisa... Lo cierto es que, a fines de los 90, las mujeres representaban ya casi la mitad de los m igrantes y refugiados en el mundo 13 (Zlotnic, 2004; Kofman y Erel, 2003), lo que ha dado lugar a im portantes cambios a todos los niveles, incluidos los contenidos de los roles de género, por lo que, en algunos casos, las responsabilidades domésticas y de cu idados a la fam ilia propia han pasado a manos de hom bres. En nuestro caso, aunque en el colectivo senegalés de la ciudad exista una presencia notablemente m ayor de hombres que de mujeres, hem os tratado de atender tanto a la realidad de ello s como de ellas y de no homogeneizar al grupo atribuyendo a este características fundamentalmente m asculinas. En cuanto a las culturas del trabajo 5 , hemos tratado, tam bién, de no caer en el reduccionismo y, aunque la mayor parte del cole ctivo de la ciudad se dedique a la venta ambulante, tam poco hemos atendido al desarro llo de esta activ idad como si fuese el único factor del que se deriva la m ayor parte de las m aneras de actuar de la totalidad de los senegaleses y senegalesas, aunque sí le hemos dado una importancia acorde con la que pensamos tiene para la totalidad del colectivo. En cuanto al ámbito de la etnicidad, he m os constatado la pluralidad de grupos de pertenencia diferentes dentro del colectivo senegalés de Sevi lla. Aún así, hemo s dado en el trabajo un peso proporcional al que repr esentan en el conjunt o del colectivo los miembros de la etnia wolof, aunque especi ficando siem pre que esta constituy e el grupo mayoritario pero no la totalidad. En esta cuestión, hemos considerado importante analizar lo que significa en la emigraci ón tanto la pertenenci a a un grupo étnico concreto como la nacionalidad senegalesa. La “matriz identitaria” es, pues, el m arco teórico-metodológico de nuestro análisis; sin embargo, no hem os dejado de prestar atención a ot ros referentes de identificación que se han mostrado de gran importancia a lo largo de la investigación, referidos a la edad, la antigüedad en Andalu cía, el tipo de proyect o migratorio y otras variables. En este sentido, el ámbito religi oso, dim ensión fundamental de la identidad de numerosos pueblos (Tam ayo, 2007) 6 , se convierte también en ámbito principal de análisis en la medida en que el Islam, en su lectura cofrádica, im pregna la cultura y se constituye en marcador identitario de la m ayoría de la población senegalesa. ¿ Cuáles son las funciones y significa dos de creencias, prácticas, r itu ales y contex tos religios os 5 Moreno, I.: “Globalización, ideologías sobr e el trabajo y culturas del trabajo” , en Áreas. Revista de Ciencias Sociales nº 19 (1 7-34), 19 99; Palenzuela , P.: “Las cul turas del t rabajo: una a proxim ación antropológica”. S ociologí a del Trab ajo nº 24 (3-28). 1995; Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales de Sevilla y Hu elva: TRABAJO. Revista Andaluza de Rel aciones Laborales nº 3, “Culturas del Trabajo”. 19 97. 6 Extraído de su conferen cia “Multiverso religioso y d iálogo entre religion es”, dentro del V Coloquio Internaciona l Religión y Cultura: Pa trimonio Cultura l, Religión y Turismo . Asana y ALER. Sevilla, 26 de may o de 2007 . 14 del colectivo senegalés en Se villa? ¿Qué rol juegan en la cohesión del grupo y en el proceso mismo de inserción en la sociedad receptora? A este respecto, con el tratamiento de las formas organizativas y los valores religiosos de la em igración senegalesa pretendem os iniciar el análisis del patrimonio cultural intangible de la nueva diversidad cultural existe nte en Andalucía, im bricando, así, dos líneas de análisis fundamentales del grupo de investigación GEISA: por un lado, el estudio del Patrimonio Cultural in tangible andaluz en torno a símbolos y contextos rituales religiosos que se han convertido en mar cadores identitarios a nivel grupal, local o supralocal; y, por otro, el aná lisis de los pro cesos migratorios (andaluces en la emigración, inm igrantes en Andalucía, rituales de reproduc ción identitaria de minorías étnicas y/o nacionales). Pensamos que sería conveniente, antes de entrar en el análisis y para evitar confusiones, establecer alguna s definiciones operativas so bre conceptos y categorías que no siempre son utilizados con u na misma significación en la literatura antropológica y sociológica. Nos referimos tanto a conc eptos que aparecerán de forma habitual durante todo el trabajo como a otros que, aunque estarán m enos presentes, son importantes por referir a realidades q u e conforman los procesos migratorios. En primer lugar, y aun que no constituya originalidad, se hace necesaria un a cierta discusión respecto a las categoría s de población inm igran te y de población extranjera. López de Lera (2005) establece que toda migrac ión implica un cam bio de residencia habitual, un cambio permanente de unidad administrativa de residencia; una definición que habría que matizar si tenem o s en cuenta las migraciones trasnacionales. Para él, la población inmigrante es la no nacida en el estado donde reside y la población extranjera es aquella que tiene una nacionalidad di stinta a la de los “nacionales” del país donde reside. Según es ta definición, el término inmigrante so lo incluiría a la primera generación, a extranjero s nacionalizados y a nacionales nacidos en el exterior. Lewellen (2002) habla del inmigr ante como la persona que deja su país de ciudadanía para vivir permanentemente o por un largo periodo de tiempo en otro país. Por tanto, refiere al país de asentamiento (se es em ig rante desde el país propio). Sin embargo, pensamos, el térm ino inmigrante va mucho más allá de estas definiciones; se trata de un término tota lmente subjetivo que ref iere, principalm ente, al ámbito de las percepc iones, de cómo son percibidos los otros , m otivo por el que hablamos, por ejem plo, de inmigrantes de segunda o tercera generación. Com o científicos sociales, hemos de ir mucho más allá de las defini ciones jurídicas. Porque, por ejem plo, el hecho de que 15 Rumanía se haya incorp orado a la UE hace que los cen tenares de miles q ue residen h oy en el Estado español hayan pasado de ser “inmigrantes ” a ser “extranjeros”. También de Lewellen (2002) extraemos varias categorías que nos parecen interesantes para señ alar la diversid ad de rea lidades: Migrante interno es alguien que viaja, normalmente para trabajar y a m enudo de áreas rurales a urbanas, largos periodos de tiempo dentro de su país de ciudadanía. Migrante internacional es la persona que abandona su país de ciudadanía, a menudo varias veces y a diferentes países, y regresa sin haber pasado largos periodos de tiempo en los países de destino. Inmigrante trasnacional es alguien que m antiene múltiples contacto s –sociales, culturales, políticos, eco nóm icos- en los dos países, el de origen y el de destino. Puede implicar una constante construcción y r econstrucción de una com unidad nacional que trasciende las fronteras e statales. Diáspora designa dispersión desde la tierra natal a otros países. A veces, implica dispersión forzada. A veces, se ex tiende para incluir grupo s en grandes regiones, como la diáspora africana o caribeña. Implica rel acio nes em ocionales con la tierra natal. El concepto conlleva la idea de identidad colectiva formada alrededor de una tierra natal que tiene un significado sentimental para la gente. Aunque para algunas diásporas esta tierra pueda no existir, lo que sí es necesario es que debe incluir la dispersión desde algún centro a dos o más territorios y un se ntido de identidad cu ltural común. Debe haber, por tanto, interacción entre tres actores (Shuval, 2000): la población de la diáspora, el país o países de acogida, y el país de origen, todos ellos relacionados entre sí. Refugiado es alguien forzado a salir de su pa ís por guerra o represión política y, por extensión, por hambre, terrem otos, y otras catástrofes no solo “naturales”. Puede ser interior o internacional. Step-migration es la com unidad o grupo familiar que em igra por estadios. Migración circular significa emigrar fuera, frecuentem ente a lugares sucesivos, para regresar a la comunidad de origen. Es frecuente en las m i graciones anuales para participar en ciclos agrícolas. Llegados a este punto debemos hacer referencia con creta, sin duda, al trasnacionalismo , nueva categoría justificada en la novedad, al menos relativa, de la elevada intensidad de los intercambios, los nuevos modos de transacción y la multiplicación de actividades que requier en viaj es y contactos a trav és de las fronte ras 16 luz los planteamientos de fondo y cómo esto s van variando dependiendo del contexto socio-político y de los “intereses de la so cied ad receptora” en los diversos mom entos 10 . Llegados a este punto conviene hacer alguna s aclaraciones sobre el concepto de interculturalidad . Este concepto, m uy conectado al de multiculturalidad , puede generarnos no pocas confusiones en la medi da en que puede hacer ref erencia a cosas muy distintas: por un lado, a políticas que as piran a que los colectivos culturalm ente diferentes in teractúen entre s í y estén abier tos a intercam bios culturale s e incluso a la producción de nuevos elementos, partie ndo del reconocim iento del derecho a la diferencia cultural; por otro lado, puede suponer –como cada vez ocurre con m ás frecuencia- una forma de enmascarar el re chazo a la propia multic ulturalidad, volv iendo al imposible horizon te del melting-pot sin declararlo exp lícitamente. En el Estado español ha tenido muy buena acogida el térm ino intercu lturalismo presentándolo como un modelo alternativo al multiculturalism o, al que se acusa de promover la separación entre com unidades etno-culturales y de provocar la ausencia de comunicación entre los grupos. Sin embargo, la distinción no encuentra suficiente justificación ya que, en realidad, quienes de fienden com o contenido de d icho concepto la primera de las versiones que acabam os de exponer coinciden sustancialmente con lo que, en términos políticos, se en tiende como multiculturalism o en el debate internacional (en lengua ing lesa, por ejem plo, el término interculturalism o no ha cuajado). Los argum entos que acusan al m ultic u lturalismo, en gener al, de no incidir en la comunicación entre g rupos se demuestran poco consistentes. La idea de intercam bio cultural (int erculturalismo) ha estado presente , por ejem plo, en el concepto canadiense de multiculturalism o desde su adopción como política oficial en 1971. De hecho, en la propuesta gubernamental presentada ese m ismo año en la Cámara de los Comunes, se incluían cuatro in iciativas o ejes b ásicos de actuación multicultu ral, consistiendo el tercero de ellos en “promover encuentros creativos e intercambio entr e todos los grupos culturales canadienses en inte rés de la unidad nacional” (Ruiz Vieytez, 2006:14-15). Y en Québec, el término interculturalism o se adoptó en oposición al m ulticulturalismo canadiense porque este fue visto con recelo po r pueblos indígenas y amplios sectores políticos y académ icos quebequenses, que consideraron y consideran al 10 Por pone r un ejempl o, la Co operació n al Desarr ollo com o una de las líneas de actuación e n materia de políticas migratorias nos hace ver cómo esta es part e de una estrateg ia que busca, fund amentalmente, beneficios para la sociedad recepto ra. Es part e del tratam iento a la i nmigración procede nte del país al que va destinada la ayuda. Lo est am os viendo con l os acuerdos actual es del Gobie rno central con el Gobie rno de Senegal en cuanto a la re patriación de inmigrantes y “com pensaciones” en origen. 23 multiculturalismo com o un instrum ento que util iza el grupo m ayoritario de la socied ad canadiense a fin de diluir la id iosincrasia de los citados colectivos en un universo de múltiples diferencias cultur ales. Es en este sentido en el q ue las instituciones de la provincia de Québec pref ieren us ar el término inter culturalismo frente a la posición federal a favor del multiculturalismo . Por nuestra parte, cuando utilicem os el concepto de m ulticulturalism o entenderemos este sin disociarlo de la idea de intercultura lidad. Y nos mostrarem os críticos respecto a quien es hablan de interculturalidad sin explicitar el reconocim iento del derecho de cada colectivo a desarrollar su cultura propia. Porque entonces el objetivo de la intercul turalidad no apuntaría a la interacción de la s culturas sino a la supuesta construcción de una cultura “híbrida” que sería la negación del multiculturalilismo. 1.3. El desarrollo de la invest igación: fases y técnicas. Tras presentar en septiembre de 2003 la investigación para la Suficiencia Investigadora, y gracias a la obtención de una B eca FPI de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía - ahora de Innovación, Ciencia y Em presa - de la que he sido beneficiaria, hemos desarrollado el trabajo de la Tesis Doctoral qu e ahora presentamos. Durante su elaboración, y situada en el marco teórico ante riormente expuesto, hemos acudido a dis tintas fuentes bibliog ráfic as para acercarnos y participar en los debates actuales acerca de los tem as tratados en la tesis: dinámicas de Globalización- Localización, África, Andalu cía, migraciones, procesos de integración, políticas migratorias, etc. He de decir que, por centrarse nuestra inve stigación en las po líticas del g obierno autónomo de Andalucía respecto a la inmigración y en la re percusión de estas sobre el colectivo senegalés de Sevilla, no hemos querido profundizar –aunque sí deseo hacerlo en el futuro- en la situa ción de Senegal salvo p ara aquello que entend ía estrictam ente necesario. De todos modos, durante estos años m i familiarización con la b ibliografía sobre Senegal y, en general, sobre el mundo negro-africano ha sign ificado introducirme en un mundo desconocido e invisibilizado que espe ro se convierta, en adelante, en uno de mis ámbitos principales de estudio, em pezando a cubrir, con ello, el vacío de estudios africanistas en las universidades andaluzas. Vaya aquí m i reconocimiento al profesor Mbuyi Kabunda por servirme de guía para m i introducción en el continente e 24 incentivar mi deseo de conocer la realidad plural del África negra. Y a Am inata Traoré, ex-ministra de Malí, cuyos planteam ientos cl aros y radicales nos han traído la fuerza y resistencia d e las mujere s del continente af ricano. Sin duda, para profundizar en conceptos y te orías me fue fundam ental la estancia durante tres meses en Québec (octubre 2004-enero 2005), donde m e incorporé al Grupo de Investigación Ethnicité et Société (GRES) de la Universid a d de Montreal, integrado en el Centre d’Études Ethni ques des Universités Montréal aises (CEETUM). Durante ese tiempo, estudié, sobre todo, políticas de inmigración e indicadores de integración, entrando en contacto con prof esores, doctorandos y otros profesionales de importante trayectoria en distin tos ám bitos relaciona dos con la gestión de la multiculturalidad: escuela, religión, redes sociales..., principa lmente del grupo GRES pero tam bién de otros. Fue allí donde descubrí a Victor Pich é (Dpto de Demografía), a Sylvie Fortín (Dpto. Antropología), a Marie Mc Andrew (Université de M ontreal), a Deirdre Meintel o a Marie Nathalie LeBlanc. Fueron fundame ntalmente las lecturas y los contactos personales con la Profesora Denise Helly , m iembro del Instit ut National de la Recherche Scientifique y del grupo de investigación Urbanisation, Culture et Société , los que me proporcionaron instrum entos de an álisis que he utiliza do a lo largo de la investigación. Por sup uesto, he de m ostrar mi agradecim iento a Deirdre Mein tel, directora del Grupo de investigación GRES, quien, sin conocerme con anterioridad, me posibilitó el estar allí y acep tó m i incorporación durante tres m eses a dicho grupo, proporcionándome un espacio de trabajo en el propio CEETUM y poniéndome en contacto con personas de interés para el es tudio que aquí presento. Ella, junto a otros miembros del grupo, especialm ente su co ordinadora, Marie Jeanne Blain, otros profesores de la Universidad de Montre al, como Pierre Beaucage, y personas de diferentes universidades y de otros ámbitos, hicieron de mi estancia allí una experiencia no solo fructífera en términos académ icos sino, también, enriquecedo ra en lo personal. Vaya aquí mi agradecimiento al profesor Pablo Palenzuela, m i embro del Grupo GEISA, quien me proporcionó estos últimos contactos que, de hecho, fueron m i familia en Quebec. Además de un enriquecimiento para nuestra bibliografía, la esta ncia en Montreal significó una toma de contacto, al principi o, y unas relaciones más cercanas, después, con otros senegaleses de la diáspora, pr incipalmente con Mam oudou Wane, presidente de la asociación “Regroupement General des Sénégalais du Canada”, con Mountaga, estudiante senegalés becado en la Universidad de Montr eal, y con Amadou, propietario 25 de la tienda Oubekou en el barrio de Outremon t. El contacto con ellos, y a través de ellos con al comunidad senegalesa de Qu ébec, me han perm iti do realizar algunas consideraciones y com paraciones puntuales que incorporam os a lo largo del estudio. Además de la bibliografía manejada en instituciones académ icas, he acudido también a fuentes estad ísticas (principalme nte, censos y padrones) y administrativas (permisos de residencia, de trabajo) cuyos datos e inform aciones hemos utilizado como complementarios al análisis cualitativo. De todos modos, la inm igración es un proceso tan dinámico que los núm eros sobre ella quedan pronto obsoletos y no explican demasiado por sí m ismos. Así, ha sido sobre todo mediante la puesta en práctica de las técnicas cualitativas del trabajo de campo antropológico com o he mos podido constatar, a ciencia cierta, cómo, además de los textos y discursos que los actores nos facilitan –m ediante entrevistas, historias de vida y grupos de discusión-, es la convivencia que permite la participación-observación lo que distingue nuest ra forma de trabajo y lo que nos da un mayor acceso a los contextos: “ la convivencia nutre de un conocimiento experiencial a quien participa: no solo le cuentan cuál es y cómo son las normas locales sobre cualquier asunto, sino que las siente en sí mi smo al tener que cumplirlas en situaciones reales, pudiendo percibir en vivo el sentido de las mismas al palpar en su piel el roce de la realidad a la que se aplican ” (Sanm artín, 2003:61). Empleando los m étodos y técnicas propios de la Antropología para analizar tanto los discursos, planteamientos y actuacione s d e la Adm inistración andaluza como la lógica cultural prop ia del colectivo senega lés en Sevilla, nos hem os acercado a los proyectos de sociedad y actuaciones de gestión sobre la m ulticulturalidad del gob ierno andaluz y a las estrategias de adaptación de dicho colectivo en su proceso de integración. Nuestro análisis princip al lo hemo s centrado en los Plan es de actuac ión en materia m igratoria del gobierno andaluz: Plan de Servicios Socia les de Andalucía 1993- 1996 y, sobre todo, el Primer Plan Integral para la Inmigación en Andalucía 2001- 2004 y sus Documentos Técnicos de Evaluación . Hemos analizado los discu rsos vertidos y las actuaciones reali zadas para detectar cómo se está gestionando, de hecho, la multicultu ralidad en Andalucía; es decir, qué modelo rig e las actuacione s políticas de la Junta de Andalucía: universalista , particularista o m ulticulturalista. Para ello, hemos hemos aplicado al análisis de d ichos Planes recursos teóricos y m etodologías, para, a partir de ellos contar con indicadores adecu ados sobre las varias formas de inse rción 26 posibles de los inm igrantes en nuestra so ciedad. Cada modelo de inserción está fundamentado en unos determinados principi os y valores que analizarem os en tanto formen parte, o no, de los discursos y prácticas de la Junta de Andalucía: igualdad/desigualdad, reconocimiento, discri m inación, seguridad, estabilidad, cohesión social y otros. Los primeros program as dirigidos a inmigrantes en Andalucía com enzaron en 1993 desde la Dirección General de Políticas Mi gratorias de la Consejería de Asuntos Sociales. Por ello, hemos tratado en prim er lugar la labor desempeñada por dicha Consejería, a través de su Plan de Servicios Socia les de Andalucía 1993-1996 , en cuanto a la atención prestada a la totalida d de los m ovimientos migratorios -em igrantes retornados, tem poreros andaluces y familias, pre vención de las migraciones, em igrantes residentes en el exterio r e inmigrantes-. El tratamiento inicia l al conjunto de los movimientos migratorio s, referidos tanto a emigrantes and aluces com o a inmigrantes en Andalucía, se justifica en que se trataba de las prim er as actuaciones dirigidas a la inmigración desde la A dministración aut onóm ica y era importante observar su peso y tratamiento en contraste con la atención pr estada a los emigrantes andaluces, población con mayor peso por entonces. Posteriorm ente , aunque los planes de Servicios Sociales siguieron englobando todos estos sectores, solo hemos analizado las medidas contempladas para la inm igración, pues nos encontrábamos ya dentro del periodo de vigencia del Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía , y “ este servicio (Servicio de Movimientos Migra torios) tiene una participación activ a en el desarrollo del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 ” (Mem oria de la Dirección General de Bienesta r Social, 2003:116). Es decir, sus actuaciones entraban ya dentro de aquel Plan. Nuestro documento principal de an álisis, por tanto, ha sido el Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 en la medida en que significó el primer docum ento de coordinación de todas la s políticas con respec to a la inm igración en Andalucía. Por este motivo, analizando este Plan se analizan, en buena parte, las distintas actuaciones de las consejerías resp ecto a la inmigración, pues los organismos responsables de las medidas para la consecu ción de los objetivos que m arca cada una de las áreas del Plan pertenecen a las distinta s consejerías de la J unta de Andalucía: Del Área Socio-educativa, la Consejer ía d e Educación y Ciencia es la responsable de llevar a cabo las medidas para cada uno de sus objetivos. Del Á rea Socio-laboral son responsables la Consej ería de Empleo y De sarrollo Tecnológico, 27 fundamentalmente, pero tam bién las consej erías de Asuntos Soci ales, de Turismo y Deporte y de Agricultura y Pesca. Del Área Soci o-sanitaria, la Conseje ría de Salud, la Consejería de Asuntos Sociales y el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de la Presidencia. Del Área de Recursos Social es, el principal órgano responsable es la Consejería de Asuntos Sociales, a lo que se suma la labor del Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer (a mbos de la Consejería d e la Preside ncia), la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnol ógico, la Consejería de Gobernación y la de Justicia y Administración Pública. Del Área de Vivienda, la Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Consejería de Asuntos Sociales son las responsables. Del Área Socio-cultural, la Consejería de Cultura, la de Presidencia (Instituto Andaluz de la Juventud y de la Mujer) y la Consejería de Turismo y De porte. Del Área de Atención Jurídica, la Consejería de Justicia y Administración P ública y la Consejería de Gobernación (D.G. de Coordinación de Polític as Migratorias) y la de Asuntos Sociales. Del Área de Formación e Investigación, la C onsejería de Gobernación, la de Asuntos Sociales, la de Empleo y Desarrollo Tec nológico, la Consejería de Salud, de la Presidencia (Instituto Andaluz de la Mujer, de la Juventud) y la Consejería de Justicia y Administración Pública. Del Área de Se nsibilización S ocial, las consejerías de Gobernación, de Educación, de Cultura, de As untos Sociales, de Salud y de Relacio nes Institucionales. Y del Área de Cooperación al Desarrollo son responsables la Consejería de la Presidencia y otras consejerías y em presas públicas de la Junta. Es decir, prácticamente todas las consejerías de la Administración andaluza intervienen en el proceso de integración de los inmigran tes en Andalucía m ediante el Plan. Así, las actuaciones que cada consejería de sarro lla en su propio ámbito vienen a estar incluidas en las m edidas del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía . Por ejemplo, el Plan para la Atención Educativa del A lumnado Inmigrante en la Comunidad Autónoma Andaluza (2001), de la D. G. de Orientación Educativa y Solidaridad de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta es prácticamente idéntico, en cuanto a objetivos y medidas pa ra llevarlos a cabo, al área socio-educativa del IPIIA. Durante el periodo de investigación he mos mantenido relación con diferentes personas de la Administración andaluza en los organismos para la atención del fenómeno m igratorio. Por un lado, nos hemo s reunido varias veces con personas de relevancia en la Consejería de Gobernación, fundamentalmente de la Dirección General de Coordinación de Políticas Mi gratorias, y en la Consejería de Asuntos S ociales, ahora 28 Consejería para la Igua ldad y Bienestar Social. Dichos encuentros nos han perm itido hacer preguntas concretas a personas clav e en diferentes momentos, además de servirnos de guía tanto en nuestra incursión en ámbitos burocráticos com o en la búsqueda de documentos concretos sobre lo s que realizar nuestro análisis. Debo especial agradecimiento a Manuel Borrero, Jefe del Servicio de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Consejería de Gobernación, tanto por haber perm itido entrevistas sin lím ite de tiem po como por haberm e puesto en contacto con otras personas de interés para nuestra inves tigación, caso de Macarena Montes Romero- Camacho, del Servicio de Movimientos Migrator ios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Como parte del análisis de los discurso s oficiales, hem os asistido a diferentes seminarios y reuniones en los que han partic ipado personas responsables de las políticas de inmigración de la Junta de Andalucía. Especialm ente, en los últimos dos años, he asistido a varias intervenciones de Teresa Bravo Dueñas, actual Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias, lo que me ha perm itido conocer directamente el discurso oficial no escrito del Gobierno a ndaluz. Durante estos años he asistido a diversos Seminarios y Jornadas tanto or ganizadas por la Admi nistración com o por asociaciones de inmigrantes y pro-inmigr antes. Así, en 200 5 asistim os al “Seminario Inmigración: aspectos sociales y económicos ”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Sevilla, también a la “exposición gastronómica musical de culturas africanas” , organizada por la Plataforma de Inmigrantes, pudiendo comprobar cóm o el discurso oficial es el mism o en diferentes foros; y en el “IV Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía” , celebrada en el Palacio de Congresos de Córdoba el mes de octubre de 2005. En el ámbito provincial, he m antenido frecuentes encuentros, tanto formalizados como informales, con Álvaro Izquierdo, Coordinador Provincial de Políticas Migratorias de Sevilla. He tenido con él en trevistas tanto como investigado ra de la Universidad de Sevilla com o en mi calidad de asesora de la asoc iación de senegaleses 11 . 11 En una de l as reu niones de pre paración del “Dí a del Inm igrante 2005” , Álva ro Iz quier do pro pone q ue en las cuñas radiofónicas para an unciar el evento no se nom bre ni ngún país de procede ncia de l os inmigran tes, pues “esto no t iene import a ncia, y a son t odos de aquí” . Con este e jemplo il ustram os el acceso a información y opiniones a tra vés de encuentros más allá de entrevistas formalizadas y que nos aportan, si n duda , una visión de los pla nteami entos sobre l a mult iculturalida d de pers onas de la Admini stración. E n estas reuni ones de p reparación est aban pres entes, t ambién, repr esentantes de las siguientes asociacion es y sindicatos: Anima Vitae, MPDL, Sevilla Acoge, Solidaridad Internacional, Atim e, Fed de m ujeres prog resistas de Andalucía, San Jeró nimo Puent e, CO AG, ACC EM, Asoc de Mujeres En tre Mund os, EMA RTV, Codenaf, USO, UGT. 29 Igualmente, he acced ido a opiniones de divers as personas con cargo de responsabilid ad en encuentros tanto planificados como má s distendidos en los que la espontaneidad cuenta con mayor m argen. Aunque solo hayamos hecho una referencia hasta ahora en este sentido, lo cierto es que mi relación con diversas esferas de la Adm inistración ha venido, principalmente, a través de la asistencia com o miembro de la asociación “Inm igrantes por la Igualdad” a distintos encuentros y reuniones. Dura nte casi dos años – 2004/2005- estuvimos presentes en las reuniones convocadas por el Se rvicio de Acción e Inse rción Social de la Delegación Provincial de la Consejería de I gualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Dichas reuniones de la Admini stración con representantes de diferentes asociaciones 12 tenían por objeto el seguim iento de los programas vinculados con subvenciones concedidas desde esta delegaci ón a aquellas entidades. Se trataba de poner en práctica un sistema de evaluación y coordinación de program as con el que “pretendemos proporcionar espacios de diálog o entre la administración pública y las organizaciones comunitarias, para lo que c onvocamos a 1 ó 2 representantes de su entidad a la reunión de coordinación de progr amas para la integración social de los inmigrantes” 13 . La presencia en cada una de estas reunione s nos perm itió, por un lado, acceder a discursos más allá de “lo oficial” y co mprobar, sobre el terreno, las opiniones de personas más en prim era línea de resp onsabilidad directa en el trabajo con inmigrantes 14 que los responsables políticos, y, por ot ro, comprobar, en la práctica, el desarrollo d e las relaciones entre representant es de entidades social es y personal de la Administración. Las reuniones se desarrollaban todas casi de la m isma m anera: se leía el orden del día, había una e xposición por parte de las entidad es participantes del estado de ejecución de los programas financiados en materia de interv ención social con inmigrantes, a con tinuación una persona invitada de un a determ inada consejería intervenía sobre un tema propuesto en relación a la inmigración, después cada 12 Durante el año 20 04 las asociaciones subven cionadas para este p rograma en Sevilla –y, por tanto , las convocadas para las reunion es- fueron “Sevilla Ac oge”, “Esp eranza de Nues tra Tierra”, “Cáritas Diocesana de Sevilla”, “Mujeres Prog resistas”, “Inm igrantes por la Igua ldad”, “Movimiento por la Paz, el Desarme y la libertad ”,” APROS Profesion ales para la Solid aridad ”. En el año 2005 no se continuó la subvención a APROS y a las dem ás anteriores se unieron “El Cuervo Ac oge”, “Code naf” y “Amal Andaluza”. 13 Extraído de la carta de convocat oria e nviada desde este servicio a la asoci ación “Inmigrantes por la Igualdad” cit ando a una re unión el 9 de fe brero, a la s 17 horas, en la D elegación Pr ovincial de Asu ntos Sociales. 14 Entre estas pers onas estaban: Joaquín González, Téc nico de la Delegaci ón de Em pleo; Ca rmen Macarro, Jefa del Se rvicio de Planes y Program as Educativos; del Servicio de Asistencia Jurídica; Pi lar Sanjuán Lozano o Pilar Peneque Sosa, Delegación Pro vincial de Salud; una repr esentante del Instituto Andaluz de la Mujer; y Álvaro Izquierdo, Coord inador Provincial de Po líticas Migratorias. 30 asociación explicaba cómo desa rrollaba su trabajo en ese ám bito concreto y, finalmente, se entablaba un debate en el que quedaba si empre patente el m ayor conocimiento de la realidad concreta de los inmigrantes por pa rte del personal de la s asociaciones que por parte del personal de la Admi nistración. El hecho de que cad a reunión tratase un ám bito diferente nos posibilitó acceder a discursos y prácticas concretas sobre cada una de las áreas de intervención del IPIIA 15 y, por tanto, de distintas consejerías. Todos estos contextos de relación ha n complementado nuestro análisis de contenido de los planes de actuación de la Administració n andaluza, principalmente respecto a la gestión de la inmigración. Tam bién hemos analizado otros documentos políticos, com o el de la Segunda Modernizaci ón de Andalucía (Consejería de la Presidencia, 2003), con objeto de enmarcar los planes para la inm igración en otros más generales que orientan, como el citado, la política global del gobierno andaluz. En cuanto a nuestro trabajo en el colectivo senegalés d e Sevilla, muchas han sido las personas que han colabor ado en el desarrollo de la investigación a lo largo de estos años. En primer lugar, las varias decen as d e senegaleses y senegalesas con los que he mantenido relación, en algunos casos esporád ica pero en otros muchos constante, en diversos contextos. En la re dacción de esta Tesis Docto r al hemos optado por sustituir los nombres reales de las personas cuyos di scursos hem os trascrito y cuyas vivencias hemos recogido por otros nombres tam bién comunes entre los senegaleses, con el objetivo de preservar la identidad de nuestros inform antes y respetar la intim idad de los y las protagonistas. Varias familias nos han abier to la intim idad de sus casas y tanto hombres com o mujeres nos otorgaron su confianza y su amistad, y nos hablaron de sus alegrías, problemas y proyectos. Tenem os aquí que r econocer, m uy especialm ente, nuestra deuda con Ousseynou, N’demba y Kine (estos nomb res sí son reales) por facilitar y estimularnos el estar allí , el par ticipar de l contexto se negalés sevillano y propiciar, de este modo, nuestra “integración” en él. Nuestra experiencia en el estudio d e las redes sociales in tragrupales m e llevó al convencimiento de la necesid ad de prestar una atención específica a las formas de asociacionismo como contextos por donde fluye y desde donde se ejerce la solidaridad 15 Además de es tas reuniones , desde el Servicio de Acci ón e Inser ción Social se hicieron en trevistas a los responsabl es de pro gram as de las difere ntes asoci aciones e n sus sede s corres pondient es. Estas reuniones duraron u n año y después la Conse jería de cidió presci ndir de ellas, co n lo que no estu vieron de ac uerd o los trabaj adores del Servicio de Acción e Inserción Social. 31 grupal, y por ello hemos dedicado buena part e de la inves tigación a ello. He asistido y participado en encuentros y fiestas periódi cas comunitarias del colectivo, desde su preparación hasta su culminación, lo que m e ha permitido m antener una relación constante a través del tiempo. Durante cinco años, he asistido a reunione s semanales de la asociación “oficial” con la que cuentan los senegaleses en Sevilla, “Inm igrantes por la Igualdad”, con la que iniciamos nuestros con tactos al principio de la investigación para la Suficiencia Investigadora. Esto me ha permitido acceder a inform aciones sobr e formas de organización, sobre quiénes as isten y adónde asisten según qué ocasiones, sobre qué se hace y habla, y sobre cómo se hace y habl a; todo lo cual me ha posibilitado acceder a contextos de relaciones intra-grupales e in ter-grupales. A las primeras porque el integrarnos en la asocia ción me ha posibilit ado entrar en relación con otras formas de asociacionismo senegalesas en la ciudad -a través de “Inm ig rantes por la Igualdad” he accedido a la dahíra y he podido hacer un segui miento de “Agasis”- así com o estrechar relaciones con personas concre tas del colec tivo, lo que a su vez me ha posibilitado formar parte de contextos íntimos de dife rentes grupos cotidianos senegaleses, de diversos “lazos o redes de comunidad”. Y también a relacion es inter-grupales po rque, adem ás de los contextos exclusivos senegaleses, el estar en ello s como “una m ás”, especialmente en la asociación, ha supuesto poder acompañar a sus m iembros a decenas de actos y /o gestiones con personas, colectivos y organi smos diferentes en distintos momentos. Indudablemente, toda la investigación ha estado m arcada por la condición de ser mujer, andaluza, blanca, joven y antropólog a, lo que ha significado facilidades y dificultades a un tiempo, según qué ocasiones. Dificultad por tener que justificar, en distintos momentos y a distintas gentes, qué hacía allí, qué hace una chica como yo en un sitio como este . Ello implicaba aclarar, prim ero, que yo no pertenezco a “Sevilla Acoge”, porque la relación que existe entre el colectivo senegalés y esta asociación – que explicaremos en nuestro tr abajo- hace que en las cabezas de m uchos senegaleses y senegalesas esté presente la idea de que todo blanco o blanca que trabaje en la Asociación o que esté en relación frecuente con senegaleses pertenezca, co mo trabajadora o como voluntaria, a dicha as ociación pro-inm igrantes. Y, segundo, tenía también que aclarar que yo no era novia de al gún senegalés, que suele ser la segunda posibilidad pensada. 32 Cualquier país fuera del sistema m uere. Ante este riesgo, muchos se apuntan por propia voluntad al barco. Igual sucede, en el nivel del comercio in ternacio nal, con las pautas marcadas por la OMC: para tener acceso a mercados exteri ores es necesario aceptar las reg las del juego que desm antelan la protección de las industrias “no com petitivas” del país en cuestión. Y así, “cuantos más pa íses se sum en al club, más di fícil es para aquellos que quedan fuera del régimen económico liberal se guir su propio camino (…). Esta lógica de autoexpansión, inducida e impuesta por lo s gobiernos e instituciones financieras y comerciales internacionales, ac abó vinculando a los segmentos dinám icos de la mayoría de los países del mundo en una econom í a global abierta” (Castells, 2000:179). Como afirma Touraine (1997), las políti cas de los gobiernos deben optar por la defensa de las identidades nac ionales amenazadas o p or moviliza r sus recursos materiales y culturales pa ra introducirlo en la co mpetencia internacional. Una cuestión que se plantea Castells (2000) en su análisis y que también nosotros consideramos fundamental es la si guiente: ¿ por qué en tran los gobiernos en este juego? A lo que apunta cuatro respuestas posibles: por los intereses estra tégicos del Estado-nación en cuestión, por el contexto ideológico, por los intereses políticos del liderazgo y por los intereses persona les de quienes ocupan los cargos. En el caso de los países europeos, a través del Tratado de Maastricht, los miembros de la Unión se com prometen a la convergencia económica. Es la respuesta que se da como solución para que cada gobierno compita en un m undo dominado por la tecnología estadounidense, la manufacturación asiática y los flujos financieros globales que barrieron la estabilidad monetaria eur opea en 1992. Se entiende que entrar en la competencia global desde la fortaleza de la Unión Europea es la forma de salvar la autonomía europea y de prosperar en el m undo actual, sea a costa de lo que sea, como veremos m ás adelante con la orientac ión de las políticas migratorias. En el caso de los gobiernos de los países “en vías de desarrollo”, el nuevo modelo significaba la posibilidad de un nuevo inicio con el incentivo del apoyo de las grandes fuerzas mundiales. Muchos de estos países, adem ás, no tuvieron que plantearse qué hacer, sino que el pago por reparar sus economías era que el FMI y el BM decidieran por ellos. Y esta dinámica continúa en la actualidad. Podem os poner el ejemplo de Ghana, cuyo Parlam ento aprobó un sistema de aranceles para proteger a sus agricultores y el FMI obligó al Gobierno a rebajarlos como condición previa a recibir nuevos préstamos. 39 En cuanto al contexto id eológico, había com o un luga r intelectual común, lo que ha sido denominado “pensamiento único”, con su afirm ación de que los mercados libres harían milagros. El inte rés político del liderazgo es el interés por ser elegido para el gobierno y mantenerse en él. Quienes llevaron a cabo es te proceso de globaliza ción procedían, en su mayoría, del m undo de la izquierda , rompiendo con su opción de control gubernamental de la econom ía. Se consider aba el cam ino más rápido para sacar a las economías de su estancam iento relativo. En cuanto a los intereses personales de los gobernantes, no es el factor determinante de la opción por la globalización, pero es necesario tenerlo en cuenta: hay quienes obtienen grandes riquezas por r ecompensas financieras, quienes reciben nombram ientos una vez que dejan sus cargos a través de las redes personales que han ido estableciendo, quienes re ciben com pensaciones por de cisiones que facilitaron ciertos negocios en su momento o quienes están insertos en un sistem a corrupto de sobornos, uso de información privilegiada, etc. Esto sucede en m uchos “países en desarrollo”, donde los gobernante s ponen los recursos del país al servicio de intereses ajenos a la población y en su propio beneficio. “Sin embargo, el hecho de que la econo m ía global fuera inducida políticamente desde el principio no significa que pueda des hacerse políticam ente en sus aspectos principales (…). Una vez que se constituye una red de este tipo, cualquier nodo que se desconecte simplemente es ignorado, y los recursos (capital, información, tecnología, bienes, servicios, trabajo cualif icado) siguen fluyendo en el resto de la red” (Castells, 2000:184-185). Y esto, entendemos, es un aspe cto fundamental a tener en cuenta. Todo sucede muy rápido y tiene repercusio nes en todo el globo. La difusión de las tecnologías basadas en la electrónica (l a microelectrónica, los ordenadores y las telecomunicaciones), co n la importancia determ inante de Internet y el su rgimiento de la energía genética, se extiende rápidam ente; en menos de dos décadas ha alcanzado una dimensión mundial, situando el poder y la riqueza en lo s sectores y regiones con dominio tecnológico. La generación de c onocim iento y la capac idad tecnológica son instrumento s clave de la competencia entr e em presas, organizaciones de todo tipo y, en última insta ncia, entre países. ¿Cuál es el contexto generado por es ta interdependencia aumentada por las nuevas tecnologías? Es decir, ¿cuál es el resultado de la globalización? “La tecnología no es buena ni mala, ni tam poco neutral” (Kranzberg, 1985:50). 40 Surge una economía m arcada por el uso de estas nuevas tecnologías. Como señalamos un poco m ás arriba, en los años sete nta com i enza otra etapa de la historia del capitalismo: la Nueva Economía , una economía global capaz de funcionar de forma unitaria en tiempo real, a escala p lanetaria, sobre la base de la nueva infraestructura dada por las tecnologías de la informaci ón y la comunicación, y con la ayuda de las políticas de desregulación y liberalización ap licadas por los gobiernos y las instituciones internacionales. Es una economía basada en la rentabilid ad de las em presas y el aumento del valor de sus acciones, y no en la produc tividad, lo que constituye un cambio determinante con respecto a las etapas anterio res del capitalismo. Se aum entan los beneficios reduciendo los costes de producci ón (principalmente actuando sobre la m ano de obra, lo cual acentúa la segmentaci ón del mercado de trabajo), aum entando la productividad, acelerando la ro tación del capital y, sobre todo, ampliando los m ercados. Y todo ello con estrategias globales, es decir, las empresas, por poner un ejem plo, desplazan sus operaciones a países del Su r donde los costos laborales son mucho menores puesto que la pobreza es desesperan te, generando paro y desestructuración social en los lugares que abandonan, y provo cando condiciones de trabajo muchas veces infrahumanas en los lugares donde se instalan. En cuanto a la apertura de nuevos merca dos para el aumento de beneficios, el capital necesita moverse y las em presas en todo el m undo comunica rse; para ello se desregulan los mercados y se emplean la s nuevas tecnologías de la inform ación. “La integración global de los m ercados financieros desde com ienzos de la década de 1980, posibilitada por las nuevas tecnologías de la información, tuvo un im pacto espectacular en la disociación de los flujos de capital de las econo mías nacionales” (Castells, 2000:131). Cada vez tiene menos sentido calc ular la produ ctividad de las “econom ías nacionales” o las industrias definidas dent ro de los límites nacionales. “Aunque la mayor parte del PIB y el em pleo de la mayor ía de los países continúa dependiendo de actividades cuyo objetivo es la economía intern a y no el mercado global, es en realidad la competencia en estos m ercados globales, tanto en industria como en finanzas, telecomunicaciones u ocio, la que d etermina la parte de la riqueza que s e apropian las empresas y, en últim a instancia, la gente de cada país” (Cas tells, 2000:132). Un ejemplo lo tenemos en la situación que vive Ecuador, donde las compañías trasnacionales expolian el petróleo de este país y s e llevan libres de impuestos el 80 % de su valor total; otro 15% se invierte en el pago de la Deuda Externa al Banco Mundial y únicamente el 41 5% queda para cubrir las necesidad es del país, que no son pocas (Moreno, 2005). De esta manera, com o afirma Touraine (1997), la vida económica de la gente está cada vez más alejada de los dem ás ámbitos de su vida so cial. Y a la v ez, com o decimos, esta vida económica determ ina sus condiciones y maneras de vivir. Este contexto económico, estas redes globales, incluyen a los mercados financieros (el capital está c onectado a nivel m undial, desde los bancos a los fondos de pensiones, los mercados bursátiles y el cam bio de divisas), al comercio internacional, a la producción trasnacional y, en cierta medida, a la ciencia y la tecnología y al trabajo especializado. Pero es la globa lización de los mercados financ ieros la espina dorsal de la nueva economía (Castells, 2000). En cuanto al valor de las acciones d e las empres as, este viene determ inado por dos factores clave: la confianza y las exp ectativas. Si no hay confianza en el entorno institucional en el que opera la creación de valor, no hay rendimiento en beneficios, tecnología o valor de uso que se traduzca en valor financiero. Y esto porque “el cap ital, para reproducirse, necesita utilizar condiciones extraeconómicas, requiere am bientes que permitan su revalorización (l o político, lo legal, lo edu cativo, el m edio físico, la ciencia y la tecnología, la salud, lo id eológico), y va penetrando e imponiendo sus formas, sus modos de organización, y su lógi ca en todos estos ám bitos. El resultado para el sistema sociocultural es una orie ntación cada vez m ayor del tiempo y de las experiencias de vida cotidiana desde la brújula del mercado” (Delgado, 2002:47). En cuanto a las expectativas, se trata, en parte, de un proceso subjetivo construido por una vaga visión de futuro, cierta información privilegiada, soplos económ icos y una creación cuidadosa de imagen. Todo ello en un contexto determ inado por acontecimientos geopolíticos o económ icos y declaraciones de personalidades del mundo económico. Es decir, los cálculos ec onóm icos no se realizan de acuerdo con la rentabilidad, sino con el crecim ie nto esperado del valor financiero. Como vemos, la econom ía se ha desvin culado de lo no estrictamente económ ico pero, a su vez, son sus normas y valores los que pretenden im ponerse en todos los demás ámbitos de la vida de las personas. Todo se m ercantiliza (Moreno, 2002). Y esta es la característica definitoria de la nueva etapa de la mundialización que hoy denominamos globalización. Por un lado, la econom ía ya no es tá puesta al servicio de las sociedades, ya no busca el logro del bienes tar de sus miembros, lo económ ico se ha convertido en un fin en sí mismo y se ha de svinculado de todos los ám bitos de la vida individual y colectiva de la mayor parte de los habitantes del planeta. Por otro lado, 42 estamos invadidos por la lógica del m ercado que, desde el ámbito económ ico se impone en todos los campos de la vida, en cualquier tipo de relaciones y comportamientos. Es el pensamiento único o pensamiento cero (Enmanuelle Todd, 1999), que entiende que este nuevo mundo debería co nstituir una única sociedad con un único sis tema económ ico, un único sistema político y una sola cultura. Esta mercantilización de todas las esferas de la vida se deja notar en el lenguaje, donde lo s trabajadores son “recursos humanos”, la capacidad de cohesión y organización de un gr upo se denomina “capital social” y los sentimientos am orosos se vehiculan a trav és de expresiones co mo “invertir en una relación” (Beaucage, 2005; Moreno, 2005). Estamos ante un nuevo intento de globa lización, de im posición de un único modelo a escala global que, com o en otros in tentos anteriores, viene determinado por una lógica sacralizada que pe netra en todas las dimensione s de la vida, se trata de modelos que tratan de imponer la legitim idad de su propia cosm ovisión: “vivimos, desde hace unos veinte años, el intento de globalización m ás poderoso e inhumano de cuantos hasta ahora se han produci do: la globalización del Mercado” (Moreno, 2002:17). Moreno ve este como el más ex itoso de los intentos con aspiración globalizadora. El primer intento tuvo a la religión –concretamente al cristianism o y al islamism o- como Absoluto social, con la ve rdad revelada y su im posición al mundo. El segundo, surgido del ámbito de la política, pr etendió imponer, y lo consiguió, el modelo de Estado-nación a todo el mundo a partir de la sacralización de la razón, un sistema de Estados-nación que sustituyó a todas las fo rmas de gobierno preliberales o no democráticas por sistemas basados en la dem ocracia liberal, y donde cada uno de estos estados emprendió unas políti cas de “construcción nacional” dirigidas a la difusión de una identidad, una cultura y una lengua naci onal comunes. El tercer intento salió del ámbito ideológico, con un tronco com ún de l que nacieron dos ramas: la que vino representada por el socialismo, que se basó en la sacralizació n de la Historia entendida como teleología y que tuvo a la identidad de clase com o la única posible; y otra, la del capitalismo liberal, bas ada en la lógica de la Razón y en la evolución científica como motor de un desarrollo imparable. Y, por úl timo, el actual intento de globalización: la globalización del Merca do, que desarrolla esta racionalidad capitalis ta, con la conversión de cualquier bie n, material o no, en mercancí a para obtener el m áximo beneficio al menor coste posib le (solo con cos tes “colatera les” inevitables) y en el menor tiem po posible. Por tanto, se trata de una nueva fase del capitalismo, y no de una era nueva como anuncian distin tos autores. “El sistem a económico-social que rige desde 43 sus comienzos el proceso de m undialización y explica su desarrollo es el capitalismo, siendo su ideología fundam ental, cristalizad a a finales del s iglo XVIII, el liberalism o, con su discurso sobre la Modernidad” (Moreno, 2002:27). También para Beaucage (2005), la globalización es la forma que tom an en la actualidad representaciones dominantes desde el sigl o XVIII, y que se llam aron sucesivamente “progreso”, “civilización” y, durante la segunda mitad de l siglo XX, “desarrollo”. Este m odelo actual de sociedad cap italista se apoya en lo que Mo reno (2005) califica com o su “trinidad sagrada”: el libre mercado, la de m ocracia electoral y los derechos humanos leídos desde el individualismo metodológico. A este respecto , desde m ediados del siglo XX, también la an tropología se adh irió a las teorías d e la modern ización con su visión del desarrollo económico y social. Rodolfo Stavenhagen (2005) m uestra cómo, según estas teorías, y bajo la influencia de la antropología cultural norteamericana, en México las aldeas indígenas “despertarían de su leta rgo tradicional bajo el im pacto progresista, la economía de m ercado y el individualismo”. La cuestión era cómo integrar a las poblaciones indígenas en la so ciedad y cultura nacional, transformando a sus m iembros en ciudadanos mexicanos. “El proceso de acultu ración dirigida de m anera pate rnalista desde el Estado, conduciría a la desaparición de las cultu ras prim itivas y no aptas para la modernidad (…) si bien la meta era asimilar e integrar a las poblacion es indígenas, en la práctica significaba la desa parición de las culturas indias” (Stavenhagen, 2005:22). Desde las políticas indigenistas, apoyadas en teorías antropológicas, se desarrollaron dos corrientes que coincidían en la no viabilidad de culturas indíg enas en sociedades modernas: la funcionalista, que entendía la integración de los indígenas como ciudadanos iguales, lo que equivalía a una homogeneización cultu ral que terminara progresivamente con los ras gos culturales específicos de sus grupos; y la corriente marxista, que abogaba por la integración de los indígenas como campesinos pobres para la lucha revolucionaria, ente ndiendo que la iden tidad se conformaba únicam ente en relación a la clase social de los individuos, sin tomar en cuenta cóm o las identidades étnica y de género determinan, a su vez, aquella; y viceversa. Ninguna de estas dos corrientes fue aceptada por los pueblos ind ígenas. Sin embargo, y siguiendo los planteam ientos de este autor, la lucha y m ovilizaciones de es tos pueblos han conseguido importantes logros: m arcos jurídicos, reform as constitucionales y leyes sectoriales que tratan sobre las condiciones de vida de estas comunida des indígenas. Stavenhagen (2005) nos habla de la necesidad de supe rar este tipo de planteam ientos que monopolizaron, y aún lo siguen haciendo, ciertos sectores de la izquierda heredera de 44 este pensamiento caracterizado por una tota l ignorancia de los pueblos indígenas y de las minorías étnic as y naciona les. Otro ejem plo de la influen cia de la teoría m arxista lo tenemos en las luchas por las independencia s africanas, donde toda referencia a la cuestión étnica era interpretada com o un debilitamiento de los m ovimientos nacionalistas. Por su parte, Alain Touraine (1997) constr uye la historia de la Modernidad en etapas: una primera, “la Alta Modernidad” en la que la integración social se justific a en la ley y la educación, situando el principio de unidad de la sociedad en la razón; “la Media Modernidad”, a partir del siglo XIX, con la idea de progr eso y desarrollo como guía y meta; y “la Baja Modernidad”, en la que estam os desde el últim o cuarto del siglo XX, determinada por la quiebra d e las in stituciones de Bretón W oods y las crisis petrolíferas, y que tiene com o consecuenci a la ruptura de la unión industrialización- nación y que nos movamos en un contexto donde el mercado está globalizado y los nacionalismos optan por defender una identidad amenazada o por movilizar los recursos materiales y culturales de un país para introducirlo autoritariam ente en la comp etencia internaciona l. En la actualidad, vemos cóm o los cuatro pilares en los que se basaba la Modernidad (Moreno 1998; 2000; 2002), tronco común de las teorías del liberalismo y del socialismo y de sus respectivos proyect os de sociedad, han caído: la fe en el crecimiento económ ico indefinido construido sobre la base del av ance continuo de la ciencia y la tecnología ha sido derrumba do por la evid encia de los límites de los recursos naturales; el proces o de secularización de la soci edad, que se regiría por la lógica racional, ha sido desmentido por los fundam entalismos religiosos y, sobre todo, por la sacralización de valores no religiosos sino laicos, con sus mito s, ritos, santuario s y pontífices, siendo ho y el Absoluto social, el sacro, el Mercado; la uniform ización cultural cae ante la evidencia de las reafirmaciones identitaria s, tan to étnico-nacionales, como de género y otras; y la existencia de un único motor de la Historia (el individuo en el modelo liberal y la lucha de clases en el m odelo marxista), s e convierte en algo ilusorio ante la evidencia de que no hemos alcanzado una s ociedad m ás justa y, por el contrario, lo que tenemos es una sociedad dividida en integrados , precarios y excluidos . Por lo tanto, en todo lo que se basaba la Modernidad, p ilares sobre los que construir unos proyectos concretos de modelos de so ciedad, únicos y con pr etensión planetaria, hoy se han derrumbado. Y, com o afirma Tourai ne (1997), en la actualidad la jerarquía social opera en plano horizontal, no se trat a d e una estratificación vertical de clases 45 definidas por las relaciones sociales de producción, por relaci ones explotador- explotado. Debemos hablar, tanto en el pla no de las personas, como en el de los pueblos, países y regiones, de excluidos o in tegrados, “estamos en el centro o en la periferia, adentro o afuera, en la luz o en la sombra” (Touraine, 1997:14). La inevitabilidad del proceso es el centro del discurso por el que se nos “incentiva” a adaptarnos a lo que hay y, según se afir ma, seguirá habiendo. Y esto también a nivel ind ividual: quien fracasa e s porque no ha jugado bien sus cartas o le ha faltado el “espíritu emprendedor”. “Por una pa rte, hacen responsable a cada persona de sí misma pero, por otra, el individuo de pende de unas condiciones de producción y reproducción que escapan a su aprehens ión y en m uchas casos también a su conocimiento” (Gavira, 2002:28), lo que hace de sistir a la persona de su capacidad de protesta y de m ovilización para el cambio, pue s, se nos dice, la culpa no es de las instituciones sino de los sujetos. No habr ía, por tanto, soluciones sociales, sino soluciones individuales a problem as partic ulares. Sin embargo, las personas hacen su vida, no las condiciones de su elección (Gavira, 2002). La globalización no es total ni signifi ca lo mism o para todos los sectores y participantes en el juego. El Norte es el pr incipal responsable del deterioro ambiental, pues siendo el 20% de la población, emplea el 80% de lo s recursos del planeta, esquilmando su exterior para no ensu ciar la fortaleza. Mientras los m ercados financieros se globalizan, la fuerza de trabajo está loca lizada, no se permite la libre circulación de personas. Aunque la ciencia es global, la práctica se orie nta hacia temas definidos por los países avanzados y la mayor parte de la población queda excl uida, se ignoran sus problemas o no se tratan de m anera que esta mayoría pueda beneficiarse de los resultados. En este sentido, cada año m illones de africanos padecen y mueren de enfermedades que están bajo control y apenas m atan a gente en los países ricos, donde se evitan con vacunas o con medicam entos fácilmente asequibles. Como ejem plo, está el caso de Ddis Abeba, ciudad etíope donde se encuentra el único hospital en el mundo que se ocupa en exclusiva de la fístula obs tétrica, una de las lesiones más desconocidas que, sin embargo, afecta a dos millones de mu jeres, prin cipalmente del continente africano. La fístula se produce como consecu encia de un parto con com plicaciones: los tejidos sufren necrosis y dan lugar a un agujer o entre el cuello vaginal y la vejiga o el ano. Como consecuencia, la orina o las hece s, o am bos, se cuelan sin control por la vagina. A partir de ese momento, las mujeres que la sufren son excluidas de la sociedad, se les construye muchas veces una casa apar te del resto del grupo y allí vivirán solas 46 desde ese momento. En Occidente, afirm an lo s encargados del hospital, la m ayoría de las parturientas acude a un centro sanitario y, si se presentan problem as, se les practica una cesárea. Catherine Hamlin, la australiana responsable del hospital de Etiopía, pretende “… hacer mucho trabajo preventiv o, salir al campo e inform ar de que esta lesión se puede evitar. Y a la vez f acilitar que las mujeres de esas zonas puedan ir a estos centros a operarse la fís t ula o a dar a luz mediante cesá rea si lo precisan”. (Coello, 2005). Pero todavía estas mujeres sufren una triple discrim inación: por ser mujeres, negras y pobres. Estamos ante una doble diná m ica de un mismo proceso: la dinám i ca de la globalización y la de la se gmentación. El resultado es la exclusión y m arginación de cada vez más colectivos hum anos y regiones del planeta. El entramado de redes no es solo de co m unicación de capitales, tan alejados de nuestra vida social, sino que bienes m a teriales de consum o, ideas y pautas cultu rales circulan por él (cada vez más, vestim os las mismas ropas en todo el m undo, consumimos los mismos productos audiovisual es, etc.), generando lo que Ritzer (1996) ha denominado la macdonalización del mundo. Atrapados en esta red, tratamos de “protegernos” en una com unidad más cercan a, definida por una pertenencia común fácilmente identif icable. Junto a la g lobalizació n surge, de es ta forma, otra dinám ica: la reafirmación de las identidade s colectivas, fundam entadas en una pertenencia común, ya sea nacional, religiosa, de género…, dentro de la cual le damos sentido a la vida e intentamos reponernos del desgarramiento que sufrimos. Son “movimientos de resistencia locales, enarbolando la especifi cidad cultural frente a la globalización capitalista que los despoja de lo de antes si n darles los medios de alcanzar los nuevos modelos” (Beaucage, 2005:69; también, Castells, 1998 y 2001; Moreno, 1993b, 1996, 1999a, 1999b, 2000a, 2002, 2005a; Robertson, 1994, 2002) . Existe una percepción de pobreza asentada en el imaginario social, como afirm a Beaucage: puede que algunas comunidades com an mejor, pero ahora se si enten m ás pobres, pues no tienen acceso a elementos culturales qu e antes no contemplaban 17 . 17 Hablando de los indíge nas nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla: “hace 20 años, a la vez que la luz eléct rica, llegar on los prim eros televi sores que c ompra ron con el dine ro del ca fé. Al principi o, les parecieron ridículos los koy omej y los xinolas (es decir, nosot ros los o ccidentales) con sus pei nados y corbatas y tenedo res. Con el paso del t iempo, esto s bien es (y los coches, y las casas con terraza) les parecieron deseables, pero costaban un dinero que el café jamás daría; sobre t odo que entonces se pa gaba cada vez menos ( puesto que al firmar el Tratad o de Libre Com ercio con Canadá y Estados Unid os, en 1993, Méxi co había sacri ficado el conju nto de su agricul tura a cam bio de m aquilado ras). Y se derrum bó la cooperat iva regional de cam pesinos nahuas y toton acos , que ll egó a tener 8.000 m iem bros y a arrebatar el poder político regional a los caciques en los a ños 80. También canceló sus actividades el Taller de Tradición O ral, en el que trab ajamos ju ntos dura nte veinte año s recopilan do y publi cando mit os y relatos. Y salieron los jóve nes, con s us mochilas, c omo los de Oaxaca y Guerre ro, a trabaja r a México y luego, 47 En la reafirmación de las iden tidades culturales no se trata, la mayoría de las veces, de una consagración a una gran cau sa, a un g ran proyecto de socied ad con pretensión planetaria (socialista, co munista, islám ica…), sino que es la reivindicación del derecho a la vida individual y colec tiva en un deseo de participar en el desenvolvimiento del mundo, que es uno, pero en el que pueden existir diferentes sistemas económ icos, políticos y culturale s, es decir, “un m undo en el que quepan muchos mundos”. “El reconocimiento jurídico de los pueblos indíge nas así como de su identidad lingüística y cultural es reclamado no solamente en nom bre de los derechos humanos y de una nueva ética global, sino también como objetivo de lucha de los pueblos indígenas organizados para lograr espacios soci o-económicos y políticos que les han sido negados históricamente. Com o ocurre con tantos otros movimientos sociales de la sociedad civil, los movimien tos indígenas se enfrentan constantemente a la disyuntiva de inco rporarse a las estruc turas institucionales del estado (com o en Canadá), de asociarse o hacer alianzas con los partidos políticos y los sindicato s (como en Bolivia y en Ecuador), de organizarse para la resistenci a contra las diversas fuerzas desintegradoras que los acechan (com o en Colomb ia), o de constituir una base para la actividad antisistém ica contra la globalización neolib eral (com o los zapatistas en Chiapas). El em ergente liderazgo indígena busca la es trategia adecuada” (Stavenhagen , 2005:32-34). Los conflictos identitarios muchas veces son conflictos por las condiciones de participación en el reparto de riqueza y as unción de poder. “El actual conflicto entre las prácticas locales y los principios transnac ionales podría no ser el resultado de un profundo apego a alguna antigua “tradición” de la comunidad local, sino ser m ás bien la consecuencia de alguna reciente vulnerabilidad surgida tras la negación de sus derechos como minoría” (Kym licka, 2003:127). La mayoría de las comunidades étnico-culturales por lo que aboga es por participar en el sistema de m ercado globalizado desde una posición propia, representarse a sí mism as en defensa de sus propio s intereses. En muchas ocasiones no hay un cuestionamiento del m arco, sino un inte ntar estar en la posición más ventajosa que se pueda dentro de él. La mayoría de los g rupos aceptan las normas liberal-dem ocráticas, tanto si son inmi grantes com o si son minorías nacionales; la cuestión, por lo general, es el cómo inte rpretar los principios liberal-democráticos, no algunos, hasta Estados U nidos. Com o me lo decía uno: fue bonito Pierre, lo d e los cuentos y ap render a escribir en nauta. Pero mejor nos hub ieras enseñado inglés, así podríam os ir a trabajar d el otro lado” (Beaucage, 2 005:71 ). 48 requisitos, para lo que es necesario el so metimiento a determ inadas medidas macroeconóm icas: estabilización de precios, reducción del gasto público... Por este filtro solo han pasado 18 de los 38 países 20 y, adem ás, a lo máxim o que han llegado es a una cancelación que va de entre el 8% y el 40% de la Deuda. Si a Irak se le ha cancelado en 5 ó 6 meses el 92% de la Deuda Externa, es evidente lo que afirma Martínez Osés (2005): se trata de una cuestión de voluntad política. Por su parte, el Gobierno español ha puesto en marcha el can je de la Deuda de Ecuador, Argentina y Bolivia por educación, y ya, desde la coor dinadora estatal de ONGD, se alerta del peligro de que estos fondos signifiquen la comp ra de bienes y servicios o la contratación de empresas españolas para la constr ucción de es cuelas en aquellos países. En cuanto al comercio internacional , hoy se reconoce que aunque los países ricos destinen el 0’7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (y en las condiciones antes expuestas) y se cancelen todas las deuda s externas (también con la financiación de los servicios básicos con ese d inero liberad o), si no hay un cam bio en el sistema de comercio internacional a escala m undial, la pobreza de amplias region es del mundo no parará o, incluso, se multiplicará con el tiem po. La OMC tiene una g ran responsabilidad en esto. Es, como afirmó el economista Delgado Cabeza en una intervención en diciembre de 2005, el pilar fundamental del or den mundial establecid o y, por tanto, de ella depende en gran medida el cóm o vivi mos. Tiene reglas que no se ciñen a lo económico, sino que van m ucho más allá, lo qu e es enorm emente grave si tenem os en cuenta que se trata de un organismo internacional donde no existe una toma democrática de decisiones: su secretaría técnica llama a los países que le apetece y cuando le apetece, es decir, al G-8, y a países de economías poderosas con problem as fuertes de exclusión (Brasil, Rusia, etc.) 21 ; a los que no le apetece, lo s deja fuera. Los 50 países más pobres del planeta están todos incluidos en la OMC, ya que es condición para la recepción de préstamo s de las instancias financieras del FMI y del BM, pero nunca están presentes en las negociaciones. Sin em bargo, antes de existir la OMC, en 1981, tuvo lugar la Ronda de Negociaciones Comerciales de Uruguay, referida al ámbito comercial internacional y en la que se em pezaba a pedir que las grandes economías eliminaran o redujesen sus barreras arancelari as. Por contra, lo que los países del Norte 20 Los 18 paí ses son: B enin, B olivia, B urkina Faso , Etiopía, Ghana, Guay ana, Honduras, Mada gascar, Malí, M auritani a, Mozambi que, Nicarag ua, Níge r, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zam bia. 21 Siguien do el argum ento de Delga do Cabeza, paí ses c omo Brasi l o la India ha n sido puest os en las negociaciones “com o si” representaran a los dem ás pa í ses pobres. Si n em bargo, por ejem plo Brasil , lo que preten de es pe netrar c on sus pr oductos en otros mercado s; no im pedir las dinám icas que pr ovocan que sus m ercados internos se arruinen c on pro ductos de fuera. 55 han hecho es ampliar esas barreras y exigir a los países “en desarrollo”, a través de las instituciones financieras internacionales ( donde tienen la mayoría de los votos), que destruyan sus barreras arancelarias, que abar aten los costes laborales, que no protejan sus economías, etc. Naciones Unidas, con la Declaración del Milenio , continúa demandando la elim inación de barreras aran celarias a Estados Unidos y a la Unión Europea, sobre todo para los productos agríco las y textiles, los de más repercusión en los países del Sur. Muchos de los produc tos de aquellos países, en las mism as condiciones en el sistema económ ico que el No rte, serían competitivos en los m ercados, pero no lo son porque no pueden acceder a ellos o, si lo hacen, deben pagar altos prec ios que encarecen sus productos 22 . En este contexto, la orientación de la economía de los estados al exterior no garantiza su desarrollo. Todo depende del valor de lo que se pueda exportar y de las regulaciones a las que es tén sometidos los productos que se exporten según su lugar de procedenci a. El África subsahariana, aunque tiene una ratio de exportaciones/PIB superior a la de las economías desarro lladas, se m antiene en la pobreza, pues sus exportaciones son fundam entalmente de m aterias primas de valor bajo 23 , y están som etidas a unas reglas enormement e restrictivas para su entrada en los mercados exteriores, beneficiándose de esta economía solam ente pequeñas élites a las que después se les señala como únicas responsables d el mecanismo estructural internacional de exclusión. Otra exigencia de la Declaración del Milenio es la eliminación de subsid ios a la exportación como única manera de acabar con el dum ping, práctica por la que se colocan en mercados externos produ ctos a precios por debajo del coste de producción. “Es decir, en la UE, con nuest ros impuestos se paga a em pr esas holandesas, españo las, europeas en definitiva, para que sobreproduzcan y para que su producción se oriente a la exportación de los excedentes de esa sobrepr oducción; es decir, se subvenciona a esas empresas de tal form a que, al final, el co sto neto de los productos colocados en el mercado de un país del Sur hace que se derrumbe la eco nomía local de ese sector” (Martínez Osés, 2005). Algunos datos que nos sitúan en el c ontexto actual (Díaz Salazar, 2005): 22 “Sin subvencione s, el algodón esta dounidense costaría do s veces y media más que el pre cio mundial; el algodón europeo, tres veces más y el conjunt o de la s filiales africanas estarían e n equilibrio”, ase gura Tiendrebeo go (empresari o bur quinés). (P hilippe Bernard, Le Monde , miércoles 6 de jul io de 2005). 23 Según Delgado Cabeza, de 1900 a 2000, el pr ecio de las m aterias prim as, que es lo que fundamentalmente apor tan los países del Tercer Mundo, bajan un 75%. 56 - A finales del siglo XX los habitantes de Europa y Estados Unidos gastaron 17.000 m illones de dólares anuales en alimentos para anim ales domésticos, pero no lograron inve rtir los 13.000 m illones de dólares anuales necesarios para eliminar el hambre. - En el año 2000 la Unión Europea subvencionaba con 913 dólares a cada vaca de su territorio y destinab a 8 dólares a cada persona africana para ayudarla a salir de su pobreza. - Actualmente, 70 personas tienen u na riqueza superior a la renta de 1.455 millon es de pobres asiáticos. - La financiación anual del programa mundi al contra el sida y la m alaria es igual a lo gastado durante medi o día en una guerra ilegal a Irak. - La llamada Ayuda Oficial al Desa rrollo destina solo 17 de cada 100 dólares de sus fondos a comb atir la pobreza extrema. - Con solo aplicar un impuesto del 0’5% a las transaccion es cambiarias (tasa Tobin) se habría obtenido en 1994 un billón y medio de dólares. Esa cantidad era más que suficiente para erradicar la pobreza en el mundo, dado que para reducirla a la mitad en 10 años solo se necesitaba 135.000 millones de dólares anuales (el 0’5% del PIB de lo s países ricos en 2005). - En numerosos países del Sur es más barato el kilo de arroz o m aíz proveniente del mundo rico que el producido por los agriculto res locales, lo cual provoca su ruina. Té ngase en cuenta que el 75% de los pobres son campesinos. La política de l FMI en este ám bito está siendo nefasta. Un ejemplo lo tenem os en el Parlamento de Ghana, que aprobó un sistema de aranceles para prot eger a sus agricultores pobres y el FMI obligó al Gobierno a rebajarl os como condición para recibir nuevos préstamos. Es un contexto en el que, por un lado, los mercados de bienes y servicios se globalizan, las actuales unidade s com erciales no son los p aíses, sino las em presas y las redes de empresas; por otro la do, los mercados interiores re presentan la m ayor parte el PIB de los estados y en los países en ví as de desarrollo la s economías informales, orientadas princ ipalmente a los m ercados loca les, constituyen la mayor parte del empleo urbano. La situación es la siguiente: las in stituciones gubernamentales y los servicios 57 públicos de todo el mundo, que representan gran proporción de los empleos de cada país, están excluidas de la comp etencia inte rnacional y dos tercios de los trab ajadores siguen teniendo un empleo agrícola, generalm ente en su propia región. Esto no quita para que cada vez haya más interdependencia de la m a no de obra a escala global como consecuencia del em pleo en las compañías m ultinacionales y sus redes asociadas. En consecuencia, el comercio internacional, ca racterizado por la co m petencia y un modo de gestión flexible, afecta a las condiciones de empleo y trabaj o en todo el planeta. La mayoría de la m ano de obra, aunque no circul e en la red, depende de la conducta de otros segmentos de la misma, lo que da co mo resultado un proceso de in terdependen cia jerárquica de la mano de obra por los m ovimien tos de las firmas en los circuitos de su red global. “La econom ía global no abarca todos los procesos económ icos del mundo, no incluye todos los territorios ni el trabajo de todas las personas, pero sí afecta a la vida de la humanidad. Aunque sus efectos alcanzan al planeta entero, su funcionam iento y estructura conciernen solo a determ inados segmentos de sectores econ ómicos, países y regiones, en proporciones que varían según la posición del sector, país o región en la división internacional del tr abajo” (Castells, 2000:169). 2 . 3. Las migraciones actuales como efecto de la globalización. ¿Por qué afirmamos que las nuevas migraciones son consecuencia de la globalización? Formamos parte, como hemo s indicado más arriba, de una sociedad dividida en integrados , precarios y excluidos (Moreno, 2004), tanto a nivel individual como colectivo: personas, pueblos y regiones “estamos en el centro o en la periferia, adentro o afuera, en la luz o en la sombr a” (Touraine, 1997:14). El contexto económ ico y político mundial, que tiene como resultado evidente la exclusión y marginación de cada vez más grupos de individuos, sectores y regiones del planeta, determ ina las condiciones de salida del propi o país (división internaciona l del trabajo, program as de ajuste estructural, pasado colonial…) y las condiciones de entrad a e integración en los “países de acogida”, con la ciud adanía co mo criterio de ex clus ión y segmentación del mercado laboral. Es en este m arco donde hay que situar la “elecci ón” de la emigración principalmente com o estrategia de superviven cia de los g rupos fam iliares de los países empobrecidos y de desarrollo social de sus m iem bros, como es el caso de Senegal, país de origen del grupo de inmigran tes en el que centraremos nues tro análisis para estudiar la concreción de las políticas migratorias de la J unta de Andalucía. En este como en los otros casos, su sistema polít ico, sus actividades económicas, sus m aneras de participar 58 en la vida social y política, el rol de la s redes formales e inform ales…, son consecuencia del contexto mundial cuya lógica estam os intentamos describir. De las regiones del mundo ex cluidas de los centros de poder, a las que se les ha asignado un papel subalterno en la división interna cional del trabajo, parten en la actualidad muchos de quienes aspiran a m ejora r sus condiciones de vida y/o la de sus familiares y entorno. E n este sistem a econó mico global, basado en los intercambios desiguales, las migraciones son la vía de su incorporación com o fuerza de trabajo a los países receptores, casi siem pre en condici ones salariales y de trabajo enorm emente precarias. “Una globalización fragmentada co mo la que vivimos no puede dejar de agudizar la crisis del vínculo social, la marea creciente de lo que ha sido denominado como el mundo de los sin , de los que caen a través de las m allas cada vez m ás deshilachadas de la red social” (De Lucas, 2003:17). Estamos en la era de los refugiados, de las personas desplazadas, de las migraciones m asivas (Said, 2005:180). Siempre ha habido m ovimientos de poblacion es, es verdad, pero los orígenes de quienes hoy forman parte de nuestras soci edades han cambiado porque también lo ha hecho la manera de funcionar el mundo. Es una población inmigrante diferente. Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Argentina…, son países tradicionales de inmigración, pero ha cam biado la composición de la población, los países de procedencia de quienes llegan son hoy otros. A su vez, el orig en de los “nuevos inmigrantes” de cada país varía dentro de l Prim er Mundo, como consecuencia de la existencia de nexos tanto geográficos como históricos que relacionan países em isores y receptores de m igraciones: en Alemania, muchos inmigrantes son originarios de Turquía y Europa oriental; en Italia, hay un aumento de pe rsonas llegadas de Albania, de la antigua Yugoslavia y del Norte de Áf rica; en Francia y Reino Unido llegan los originarios de antigua s colonias; en Estados Unidos, de México y Centroamérica; en Australia, de países de Asia, de Nueva Zelanda y del Reino Un ido; y en España proceden fundam entalmente de Marruecos y, de form a creciente, de países latinoamericanos y subsaharianos. Por supuest o, y esto m u chas veces se olvida, los mayores m ovimientos de población tienen lugar de Sur a Sur: en África, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, com o consecuencia de la dificultad en el acceso al Primer Mundo. Una cosa es clara en cu alquier lugar del planeta: hoy, quienes emigran son, en su mayoría, los excluidos de la globalización. Me parece de interés señalar una realid ad apuntada por B lanco (2000). Todos sabemos que los procesos m igratorios producen efectos en la sociedad de origen, en la 59 sociedad de destino y en los pr opios inmigrantes. Pues bien, en cuanto al país de orig en, la emigració n de sectores jóvenes de la población favorece el m antenimiento de pautas culturales propias de las gene raciones de mayores, con pocas posibilidad es de relecturas innovadoras. En contra de lo que suele creerse, la s migracio nes contemporáneas, en muchos casos, no responden a proyectos individuales de mejora de las propias condiciones de vida, sino que se constituyen en estrategia de supervivencia del grupo doméstico, la red familiar o, incluso, la región de origen. En este sentido, es fundamental el papel del envío de remesas al propio país. Actualm ente, la emigració n no es “sólo” un escape de una persona de un país en crisis económica; la posibilidad de enviar dinero para aliviar el día a día de familiare s que permanecen in situ es m otivo clave para la emigración y, muchas veces, incluso los propios gobierno s empujan a la salida por constituir las remesas una de sus principales fuentes de di visas. En el caso colom biano, por ejemplo, se han convertido en la segunda fuente de di visas más importante para el país, m uy por encima de las exportaciones de café. Según el Banco Mundial, las remesas m undiales en el año 2004 superaron los 125.000 millones de dólares y provenían de unos 125 millones de trabajad ores emigrantes. Analicem os un caso concreto: alrededor de 20 m illones de personas de América Latina y el Caribe viven fuera de su país de origen, la m itad emigraron en la década de los 90, a Estados Unidos, y de forma creciente a Europa. En 2002, las personas emigrantes enviaron a los países en desarrollo rem esa s por valor de 88.000 millones de dólares -un 54% m ás que los 57.000 millones de dólares que recibieron esos países en concepto de asiste ncia para el desarrollo ( Secretario General de Naciones Unidas. Discurso pronunciado ante el Parl amento Europeo el 29 de enero de 2004) . En 2003, las remesas hacia ALC sobrepasaron los flujos com binados de Inversión Extranjera Directa (IED) y la Ayuda Of icial para el Desarrollo (AOD); también sobrepasaron en muchos países el monto de l pago de los intereses de la deuda externa (Ippolito, 2004). Los países de América Latina son los rece ptores de casi el 40% de las rem esas globales que parten, en primer lugar, de Es tados Unidos y, en segundo lugar, de España. Según el Banco de España, en 2003 Colom bia recibió unos 555 millones de euros, Ecuador una cantidad sim ilar y Marruecos algo m ás de 100 millones 24 . El total d e 24 Son datos ext raídos del artí culo de M. Llusí a “Las remesas de los em igrantes”, en Página A bier ta nº163. Madrid, octub re 2005. 60 inmigrantes en España enviaron a sus país es de origen 2.77 1 millones de euros en tre enero y octubre de 2004, lo que supuso un increm ento del 17’5% respecto al mismo periodo de 2003. A pesar de esta elevada cantid ad de dinero, todaví a el que sale de España por esta vía sigue sie ndo menos que el que entra en el país, ya que las rem e sas enviadas por los españoles re sidentes en el extranjero alcanzaron los 3.505 millones de euros durante los diez primeros meses del año 2004 25 . Es este un dato que debería hacernos poner en cuestión la tan repetida frase, sobre todo dicha por lo s políticos, de que “ya no somos un país de em igración”. El valor de las remesas está, principalm ente, en que es un dinero eficiente, viaja de persona a persona a través de simples tr ansferencias, s in apenas interm ediarios, por lo que Estados y organismos multilaterales tienen poco que ver en ello. Son transacciones que no dependen de las fluctu aciones del mercado, com o la exportación de materias prim as, ni están expuestas a los condicionantes de la a yuda o a la volatilidad de las inversiones extranjeras. El país r ecep tor se ahorra, además, los deberes de la ayuda condicionada de los bancos multilaterale s, los planes de ajuste estructu ral u ofrecer seguridad jurídica a los inversores. Convendría también señalar cómo el térm ino “inmigrante” está quedando únicamente para las personas procedentes de países empobrecidos, denom inando con el término “extranjero” a quienes proceden de países desarrollados. Sin embargo, los dos sufren un desplazamiento que im plica una re organización vital, un cambio de entorno político-administrativo, social y cultural para un pe riodo de tiempo considerable, pero a través del lenguaje interiorizamos una divisi ón que servirá de fuente de desigualdad en el trato. El término “inm igra nte” se ha cargado de prejuici os ideológicos. Por otro lado, cuando se mantiene este térm ino para todos los que viven un proces o m igratorio, se le añade un califica tivo que legitim e la diferencia en el trato: en la Unión Europea, esta desigualdad ha sido establecida por le y diferenciando entre los inmigrantes “comunitarios” y los inm igrantes “no com unitarios” o “extracomunitarios” (Blanco, 2000). 2.3.1. Segmentación de los mercados de trabajo y flujos migratorios. En la Nueva Economía antes esbozada, existe una gran transform ación en la estructura del comercio: al tradicional de sequilibrio comercial entre las “econom ías 25 El País (Economí a) , domi ngo 13 de febre ro de 2005 61 desarrolladas” y las “econom ías en vía de desarrollo” 26 derivado del intercam bio desigual entre bienes manufacturados m uy va lorados y materias primas a las que se impone bajos precios, se ha superpuesto una nueva form a de desequi librio: el comercio entre bienes de alta y b aja tecnología, y entre servicios in tensivos y no intensivos en conocimientos, caracterizado por una pauta de distribución desigual del conocimiento y la tecnología entre los países y regiones del mundo. (Castells, 2000:143). La capacidad y la infraestructura tecnológicas, el acces o al conocim iento y unos “recursos humanos” sumamente cualif icados son las fuentes de la competitividad en la nueva divis ión internacional del trabajo, cada vez más entr e firmas: las redes trasnacionales de producción, sujetas a c orporaciones m ultinacionales des igualm ente distribuidas por el planeta configuran el modelo de comercio internacional. En esta Nueva Economía , el mercado laboral se hace m á s flexible, el sistema productivo se fragmenta en unidades m ás pequeñas y dispersas, la división territorial del trabajo y su especialización aumentan, es decir, nada que ver con el modelo de producción de la fábrica de los sesenta. Sin embargo, se acrecienta la concentración del capital y el control de su acumulación, por lo que estam os ante una continuación de periodos anteriores pero con la rapidez y extensión que ahora permiten las nuevas tecnologías, facilitadoras de la descentralización y flexibi lidad neces arias para continuar el proceso de acumulación del m áximo benefi cio al menor coste y en el menor tiempo posible. Las estrategias de las m ultinacionales son ahora a es cala mundial. Cada vez hay más fusiones, crecen los grandes p ara c ontrolar cad a vez más cuotas del m ercado mundial: las grandes firmas dominan entre la m itad y los dos tercios de la producción y del comercio del m undo. “El resultado es un sistem a gigantesco y centralizado de producción y distribución gobernando los pr ocesos económicos, e im poniendo su dinámica y sus intereses, desde lo gl obal a lo local” (Delgado, 2002:46). Ya lo hemos apuntado: actualmente, la economía está dirigida a la m áxima rentabilidad de las em presas y al aumento del valor de sus accione s, siendo la reducción de los costes de producción (junt o al aumento de la productiv idad, la aceleración en la rotación del capital y la ampliación de los m e rcados) una de las formas de aum entar los 26 Este concepto de países en vía de desa rrollo es una entelequ ia pues, entre otras cosas existen límites ecológicos que imposibilitan que todo el planeta alcance unos niveles de riqueza ma terial equi valentes al que hoy tiene Occide nte. Para cubrir las necesi dad es haría n falta los recursos de cinco planetas (Chambers, 2000). 62 beneficios 27 . La manera fundam ental de reducir los costes de producción es hacerlo actuando sobre la mano de obra, provocando la segmentación del m ercado de trabajo, convirtiendo a trabajadores como los inm i grantes en simples m ercancías. “Hoy el trabajo, aunque su movilidad esté muy lim itada y controlada, y las ba rreras, lejos de ser suprimidas, se vean reforzadas, es u n r ecurso cuya utilización o exclusión tienen que ver, en gran medida, con estrategias gl obales y/o con la posición ocupada en una dinámica fuertem ente condicionada por la globalización” (Delgado, 2002:40). Del total de la población ocupada, alrede dor del 20% son quienes se benefician de toda esta amalgama de la globalización. El resto de trab ajadoras y trabajadores han visto empeorar sus condiciones de trabajo con los procesos de f lexibilizació n y deslocalización, desempeñando empleos cad a vez más mecánicos, de producción o de servicios, situándose entre la precariedad y la ex clusión, dos de las tres esferas en q ue hemos dicho que se basa la jerar quía social actual (Delgado, 2002) 28 , con todo lo que de inseguridad e incertidumbre tiene el estar al lím ite de un nivel para no caer al otro. El único trabajo realmente globalizado es el especializado, el altam ente cualificado, el trabajo cuya demanda es excepcionalmente alta en todo el mundo y que, por ello, no sigue las reglas habituales en lo que se refiere a norm as de inmigración (altos ejecutivos, científicos e ingenieros , inform áticos, mano de obra cualificada en sectores como la tecnología de la info rmación, analistas fina ncieros, artistas, diseñadores, actores, deportistas, etc.). En es te sentido, ha habido iniciativas políticas para favorecer la entrada de es tas trabajador as y trabajadores , lo que ha significado una reorientación en las políticas migratorias tem porales pa ra personas que ocupen esos puestos de trabajo. Algunos países de la OCDE han modificado su legislación para facilitar la entrada a estos es pecialistas. Por poner dos ejem plos, en Japón, las visas han pasado de tener una duración de un año a tenerl a de tres para determinadas categorías de trabajadores, y en Alemania existen program as de inmigración temporal para reclutar especialistas en tecnologías de la información. Pero, com o decimos, se trata de políticas para una minoría de trabajadores “estrat égicos” que no significan, en absoluto, una 27 Según Delgado Cabeza, un tercio del com ercio mundi al lo copan las em presas trasnacionales; otro tercio es un comercio intra-firma, es d ecir, entre las empresas y sus filiales y entre las mismas filiales; y el últim o tercio, que apare ntement e es el que tiene luga r entre países, es donde se producen las com pras de las trasnacionales a sus no filiales. La gravedad es ex trema si tenemos en cu enta que el obje tivo de las trasnacionales no es satisface r las necesidades de la gente, sino c rear valor para el accionista, l o que va justamente en la direcci ón opuesta. 28 En la actualidad, al rededor del 70% de trabajador as y trabajadores de los países indu strializados realizan tareas repetitivas y rutinarias (Rifkin, en Delgado, 2002). 63 reorientación en los planteamientos de tr atam iento general de la inmigración sino todo lo contrario, responden a más de lo mism o. El resto de los trabajadores, quienes no poseen estas excepcionales cualificacio nes y tienen la intención “simplem ente” de mejorar sus condiciones de vida y la de los suyos, lo tiene mucho m ás difí cil. El capital es global, las redes de producción son globales, pero el trabajo no lo es, solo aquel de gran im portancia estratégica que acabamos de señalar. Todos som os testigos de cóm o muchos inmigrantes llegan con títulos un iversitari os o incluso habiendo desarrollado u na importante trayectoria profesional en sus países de origen y, sin embargo, aquí nada de eso les es reconocido. Se les introduce en actividades y puestos de trabajo con condiciones y salarios que, en no pocas ocasiones, ningún otro sector acepta y ellos, por su condición de vulnerabilidad y la necesidad de tener in gresos a corto plazo, sí lo hacen. Además, el bajo estatus ligado a ci ertos sectores l aboral es repelerá a los trabajadores autóctonos de rea lizar determinados trabajos que el inmigrante aceptará porque sus motivaciones son otras, pudiendo significar una remuneración dotadora de estatus para sí y los suyos en el país de origen. Q uienes car ecen de valor según lo que se valora en el momento, o quienes dejan de poseer ese valor, se descartan, son desconectados de la red. No quiere esto deci r que estén desconectados socialm ente, pues es imposible “escapar” d e esta dinámica y vivi r en una burbuja, sino que no trabajan ni consumen dentro de esta econom ía global, a unque los procesos económicos y sociales sí les influyan directamente. La economía inform al juega en este c ontexto un papel fundamental: es dentro del “sector informal” donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras participan de manera plena en el orden económ ico existent e (Peattie, 1980; Port es, 1995). El sector informal no es sinónim o de pobreza, ni monopol io de ningún grupo concreto, se trata de “todas las actividades generador as de ingreso que no están reguladas por el Estado en un medio ambiente social donde actividades sim ilares están reguladas” (Clastres y Portes, 1989:12). Es decir, se trata de actividades económicas que evaden, por definición, las leyes existentes y las entidades regulador as del Estado. En este sentido, nos parece importante s eñalar que la form alidad o inform alidad de las actividades económicas varía de un Estado a otro (Portes, 1995). ¿Cómo “protegerse” la m inoría privilegiad a de la desesperación y búsqueda de mayor nivel de vida de la gran m ayoría de la población, excluida o m arginada? Se apela al miedo para legitim ar todo el sistema que genera, a su ve z, lo tem ido. La “solución” 64 problema (colonialism o, postcolonialismo y ritm os de desarrollo), las causas próximas (ecológicas, sistem as políticos, etc.) y causas que precip itan la emigración (falta de trabajo, carga fam iliar, etc.) 30 . Por su parte, Salas López (2005) divide las teorías basadas en las causas de las migraciones en aquellas que parten de una perspectiva macrosocial (estructural y socioeco nómica) y las que lo hacen desde una perspectiva microsocial (individual y m otivacional), y establece una segunda división en tre los análisis centrados en el inicio de los procesos y los centrados en su perpetuación (caso de las redes sociales). Desde nuestra óptica, debemos tener en cuenta, por un lado, que la raya que separa las causas utilizadas como criter io de clasificación de las m igraciones (ecológicas, económ icas, políticas) cada vez es menos nítid a; véase, si no, cómo influyen de diferente manera los “des astres ecológicos” dependiendo de las posibilidades de resistencia y organización de l lugar que los sufre y có mo los desastres de las guerras dejan en la miseria a la m ayor parte de su población ; y, por otro lado, también hemos de tener en cuenta que hoy estamos siendo testigos de nuevos movimientos migratorios (Blanco, 2000): mi graciones de jubila dos con recursos económicos que se instalan en las costas andaluzas por unas mejores condiciones climáticas, o m ovimientos desatados por la cooperación al desarro llo con la instalación temporal o definitiv a de sus agentes en el país destino de la ayuda. En cuanto a la Antropología, es ta com ienza sus estudios sobre m igraciones en la década de los 50 centrándose, fundamentalme nte, en los m ovimientos de cam pesinos 30 También Castles y Miller (1993) han dividido la historia de las migraciones centrándose en las cau sas que las p roduc en. Lo ha n hecho en tres peri odos. El prim ero, m igracione s “prem odernas” ( hasta m ediados del siglo XIX), vi enen causa das por l os tras lados f orzoso s genera dos por c onquist as, esclavism o o por motivos ec ológi cos. El se gundo, Migraci ones moder nas, l o divide n en d os sub-etapa s; la primera, l a industrialización occidental (1850-192 0), es el momento en que las corr ientes migratorias se dirigen de Europa hacia la s colonias del Nuevo M undo y a otros continentes y en que el trab ajo for zado provo ca el traslado desde las colonias europeas asiáticas hacia ot ras colonias europeas; a su vez, dentro de Europa, los movim ientos de población se di rigen a los lugares de incipiente industrialización; y la segunda sub- etapa, la de s u consolidaci ón (1945- 1973) , viene de finida p or la inc orporació n de l os países del denomi nado Tercer M undo a l as redes mi gratorias inter nacionale s 30 , m uchas con recorrido en el interior del propio continente africano. Es la etapa en que se producen enorm es desplazamientos consec uencia de la Segu nda Guer ra Mundi al, pr ovocand o un g ran número de ref ugiad os y des plazados que despu és aumentarán con la escisión de antig uos e stados (caso de l a India, dividi da en In dia y Pakistán) y con los enormes desplazam ientos forzados de pueblos com o el palestino. Es, adem ás, el momento en que Estados Unidos , Austr alia y Canadá 30 restringen su inm igración establecien do cu pos por oríge nes étnicos . Y el tercer peri odo, m igraciones cont emporá neas, a partir de 1973, etapa e n que las migracione s afectan cada vez a más y más países y regiones, y se en cuen tran inse rtas en pr oces os qu e afe ctan a cad a rinc ón de l mundo, provoc ando el aument o del volum en de i nmi grantes, la am pliación de las re des mi gratorias y la diversificación de los tipos migrator ios (re fugiados y desplazados, re gulares e irregulares resultado de la aplicación de políticas de entrada e integración de l o s pa íses receptores…). Son las migraciones de la globalización. 71 del campo a la ciudad y en sus estrategias de adap tación al nuevo m e dio. Es a principios de la década de los 80 cuando la migraci ón internacional em pieza a ocupar un lugar central en nuestra discip lina. Lawellen (2002) divide los estudios sobre migraciones en tres etapas: 1) Etapa de la “antropología clásica”, en la década de los sesenta, con el push- pull como modelo de explicación dominante: las personas del cam po emigrarían a la ciudad, dentro o fuera del propio país, y se as imila rían a la cultura dom inante en una o dos generaciones. Diversas teorías del push-pull analizan los factores que determinan el desarrollo de cada proyecto migratorio. En es te sentido, Petersen (1958) señala los factores contextuales (económico, político, so cial, cultural) y la importancia de las expectativas individuales, centránd ose en los factores contextuales y asociando la realidad del contexto del país d e salida (que provoca la decisión de em igrar: push ) con los elementos de los lugares de destino (que actúan de reclam o para los inmigrantes potenciales: pull ). Dentro de esta etapa se desarrolla la “Teoría de la Modernizació n y las Migraciones” basad a en la creencia de un modelo de evolución unilin eal hacia un mundo mejor a través de la industrialización, del desarro llo tecnológico, la educación y la democracia. Todo se fundam enta en pares de opuestos, fundamentalmente el tradicional/moderno . Es el folk/urb an de Redfield, (1941) que enfrenta lo tradicional con lo moderno, com o un proceso de asimilación de valores m odernos, como el individualismo, la educación, el gusto por el cambio, etc. y que en los años 60 cae ante la evidencia de que este movimiento del cam po a la ciudad puede no llevar consigo ni un mayor desarrollo ni un cam bio en la ment alid ad de quienes em igran, además de una realidad que mantiene a los cam pesinos en la marginalidad. Relacionada con la teoría del push-pull , estaría 2) Etapa de la “antropología m oderna”, con los m odelos neo-marxistas y su análisis de las desiguald ades estructurales com o argumento explic ativo que lleva a la gente de regiones menos desarrolladas a otra s m ás desarrolladas en busca de trabajo (Todaro, 1976; Borjas, 1990). Dos teorías adqu ieren protagonism o: la “Teoría de la Dependencia y las Migraciones”, con la que Gunder Frank (1967) focaliza la atención en las oposiciones desarrollo/subdesarrollo y dominación/dependencia , y su análisis va de lo individual-familia r al estado y al sistema interna cional, tom ando relevancia la teoría del colonialismo interno y la de l sistema-m undo de Wallerstein (1974) con planteamientos de autores com o Castles y Ko sack (1975) ; La segunda teoría es la de “Articulación y las Migraci ones”, argumentando que exis te una articulación entre 72 modos de producción capitalistas y modos de producción no capitalistas: Meillassoux (1985) expone la articulación entre el capitalismo y las econom ías tradicionales africanas y Li (1996) expone la articulación en el comunismo chino. Se pone el acento en la complementaried ad de labores asalariadas y agricultura de su bsistencia y se reconoce el importante papel que jueg an las mujeres a nivel económ ico. 3) etapa de la “antropología emergente”, que se aleja de las gr andes teorías y se centra en las peculiaridades de migraciones concretas, es deci r, en las migraciones como procesos complejos, con motivos com plejos y experiencias com plejas. En esta etapa aparece un nuevo vocabulario: trasnacionalismo , diáspora, multiculturalismo, ciudadanía, movimientos so ciales, refugiados, etc. En los noventa, se presta atención a lo simbólico, lo lingüístico y los dem ás aspect os construidos de la sociedad. Se focaliza la atención en las experiencias, las expectativ as y las id entidades de los m igrantes, en la articulación entre lo global y lo local . Se entiende ahora que los movimientos migratorios actuales, basados en el capitalismo global, no responden a los argumentos explicativos de los movimientos m igrat orios del pasado. Toma una im portancia principal la idea de espacio, que se repiensa y redefine, a la vez que se contem pla la necesidad de relacion ar los regím enes de lo s go biernos con las habilidades de la gente para construir sus vidas y sus identidades, relacionado todo con la economía global y los procesos trasnacionales. El interés por el carácter trasnacional de las m i graciones surge en torno a las dificultades que encuentran las políticas d e asimilac ión de inmigrantes en los Estados Unidos, a finales de los años ochent a (Escrivá y Ribas, 2004:38). Hoy el trasnacionalismo constituye una perspectiva teórica fundamental en el estudio de las migraciones. Los trabajos de Glick Schill er (1995), Bash (1994) y Rouse (1991) son citados por Guarnizo (2004) como estudios precursores que abrieron el campo y el interés sobre realidades que ahora comenzaron a acom pañarse del adjetivo “trasnacional”. Pero, s egún este m ismo autor, fue una segunda ola de estudios la que ha asentado las bases teóricas: Guarnizo y Sm ith, 1998; Glick Schiller, 1999; Vertovec, 1999; Kyle, 2000; Levitt, 2001; Mahler y Pe ssar, 2001; Itzigsohn y Giourguli Saucedo, 2002; Portes et al., 2002; Wi mmer y Glick Schiller, 2002. Junto a la mayor homogeneización de aspiraciones y n ecesidades a escala global, la realidad trasnacional tam bién nos adentra en el debate sobre nuevas form as de resistencia a esta homogeneización y de transf orm ación social. Por una parte, el proceso de glocalización facilita la organización de movim ientos de contestación trasnacionales, 73 como los ecologistas, los feministas, o lo s propios movimientos antiglobalización. Por otra, ha dado lugar a la ap arición de nuevas formas de migraciones que conllevan, entre otros resultados, nuevas posibilidad es de id entificación, como pone de m anifiesto la existencia actual de diásporas 31 repartidas por todo el globo. En la actualidad, podemos hablar de pro cesos de migración “de ida” –def initiva o con retornos ocasionales- y “de ida y vuelta”, que, a su vez, puede ser una sola vez (se emigra con el fin de conseguir un objeti vo determ inado que, una vez alcanzado, supone el regreso al lugar de origen ), o de procesos donde las id as y venidas se convierten en algo habitual. En este últim o caso estaríam os hablando de un m odelo diferente, que denominamos trasnacional y que nos permite analizar el fenómeno de las m igraciones internacionales desde las estrategias que los propios migrantes ponen en juego en el actual contexto de glocalización. “El trasnaci onalismo, el cruce im aginario y físico de las fronteras nacionales en la formación de campos sociales de identidad y acción, acompaña desde un inicio a la globali zación” (Escrivá y Ribas, 2004:39). Nuevas realidades sociales aparecen, la teoría de la estrategia doméstica de supervivencia adquiere una importancia explica tiva fundamental en el análisis tanto de las motivaciones com o de las redes migratorias, y la perspectiva de género se ev idencia central en el análisis de la reproducción de generaciones separadas espacialmente. La organización de la vida f amiliar se dive rsifica, se generan “estrategias de empoderamiento” de m ujeres que emigran como cabezas d e familia y adquieren es tatus en su país de origen, en contras te con la m a rginación e invisibilización en la sociedad de destino (Martín, 2006) 32 . Igualmente, se pone de m anifi esto que el grupo doméstico dividido entre varios países, an te las dificultades de reagr uparse debido a las políticas de inmigración, pueden ser fuente de reestructur ación de las poblaciones de origen (Escrivá y Ribas, en referencia al trabajo de Ehrenreich y Hochshild (2003), 2004:30-31) 33 . Junto a la posible reformulación de roles de gé nero (Martín, 2005; Sorensen, 2004, Escrivá, 2004), también adquiere una im portancia central la relaci ón entre los factores de 31 Diáspora es la idea, sobre t odo, de una iden tidad colec tiva form ada principalm ente por referencia a una tierra natal que tiene u n significado sen timental para la gente. Au nque para algu nas diásporas est a tierra no exista, lo que sí es necesario es qu e incluya la disper sión desde algún centro a dos o más territor ios y un sentido de identidad cultural común (Lewellen, 20 02). Interaccionan tres act ores (Shuval, 2000): la gente de la diáspo ra, el país o países de ac ogi da y el país de orige n, todos r elacionados entre sí. 32 Martín, E. (2006) : “Género, Migraciones y Transnacionalidad. El caso de los i nmigrantes latinoam ericanos e n Sevilla”. En 52 Congreso Internaciona l de Americasnista s . Universidad de Sevilla, Sevilla. 33 Otros estudi os, han a nalizado l as diferencia s en el proceso de reagrupaci ón fam iliar llevados a ca bo por hombres o muje res, y los diferentes usos dados a las rem esas según el género (Esc rivá, 2004: 149-181). 74 expulsión y las políticas migratorias del país destino, la percepci ón del retorno y la readaptación de las co munida des y sus límites étn icos en relación a las diásporas (Bolzman, 2006) 34 . No podemos analizar, por tanto, la sociedad de origen y la sociedad de destino tratándolas de manera indepe ndiente: los procesos m igrator ios internacionales en el contexto de la globalización deben incorporar la dim ensión trasnacional para la comprensión del fenóm eno (Pedone, 2002). La oposición tradicional entre em igración temporal y asentam iento definitivo deja de ser funcional en muchos casos, pues se trata ahora, crecientemente, de un m odelo de emig ración en que lugar de origen y lugar de destino se determinan mutuam ente durante todo el proceso m igrat orio. Es un constante transitar –física, simbólica y virtualm ente- entre dos mundos: entre el lugar de origen y el lugar de destino, o entre va rios lugares de la diáspora y el lugar de origen; y un funcionar en estos mundos de manera simu ltánea a través de la construcción y mantenimiento de cadenas 35 y redes m igratorias 36 que vinculan, de m anera dinámica, sociedad de origen y sociedades de llegad a, trascendiendo a los actores individuales. El estudio de las redes sociales cons tituye una de las princip ales bases analítica s sobre las que tratar la acci ón trasnacional. Conform adas por parientes, vecinos u otros conocidos, son el canal por el que circula la información y los productos de la migración (Escrivá y Ribas, 2004:39). Lewellen (2002) emplea el térm i no de espacio desterritoria lizado para referirse a este espacio soci al definido en térm inos de redes sociales. Otros autores, entre los que nos in cluimos, denominan a es ta mism a realidad espacio trasnacional. Las personas m igrantes viven así contemporáneam ente en dos o más espacios territoriales, influyéndolos y alterándolos, generando nuevos valores y problemáticas en las diferentes sociedades (Ippolito, 2004). La información que circula por las redes globales influye y genera cambios en los lugares de origen, imponiendo nuevos estilos de vida, representaciones y 34 Bolzm an, C. (2006 ): “Transf ormaciones de las c omunida des latin oameri canas en Suiza: de los exiliados a los d eslocalizados”, en 52 Congreso Inter nacional de Ameri canist as. Universidad de Sevilla, Sevilla. 35 Claudia Pedone define la “cadena m igratoria” com o la “tr ansferenci a de info rmaci ón y apoyos materiales que familiares, amigos o paisano s ofrecen a los potenciales migran tes para decidir o concretar su via je. Las cadena s facilitan el p roceso de sa lida y llegada, pued en financia r en parte el viaje, gestio nar docume ntación o empleo y conse guir vivienda. T ambié n se produce un int ercambio de información sobre los aspectos económico s, sociales y políticos de la sociedad de llegada . Las cadenas forman parte de una estru ctura mayo r, las ‘redes migra torias” ( Pedone, 2002 :224). 36 “El contexto político internacional genera una espe c ificidad e n el tipo, la dinámica y la diversificación de la red; l o s vínculos mante nidos e ntre dife rentes actores tanto e n la so ciedad de origen c omo en la de llegada, confor marían espaci os trasnaci onales” (Pe done, 20 02:224 ). 75 valoraciones. También las sociedades de de stino se ven alterada s por una realidad definida, en gran parte, por fuertes conexi ones entre los emigrantes y sus lugares de origen, debido a la circulación tanto de personas como de bienes m ateriales y simbólicos. En el lado em isor, quien emigra abandona su mercado laboral, creando potencialmente un défi cit de recursos en el ámbito f amiliar, q ue compensa, cas i siempre sobradamente, con el envío de rem esas económicas y con las que han dado en denominarse, en term inología de Pegy Levitt (1996), “rem esas so ciales” -víveres y enseres, maquinaria y tecnología, ideas, experiencias, conocim ientos- que cubren necesidades en origen desatend idas por el Estado. En el lado recepto r, las personas inmigrantes, en su mayoría en edad activ a, ocup an actividades y lugares de producción y servicios no cubiertos por autóctonos, generando un be neficio a las sociedades receptoras. En este sentido, la persona inm i grante se convierte en agente económ ico en los dos lugares del espacio trasnacional que ocupa, generando acciones e inversiones productivas. Pero la realidad tra snacional no solo vien e determ inada por las estrategias puestas en juego por los emigrantes en el co ntexto de la glo calización -que vendrían a poner en cuestión el interés por parte de dist intos organismos por fijar a las poblaciones sea en sus lugares d e origen, sea en los país es de destino-, sino que, también, los agentes y poderes económicos y políticos intervienen en este espacio tras nacional: intentando capturar remesas, firmando acuerdos migr atorios de readm isión y selección de migrantes con distintos estados, aum entando la “ayuda al desarrollo” o la inversión como forma de frenar los flujos de salida, entran do en contradicción con las estrategias trasnacionales de los emigrantes. Sin em bargo, el aumento de la “ayuda al desarrollo”, sin cuestionar qué deberíamos entender por esta, así como otras acciones conducentes a propiciarlo, en las condicione s actuales, no solo no retienen la emigración, sino que, en numerosas ocasiones, la propician (Sassen, 1998) 37 . La realidad es que las r edes migratoria s se multiplican hoy y los m iembros de comunidades de diferentes lugares de orig en viven a caballo entre dos mundos, generan diásporas y cuentan con miembros del colect ivo repartidos por diversos rincones del planeta. El enfoque trasnacional se hace, pues, obligado y nos perm ite superar el reduccionismo tanto de la mayor parte de los análisis que se insertan en la Econo mía Política como en el paradigm a neoliberal , que com parten el planteam iento de las 37 Relaciona el ca mpo de las migracion es de trabajo in tern acionales con la literatura sobre el comercio y las inversiones intern acionales. 76 migraciones como procesos con causas excl usivamente económ i cas. Veremos, cuando entremos a analizar el caso se n egalés, cóm o la existenc ia de estas redes hace que la decisión de emigrar no responda necesariam ente a la distancia en el nivel de renta entre el país de origen y el país de dest ino: las redes propician la emigración independientemente de las condici ones salariales concretas y las políticas de extranjería del país receptor. No se emigra al país donde se podría ganar m ás dinero, sino, principalmente, al lugar donde existan m enos riesgos. Los gastos económicos, emocionales y de todo tipo que tiene el inm igrante al llegar a un nuevo país los soportan las redes de apoyo intracomunitario afianzadas ya en la sociedad de llegada, lo que influye, indiscutiblemente, en la elección de l lugar adonde ir. Se trata, pues, de un modelo de emigración que responde a una estrategia de m inimización de riesgos 38 . “Por su gran capacidad para form ar opiniones y provocar respue stas, se dice que las redes migratorias son el verdadero m otor de la emigración, presentando un funcionam iento cuasi-autónomo de otras condiciones estructu rales iniciales, tales como las políticas migratorias o las dem andas de los mercados de trabajo” (Escri vá y Ribas, 2004:39). Dentro de la migración de carácter trasnacional existe n grados (Lewellen, 2002): algunas personas establecen con su lugar de origen relaciones intensivas (llam adas telefónicas constantes, viajes sucesivos, e nvíos de remesas, atención a los negocios montados allí) y otras tienen contactos más ocasionales. Sin embargo, nosotros, más que a individuos en situación tras nacional, nos referiremos a comunidades trasnacionales, pues se trata de una manera de funcionar dentro de un grupo que forma parte de una diáspora, es decir, se trata de un funcionam iento que se mantiene a nivel de com unidad y en el que se requiere, inevitablemente, de gente a los dos lados. El m antenimiento de estructuras y empresas familiares en el lugar de origen precisa que alg unos miembro s del hogar queden junto a las personas depend ientes y cuidando los bienes adquiridos. También es necesaria gente allí que facilite los trámites de quienes se marcharon: en vío de pasaportes, partidas de nacimiento, etc. Igualm ente, para los proyectos encaminados al bienestar general de la sociedad de orig en –la participación en los cuales desde el exterior es el medio para reafirm ar la con tinuidad de la pertenencia a la com unidad de origen- como pueden ser la construcción de escuelas u ho spitales, es im perativo el trabajo y la coordinación con miembros, agr upaciones u organismos del lugar de origen (Ribas, 2004; Beltrán, 2004; Sorensen, 2004, Lacomba, 2004). 38 Este aspecto de las redes sociales está inclu ido en la teor ía de la causació n acum ulati va de Mass ey (1993). 77 En las diásporas internacionales, sus miem bros comparten un im aginario de pérdida, un código cultural que puede unir lo privado y lo público, una constancia de intercambios m ateriales y simbólicos, y una tensión entre la pert enencia al país de origen y al lugar de acogida (Safran, 1991). De esta forma, el modelo trasnacional evidencia la necesidad de superación de las dicotom ías push/pull , campo/ciudad , tradicional/moderno , en favor de un continuum de espacio y tiempo y de la coincidencia de procesos. La globaliz ación, y su reflejo en las m igraciones trasnacionales, hace que las relaciones soci ales ya no puedan concebirse únicam ente en términos locales, pues ya no dependen de la presencia física en un sitio determ inado, las comunicaciones son instantáneas. El desarrollo de los medios de transporte y de los sistemas de com unicación ha posibilitado que la vida social de los in dividuos y los colectivos tenga lugar, simultá neamente, en el lugar de des tino, en el lugar de origen y, si es el caso, en otros puntos de la diáspor a. Los procesos migratorios conllevan en la actualidad una interpenetración de espaci os (Appadurai, 1991), y la creación de “comunidades im aginadas” (Anderson, 1983) que son ya trasnacionales. Frontera, transculturación, trasnacionaliz ación, hibridación, diáspora, son términos del nuevo vocabulario . “Estás sediento por regresar a casa, cuando vuelves no tienes que estar para siempre y abandonar tu residencia donde sea… Lo que queremos es que puedas volver a casa cuando quieras y puedas regresar al lugar donde estás trabajando cuando quieras. No te pido que regreses y dejes completamente el otro sitio” (J ean-Bertrand Aristide, Presidente de Haití en Lewellen, 2002:147). 2.3.3. Trasnacionalismo y ciudadanía. La realidad anterior hace tota lmente obs oleto el mantenim ient o de la relación obligatoria entre ciudadanía y nacionalid ad. Son necesarios nuevos conceptos, planteamientos y fórmulas jurídicas en to rno a la identidad, ya que, en el caso del migrante trasnacional, al m antener activa su red de interconexiones en la diáspora y en el lugar de origen, en no pocas ocasiones se da el caso de que, aunque se tenga residencia permanente y ciudadanía legal en el país de ac ogida, pueda seguir considerando su país al país de origen, incluso formando parte de la segunda o tercera generación de migrantes. La evidencia de afiliaciones identitarias en pa íses de origen y destino de m anera simultanea se opone al principio de pertenenci a exclusiva que sigue vigente en la m ayor 78 parte de los estados que son destino de inmigración. La realidad se compone de un entramado muy com plejo de opc iones identitarias. En el contexto norteam ericano, por ejemplo, la identidad ciudadana puede articu la rse en torno a referente s múltiples : en EEUU, un individuo se puede identificar co mo Americano, Irish-Am ericano, Irish; o como Negro, Afroamericano, Jam aicano, etc. De igual modo, en Quebec, algunos se identifican como canadienses, otros com o Québecois exclusivamente, y otros pueden afirmar su identidad québecois sob re otras o ser Québecois-Canadien de origen eg ipcio. También en Andalucía, las af iliaciones id entitarias pueden variar desde un sentimiento exclusivamente andaluz, a otro espa ñol, pasando por una amplia gama de combinaciones. En este sentido, los inmigrantes pueden tener reservas en cuanto a los objetivos de la integración si se conti núa con la idea de una ciuda danía y de una identidad que tenga la primacía sobre las lealtades o fidelid ades hacia el país de origen. Sorensen (2004:88) habla de identidades trasnacionales para hacer referencia a estos campos sociales trasnacionales que alteran el modo en que las relaciones entre ciudadanos, comunidad y Estados son percibidas y expe rim entadas. Las dimensiones trasnacionales de la vida de numerosos grupos de inm igrantes se ocultan en muchos casos y, sin embargo, las lealtades m últiples están crecientemente presentes y los deberes y obligaciones en relación a los países de orig en son una realidad co tidiana. Los estudios muestran cómo la persistencia de id entidades múltip les después de varias generac iones no ha debilitado el apego ciudadano al país de establecimiento e, inversamente, cómo la adquisición de la ciudadanía no es un indicador válido de garantía de integración (Labelle, 2000). Pese a esto, la persistencia del fundament alismo basado en la defensa de la vinculación indisoluble entre naciona lidad y ciudadanía si gue siendo un factor dominante que condiciona las políticas de in m i gración de la mayoría de los Estados, como veremos al analizar el rech azo a la aplicación de la categoría de “ciudad anía cívica” en el marco de la Unión Europea. El creciente desacoplamiento en tre ciuda danía y territorio y entre ciudadanía y derechos ha dado lugar a nuevos conceptos, entre ellos: Ciudadanía postnacional (Soysal, 1994; 2000), que señalaría la sustitución de los derechos nacionales por los Derechos Humanos y del ciudadano por el individuo. Ciudadanía trasnacional (Bauböck, 2002; 2004), concepto que reconoce la posibilidad de mantener diferentes afiliaci ones políticas, aum entando los vínculos entre 79 el Estado de origen y el de dest ino. También Escrivá (2004) habla de ciudadanía trasnacional o trasfro nteriza en tanto que las personas adquieren derechos y obligaciones ciudadanos en dos o más Estados-nación 39 . Ciudadanía diferenciada (Young, 1989), que acentúa la necesidad de inclusión de los derechos culturales de los grupos. Ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1996), en referencia a la necesidad de transformaciones institu cionales y legale s que permitan la participación de los inmigrantes en pie de igualdad. La ciudadaní a multicultu ral se obtiene co n la puesta en práctica de políticas de integración multicultura l, aquellas que perm iten la expresión de la identidad propia en la sociedad mayorita ria y el mantenim iento de la diferencia cultural durante gen eraciones a la vez que la incorporación en pi e de igualdad como ciudadano al margen de las dif erencias cultu rales. Todos estos nuevos conceptos de ciuda danía ponen de manifiesto que no se puede continuar uniendo los ideales de libertad e ig ualdad con jerarqu ías y desigualdades étn icas estruc turales, lim itaci ones a la participación cívica y po lítica y una ideología de superioridad cultu ral en apariencia universalista. Se h ace necesario optar por estructuras que garant icen derechos individuales y derechos colectivos de las minorías sin encerrarse en la nostalgia de una nación supu estamente hom ogénea en lo cultural y una democracia im perfecta fundada sobre la exclusión (Helly y Elbaz, 1995:28-29). En este sentido, las apuestas por una ci udadanía democrática estarían definidas alrededor de tres ejes: “1) el reconocimiento de la identidad, en una búsqueda de conciliación entre la diversidad y la igualdad entre las personas; 2) el reforzamiento de la solidaridad, teniendo en cuenta las te nsiones inevitables que viven los ciudadanos y ciudadanas entre sus pertenencias particulares a grupos o colectivi dades diferentes y su pertenencia a una misma comunidad; 3) la animación a la participación de todos los ciudadanos en las deliberaciones, decisi ones y acciones que apuntan al desarrollo socio-económico, político y cultural de Québec, en el marco de las leyes, políticas y programas” (Québec, 1998. “Allocution del subministro adjunto a relaciones cívicas”, 39 Los peruan os reside ntes en Espa ña- afirm a- están som etidos a la l egislación s obre “Dere chos y Deberes de los Extranjeros” de 2001 y su m odificación en 2003, a los conv enios y tratados binacionales e internaci onales, a la normat iva de la Unión Europea, a las Com unidades Aut ónomas y municipi os donde se encuent ren, y a l a legisl ación d e su paí s de o rigen. De los de rechos se benefici arán, so bre todo , quien es poseen doble o triple nacion alidad, ya qu e es la nacionalid ad la fuente de derechos . 80 En este sentido, los medios de com unicación crean imágenes que construyen el conocimiento de los individuos (Bourdie u, 1997, Van Dijk, 1997) respecto a la inmigración, im agen que muchas veces no corre sponden con la realidad d e la situación de la inmigración. Así, construim os a los “otros” sin ninguna ba se de experiencia personal, sino a través de estereotipos que circulan por la socied ad y aplicam os a los distintos grupos. Sin ten er en cuenta la situ ación concreta del inmigrante en cuestión, muchas veces lo construimos dependiendo del gr ado de desarrollo económico de su país de origen: valoram os de manera positiv a al que viene de un lugar con alto desarrollo económico y de forma negativa al que lo hace desde otro con bajo desarrollo. Entendemos que quienes vienen d e áreas econ ómicamente favorecidas van a “dar”, parece que no vienen a competir por ningún puesto de trabajo ni a enviar rem e sas a sus países y, sin embargo, quienes llegan de áreas desfavorecidas vienen a “pedir” y a luchar por lo nuestro (Blanco, 2000). A su vez, Blanco afirma, en su análisis extraído de diversas encuestas CIRES de 1995 y ACEP de 1997, que la mayor parte de la población española está de acuerdo con el derecho de cualquier pe rsona a residir donde quiera, pero de manera abstracta, pues, aterriza ndo en lo concreto, se desprende que en cualquier sitio menos con nosotros. Esta in coherencia es muy habitual: se defienden derechos fundamentales pero se niega su m a terialización práctica. En este sentido, el barómetro del CIS de noviem bre de 2005, que se realizó a raíz de los hechos acaecidos en las vallas de Ceuta y Melilla y de los disturbi os en la capital francesa, mu estra que el 24’3% se pronuncia a favor de que los inmigr antes tengan los m ismos derechos que los españoles, incluso el sufragio. Sin embargo, esta m isma encuesta señala que, para los encuestados, la inmigración es el segundo pr oblema m ás relevante en España (40%), precedida solo por el paro (54’1%), situándose en cuarto lugar si la pregunta es por lo s problemas que person almente m ás les afecta, por detrás del paro, problemas de índole económica y la vivien da. Por su parte, a nivel institu cional, los go biernos firman tratados de reconocimiento de Derechos Hum anos y aplicando políticas que generan y se basan en la vulneración de los mismos. La im agen de los inmigrante s como sujetos en la miseria que vienen para no mori rse de hambre y que nos invaden no se corresponde con la realidad pero, sin embar go, sus consecuencias sí son reales y se concretan en medidas pol íticas de restricción y falta de libertades. En grandes zonas de África, de forma pr ogresiva, la em igración a Europa como una salida o posibilidad de mejora se va convirtiendo en una pauta culturalmente establecida. Y dado que las condiciones ec onómicas de la población creadas por la 87 Nueva Economía empeoran la situación en origen y no facilitan ni facilitarán si seguimos por el cam ino actual, una buena inserción social de las poblaciones inmigrantes por la vía del m ercado de trabajo, entonces es fácilm ente explicab le que las nuevas poblaciones se organicen en redes de ap oyo, lo que, en genera l, es visto por las poblaciones receptoras con recelo y con m i edo (Pérez-Agote, 1995). El inmigran te necesita, en esa situación, un apoyo colectivo, que solo pu ede encontrar entre los suyos. Y así “el otro” se convierte en otro organizado al que temer. Una mala situación eco nómica no cam bia, sino que simplem ente aumenta la dificultad de situ arse para e l inmigrante. Como la situación de este es siem pre de inferioridad social, la búsqueda de la autoto lerancia, de su autoafirm ación le llevará a construir un medio en donde gozar de un esta tus social de norm alidad, lo que significa que buscará la reconstru cción de la comunidad de origen para él y para sus hijos, lo cual no implica, ni m ucho menos, que cese su empeño en desarrollar un com portamiento instrumental en orden a m ejorar su situaci ón económica y social. Este difícil equilibrio está forzado por una sociedad recep tora que se em peña en que se olvide de su o rigen, pero no le permite integrarse en térm i nos de igualdad. (Pérez-Agote, 1995:92). Partimos de las definiciones que da Francisco Torres a inserción social y a integración (Torres, 2002). Por inserción social debe entenderse el proceso del que son protagonistas, activos y pasivos , los inmigrantes en nuestra sociedad, s ea este como sea y siga la fórmula que siga. Cuando se habla de integra ción nos referimos, como señala dicho autor, al tipo de inserc ión social que no comporta ni marginación, ni exclusión ni asimilación forzada, es decir, a un buen proceso de inserción. Partimos de rech azar la asimilación y la exclusión com o maneras aceptables d e inserción en la sociedad de cualquier ti po de población, incluida la inmigrante. La asimilación diluye las cu lturas en la dom inante, identif icada con la unive rsal, y, adem ás, no preserva de ser víctimas de actos racistas y xenófobos. “Que todos los días el espejo del baño y, sobre todo, las miradas en la calle se encar guen de recordar a m uchos jóvenes su origen no autóctono, parece no tener releva ncia (para quiene s defienden estas políticas de asimilación). Que esos jóvenes puedan llegar a avergonzarse de sus padres, por despreciar la cultura, incluida la lengua, de estos, tam poco parece tener importancia; Ningún otros obstáculo, prejuicio ni intereses se interpondrán, presuntamente, en el camino del éxito social” (Mor eno, 2005:41). Muchos siguen empeñados en que bastaría querer ser español o francés para llegar a serl o y así estar en igualdad de condiciones con los nacionales. Países con una larga hist oria inmigratoria han aplicado en el pasado 88 políticas basadas en la asimilación, pensadas para construir, con el tiempo, una masa homogénea de ciudadan os; se trataba de políticas que negaban la entr ada a ciertos colectivos por ser considerados inintegr ables (hubo restricciones a la inmigración procedente de China en Canadá y Estados Unidos y se propició una inmigración solo para blancos en Australia). Hoy, en los países europeos, incluido el Estado español, también se aplican, de hecho, políticas de asimilación bajo el criterio integrable/inintegrable. Sin embargo, este ti po de planteamientos fue superado en los tres países antes citado s en la década de lo s setenta, siendo Canadá el primer país en aplicar, en 1971, una política oficial de “m ulticul turalidad”. En la actualidad, y en todo el mundo, la m ayor parte de los grupos inmigr antes se resisten, crecientem ente, a la asimilación y esperan verse reconocidos com o ta les en la sociedad en la que viven. El factor que más coopera a ello es la ace ntuación de las migraciones trasnacionales. Por su parte, la exclusión impide la comunicac ión entre cultu ras y la participación en la vida públic a de la sociedad de la que los diferentes grupos étnicos forman parte. Las políticas de appartheid o las q ue obligan a los inm igrantes a enroc arse en guettos son políticas de exclusió n, más a llá de las retó ricas. Aunque, en realidad, estas políticas no son tan distintas ni llevan a resultados muy diferentes de las realizadas especto a minorías étnicas tradicionales (gitanos) y a sectores autóctonos marginalizados. Entendem os que cuanto más se participe desde la diversidad en una vida común, cuanto m ás compartamos experiencias y esp acios de encuentro, m enos riesgo de conflicto habrá. Significativam ente, apenas h ay rechazo respecto a la participación de los in migrantes en la vida económica, pero sí existe mucho rechazo a su incorporación a la vida social. En este se ntido, por parte de los inmigrantes es general tanto su conciencia de etnicidad y el dese o de preservar esta, como la voluntad de integración social y no solo económica. ¿Cómo casar mercado y pluralidad de identid ades culturale s? ¿ Cómo podemos vivir juntos y comunicarnos? ¿C ómo formar parte de una misma sociedad, sentirnos parte de una misma com unidad que integre, a su vez, diferentes sentim ientos de pertenencia? Se trata, en términos de De Lucas (2003) de la “acomodación política” d el pluralismo cultural. Cinco ejes propone este autor como puntos de discusión y contradicciones en la relación entre la glob alización y las identidades producidas por los procesos m i gratorios en la multiculturalid ad de Europa y que nos gustaría traer aquí porque, com o veremos, se trata de planteamientos m uy presentes en las prácticas y discur sos de las políticas 89 migratorias: 1. Es habitual establecer la equ ivalencia entre iden tidades resistencia e “identidades asesinas” o “inintegrables cu lturales”, es decir, hay todo u n discurso que niega la integración p olítica de los inmigrantes por c onsiderarlos inasim ilables culturales; 2. El increm ento de la multicu lturalidad se nos p resenta como am enaza para la democracia y m uerte para el individuo, que quedará inevitablemente absorbido por el grupo. De esta forma, se nos trata de im poner la equivalencia entre demanda de reconocimiento y oposición al progreso y a la democracia; 3. Cualquier intento de reconocimiento de la identid ad es visto como potencial elem ento de fragmentación social, tratándose de imponer la uniformizaci ón cultural a todos los niveles. En este contexto, es posible que dis tintos grupos busquen el reco nocim iento, a falta de otros cauces, de manera espontánea y violenta; 4. La globalización m odifica, inevitablemente, la noción de soberanía, lo que debe llev arnos a la p reocupación de cóm o obtener condiciones de transformaci ón y garantía de la dem ocr acia; y 5. Es necesaria una revisión de la relación entre ci udadanía e identid ad cultural. La principal dificultad para encont rar una respuesta a cómo convivir manteniéndonos diferentes es el concepto de ciudadanía basado en la nacionalidad como única base detentadora de derechos. Esta concepción conduce, inevitablemente, a la exclusión de gran parte de nuestra socied ad. De aquí nace lo que De Lucas (2003) ha denominado la “jaula de hierro de la ciud adanía en la modernidad”: el vínculo que identifica ciudadanía, nacionali dad y condición de trabajo fo rmal, en el seno del Estado- nación. La defensa del interculturalismo en el sentido norm ativo que anunciábamos más arriba conlleva, justamente, un cierto desacop lamiento entre nación étnica y nación política (Lamo de Espinosa, 1995). La iden tidad étnico-nacional no puede monopolizar hoy la pertenencia simbólica a un grupo. El pr oblema no es la convivencia, sino el rechazo; no la variedad, sino la fobia hacia lo extraño. Es en la interacción entre grupos diversos donde se gesta la emergencia de identificadores sim bólicos de pertenencia/rechazo (Lamo de Espinosa, 1995). Debiéramos em pezar, por tanto, a cuestionar la categoría “ciud adanía”, una categoría de exclusión de los “otros externos ”, de los inmigrantes, al constituirse en prerrequisito para la adquisición de todos los derechos que una persona debiera tener como tal: los Derechos Hum anos. La ciudada nía se convierte en pr ivilegio. En la globalización, los derechos se reducen a un gr upo de escogidos que, a su vez, ven cómo estos se van reduciendo. El concepto de ciudadanía cuenta, para De L ucas, con tres aspectos fundam entales: a) la ciudadanía como estatus form al, tecnicojurídico , que 90 convierte al ciudadano fre nte al extranjero en privilegiado , en titu lar de ple nos derechos, en particular, de los políticos; b) aspecto político , que confiere al ciudadano la condición de titular de la comunidad políti ca; y c) la ciudadaní a como vínculo de identidad, de pertenencia y de reconocimient o. La condición de pe rtenencia parece ser un privilegi o accesible solo mediante la poses ión de una identidad previa, prepolítica, vetada a los que quedan fijados en la condición de no-ci udadanos por su identidad esencialmente diferen te. La ciudadanía niega este derecho a la iden tidad de la persona, tanto si se posee, pues muchas veces se debe renunciar, aunque “solo” sea form almente, a su identidad de origen, como si no, negándose la equiparación de derechos a aquellos con los que ya puede compartirse el sentim iento de pertenencia a una sociedad com ún. “Es necesario el reconocimiento social de la identidad de cad a sujeto. Mientras este reconocimiento no se dé, el comportamiento del sujeto en luga r de ser racional en relación con los objetivos socialmente fijados, luch a por afirmar, m ant ener y hacer aceptar su identidad, y lo ha ce con toda la carga afectiva que normalmente protege esta esfera, resultando así comportamientos ininteligibles para la soci edad que en realidad los está induciendo” (Pérez-Agote, 1995:97-98). En este senti do, “todos los movimientos denominados integristas, que son var iantes del modelo tota litario, m uestran en este fin de siglo e l vigor de esta solución antiliberal que podr ía sumir nuevas formas en el siglo XXI” (Touraine, 1997:17). Touraine nos habla de una doble perver sión: la econom ía reducida al mercado y la cultura a ideología: “este peligro solo resulta grande cuando esas identidades, definidas de manera puram ente defensiva, como las de grupos-víctimas, apelan o aceptan que las defiendan un poder au toritario que h ace de la lucha con el Otro el eje y la legitim ación de su política y rech aza los principios universalistas del derec ho. (…) Ese comunitarism o transform a una cultur a en instrum ento de moviliza ción política y rechazo del otro” (Touraine, 1997:41). Además, “¿cóm o podría hablars e a ún de ciudadanía y de dem ocracia representativa cuando los repr esentantes electos miran haci a el mercado m undial y los electores hacia su vida p rivada?” (Touraine, 1997:13). Esta es la p regunta que se hace el sociólogo francés al señalar que, en la act ualidad, y nosotros compartimos esta idea, gobernar un país es, de hec ho, actuar para hace r posible que la organización social y jurídica sea compatible con las ex igencias del mercado global. En este sentido, las instituciones del Estado-nación son cada vez menos representativas, en contraposición con asociaciones voluntarias, que adquieren cada vez más pr otagonismo. Es el dilema 91 planteado por De Lucas entre globalización y s oberanía. En este sentido, tendría cabida la “ciudadanía trasnacional” de Bauböck (2002), que, empezando por las ciudades, recupera la residencia co mo condición de ciudadanía y hace posible una ciudadanía múltiple, tra snacional. Como af irma De Lucas, debem os orientarnos hacia la c iudadanía multilateral y no a la ciudadanía cosm opolita construida sobre el dominio de una o de unas determinadas cultu ras etnonacionales. Por tanto, ¿cómo se puede exigir lealta d de los inmigrantes a un Estado que cada vez represen ta a menos gente? Además, ¿ cóm o se puede pedir lealtad a un Estado como exigencia para la adquisición, mediante la ciudadanía, de la totalidad de derechos nacionales cuando hemos visto la importancia que continúan teniendo los países de origen en las diásporas migratorias, es deci r, en un contexto de migració n trasnacional? ¿Es que las identidades deben ser exclusiv as y excluyentes? ¿ No puede ser andaluz un senegalés? El objetivo habría de ser conseguir una notable identi ficación con una sociedad común por parte de los diversos grupos inte grantes de la m isma. Debe impulsarse un sentimiento de pertenencia com ún que los una, de forma que los derechos y deberes encuentren sentido en un nosotros plural, de forma que com partamos un grado de confianza mutua que permita contem plar que los sacrificios y cesiones van a ser recíprocos (Kymlicka, 2003). Debemos perc ibir que formamos una misma sociedad, aunque, como no puede ser de otra manera, con intereses y opinion es diferentes. La gente debe confiar en que los demás están di spuestos a ten er en cuenta sus intereses y opiniones personales. Los distintos grupos debe n estar representados en esta sociedad de pertenencia, pues si la cultura de un gr upo no es objeto de respeto generalizado, la autoestim a de los miembros de este se verá am enazada y no se sentirán parte de esta otra macro-com unidad diversa y aglutinante. El recurso a la ciudadanía no puede ser la solución: “el tra tamiento igua l a todos los individuos definidos en cada mom ento co mo ciudadanos, reflejado en la máxima de ‘igualdad de todos ante la ley’, es preci samente la concreción política del principio liberal-burgués del individualismo y el m onoc ulturalism o (…), siendo despojados de los atributos culturales fundamental es: la identidad étnica, la identidad de género y la identidad socioprofesional” (Moreno, 2002a: 190-192). Se toma com o único sujeto de derecho al individuo, ignorando a los colectivos y cayendo en un planteamiento basado en el individualismo metodológico que niega otras formas de estar y relacionarse los seres humanos entre sí y con el m undo que les rodea. 92 Las críticas a la actual definición de los Derechos Humanos han surgido, principalmente, desde dos pos ic iones: quiene s critican un sesgo eur océntrico en la Declaración, afirmando que se tom an co mo universales planteamientos, norm as y valores regidos por un espíritu individualista en c ontraposición al cole ctivista que rige en otras partes del mundo; y quienes argum en tan que estos derechos son aceptables pero están incompletos. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que es universalmente compartido por los humanos se expresa bajo una gran diversidad de form as culturales. Pero, además, es innegable que ciertos derechos indi viduales protegen la vida en grupo: la libertad de culto religioso, por ejemplo, cons iste en permitir que los grupos se formen y se mantengan y, en este sentido, los derechos de libertad de expresión, de asociación y de conciencia facilitarían este derecho, pues se ejercen en comunidad protegiendo de esta forma la libertad de culto. Una vez acep tado este p lanteamiento, se trataría de ver si estos derechos tienen una plasmación real e n la vida de los inmigran tes en las sociedades receptoras. En relación a las minorías nacionales, Kym licka (2003) nos pone tres ejemplos de cómo los derechos individuales no garantiz an los derechos com o grupo: el de las decisiones sobre las políticas internas de migración y asentamiento (que convierten muchas veces a la minoría nacion al en cu estión en minoría dentro de su territorio tradicional de forma deliberada); el de las decisiones sobre los límites y los poderes de las subunidades políticas internas (las minor ías nacionales necesitan, al igual que los Estados, garantías sobre sus fronteras, instituc iones y com petencias; es decir, derecho al autogobierno, a estar representadas en cuestione s grupales, a ejercer el derecho de veto sobre cuestiones que afecten directam ente a su superviven cia cultural, etc. Es frecuente considerar que estas dem andas entran en c onflicto con el indivi dualismo occidental y que constituyen una prueba de comunitarism o anclado en el princip io de los tiem pos) 42 y el de las decisiones sobre las lenguas of iciales (las lenguas no pueden sobrevivir a menos que se utilicen en la vida públ ica y, por consiguiente, las decisiones gubernamentales sobre las lenguas oficiales determinarán qué lenguas pervivirán). 42 “Un ejemplo es la ley que existió en Canadá hasta 1960 , que solo permitía el v oto a los amerindios si renunciaban a su cond ición de indio s y abandon aban cualqu ier demanda de derecho s políticos o cultu rales como indígenas. Para poder vo tar en el proceso político canadien se, debían abandonar cualqu ier exigencia de partic ipación en l os antiguos procesos in dígenas de autogobi erno. Est e diáfano i ntent o de socavar l as instituciones políticas in dígenas se justificó en n ombre de la promoción d e la “democracia”. Y una vez que se conced ió la ciudadan ía a todos los ind ios en 1960, el go bierno canadi ense criticó lo s intento s que realizaron los indios para utilizar los foros de las Na ciones Un idas sobre la b ase de que los ind ios eran ciudadanos canadienses (Kyml icka, 2003: 110) . 93 Y lo anterior no lo garantizan los de rechos individuales. Por lo tanto, compartim os la opinión de Kymlicka de que no se trata de un problema de no validez de los Derechos Humanos, sino de insuficiencia, que nos lleva a la exigencia de ampliación de los mismos mediante el reconocim iento de los derechos de las m inorías. Sin olvidar, y esto también es im portante recalcarlo, que en el interior de estas minorías deben cumplirse, com o no puede ser de otra manera, los Derechos Hum anos: hay que garantizar que los individuos no sean opr imidos por el propi o grupo ni por sus dirigentes políticos o élites, que, en no pocas oc asiones, se atribuyen la interpretación de la cultura y la tradición en su co njunto. En este sentido , ya afirm a Gutman en la introducción a un libro de Taylor, las persona s somos, por un lado, individuos únicos y, por otro, “portadores de cultu ra”; y, en este sentido, la exigenci a de reconocimiento, animada por el ideal de dignidad hum ana, indi ca al menos dos direcciones: una sobre la protección de derechos fundam entales de lo s individuos en tanto que seres humanos y otra sobre el reconocim iento de las neces idades específicas de los individuos co mo miembros de grupos culturales específicos. Necesidad, por ello, de reconocimiento ta n to de los derechos individuales como de los derechos colectivos. No se pueden obviar las dimensiones colectivas y dejarlas relegadas al reconocimiento único de los der echos individuales, por que es insuficiente. En el caso concreto de los se negaleses en Sevilla, en si ntonía con lo que sucede en buena parte de las culturas africanas, el indi viduo se entiende dentro del colectivo y, por tanto, el reconocimiento únicam ente de los de rechos individuales, en el caso de que existiera tal reconocimiento y no fuese un si mple formalism o, supondría la negación de la propia identidad, pues t odo aquello que lo convierte en ser social sería ignorado (Moreno Maestro, 2003). “Querríamos dem ostrar que se puede renovar la figura moderna de la democracia, reconociendo el pl uralism o y manteniendo unas reglas universalistas de derecho” (Touraine, 1997:57). Es la pregunta que se plant ea Kymlicka (2003): ¿ cómo se relacionan los derechos de las minorías con los principios subyace ntes a la dem ocracia liberal, como la libertad individual, la igualdad social y la democracia? La mayoría de los grupos de inm igrantes de sean participar en la so ciedad de la que forman parte. En su mayoría, se adhier en a los principios liberales, no buscan, en términos de Kym licka, una nueva cultura societal –“esto es, un conjunto de instituciones que abarcan tanto la vida pública como la vida privada, provistas de una lengua común que se ha desarrollado hist óricamente a lo largo del tiem po en un 94 territorio dado y que proporciona a las personas una amplia ga m a de opciones respecto a cómo encauzar sus vidas” (cosa que sí puede pasar con las minorías nacionales del propio estado), sino que persiguen su part icipación en las socied ades liberales modernas, buscan tener acceso a su educación, a su sanidad, a sus medios de comunicación. En este sentido, la comunidad senega lesa de Sevilla no opta por pasar desapercibida y así ausentarse, en aparie ncia, de todo conflicto. Aunque esto pueda hacerse a nivel individ ual en alguna ocasi ón -y, adem ás, se haga para “salvar” al colectivo, conscientes de la repercusión que una conducta individual tendrá sobre la imagen grupal-, los senegaleses y senegalesa s se constituyen en sujeto social con aspiración a una plena particip ación en la vida pública de la ciudad, sobre todo en el barrio donde están más presentes, San Jerónim o. Es la relación y el conocimiento mutuo lo que facilita la convivencia, y por ello se busca compartir espaci os y experiencias con el resto de la población. El colectivo senegalés se afirma, a la vez, como com unidad y como parte integrante de la sociedad lo cal haciendo uso de los servicios públicos puestos al servicio de los vecinos, manten iendo contactos con auto ridades y organismos oficiales, participando en m edios de comunicación, foros y debates, cuidando las relaciones con individuos, as ociaciones de vecinos y demás entidades de barrio, o participando en fies tas autóctona s de identific ación colectiv a. En de finitiva, haciéndose visible como colectivo. Sin embargo, la im posibilidad o la dificultad para la participación en las distintas esferas de vida social puede conducir a in m igrantes de cualquier lugar de origen a buscar apoyo y resguardo en grupos de pertenencia excluyentes, germen de formas de integrismos que están extendiéndose m ás cada día. En el contexto actual, determ inado por la imbricación de lo global y lo local, “hay una frontera que no se debe franquear: la que separa el reconocimiento del otro de la obsesión por la identidad…; la identidad y la alteridad son in separables y en un universo dominado por las fuerzas impersonale s de los m ercados financieros deben ser defendidas conjuntamente si se q uiere ev itar que la única resisten cia eficaz a su dominación venga de los integrism os sectario s. El multiculturalism o democrático es hoy el objetivo principal de los movimientos so ciales reformadores…” (Touraine, en Cohn- Bendit y Schmid, 1996:16). Desde este planteamiento, estam os en tota l desacuerdo con los formulados por el profesor Manuel Delgado Ruiz, de la Un iversidad de Barcelona, en su trabajo 95 “Inmigración, etnicidad y dere cho a la indiferencia. La an tropología y la invención de ‘minorías culturales’ en contextos urbanos”. En él se afirm an cosas como que “las personas que comparten los espacios públicos son solo m asas corpóreas, perfiles que han renunciado voluntariamente a toda o a gran parte de su identidad” (Delgado Ruiz, 2000:126). Nos gustaría preguntarle al profes or Delgado cómo se renuncia a aquello que te convierte en persona. Y, sobre todo, nos gustaría que su au tor nos dijera dónde está el gusto por constituir solo “masas corpóreas”. Precisamente, uno de los puntos m ás de stacables que hemos corroborado en trabajos anteriores (Moreno Maestro, 2003) ha sido la opción de los senegaleses sevillanos por ser visibles, por generar y mant ener contexto s de relaciones sociales de forma continuada para lograr, a través de ello, una convivencia real. ¿Dónde está, en este caso, la voluntariedad de la renuncia a tod a o a gran p arte de su identidad? ¿ Dónde está la renuncia a aquello que es utilizado por este colectivo com o soporte y trampolín para su integración? Es fácil hablar de lo nebuloso de la identidad entre aque llos que están en una posición en que la suya propia es reconocid a y pueden darse el gusto, por tanto, de practicar su “ derecho a la indiferencia” . Sin duda, una vez normalizadas las relaciones, ya cada uno está en su derec ho de ignorar y de ser ignorad o, pero esta situación solo puede partir de una relación entre iguales, y ello solo es posible en un contexto de relación, que es lo que signi fica convivencia. Delgado af irma que el derecho al anonimato es “ el requisito para cualquier forma de integración social verdadera” ; por el contrario, nosotros pensamos que el derecho al anonimato so lo es posible cuando existe la integración. “Lo que aportamos nosotros es la rique za de la inmigración en sí. Somos visibles, y lo que aportamos a la economía también se ve, está visible; la parte cultural también está visible. De lo que se trata es de concebir la inmigración como un reto, también un reto de cara a valores tan importantes, que están aquí, sociedades que defienden la democracia, la convivencia y el respeto al otro y todo esto” (Momar) 43 . Entendemos que es esto lo que hay que pr opiciar. En este sentido, es cierto que los gobiernos de las sociedades recep tora s, los gobiernos de los Estados-nación occidentales, han estimulado que los ciuda danos consideren que sus oportunidades vitales se hallan ligadas a la par ticipación en la s institucione s societales com unes que 43 Momar es un senegalés de 40 años que llegó a Sevilla en 1994. 96 en este nuevo mundo no es ideológica o ec onóm ica, sino cultural. Y tampoco son de gran ayuda conceptos como el de “distancia cultural” de Sartori, (2001), nueva for ma de racismo que entiende las culturas co mo bloques monolíticos de norm as y valores, donde la “cultura occidental” debe ser patrón de medida para las dem ás y donde el multiculturalismo no es más que una am enaza, principalmente, la que viene del Islam , entendido como antidem ocrático en esencia. Con argum entos como estos, la inmigración no puede significar otra cosa que una amenaza para un contexto en que la cultura dominante, la europea, es presenta da como universal y homogénea, y donde las culturas dominadas, tal com o ocurrió en lo s procesos de coloni zación, deben asimilarse a ella. Igual que en sus propios países tuvi eron que dar las gracias por ser evangelizados o por llevarles “la luz de la razón”, ahor a, quienes vienen a nuestros países, los inmigrantes, deben estar agradecidos por nue stro in tent o de c ivi lizarlos, de darles derechos, de hacer que conozcan la democraci a y de aportarles el b ienestar que nunca antes, o al menos eso se afirma, han conocido. Esto enlaza en la actualidad, en nuestro c ontexto andaluz, con la forma en que se construya la identidad e uropea. Esta puede constituir un f actor de riesgo, o incluso de negación, para la interc ulturalidad si se reafirma el proyecto homogeneizador de quienes tienen el poder de definir qué es Occidente. En él, la diversidad cultural puede ser tratada solo com o una mercancía m ás en el mercado (música étnica, turism o rural, gastronomía local, bailes “prim itivos”…). Conviene recordar, adem ás, que para el reconocimiento de quienes vienen de fuera, de las culturas de los di versos colectivos de inmigrantes, es neces ario el reconocim ient o de la heterogeneidad interna, d e la heterogeneidad cultural de Europa y de los propios estados que la componen. En la actualidad, se considera que el inm igrante es integrable si es funcional al mercado y si es asim ilable culturalmente, por lo que podem os afirmar que se está optando por la opción homogeneizadora. La identidad cultural distin ta a la hegemónica se convierte, por tanto, en causa de discrimi nación. Es un obstáculo para la integración política, para la demanda de empowerment “… lo que nos importa en la definición de quiénes somos puede no estar reconocido e incluso puede es tar condenado públicamente en nuestra sociedad, aunque todos nuestros derechos ciudadanos estén garantizados” (Taylor, en De Lucas, 2003:68). Rescatamos, a este resp ecto, tres cuestiones planteadas por Javier De Lucas (2003) para el tratamiento de la inm igración y la construcci ón de políticas migratorias en Europa que tratarem os a lo largo de este trabajo: 1. ¿Habría un m ínimo exigible de 103 inculturación, que supone inev itab lemente aculturación ?; 2. La obsesión por el Islam y por la laicidad como exigencia de la de m ocracia pluricultural; y 3. El reconocim iento político de la identidad: la relación entre ciudadanía europ ea, identidades nacionales e identidad europea, y la propuesta de la ci udadanía m ultilateral, m ás que la ciudadanía cosmopolita o diferencia da. Entendemos que no puede haber verdader a democracia si no se reconoce la pluralidad cultural y la diversidad de cam inos y m aneras para llegar a unos mism os objetivos. Claro que debemos ponernos de acu erdo en cuáles van a ser esos objetivos. Se trataría de la dem ocracia plura lista como gestión d emocrática de las sociedades multiculturales: “La democracia p luralista ex ige una lóg ica garantista e inclus iva que postula la noción de igualdad com pleja, de soberanía compartida o consociativa, de ciudadanía diferenciada o m ultilateral que cumpla la función identitaria sin elim inar la función de estatus, com o título formal de soberanía y derechos. Postula también tomar en serio cultura y reconocim i ento como bien es prim arios, como necesidades dignas de satisfacción, con consecuencias jurídicas y políticas; no para preservar peculiaridades identitarias en peligro de extinción, sino para hacer po sible el desa rrollo de la autonomía…” (De Lucas, 2003:54). Se trata de negociar sobre la pa rticipación en lo público desde la diferencia. No es aceptable seguir hablando de nuestro deseo de integr ación cuando, a la vez, se diseñan políticas de gestión de la diversidad cu ltural basadas e n limitacion es impuestas y, sobre todo, en la necesidad de ad quirir la nacionalidad para ser sujetos plenos de los derechos humanos. Si el poder reposa en una com unidad homogénea de iguales, el derecho de las minorías es siem pre problemático, pues pone en cuestión la homogeneidad. El necesario diálogo entre culturas apenas puede progresar, m ás allá de contextos muy determinados, en el m arco de relaciones asim étricas de poder y derechos en el que nos movemos. Tiene que modificar se profundamente este para que sea posible una identidad política colectiva in tegradora y pl u ral, reflejo de la m ulticulturalidad de la sociedad, regida por los prin cipios que De Lucas (2003) en uncia: la no discrim inación en la comunidad política por pertenencia a otros grupos culturales y el derecho a la identidad cultural propia. También tenem os que estar de acuerdo con Kymlicka (2003) en que los derechos de las minorías -nosotros preferim os hablar de derechos colectivos- deben 104 cuidar dos aspectos: la libertad de los indivi duos dentro de los grupos y la promoción de relaciones de igualdad entr e los diferentes grupos. Los planteamientos que están en c ontra de la reproducción de la multiculturalidad, como los de Huntington (1997), Sartori (2001) y Azurm endi (2001) los cuales consideran esta com o generadora obligatoria de guettos étnicos que atentan contra los valores democráticos de nuestras sociedades no tienen ninguna base científica y son ideológicos en el peor sentido de este concepto. Más bien, la observación de distintas realidade s muestra justam ente lo contrario: dentro del m ulticulturalism o de inmigración (Kymlicka) podem os hacer referencia a la ref orma del currícu lo de las escuelas, la discriminación positiva, la ad apta ción institucional… ¿ Qué tienen estas prácticas que permitan la construcción de nueva s instituciones públicas , es decir, de una nueva cultura societal? ¿No se dirigen, más bi en, a la as imilación de lo s inmigrantes en las nuestras, consideradas com o perfectas? Llegados a este punto, nos gustaría hacer referencia a la reivind icación hecha por parte de algunos sectores sobr e la necesidad de ejercer una política de fronteras abiertas, es decir, una total libertad de movim iento s humanos a través de las fronteras. ¿ C ómo podemos garantizar en tal caso la viabilidad de culturas nacionales, sobre todo de las minorías sin estado? La realidad social está construida a base de contradicciones que también en nuestros análisis y preten siones pueden chocar y descolocarnos. Actualmente, los inm igrantes contribuyen al desarrollo económico y cultural de las sociedades a las que llegan (tam bién a la s suyas propias, lo que se ha denominado “codesarrollo”). Pero esto se debe a que el número de inm igrantes es limitado y al hecho de que se incentiva, se supone, la integración de los que llegan en la cultura nacional existente. En este sentid o, no solo los esta dos, sino también las naciones que carecen de él pero que aspiren a la pervivencia de su cultura, deben tener algún control sobre las políticas de inmigración. En Quebec, por ej emplo, son los quebequeses quienes definen sus criterios de inmigración, quienes establecen sus nive les de flujo migratorio y quienes tienen el derecho a enviar a sus pr opios funcionarios de inm igración a otros países. Estamos de acuerdo con Kymlicka (2003) en que si una m inoría quiere mantener su cultura societal tiene que tener los poderes en relación a la lengua, la educación, los empleos gubernam entales y la inmigración. A lo largo de todo nuestro trabajo, lo que nos hemos preguntado repetidam ente es: ¿se busca una participación cívica act iva y una efectiva integración de los inmigrantes?; ¿ promueven nuestras políticas es to?; ¿ tratan d e mejorar es tas políticas los 105 términos de la integ ración animando a los inmigran tes a que se integ ren en nuestras instituciones manteniendo, a su vez, su identidad cultural, haciendo m ás plural culturalm ente nuestras sociedades? Hay que reconocer, primero, que la integr ación es un proceso que no se puede hacer de la noche a la m añana; que durante u n periodo de tiem po, hasta llegar a esa integración, son necesarias prestaciones esp eciales (los in migrantes deberían poder acceder a determ inados servicios en su le ngua materna y deb ería proporcionarse apoyo a aquellos grupos y organizacione s que, en el seno de las comunidades de inmigrantes, contribuyan al proceso de asentamiento e integración, como m edi adores culturales, servicios en sus propias lenguas, atención de personas del mism o género, etc.); se trata de derechos que no podemos ver como priv ilegios injustos, sino como medios de rectificación de situaciones injustas. Es neces ario, en este sentido, com batir los juicios que afirman que los reconocim ientos y trat os diferenciales a los grupos m inorizados, entre los que están los colectivos d e inmigr antes pero no solo ellos, sino tam bién los colectivos minorizados internos (mujeres , discapacitados, viejos, m inorías sexuales, gitanos y otros grupos vulnerables), erosi onan el civismo y la dem ocracia. Y, segundo, hay que reconocer que las instituciones polí ticas no son neutras, y por ello también necesitamos identificar posibles sesgos en sus p olíticas que discriminen a los g rupos de inmigrantes y los sitúen en situación de desv entaja (horarios de trabajo, fiestas, hábitos de vestimenta, etc.). La igualdad no es ot ra cosa que igualdad de oportunidades, y es esto lo que es preciso garantizar: la igualdad dentro de las institucione s de la sociedad, ya que, los inmigrantes se insert an en el sis tema político d e la sociedad a la que llegan y pretenden también su integración económica y social. Y esta, para que sea real, hay que hacerla en pie de iguald ad. Este segundo aspe cto nos parece de vital importancia en el sentido de que no son únicamente las pol íticas dirigidas específicam ente a los inmigrantes las que influyen en su realidad social, sino q ue s on todas las políticas públicas las que juegan un rol fundamental en el proceso de integración de los colectivos y de sus miembros: las leyes s obre educación, sobre salud, empleo, viviend a, etc. Dicho todo esto, se hace obligatoria la si guiente reflexión: “si el problema real no estriba en la disposición de los inmigr antes a la integración, sino m ás bien en la reacción contra el m ulticulturalism o de inm igración que surge entre los ciudadanos naturales (nacionales), entonces el problema que debem os abordar es el de las actitudes de la mayoría y no el de las legítim as demandas de los inmigrantes” (Kym licka, 106 2003:207-208). El problem a se acentúa porque cu alquier sistema político de tratamiento de la inmigración no funciona ref erido a la situa ci ón de irregularidad de la que muchos inmigrantes son víctimas. No se pueden aplicar políticas a quienes no existen legalmente, a quienes carecen del derecho a te ner derecho s. Con los irregulares, que lo son por haber entrado de forma ilegal, o porque llegan a esta situación de for ma sobrevenida, por haber cumplido el plazo conc edido para su estan cia en la socied ad receptora o por haber perdido el estatus regularizado por al gún otro m otivo, no funciona el objetivo, siquiera retórico, de convertirlos en futuros ciudadanos. El objetivo no es que se integren o asimilen, sino que regresen a sus países de origen. Por ello, el destino de quienes se quedan no puede ser otro que la marginación o la exclusión consciente y planificada. 2.5. Los modelos de políticas sobre inmigración. Los objetivos de las políticas de inmigrac ión que, en un princi pio, tenían como núcleo principal el control de fronteras, hoy, aún cuando este continúa siendo el eje fundamental, también deben atender al control interior, diseñar políticas de integración, dar un tratamiento específico a la irregularid ad y a las m afias, contemplar la necesidad de mano de obra en distintos sectores, garan tizar unas condiciones de vida dignas a los inmigrantes y adaptarse a un endurecim ie nto de las leyes de refugio y asilo. Existen distintos enfoques según los cu ales los Estados, u otras estructuras políticas a niveles inferiores o superiores, diseñan sus po líticas de inmigración, dándole un contenido específico al proc eso de inserc ión de los inm igrantes y de las m inorías en sus sociedades. Adam (1995:98-99), en su catalogación sobre el tratam iento de los Estados a las minorías, incluye las siguien tes posibilidades: la elim inación física (genocidio), la expulsión de la totalidad de un colectivo del territorio, la dom inación, basada en un trato legal “d istintivo” –nosotros di ríamos discriminatorio- a las m inorías étnicas (que puede ir desde la esclavit ud a la ciudadanía de segunda clase); la asimilación o, lo que es lo m ismo, la adquisi ción progresiva de derechos mediante la renuncia forzosa a la propia identidad, sin garantía de ser aceptados plenamente ( melting pot de EE.UU, política oficial de Alemania, caso francés); y el multiculturalismo, política oficial de Canadá desde 1971, qu e trata de incluir elem entos culturales de las m inorías inmigrantes en la s estructuras de las instituciones de las sociedades de acogida (y que después pasaremos a analizar con m ás detalle). 107 Sin embargo, verem os cómo, la mayoría de las veces, esta cl asificación de las políticas respecto a las comunidades de inm i grantes en categorías estancas so lo puede hacerse a nivel teórico-analítico, pues se m ezclan en la realidad social. Así, aunque no consideremos la exclusión com o una mane ra de integración, sí veremos cóm o esta puede efectuarse según el ám bito o colect ivo al que van dirigidas determ inadas políticas. Es decir, la exclusión jurídica –el no reconocimiento de la persona en cuanto sujeto de derechos-, puede formar parte del tipo de inserción de m uchos inmigrantes, permitiendo su participación en ciertas es feras, fundamentalmente la laboral, y negándosela en otras, principalmente en la pública (López Sala, 2005; Bauböck, 1996; Castles, 1988 y 1995). Esta exclusió n podrá ej ercerse con mecanismos legales (lím ite de acceso a la ciudadanía, control de fronteras, etc.) o con prácticas m ás informales como la selección de trabaj adores (Fortín, 2000). De esta forma, aunque en muchos Estados no se reconozca un modelo de inserción de las comunidades de inmigrantes basado en el principio de exclusión, sí se establecen una serie de desigualdad es jurídicas que excluyen a los inm igrantes de una participación plena en la sociedad receptora : se excluye tan to a nivel individual como, aún más, a nivel colectivo, generando un estado de pobreza no determ inado únicamente por una situación de carencia de dinero y medios de subsis tencia, sino por carencias en la inserción social (Helly, 1999), por “un cúmulo de handicaps o incapacidades que hace que capitulemos ante la vida, que este m os fuera de ella” (Blancquart, 1982: 6 5); una desfiliación (Castell, 1995). Son las c ondiciones que provocan este estado de pobreza las que excluyen a los individuos y col ectivos de ser miem bros plenos de una sociedad, lo que enlazaría con el concepto de reconocimiento y la indudable verdad de las palabras de Taylor (1992) cuando afirma que la negación del reconocim iento es una forma de opresión. La exclusión de la vida pú blica, de la particip ación en la escena política y en la sociedad civil son rasgos habituales de la forma de inserción social de los inmigrantes, una inserción que, obviam en te, es injusta y opresora. Consideramos, pues, que las pautas de segreg ación son resultado de diseños específicos de políticas de inserción de los inmigran tes. Como venimos afirm ando, los modelos de políticas de tratamiento de la inmigración vienen determ inados por los c ontextos m undiales, por la situación de los países denominados de acogida y por la de los países de origen de quienes em igran. López Sala (2005) distingue, así, tres tipos principales, caracterís ticos, respectivam ente, 108 de los países con tradición inmigratoria, de los estados del centro y del norte de Europa, y de la Europa meridional. En los países tradiciona les de inmigraci ón (Canadá, Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, Australia), que fueron destino de grandes corrientes migratorias en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décad as del XX, la inmigr ación forma parte de su mito fundacional y de su construcción co mo Estados-nación. Esto explica q ue el modelo de integración multicultural haya tenido m ayor desarrollo, aunque de formas distintas, como ve remos a continuación. Los estados del norte y centro de Europa (Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Alemania) se caracterizan por s er destinos migratorios cuando ya se hab ían consolidado como Estados-nación, por lo que los inm igran tes no form an parte integrante d e la identidad de dichos estados. S on países de donde habían par tido corrientes de personas a territorios coloniales y a países de ultramar y donde, posteriormente, el boom económico de los años 50 del siglo XX ll evó al reclutam iento de mano de obra extranjera p rocedente en m uchos casos princ ipalmente de los antig uos territori os colonizados. En Alemania, concretament e, se plasmó el m odelo denominado gastarbeiter , o trabajad or invita do, para el que se pretende una estancia tem poral y un posterior regreso definitivo a su país de orig en. Como se ha demostrado, tal pretensión nunca funcionó por dos motivos: por una parte, porque los empresarios no deseaban una formación continua de corriente s de trabajadores que se re levaran unas a otras de forma ininterrumpida y, por otra, porque las redes de apoyo intracomunitari as favorecieron el asentamiento sin retorno de m uchos de ellos. Por este motivo se inició en los 70, al abrirse la época de crisis económica, una polít ica de cierre de front eras, la cual, además de frenar el reclutamiento, tuvo también el efec to de fortalecer el rechazo a la idea del retorno. De esta forma, program as de inmigr ación pensados para la instalación temporal de trabajadores fomentaron en la práctica una inmigración perm anente (Hammar, 1985; Baldwin-Edwards y Schain, 1994; Castles y Miller, 1993). En la actualidad, los países del norte y centro de Europa son países con duras m edidas de cont rol de entradas, con unas políticas muy centradas en la lucha contra los flujos irregulares y con una falta de programas que guíen las políticas a medio y la rgo plazo. Existe una carencia evidente de políticas de integración, lo que no hace sino agravar la situación, ya de por sí tensa, generada por un clima de opinión púb lica contrario a la inmigración que, indudablemente, influye en la tom a de deci siones políticas, provocando el aumento de la 109 vulnerabilidad de las minorías de inm igrantes y la actuación de grupos de la sociedad civil en defensa de derec hos para los inmigrantes. En estos estados, la ciudadanía se a dquiere a través de la nacionalidad, construyendo una discriminación jurídica que sitúa a unas personas, por su lugar de nacimiento ( ius so li ) o por su filiación ( ius sanguinis ), en el grupo de lo s excluidos de la ciudadanía y a otras, por el mismo criterio, en el de los incluidos. En Europa predomina la nacionalidad según el principio ius sanguinis , aunque varios país es cuentan con un sistema m ixto que concede la nacionalidad según el cumplimiento de una serie de criterios fijados por ley, como pueden se r la necesid ad de contar con un periodo determinado de residencia previa a la solic itud, o el nacim i ento y la escolarización. El modelo gastarbeiter pretendió el asentam iento temporal de los inmigrantes, permitiéndo se durante décadas el mantenimiento de ele mentos culturales d e origen (fomento de las organizaciones étnicas, ap rendizaje de la lengua de origen) como mecanismos propiciador es del retorno. Sin embargo, a la vez que la demanda de m ano de obra y el Estado de Bienestar posibilit aban la inclusión económ ica y social, se impedía el acceso a la ciudadanía, lo que si gn ificaba la exclusión política, provocando una falta de identificación de las minorías inm igrantes con la sociedad alemana. Desde 1991, se impuso para la adquisición de la ciudadanía la obligatoriedad de quince años de residencia, rentas sufi cientes que demostraran la capacidad de supervivencia económica, la renuncia a la ciuda danía de origen (no se acepta la doble nacionalidad) y, para los nacidos en Alem ania de padres extranjeros, exigencia de seis años de escolaridad (Helly, 1996a). A finales del año 2005, el estado de Bade n-Wurtem berg estableció la obligación de que el aspirante a alem án firm ara una declaración de adhesión al orden constituc ional vigente. No se trataba de una mera form alidad: si el organism o que otorga la nacionalidad tiene dudas de si el aspirante “no ha comprendido de verdad el contenido de la declaración o no coincide con sus convi cciones”, deberá celeb rarse una entrevista en la que el Ministerio fija 30 tem as, entr e los que se in cluyen cuestion es como las siguientes: “Imagínese que su hijo m ayor de edad llega a casa y le dice que es homosexual y que querría irse a v ivir con un hombre: ¿ cómo reaccionaría usted?”. O esta otra: “Algunos consideran a los judíos responsables de todo lo malo del mundo e incluso afirman que estaban detrás de los at entados del 11-S en Nueva York, ¿qué opina usted de estas afirmaciones?”. 110 En 2006, El Ministerio del Interior del Estado federado de Hesse ha em itido unas directrices para los procesos de naciona lización de los extran jeros y “aspirante s a alemanes”, los cuales deben responder a un cuestionario entre cuyas preguntas están “¿Qué entiende usted bajo el concepto de milagro económ ico alemán?”; “explique el concepto del derecho a la ex istenc ia del Estado d e Israel ”; “nombre a dos personas que estén consideradas en Alem ania como los pa dres del automóvil”; “diga los nom bres de siete Estados federados con su s capitales”; o “¿qué hecho histórico ocu rrió el 9 de noviembre de 1938?”. El mismo Ministro del Interior de Berlín, el socialdemócrata Ehrhart Körting (SPD), ha puesto en duda que más de dos tercios de los ciudadanos alemanes fueran capaces de res ponder al cuestionario; y en este sentido se pregunta si “tendremos que declarar apátridas a un te rcio de los ciudadanos”. Las actuales exigencias de Hesse a los aspirantes a alem anes incluyen un mínimo de ocho años de residencia, suficientes conocimientos de al emán, obligación de asistir a cursos de nacionalización con exámenes de conocimiento y sobre valores, garantía de no poseer “tendencias anticonstitucionale s”, y declaración de lealtad. Para uniformar criterios está previsto celebrar en m ayo una reunión de ministros del Interior de los estados de la República Fede ral. Mientras tanto, el m i nistro federal, el democristiano W olfgang Schäuble (CDU), no ha tenido el m enor reparo en alabar el modelo holandés con vídeos de “muj eres con los pechos descubiertos”. Los países de la Europa meridional (P ortugal, España, Italia y Grecia) han pasado de ser emisores reciente s de trabajadores a otros países de Europ a y América, a recibir población inmigrante. Todos se carac terizan por un rápido, aunque diferente, crecimiento económ ico en las últimas décadas, la consolidación de m ercados de trabajo segmentados, un gran peso de la econom ía in formal, la proxim idad geográfica con los países de origen de muchos inmigrantes, y por tener vínculos históricos con m uchos de estos países. A su vez, com parten entre e llos un Estado de Bienestar débil y unas tasas de desempleo elevadas. El m ercado de tr abajo aparece segmentado por etnia y g énero, concentrándose los inmigrantes en los sector es de la ag ricultura, la construcción, la hostelería y el servicio doméstico. Las políticas de inmigración determin an las condiciones de vida y las posibilidades de integración de los inm igrante s en la sociedad de acogida. Por ello son fundamentales en el diseño y organizac ión de nuestras actuales sociedades multiculturales. Tres principios diferentes pueden enunciarse com o base de las políticas denominadas de integr ación: el principio univer salista , el principio par ticularista y el 111 principio multiculturalista . Cada uno de ellos dota a la diferencia cultural de un estatus específico y cada uno define y establece un a relación esp ecífica entre ciudadanía y pertenencia naciona l (H elly, 1996a). El principio universalista se basa en políticas que buscan asegurar unos mínimos estándares de vida a toda la población que re sida legalmente en un estado. Se trata de generalizar los serv icios del Estado de Bienestar a lo s inmigrantes, que, como trabajadores y sujetos fiscales puede n acceder a la Seguridad Social, serv icios de salud, seguro de desempleo y pensiones. Los extranjeros son considerados, por tanto, un segmento más de la pob lación receptora de los servicios que proporciona dicho Estado de Bienestar (López Sala, 2005; Helly, 1996a). En este sentido, Zapata-Barrero (2004) sitúa estas medidas dent ro de unas políticas de igualdad o genéricas , que tienen por objetivo gestionar los recursos con la fina lidad de conseguir la asimilación de los inmigrantes. Según este principio universalista , para que una persona se convierta en ciudadano de derecho tiene la obligación de pr estar fidelidad al estado “que le acoge” y adherirse “voluntariamente” a los rasgos y valores culturales de la población mayoritaria. Se trata, en realidad, de polít icas de asim ilación (abs orción o aculturación), mediante las que se fom enta la adopción de las pautas culturales y los modos de vida considerados propios de la so ciedad “autó ctona”. Es decir, se trata de un proceso encaminado a la unif ormización cultural m ediante la gradual el iminación de la diferencia (Bauböck, 1996). Los presupuestos asimilacionistas de la Escuela de Chicago, a los que tendrem os la oportunidad de referirnos en el aná lisis más adelante, son los siguientes: 1. La sociedad receptora es culturalm ente homogénea en la situación previa al contacto. 2. El resultado de la interacción será de nuevo, con el paso del tiempo, una sociedad homogénea. 3. El proceso de reestructuración so cial, consecuencia del desequilibrio originado por la inserción de los inm igrantes culturalm ente diferentes, se concibe unilateralm ente; esto es, lo s afectados por la inte racción son exclusivamente los grupos minoritari os. Son estos los que abandonan sus culturas de origen para adoptar plen amente la de la socied ad receptora, sin contemplarse la influencia que los inm igrantes pueden ejercer sobre la sociedad general. 112 El proyecto de ley estipula, además, condi ciones m ás severas pa ra la entrada de los inmigrantes “no tan cualificados”, dificultando la reagrupación d e familias y aumentando el control sobre los m atrimoni os mixtos, considerados, de antem ano, matrimonios de conveniencia para la obtención de nacionalidad. Volvemos al discu rso de los buenos inm igrantes y los malos inmigrantes. La selección de los más cualificados es lo m i smo que se hace, como verem os enseguida, en Canadá. Sin embargo, en Francia se desvincu la de m edidas para la integración, como muestra el endurecimiento de la reagrupación o la vigilancia de los m atrimonios mixtos. Es decir, se dificulta aque llo que da estabilidad a los in migrantes, aquello que les proporciona bienestar en la sociedad de de stino, para conseguir –supuestamente- el mantenimiento del statu quo de esta. El melting pot estadounidense es otro modelo de inserción m ediante políticas asimilacionistas. La idea es, de nuevo, llegar a una sociedad homogénea por m edio de la aplicación del principio universal ista, esta vez a partir de la supuesta contribución de las distintas cultur as que interactúan. Se trat aría de un proceso de fusión cultural conducente a una nueva sociedad hom ogénea resultante de la m ezcla de diferentes orígenes y patrones culturales. Tampoco se reconocen diferencias en el trato a los individuos según sus características culturales, sigue sin valora rse la pluralidad cultural. No se tiene en cuenta la posición económi co-social que cada com unidad étnico-cultural ocupa en la sociedad estadounidense, lo que determina, seguro, sus posibilidades de situar ciertos valores culturales propios en la “nueva sociedad” que se configura. El principio particularista considera que las diferencia s culturales son o rigen de un trato discriminatorio en la socied ad “de acogida”. Por ello los estados han de to mar medidas directas dirigidas a la población inm i grante. Este principio actúa, por tanto, sobre los individuos que sufren marcas social es particulares, pero no sobre la propia situación del grupo; es decir, su objetivo es extender lo s derechos social es a todos los individuos, ciudadanos o extr anjeros, sin atend er a su origen étnico-nacional. No incluye el reconocimiento institu cional de la s form as de organización étnicas ni la diversidad cultural como rasgos definitorios del Estado; este conti núa siendo el lugar de definición de los ciudadanos sin ninguna referencia cultural (Helly, 1996a). La gestión de la diversidad étnico-cultura l apoyada en el prin cipio particularista induce a la movilización política y a la vida asociativa de las minorías inm igrantes sobre 119 una base cultural (Helly, 1996a; López Sala, 2005). Ha sido el caso, con diferencias apreciables, de Suecia, Holanda o Gran Bretaña. Donde rige el ius soli se otorgan derechos ciuda danos a los nacidos en su territorio, in cluidos los nacidos en las poses iones colonial es; los adultos, por su parte, pueden llegar a adquirirlos mediante un period o de residencia previamente fijado y el conocimiento de la lengua oficial del país de acogida. En Gran Bretaña, las polít icas de inmigración se centr an, fundam entalmente, en la relación entre los inmigran tes pro cedentes de la New Commonwealth y la población autóctona. Los británi cos y los inmigrantes orig inarios de los países de la Commonwealth se benefician de todos los derechos de la ciudadanía, aunque posean otra diferente nacionalidad. En cuanto a la nacionalidad, se contempla el ius soli , otorgándosele a quien nazca en suelo británico, b ien si alguno de sus padres es residente en el momento de su nacim iento, bien por regi stro si sus padres llegan a ser residentes, o bien tras residir en Gran Br etaña durante un periodo de tiempo. Los Consejos de Relaciones Raciales s on los órganos consultivos en m ateria de integración y de lucha contra la discrim inación racial Es una política que fomenta la integración de los inmigrantes en los valo re s de la cultura m ayorita ria a la vez que se permite el mantenim iento de elementos cultura les propios, también en la esfera pública. En la actualidad, se promociona una inm igración según las necesidades del mercado laboral del país y las intervenci ones se centran, fundamentalm ente, en el ámbito local y en el diseño de program as específicos para las grandes ciudades. En Holanda se aprueba, en los años ochenta, la Ley de Minorías Étnicas. En este país se aplica el principio del doble ius soli , es decir, se atribuye la nacionalidad a un niño nacido en Holanda de padres también naci dos en este país. Hay fuertes exigencias en las evidencias admitidas para probar la integración, requirié ndose una investigación de las autoridades, lo que sin duda complica el trám ite administrativo. Conlleva la adopción de prácticas culturales del país aunqu e, igual que sucede en Gran Bretaña, se permite conservar elem entos culturales también en la esfera p ública. En 2006, Holanda se ha convertido en el primer país del mundo en exigir un examen de lengua y cultura nacionales a lo s inm igrantes en sus propios países de origen. Dividido en dos partes , una de lengua y otra de c onocimientos sobre Holanda, el examen debe realizarse en las em bajadas de Holanda ab iertas en los países na tales de 120 los aspi ra ntes 45 . En el apartado de cost um bres, las demandas oscilan entre lo sencillo, como ¿cuál es la capital de Holan da?, y as un tos más complejos, como ¿ quién es el presidente del Consejo de Ministros: el pr esidente del Gobierno o la reina?; ¿cuánto duró la guerra contra España?; ¿qué es el re y de España, católico o protestante?; o ¿qué colonia se independizó de Holanda en 1975? ( El País , 18 de marzo de 2006). De nuevo podríamos preguntarnos la m isma cuestión qu e ya nos hicimos respecto al examen realizado en Hesse, Alemania, para la adquisición de la ciudadanía: ¿ cuántos “autóctonos” estarían adm itidos? En Holanda, sin em bargo, no se trat a de una condición para la adquisición de la n acionalidad, sino de un requisito pa ra la entrada en el país. Este examen se afirm a que está pensado, sobre todo, para las denominadas “novias de importación”, m ujeres que espe ran casarse con hijos de inm igrantes que salieron en su día de su propia tierra 46 , pero también alcanza al conjunto de adolescentes a partir de 17 años y a las futuras esposas o maridos de los hol andeses autóctonos que encontraron a su pareja en otro cont inente 47 . El exam en incluye un material de estudio que ha traído polémica, pues en un video utiliza do para m ostrar los usos y costumbres holandeses aparecen escenas de una boda hom osexual y de una play a con bañistas sin sujetador. “No hago más que hablar de senos y de besos entre gays. Y no es eso. Lo esencial es que los inmigrantes para quien está pensada la prueba, en especial m ujeres con poca formación y originarias de lugare s pequeños, sepan m anejarse y que tienen derechos”, afirmó Maud Bredero, portavoz de Inm igración. Sin embargo, en círculos musulmanes asentados en el país, el hec ho de presentar a los homosexuales o a las bañistas se interpreta como un intento más de frenar el flujo de inm igrantes, y no de ayudarles a integrarse. Es decir, nuevamente son políticas de control de flujos, y no de integración. Lo que estamos presenciando es, si n duda, el paso de una s políticas regidas por el principio particularista a otras regidas por el principio universalista . En la actualidad, “con el trasfondo de las transformaci ones del estado de bienestar, el desarro llo de política s específicas para la pob lación inm igrante tiende a ser considerada como un gasto innecesario por lo redundante. Además, las m edidas específicas son consideradas impopulares entre amplios sectores de la población 45 Otros países con pruebas si mila res las han venido real izand o después de habe rse produci do la entrada del inmigran te. 46 En 2004, en traron en Holand a 15.377 novias o nov ios de importació n, una cu arta parte d el total d e inmigrantes aceptados. La m ayoría pr ocedía de Turq uía y de M arruecos. 47 Están exentos los de la UE, Estad os Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Au stralia, así como los de las antiguas c olonias h olandesas de Suri nam y Ar uba. 121 autóctona que considera injusto qu e se discrimine positivamente a lo s que ‘han llegado últimos’. En un contexto de re tirada de gasto s sociales, esta impopularidad aum enta aún más si cabe. Eso viene adem ás a reafirmar la tendencia a relegar la integración en la agenda política, habida cuenta que los políticos (y muy en particular los partidos de izquierdas) siguen poniendo en práctica una política de evit ación y sin tener claro que decirle a su electorado (B ruquetas y Garces, 2007:25). El principio multiculturalista difier e ta nto del universalista co mo del particularista , definiéndose por los sigui entes rasgos (Helly, 1996a): 1. Concibe que existe un a discriminaci ón sistém ica de las comunidades de inmigrantes. 2. Tiene como objetivo la transform aci ón de las mentalidades y de los fundamentos del Estado para crear una sociedad nacional pluricultural. 3. Se funda sobre la afirmación de que la discriminación cu ltural lleva a la constitución de grupos que organizan su propia vida social al margen de la población mayoritaria. 4. Entiende la diferencia cultural no como una colección de diferencias individuales, sino como base y motor de formas legítimas de organización social. 5. Permite, de esta form a, la creación de canales de diálogo en tre el Estado y las minorías inm igrantes, induciendo as í, a la formación de asociaciones étnicas y favoreciendo la participación de estas minorías en la vida social y política de la sociedad de acogida. La política multicultural se apoya en tres principios : “el reconocimiento por parte del Estado de la pluralidad cultur al existe nte en el seno de la so ciedad civil, la reducción de los obstáculos que impiden la part icipación social y po lítica de los g rupos culturales marginados o puestos históricamente bajo tutela , y el apoyo a los diferentes grupos para que reproduzcan sus culturas” (Helly , 1996c:25) Autores como Bauböck (1996, 2003) o Rex (2000, 2002), insisten en la idea de un modelo que com pagine la integración de comunidades étnico -culturales con una cultura política común generadora de una id entidad cívi ca compartida. El Estado pretende incluir, con el m odelo multicul turalista, la p luralidad como uno de sus atributos, situando este atributo al m i sm o nivel que su Constitución, su carta de 122 derechos, su territorio, ciuda danía y lengua (Helly, 1996a). Es ta característica marca la diferencia principal con los demás modos de integración de la población inmigrante y permite, al m enos en teoría, que los inmigran tes desarrollen una doble o triple fidelidad, característica de las migraci ones trasnacionales: fidelidad al país de origen, al de acogida y a una diáspora, si la hubiese. Es el caso que analizaremos m ás adelante de la comunidad senegalesa. Desde los años sesenta, el pluralism o cultural es la base de modelos que empiezan a considerar a las poblaciones de inmigrantes co mo comunidades étnicas a cuyos miembros se debe garantizar la iguald ad de derechos en todas las esferas de la sociedad, respetando sus identidades culturales. Este es el modelo multicu ltural, el que se dirige a la igualdad social, a la igua ldad de oportunidades y al reconocimiento del derecho a la diferencia. En consecuencia, las actuaciones políticas apuntan a la consecución de la igualdad en la esfera pública -promoviendo la participación de los inmigrantes en las instituc iones de la soci edad de acogida- y a la posibilidad de mantenimiento de las diferencias cultural es de los inm igrantes (López Sala, 2005). En los países que antes denominamos tradicionales de inm igración -Canadá, Nueva Zelanda, Australia (exceptuamos Estados Unidos pues, aunque sus políticas sean definidas como m ulticulturalistas, ya hemos vi sto que el obje tivo es la asimilación en el denominado Melting pot y, por tanto, el principio que rige es el universalista con algunos rasgos particularistas 48 )-, desd e los setenta, se desa rrolla una forma de gestión de la diversidad cultural basa da en políticas multicultu rales, dirigidas a la igualdad de oportunidades y a la diversidad y apoyo al ma ntenim iento cultural de los inmigrantes. En estos países, las políticas para a dquirir la nacionalidad, las denominadas políticas de “naturalización”, van dirigidas a la transformación de los extranjero s en miem bros de pleno derecho de la comunidad política; por ello, el periodo de residen cia que se exige para solicitar la nacionalidad es m enor que en Europa y los procesos administrativos m ás sencillos 49 . Soriano (2004), hace referencia al principio de moralidad que debe regir las relaciones entre la s culturas. Aboga por “el derecho a la naturalización”: la conversión del excluido en ciudadano de pleno derecho de la sociedad receptora tras un periodo razonable de residencia no supe rior a dos años. Por mi parte, considero que esta propuesta cum ple mejor el “principio moral” que otras que 48 A una supuesta neu tralidad cultural, se un e un Estado del Bienestar ap enas inex istente y una intervención en asuntos sociales y culturales muy bajo. Es la socied ad civil la que garantiza ciertos derechos a l a com unidad inmigrante . 49 En este punto, ta mbién en Estados Unido s es así. 123 equiparan la ciudadanía al estatus lega l de residencia, cuya consecución puede prolongarse demasiado en el tiem po dependiendo de los ordenam ientos jurídicos de los estados (tal es la opinión de J. de Lucas, que defiende la residencia legal com o vía para la adquisición de la ciudadanía europea junt o a la condición de nacional de Estado miembro). Están m uy lejos de cumplir el pr incipio moral de la inclusión países que niegan este derecho a la naturalización a sus inmigrantes de larga residencia, incluyendo varias generaciones: turcos en Alemania, arge linos en F rancia, indi os y pakistaníes en Gran Bretaña (Soriano, 2004:98-101). Si, mediante la aplicación del principio ius soli , el nacimiento en el territorio hace automáticam ente ciudadanos a los descen dientes de extranjeros, tamb ién hay un comprom iso de cuidar el mantenim iento de las distintas cu lturas de origen en la esfera pública. En este sentido, en Canadá existe un tratamiento institucional para la incorporación de las diferencia s culturales en el seno de los organism os públicos; es decir, el Estado canadiense tiene el rol d e garante del mantenim ient o de las culturas de las minorías inm igrantes, volviendo a contraponer se a la realidad de los Estados Unidos. En Canadá y Australia la sociedad mayoritaria reconoce las diferencias culturales d e los inm igrantes y el Estado a poya y actúa para su incorporación a las instituciones regidoras del funcionamiento de la sociedad de la que todos forman parte. La igualdad de derechos como objetivo y la representación y participación de las minorías culturales en la esfera pública com o m edio de contrarrestar la desigualdad real, justifica la puesta en práctic a de políticas que dan un tr atam iento diferenciado a las personas según sus necesidades y demandas, determinadas, en gran parte, por su participación en sus culturas de origen. Por eso, el reconocimiento de poblaciones, dentro del mismo estado, con identidades y adscripciones cultural es diferentes, es condición para el desarrollo del multicu lturalismo. Se acepta que compartim os una sociedad en la que existen com unidades étni cas diferentes y disti nguibles, es decir, debemos ver esta diferencia, no ignorarla o neutra lizarla, co mo pretenden las polític as asimilacionistas. En sociedades donde el Estado practic a políticas multiculturalistas, com o Canadá, pueden distinguirse tres tipos de minorías: m inorías nacionales, minorías étnicas y movimientos sociales (K ymlicka , 1996:37). Las primeras son “sociedades distintas y potencialmente autogobernadas incorporadas a un Estado más am plio”; las minorías étnicas son las de “em igrantes que han abandonado su comunidad nacional para incorporarse a o tra sociedad”; y los nuevos movimientos sociales son 124 “asociaciones y movimientos de gays, m ujere s, pobres y discapacitados, que han sido marginados dentro de su propia socied ad nacional o de su grupo étnico”. Las reivindicaciones expresadas por cad a minoría son diferentes, pues sus intereses también lo son. “Las minorías nacionales pret enden derechos de autogobierno o de representación política e special. Las minorías étnicas pers iguen el respeto a sus señas de identidad por el Estado” (Soriano, 2004:40). El problema, m uchas veces, es determin ar qué trato dar a estas identidades y adscripciones. Su reconocim iento en la esfera pú blica es lo qu e centra el debate. Existe una demanda de reconocim iento cultural di ferenciado. Nos referimos, ahora, al reconocimiento nacional y al de las identid ades de las minorías resultantes de los actuales movim ientos migratorios, pero ta m bién podem os hablar de otras categorías sobre las que se construyen identidades que hoy forman parte de lo que estamos denominando un proceso de reafirm ación de las identidades co lectivas a n ivel planetario: clase social, género, orien tación sexual, etc. El diseño político debería recoger, por tanto, todas esta s identidades discriminadas por y en las instituciones públicas. La dificultad está en el reconocimie nto del derecho al uso de la propia lengua en las instituciones pública s, a la práctica religiosa y a otras costum bres, formando parte, a su vez, de un a mism a comunidad política y social, que es plural en cuanto a adscripción a identidades diferenciadas. Debemos saber cuáles son las reivindicaciones de las comunidades de inmigrantes. Desde luego, no pasan por el au togobierno: expresan, m ás bien, el deseo de que sus culturas estén presen tes en el di seño de las sociedades de acogida, con la aceptación y garantía de la po sibilidad de ma ntenim iento de la particularidad cu ltural sin sufrir discriminación por ello. En es te sentido, “el m ulticu lturalismo incluye un comprom iso ideológico con la diversidad y puede ser definido com o una doctrina oficial y su correspondiente conjunto de políti cas y prácticas en las que las diferencias son formalmente incorporadas como un com pone nte integral del orde n social, político y simbólico” (Fleras y Elliot, 1993:22). Y este compromiso ideológico con la diversidad exige la promoción desde el Estado de un tr ato diferenciado en la esfe ra pública: la aceptación de que las institucione s de la sociedad de acogida deben inclu ir medidas específicas dirigidas a las comunidades de inm igrantes debe entenderse como un principio de justicia en camin ado al objetivo de la igualdad y no discriminación por origen nacional y patrones culturales. 125 Aunque hay quienes, por este motivo, argumentan que las políticas de multiculturalismo fomentan la segm entación social a lo largo de líneas étn icas y culturales, los indicadores de integración mu estran, como señalan Kymlicka, (1995b), Hawkings (1991) o Fleras y Elliot (1993), justam ente lo contrario: mayor conocim iento por parte de los inmigrantes de la lengua del país de acogida, mayor núm ero de matrimonios m ixtos, y mayor respeto a las minorías,. En este sentido, las políticas multiculturales son m ás capaces de logra r la in tegración y m ás efectivas a la ho ra de gestionar la pluralidad c ultural. Sin duda, un debate importante en la gestión de esta pl uralidad cultural es la contraposición entre lo público y lo privado, y la fijación de límites en las prácticas culturales de las minorías. Num erosos liberales que tratan el tema de los derechos de las culturas se refieren a este tema. Haberm as (1999) reserva los derec hos exclusivamente a las personas como tales, no a los grupos que puedan formar. Considera que el dotar de derechos a las culturas conlleva el peligro de negar la libertad de los individuos que lo integran. Sin embargo, otros liberales tr atan el tema de m anera muy diferente. Kymlicka entiende que los lím ites de los derechos de las minorías vienen determinados por su adecuación a los principios liberales : “Una perspectiva liberal exige libertad dentro del grupo minoritario e igualdad entre los grupos m i noritarios y mayoritarios. A mi entender, un sistem a de derechos de la s m i norías que respete am bas limitaciones es impecablemente liberal” (Kym licka, 1996: 212). Entiende este autor que la lib ertad individual, base del liberalismo, solo es posible dentro de la s cul tura s, pues son estas las lentes a través de las cuales miram os y valoramos nuestras prácticas. Trata de acomodar, por tanto, los derechos de las m inor ías a los principios y derechos liberales: “los derechos diferenciados en funci ón del grupo que protegen a las culturas minoritarias pueden considerarse no solo como algo consistente con los valores liberales, sino también com o algo que los fom enta” (Kymlicka, 1996, 150) 50 . También Raz (2001:192-193) habla en este sentido de pert enencia cultural para el ejercicio de la libertad, afirmando también que “ninguna de la s culturas puede ser juzgada superior a las demás” (Raz, 2001: 198). En el análisis que Soriano elabora de la obra de R az, 50 Recogemos la crítica que hace Soria no al planteam ien to de Kymlicka: La crítica mayor de que es susceptibl e la am biciosa ob ra de Kym licka, prete ndien do un hil o de cont inuida d entre i ntereses y derechos indi viduales y colectivos, es la predeterm inación del conc epto bá sico liberal de autonomí a, que es un concept o cultural –en c oncret o de la cultura occident al- aunque el a utor no q uiera verlo c omo ta l. ¿Y si en esas cult uras no conocen – no es que no c omparta n, sino que desco nocen- el valor de la autonom ía, porq ue sus valo res son ot ros, com o el deber, la solidari dad grupal , la autori dad, l as tradiciones…? (Soriano , 200 4:41-42). 126 destaca una argumentación que nos parece m uy oportuna y que, por ello, nos gustaría rescatar aquí, y es que “la defensa de la igualdad de las culturas no se opone a la necesidad de la reform a de los aspectos repr es ivos de las mism as, de la mism a manera que decimos que los individuos son iguales y di gnos y no por ellos dejamos de criticar y corregir aspectos inmorales de los m ismos ” (Soriano, 2004:45). En mi opinión, no se puede ser más claro y acertado. En el transcurso de los años 90, el g obierno liberal de Quebec propuso la noción de “cultura pública común” basándola en los siguientes valores: la democracia y los principios de la Carta de der echos y libertades de la persona; la laic idad; el f rancés, como única lengua oficial; la resolución pa cifica de los conflicto s; el pluralismo (respeto de derechos de Autóctonos y de la minoría anglófona de Québec); el respeto al patrimonio cultural; y la i gualdad entre hom bres y mu jeres (Labelle, 2000). La simplista distinción que, en m uchas ocasione s, se establece entre “lo público” y “lo privado” como solución al tratam iento de las diferencias culturales, reservada s al segundo espacio (como si la cultura que diseña el funcionam iento de las instituciones fuera neutra), choca con el desarrollo de la vida cotidiana (Martín, 2003; Helly, 1995, 2004). Es decir, las identidades culturales actú an en todos los ámbitos de la vida de los individuos y, a su vez, también las institu ci ones van definiendo, en el transcurso de s u historia, aquello que se convierte en objeto de actuación política. Que el desarrollo de la “política” se dé en el esp acio público y la “cultura” en el privado, es una simplificación que, además, no señala nada: ¿Qué ocurre con los enclaves étnicos? ¿Con la religión en las escuelas? ¿ Con el uso de determ inados símbolos cult urales? ¿ Y con los valores familiares? Todo se m ezcla, lo que no im pide, sin embargo, que, a nivel analítico, intentemos analizar por partes. Las políticas de multiculturalism o pretende n integrar la diferencia en lo público, es decir, un cam bio estructural que m odifique las institucione s que rigen el funcionamiento de la sociedad. En este sen tido, es necesario negociar, para garan tizar unos términos justos en la in tegración, cuáles son las reglas , estructuras y sím bolos de las instituciones com unes, reconociendo, desde luego, que esto no es algo que pueda realizarse de la noche a la m añana, sino que se trata de un proceso inte rgeneracional que tiene que contemplar m edidas especiales tr ansitorias, tan poco del gusto de grandes sectores de la población de acogida (acces o a servicios en le ngua m aterna, apoyo financiero a asociaciones ét nicas, etc.) Kymlicka (2003) nos da varios ejem plos de actuaciones dentro del modelo de multiculturalismo que nosotros entendem os deben ser 127 analizadas dentro de cada contexto para de terminar su conveniencia o no, así com o sus modos de aplicación o alternativas posibles: 1. Adopción de programas de discrim i nación positiva para increm entar la representación de los grupos de inmigrantes en las instituciones educativas y económicas. 2. Reserva de un número de escaños en la cám ara legislativa o en los órganos consultivos del gobierno para los grupos inmigrantes. 3. Revisión del currículo de hi storia y literatur a en las escue las públicas para dar un mayor conocim iento a las contribu ciones históricas y culturales de los grupos de inmigrantes. 4. Revisión de los calendarios laborales pa ra que pu edan acomodarse las fiestas religiosas de los grupos inmigrantes. Por ejem plo, las tiendas musulmanas y judías estarían exentas de la legislación que ordena el cierre de los comercios en domingo. 5. Revisión de los códigos de vestimenta para acomodar las creencias religiosas de los grupos inmigrantes. Por ej emplo, revisión de los códigos de vestimenta m ilitar para que los judí os ortodoxos puedan llevar sus gorros o que los sijs se vean exentos del cu mplim iento de la ley de obligatoriedad del casco en las motos o en lo s edificios en construcción. 6. Adopción de programas para la educación antirracista. 7. Adopción de códigos contra el acoso en los lugares de trabajo o en la escuela, para evitar que se hagan afirmaciones racistas. 8. Ordenar la educación en la diversidad cultural de la policía y los profesionales de la salud, para que puedan reconocer necesidades individuales y los conf lictos en el seno de las fa milias de in migrantes. 9. Adoptar pautas gubernamentales de regul ación de estereotip os étnicos en los medios de com unicación. 10. Financiación gubernamental para los fes tivales culturales étnicos y para los programas de estudios étnicos. 11. Proporcionar servicios en su lengua materna a adultos inm igrantes en vez de exigirles una lengua como condición para el acceso a los servicios públicos. 12. Proporcionar programas de educación bili ngüe a los hijos de los inm igrantes, de modo que sus prim eros años de edu cación se desarrollen en parte en su 128 programas para financ iar organism os mu ltiétnicos, se presentan tradic iones de inmigrantes en los medios de com unicació n, se promocionan artistas de origen extranjero, se establecen cátedras de investigación, se desarro llan program as de estudios universitarios y se dan incentivos a publicaci ones, se forma a personal de instituciones gubernamentales para la aten ción pública de carácter inte rétnico, se plantea la reinterpretación y relectura de la h istoria canad iense como definida por olas sucesivas de llegada de poblaciones, etc. Tres años más tarde, se vota el Acta para el A poyo y Avance del Multiculturalismo , con un periodo de actuación de cinco años para cubrir los siguientes objetivos: mantener y valorar el uso de le nguas no oficiales; promover las relaciones raciales armoniosas; reconocer la ex istencia y ayudar al desarrollo de colectiv idades de miembros de un m ismo origen; favorecer la comprensión entre indi viduos y colectivos de orígenes diferentes, así como la creativid ad resultan te de sus intercam bios; incitar al reconocimiento y estim a de las diferentes culturas de otros países, así com o a sus representaciones y manifestaciones en la socied ad canadiense; garantizar el derecho de los individuos a identificarse con su herencia cultural, si así lo elige, sin riesgo de exclusión de la vida pública y social; e intensificar el com promiso de todas las instituciones federales re specto al m ulticulturalismo. En 1991, cuando los inmigrantes repres entan un 38% de la población de Toronto, un 30% de la de Vancouver, un 20% de la población de ciudades importantes de Ontario, y un 17% de la población de Montreal (Helly, 1996b:10), se funda el Ministerio del Multiculturalismo y Ciudadaní a, cuya vocación es impulsar la creación de un sentido de pertenencia a la sociedad canadiense y asegurar el desarrollo de una identidad común. Un Ministerio “del Multicu lturalismo porqu e los canadienses son de orígenes y antecedentes cultura les diversos, y de Ciudadanía porque está n unidos por valores compartidos y por un apego común a Canadá” (Ministerio del Multiculturalismo y Ciudadanía, El punto sobre el multiculturalismo . Ottawa, 1991). De acuerdo con este planteam iento, se em piezan a crear lugares d e socialización que desarrollan un sentido de pert enen cia a la colectividad canadiense a través de la formación y la acción de nuevas ONGs fina nciadas por el Estado que resuelven problemas sociales y crean espacios de encu entro. En 1993, con el Partido Liberal en el gobierno, se crea al Ministerio del Patrimonio Canadiense, que incluye las funciones del anterior Ministe rio del Multi culturalismo y la Ciudadanía. 135 Debemos entender, antes de nad a, por qué se adoptó el multiculturalism o en 1971 y contemplar, así, cóm o las circunstancias particulares de los pa íses de destino, en un contexto socio-histórico determinado –en este caso referido a Canadá-, juegan un papel fundamental en el dise ño de políticas para la inm i gración. Conviene recordar que “los modelos son, antes que todo, productos de historias nacionale s, adaptados a las tradiciones de cada pueblo… La filosofía de l modelo canadiense se opone al de su homólogo francés, aunque tanto la crisis de la unidad nacional de Canadá o el aumento del racismo en Francia participan del m ovimiento planetario de exacerbación de reivindicaciones identit arias, que responden a la ferocidad de la econom ía de mercado, a temores suscitados por la globalización o la in seguridad social generalizada” (Dewitte, 1996:3). El multiculturalism o canadiense surge con el objetivo de contrar restar las exigencias de poder de las minorías naciona les, tanto la de Québec, como nación canadiense francófona, com o de las comunida des indígenas del territorio o “prim eras naciones”. Por ello, desde lo pu esta en marcha de políticas m ulticulturalistas, la corriente soberanista de Quebec se ha opuesto a este m odelo que pretende una soberanía compartida en la que ninguna tradición pue da reivindicar una posición dom inante (Adam, 1995:99). Esta política pone a los quebequenses en pi e de igualdad con el resto de comunidades de inm igrantes que no form an parte de las cu lturas fundadoras del Estado de Canadá. Con el mu lticulturalism o, se neutralizaba n las reivind icaciones de un estatus especial de reconocimiento tanto de las primeras naciones (los denom inados autóctonos) com o del nacionalismo secesionista de Quebec. En respuesta a esta situación, Taylor señala la conveniencia de adoptar lo que él denomina “diversidad de segundo grado” o “d iversidad profunda”, que acuerde para Quebec derechos colectivos derivados del hecho de constituir un a “soc iedad distinta” que desea la supervivencia d e su cultura a tr avés de generaciones y en la que, a su vez, pueda integrarse la diversidad presente en su sociedad. Pu es no hay que ol vidar que en Quebec existe una m ayoría nacional (cuyas ins tituciones y valores pre dominan en el gobierno del país), unas minorías nacionales (incluidos los “autóctonos” o “pueblos fundadores”) y comunidades de inmigrantes m ás o menos recientes, denom inados grupos étnicos o comunidades culturales. Las etnias procedentes de la inmigr ación de la segunda mitad del siglo XX presentan tres diferencias fundamentales con las minorías nacionales (Schwimmer, 1995:127-150): 136 a) La relación entre mayoría y m inoría nacional se fundamenta en un contrato, tratado o a lianza cole ctiva, m ientras que los m iembros de comunidades culturales no tienen otros derechos que los ligados a su estatus de ciudadano. b) Si la sociedad mayoritaria no respeta esa alianza, las reiv indicac iones colectivas de una minoría nacional pueden am enazar la estabilid ad del Estado, mientras que es raro que las minorías cultura les hagan valer pol íticamente sus reivindicaciones colectivas. c) Los textos de las alianzas firmadas por la mayoría y m inoría nacional pueden dar lugar a problemas de traducción (queridos o no) y a conflicto s de interpretación. En estos casos, la mayoría respe ta cada vez más la interpre tación de la minoría nacional conforme a principios conocidos del sistem a conceptual de la minoría. Las comunidades culturales, sin emba rgo, no pueden invoc ar el sistem a conceptual de su país de origen para h acer valer sus reivindicaciones en el país de acogida. Algunos autores nombran una cuarta diferencia: las aportaciones económicas y culturales históricas de u na mi noría nacional, en virtud de la s cuales tendrían derech o a privilegios particulares. Ocurre qu e, en caso de aceptarse esta argum entación, nada impediría que la com unidad china o judía pretendieran, en un momento dado, que su contribución histórica a la sociedad, a la cu ltura y a la economía de Quebec tam bién les diera la posibilidad de o ptar a estos privileg io s, utilizando el mi sm o argum ento que la minoría nacional. Estamos de acuerdo con Schwimmer cuando afirm a que es complicado aplicar estas lecturas históricas, sobre todo cua ndo el principal objetivo de las comunidades culturales es el de integrarse a la sociedad de acogida, invocando raramente el propio sistema simbólico y cultural del país de origen si los conflictos que pudieran surgir son tratables de otro modo. Sin em bargo, como afir m a en diversos artículos Denise Helly, esa estrategia sí podría serle atractiva a una comunidad cultural si llega a una situación desesperada tras sucesivos inten tos fallidos por hacerse incluir en el seno de la socied ad. En lo que se refiere a la “política del reconocimient o”, existe una diferencia fundamental de estrategias entre chinos y j udíos, de una parte (seguimos con el ejem plo que formula Schwimmer) y los “pueblos f undadores” y otras m inorías nacionales, de otra; y es que chinos y judíos se identifi can como inm igrantes y tienen un país de origen, aunque prefieran, por diversos moti vos, estar en Canadá o Quebec en tanto que 137 pueden integrarse y continuar practicando sus costum bres. Ni chinos ni judíos tienen ambición por jugar un rol colectivo im portante en el plano político. Por regla general, cuando tienen alguna reivindicació n, recurren a los organismos institu cionales de la sociedad. Las minorías nacionales, por el cont rario, están en una situ ación diferente. Los anglófonos luchan por mantener los privilegi os que han mantenido históricam ente; los autóctonos reivindican el reconocimiento de su s territorios tradici onales. Por tanto, en Quebec las minorías nacionales se distingu en de otras m i norías culturales por su contestación histórica al poder de la mayoría francófona. Su historia, sus acuerdos y sus tratados les permiten resistir y poner en cu es tión la legitim idad de los valores f ranco- quebecois. En opinión de Taylor, la secesión no sería legítim a a menos que Canadá persistiera en rechazar para Quebec el es tatus que le otorga el hecho de ser una sociedad distinta, lo que implicaría que Canadá perm itiera “la existencia de la diversidad de segundo grado o diversidad profunda” 54 , cosa que todavía no ha hecho. Por ahora, Canadá espera que tanto Quebec como los Autóctonos acepten el principio del Multiculturalismo, sin derechos colectivos especiales, a pesar de que, como decim os, los objetivos que persiguen, por un lado, las minorías nacionales y autóctonos y, por otro, las diferentes comunidades culturales procedentes de la inmigración, son muy distintos. A pesar de todo lo anterior, desde finales de los años 80, hay un cuestionamiento del Multiculturalism o canadiense debido al fortalecim iento de los movimientos secesionistas de Quebec, la acentuación de la militancia in dígena por su autonom ía de gobierno, los movimientos de la derecha re clamando el Estado Federal, y el pequeño impacto de los program as contra el racismo. Se entiende por muchos que Canadá es una sociedad frágil y que el multiculturalismo la convierte en m enos apta para identificarse como unidad nacional. Por ello, desde 1993 existe un gran interés en promover la cohesión social sobre la base de activar valores comunes de responsabilidad y participación cívica con el objeto de afia nzar una identidad común y una lealtad a Canadá por parte de todos los residentes (Helly, 2000). No obstante, según el Consejo Econ óm ico de Canadá, en su informe New faces in the Crowd: Economic and Social Impacts of Immigrantion sobre los resultados del Multiculturalismo entre 1975 y 1990, la toleranc ia respecto a las m i norías étnicas había 54 Estatus pareci do al que ha ot orgado N ueva Zelanda a los Maories. 138 crecido en ciudades como Toronto, Montre al o Vancouver, y los miembros de las minorías racializadas escolarizadas habían conocido m uy poco la discriminación en el mercado de trabajo canadiense. Concluye el Inform e que las políticas de multiculturalismo f avorecieron la integración tanto de los inmigrante s como de sus descendientes. En la actualidad, los inmigrantes obtienen la ciudadanía después de 3 años de residencia (con un cierto conocimiento sobr e Canadá y de una de sus dos lenguas oficiales). Además, se reconoce la d oble nacionalidad 55 , fundamental en un tiem po de varias fidelidades y adscripciones identitarias simultáneas, como ya hemos señalado. Kymlicka se pregunta cóm o, si en Canadá o Australia –donde también se desarrollan políticas m ulticulturalist as- los inm igrantes se integran con mayor rapidez que en Francia o en Estados Unidos, muchos denuncian las políticas de multiculturalismo com o balcanizadoras (K ymlicka, 2003:209). A su entender, existe una confusión entre la situación de los grupos de inmigrantes y la de aquellos que él denomina “m etecos”: los trabajadores inv ita dos (Alem ania, Austria o Suiza) y los inmigrantes irregu lares (España e I talia). Entendemos que es aquí donde se sitúa el quid de la cuestión: se considera que estos metecos no m erecen la ciudadanía porque, o bien han violado la ley para entrar o bien han incumplido la prom esa de regresar a su país de origen. No son, por tanto, admitidos com o futuros ciudadanos, ni exis te el deseo de incorporarlos en pie de igualdad. Se afirma que el Estado no posee in fraestructura para integrarlos. Las políticas oficiales se dirigen, fundamentalmente, no a in tegrar a estos inmigrantes en la sociedad receptora, sino a hacer que abandonen el país , po r expulsión, o por retorno “voluntario”. Otra cuestión fundamental es que el m u lticulturalismo no puede entenderse de forma aislada, ni es posible s in vincular a él otras políticas gubernam entales. La idea de que los inmigrantes pudieran utilizar las pol íticas de multiculturalism o para construir y mantener sociedades ap arte solo es pensable si se omite este m arco general (Kymlicka, 2003). Hoy, Canadá fija las reglas de admisión de inmigrantes mediante la creación de tres categorías : inmigración familiar, inm i gración hum anitaria e inmigración independiente. Por la primera de dichas categorías, pueden re agrupar ciudadanos o 55 En Canadá, el jus soli , desde 1946, pe rmit e que toda persona naci da en el país, sean sus padres residentes o no, sea ciuda dana. Igualm ente, toda pe rsona nacida e n el ext ranjero de padres ca nadien ses también es ciudadana de e se país. 139 residentes p ermanentes que se com prometan a satisfacer las n ecesidades materiales y de alojamiento por un periodo de 10 años o m á s; pueden ser reagrupados esposos, niños a cargo, padres, abuelos, prometidos, herm anos, pr imos, sobrinos y nietos de menos de 19 años sin padres. La categoría de inmigración humanitaria engl oba a los refugiados en el sentido de la Convención de Ginebra de 1951, pudiendo ser apadrinados tanto por el Gobierno, si es este el que asume los cost es, como por organizaciones privadas. Y dentro de la categoría de inmigración inde pendiente entran los seleccionados por su aportación a la economía canadiense. Se dividen, a su vez, en dos ti pos: “inmigrantes de negocios” (inversores, empresarios y autónom os) y trabajadores se leccionados, quienes esperan ser empleados en Canadá y deben re sponder a todos los cr iterios de selección. Esta selección es el concepto hoy clave de las políticas de inm igración canadienses. Su objetivo es elegir a los inmigran tes que aporten a la sociedad canadiense la mayor contribución económica, financiera o cultural. El criterio de selección se rige por la capacidad de triunf o esperada en la inst alación del inmigrante con los menores costes posibles para el Esta do. En este sentido, la denom inada “fuga de cerebros” de sde los países de o rigen que es un debate m oral en Europa, constituye un objetivo de la política migrat oria canadiense (Crépeau, 1996) 56 . Para realizar la se lección, se cuenta con el “Gri lle de sélection”, diseñado según criterios que conciernen, fundamentalmente, a la capacidad de inserción socioprofesional de los candidatos. El gobi erno fija anualmente los “niveles de inmigración”, es decir, el núm ero de persona s para cada una de las categorías y luego se aplica el grille , sin que todos sus crite rios sean aplicados a todas las categorías. “La noción de nacionalidad no existe en el derecho canadiense, que no reconoce más que la ciud adanía debido a dos ra z ones: la definición multicultural y multilingüística del país hace difícil una nacio nalidad Canadiense unitaria y po r la tradición br itánica, por la que la relación con el Estado reposa sobre la fidelidad personal a la monarquía y respeto al de recho de residencia” (Crépeau, 1996:16). Es esta, la residencia, el criterio esen cial de acceso de lo s inmigrantes a lo s derechos sociales. El derecho de ciudadanía, por su parte, solo se aplica para el acceso al derecho político, otorgando la facultad para votar y ser votado. La protección social es competencia prov incial, por lo que coincide con las com petencias asignadas también a la Junta de Andalucía, como veremos. El derecho al trabajo se reserva a ciudadanos, a 56 En 2006, Alemania y Fran cia están estableciendo po líticas de inmigración que también favorecen la entrada de inmigra ntes “de alta cualificación”. 140 extranjeros con res idencia perm anente o a extranjeros con autori zación de trabajo del Ministerio Federal de Empleo (temporeros, estudiantes con condici ones para trabajar, demandantes de asilo ). El seguro de enfermedad y educación tam bién se reduce a los residentes. Es decir, en Canadá, la situaci ón adm inistrativa regularizada es esencial para el acceso al sistema de protección so cial. El criterio de residencia es flexible, de ahí, que todo el control se ejerza antes de entrar al país, siendo este muy severo: em is ión de visas, control de docum entación en aeropuertos, verificación de autorización de estancia. Quien haya conseguido entrar al territorio se beneficia, pues , de la protección social. Helly (1996, 2004) habla de una evolución en las políticas mu lticulturalistas de Canadá que hace que, en la actualidad, se po nga menos el acento en el d esarrollo comunitario de los inmigrantes y en la pres ervación de sus culturas, y m ás en la lucha contra el racismo y contra los discursos y actitudes anti-inm igraci ón, la igualdad de derechos socio-económicos y políticos de los grupos étnicos, la inserción de las minorías en las instancias públicas y en los cam bios interculturales. Podríamos preguntarnos, en este sentido, si no estamos ante un cuestionam iento, en la práctica, de las políticas inauguradas en 1971, al centr arse, cada vez más, las políticas de inmigración en el control de los flujo s. Como en todas partes de la “fortaleza” del Norte. 141 142 Capítulo 3. ANDALUCÍA, “DE TIE RRA DE EMIGRACIÓN A PAÍS DE INMIGRACIÓN” Como estamos intentando argum entar, lo fundamental es la construcción de un sentimiento de pertenencia com unitaria por pa rte de los m iembros de la pluralidad de culturas etno-nacion ales que conformamos la sociedad andaluza. Para conseguir este, es imprescindible una identidad política com p artida, que no significa otra cosa que identificarse con otros sujetos, sentir que formamos parte de un m ismo proyecto con ellos. Para c rear este sen timiento de id entidad política, es p revio no situar a los otro s en posiciones de marginación o de exclusi ón, pues entonces ni nosotros, para diferenciarnos de ellos; ni e llos, porque se les mantiene r ealmente fuera, nos sen tiremos parte de un común Nosotros integrador. Por eso es necesaria la política del reconocimiento en la que vim os insistía Taylor . Ha de existir el deseo de actuar juntos, no porque nuestros objetivos hayan de ser distintos de los que puedan tenerse en Cataluña o en Francia, sino porque nos cons ideremos miembros de una mism a sociedad diferenciada, y actuemos por nuestro bienestar como grupo. Por ello es tan importante el papel de la Administración A ndaluza y de sus políticas de integración, aunque estas hayan de inscribirse, necesariamente, en el m arco de las políticas es tatal y europea. Potencialmente, el pueblo andaluz puede tener una fuerte seña de identidad en su aceptación del pluralismo cultural, y en la interculturalidad com o tratam iento del mismo, sin que ello signifique rehusar al desarrollo de la cultura andaluza “autóctona” sino reafirmando esta como específica y no as im ilable a una supuesta cultura española genérica, y abriéndola a la intercultura lidad. El objetivo debería ser que todos – autóctonos e inmigrantes- podam os ser miembr os de pleno derecho de una sociedad andaluza democrática y libre. De lo que se trat aría es de incorporar a los inm igrantes en el concepto mismo del Nosotros . A este respecto, es muy im portante el papel que Andalucía juegue tanto en el Estado como en la Unión Europea, pues lo s inmigrantes tendr án interés en in tegrarse en u na comunidad donde se garantice el bienestar social, las posibilida des de empleo, el desarrollo c ultural, etc. La integ ración en nue stra sociedad debe res ultar atractiva para los inmigrantes. Por ello , para la elaboraci ón de políticas d e inm igración, es necesario conocer cómo es, hoy, la sociedad andaluza, cuáles son sus lim itaciones, sus potencialidades y los catalizadores de estas. ¿Cuál es la posición que ocupa Andalucía en la globalización? ¿Qué papel juega en el contexto actual? ¿Cómo repercute todo ello en las m aneras de ser, estar y vivir el 143 pueblo andaluz, pueblo al que hoy se incorpor an los ‘nuevos andalu ces’? ¿Qué proyecto o proyectos se definen para el futuro? Como hem os visto en el capítulo I, la globalización constituye una nueva etapa en el proceso de mundialización, que aum ent a la interdependencia desigualitaria entre distintos territorios y pueblos del mundo y su lógica es la lógica del mercado, que se adentra en todas y cada una de las dimens iones de la vida de los pueblos y los individuos. Las migraciones, sobre todo las trasnacionales, son un componente esencial de la globalización, una de cuyas caracterí sticas es la contradicción entre el proteccionismo migratorio de los países pudientes y el deseo, cada vez m ayor, de las poblaciones despojadas por cambiar su suerte , por ir al otro lado de las fronteras ¿Consecuencias? Mu ltiplica ción de redes clandestinas y prec arización de la situac ión de los migrantes internacio nales (Fall, 2003), y una realidad crecientemente m ulticultural de los países “desarrollados”, realidad de finida por la incorporación y/o afianzam iento en ellos de miembros de colectivos étnico s diferentes al de la sociedad receptora 57 . En este contexto, los otros de nuestra civilizació n, están cada día m ás presentes, y para ellos se ha inventado una nueva ca tegoría d esidentif ica dora y muchas veces etnocida: la categor ía genérica de inmigrantes (Moreno, 2002:187). En el capítulo que nos oc upa analizaremos, prim ero, cuál es la función de Andalucía en la divisió n internacio nal del trabajo, nos interesarem os por cuál es la relación de la economía andaluza con el exterior, por cuáles son las formas de apropiación y control de sus recursos y por cómo se generan, gestionan y distribuyen sus riquezas. El papel que juegue nuestro terr itorio en todos estos aspectos será lo que en gran medida condicione cada una de la s dim ensiones, no solo la económica, sino también la s ocial, la política, la cu ltural y la id eológica de Andalucía y d e los andaluces y andaluzas. Seguidamente, haremos un recorr ido por los cambios de mográficos que ha vivido Andalucía en cuanto a su composición étnica, desem bocando en la sociedad multicultural que hoy somos. Con ello trataremos de aproximarnos a la realidad de la sociedad en la que se insertan los inm igrantes, a la realidad de la socied ad de destino, dicha del Norte, que hoy es para muchas personas Andalucía. 57 Aunque en un pasado pudi era haber habi do, caso de los negr os que en determ inadas ciudades de Andalucía lle garon a sup oner el 10% de la pobl ación des de la segunda m itad del siglo XVI y hasta el siglo XVII I (More no, 199 7 y 2002). 144 establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que mantenga particulares vínculos cu lturales o históricos” . En este artículo continúa la preocup ación por los andaluces fuera de Andalucía, pr in cipalmente en cuanto a actividad es “culturales”. El artículo 28.4 recoge que “Serán electores y elegibles todos los andaluces mayores de dieciocho años que estén en pl eno goce de sus derechos políticos. La Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio de l derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucía” . Refiere este artículo a las elecciones municipales, y a que nunca fue planteado, a pesar de que as í lo reivindicaron algunos grupos de andaluces en la emigración, que estos pudi eran votar en las elecciones autonóm icas. Es en el Estatuto, por tanto, donde se f ijan las responsabilidades del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre las migraciones que, en la fe cha, eran de andaluces al exterior. En la actualid ad, a pesar de la persistencia de comunidades andaluzas en el exterior -desde el año 1986 hasta entrada la década del 2000, se registran en el Censo de Catalunya 178 asociaciones (Aguilar Majar ón, 2007)- se habla de Andalucía como una región caracterizada por el paso de la em igración a la inmigración. Sin em bargo, “podemos afirmar que la proliferación de las actividades festiv o-ceremoniales junto con la participación de la juventud, que les as egura el relevo generacional, convierten a estas asociaciones en “alternativas respuest as”, porque a través de la utilización de sus símbolos culturales reclam an derechos co lectivos y culturales. Es ta característica les hace formar parte de los “nuevos movimi entos sociales” , con absoluta vigencia y no como un mero producto de “nostalgias del recuerdo”. Este proceso de construcción social es el que propicia el aumento de estas actividades frente al abrumador propósito de homogeneización cultural” (ibid) . 5.2. La aparición de la inmigración en las políticas de la Junta. 5.2.1. La transferencia de competencias a las autonomías. El “Sistema Público de Servicios Soc iales”, integrado por todas las es tructuras y servicios públicos de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónom as y de las Corporaciones Locales, s e concibe com o “el conjunto de servicios y prestaciones que tienen como finalidad la promoción y el desarrollo pleno y libre de la persona dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar y me jora de la calidad 247 de vida, así como la prevención y eliminac ión de las causas que conducen a la marginación social” (MTAS, 1997). Con el Estado de las Autonomías ha habido una transferencia a la Administración andaluza de los servicios so ciales, dando la posibilidad de crear una política social acorde con las necesidades de la sociedad andaluza. En este sentido, los extranjeros e inm igrantes se acogen a las medi das de los tratados internacionales y a las leyes de extranjería, sin que ello impid a que las comunidades autónom as pongan en marcha program as de protección (Gavira, 2002). En el año 1981, el Estatuto de Autono mía para Andalucía atribuye a nuestra Comunidad Autónom a competencia exclusiva -con todas las señalizacion es aclaratorias que acabamos de hacer- en materia de asisten c ia social y servicios sociales (art. 13.22), juventud, tercera edad y desa rrollo comunitario (art. 13.30) y fundaciones benéfico – asistenciales (art. 13.25). Pero la transferencia de competenci as en políticas sociales no se completa. Las políticas de empleo, y en particular las ac tivas, siguen siendo competencia de la A dministración Cent ral, aunque estas sean un instrumento fundamental para la integración social que persiguen los Servicios Sociales. Estamos en un contexto de crisis ec onóm ica y cuestionamiento del Estado de Bienestar en el que se habla de la necesida d de contención del gasto público a la vez que de un esfuerzo por salvaguardar las políticas sociales. Son años en que el PSOE detenta tanto el Gobierno Central com o el Autonó m ico. Después de fi nalizar el trá mite parlamentario del Plan, el 27 de abril de 1994, se convocan elecciones autonóm icas de las que sale un gobierno del PSOE en minoría . La falta de acuerdo entre las fuerzas parlamentarias hace que el gobierno andalu z prorrogue por dos veces los presupuestos de la comunidad. Los cambios producidos por las elecciones m unicipales de 1995 vienen a añadir un facto r de inestabilidad en unas relaciones entr e adm inistraciones que no habían llegado aún a consolidarse. A pesar de estas dificultades, hay que r econocer que se da un desarrollo de los servicios sociales en el periodo de vigencia del Plan Andaluz de Servicios Sociales 1993-1996. El diseño del Plan coincidi ó con un proceso extraordin ario de regu larización en los años 1991 y 1992, con 15.000 inmigrantes re gularizados en Andalucía. Hay que recordar que en el tratam iento de la in m igración el Gobierno Central controla los procesos de regularización, los contingentes anuales y el reagrupam iento familiar; y “la Comunidad Autónoma atiende a los derechos que, como ciudadanos, se les concede en 248 la sociedad de destino: derecho a la educ ación, a la sanidad, a los recursos sociales, a la integración laboral, en plenas c ondiciones de igualdad con los ciudadanos nacionales, siendo estos parámet ros determinantes para la in corporación de este grupo a la sociedad andaluza” (según reza el Plan) . 5.2.2. El “Plan para la Integración Social de los Inmigrantes” del Ministerio de Trabajo y su traducción en Andalucía. En cuanto a los elementos estru cturales que definían la situación de la inmigración en Andalucía en aquel m omento, estaba la aplicación del Plan para la Integración Social de los Inmigrantes , de 1994, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Si, como se expresaba en dicho Plan, el objetivo principal era garantizar al inmigrante una situación jurídica y socialm e nte estable como condición indispensable para su integración, dada la división de funciones entre admi nistraciones y las transferencias hechas a Andalucía, la situ ación jurídica dependía totalm ente de las políticas estatales mientras que las actuaci ones para la consecuci ón de una situación "socialmente estable” , competían directamente a la Junta de Andalucía. El Plan especificaba que debían darse respuestas a las “necesidades que representan un obstáculo para su integración (de los inm igrantes) y que afectan a importantes ámbitos y órdenes de la vida social: educativo y cultural, marco legal , ámbito laboral y profesional, convivencia territorial , así como la participación ciudadana” (Presentación del Plan: p.2). En este senti do, el Gobierno andaluz debía propiciar, fundamentalmente, el acceso de los inm igrante s a los servicios sociales existentes en nuestro territorio. Una importante consecuencia que se deriva del hecho de que este Plan fuese el marco de referencia para la Adm inistraci ón Andaluza fue que, al excluir de manera explícita a los sin papeles de las acciones previstas, ta m bién el Gobierno Andaluz debía hacerlo. El objetivo declarado era dar “una respuesta integrada y coherente, que combine realismo y solidaridad, a los desafíos que plantean a la Unión en su conjunto las presiones migratorias y la integr ación de los inmigrantes legales” (Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, p.6). Como afirma Zapata-Barrero (2004a), pode m os seguir una línea en cuanto a la reacción institu cional en m ateria de inmigr ación y sus acciones: prim ero se crea una comisión de la propia Adm inistración que agrupa a diferentes departamentos 249 administrativos, ministerios o consejerías y, después, se crean los órganos consultivos de participación de agentes sociales, partidos y la propia Administración. Las instituciones andaluzas comienzan a actuar para dar un tratam iento al fenómeno m igratorio, cr eando, en el año 1991, la Comisión Interdepartamental de Política Migratoria . Después, en 1992, serán el gobierno central (com o acabamos de ver) y el catalán quienes reaccionen creando el p rimero la Comisión Inte rministerial de Extranjería , y el segundo la Comissió per al seguiment yi la coordinació d e les actuacions en matéria d’immigració , sustitu ida en 1993 por la Comissió Interdepartamental d’Immigració . E l gobierno central crea el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en 1995 y en Cataluña se formó el Consell Asesor d’Immigració en 1993. Más adelante, Andalucía, al igual que los otros territorios señalados, crea en 1996 el Foro de la Inmigración en Andalucía , órgano consultivo compuesto por adm inistraciones públicas, entidades ciudadanas y organizaciones sindicales y empresariales que, com o veremos a continuación, responde al objetivo 5 del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 93-96. Los Ministerios y Consejerías encarga dos del tratamiento del fenóm eno migratorio en las distintas Administra ciones serán básicam ente tres: Interior, Presidencia y Bienestar o Asuntos Sociales . Andalucía, con competencias sobre los servicios sociales a los inm igrantes y en c onsonancia con lo que estaba haciendo el gobierno central, hace depender sus acciones de la Consejería de Asuntos Sociales. El Servicio de Inmigración de la Direcc ión General de Acción e Inserción Social de dicha Consejería marca las “Líneas Bá sicas de la Política de Integración Social de los inmigrantes de origen extranjero en Andalucía”. Sin embargo, como tendremos oportunidad de analizar más adelante, esta política pasará a depender de la Consejería de Gobernación, al igual que en la administ ración central se transfieren del Ministerio de Asuntos Sociales o Bienestar al Minister io del Interior, todo co mo resultado de un cambio de percepciones y/o orientaciones estr a tégico-política s de los gobiernos de los diferentes niveles territoriales. 5.3. El Plan de Servicios Sociales de Andalucía, 1993-1996. En cuanto a los Planes y Program as que orientan las políticas sobre inmigración en la Comunidad andaluza, es el P lan de Servicios Sociales de Andalucía 142 , aprobado 142 A partir de ahora, utilizaremos la abrevi atura PSSA para referirnos a dicho Plan. 250 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 9 de marzo de 1993, y por el parlamento autónom o el 27 de abril de 1994, “el documento estratégico de ordenación de las actuaciones en servicios sociales de la Junta de Andalucía y para el conjunto del sistema público de servicios soci ales de Andalucía, hasta 1996” (PSSA, p.7). Su periodo de desarrollo, de cuatro años, se prevé realizarlo en colaboración con las corporaciones locales y los agentes sociales 143 . El Plan 144 responde al sistem a público de servicios sociales en A ndalucía, defini do por la Ley 2/1988 de Servicios Sociales 145 , que reconoce el derecho a estos servicios de los extranjeros reside ntes en Andalucía. Los principales textos legales en los que el PSSA basa sus actuaciones son la Constitución Española 146 y el Estatuto de Autonom ía de Andalucía 147 . Desde el partido de los gobiernos central y autonómico, se habla de “la fase de universalización de las presta ciones sociales alcanzadas desde una política progresista en los últimos años en España y en Andalucía (…) este documento, traza un rumbo nuevo en los servicios soci ales y significa una innovadora aportación colectiva hacia metas de mayor justicia e igualdad social en Andalucía” (ibid, 3). Con este Plan, se 143 Los actores del proceso están presentes en las redes institu cionales y, por tan to, son definidores del marco institucion al de gestión de la inmigració n. Siguiendo la tip ología de Zapata-Barrero (2004a), los actores que interactúan en esp acios institucionalizado s por la Administración, y que, por tanto, dan a estas unidade s adm inistrativas u na com posición mixta, so n: asoc iaciones y ONGs (as ociacione s de inm igrantes y ONGs que traba jan el tema de la inmigración ), organizaciones de interé s y grupos de pre sión (sindicatos, confesi ones rel igiosas tip o Cár itas, orga nizaci ones de l a pat ronal, agenc ias, organi smos autónomos, federaciones, fund aciones, etc.), partid os políticos con represen tación parlamentaria y Admi nistración pú blica (Co nsejerías , direcci ones gene ra les, sec retarías, técnicos adm inist rativos, gestores públicos , etc., de uni dades de la Adm inistración pública) . 144 Al Plan de Servicios Sociales lo complementan, a su vez, otros plan es: Plan Andalucía Joven, Plan de Igualdad de Oportu nidades, Plan Andaluz s obre Dro gas, Plan de Barri adas de Actuación Preferent e. 145 Ley de Se rvici os de Andal ucía (Ley 2/88 de 4 de abril) , art. 4: “los s ervicios sociales comprende n aquellos recu rsos, actividades y p restaciones o rganizada s para la promoción del d esarrollo d e los individuo s y grup os soci ales, para la obte nción de mayor bienest ar social y una mej or cal idad de vida , así como pa ra la preven ción y eliminación de la marginación. A estos efecto s, los servicios estarán coordina dos con aquellos otros medios públi cos o de i nicia tiva soci al que , en el área de Bienestar Social , tengan co mo finalid ad favore cer el libre des arrollo de las pers onas de ntro de la socied ad”. 146 Artícul os 1, 14, “cons agra el princi pio de igualdad ante la Ley, señalando que no podrá prevalecer discriminaci ón alg una por r azón de nacimie nto, raza, sexo, religió n, opin ión o c ualquie r otra co ndició n o circunstanci a personal o soci al”. A rtícul o 42, “derechos económicos y soci ales de los traba jadores españoles en el extranjero o rientando su política ha cia su retorno ”. Artículo 4 0, “comp romiso de pres tar atención e impuls ar la part icipació n de det erminad os colectiv os como l a juvent ud, los disminui dos físicos, psíquico s y sensoriales, la tercera edad, la familia y los hijos”. Artículo 1 48.1. 20º “cont empl a la posibilid ad de asumir competencia s en materia de Asistencia So cial por parte de las Comunidades Autónomas – previsión const itucion al por la que el Estatuto de Aut onomía para A ndalucí a aprobad o por Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre-, atribuye co mpetencia exclusiva tanto en materia de asistencia social y de servi cios sociales (artícul o 13.22) , como de meno res, promo ción de acti vidade s y servicios para l a juventu d y la tercer a edad” . 147 Artículo 12.3, ap do.4. “s uperar las condici ones ec onómicas, sociales y culturales que determ inen la emigración de los andaluces y, mientras estas subsista n, l a asistencia a los em igrados para m antener su vinculaci ón con Andalucí a. Se creará n las co ndiciones indis pensables para hace r pos ible el ret orno… Artícul o 11: respeto a las minorías que residan en ella. 251 empieza a hacer referen cia a la inmigración com o parte de la realidad so cial andaluza y se alude al necesario proceso de integración de los inmigrantes : “Los movimientos migratorios a gran escala constituyen un fenómeno social importante a nivel internacional y a nivel nacional y andaluz . La integración de esas personas desplazadas, los signos de xenof obia y racismo presen tes, la regularizac ión legal de los desplazados, y la problemática derivada para los servicios social es, en un área de actuación cuya tendencia se prevé adquiera ma yor importancia en los próximos años y ante las cuales habremos de reafirmar lo s valores más genuinos e históricamente, profundamente andaluces, de tolerancia y solidaridad” 148 . Tal y como será ya una constante, el doc um ento refleja un discurso triunfalista sobre el mom ento en que se encuentr a Andalucía (siem pre nombrada com o región o comunidad y nunca como nacionalidad, a pesar de que es este término el que con sta en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de 1981). Sin em bargo, tras la descripción de su situación “envidiable” en cualquier aspecto que se aborde, siem pre existe un “pero” posterior que no significa otra cosa que enunciar que la di rección que se lleva es la adecuada aunque todavía quede un camino por recorrer. Así: “Andalucía es hoy una región en progreso. Su desarrollo económico, su situación educativa y cultural, y su vertebración social, la configuran cada vez más, como una comunidad en proceso de modernización y de plena expansión. Sin em bargo, siguen siendo evi dentes una serie de carencias…” (ibid, 15) . En la misma introducción del PSSA -record emos que los servicios sociales han sido transferidos a la Administración andaluza- se dice que “cualquier miembro de la sociedad tiene el derecho de ver satisfechas sus neces idades básicas de un mo do adecuado” (ibid, 15). En principio, al no hacerse referencia al criterio d e ciudadanía o cualquier otro que ponga límites a las personas beneficiarias, los inmigrantes deberían considerarse incluidos en todo lo que se plantea, incluso sin tener en cuenta su situación regular o no, ya que no se enuncia ninguna excepcionalidad. Sin embargo, cuando se señalan los objetivos del Plan, aparece el de “defin ir estrategias en los servicios sociales… a fin de garantizar el derecho a los servicios sociales de la ciudadanía andaluza o residente en Andalucía , contribuyendo con ello al bienestar social, a la 148 Es la primera refe rencia que se hace acerca del fenó m eno migratorio en el Plan de Servicios Sociales, y la primera ve z que aparece e n un docum ento de la Ju nta para un tratam iento especí fico (PSSA, p.3 ). 252 mejora de la calidad de vida y a una más efectiva justicia social” 149 (ibid, 51). Aquí se señala ya claramente a quiénes s e atenderá con este Plan, quiénes serán los que puedan disfrutar de los servic ios sociales : los ciudadano s andaluces y las p ersonas legalm ente residentes en Andalucía. Es decir, quedan fuera de su ámbito de actuación los inmigrantes irregulares, hecho que, por otra parte, ya quedaba explícito en el Plan del gobierno central. En otra página se especifica más todavía: “Tendrán derecho a los servicios sociales todos los residentes en Andalucía y los trans eúntes no extranjeros. Los extranjeros refugiados y apátridas reside ntes en el territori o de la Comunidad Autónoma podrán igualmente beneficiarse de este derecho, siempre de conformidad con lo dispuesto en las normas, tratados y c onvenios internacionales vigentes en esta materia, sin perjuicio de lo que se establ ezca reglamentariamen te para quienes se encuentren en reconocido estado de necesidad” (ibid, 22) . Es decir, serán beneficiarios quienes tengan una situación regular derivada de difere ntes situaciones legales. En este sentido, hay una fuerte contradi cción en el PSSA: la incompatibilidad de este hecho con la universalidad enunciada como uno de sus principios inspiradores 150 . Es la Consejería de Asuntos Sociales la encargada de coordinar las actuaciones, proponiéndose con el Plan “dar respuesta a la necesidad de atención, integra ción, prevención, promoción y participación socia l de la familia, menores, juventud, mayores, personas con minusvalías, ex–reclusos, drogodependientes, minorías étnicas, emigrantes e inmigrantes , así como prevenir o eliminar la discriminación por razón de etnias, sexo o cualquier otra condici ón o circunstancia personal o social” (ibid, 16) . Se trata de una mezcla de categorías heterogén eas que agrupa, p or un lado, a las personas que, por pertenecer a uno de estos co lectivos, se encuentran en situación de marginalidad, y, por otro, a grupos m arginados en tanto que tales grupos. En nuestra opinión, se mezclan m iembros de categorías qu e se pretende dejen de aparecer co mo tales categorías (caso de los ex-reclusos, cuya identidad, al haber cumplido ya su pena, no debería estar marcada por ello) y cate gorías que bien pudieran o deberían ser integradas como tales categorías (inmig rantes, aunque haciendo distinción por comunidades). Por otro lado, se agrupa a los inm igrantes con colectivos que son no solo vulnerables sino estigmatizados. Los gestores del Plan son: 149 La negrita es nuestra. A partir de ahora, la le tra negrita en las citas textu ales de los documentos oficiales serán nuestras. 150 Los otros pr incipios son: respon sabilidad p ública, solidaridad , igualdad , globalidad e integralidad , normalización, coor dinación y descentralización, planificación y preve nción. 253 1. Las Corporaciones Locales, a quienes se atribuye, según la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 151 , un papel im portante en la gestión y prestación de los servicios públicos. Estas deben contribuir a satisfacer las necesida des y aspiraciones de la comunidad; necesidades y asp iraciones que, al no venir definidas, se su pone serán las mism as corporaciones locales quienes lo ha gan. Este planteamient o viene jus tificado por la declarada “vocación muni cipalista” del Plan, que prete nde desplazar la gestión de los servicios sociales haci a los órganos e instituciones “más próximos al ciudadano ” (ibid, 17), reservándose la Comunidad Au tónoma la planifi cación y coordinación general. 2. La iniciativa soc ial, para lo que s e planifica la creación de nuevos órganos consultivos y asesores, además de los ya existentes. En este sentido, un aspecto relevante que se anuncia en el “modelo andaluz” de Servicios Sociales, pero que responde a lo anunciado en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes estatal, es el reconocimiento de la iniciativa social com o colaboradora de la Administración, resaltándose la figura del vo luntariado. Los partidos políticos, sin embargo, no están presentes en el Foro Andaluz de la Inmigración. 5.3.1. La definición de los migrantes como personas con necesidades especiales: la aparición del principio particula rista. En cuanto a los nivele s de interven ción, la estructura d e los servicios s ociales se establece de acuerdo a dos m odalidades: 1. Servicios Sociales Comunitarios, que son ofertados a toda la población y son de vocación m unicipalista (Servicio de Información, Va loración, Orientación y Asesoramiento; Servicio de Ayuda a Dom ic ilio; Servicio de Convivencia y Reins erción Social; Servicio de Cooperación Social, prom oviendo el asociacionismo, tam bién entre inmigrantes; prestaciones com plementarias, como las ayudas económ icas familiares). 2. Servicios Sociales Especializados, dirigidos hacia se ctores de la población que se considera requieren una actu ación específica con el objetivo de facilitar la autonomía 151 Ley 7/1985: atribuye al Muni cipio com petencias en m ateria de prestaciones de los Servi cios Sociales y de prom oción y rei nserción s ocial. A las Diputacio nes Provinci ales enc omienda l a ley 7/1985 un pap el complementario y sub sidiario con el fin de garan tizar los principios d e solidaridad y equ ilibrio intermunicipales, en el marco de la política econó mica y social y las funciones de asistencia y coordinación entre los se rv icios muni cipales. La Ley 11/ 1987, del egación de com petencias a las Corporaciones Provinciales, señalando en su artículo 42 l os aspectos que en m ateria de Servicios Sociales podrán ser del egados. 254 personal y la integración social. La poblac ión inmigrante será uno de los grupos a quienes van destinados estos servicios especializados. A su vez, las áreas de actuación social se clasifican en dos: a quellas que se dice revisten un carácter genérico de grupo poblacional (menores, jóvenes, m ujeres, mayores), y aquellas en torno a un eje com ún, “como es que presenten una situación o necesidad especial: personas con minusvalía s, drogodependencias, m inorías étnicas- comunidad gitana, migraciones , m arginados sin hogar y detenidos y exclusos” (ibid, 24). Esta distinción ya nos parece problemáti ca, pues ¿cuáles han sido los criterios para definir un “grupo poblacional” y cuáles para definir los que serán “ejes comunes”? ¿Y no son cada una de las distinta s comunidades étnicas incluida s en el grupo genérico de “migraciones” un “grupo poblacional”? ¿Es que la etnicidad no form a parte de la matriz identitaria de las personas igual que pueda ser el género, o de un importante grupo de identificación como pueda ser la edad ? ¿No hubiera sido conveniente sustituir “migraciones” por comunidades étnico-culturales existentes a través de procesos migratorios? Y, sobre todo, ¿ no adquieren las m igraciones, junto a la minoría étnica gitana, connotaciones negativ as al com partir área con personas disminuidas o con graves problemas de sociabilidad? Hagamos un breve recorrido por los grupos 152 : Si atendemos al grupo de menores , “la integración social del menor, y su reverso, la marginación del menor, son dos va riantes de la integración o marginación social de la familia, es decir, hay niños in tegrados o marginados según su núcleo de convivencia esté integrado o no” (ibid, 26) . En ningún caso se hace mención a los menores inm igrantes, que se supone quedan enmarcados en otra área. L os redactores del Plan deberían haberse preguntado si no vale esta máxim a para ellos. Continúa el texto: “la consideración del niño como ser social en evolución, significa que este n ecesita encontrar en su entorno vital las respuestas que permitan satisfacer sus necesidades de índole material, afectiva, social y cultural”. ¿Cómo casa esto con el reglam ento de reagrupamiento fam iliar? ¿Dónde están lo s estudios en los que basar cuáles son las necesidades m ateriales, afectivas, sociales y culturales de los m enores inmigrantes? Tampoco se enuncia que se vaya a hacer esta labor investigadora. Conviene recordar aquí que el derecho a la vida familiar es un principio universal que, sin embargo, la mayoría de las veces choca con una defini ción restringida de lo que es el grupo 152 No entramos e n la evaluación de las actuacione s de grupos en los que no se hace ninguna referencia al colectivo de inmigr antes, por cuanto dichos grup os no constituyen nuestro obj eto de análisis. 255 doméstico, que im pone el grupo mayoritario de la sociedad receptora, en nuestro caso, la familia nuclea r. Se hace también m ención a los menores que viven en situaci ones de riesgo: de “abandono del niño por sus padres, desatención de las necesidades de afecto, abusos físicos, psíquicos y sexuales, explotación, disc riminaciones sufridas por razón de raza, sexo, minusvalía o enfermedad, inserción en un ambiente familiar o social con importantes desestructuraciones…” . De esto deriva que hay que prestar “ atención a la infancia que presenta dificultades especial es, y situaciones de riesgo que requieren intervenciones determinadas en virtud de las competencias de la Comunidad Autónoma tiene asignadas en materia de protección” (ibid, 27). Continúa sin hablarse de intervención respe cto a menores inm i grantes, y la realidad es que aun no se habían producido llegadas significativas de estos sin sus fam iliares 153 . En cuanto al grupo de jóvenes , se comienza definiendo la juventud como “un proceso de inserción en la sociedad que se inicia cuando el adolescente, ya con la capacidad necesaria para hacerse cargo de la s funciones que la sociedad asigna a los adultos, consolida el aprendizaje social de dich o ejercicio” (ibid, 28) . A este respecto, lo fundamental que deb emos preguntarnos es cuándo em pieza la categoría de “jóvenes” en cada uno de los colectivos étnicos que c onforman hoy la sociedad andaluza. ¿Cuál es la edad de los jóvenes marroquíes? ¿Y de los jóvenes senegaleses? ¿ Tienen estos jóvenes la misma edad (socia l) que los jóvenes andaluces nacidos el mismo año que ellos? Entre las realidad es que afectan de ma nera directa a la inse rción laboral de los jóvenes se hace m ención al sexo, la edad, el ni vel de instrucción y la clase social. Nada se dice de la cultura de origen, lo que cons ideramos especialmente grave si tenem os en cuenta que, ya desde el principio, la inmigr ación ha estado vinculada al ám bito laboral y la “preferencia nacional”, basada en la prevalen cia de la naciona lidad española sobre las otras, ha sido una constante. Tampoco al tratar los grupos de m ayores o de mujeres el Plan menciona a los inmigrantes, como si todas las “mujeres ” y todos los “m ayores” reunieran las mism as características independientemente del gr upo étnico al que pertenezcan. Así, por ejemplo, se apunta que hay que tener en cuenta “la existencia de mujeres que sufren 153 Para un análisis sobre la emigraci ón irregular de niños, ad olescentes y jó venes m arroquí es a Europa, ver: JIMÉNEZ ÁLV AREZ, M.: Buscarse l a vida. A nálisi s trans nacional de los pr ocesos migrato rios de los menores ma rroquíes no a compañados en And alucía . Fundación Santa María . Madrid, 2003; CABRERA MEDINA, J.C.: Acercamiento al menor inmigra nte marroquí. Co nsejería de Gober nación, Junta de Andalu cía. Sevilla, 2005. 256 inserción del inm igrante en el p aís r eceptor, pues cont ribuye a la estabilidad e integración en la sociedad “de acogida” (O lesti, 2005:293). Qué duda cabe que los procesos migratorios pr ovocan reestructuraci ón familiar, incluso cuando están p resentes todos los miem bros. El contexto es diferente, y por eso son n ecesarios servicios sociales que faciliten la integración, como aquí las medidas cont ra el absentismo escolar contempladas para los hijos de tem p oreros andaluces. Con ello, la Junta ofrece ayuda para los hijos de andaluces que quedan aquí, p ero ¿hacen esto lo s gobiernos de países emisores de em igrantes con los hijos de quienes marchan fuera? ¿Hace esto el gobierno senegalés? ¿Colabora a ello el gobierno español o andaluz? Y, por otro lado, ¿qué hace el gobierno andaluz con los hijos de inmigrantes? “Para la atención de los temporeros, ac uerdos con las Centrales Sindicales y Convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de Trabajo (…) Se debe incidir mejor sobre las actuac iones que crean las condiciones económicas y sociales para que la emigra ción temporera no se produzca” (PSSA, p.39). En este tema, también la atención a los temporeros inm igrantes va en el mismo sentido, como veremos en el análisis de los objetivos pa ra este grupo en la evaluación del PSSA. En el PSSA, lo que se denomina la preemigración tien e como objetivo ev itar, en la medida de lo posible, las migraciones de temporada d e los andaluces. Se lleva a cabo a través de la financiación de proyectos dest inados a la creación de empleo en aquellos municipios donde existe m ayor incidencia de desplazamiento de trabajad ores temporeros. Viene a ser, por ta nto, algo así como los “proyect os de desarrollo” para los países de origen de los inmigrantes pero en la propia Andalucía, subvencionados por el gobierno andaluz y destinados a los propios andaluces. Otras actuaciones dirigidas a este colectivo van destinadas a informar y asesorar a esto s trabajadores temporeros, ofrecerles guarderías y residencias tem poral es que acojan a sus hijos/as durante las campañas, poner en m archa programas de apoyo a la escolarización com o el desarrollado en la cam paña de la fresa de Hu elv a y facilitar el traslado a los lugar es de trabajo. En cuanto a estas m igraciones de temporada , nos p arece de especial inte rés la visión que se da de el las, pues se dice que “uno de los indicadores que reflejan el desarrollo económico de nuestra región, es el hecho que el peso de los desplazamientos dentro de la propia Comunidad sea cada vez mayor en relación a los que se realizan a otras Comunidades o países” (EPSSA, p. 23) . En la actualidad, sin embargo, si ponemos este indicador en relación con el docum ento de la Segunda Modernización de Andalucía y el valor que en él se da a los cambios de residencia para la obtención de 263 empleo, vemos que se nos dice justamente lo contrario: hoy el desplazam iento al extranjero es el medio de supe ración de este ape go a lo nuestro que, se nos dice, no hace sino frenar nuestro desarrollo. El planteamie nto diez años después es, pues, justamente el opuesto, hablándose del apego a Andalucía como limitación: “las ac titudes son más particulares que universales en las relaciones sociales, ajenas al ámbito privado; el escaso aprecio por la meritocracia en la ocupación de posiciones sociales, así como por las actitudes innovadoras y por el principi o de excelencia en la realización de actividades; la poca predisposición a la movilidad geográfica ; las grandes expectativas sobre el papel de l Estado en la solución de lo s problemas individuales, la escasa penetración de la cultura emprendedor a en el sentido mode rno del término y no en el sentido empresarial, lo que imp lica una preferencia por trabajos con alta seguridad frente a trabajos menos seguros, aunque con más expectativas de movilidad ascendente… Este conjunto de limitaciones no solo refleja aspectos incompletos de la modernización de la sociedad andaluz a, sino también obstáculos para seguir avanzando en el proceso” (Consejería de la Presiden cia, 2003:25). Qué duda cabe que “las visiones sobre la realidad, si son sufi cientemente publicitadas y tienen un respaldo respetable, afectan de manera importan te a la realidad m isma, en cuanto config uran imaginarios que regulan la percepción que te nem os de las cosas” (Moreno, 2004:47-48). Para la evaluación final del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 se recurrió tanto a los m ecanismos de se gu imiento internos prev istos como a una evaluación externa, en principio no prevista en el Plan, encargada al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, en Córdoba (IESA-Andalucía). En dicha evaluación se recoge en un cuadro la plantilla del Plan con los objetivos, recursos, actuaciones y organismos encargados del tr atam iento a los emigrantes andaluces: Definición del objetivo Recursos Actuaciones Organismos Promover la información, orientación y asesoramiento a la población migrante y sus familias, especialmente a los temporeros e inmigrantes, sobre los derechos y recursos sociales exist entes - Red de Servic ios Sociales Com unitarios - Unidades de información y asesoramiento para emigrantes e inmigrantes en colaboración con las Sin especificar en el PSSA - Consejería de Asuntos Sociales (Dire cción Gral de Política Migrato ria) - Corporaciones Locales 264 Corporaciones Lo cales Propiciar las actuaciones específicas y el desarrollo normativo necesario con el fin de facilitar la integración social de los emigrantes retornados y sus familias. Red de Servicios Sociales Com unitarios - Regulación normativa de la asistencia a retornados - Subvenciones a emigrantes retornados - Subvenciones a asociaciones de emigrantes retornados - Consejería de Asuntos Sociales (Dire c. Gral de Política Migratoria, Instituto Andaluz de Servicios Social es). - Corporaciones Locales - Iniciativa Social Fomentar las asociaciones y organizaciones de los emigrantes y su participación social, especialmente a través de cauces y programas de información, intercambio y convivenc ia - Red de Servicios Sociales Com unitarios - Consejo de Comunidades Andaluzas - Programa de subvenciones a asociaciones - Programa de convivencia para emigrantes ancianos residentes en otras Comunidades Autónomas - Consejería de Asuntos Sociales (Instituto Andaluz de Servici os Sociale s, Direcci ón Gral de Política Migratoria). - Corporaciones Locales - Iniciativa Social Promover la asistencia y asesoramiento a los emigrantes y sus familias con el fin de facilitar el acceso a los derechos y recursos soc iales existentes Servicios Social es Comunitarios que informarán prioritariamente sobre las siguientes actuaciones : proyectos de inversión para retornar a Andaluc ía; actuaciones en reform a agraria; funcionamiento de las cooperativas entre emigran tes - Convenios de asistencia a emigrantes - Subvención a organismos para asistencia a retornados - Campañas de sensibilización para evitar el despl azamiento de hijos de temporeros - Acuerdos con las Centrales Sindicales - Consejería de Asuntos Sociales (Dir. Gral de Polít ica Migratoria. Instituto Andaluz de Servicios Sociales) - Ministerio de Tr abajo y Seguridad Social - Corporaciones Locales. Iniciativa S ocial Profundizar en el conocimiento sobre la situación y necesidades sociales d e los emigrantes y sus familias en Andalucía Sin especificar en el PSSA - Estudios sobre el retorno - Jornadas sobre situación de la emigración t emporera - Estudios para actualizar el conocimiento de las característi cas demográficas y sociales - Publicación estudios sobre la emigración andaluza en Europa y América - Consejería de Asuntos Sociales (Dir. Gral de Polít ica Migratoria) - Consejería de P residencia (Instituto de Estadística de Andalucía) 265 - Proyectos y estudios sobre preemigración - Publicación estudios sobre repercusiones territoriales de la emigración Como se observa en el cuadro, con el PSSA se han desarrollado actuaciones respecto a la emigración en las siguien tes líneas: mantenimiento de Guarderías- Residencias Temporeras, convenios con las Ce ntrales Sindicales, in tegración en la Red de Servicios Sociales Com unitarios, facilit amiento del tra nsporte de los emigrantes temporeros, proyectos de creación de Coopera tivas de Econom ía Social con puestos de trabajo dirigidos a emigrantes tem poreros, a yudas asistencia les y de inserción laboral para emigrantes retornados, fom ento del asociacionismo de em ig rantes reto rnados, premio a Comunidades Andaluzas asentadas fu era de Andalucía, program as de Turismo Social para emigrantes que residen fuera de Andalucía, program as de conocimiento del Patrimonio Cultural andaluz, conm emoración del Día de Andalucía fuera de la Comunidad Autónom a, emisiones en Canal Su r Radio y Canal Sur Televisión para los emigrantes que residen fuera de Andalucía. Solam ente en el primero de los cuatro objetivos se hace mención a los inm igrantes. Los instrumentos con los que ha contado las Consejerías d e Asuntos Sociales y de Cultura para llevar a cabo los program as y actuaciones destinados a emigrantes han sido convocatorias de Ayudas Públicas, co nvenios con otras Adm inistraciones y Sindicatos 157 , con asociaciones de emigrantes 158 y de emigrantes retornados, acuerdos con otras Consejerías, Subprograma de Apoyo a la Escolarización Infa ntil Temporera en la Campaña de la Fresa en Huelva, Consej o de Comunidades Andaluzas y Ley 7/1986 de Reconocimiento de las Com unidade s asentadas fuera de Andalucía. 157 Los conveni os y acuerdo s que l a Conseje ría de Asun tos Sociales firma son con las centrales Sindicales más representativas, con el Ministerio de Traba jo y Asuntos Sociales (pa ra el traslado de em igrantes retornados en edad de ju bilación a Re sidencia s de Mayores gest ionada s por la C onsejería d e Asuntos Sociales), co n la Di putación Provincial de Jaén y c on la M ancomuni dad de M unicipi os de la Sierra de Cádiz. 158 Ha habido u n aum ento paula tino del núm ero de asociaciones subve ncionadas, así como de las cua ntías concedidas. Desde la Conse jería de Asuntos Social es se han realizado Campañas de i nformación a los Emigrantes Re tornados. Desde la s Asociacione s de Emi grantes retor nados, fina nciadas po r la Conse jería de Asunt os Social es, se han realizado va ri as Campañas de información y asesoram iento: varias Jornada s sobre Emi grantes Retornad os durante los años de desarr ollo del Plan; varios estudios: “Migraciones de temporad a en Andalu cía Oriental” (1993), “Emigran tes temporero s en la provincia de Jaén ” (1994), “Estudio sobre movilidad de Tem por eros en Andalucía” (1997); se han editado vari as publicaciones, como la “Guía del Emigrante Andaluz Retornado ”; Díp ticos, Ca rteles y C alenda rios i nform ativos para los Emigrantes te m poreros y Re tornados. 266 Es de resaltar, la importancia concedid a al asociacionismo. Se entiende que, a través de las asociaciones “el colec tivo de Emigrantes andaluces fuera del territorio andaluz y Emigrantes Retornados une sus fuerzas en orden a mejorar las condiciones de vida de los emigrantes, facilitando instrumentos a fa vor de su inserción socio- laboral. Las asociaciones de emigrantes retornados realizan un papel fundamental en cuestiones de asesoramiento a este grupo de personas, sobre todo en lo que se refiere a pensiones. Igualmente, información acerca de educación, vivienda, ayudas, orientación profesional y otros” (EPSSA, p. 223) . Por ello, la Consejería de Asuntos Sociales publicó una “Guía del Emig rante Andaluz Retornado” 159 donde se recoge información legislativa y de ayudas. En ella se trata de dar respuestas a las demandas individuales más que de seguir afianzando, ya de regreso a Andalucía, el sentimie nto y conciencia de identidad andaluces, fundamentales, en nuestra opinión, para la reincorporación, ahora, a la sociedad de origen. Esta identidad anda luza, una vez en Andalucía, se entiende ya de manera individual: el éxito individual de pende ya del mérito personal –con la ayuda de la guía-, la fidelidad al grupo es ya poco valorada y la autonomía como éxito personal es primordial (Breton, 1996). Sin embargo, vemos que sí se ha fom ent ado el asociacionismo de los andaluces que residen fuera de Andalucí a a fin de facilitar el m antenimiento de sus raíces culturales. Uno de los programas m ás significa tivos es el que foment a la integración de las Comunidades andaluzas en los territor ios donde se ubican y program as con sus localidades de origen, es decir, se entie nde la identidad propia como condición que facilita la adaptación social y cultural a la so ciedad receptora, va lorándose así la doble pertenencia: a la sociedad de origen y a la sociedad recep tora (Helly, 2000). Todas estas políticas podríam os decir que son las que el país em isor de emigrantes, Andalucía, desarrollaba, o plan teab a adecuado desarrollar, para con s us ciudadanos que salen fuera de su territorio para trabajar y vivir, retornen o no. El acento en el asociacionismo se hace como estrateg ia de superación de problemáticas q ue puedan surgir en el proceso de integración en otras sociedades pero, sobre todo, lo que se resalta y persigue es su función como ví nculo con la sociedad de origen, com o nexo de unión con Andalucía, “a fin de facilitar el mantenimie nto de nuestra cu ltura y raíces originarias” . El tratam iento a los emigrantes, al m enos en la letra, promueve su integración en el proyecto andaluz, asegur ando, así, también, la transferencia de 159 BARBERÁN RIVIRIEGO, A.: Guía del emig rante andalu z retornado . Dirección General de Acción e Inserción Social. Junta de Andalucía, 1995. 267 remesas a Andalucía (Sm ith, 1998; Guar nizo, 1998, 2004; Lando lt et al, 1999). Veremos, enseguida, cómo el objetivo del Gobierno andaluz de fomento del asociacionismo de las comunidades de inmigran tes en nu estro territori o, refiere, única y exclusivamente, al proceso de integración, y más a nivel individual que colectivo, sin que se propicien los vínculos con las socied ades de origen, a pesar de que hoy incluso más que hace unos lustros el allí sigue for mando parte de la realidad cotid iana de la mayoría de los inm igrantes en Andalucía. 5.3.3. La visión utilitarista de los inmigrantes y la construcción de su imagen problemática. “En Andalucía existen profundas razones hi stóricas para que la defensa de las minorías sea un objetivo prioritario de las políticas públicas. 1.- como tradicional región de emigrantes, existe un colectivo numeroso de andaluces que tuvieron que emigrar a otras Comunidades y países donde han seguido mant eniendo una identidad cultural que es necesar io apoyar y preserva r. 2.- las cara cterísticas económicas y territoriales de nuestra región sigue gene rando un importante flu jo de emigrantes temporeros que se desplazan regul armente a las distintas campañas, fundamentalmente, agrícolas. 3.- el carácter de región de frontera, que a lo largo de la historia ha supuesto la creación de una iden tidad que basa su unive rsalidad en el papel de punto de encuentro de culturas, ha si do potenciado por un proceso de construcción de la Unión Europea cuyos efectos se traduc en en un creciente número de inmigrantes que obliga a reforzar las políticas soci ales de atención a este colectivo” (PSSA, p. 22). Hemos querido traer aquí este párrafo co m pleto por cuanto veremos que en los siguientes planes se irá perdiendo esta argumentación “hu mana” de tratam iento a la inmigración, poniendo más el acento en la ut ilidad, principalm ente económica, que para los andaluces tiene la inmigración y, por tanto, las personas inm igrantes. En el Plan, se resalta cómo nuestra posición de frontera “obliga a reforzar las políticas sociales de atención a este colectivo” . No se habla, en ningún momento, del refuerzo de las fronteras; por tanto, el argumento de la seguridad no es todavía el que prim a. En el tratamiento de la inmigración se com ienza con el discurso que se acentuará en todos los siguientes planes sobre inmigración y en los discursos oficiales: el paso de Andalucía de tierra de emigración a tierra de inm igración, como resultado de su gran crecimiento económ ico. Respecto a los inmigrantes, “la política fundamental a desarrollar es la de integración social y laboral de aquellos in migrantes que deseen 268 [Document text truncated for crawler view.]