El conflicto campesino en Andalucía durante la crisis de los años treinta (1931-1939). Un intento de revisión historiográfica

1 EL CONFLICTO CAMPESINO EN ANDALUCÍA DURANTE LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA (1931-1939) Un intento de revisión historiográfica1 Francisco COBO ROMERO. Dpto. de Historia Contemporánea. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 1. Una visión panorámica. Las principales aportaciones al conocimiento del conflicto campesino andaluz de la década de los treinta. Desde que en 1981 viese la luz la Historia de Andalucía (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1981), concebida como el resultado del esfuerzo conjunto desplegado por acreditados especialistas coordinados por el profesor don Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, la labor investigadora desarrollada desde las universidades y centros científicos de Andalucía ha transformado sustancialmente las interpretaciones en torno a distintos aspectos de la evolución histórica de nuestra comunidad autónoma. Por lo que respecta a los análisis efectuados alrededor del conflicto campesino, sus tipologías, variantes y motivaciones, durante la crisis de los años treinta de la presente centuria, nuestro conocimiento ha experimentado un notable progreso. Aún así, es necesario precisar que tal progreso se ha sustentado preferentemente en la proliferación cuantitativa de estudios específicos, mayoritariamente de ámbito local, comarcal o provincial. La suma de todos ellos nos ha permitido reconstruir, casi en su totalidad, el panorama de los múltiples conflictos desplegados por el campesinado durante el periodo de la II República, a lo largo de la vasta y dispersa geografía regional andaluza. Hemos dado pasos de gigante en la cuantificación de las huelgas -entendidas como las formas más acabadas de la protesta campesina organizada-, el señalamiento de una amplia gama de expresiones de descontento social rural -ocupación de fincas, incendio de mieses, destrucción de cosechas, robos, saqueos, agresiones a patronos o arrendatarios, etc.-, la determinación de los condicionantes del conflicto, la caracterización ideológico-política de sus protagonistas y, en suma, el alcance y extensión de sus intervenciones. 2 Se puede establecer que disfrutamos de una muy precisa dilucidación del grado de implantación territorial de las grandes formaciones políticas y sindicales que condujeron al campesinado andaluz en sus prácticas de lucha social. Conocemos, asimismo, los programas y estrategias defendidas por los dos grandes núcleos de organización defensiva de los intereses campesinos -el socialismo reformista y el anarquismo revolucionariodurante el periodo histórico en que registraron una acentuada expansión, favorecida por la concurrencia de factores propiciatorios relacionados con la situación política democrática de la II República. Disponemos, en suma, de un pormenorizado relato en torno a la secuencia experimentada por las federaciones campesinas del PSOE y la UGT de una parte, y la anarquista CNT de otra, en su proceso de implantación en el territorio andaluz desde el agitado periodo conocido como el «trienio bolchevista» hasta el desenlace trágico de la Guerra Civil. Sin embargo, no se ha perfilado aún un esquema teórico suficientemente respaldado por una sólida comprobación empírica que, partiendo de las decisivas transformaciones experimentadas por las estrategias productivas agrícolas andaluzas desde la superación de la crisis agraria finisecular, así como de las cruciales modificaciones de las estrategias de reproducción puestas en práctica por los grupos sociales rurales a lo largo del primer tercio del siglo XX, permita explicar la específica conjunción de múltiples factores responsables del modo particular que adoptó la protesta campesina en Andalucía durante los decisivos años de la crisis de los treinta -1931-1939. En otro orden de cosas, el panorama mostrado por los estudios centrados en el análisis de las manifestaciones del conflicto campesino en la Andalucía republicana durante el transcurso de la Guerra Civil resulta, cuando menos, escasamente gratificante. Han predominado en el mencionado ámbito temporal investigaciones preferentemente centradas en destacar determinados aspectos de la vida política, ideológica e institucional de las poblaciones andaluzas que permanecieron fieles a las autoridades republicanas en el periodo 1936-1939. Si bien se ha procedido al señalamiento y descripción de las transformaciones acontecidas en las relaciones de producción, en la gestión económica y en el control de los medios productivos durante los primeros meses de la guerra, nuestro conocimiento acerca del fenómeno de acentuación en la segmentación interna del campesinado andaluz permanece siendo insuficiente e insatisfactorio. Faltan, pues, indagaciones más audaces acerca de cómo se produjo un creciente distanciamiento de algunos sectores del campesinado -especialmente de los pequeños propietarios y arrendatarios que sufrieron los efectos de la oleada colectivizadora conducida por los jornalerosen torno a la defensa de los postulados transformadores que sostuvieron algunas fracciones del socialismo y el anarquismo cenetista en la mayor parte de la retaguardia republicana andaluza. Y, desde luego, permanecen ocultos los factores que condicionaron el irrefrenable deterioro de la moral combativa y de resistencia al orden político y económico implantado en la España «nacionalista», entre el conjunto de los sectores populares rurales andaluces que permanecieron en territorio "leal". El año 1975 resultó decisivo para la configuración de nuestro conocimiento sobre la naturaleza, evolución, expansión y despliegue geográfico de las organizaciones 3 políticas y sindicales de las clases trabajadoras en la Andalucía contemporánea. Ese año vió la luz la muy ilustrativa obra de Antonio María CALERO AMOR (1975) sobre el movimiento obrero y campesino durante buena parte de los siglos XIX y XX. A esta obra crucial, que permitió un progreso notabilísimo en la aclaración de los conflictos sociales registrados en Andalucía al hilo de las transformaciones políticas y económicas experimentadas por sus pueblos y ciudades, se sumó la participación del profesor CALERO en la elaboración de la Historia de Andalucía coordinada por D. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ. Allí, CALERO elaboró el capítulo tercero del volumen VIII, correspondiente a la edición de 1983 (CALERO, 1983), titulado "Movimiento obrero y sindicalismo". En el mismo se efectúa un repaso pormenorizado por los avatares que experimenta el largo proceso histórico, comprendido entre 1868 y 1936, de implantación, fortalecimiento y expansión de los sindicatos obreros anarquistas y socialistas sobre tierras andaluzas. La descripción de las etapas de auge y decadencia de las sociedades obreras y campesinas que proliferan a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y la primeras del XX resulta sumamente esclarecedor, gracias a que se ponen en estrecho contacto los fenómenos de auge de la conflictividad laboral con aquellos otros referidos a la sucesión de coyunturas socio-económicas especialmente críticas, cuando no de declarada crisis económica, social e institucional. El análisis de los conflictos campesinos y su periodización resultan adecuados, aun cuando adolecen de un excesivo descriptivismo. Se efectúa un pormenorizado repaso a las etapas de la conflictividad, siguiendo criterios cuantitativos referidos al uso de distintas formas de lucha entre las que predomina la huelga. Se analizan adecuadamente las variaciones mostradas por la tipología y las finalidades de las protestas. Se incardinan debidamente estas últimas con otros factores coadyuvantes localizados en el ámbito de la marcha de la coyuntura económica, la fortaleza o debilidad de las organizaciones defensivas del campesinado y la situación política predominante. A pesar de todo el estudio del profesor Calero merece algunas puntualizaciones. En primer lugar, predominan las apreciaciones cuantitativas, y consecuentemente, se periodiza la evolución de los conflictos rurales en función del número de huelgas registrado en cada etapa. Asimismo, se emplean criterios teóricos para explicar la naturaleza del conflicto campesino extraídos de la sociología marxista. Prevalece el argumento acumulativo, que hace depender el logro de la denominada madurez de clase y consciencia de clase por parte del campesinado de la sucesión y superposición de prácticas de lucha. En consecuencia, se utilizan instrumentos empleados en el estudio del movimiento obrero urbano para interpretar las manifestaciones del movimiento de protesta campesino. No se tienen en cuenta, pues, las profundas alteraciones que el cambio en las estrategias agrarias y la vinculación de la agricultura andaluza con el mercado internacional, provocaron sobre las estructuras sociales campesinas, los alineamientos en las alianzas de clase y el comportamiento mismo del campesinado en sus estrategias defensivas frente al avance del mercado y del capitalismo agrario. Esta visión acumulativa y lineal del proceso histórico de modelación del conflicto campesino ha de vincularse estrechamente a la labor de magisterio ejercida por M. 4 TUÑÓN DE LARA, quien ya efectuase una incursión en el análisis de las luchas del campesinado andaluz publicando en 1978 un estudio sobre los casos de Jaén durante el trienio bolchevista y Sevilla durante el primer bienio republicano (TUÑÓN DE LARA, 1978). Otro destacado representante de la escuela historiográfica instituida por M. TUÑÓN y A.M. CALERO ha sido Luis GARRIDO GONZÁLEZ, a quien debemos algunas muy loables aportaciones al estudio del campesinado jiennense en época contemporánea. Su obra Riqueza y tragedia social... (GARRIDO GONZÁLEZ, 1990), centrada en el análisis de las clases populares jiennenses durante el periodo 1820-1936 nos ha facilitado un exhaustivo conocimiento de la evolución del conflicto social y el avance de las organizaciones obreras. El eje vertebral de las conclusiones del profesor GARRIDO se deriva de corrientes interpretativas que han prevalecido en el campo del materialismo histórico y los estudios clásicos sobre el movimiento obrero. El autor referido hace coincidir el momento histórico de proliferación de organizaciones sindicales y políticas de las que se dotan los grupos populares con la aparición de grupos sociales con verdadera conciencia de sí mismos, y por tanto aptos para llevar a cabo prácticas conflictivas denominadas maduras y modernas. Es de notar, no obstante, la ausencia de análisis globales más detallados que permitan un más satisfactorio conocimiento del tránsito en las formas de la lucha campesina registrado en el mundo rural andaluz desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. No obstante, resultan encomiables sus aportaciones al proceso colectivizador de la agricultura jiennense durante los años treinta, y muy particularmente durante el transcurso de la Guerra Civil (GARRIDO GONZÁLEZ, 1979 y 1987). Trabajos monográficos situados de una forma específica en la dilucidación de las luchas campesinas durante el periodo de la II República los encontramos centrados en dos importantes provincias andaluzas: Sevilla y Córdoba. El estudio de Manuel PÉREZ YRUELA (1979) sobre las luchas agrarias en Córdoba durante los años 1931-1936 queda fuera del ámbito cronológico que debería abarcar nuestra crítica historiográfica. Sin embargo, resulta obligada su mención por el carácter relativamente pionero de que está revestido. El enfoque sociológico y la conjugación de los móviles de la protesta rural con el entramado de circunstancias aportado por la coyuntura particular del régimen democrático republicano, dio pie al posterior surgimiento de serias investigaciones que adoptaron como objeto primordial de su reflexión el conflicto campesino a nivel comarcal o provincial durante la crisis de los años treinta. Casi en idéntica línea, se encuentra la obra de Fernando PASCUAL CEVALLOS (1983), que resulta sumamente interesante por las conexiones que establece el autor entre las huelgas, y otros conflictos rurales registrados en la provincia de Sevilla durante el régimen republicano, y la legislación laboral reformista o la ley misma de Reforma Agraria. Las respuestas patronales a la ofensiva republicano-socialista, merecen igual atención. Desde otras perspectivas, algunos valiosos estudios centrados en las provincias de Sevilla y Cádiz han hecho posible un acercamiento a la realidad de los caracteres ideológicos de los que estuvieron investidos importantes colectivos campesinos durante 5 las etapas iniciales del régimen republicano. Las investigaciones del profesor José Manuel MACARRO (1985, 1988, 1992) han ahondado suficientemente en el análisis de las luchas políticas registradas en Sevilla, y en el conjunto de Andalucía, durante los años inmediatamente precedentes al conflicto civil. Ha resaltado los elementos definitorios de la estrategia adoptada por socialistas, comunistas y anarquistas en una coyuntura histórica cargada de esperanzas para los sectores populares. Su brillante análisis acerca de las modificaciones en la estrategia adoptadas por el socialugetismo andaluz, en estrecha relación con las actitudes mostradas por el heterogéneo campesinado del mediodía español, ha clarificado satisfactoriamente el relativamente oscuro panorama de las confrontaciones políticas y la contraposición de universos culturales sostenidas por los grupos sociales rurales. Lo tocante al alcance de las propuestas avanzadas por el cenetismo y el faísmo en tierras andaluzas, aunque preferentemente gaditanas, durante la II República ha sido muy satisfactoriamente abordado por los rigurosos trabajos de José Luis GUTIÉRREZ MOLINA (1993, 1994 y 1996). Sin lugar a dudas, la obra clave, y hasta el momento casi definitiva, sobre el anarquismo agrario andaluz es la del profesor Jacques MAURICE (1990). La densa aportación del profesor MAURICE destaca por reunir indudables virtudes. Gracias a ella se han podido reconstruir, -a lo largo de un dilatado espacio de tiempo que discurre desde la creación de las primeras organizaciones anarquistas, en el sexenio democrático, hasta el inicio de la Guerra Civil de 1936las etapas existentes en la implantación y posterior expansión del anarquismo entre el campesinado andaluz. La cuantificación de los conflictos rurales, especialmente en los momentos álgidos del trienio bolchevista y la II República, ha sido sumamente clarificadora, así como la determinación de los efectivos anarquistas y sus constantes oscilaciones. Sin embargo, el autor dibuja un perfil acumulativo, ascendente y lineal, en el que pese a la existencia de momentos de evidente reflujo en la actividad anarquista, las primeras décadas del siglo XX hasta el estallido del conflicto civil, se configuran como un momento histórico en el que el anarquismo agrario andaluz no cesa de afianzarse, logrando su etapa de culminación y madurez cuando la huelga se sistematiza, y cuando, a decir del autor, el campesinado logra su auténtica consciencia de clase. Se hace coincidir este decisivo momento con la coyuntura de generalización de las huelgas entre 1917 y 1920, entendidas como únicas expresiones de la supuestamente alcanzada "madurez" del campesinado andaluz. Completan muy eficazmente esta panorámica sobre el desenvolvimiento del anarquismo entre el campesinado de la Baja Andalucía, y las pugnas sostenidas con el socialismo reformista, las muy encomiables aportaciones de Diego CARO CANCELA sobre el caso de Trebujena (CARO CANCELA, 1991), de Gérard BREY sobre el caso gaditano (BREY, 1988) y de Fernando SIGLER SILVERA sobre el caso de Ubrique (SIGLER SILVERA, 1987, 1988 y 1994). Dignas de mención son igualmente las investigaciones realizadas en torno a las actitudes y estrategias instrumentalizadas por la patronal agraria en una época de crisis agraria y política como la de la II República. Son de indudable valor las publicaciones de Antonio FLORENCIO PUNTAS (1988, 1992 y 1994) y de Leandro ALVAREZ REY 6 (1993) por ponernos al corriente de la respuesta patronal a la agitación campesina, la utilización de las instituciones políticas y las asociaciones económicas en la defensa de sus intereses, así como los intentos de cooptación de algunas fracciones del campesinado. Las pugnas electorales y las expresiones políticas e ideológicas de las luchas de intereses entre los grupos sociales rurales andaluces pueden verse a través de las importantes aportaciones de J.M. MACARRO VERA (1992) y de D. CARO CANCELA (1987, 1993 y 1994). Resulta obligado hacer mención a las investigaciones efectuadas por el profesor Mario LÓPEZ MARTÍNEZ (1992, 1992 bis, 1995 y 1996), centradas en la dilucidación de los múltiples caracteres que mostró el conflicto rural durante la II República en el ámbito geográfico de la provincia de Granada. El aporte mas meritorio se refiere al desentrañamiento de las expresiones autoritarias que adoptaron las instituciones republicanas, particularmente durante el «bienio negro», para conjurar el riesgo desestabilizador provocado por la proliferación de los conflictos sociales. Mario LÓPEZ cuantifica detalladamente el incremento de efectivos de la Guardia Civil y otras fuerzas de orden, generalmente al servicio de la defensa de los intereses patronales, materializado en la mayor parte de las localidades granadinas más importantes desde el año 1933 en adelante. Asimismo, son enormemente significativas las aclaraciones efectuadas en torno a las múltiples formas que adoptó la protesta campesina durante los años 1931-1936, dibujando un panorama de conflictos donde la huelga se ve acompañada de otras muy variadas formas de resistencia a los intentos patronales de sobreexplotación de la mano de obra e imposición de criterios rentabilistas en el modo de conducir sus explotaciones. Todo ello se conjuga con un acertado análisis de las confrontaciones electorales, consideradas como una vertiente más de las disputas entre los distintos grupos sociales rurales. Por último, cabe hacer mención al señalamiento de la aplicación de medidas de control social -cooptación ideológica de algunas fracciones del campesinado, paternalismo, corporativismo, etc.- en las zonas rurales, utilizadas con especial intensidad en el periodo 1933-1935. En el mismo ámbito geográfico en el que se halla localizada la obra de M. LÓPEZ, se inserta la colaboración de José Antonio ALARCÓN CABALLERO (1990) con su estudio sobre el movimiento obrero en la provincia de Granada durante la II República. En este caso es preciso acusar, no obstante, su descriptivismo y el seguimiento de modelos teóricos tradicionales, propios de la escuela de TUÑÓN o del mismo A. M. CALERO en la interpretación de los conflictos sociales del periodo reseñado. Para finalizar, consideramos inexcusable indicar la insuficiente atención prestada, hasta el momento, a los conflictos rurales y la contraposición de estrategias y programas ideológicos sostenidos por las principales organizaciones de izquierda en la retaguardia republicana, durante el transcurso de la Guerra Civil. Hay que destacar, en este ámbito, la existencia de notables estudios de carácter generalista, que abordan un amplia gama de cuestiones en torno a lo acontecido en la mayor parte de la Andalucía Oriental durante el periodo 1936-1939. En este sentido, debemos referir los trabajos de Antonio NADAL SÁNCHEZ sobre Málaga (NADAL SÁNCHEZ, 1984), Francisco MORENO GÓMEZ 7 sobre Córdoba (MORENO GÓMEZ, 1985), Rafael QUIROSA-CHEYROUZE sobre Almería (QUIROSA, 1986, 1994 y 1997) y Rafael GIL sobre Granada (GIL BRACERO, 1995). Del trabajo de este último autor mencionado hay que poner de manifiesto sus notables excelencias en todo lo tocante al análisis de las luchas ideológicas y políticas en la retaguardia y la labor colectivizadora y revolucionaria llevada a cabo por el campesinado, de manera preferente, en amplias comarcas rurales de la retaguardia republicana granadina. Finalmente, resta tan sólo aludir a la humilde contribución de quien escribe estas páginas sobre el caso de la provincia de Jaén (COBO ROMERO, 1994). Pese al progreso experimentado en los estudios sobre la Guerra Civil en la Andalucía Republicana en los últimos años, aún deben ser desveladas algunas incógnitas sobre la acentuación del proceso de segmentación interna del campesinado, de cara, primordialmente, a explicar los futuros apoyos sociales que en Andalucía obtuvieron las propuestas de fascismo agrario adelantadas por el nuevo régimen autoritario franquista. 2. Una propuesta explicativa de los conflictos campesinos andaluces durante la II República y la Guerra Civil. A continuación, intentaremos efectuar un recorrido por las principales variaciones experimentadas por las formas que adoptó el conflicto campesino andaluz en la década de los treinta del presente siglo. Los elementos originarios de estas variaciones se sitúan a lo largo de un extenso periodo que discurre por el primer tercio del siglo XX, y son en muy buena medida resultado de las transformaciones que experimentaron las prácticas agrícolas, las estrategias productivas, las cambiantes relaciones de poder en el seno de las núcleos de población rurales así como un complejo entramado de factores que trataremos de caracterizar. El componente vertebrador de la multiplicidad de elementos que propiciaron el surgimiento de los modelos por los que se condujo el conflicto rural en la convulsa década de los treinta, no fue otro que la progresiva vinculación del conjunto de la agricultura andaluza a los mercados nacional e internacional, así como la consiguiente mercantilización generalizada de las prácticas económicas y de reproducción social de la mayor parte de los grupos sociales andaluces. Para argumentar la específica naturaleza adoptada por el conflicto rural en la Andalucía de la década de los treinta, quizá tengamos que remontar nuestro análisis al periodo de crisis del liberalismo oligárquico -y por tanto del caciquismo en su manifestación clásicay de resolución de la crisis agraria finisecular. Ambos fenómenos aparecen íntimamente ligados, y repercuten poderosamente en la modificación de las estructuras sociales andaluzas, y sobre todo, en los comportamientos culturales, económicos e ideológico-políticos del campesinado y las oligarquías rurales. En suma, podemos adelantar que las intensas alteraciones que sufrieron los protagonistas sociales del mundo rural andaluz al adentrarse en el siglo XX, arrojaron como resultado más visible la progresiva homogeneización de los comportamientos conflictuales registrados en la agricultura en el conjunto de Andalucía. Así pues, la Andalucía predominantemente campesina, es decir, aquella donde la 8 particular configuración de la estructura de la propiedad y el uso característico de los recursos agrarios había permitido la pervivencia -en términos porcentuales significativosde pequeñas explotaciones campesinas que coexistieron en una relación desigual y asimétrica con la gran propiedad agraria (GONZÁLEZ DE MOLINA y SEVILLA GUZMÁN, 1991) -hasta el extremo de configurar un específico modo de organización y producción agrarias-, conoció durante las primeras décadas del siglo XX una espectacular emergencia de redes organizativas que agruparon a buena parte del campesinado -y preferentemente a los jornaleros-, dotándolo de una capacidad reivindicativa hasta entonces desconocida. Junto con la irrupción del conjunto del campesinado andaluz en el escenario de las luchas agrarias organizadas, se produce el fenómeno de la sindicación generalizada y la lucha huelguística por las mejoras de trabajo y condiciones de explotación de la mano de obra, en un marco económico e histórico en el que el salario se erigía en componente económico fundamental en la reproducción social de los grupos campesinos. Asimismo, queremos poner de manifiesto cómo, una vez iniciada la etapa de creciente fortalecimiento de las organizaciones políticas y sindicales de signo izquierdista que acogieron a la mayor parte del campesinado organizado andaluz desde los comienzos del siglo XX, las relaciones entre campesinos y patronos agrícolas fueron mostrándose cada vez más virulentas e irreconciliables. Esta progresiva radicalización -sustentada por una segmentación horizontal cada vez más evidente- , así como la polarización social propiciada por la expansión del mercado y el capitalismo agrario, se convirtieron en fenómenos articulados, preferentemente, en torno al poder local como máxima expresión política e ideológica reguladora de las localidades. De igual manera, el proceso de expansión agraria y especialización de cultivos, registrado desde los comienzos del siglo XX, acrecentó la frecuencia con que se entablaban relaciones asalariadas, y de explotación de la mano de obra, entre las distintas fracciones del campesinado constituidas por pequeños propietarios y arrendatarios y los mismos jornaleros. Una vez fracasado el sistema caciquil tradicional, la implantación del régimen republicano coincidió con el inicio de una intensa crisis agraria, la acumulación de ricas experiencias por parte del campesinado en cuanto al uso privilegiado que hicieron del poder municipal las oligarquías rurales, y el fortalecimiento de la capacidad reivindicativa de los jornaleros. La conjunción de tales factores, se vio sedimentada por el impulso que el socialismo reformista otorgó a la participación política de los campesinos en las instancias locales, así como por el respaldo significado por la promulgación de una amplia gama de medidas legislativas reguladoras de las relaciones laborales que beneficiaron ampliamente a los campesinos y muy particularmente a los jornaleros. La llegada de los representantes de los jornaleros y campesinos pobres a la mayor parte de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades andaluces configuró una auténtica forma de poder campesino en innumerables comarcas rurales de Andalucía, y coincidió con un momento histórico en que las divisiones ideológicas y materiales entre los grupos rurales se habían ido incrementando sucesivamente. El uso instrumental que los campesinos hicieron de la legislación laboral reformista y de sus poderosos sindicatos se vio propulsado desde los 9 ayuntamientos durante el primer bienio republicano y de alguna forma fue conducido hacia la satisfacción de los intereses históricos del campesinado. Esto último perjudicó enormemente a la burguesía agraria, e incluso a algunas otras fracciones de los pequeños y medianos arrendatarios y propietarios agrícolas. Las luchas agrarias en muchos pueblos de Andalucía se vertebraron en torno al control de los ayuntamientos, la aspiración a la mejora de las condiciones laborales y de contratación de la mano de obra jornalera, el reiterado intento por conseguir la colocación de todos los trabajadores agrícolas de la cada localidad2 y, en suma, la pugna por la aplicación de la legislación laboral reformista, lo cual propició una clarificación de las posturas opuestas que sostenían grupos sociales abiertamente enfrentados. En suma, el empleo masivo, y de carácter estacional, de mano de obra jornalera que demandaba la específica organización agraria del sistema de gran propiedad, elevó a decisivo el factor del control del mercado de trabajo. En este sentido, la conjugación de los comportamientos conflictivos del campesinado se orientaron hacia el uso «de grupo» o «de clase» de cuantos instrumentos -políticos, institucionales, sindicales, etc.- estuviesen al alcance de este último segmento social, para interferir satisfactoriamente, y en su propio beneficio, en la definición de las condiciones sobre las que se asentaban, en cada momento, las relaciones laborales entabladas con los patronos agrícolas. El intento, infructuoso sin lugar a dudas, de los ricos propietarios agrícolas de regresar a las fórmulas caciquiles y oligárquicas ensayadas durante mucho tiempo atrás, y la reedición de estrategias patronales orientadas hacia el incumplimiento de la legislación reformista y la sobreexplotación de la mano de obra rural, se convirtieron en la lógica consecuencia de los deseos patronales por restaurar sus beneficios, en un momento en que la crisis agraria internacional y la presión jornalera atentaban seriamente en contra de la rentabilidad de las explotaciones. En tal empresa, contaron con el respaldo de aquélla fracción del campesinado -muy ligada al mercado de productos agrícolasque había resultado más perjudicada por la deflación de los precios acontecida a fines de los veinte y comienzos de los treinta, y que al mismo tiempo se reconocía agredida por la legislación laboral reformista y la intensa capacidad reivindicativa de los jornaleros agrupados en poderosos sindicatos. Las pretensiones reaccionarias de la patronal agraria se tradujeron, pues, en la radicalización de buena parte de los jornaleros hacia los comienzos del año 1936. El fracaso de las estrategias patronales por restaurar el orden político-social ligado al sistema latifundista3 y de gran propiedad, y por recuperar el poder municipal mediante las vías legalmente establecidas -ensayadas durante el «bienio negro»-, inclinó a muchos miembros de la burguesía agraria hacia la defensa de posturas rupturistas, autoritarias, violentas y declaradamente militaristas -asistidos de una alianza establecida, desde 1933, con las fracciones del campesinado anteriormente descritas. La consolidación de estas posturas desembocó en el apoyo rotundo a la intentona golpista del verano de 1936. La guerra civil acentuó el carácter de clase, e incluso revolucionario, que adquirió la acción de los jornaleros al frente de los comités populares y los ayuntamientos, fenómeno este último que se tradujo, finalmente, en la especial virulencia con que reaccionaron los patronos agrícolas -tan seriamente perjudicados durante el transcurso del conflictouna 16 amenaza implícita, a cuantos incumpliesen sus disposiciones, con el arrendamiento de sus propiedades a los colectivos de obreros agrícolas legalmente constituidos. De esta forma, los propietarios y arrendatarios rurales venían obligados a dar empleo, a lo largo del año, a un número concreto de campesinos en las fincas por ellos regentadas, con lo cual se diluían enormemente los lazos de dependencia económica que de manera tradicional habían ligado al campesinado frente a los propietarios acomodados de extensas comarcas de Andalucía. Ello provocó, como era de esperar, una abultadísima oleada de protestas patronales, que denotaban la virulenta oposición, mostrada por los miembros de las clases sociales rurales privilegiadas, hacia las disposiciones legislativas de los gobiernos reformistas del primer bienio. Al mismo tiempo, la regulación de la contratación de trabajadores, cualesquiera que fuese su naturaleza profesional, apareció materializada tras la promulgación de la Ley de Colocación Obrera de 27 de Noviembre de 1931. En la misma se establecía la creación de una red de Oficinas de Colocación municipales, provinciales, mancomunadas o regionales, sometidas a la inspección de Comisiones integradas por representaciones patronales y obreras, a las que se añadiría una " (...) representación de personalidades competentes, pertenezcan o no a la Administración Pública, nombradas a propuesta de las respectivas entidades por el Ministerio de Trabajo y Previsión". Se dictaba, asimismo, la creación de un registro municipal, radicado en las Alcaldías de los Ayuntamientos, con las inscripciones diarias de las ofertas y demandas de trabajo. En las cabeceras de partido judicial, las capitales de provincia y en aquellas localidades más importantes de cada provincia donde se considerase oportuno, se crearían oficinas de colocación, con las necesarias secciones para los diversos ramos de la agricultura, la industria, el comercio o las actividades profesionales domésticas. De esta forma, la inscripción de los trabajadores agrícolas en paro, así como su contratación por los propietarios rurales, comenzaban a constituirse en relaciones económicas y jurídicas entre las clases sociales rurales controladas, en muy buena medida, por los miembros de los grupos sociales rurales populares a través de sus representantes políticos locales. La supervisión por parte de los alcaldes izquierdistas, y de las sociedades obreras agrícolas, de los registros de inscripción de campesinos parados (comúnmente denominados Bolsas de Trabajo), y la obligatoriedad que recaía sobre los patronos para que contrataran a los trabajadores que necesitasen, solicitándolos de las oficinas municipales de colocación obrera, y respetando rigurosamente el orden de inscripción de parados en la Bolsa de Trabajo, se convertirían, a medida que progresaba el fortalecimiento de las instituciones republicanas, en realidades contestadas con frecuente acritud por las clases sociales rurales dominantes. Sobre todo, porque estas últimas perseguían, ante todo, mantener viejas situaciones de privilegio en la contratación, mediante la marginación sistemática de los campesinos más declaradamente vinculados a las organizaciones políticas y sindicales de izquierda (GARRIDO GONZÁLEZ, 1987 y COBO ROMERO, 1992). A pesar de todo, las medidas descritas perjudicaron a un amplio sector del campesinado, de modo particular a aquellos modestos labradores que generalmente disponían de su grupo familiar para atender sus explotaciones y ocasionalmente, en los periodos de recolección, recurrían a la 17 contratación de mano de obra jornalera. Las imposiciones de obreros agrícolas en paro o la obligatoriedad de extraer obreros de las bolsas perjudicó las debilitadas economías de muchos pequeños propietarios y arrendatarios que, de esta forma, comenzaron a albergar sentimientos de rechazo al régimen republicano y su específica legislación. Muchos de ellos, ante la persistencia de los mensajes patronales antirrepublicanos, pasaron a formar parte de las organizaciones de defensa de los intereses de las oligarquías rurales, se inclinaron hacia la adopción de posturas políticas conservadoras o derechistas y constituyeron posteriormente un firme bastión en defensa del fascismo agrario esgrimido por el régimen franquista en su primera etapa (LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995 y COBO ROMERO, 1992). Los alcaldes, en su mayoría de izquierda durante el transcurso del primer bienio republicano5 -(cuadro 2.2)- y vinculados estrechamente a las exigencias y reivindicaciones de toda índole procedentes del campesinado, interferían continuamente en las relaciones económicas entre campesinos y propietarios agrícolas acomodados. Las primeras autoridades municipales dictaban a menudo bandos prohibiendo el uso de maquinaria agrícola, fijando especiales condiciones de trabajo en el campo o resolviendo contenciosos laborales en favor del campesinado. En su calidad de representantes directos de los máximos responsables provinciales en la resolución de desavenencias surgidas en las relaciones laborales en el campo, en aquellas localidades donde no existían Jurados Mixtos del Trabajo Rural, los alcaldes entendían de múltiples asuntos referidos al cumplimiento de lo acordado en las Bases reguladoras de las labores agrícolas. En este sentido, resolvían frecuentemente en favor de los jornaleros y campesinos pobres siempre que los patronos se negaban a cumplir alguno de los acuerdos estipulados en los documentos oficiales aprobados por los Jurados Mixtos. En muchas ocasiones durante el primer bienio, los alcaldes socialistas de buena parte de Andalucía, presidieron comisiones arbitrales que, bajo la supervisión de los presidentes de los Jurados Mixtos, elaboraron acuerdos entre patronos y trabajadores rurales de cara a la regulación de las condiciones de trabajo en el campo. En muchos casos analizados, la presión de las organizaciones campesinas, y la activa labor mediadora del alcalde en favor de los intereses de estas últimas, arrojaron acuerdos locales sumamente beneficiosos para el campesinado y los jornaleros. Durante el primer bienio republicano, las Casas del Pueblo y los centros obreros locales, se habían convertido en lugares de reunión periódica de los campesinos organizados más conscientes de cada localidad, donde se efectuaba un cotidiano intercambio de experiencias, y donde se solidificaba diariamente una vivencia colectiva asentada sobre el conocimiento mutuo de los conflictos y actos de resistencia protagonizados por los jornaleros contra los patronos agrícolas más reacios al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación reformista (COBO ROMERO, 1992). 18 cuadro 2.2 Ayuntamientos y agrupaciones del PSOE de Andalucía en abril de 19336 PROVINCIA Concejales Alcaldes Ttes. de Alcalde Nº. de Agrupaciones Almería 54 5 13 18 Cádiz 91 2 16 21 Córdoba 278 24 76 58 Granada 135 11 33 19 Huelva 226 24 52 41 Jaén 338 34 72 67 Málaga 177 10 37 32 Sevilla 282 18 47 64 TOTAL 1581 128 346 320 Las directivas de las Casas del Pueblo, allí donde existían integradas mayoritariamente por aquellos campesinos más activos, permanecían en un constante entendimiento con los alcaldes y concejales socialistas -o simplemente de izquierdasde la respectiva localidad donde aquellas estuviesen radicadas. Desde estas instancias se sugerían las decisiones adoptadas por las primeras autoridades locales de cara a la resolución de los múltiples enfrentamientos sostenidos por las clases sociales rurales (LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995 y COBO ROMERO, 1992). La amalgama de todos estos factores repercutió en el rápido crecimiento de la FETT ugetista, pues sus postulados y estrategias reformistas resultaron más eficaces a la hora de obtener concesiones patronales y reconocimiento de mejoras en las condiciones de trabajo por parte de los Jurados Mixtos, que aquellos otros sostenidos por los anarquistas. Puede afirmarse que los dos bastiones más firmes sobre los que se instalaba la influencia campesina local durante la mayor parte de la etapa republicana anterior a la guerra civil fueron los ayuntamientos y las sociedades obreras agrícolas de cada localidad. En torno al ayuntamiento, las casas del pueblo y otras sociedades obreras locales se aglutinaban la mayor parte de los jornaleros y campesinos de izquierda más conscientes, y desde allí articulaban sus prácticas de lucha contra el sesgo predominantemente patronal, mercantilista y capitalista que habían adquirido las relaciones entre los grupos sociales rurales durante la etapa de crisis agraria de fines de la década de los veinte y principios de la de los treinta. Igualmente puede establecerse que las luchas campesinas durante el primer periodo republicano estuvieron impregnadas de un carácter netamente rupturista con las pretensiones patronales de orden rentabilista. Tanto los campesinos anarquistas que obedecían las consignas del espontaneismo revolucionario como aquellos otros adscritos a las organizaciones socialistas reformistas, desplegaron múltiples conflictos, de muy diversa tipología, pero encuadrados bajo el referente común de la imposición a los patronos del cumplimiento de la legislación agraria y el respeto escrupuloso a unas bases del trabajo que contenían condiciones ampliamente favorables para los jornaleros. En suma, durante los primeros años treinta, las luchas campesinas por la mejora de las 19 condiciones de trabajo y la defensa estricta de la legislación laboral reformista, han de entenderse como luchas que pretendían frenar la pretensión patronal por reproducir las viejas condiciones de explotación sobre las que se asentaba el predominio de la gran explotación. Casi todas ellas deben insertarse en el marco local donde se registraban, es decir, en situaciones socio-políticas donde el campesinado -y especialmente los jornalerosse había erigido en un grupo social con una gran capacidad para resistir la estrategia rentabilista de la patronal agraria. Así pues, asistido por poderosas organizaciones de clase, y desde los Ayuntamientos, el campesinado (y muy especialmente los jornaleros organizados) ejerció una constante labor de vigilancia en torno al estricto cumplimiento patronal de la legislación laboral reformista del primer bienio. En consonancia con esta fuerte capacidad reivindicativa, el número de huelgas agrícolas fue aumentando progresivamente desde 1931 hasta 1933 (cuadro 2.3). De esta forma, se vio seriamente amenazada la continuidad del viejo edificio rural, diseñado en consonancia con las necesidades de reproducción de la gran propiedad rústica. Por ello el mayor empeño de la patronal y sus asociaciones consistió, a medida que avanzaba la experiencia republicana, en el aplastamiento del movimiento campesino organizado (revolucionario y reformista) y en el desalojo de los Ayuntamientos de todos los representantes de izquierda del campesinado. cuadro 2.3 Las huelgas en Andalucía, 1930-1933. Número de huelgas, porcentaje con respecto al total y porcentaje de jornadas perdidas7 Años Agrícolas Varias Total (por 100) Jornadas perdidas (por 100) Total (por 100) Jornadas perdidas (por 100) 1930 1931 1932 1933 15 12 84 178 31,2 20,0 50,9 55,4 30,4 32,3 63,0 64,4 33 48 81 143 68,8 80,0 49,1 44,6 69,6 67,7 37,0 35,6 TOTAL 289 48,6 47,5 305 51,4 52,5 El proceso de segmentación interna del campesinado, que comenzó a perfilarse en el periodo de expansión y crecimiento agrario correspondiente a las dos décadas iniciales del siglo XX8, experimentó caracteres acentuados ante las primeras manifestaciones de crisis agraria, expresadas con motivo de la corriente deflacionaria que afectó a la mayor parte de la agricultura europea una vez finalizada la Gran Guerra y reintegradas las economías de los países beligerantes al comercio agrícola internacional. El malestar de muchas familias campesinas ligadas estrechamente al mercado y sus fluctuaciones, volvió a crecer a fines de los años veinte, cuando empezaron a caer estrepitosamente las cotizaciones mundiales de muchos productos agrícolas de exportación. Desde principios de los treinta, la crisis agraria, unida a la enorme fortaleza que habían adquirido los sindicatos de jornaleros y el despliegue de intensas oleadas huelguísticas, se conjugaron para acrecentar las diferencias entre las posturas sostenidas por los pequeños propietarios y arrendatarios frente a los jornaleros. Las leyes reformistas de regulación del mercado laboral, elaboradas por los gobiernos del primer bienio republicano, favorecían a los 20 jornaleros, quienes igualmente se vieron asistidos por la conjunción de políticas projornaleras desplegadas desde los sindicatos de obreros agrícolas y los ayuntamientos de mayoría izquierdista. Desde comienzos de los años treinta, los campesinos más pobres y los jornaleros irrumpían con fuerza en el escenario de las luchas de clases, pero ahora dotados de poderosos instrumentos políticos, sindicales e institucionales desde los que reforzaron su capacidad combativa e incluso pusieron en peligro la estabilidad misma del sistema agrario de la gran propiedad. Estos fenómenos posibilitaron que algunas fracciones del campesinado andaluz, compuestas por propietarios y arrendatarios modestos muy sensibles a las oscilaciones del mercado nacional e internacional -al igual que ocurriera con numerosos campesinos de Europa Occidental- (LUEBBERT, 1991; LINZ y STEPAN, 1978), se movilizasen políticamente9, reclamando una mayor intervención del Estado en la regulación de los precios, así como la imposición de un orden político y social que contuviese la enorme capacidad reivindicativa de los jornaleros. En el conjunto del Estado español, y muy especialmente en Andalucía, la socialdemocracia fue incapaz de forjar un pacto estable con aquellas fracciones del campesinado más sensibles ante los fenómenos de crisis agraria generalizada, facilitándose así una alianza de signo conservador y corporativista entre muchos pequeños propietarios y arrendatarios rústicos y las fracciones más reaccionarias de la burguesía agraria10. Durante el primer bienio republicano, buena parte de los pequeños arrendatarios, propietarios y aparceros agrícolas bascularon hacia la defensa de posiciones políticoideológicas antirrepublicanas, o por lo menos antidemocráticas, profundamente molestos con el giro que adoptaban los enfrentamientos en el ámbito de las relaciones laborales. Incluso muchos de ellos se integraron en las organizaciones de defensa de los intereses patronales, para reclamar un disciplinamiento del mercado de trabajo y un Estado fuerte e interventor. Se produjo, al menos desde 1933, y como consecuencia de la intensa oleada huelguística precedente y el reforzamiento de la capacidad reivindicativa de los jornaleros, un realineamiento de las alianzas de clase existentes en la mayor parte de las comarcas rurales andaluzas. Los reagrupamientos de clase resultantes del viraje experimentado por algunas fracciones del campesinado más modesto vinculadas a la explotación directa de la tierra, se tradujeron en una notable modificación en la orientación del voto. Especialmente en las comarcas de la Alta Andalucía -provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y buena parte de la de Córdoba-, y muy probablemente allí donde existiese un alto porcentaje de pequeños propietarios y arrendatarios rústicos, las izquierdas -y particularmente el PSOEcomenzaron a tener serias dificultades, a partir de las elecciones generales de 1933, para imponer su dominio de forma tan contundente a la registrada en las elecciones constituyentes del año 1931 (véase cuadro 2.4). La gran patronal agraria, con el concurso de una fracción del campesinado, logró vencer en las elecciones de 1933, y asistida desde las instancias estatales -controladas por una nueva coalición de fuerzas políticas de signo derechista y agrarista-, consiguió parcial y transitoriamente restaurar el viejo orden oligárquico en las relaciones laborales sobre las que tradicionalmente se asentó el edificio de la gran propiedad. Fracasado el intento 21 involucionista del «bienio negro», la victoria electoral de Frente Popular añadió un relativo indisciplinamiento de los jornaleros, que desde ese momento pugnaron abiertamente por formas de lucha anti-patronal decididas a la instauración de un orden campesino -solidario y anticapitalistaque incluso cuestionaba el principio de la propiedad privada sobre la tierra y los recursos. En medio de tal coyuntura, el realineamiento de fuerzas sociales operado desde 1933, contribuyó al respaldo de una porción muy significativa de la sociedad rural andaluza -hegemonizado por la burguesía agraria-, otorgado a la posturas involucionistas y fascistas defendidas por la fracción más reaccionaria del Ejército español11. 22 Cuadro 2.4 Resultados electorales en Andalucía (1931-1936). Elecciones Constituyentes y Generales a Cortes. En tantos por cien sobre el total de votos emitidos Distrito Electoral Candidaturas Izquierdas y republicanos de izquierda (1) Centro-Derecha, Derechas y autoritarios (2) Otros (3) 1931 1933 1936 1931 1933 1936 1931 1933 1936 Andalucía Oriental Almería Granada (capital) Granada (provincia) Jaén Málaga (capital) Málaga (provincia) Porcentaje medio Andalucía oriental Andalucía Occidental Cádiz Córdoba (capital) Córdoba (provincia) Huelva Sevilla (capital) Sevilla (provincia) Porcentaje medio Andalucía Occidental PORCENTAJE MEDIO ANDALUCÍA 46,00 61,20 66,42 66,90 43,80 51,00 55,88 38,53 46,00 59,20 30,00 47,11 38,70 43,25 49,57 41,90 (*) 43,51 44,56 54,09 40,58 44,92 31,38 (*) 33,89 42,68 26,36 30,05 27,39 38,90 51,57 (*) 39,42 50,20 54,80 58,17 50,83 60,16 (*) 58,35 52,86 62,91 55,13 57,88 54,35 22,70 16,59 20,35 32,20 17,70 32,50 23,67 58,70 36,70 36,60 30,10 52,80 57,20 45,35 34,51 55,11 (*) 54,89 53,49 43,96 46,00 50,69 66,31 (*) 44,62 54,67 44,32 58,03 53,59 52,14 45,16 (*) 59,49 49,80 16,67 38,18 41,86 39,21 (*) 39,36 47,10 36,39 44,50 41,31 41,58 31,30 22,39 13,23 0,90 38,50 16,50 20,47 2,77 17,30 4,20 39,9 - 4,10 11,37 15,92 2,98 (*) 1,58 1,94 1,94 13,40 4,36 2,30 (*) 21,48 2,64 29,30 11,91 13,52 8,94 3,26 (*) 1,09 - 28,52 3,65 7,30 0,63 (*) 2,28 - 0,70 0,36 0,79 4,04 FUENTE (Cuadro 2.4): Javier TUSELL y otros (1982): Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. 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(3) Republicanos Federales, Republicanos Autónomos, Independientes 23 Durante el período de reacción patronal y agrarista, desplegado a lo largo de los años 1934 y 1935, la oligarquía rural junto con los alcaldes y concejales derechistas reimplantaron prácticas de control social que, no solamente ahondaron en las graves fisuras que ya mostraba la estructura social de numerosas localidades rurales, sino que asimismo prefiguraron buena parte de los hábitos de poder oligárquico que se harían efectivos mediante la implantación del régimen franquista en Andalucía. Las clases patronales definieron una estrategia de recuperación del perdido control sobre los Ayuntamientos, entendidos como piezas administrativas con funciones primordiales de regulación de las relaciones laborales con el campesinado. Una vez que se hubo instalado en el poder central del Estado una nueva coalición de fuerzas políticas conservadoras y agraristas desde noviembre de 1933, la patronal inició una amplia ofensiva contra los Ayuntamientos de izquierda. A lo largo del año 1934, y tras el fracaso de la huelga campesina de junio y las tímidas manifestaciones de descontento de octubre de ese mismo año, fueron destituidas la práctica totalidad de las Corporaciones Municipales andaluzas regentadas por alcaldes de izquierda o republicanos de izquierda12, y sustituidas por Comisiones Gestoras presididas por notables locales vinculados a los intereses agrarios de la gran patronal, o por miembros destacados de los partidos republicanos conservadores (Partido Republicano Radical, CEDA) o netamente agraristas (LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995 y COBO ROMERO, 1992). Desde las Corporaciones locales, los patronos pretendían también reconstruir el entramado de mecanismos de control social, ideológico y cultural que asegurasen la reedificación de las condiciones materiales y «extramateriales» garantizadoras de la reproducción de las funciones económicas de la gran propiedad rústica. Los fenómenos de cooptación ideológica de las oligarquías rurales sobre algunas fracciones del campesinado se reforzaron durante el llamado bienio negro. cuadro 2.5 Resultados de las Elecciones del Frente Popular en Andalucía, (Febrero y Mayo de 1936)13 Distritos electorales Diputados Electos Frente Popular Frente Antimarxista Almería Cádiz Córdoba Granada (*) Huelva Jaén Málaga (Capital) Málaga (Provincia) Sevilla (Capital) Sevilla (Provincia) 5 (Mayoría) 8 (Mayoría) 10 (Mayoría) 13 (Mayoría) 5 (Mayoría) 10 (Mayoría) 3 (Mayoría) 6 (Mayoría) 4 (Mayoría) 8 (Mayoría) 2 (Minoría) 2 (Minoría) 3 (Minoría) 0 (Minoría) 2 (Minoría) 3 (Minoría) 1 (Minoría) 2 (Minoría) 2 (Minoría) 2 (Minoría) TOTAL 72 19 (*) Hemos recogido los resultados de la repetición de las elecciones en Granada, celebrada en Mayo de 1936. 24 El paternalismo, la difusión de ideologías corporativistas y la relativa reimplantación de la paz social en el ámbito de las relaciones laborales, resultaron fructíferas en el empeño patronal por atraer hacia su órbita de intereses antirrepublicanos a los pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros. La segmentación interna del campesinado ahondó sus raíces en la sociedad rural andaluza y las formas de lucha de los jornaleros derivaron hacia actos de repulsa al orden agrario tradicional relacionados con la resistencia pasiva, la falsa sumisión, el robo, etc. . La victoria del Frente Popular (véase cuadro 2.5), en muy buena medida propiciada por el apoyo otorgado por los anarquistas a las candidaturas frentepopulistas (CARO CANCELA, 1994) -pudiendo comprobarse a través del cuadro 2.4 cómo el triunfo de las candidaturas del Frente Popular fue más rotundo en las comarcas de intensa concentración jornalera de la Baja Andalucía-, la reconstitución de los órganos de resistencia del campesinado, y el regreso a los Ayuntamientos de los representantes campesinos de izquierda, inauguraron una nueva etapa donde el clamor unánime de las clases rurales subordinadas se traducía en la exigencia de la colectivización de la tierra, y la radical transformación de las relaciones de producción aún subsistentes. Los jornaleros andaluces aprendieron las trágicas lecciones del bienio negro. La clausura de la prensa anarquista e izquierdista en general, el cierre de los centros obreros locales e incluso el encarcelamiento y persecución de los campesinos más conscientes y combativos, condujeron a los más pobres de cada localidad hacia la adopción de posturas maximalistas. La reivindicación del estricto cumplimiento patronal de la legislación agraria reformista volvió a constituirse en un soporte decisivo de la nueva oleada de protestas rurales durante los meses previos al estallido del conflicto civil. Asimismo, la decepción generalizada de buena parte de los jornaleros andaluces por la efectividad que habían tenido las amplias oleadas huelguísticas de los años 1931-1933, imprimió un auge imparable a las propuestas más valientes orientadas hacia el reparto de la tierra o la colectivización de las grandes explotaciones rústicas. En medio de este resurgimiento del conflicto campesino, la intentona golpista -propiciada en parte por el incremento de efectivos de Falange Españolafue acogida muy favorablemente en Andalucía por el conjunto de las oligarquías agrarias y algunas fracciones del campesinado14. 2.3. La Guerra Civil en Andalucía y el control jornalero sobre las zonas rurales de la retaguardia republicana. La guerra civil de 1936 introdujo cambios sustanciales en la economía, la vida política y los comportamientos de los habitantes de los pueblos y ciudades de las comarcas rurales andaluzas que permanecieron leales a las autoridades republicanas. Las transformaciones fueron especialmente significativas en el ámbito de las pautas culturales, ideológicas y materiales que regían las relaciones entabladas entre los diferentes grupos sociales. Durante los primeros meses del conflicto, la vida cotidiana de 25 innumerables pueblos experimentó una profunda alteración. Los grupos sociales privilegiados, las oligarquías rurales que habían ocupado posiciones dominantes en los ámbitos del poder municipal, así como los sectores sociales intermedios que habían contribuido tradicionalmente a sostener el edificio de relaciones de dominación y explotación de los ricos propietarios agrícolas sobre el campesinado -especialmente sobre los campesinos más pobres y los jornaleros-, comenzaron a padecer, después de las convulsiones políticas y sociales del verano de 1936, una situación de persecución y marginación, e incluso algunos destacados derechistas fueron violentamente exterminados. En la práctica totalidad de los pueblos de Andalucía donde no triunfó inicialmente el alzamiento militar, se registraron actos revolucionarios, mayoritariamente protagonizados por grupos de jornaleros, o de integrantes de los sectores más humildes de la sociedad rural, que perseguían de esta forma la instauración de un nuevo orden económico y político, que impidiese el regreso a situaciones históricas precedentes. Los saqueos de las viviendas de los ricos propietarios agrícolas, así como de los jueces municipales, abogados u otros individuos identificados con el viejo orden caciquil sobre el que se sostuvo el sistema predominante de la gran propiedad rural, fueron frecuentes durante los meses de julio a septiembre de 1936. Asimismo, el patrimonio históricoartístico perteneciente a la iglesia católica, identificada tradicionalmente por los campesinos andaluces como la defensora de los privilegios de los ricos propietarios de la tierra, fue expoliado, o sencillamente destruido, en actos de euforia colectiva que pretendían simbolizar el final de un largo período histórico de dominio indiscutido de los grupos sociales que monopolizaban la tierra y la mayor parte de los recursos económicos disponibles (COBO ROMERO, 1994; LÓPEZ MARTÍNEZ y GIL BRACERO, 1997). Junto a estos actos de reafirmación de una voluntad colectiva de transformación, se procedió, a través de un esfuerzo de conducción de los deseos de cambio del campesinado, desplegado por los partidos y centrales sindicales de izquierda, a una extensa labor colectivizadora y de normalización de la vida cotidiana en la retaguardia leal. A impulsos del Partido Socialista, el Partido Comunista y la Unión General de Trabajadores, se procedió a la constitución de múltiples comités, bajo la dirección del Ayuntamiento o del Comité Local del Frente Popular. Estos comités significaron la encarnación de la nueva relación de fuerzas establecida en extensas zonas rurales, y sin lugar a dudas fueron controlados mayoritariamente por los jornaleros o los campesinos pobres, asistidos de algunos otros miembros de los sectores populares (QUIROSACHEYROUZE, 1986, 1994, 1997 y GIL BRACERO, 1995). Paralelamente a la constitución de comités de abastecimientos, transportes, orden público, etc., el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores, el Partido Comunista de España y la Confederación Nacional del Trabajo realizaron una intensa labor colectivizadora de las grandes propiedades agrícolas abandonadas por sus antiguos propietarios, o sencillamente expropiadas. Durante los años 1937, 1938 y 1939, casi siempre a instancias del Partido Comunista y del sector centrista del Partido Socialista, se asistió en tierras de la Alta 32 BIBLIOGRAFÍA CITADA Y/O CONSULTADA ALARCÓN CABALLERO, J.A. (1990), El movimiento obrero en Granada en la II República (1931-1936), Granada, Diputación Provincial. ÁLVAREZ JUNCO, J. (et alii) (1988), El movimiento obrero en la Historia de Cádiz, Cádiz, Diputación Provincial. ÁLVAREZ REY, L. (1993), La Derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936, coedición Universidad y Ayuntamiento de Sevilla. ARÓSTEGUI, J. (Coord.) (1988), Historia y Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León, 3 vols., Valladolid, Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. BARCIELA LÓPEZ, C. (1986), "Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones. 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El incremento de la población, unido a la generalización de prácticas rentabilistas, aplicadas sobre todo en la gestión de las medianas y grandes explotaciones agrícolas, fueron factores desencadenantes del aumento incesante del desempleo entre los jornaleros del mediodía español. Asimismo, la ordenación de los procesos de trabajo en las grandes fincas y las características mostradas por el capitalismo agrario orgánico -débil grado de mecanización de las labores, abundancia de mano de obra, control patronal del mercado de trabajo, etc.- propiciaron una situación en la que, los medianos y grandes propietarios agrícolas desistían de la intensificación de las labores, sobre todo porque en una hipotética situación de pleno empleo, el producto marginal obtenido de la explotación se situaría por debajo del nivel medio alcanzado por los salarios. Como han demostrado J.M. NAREDO (1977) y J.M. SUMPSI (1977 y 1978), las grandes explotaciones sustentaban su rentabilidad sobre la existencia de factores tales como el desempleo -y la disponibilidad absoluta de mano de obra baratay los bajos salarios agrícolas. 3 Una acertada interpretación socio-histórica de las características del sistema latifundista puede hallarse en E. SEVILLA GUZMÁN (1980). 4 FUENTE: Estadística. Número de organizaciones y afiliados que tiene la Unión General de Trabajadores en 15 de octubre de 1931. Boletín de la U.G.T., octubre 1931. Efectivos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra en 30 de junio de 1932. 5 Tras las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, las candidaturas republicano-socialistas obtuvieron el 64,3 % de los concejales electos en la provincia de Jaén. Tras la repetición, en abril de 1933, de las elecciones locales en aquellos municipios donde en abril de 1931 se había aplicado el artículo 29 de la entonces vigente Ley Electoral, los candidatos socialistas -que ahora acudían en solitariovencieron ampliamente. Cf. COBO ROMERO, F., (1992; 234 y 240). Por lo que respecta a la provincia de Granada, en mayo de 1932 los ayuntamientos controlados por las izquierdas alcanzaban en algunas comarcas porcentajes situados entre el 60 y el 80 por cien del total de municipios ubicados en ellas. Cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, M. (1995; 235). 6 FUENTE: J.M. MACARRO, La práctica del socialismo andaluz en la II República, Ponencia presentada al Congreso de Historia de las organizaciones socialistas en Andalucía, celebrado en Almería en 1992. Cf. Fundación Pablo Iglesias, Comité Nacional, AH-24-6. De acuerdo con las apreciaciones de J.M. MACARRO, los datos reflejados en el cuadro son el resultado de la información aportada por las Agrupaciones socialistas andaluzas en abril de 1933. No contestaron la totalidad de las mismas, por lo que, se puede deducir que el número de concejales socialistas existentes en Andalucía durante el primer bienio republicano superase los 2.000 y el número de alcaldes los 150. 7 FUENTE: A.M. CALERO (1983) y C. MARTÍ (1966). 8 El caso italiano es sumamente significativo. Durante las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo durante las excepcionales circunstancias inflacionarias existentes durante la Gran Guerra, emergió una nueva clase social de labradores acomodados que habían accedido a la propiedad de la tierra a costa de las explotaciones de la oligarquía rural tradicional. Estos nuevos explotadores de la tierra, se vieron enormemente acosados y amenazados por la poderosa capacidad reivindicativa de los jornaleros y de los sindicatos agrícolas socialistas. En respuesta a la conjunción de la crisis agraria posbélica y el agitado panorama de las luchas de clases rurales, muchos de los componentes de la nueva clase social de labradores capitalistas se adhirieron a las propuestas violentas, corporativistas e intervencionistas del fascismo. Cf. Paolo FARNETI (1978). 9 El caso alemán muestra fehacientemente el fenómeno de oscilación político-ideológica de una gran porción de los modestos propietarios y granjeros agrícolas hacia la defensa de posturas rupturistas con el Estado demo-liberal de la República de Weimar, así como hacia el respaldo a los postulados antidemocráticos, anticomunistas y de reforzamiento de la autoridad estatal sostenidos por el pujante Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) liderado por Adolf Hitler. A partir de 1930, un alto porcentaje del voto nazi se reclutó entre el los pequeños granjeros y propietarios rurales de zonas de tradicional dominio protestante y de precedentes Ligas Agrarias, tales como Schleswig-Holstein. Cf. M. RAINER LEPSIUS (1978). 10 En los países nórdicos -Noruega, Suecia y Finlandia-, con una notable proporción de población rural constituida por pequeños granjeros o titulares de explotaciones modestas pero vinculadas al mercado nacional e internacional de productos agrícolas, los partidos socialdemócratas supieron forjar una serie de fuertes vínculos entre las clases trabajadoras industriales y buena parte del campesinado, hasta el extremo de 41 lograr un amplio respaldo electoral y conformar gobiernos liberal-socialistas durante la década de los treinta, instrumentalizando políticas de consenso y pacto social que reforzaron el carácter reformista, protector e impulsor del desarrollo económico del estado capitalista, y evitando así cualesquiera solución de carácter ultraconservador o fascista. Cf. Donald SASSOON (1996). 11 Al menos en algunas comarcas rurales de Italia (la Llanura Padana, Emilia-Romaña, etc.) se produjeron fenómenos parecidos de segmentación interna del campesinado -así como de fortalecimiento de un estrato de labradores capitalistasmotivados por circunstancias de crecimiento agrario y expansión del capitalismo en la agricultura. Allí también se registró una intensificación de los conflictos entre labradores acomodados que entraban en frecuente relación salarial con los jornaleros (o campesinos sin tierra), y el consiguiente refuerzo de las estrategias rentabilistas y de maximización del beneficio adoptadas por los primeros. Al respecto pueden consultarse las obras de Charles MAIER (1975), Guido CRAINZ (1994), Anthony CARDOZA (1982 y 1991) Frank M. SNOWDEN (1986) y Paul CORNER (1975). Tanto en Italia, como en Alemania, la deflación registrada por las cotizaciones de los productos agrícolas tras el final de la Gran Guerra, así como la notable disminución de las rentas de las familias campesinas ligadas a una agricultura capitalista y comercializada, provocaron una movilización política de algunas fracciones del campesinado, e incluso el apoyo de muchos campesinos pequeños propietarios y arrendatarios a las propuestas antiliberales y antidemocráticas del fascismo emergente. Cf. Gregory M. LUEBBERT (1991); Robert G. MOELLER (1986) y Charles MAIER (1975). 12 En las provincias de Granada y Jaén, el alcance de los expedientes administrativos depuradores de los Ayuntamientos controlados por las izquierdas fue espectacular. Tras los sucesos de Octubre, el Gobernador Civil de Jaén anunciaba que habían sido destituidos todos los alcaldes y concejales socialistas de la provincia. Por lo que respecta a Granada, en algunas comarcas como las de Los Montes, Marquesado o Guadix, se alcanzaron porcentajes de destitución de Ayuntamientos republicano-socialistas situados entre el 76 y el 80 por cien del total de los existentes. Cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, M., 1995 y COBO ROMERO, F., 1992). 13 FUENTE: Javier TUSELL (1971), pp. 265-301; Mario LÓPEZ (1995), p. 483. 14 En el conjunto del estado español, los efectivos de Falange Española de las J.O.N.S. crecieron espectacularmente durante la primavera de 1936 y las primeras semanas del conflicto civil iniciado en julio de ese mismo año. En menos de seis meses, Falange pasó de ser un débil partido que agrupaba apenas unos 5.000 miembros a convertirse en una poderosa organización de 500.000 seguidores. Cf. Sheelagh M. ELLWOOD (1986). Cf. asimismo Paul PRESTON (1994). 15 Según la investigación efectuada por Rafael GIL, el alcance de las medidas de expropiación dictadas desde el Instituto de Reforma Agraria -en cumplimiento del decreto de 7 de octubre de 1936 promulgado por el Ministerio de Agricultura por el que se incautaban las tierras pertenecientes a personas desafectas al régimen republicano o que hubiesen participado en actos de rebeldía contra las legítimas autoridades de la Repúblicafue muy considerable en aquellas comarcas de la provincia de Granada que permanecieron bajo control gubernamental (republicano). En algunos partidos judiciales con predominio de la pequeña propiedad, el total de fincas expropiadas fue cuantiosísimo. En toda la provincia, las pequeñas explotaciones expropiadas alcanzaban una superficie global de 34.505 hectáreas. Cf. Rafael GIL BRACERO (1995), pp. 1260 y ss. . Según hemos podido averiguar, consultando los papeles correspondientes a la CAUSA GENERAL de la provincia de Jaén, en esta demarcación territorial también se efectuaron numerosas expropiaciones contra modestos propietarios o arrendatarios agrícolas. Cf. Francisco COBO ROMERO (1994).