Ganadería y problemas de explotación de las tierras públicas en el oeste norteamericano a finales del siglo XIX y comienzos del XX: el caso del estado de Nevada

Ganadería y problemas de explotación de las tierras públicas en el oeste norteamericano a finales del siglo XIX y comienzos del XX: el caso del estado de Nevada Ranching and public land issues in the American West in the late 19th and early 20th centuries: the case of the state of Nevada Iker Saitua Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España [email protected] Resumen: Este artículo tiene como objeto analizar el proceso de concentración y acaparamiento de tierras públicas en el Oeste de Estados Unidos y especialmente en el estado de Nevada a finales del siglo XIX. Tiene por propósito analizar la estrategia de producción utilizada por las grandes compañías ganaderas para acabar con la competencia. Trata de demostrar cómo la posesión de las fuentes de agua creó la oportunidad de un uso exclusivo de los pastos públicos contiguos, para tratar de impedir que el ganado de los competidores pastara en estas tierras públicas. Palabras clave: Ganadería, Tierras públicas, Oeste norteamericano, Apropiación de recursos naturales, Derechos de agua. Abstract: is article analyzes the process of concentration and grabbing of public lands in the American West, and especially in the state of Nevada in the late nineteenth century. Its purpose is to analyze the production strategy used by large livestock companies to finish with competition. It demonstrates how the possession of water sources created the opportunity for an exclusive use of the adjoining public pastures, thus trying to prevent the entry of competitors on these public lands. Keywords: Ranching, Public lands, American West, Appropriation of natural resources, Water rights. Introducción En diciembre de 1886, un pequeño granjero anónimo de Star Valley, en el norte de Nevada, escribió la siguiente carta al editor del periódico Elko Independent: “(…) si se continúa con el método actual [de venta de tierras escolares de Nevada], en pocos años todas las buenas tierras de nuestro estado estarán en manos de unos pocos individuos (…)”. Continuó diciendo que la “venta de tierras escolares del estado debería detenerse de inmediato, excepto para los colonos reales, y que se debería exigir al colono que viviera y mejorara la tierra durante al menos dos años antes de que se le permitiera comprarla (…)”. Concluía la carta afirmando que “si todas las tierras cultivables están en manos de unos pocos individuos con fines ganaderos y especulativos no habrá incentivos para que el emigrante se quede con nosotros”. 1 Este granjero criticaba el sistema de enajenación de tierras escolares de Nevada que a finales del siglo XIX facilitó el acaparamiento de tierra por parte de algunos grandes propietarios de ganado vacuno. En 1880 el Congreso de los Estados Unidos había concedido 2,6 millones de acres de tierra al estado de Nevada, que se mantendrían en fideicomiso y se utilizarían para generar fondos destinados a pagar las escuelas en este estado. En la sesión legislativa del estado de 1881 se inició el proceso de venta de tierras escolares. Esto permitió que algunos grandes ganaderos adquirieran estratégicamente parcelas de tierra adyacentes a los pastos públicos más ricos y al mismo tiempo controlaran las fuentes de agua. Esta historia de las tierras Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n°51, e175. ISSN 1515-5994 Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Centro de Historia Argentina y Americana ARTÍCULO/ARTICLE Recepción: 05 Octubre 2021 | Aceptación: 31 Enero 2022 | Publicación: 07 Marzo 2022 Cita sugerida: Saitua, I. (2022). Ganadería y problemas de explotación de las tierras públicas en el oeste norteamericano a finales del siglo XIX y comienzos del XX: el caso del estado de Nevada. Mundo Agrario, 22(51), e175. https://doi.org/10.24215/15155994e175 Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR escolares en Nevada es en gran medida una historia del avance de los grandes intereses ganaderos y su continuo intento de monopolizar los recursos de las praderas mediante el control de las fuentes de agua. Este artículo tiene como objeto analizar este proceso de acaparamiento de tierras y aguas en la Gran Cuenca del Oeste norteamericano. Más concretamente, tiene por propósito analizar la estrategia de producción utilizada por algunas grandes compañías para acabar con la competencia. Trata de demostrar cómo la posesión de las fuentes de agua creó la oportunidad de un uso exclusivo de los pastos públicos contiguos, para impedir que el ganado de los competidores (pequeños y medianos ganaderos) pastara en estas tierras públicas debido a la falta de acceso a esas fuentes. Hasta prácticamente finales de la década de 1880, esta estrategia les sirvió a algunas grandes compañías para afianzar sus intereses económicos en el uso de las tierras públicas. Esta estrategia situaba en una situación ventajosa a esas poderosas compañías ganaderas de vacunos respecto de otras más pequeñas, lo que les permitía expandirse antes que otras y reducir significativamente los costes fijos de tierra. Pero, por otro lado, también otras empresas ganaderas más pequeñas que se establecieron posteriormente se pudieron beneficiar de estas tierras libres. En la década de 1890 y comienzos del siglo XX, estos monopolios fueron puestos en tela de juicio. El gobierno federal se abstuvo de controlar y regular las actividades ganaderas en esas tierras. Esta política se mantuvo intacta hasta la aprobación de la Ley de Pastoreo Taylor de 1934, que acabó regulando las vastas extensiones de tierras públicas dedicadas al pastoreo. Esto quiere decir que, hasta 1934, las tierras del gobierno que no habían sido ni reservadas ni enajenadas seguían estando sin regular. Esta situación resultó ser problemática y conflictiva a medida que nuevos ganaderos exigían acceso a estos pastos libres. El boom de la industria ovina en la década de 1890 complicó aún más las cosas. Por lo general, las nuevas condiciones ecológicas y económicas de los años 1890 favorecieron la expansión del sector ovino en detrimento del vacuno. Entonces surgieron muchas empresas (pequeñas y medianas) dedicadas a la producción ovina que automáticamente se convirtieron en nuevos competidores para aquellas grandes compañías que trataban de monopolizar los pastos públicos. En este artículo argumento que, si por un lado, algunas compañías ganaderas se expandieron inicialmente aprovechándose de las tierras de dominio público, por otro lado, la pervivencia de la misma política agraria estimuló la aparición de nuevas compañías más pequeñas que acabaron desafiando la posición de las compañías más grandes. Y esto creó una situación insostenible que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. Pero antes de proseguir, voy a realizar una aclaración que me parece necesaria. Este trabajo se centra en el área geográfica de la Gran Cuenca del Oeste norteamericano. La Gran Cuenca de Estados Unidos es considerada la región intermontañosa situada entre las Montañas Rocosas y la cordillera de la Sierra Nevada. Esta es una región climáticamente inhóspita en la que el problema para el desarrollo de la agricultura y, por ende, de producir suficiente alimentación para las poblaciones asentadas allí ha venido existiendo desde los primeros asentamientos. En 1889, el botánico y geógrafo estadounidense William H. Brewer escribió: “Siempre será una región intensamente interesante por sus fuertes contrastes entre el desierto inhóspito y la fertilidad productiva” (1887, p. 227). La Gran Cuenca es una cuenca de drenaje interior que consiste en una topografía diversificada compuesta principalmente por cadenas montañosas, valles de altura, montañas de fuerte pendiente, cañones profundos y lagos prehistóricos. Esta región semiárida se extiende desde la actual mitad oriental del estado de Utah, unas pocas zonas del suroeste de Wyoming y el sureste de Idaho hasta algunas partes del centro-este de la Sierra Nevada en California, el sureste de Oregón y la mayor parte del estado de Nevada (Unrau, 1990, pp. 5-13; Houghton, 1986, pp. 23-25). 2 Este estudio se centra, especialmente, en este último estado. Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 2 FIGURA 1 Mapa del área de la región de la Gran Cuenca Fuente: Scofield, 1907, p. 10 En este artículo se hace especial hincapié en el caso del estado de Nevada por varias razones. En primer lugar, Nevada se encuentra en el corazón de la Gran Cuenca del Oeste norteamericano, que cubre casi todo Nevada excepto el extremo sur (donde se encuentra Las Vegas). En segundo lugar, Nevada ha sido (y sigue siendo) el estado con mayor porcentaje de tierras públicas, a pesar de que su porcentaje ha disminuido ligeramente con el paso de los años. En la actualidad, el 80,1 % del área total de Nevada son tierras de dominio público. Para ser más precisos, Nevada cuenta con 56.262.610 acres de tierras públicas sobre un área total de 70.264.320 acres (Congressional Research Service, 2020, pp. 7-8). 3 Esta situación ha derivado en numerosos conflictos y controversias relacionados con el uso y gestión de estas tierras públicas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Entre otros asuntos, como en muchas otras partes, fueron frecuentes los conflictos surgidos entre ganaderos por cuestiones de acceso a los pastos públicos (Hays, 1959, pp. 48-55). Asimismo, cabe destacar cómo entre finales de la década de 1970 y finales de la de 1980 Nevada se convirtió en el principal foco del movimiento conocido como Sagebrush Rebellion, conformado por ganaderos que reclamaba transferir las tierras públicas a los estados del Oeste. Si bien este movimiento fracasó, los sentimientos y conflictos que lo impulsaron han persistido hasta el día de hoy, como reflejan algunos casos de rebeldía más recientes contra el gobierno (McGreggor Cawley, 1993). 4 3 Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 A finales del siglo XIX, los pastos libres de Nevada eran todas las tierras de dominio público que no habían sido ni reservadas ni enajenadas como reservas forestales. Esto significa que en aquel momento más del 90 % de los pastizales eran libres y abiertos, pero eran propiedad del gobierno federal. En tercer lugar, la situación de Nevada, quizás más que cualquier otro estado de los Estados Unidos continentales, desafiaba los objetivos convencionales y aceptados de las leyes de enajenación de tierras públicas aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX; leyes cuyo propósito fue enajenar el dominio público o privatizarlas en virtud de las diversas leyes agrarias de los Estados Unidos. La aridez desalentó o imposibilitó el asentamiento masivo de colonos en granjas o ranchos familiares. El asentamiento disperso y casi inexistente en las tierras públicas dejó grandes espacios de Nevada sin levantamiento topográfico hasta bien entrado el siglo XX, lo que impedía su privatización (Skillen, 2009, pp. 3-8). FIGURA 2 Porcentaje de la superficie terrestre de cada estado bajo control federal en 1977 Fuente: Council of State Governments, 1977, Special Collections, University of Nevada Library, Reno, Nevada (Estados Unidos) Las tierras públicas del Oeste norteamericano y Nevada Para analizar y explicar este proceso de concentración y acaparamiento de tierras públicas dedicadas a praderas y prados permanentes en el estado de Nevada, resulta necesario comprender algunas cuestiones referentes a la formación de ese dominio público. Aquí se plantean tres preguntas de gran importancia. ¿Quién poseía las tierras de dominio público en Nevada? ¿Qué medidas adoptó el gobierno federal para proteger los pastos públicos? ¿La titularidad de los derechos de agua otorgaba derechos de uso de los pastos públicos colindantes? En primer lugar, el Gobierno Federal es, y ha sido siempre, el propietario de estas tierras desde su transferencia a los Estados Unidos por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848. Pero para responder esto es necesario ir un poco más atrás en la historia de este país (Rowley, 2016, p. 53). A partir del período de la Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 4 Confederación de los Estados Unidos, el Gobierno Central (y posteriormente el Gobierno Federal) afirmó la propiedad de las tierras del Oeste, tanto sobre la superficie como sobre el subsuelo mineral. La Ordenanza de Tierras de 1785 adoptada por el Congreso de la Confederación confirmó aún más dicha posesión cuando ideó un sistema de cuadrícula para el levantamiento topográfico de las tierras de dominio público al norte del río Ohio, o, mejor dicho, en el Viejo Territorio del Noroeste. Posteriormente, este sistema continuó con el proceso de expansión continental de los Estados Unidos que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX. El sistema de cuadrículas permitía una parcelación rectangular de la tierra. Proporcionó un método para identificar la propiedad en la numeración de hileras, municipios, secciones y acres, ya fuera en la venta o en la concesión de tierras del Gobierno Federal; primero del Departamento del Tesoro, después de la Oficina General de Tierras, que fue establecida en 1812, y a partir de 1849, del nuevo Departamento del Interior (Linklater, 2002, p. 73; Gates y Sewenson, 1968, pp. 317-318). Durante la primera mitad del siglo XIX, a medida que Estados Unidos se expandía hacia el Oeste, su sistema de prospección, venta y concesión de tierras también se exportó por todo el territorio conquistado. 5 En 1848, el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso fin formalmente a la Guerra entre México y Estados Unidos, le dio a este último país la mayor parte de la región Suroeste, como se conoce hoy día, incluyendo las tierras del futuro Territorio, primero, y estado de Nevada, posteriormente. 6 El descubrimiento de la veta Comstock en 1859 –junto con la crisis nacional de la secesión de los estados del Sur y la Guerra Civil– impulsó al Congreso a aprobar la Ley Orgánica de Nevada para establecer el Territorio de Nevada en 1861 a partir de las tierras del oeste del Territorio de Utah. Tres años más tarde, la Ley Habilitante de Nevada de marzo de 1864 permitió que el Territorio de Nevada se convirtiera en un estado más al cumplir o serles reconocidos ciertos requisitos en una nueva constitución estatal. Entre los requisitos que debía cumplir, cabe destacar el siguiente punto: “Que las personas que habitan dicho territorio están de acuerdo y declaran que renuncian para siempre a todo derecho y título sobre las tierras de dominio público no apropiadas que se encuentran en dicho territorio, que las mismas estarán y permanecerán a la única y entera disposición de los Estados Unidos” (Douglass, 1907). Asimismo, el nuevo estado de Nevada acordó no gravar las tierras de dominio público, o mejor dicho, las tierras de propiedad del Gobierno Federal que pudieran ser enajenadas en un futuro. La explicitud de estas prohibiciones reflejaba la afirmación del Gobierno Federal de su soberanía suprema con respecto a los estados (Elliott, 1987, pp. 84-85; Brodhead, 1970, pp. 9-10; Brodhead y Hulse, 1986, pp. 234, 239). Para finales del siglo XIX, en comparación con otros estados Nevada seguía contando con un porcentaje muy alto de tierras públicas sin privatizar. Tras las políticas de distribución o de “alienación” llevadas a cabo por el Congreso de los Estados Unidos en el siglo XIX, las tierras “sobrantes” o aquellas que no habían sido ni reservadas ni enajenadas siguieron siendo consideradas tierras de dominio público, hasta prácticamente el día de hoy. Esto incluía la mayor parte del estado de Nevada y mayormente sus vastos pastizales. La segunda cuestión a aclarar es qué medidas adoptó el Gobierno Federal para proteger los recursos del pastizal en las tierras públicas. El Gobierno Federal, siendo el propietario de dicho dominio público, era consciente de la propiedad y de sus obligaciones. Pero no fue hasta después de un período de intensa explotación de estas tierras cuando por fin actuó como tal. Estas obligaciones incluían regular las actividades ganaderas y el consumo del pasto público mediante un sistema de permisos de concesión de privilegios de pastoreo. En el proceso de poner orden en las actividades de pastoreo de diversos tipos de ganado en las praderas públicas, el Gobierno Federal, por instrucción del Congreso, asumió el deber de proteger estos pastos determinando su “capacidad de carga”. Es decir, ejercía su autoridad de excluir ganado en las tierras públicas y dirigir a los ganaderos a lugares de las tierras donde se podía utilizar el pasto y lejos de otros lugares donde estos recursos naturales podían resultar dañados por el uso ganadero continuo. De por sí, las agencias del Gobierno Federal encargadas de las tierras de dominio público establecían normas que, entre otros aspectos, fijaban a través de un sistema de permisos el ganado permitido tanto en tipo como en número. En este caso, 5 Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 el Gobierno Federal trató de actuar como protector y conservador de estas praderas que eran propiedad del “pueblo” norteamericano y administrarlas por medio de sus agencias y organismos representativos. Sin embargo, y como veremos más adelante, estas medidas se implementaron demasiado tarde, ya en la década de 1890, y en algunos casos, como en el estado de Nevada, no se llegaron a implementar hasta comienzos del siglo XX. Y la tercera cuestión se refiere a si la titularidad de los derechos de agua confería derechos de uso de los pastos públicos colindantes. En Nevada y en el Oeste norteamericano, la propiedad de los derechos de agua no confería ningún derecho de uso de los pastos públicos adyacentes. Los titulares de derechos de aguas no adquirían el derecho al uso exclusivo de las praderas públicas que circundaban esas aguas. De hecho, no existe ningún caso documentado de ningún individuo que haya utilizado esos derechos de aguas para reclamar derechos de propiedad de pastos de dominio público. Algunos ganaderos sí intentaron excluir a otros competidores de los mejores pastos públicos, monopolizando los escasos recursos hídricos (Adams, 1916, pp. 324-326, 330-333; Wooton, 1932, pp. 37-40). La presencia permisible del ganado en tierras públicas está, y siempre ha estado, a disposición de las autoridades federales, conforme a las normas y prácticas establecidas. De hecho, y al igual que ocurrió en otras partes del continente americano, la ganadería se convirtió en un sector clave en la expansión continental de los Estados Unidos hacia el Oeste. Desde la última década del siglo XIX, la intención del Congreso de los Estados Unidos fue que las agencias de gestión de tierras públicas protegieran las tierras y los recursos (incluido el pasto), y nunca tuvo la de permitir el libre uso de la tierra basándose en los derechos de aguas en tierras de propiedad del Gobierno Federal. Más concretamente, su intención era regir los pastos públicos exclusivamente por un sistema de permisos. Para entender mejor el papel y la actitud del Gobierno Federal ante las actividades ganaderas en los pastos públicos, es importante analizar primero la explotación minera en tierras de dominio público en el siglo XIX (Lopes, Moraes y Wilcox, 2020; Wooton, 1932, pp. 7-39). Agua, minería y dominio público Independientemente de la condición de propiedad del dominio público, los mineros de California durante y después de la Fiebre del Oro de 1849 establecieron una serie de normas a nivel local para la distribución de las reclamaciones mineras. Estos “distritos mineros” registraban a nivel local la propiedad de los reclamos mineros por individuos. Estos individuos estaban obligados a seguir ciertas normas para mantener una propiedad operativa del reclamo. Además, los reclamos mineros como propiedad estaban sujetos a tasación e impuestos por parte de los condados de California. A todos los efectos, y en ausencia de cualquier supervisión o regulación federal sobre estas tierras públicas, la extracción de la riqueza mineral del dominio público se llevó a cabo bajo la protección de “las leyes, costumbres y normas locales de los mineros”. Lo mismo ocurrió en los distritos mineros de la Comstock Lode en Nevada entre 1860 y 1880, que fue el primer descubrimiento importante de mineral de plata en los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, mediante la Ley de Lote o Sitio Urbano de 1863, facilitó a las localidades mineras establecer reclamos legítimos de derechos de superficie para viviendas domésticas y propiedades comerciales urbanas (Paul, 1963, pp. 170-171; Shinn, 1948; Rawls y Bean, 2008, pp. 108-109; Mack, 1936, p. 420). El Congreso de los Estados Unidos, a través de la Oficina General de Tierras, ejerció más autoridad sobre las ventas de tierras, las donaciones a los estados y las leyes de asentamientos rurales. En lugar de supervisar la extracción de minerales y/o establecer reglas con el auge de la industria ganadera en tierras de dominio público del Oeste, el Gobierno Federal optó por no controlar las actividades de estos mineros y ganaderos. En un primer momento, el Congreso de los Estados Unidos se abstuvo de imponer controles sobre el pasto abierto cuando se negó a establecer un sendero de ganado nacional desde Texas hasta las praderas del norte de las Grandes Llanuras, o incluso a establecer un sistema de arrendamiento de pastos en las tierras públicas. El Congreso se interesó por los asuntos relacionados con el uso de las praderas cuando exigió que se retiraran Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 6 las alambradas y cercados que los ganaderos de forma ilegal habían levantado en los pastos públicos. Sin lugar a dudas, esta fue una medida inequívoca para demostrar su deseo de mantener esas extensas tierras públicas libres del dominio exclusivo de los ganaderos, o de ser cercadas con alambre de espino (Wooton, 1932, pp. 37-38; Osgood, 1929, pp. 190-193). Ante la ausencia de una regulación federal, las comunidades locales con frecuencia tomaron la iniciativa de regular esas tierras públicas. Ejemplo de ello son los distritos mineros, los clubes de reclamo de tierras de Iowa y las asociaciones de ganaderos que promovieron la marcación del ganado como medio para identificar la propiedad en los rodeos, y dar caza a los cuatreros. En 1873, el estado de Nevada aprobó la primera ley de marcas de ganado en respuesta a las demandas de los grandes ganaderos. Pero una aplicación laxa de la ley, por lo general, hizo que fuera ampliamente ignorada. 7 En las décadas de 1860 y 1870, la regulación de la actividad ganadera en Nevada era frágil, imprecisa y en muchos casos inexistente (Stewart, 2006, p. 28; Patterson, 1987, p. 95). Al final de la Guerra Civil, el Tesoro Federal y el Congreso buscaron nuevas fuentes de financiación para pagar la deuda contraída durante la guerra, que ascendía a más de 2,6 millones de dólares. Algunos sugirieron que el oro y la plata extraídos del dominio público en el Lejano Oeste se gravaran con impuestos, se arrendaran o se vendieran a las compañías mineras. Los círculos mineros del Oeste reaccionaron contra cualquier ley de este tipo en el Congreso. El senador por Nevada William M. Stewart se propuso obtener del Congreso una ley que reconociera el derecho legítimo de la minería a proceder libre de impuestos y continuar operando de acuerdo con las costumbres tradicionales y locales, del mismo modo que se había desarrollado en California. La Ley Minera de 1866 reconocía que si un usuario de agua (para la minería, la agricultura o los usos domésticos) desviaba el agua de una fuente, ese usuario tenía derecho a transportar el agua a través del dominio público en un derecho de paso al destino de uso sin ninguna obligación de poseer el lugar de desviación o las tierras entre la desviación y el punto de uso (Mack, 1936, pp. 430-436; Elliott, 1983, pp. 53-55). La disposición sobre minería de la Ley de 1866 fue precursora de la Ley Nacional de Minería de 1872, en la que se reconocía el derecho del minero libre a realizar descubrimientos en dominio público y a explotar libremente esos descubrimientos. En lo que respecta al agua, en la Ley de 1866 los usuarios del agua, incluidas las empresas agrícolas y mineras, confiaban en sus reivindicaciones y en su derecho a transportar el agua a través del dominio público hasta los puntos de “uso beneficioso”. Cabe señalar que, en la distribución de los recursos de dominio público, el Congreso accedió al control local o a las “costumbres y prácticas” sólo en las actividades mineras y en el uso del agua en la minería, que también podía extenderse a otros usos, por ejemplo, la agricultura y el uso doméstico. En los asuntos relacionados con la tierra y las praderas, sin embargo, el Congreso continuó comprometido con sus intereses de propiedad, titularidad y supervisión (Paul, 1963, p. 169; Mack, 1936, pp. 430-436; Pisani, 1987, pp. 15-37; Elliott, 1983, p. 55; Shamberger, 1991, p. 5). Acaparamiento de los pastos de Nevada a finales del siglo XIX A pesar del auge de la minería de plata y oro de Comstock, la población de Nevada siguió siendo escasa a finales del siglo XIX. Por un lado, una parte importante de ella se concentraba en los distritos mineros. Por otro lado, una población dispersa y pequeña de empresas ganaderas, trabajadores ferroviarios y agricultores se asentó y persistió a medida que las ciudades mineras comenzaron a disminuir. Por supuesto, las operaciones ganaderas y las pequeñas granjas, así como las comunidades mineras y el procesamiento de minerales, requerían agua, que era un bien escaso en Nevada. Como ya se ha dicho, la aridez en este estado desalentó o imposibilitó la gran colonización agrícola de finales del siglo XIX. Sin lugar a dudas, Nevada desafió los objetivos de la política agraria promovida por el Congreso de los Estados Unidos en el siglo XIX, que trataba de enajenar el dominio público de acuerdo con las diferentes leyes agrarias de los Estados Unidos (Wooton, 1932, p. 32; Shamberger, 1991, pp. 99-100; Robbins, 1942). 7 Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 Inicialmente, muchos pequeños ganaderos optaron por asentarse u “ocupar” las tierras de dominio público que tenían acceso al agua. Por entonces, un problema añadido fue que muchas tierras de Nevada todavía no habían sido catastradas por la Oficina General de Tierras de acuerdo con las disposiciones del sistema de cuadrículas que hemos explicado más arriba. Además, por lo general, eran tierras marginales. La ocupación de tierras públicas pronto se convirtió en una práctica generalizada por familias de colonos que no podían acceder a la compra de esas tierras. Estos ocupas o squatters construyeron viviendas y edificios anexos y, lo más importante aquí, se aprovechaban del pasto público para alimentar su ganado. Estos squatters normalmente declaraban su intención de entablar un reclamo preferente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Generalmente, sin embargo, nunca se llevaban a cabo ya que esto requería el pago de al menos el precio mínimo impuesto por el gobierno de 1,25 dólares por acre. Por supuesto, mientras esos terrenos continuasen siendo legalmente de dominio público, no podían ser gravados como terrenos de propiedad privada. Los gobiernos locales, no obstante, trataron de fiscalizar estos reclamos. En 1865, la legislatura de Nevada aprobó una ley de impuestos a la propiedad posesoria que autorizaba a los tasadores fiscales de los condados a tasar la “propiedad posesoria”, así como las mejoras en ella: casas, edificios anexos, corrales e incluso el ganado como propiedad personal. Por un lado, esta ley reconocía la persistencia del vasto dominio público no privatizado en Nevada y el problema que representaba para el gobierno estatal el gravar la riqueza privada sin violar las prohibiciones de gravar las tierras de dominio público. Además, la falta de tasación de las tierras públicas por parte de la Oficina General de Tierras creó otro problema para la financiación del estado a través del sistema de escuelas públicas, como lo requería la Constitución de Nevada. 8 La Ordenanza de Tierras de 1785 reservaba la sección 16 de cada Municipio inspeccionado para el apoyo a la educación pública, y posteriormente, otra ley del Congreso añadió el Artículo 36. De esta manera, el Gobierno Federal concedía al estado de Nevada tres millones de acres de tierra de dominio público para el apoyo de su sistema escolar público. Dado que estas tierras no fueron tasadas inicialmente, su venta e ingresos públicos no estuvieron disponibles para los fondos del sistema escolar en Nevada (Walker, 2006, pp. 110-150; Gates, 1968, pp. 309-311). Pero a diferencia de la experiencia del Medio Oeste, como lo explicó el historiador John M. Townley, la concesión de tierras escolares (al igual que la gran mayoría de leyes agrarias de los Estados Unidos) no se adecuaba a las condiciones preexistentes de estados como Nevada, donde los terrenos cultivables no coincidían con sólo dos secciones en cada municipio (1978, pp. 63-73). Gran parte de las secciones de tierras escolares se encontraban en las laderas y cimas de las montañas, así como en las zonas desérticas, que difícilmente podían ser adquiridas por los colonos agricultores y recaudar así fondos para las escuelas públicas. Finalmente, y respondiendo a la Legislatura de Nevada, el Congreso concedió directamente más de dos millones de acres a este estado para su distribución y venta a cambio de las secciones 16 y 36. En 1880, el Congreso aprobó una concesión de tierra a Nevada de 2,6 millones de acres. Posteriormente, la sesión legislativa de Nevada de 1881 inició el proceso de venta de estas tierras escolares. Los demandantes podían comprar o reclamar hasta 320 acres de las antiguas subvenciones estatales del Gobierno Federal y hasta 640 acres de la subvención de 1880 de tierras escolares. Generalmente, las tierras se vendían a 1,25 dólares por acre, con generosos acuerdos de crédito. Significativamente, la tierra podía adquirirse en pequeñas parcelas de 40 acres y en configuraciones rectangulares, con lo que se formaban cintas de tierra a lo largo de las orillas de los arroyos o de los manantiales circundantes, abrevaderos o diversas fuentes de agua. Esta flexibilidad en la venta y distribución de tierras permitió a los aspirantes a propietarios esquivar las desventajas del sistema de tablero de ajedrez en parcelas perpendiculares. Asimismo, esta flexibilidad facilitó la monopolización de las praderas mediante la privatización de la propiedad del agua por las grandes compañías ganaderas. Por supuesto, esto iba en contra de ese espíritu empresarial del pequeño y mediano granjero, su voluntad de ahorro e inversión, y de la disponibilidad de recursos en las tierras del Oeste (Nimmo, 1885, p. 43044; Lane, 1974, p. 64; Adams, 1916, pp. 324-351; Young y Sparks, 1985, pp. 94-98). Las grandes compañías eran las que en realidad podían realizar un pago inicial de 25 centavos por acre (a menudo eso no se exigía), con pagos anuales del 6 % de interés. En la mayoría de los casos, esto significaba Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 8 que por 6,5 centavos por acre al año obtenían el uso de esas tierras, monopolizaban las fuentes de agua y se aprovechaban del alimento en las praderas públicas. Estas compañías contaban con docenas de contratos en varias parcelas. Existía una estrecha colaboración entre la Oficina de Tierras del Estado y aquellas grandes compañías ganaderas. La propiedad de tierras bajas a los lados de los arroyos resultaba muy valiosa para pasto y cultivo de heno. Y de esta manera, también, se trataba de excluir a otros ganaderos de las fuentes de agua y del pasto circundante, donde el ganado solamente podía pastar si tenía acceso a fuentes de agua cercanas. Así, resultaba muy ventajoso poseer tierras alrededor de las fuentes de agua (Young y Sparks, 1985, pp. 97-98; Townley, 1978, p. 69). Se puede decir, por lo tanto, que el sistema de escuelas públicas mediante el cual se enajenaron tierras de dominio público contribuyó decisivamente al monopolio de los pastos públicos a través de la propiedad de ciertas fuentes de agua estratégicas. Esta historia de la enajenación de las tierras escolares en Nevada es en gran medida la historia del avance de los grandes intereses ganaderos y su continuo intento de monopolizar los recursos pastoriles mediante el control de las fuentes de agua. Muchos de aquellos que entraron en un terreno público con la intención de asegurar una asignación bajo las leyes de propiedad eran individuos que anteriormente habían sido agentes o encargados de las grandes corporaciones ganaderas y que después compraron los títulos expedidos de estas propiedades a sus apoderados. Pero esta también es la historia de cómo los pequeños y medianos ganaderos (e incluso los pastores ovejeros trashumantes) resistieron a esa monopolización de los pastos públicos y continuaron haciendo uso de estas tierras públicas con el mismo derecho que las grandes compañías ganaderas. La finca ganadera o home ranch no era suficiente por sí sola para mantener en magnitud suficiente una explotación ganadera de estas características. Al igual que las grandes compañías, las fincas pequeñas dedicadas a la explotación ganadera extensiva requerían la utilización de tierras públicas. Y también, unas tierras arables dedicadas a la producción de heno, pastos de regadío y fuentes de agua (Young y Sparks, 1985, p. 99; Townley, 1978, p. 69). Ante esta situación, el estado de Nevada trató de establecer medidas para ordenar la actividad ganadera. En 1889, su Legislatura exigió a aquellas operaciones ganaderas que para finales de ese año registraran y probaran sus reclamos preventivos sobre el dominio público. Aquellos “ocupantes ilegales”, que habían estado aprovechándose de estas tierras de dominio público y de las fuentes de agua desde comienzos de la década de 1860, ahora estaban obligados a pagar por esas tierras. Sin embargo, muchos de ellos no pudieron acreditar (ni tampoco conseguir el dinero para probarlo) estas propiedades, por lo que en muchos casos vendieron esas parcelas a grandes compañías ganaderas, lo que a su vez contribuyó a ese proceso de monopolización de tierras y fuentes de agua. Otra ley de 1889 de la legislatura trató de cerrar el acceso del ganado desde las tierras de dominio público a las fuentes de agua rodeadas de tierras de propiedad privada. Esta ley obligaba a los propietarios de ganado que invadía propiedades ajenas a pagar doble por el daño causado por sus animales. Estaba dirigida principalmente contra la ganadería ovina trashumante. Más concretamente, la ley buscaba acabar con las actividades de las compañías ovejeras de fuera del estado de Nevada (principalmente de Utah y Idaho) que durante los meses de invierno operaban libremente en las tierras públicas de la sección oriental de Nevada, principalmente en el condado de White Pine. Sin embargo, la ley no era del todo eficaz, ya que las ovejas podían aprovecharse del agua, almacenada principalmente en forma de nieve, que se encontraba en las cumbres de las montañas y zonas altas, que eran, a su vez, inaccesibles para el ganado vacuno. Asimismo, con esta medida se trató de que todos los reclamos de agua se registraran en las secretarías de cada condado a fin de afirmar y mapear los puntos de desviación (con sus fechas), así como la cantidad de agua reclamada. Sin lugar a dudas, se trataba así de dar mayor estabilidad y seguridad a la producción ganadera de gran propiedad. Con el endurecimiento de las leyes contra toda intrusión no autorizada en tierras de propiedad privada y el reconocimiento de los reclamos al uso y aprovechamiento de las aguas se brindaba una mayor protección a los grandes propietarios ganaderos, ya que a través del control de dichos reclamos podrían Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 9 estas extensas tierras de dominio público de Nevada, fuera de los bosques nacionales, persistió una situación confusa durante muchos años más, hasta que finalmente se aprobó en 1934 la Ley Taylor de Pastoreo. Referencias Adams, R. (1916). Public Range Lands: A New Policy Needed. American Journal of Sociology, 22(3), 324-351. Recuperado de https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/212621 Adams, R. (1918). Taxation in Nevada: A History. Reno: Nevada Historical Society. Brewer, W. H. (1889). e Great Basin. Journal of the American Geographical Society of New York, 21, 197-227. 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Notas 1Esta carta fue reimpresa en Morning Appeal [Carson City, Nevada], 17 de diciembre, 1886, 3. 2Véase también McPhee, 1981; Fiero, 1986. 31 acre equivale a 0,404686 hectáreas. 4Uno de los casos más controvertidos ha sido el de Cliven Bundy, un ranchero del sur de Nevada que desde 2014 ha venido desafiando al gobierno federal negándose a reconocer que el gobierno puede cobrarle (como a todos los rancheros que utilizan tierras públicas al día de hoy) por el pastoreo de su ganado en las tierras públicas. Taylor, 2020. 5La compra de Luisiana en 1803; Florida en 1819, con el reconocimiento de España de las reivindicaciones de los Estados Unidos de desembarcar en el Océano Pacífico al norte del paralelo 49 o del Territorio de Oregón; la anexión de Texas en 1845, con la disposición de que Texas conservara sus tierras públicas; el Tratado de Oregón con Gran Bretaña en 1846 y el estallido de la Guerra entre México y Estados Unidos en ese mismo año. Hine y Faragher, 2007, pp. 52-53, 72, 45; White, 1991, pp. 76-82. 6Con este Tratado, además de Nevada, se transferían también los actuales estados de California y Utah, y algunas partes de Colorado, Nuevo Méjico y Arizona. Patterson, Ulph y Goodwin, 1969, p. 3. 7Statutes of the State of Nevada, Sixth Session of the Legislature 1873. Carson City: State Printer, 1873, pp. 99-101. 8Statutes of the State of Nevada, First Session of the Legislature 1864-1865. Carson City: State Printer, 1865, pp. 343-344. 9Clawson, M. (1938). Range Lands of Northeastern Nevada: eir proper and Profitable Use. Unpublished Manuscript, 1938, Nevada Historical Society, Reno, Nevada. 10 Silver State [Unionville, Nevada], 22 de mayo de 1890, p. 3. 11 Nevada Department of Conservation and Natural Resources and the US Department of Agriculture, Report Number Five North Fork Basin, agosto de 1963, pp. 4-5. 12 A. C. True, “Experiment Station Work”, Farmers’ Bulletin 532, marzo de 1913, US Department of Agriculture. Washington, DC: Government Printing Office, 1913, p. 19; “Hedges and Hedging”, British Farmer’s Magazine, p. 44. Londres: Rogerson and Tuxford, 1863, p. 356. 13 National Live-Stock Journal, 7(11), noviembre de 1876, p. 498. 14 Mark G Woodruff to e Forester, Washington, D.C., November 20, 1907, Record Group 95, U.S. Forest Service, Files Office of the Chief, Grazing Plans, National Records and Archives Administration, College Park, Maryland. 15 Clawson (1938). Range Lands of Northeastern… Mundo Agrario, diciembre 2021-marzo 2022, vol. 22, n° 51, e175. ISSN 1515-5994 18 PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto