Capítulo V: Pretensiones de las partes

Abstract

Para examinar como se garantiza el control del poder público es fundamental atender al objeto de la jurisdicción, la actividad administrativa impugnable y las pretensiones que pueden hacerse valer en vía judicial. En estas líneas se hará referencia a las pretensiones que pueden ser promovidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la figura de la acumulación. La LJCA somete a control de la Jurisdicción contencioso-administrativa la actividad de la Administración pública de cualquier clase que esté sujeta al Derecho administrativo, articulando las acciones procesales oportunas, vehículo fundamental para garantizar la plenitud del control jurisdiccional de la Administración. A vez, el art. 24 CE, que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva, pone de relieve la relevancia de que en la jurisdicción contencioso-administrativa se determine si el recurrente hace valer un derecho o interés legítimo, en línea con una posición subjetiva sobre la que se formularán unas referencias en las siguientes líneas. Al ubicar el centro del control de la Administración en la actividad administrativa y en el derecho a la acción de quien tiene un derecho o interés legítimo, se produjo una ruptura con el modelo anterior centrado en el acto. Las pretensiones de las partes constituyen el verdadero objeto del proceso en atención a lo expuesto en el art. 1 LJCA. Son la brújula que guía y orienta el proceso judicial, en su iniciación, instrucción y finalización. Es fundamental para el éxito del proceso por la parte que corresponde al demandante el adecuado planteamiento de las pretensiones en los escritos de demanda, pues en función de sus peticiones se encauzará el proceso hasta la decisión final y su posterior ejecución.