La guerra sin reglas: el conflicto sudanés y la sistemática violación del Derecho Internacional Humanitario

Paula CISNEROS CRISTÓBAL El actual conflicto en Sudán, estallado el 15 de abril de 2023, ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes, con más de 30 millones de personas necesitadas de asistencia y alrededor de 12 millones de desplazados internos y refugiados. Todas las partes enfrentadas (principalmente las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR) han incurrido en abusos graves y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), provocando innumerables víctimas civiles, violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, saqueos y destrucción de bienes esenciales, además de un deterioro humanitario agravado por el bloqueo deliberado de la ayuda destinada a millones de personas. Todo ello se desarrolla, además, en un clima de absoluta impunidad. En los últimos meses, la violencia ha alcanzado niveles particularmente atroces. Tras la ofensiva de las FAR sobre El Fasher, se han documentado matanzas masivas contra la población civil, con imágenes satelitales que evidencian fosas comunes, cuerpos incinerados y barrios devastados. El asalto al principal hospital de maternidad (donde más de 400 pacientes, acompañantes y miembros del personal sanitario fueron ejecutados) ha sido calificado como uno de los crímenes más graves desde el inicio del conflicto. A estos hechos se suman los ataques indiscriminados contra guarderías, mercados y convoyes humanitarios, así como las atrocidades cometidas en campos de desplazados como Zamzam, donde se han registrado ejecuciones sumarias, violencia sexual sistemática y desapariciones forzadas. Organismos internacionales alertan ya de un patrón que podría encajar no sólo en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sino también en indicios de genocidio. El conflicto armado sudanés tiene su origen en las tensiones entre dos facciones militares que, anteriormente, compartían el poder en Jartum. Por un lardo, se encuentran las Fuerzas Armadas de Sudán bajo el mando del General Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto desde la caída del dictador Omar al-Bashir en 2019. Por otro lado, están las FAR, una poderosa fuerza paramilitar dirigida por el general Mohamed Hamdan Dagalo, “Hemedti”, antiguo aliado de Burhan. Las FAR surgieron de las milicias Yanyauid o Yanyawid que el régimen de al-Bashir desplegó hace dos décadas para sofocar la rebelión en Darfur. De hecho, durante el conflicto de Darfur iniciado en 2003, estas milicias progubernamentales fueron responsables de campañas de violencia étnica contra comunidades no árabes en Darfur (fundamentalmente contra la etnia masalit, africanos no árabes), llegando a ser acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e, incluso, genocidio por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En este sentido, puede afirmarse que este legado de atrocidades cometidas con total impunidad sentó las bases de la desconfianza, las tensiones y el resentimiento étnico que, de nuevo, aparecen con fuerza en el nuevo conflicto. Tras la revolución que derrocó a alBashir en 2019, Sudán inició una complicada transición democrática con un gobierno de poder compartido entre civiles y militares. Sin embargo, las disputas sobre la integración de las FAR en el ejército regular y sobre la estructura de mando provocaron un colapso de las negociaciones. La tensión estalló en enfrentamientos armados abiertos el 15 de abril de 2023, cuando comenzaron los combates La guerra sin reglas: el conflicto sudanés y la sistemática violación del Derecho Internacional Humanitario PÁGINA 70 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 70 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 70 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 Mapa de la OIM-DTM que muestra las localidades de desplazamiento desde Al Fasher y las rutas principales seguidas por la población entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2025, así como los incidentes violentos registrados en Tektek, Karkab, Khater, Adam Darma y Kambalang. La intensidad del color azul indica la concentración de personas desplazadas (15 a 67.139 por localidad), mientras que las flechas representan las direcciones predominantes de movimiento hacia Tawila, otras zonas de Darfur y diversos estados de Sudán. Fuente: Focused Flash Alert: Al Fasher, North Darfur. Update 011 | Publication Date: 10 November 2025 (UN IOM Migration—Relief Web). PÁGINA 70 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 en la capital, Jartum, entre el Ejército sudanés y las FAR. Los combates iniciales en Jartum (incluyendo ataques con artillería y armas pesadas en áreas urbanas densamente pobladas) se propagaron rápidamente a otras regiones del país, arrastrando a Darfur, Kordofán del Sur, Kordofán del Norte, Nilo Azul o Gezira, en el centro. Diversos grupos armados locales y milicias tribales aprovecharon el caos para unirse al combate, alineándose con uno u otro bando. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por tratar de mediar, los enfrentamientos se intensificaron durante 2023 y 2024, arrasando ciudades y desencadenando desplazamientos masivos de civiles. Desde el inicio quedó claro que Sudán se precipitaba a una guerra civil a gran escala. Algunos autores hablan de la “Tercera guerra civil sudanesa”, distinguiéndola de las guerras norte-sur del siglo XX. No obstante, es preciso remarcar que, a diferencia de las guerras anteriores, donde la principal motivación para el conflicto eran demandas autonomistas o independentistas, en este caso se enfrentan dos facciones dentro de la élite militar por el control del poder central, de los recursos económicos (como las explotaciones de oro) y de las principales ciudades estratégicas. La rivalidad personal entre al-Burhan y Hemedti, alimentada por años de impunidad por abusos pasados, ha convertido la lucha por Jartum y otras ciudades en una suerte de batalla a todo o nada, con catastróficas consecuencias para los civiles. Previamente a entrar en detalle sobre el conflicto en Sudán, parece pertinente hacer un breve repaso a las normas que son aplicables en la contienda. Respecto al marco jurídico aplicable al conflicto armado de Sudán, este cumple claramente los criterios para ser considerado un conflicto armado no internacional (CANI) a efectos del DIH. Desde el inicio, la intensidad de la violencia (combates generalizados, uso de armamento pesado, destrucción material, miles de civiles huyendo…) y el grado de organización de las partes enfrentadas confirmaron, sin duda alguna, la existencia de un CANI. En consecuencia, se aplican en Sudán las normas fundamentales del DIH para conflictos internos, en particular el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra (aplicable a todos los conflictos internos) y el Protocolo Adicional II de 1977, ratificado por Sudán en el año 2006. Igualmente vinculan a las partes las reglas consuetudinarias del DIH (muchas derivadas del Protocolo I de 1977, aunque Sudán no sea parte de éste) y los tratados sobre medios y métodos de guerra específicos a los que Sudán se ha adherido. Cabe añadir que Sudán, como Estado miembro de las Naciones Unidas, también está obligado por las normas internacionales de derechos humanos pertinentes, y que el Derecho internacional penal (incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aunque Sudán no lo ha ratificado) define la responsabilidad individual por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Bajo el DIH aplicable, las partes del conflicto armado deben respetar en todo momento los principios humanitarios básicos, orientados a limitar los efectos de la guerra sobre aquellas personas que no participan en las hostilidades. La conducción de las operaciones debe regirse por el principio de distinción (obligación de diferenciar entre objetivos militares legítimos y personas civiles u objetos de carácter civil, prohibiendo atacar a civiles o bienes de carácter civil intencionalmente); el principio de proporcionalidad (prohíbe cualquier ataque en el que se prevea que los daños incidentales a civiles serán excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa anticipada) y el principio de precaución (el cual exige tomar todas las medidas factibles para evitar o minimizar el daño incidental a civiles y bienes civiles durante las operaciones, incluyendo la elección de los medios y métodos de combate que reduzcan el riesgo para la población, dar avisos previos efectivos a los civiles cuando sea posible, así como abstenerse de ubicar objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas). El DIH vigente en Sudán también prohíbe de forma absoluta ciertos actos por parte de los beligerantes. Por ejemplo, los ataques deliberados contra civiles, la violencia contra personas hors de combat (incluyendo ejecuciones sumarias, torturas, tratos crueles o degraPÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 Soldados del Ejército de Sudán celebran la recuperación del Palacio Presidencial en Jartum durante las operaciones contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). La batalla urbana por la capital, caracterizada por ataques indiscriminados y el uso extensivo de armas explosivas en zonas pobladas, ha sido uno de los episodios más devastadores del conflicto. Fuente: X.com (@alnassar_kuw; https://x.com/ alnassar_kuw/status/1903031487777132575) PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 71 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 Diciembre 2025 dantes) y la práctica de desapariciones forzadas están categóricamente prohibidos y constituyen infracciones graves del DIH. Igualmente, el recurso a la violencia sexual (violaciones, esclavitud sexual u otras formas de abuso sexual) contra cualquier persona es ilícito en toda circunstancia. El DIH protege de modo especial al personal sanitario, a los heridos y enfermos, así como a las instalaciones médicas: los hospitales no pueden ser atacados y gozan de inviolabilidad, al igual que el transporte sanitario identificado con emblemas de la Cruz Roja o la Media Luna Roja. El Protocolo II de 1977 también prohíbe emplear la hambruna de la población civil como método de guerra y protege los objetos indispensables para la supervivencia (alimentos, cosechas, ganado, fuentes de agua potable, infraestructuras agrícolas…) contra la destrucción, el saqueo o la inutilización intencionada. Igualmente, también prohíbe los desplazamientos forzados de la población civil, salvo por estrictas razones de seguridad o necesidad militar imperiosa, en cuyo caso se deben tomar las medidas necesarias para garantizar el alojamiento y unas condiciones mínimas para los civiles evacuados. Del mismo modo, se exige a las partes que faciliten el paso rápido y sin obstáculos de los socorros humanitarios imparciales destinados a la población civil en necesidad, incluyendo la asistencia de la ONU o de la Cruz Roja. Las normas del DIH aplicables buscan preservar a los civiles y bienes civiles de la guerra, garantizando que las organizaciones humanitarias puedan acceder a las víctimas. La violación intencional o reiterada de estas normas constituye un crimen de guerra, acarreando responsabilidad penal individual para los responsables. Como ya se ha mencionado, desde el estallido de la guerra en abril de 2023, observadores internacionales, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han documentado numerosas violaciones graves del DIH cometidas por ambas partes del conflicto. Entre los abusos denunciados se encuentran asesinatos deliberados de civiles, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual generalizada, desapariciones forzadas, bombardeos indiscriminados en barrios residenciales, el uso del hambre como método de guerra y la destrucción intencional de ciudades enteras e infraestructuras civiles (incluyendo hospitales y escuelas) perpetrados tanto por las FAR como por el ejército sudanés. Muchos de estos actos constituyen crímenes de guerra bajo el DIH, e incluso algunos podrían tipificarse como crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático o generalizado contra la población civil. En los siguientes párrafos se analizan las principales categorías de violaciones cometidas, tratando de poner el foco en el impacto que está teniendo el conflicto sudanés en la población civil y en los constantes incumplimientos de las obligaciones humanitarias por ambas partes beligerantes: - Ataques contra civiles, bombardeos indiscriminados y masacres étnicas Una de las cuestiones que caracterizan (trágicamente) el conflicto en Sudán es el brutal desprecio por la distinción entre combatientes y civiles en las zonas de combate. Las dos fuerzas han librado batallas en medio de ciudades densamente pobladas sin adoptar ningún tipo de precaución para proteger a los civiles. En Jartum y otras urbes, el Ejército sudanés ha empleado ataques aéreos y bombardeos de artillería pesadas contra posiciones de las FAR que se encontraban en áreas urbanas, causando devastación a gran escala. Las FAR, por su parte, han lanzado asaltos y contraataques desde PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 Voluntarios de la Media Luna Roja Sudanesa distribuyen agua y asistencia básica en la localidad de Dongola, en el estado Norte, como parte de las operaciones de apoyo a personas retornadas desde la zona fronteriza. La organización mantiene actividades esenciales de socorro pese a la inseguridad generalizada derivada del conflicto. Foto: X.com (@SRCS_SD, https://x.com/SRCS_SD/ status/1935341541452640761/photo/4) PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 72 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 barrios residenciales, desplegando tropas y armamento en zonas civiles y atrayendo el fuego indiscriminado. Como resultado, miles de civiles quedaron atrapados en zonas de enfrentamiento abierto, expuestos al fuego cruzado y a explosiones en sus propias calles y viviendas. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, entre abril de 2023 y diciembre de 2024, más de 27.000 personas murieron y más de 33.000 personas resultaron heridas en Sudán (en su mayoría, civiles) a causa de bombardeos, ataques aéreos y combates terrestres en zonas pobladas. El uso extensivo de armas explosivas de amplio impacto en entornos urbanos ha multiplicado el número de víctimas civiles: barrios enteros de Jartum, Omdurmán y otras ciudades han sido reducidos a escombros por cohetes, artillería y ataques aéreos indiscriminados. En algunos casos el Ejército lanzó bombas desde aviones de transporte sin sistemas de guía, dejando caer la munición “a ojo” sobre la ciudad, lo que causo la destrucción aleatoria de viviendas. Igualmente, helicópteros artillados efectuaron ráfagas de cohetes y ametrallamiento en vecindarios densamente poblados, incendiando hogares. Estos métodos de guerra flagrantemente indiscriminados constituyen violaciones claras del DIH. Además de los daños colaterales, predecibles en la guerra urbana, también se han dado ataques directos contra civiles que sugieren una intención deliberada de aterrorizar o castigar a la población. Investigaciones de organizaciones humanitarias y relatos de testigos indican que ambos bandos han cometido masacres de civiles desarmados en distintas zonas del país. Las FAR y milicias arabizadas aliadas han sido responsables de matanzas selectivas de civiles pertenecientes a ciertos grupos étnicos en la región de Darfur, reavivando los peores episodios de limpieza étnica vistos en este territorio desde 2003. En Darfur Occidental, la ciudad de El Geneina sufrió ataques genocidas entre abril y junio de 2023: barrios habitados por la comunidad masalit fueron asaltados y arrastrados por milicianos aliados de las FAR, resultando en miles de civiles asesinados por motivos étnicos. El alcance la violencia en El Geneia fue tal que las agencias de las Naciones Unidas llegaron a registrar casi 15.000 personas masacradas en dicha ciudad en el transcurso de unos mese de 2023, la mayoría de ellas de la etnia masalit, efectivamente. Esta cifra ilustra la magnitud del horror: comunidades enteras prácticamente aniquiladas, ejecuciones puerta por puerta, cuerpos abandonados en las calles y decenas de miles de habitantes obligados a huir hacia Chad. Amnistía Internacional verificó numerosos incidentes de ataques étnicos contra civiles masalit también en otras localidades como Ardamata, Misterei o Tendelti, atribuidos a las FAR y sus milicias aliadas. Los actos parecen responder a un patrón deliberado de persecución étnica y limpieza poblaciones en Darfur, atacando de forma sistemática a grupos africanos no árabes. En este sentido se hace referencia no solo a la comunidad masalit, sino también al grupo étnico fur o zaghawa. Con el fin de consolidar el control territorial de las FAR en Darfur mediante el terror se han destruido sus aldeas, perseguido a los que huían e incluso asesinado a líderes comunitarios de estos grupos. La Misión internacional independiente de la ONU, establecida en 2023 para investigar la situación en Sudán, concluyó en su informe más reciente que las FAR han cometido crímenes contra la humanidad en Darfur, incluyendo el de exterminio de poblaciones civiles. Se considera que la campaña de violencia identitaria de las FAR en Darfur constituye genocidio contra el pueblo masalit, dado el intento de destruir total o parcialmente a dicho grupo étnico. En otras partes del país PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 73 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 Diciembre 2025 Restos calcinados de la escuela Al-Imam Al-Kadhim en Al-Geneina (Darfur Occidental), incendiada el 27 de abril de 2023 mientras servía como refugio para personas desplazadas. La destrucción de instalaciones civiles y de centros de acogida constituye un patrón recurrente de ataques contra bienes protegidos en el conflicto sudanés. Foto: Naciones Unidas (Mohamed Khalil). también se han reportado ejecuciones sumarias y represalias brutales contra civiles supuestamente leales al bando contrario. En octubre de 2024, tras la deserción de un comandante de las FAR en la región de Gezira, las FAR lanzaron ataques de represalia colectiva contra varias ciudades y pueblos (Tamboul, Rufaa, Al Hilaliya, entre otros), en los cuales atacaron a la población en sus casas, mercados y calles, causando al menos 124 civiles muertos en una semana y desplazando a más de 119.000 personas. También se reportaron, al menos, 25 casos de violencia sexual, mostrando el carácter vengativo de las acciones contra la propia población civil local. La población civil sudanesa se ha convertido en blanco de la violencia, ya sea por bombardeos indiscriminados que no respetan el principio de distinción o por masacres intencionales motivadas por identidad étnica o supuesta afiliación. Ambas formas de ataque infringen gravemente las leyes y costumbres de la guerra. -Violencia sexual y otros abusos contra personas vulnerables El incremento de la violencia sexual relacionada con el conflicto, y utilizada en muchos casos como arma para humillar y aterrorizar a comunidades civiles, es alarmante desde que se inició el conflicto. Innumerables informes señalan que las mujeres y niñas sudanesas han sufrido violencia sexual generalizada a manos de combatientes, incluyendo violaciones individuales y colectivas, acoso y otras formas de agresión sexual. Los abusos han ocurrido tanto durante ataques a las localidades (por ejemplo, en aldeas de Darfur arrasadas por milicias, donde mujeres de la etnia masalit fueron violadas en grupo) como en los puestos de control y retenes improvisados que surgieron en carreteras. Miembros de las FAR han sido señalados reiteradamente como perpetradores de violaciones en zonas bajo su control, a veces llevando a cabo dichos actos específicamente contra mujeres de grupos étnicos rivales. También hubo denuncias de agresiones sexuales cometidas por las Fuerzas regulares sudanesas u otros grupos armados, aunque en menor escala. La Representante Especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos (Pramila Patten) ha expresado una enorme preocupación por los informes sobre violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencia de género que emergen de Sudán desde el inicio de la guerra. Tras la toma de la ciudad de El Fasher por las FAR en octubre de 2025, decenas de mujeres habrían sido secuestradas y sometidas a violencia sexual durante y después de los combates, según denuncias recogidas por grupos locales. La violencia sexual en este contexto no sólo causa un evidente daño físico y psicológico devastador, sino que, además, puede constituir un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad si se comete de forma sistemática contra la población civil. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una declaración conjunta de más de 20 países, condenó específicamente la violencia sexual relacionada con el conflicto en Sudán, calificándola de “aberrante violación del Derecho internacional humanitario” y señalando que, de confirmarse, estos actos “constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. Lamentablemente, la falta de seguridad y el estigma asociado hacen que muchos casos no se denuncien, por lo que la verdadera escala de la violencia sexual en esta guerra sea, todavía, mucho mayor. Las víctimas, además, habitualmente no tienen ningún tipo de acceso a atención médica o a la justicia. Otro abuso grave documentado en el marco del conflicto es el maltrato a personas detenidas o capturadas. Si bien la información es muy limitada, hay indicios de que tanto las FAR como las Fuerzas guberPÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 Mujeres desplazadas en una clínica temporal de Tawila, en el norte de Darfur, tras huir de la violencia en El Fasher (11 de noviembre de 2025). Organismos de la ONU alertan de que existe evidencia creciente de que la violencia sexual está siendo utilizada de forma deliberada y sistemática como arma de guerra en Sudán. Foto: UNFPA, https://news.un.org/es/story/2025/11/1540732. PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 74 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 namentales han incurrido en torturas y ejecuciones extrajudiciales de prisioneros. Soldados capturados por las FAR en los combates iniciales fueron ejecutados en el acto o sometidos a tratos crueles. Del lado opuesto, se ha acusado a miembros del Ejército y servicios de inteligencia de hacer desaparecer forzosamente a individuos sospechosos de simpatizas con las Far, algunos de los cuales posteriormente aparecieron muertos. Estas prácticas violan las protecciones mínimas otorgadas por el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que exige trato humano para las personas fuera de combate, prohibieron la violencia contra la vida, la tortura y la ejecución sin un juicio previo. La desaparición forzada de civiles (otra violación denunciada en la resolución del Consejo de Derechos de la ONU) deja a las familias en la angustia de la incertidumbre y también constituye crimen de lesa humanidad cuando se practica de forma generalizada. Desafortunadamente, la impunidad reinante ha sido el caldo de cultivo para que estos abusos se repitan: hasta ahora, pocas o ninguna de las atrocidades reportadas (ya sean violaciones sexuales, torturas o asesinatos de detenidos) han derivado en investigaciones o procesos judiciales serios dentro de Sudán. Esto refuerza una percepción de que los perpetradores no van a ser condenados, es decir, que sus actos no van a tener consecuencias de ningún tipo, lo que alimenta nuevas atrocidades en un ciclo violencia. -Ataques a infraestructuras civiles esenciales (hospitales, agua potable y bienes indispensables) En el transcurso de esta guerra, los servicios e infraestructuras civiles de Sudán han sufrido daños inconmensurables, en gran medida debido a ataques directos o indiscriminados contra objetivos que deberían estar protegidos. Hospitales, clínicas, sistemas de agua, centrales eléctricas, escuelas, mercados y otros bienes indispensables para la población civil han sido destruidos o gravemente dañados por acciones militares de uno u otro bando. Especialmente preocupantes han sido los ataques contra instalaciones y personal médicos, una violación flagrante de la obligación de respetar y proteger la asistencia sanitaria en conflictos armados. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a lo largo de 2024 se observó un patrón sostenido de ataques contra instalaciones médicas en Sudán. Muchas de estas agresiones ocurrieron durante asedios o combates urbanos: hospitales atrapados en zonas de batalla fueron alcanzados por proyectiles, ocupados por fuerzas armadas o saqueados. En otros casos, ambulancias y trabajadores sanitarios (incluyendo voluntarios de la Media Luna Roja sudanesa) fueron atacados o impedidos para la realización de evacuaciones. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha recordado repetidamente a los beligerantes sus obligaciones, bajo el DIH, de proteger los hospitales y al personal médico, enfatizando que estos no pueden ser blanco de ataques y que su integridad resulta vital para salvar vidas. No obstante, en el terreno se han visto episodios verdaderamente atroces. En junio de 2025 un PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 75 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 Distribución de alimentos y suministros nutricionales del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en Kadugli, Sudán, donde decenas de miles de personas dependen de esta asistencia para sobrevivir. En una ciudad asediada y afectada por el hambre extrema, el acceso humanitario sostenido resulta esencial para evitar un mayor deterioro de la población civil. Foto: X.com (@WFP_Sudan, https://x.com/WFP_Sudan/status/1991411657621532934/photo/1). ataque impactó el Hospital AlSaudi de El Fasher, la última instalación médica plenamente operativa que quedaba en esa ciudad de Darfur del Norte. Decenas de personas (incluyendo pacientes y personal) murieron en el bombardeo, que destrozó el edificio. El CICR, que apoyaba a ese hospital con suministros, condenó el incidente y subrayó que dejar a una población sin su último centro de salud funcional tiene desastrosas consecuencias humanitarias. Hechos similares se han repetido en Jartum (donde hospitales como el de Omdurmán resultaron dañados en combates), en Darfur del Sur y en otras regiones. En octubre de 2025 las instalaciones de salud del hospital materno Saudi Maternity Hospital de El Fasher (que ya había sido atacado en enero de 2025 con drones causando al menos 70 muertos) fueron atacadas, muriendo más de 460 pacientes y acompañantes y seis trabajadores sanitarios fueron secuestrados. Al destruir hospitales, se priva a la población civil de atención médica en plena guerra, agravando el número de víctimas que podrían evitarse. De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (Volker Türk), los continuos y deliberados ataques contra civiles y objetos civiles, así como contra instalaciones médicas, demuestran el absoluto fracaso de ambas partes en respetar las normas fundamentales del DIH, añadiendo que algunos de estos actos deben investigarse puesto que podrían constituir crímenes de guerra. Junto con la salud, otros servicios esenciales han sido blanco de ataques o interrupciones. En varias ciudades se han documentado ataques contra redes eléctricas, planas de agua y depósitos de alimentos, ya sea mediante bombardeos o sabotajes deliberados. En Jartum y Jebel Aulia infraestructuras de agua fueron destruidas dejando a millones de personas sin acceso a agua potable durante semanas. En Darfur, las FAR y milicias aliadas han incendiado mercados y almacenes de alimentos en aldeas fur y masalit, en lo que parece un esfuerzo por expulsar a estas comunidades. Estas acciones suponen el uso del hambre como arma de guerra. -Bloqueo de ayuda humanitaria y uso del hambre como método de guerra Conforme el conflicto se prolonga, el hambre y las privaciones se exacerban intencionalmente por las partes beligerantes mediante sitios, bloqueos o saqueos. Varias regiones, particularmente en Darfur, Kordofán y barrios asediados de Jartum, han visto cómo las Fuerzas militares impide la entrada de alimentos, agua y suministros básicos como táctica para debilitar al enemigo (sin importar que los principales afectados sean los civiles atrapados). Las FAR han llevado a cabo asedios prolongados a ciudades y localidades bajo control gubernamental. En El Fasher, el sitio impuesto por las FAR desde comienzos de 2025 rodeando PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 76 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 Camión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) descarga, el 31 de octubre de 2025, alimentos en Kadugli, Sudán, por primera vez en más de un año. La llegada de suministros rompe el aislamiento impuesto sobre la ciudad y constituye un salvavidas para decenas de miles de personas que han soportado meses de asedio, hambre y falta de acceso humanitario. Foto: X.com (@WFP_Sudan, https://x.com/WFP_Sudan/status/1984218308783325587/photo/1). la ciudad (una de las últimas que quedaban en la región bajo presencia del Ejército) supuso el corte de rutas de entrada de víveres y el ataque a convoyes con suministros. Durante meses, la población de El Fasher quedó prácticamente aislada, con escasez crítica de comida, agua, medicamentos y combustible, lo que derivó en condiciones de hambruna para miles de personas. Las Fuerzas regulares también han recurrido al bloqueo de corredores humanitarios y a la burocracia para impedir la llegada de ayuda a zonas controladas por las FAR, agravando la situación en lugares como Darfur Occidental. Ambas partes han confiscado o saqueado ayuda humanitaria: se reportaron saqueos de almacenes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en El Obeid y Nyala, así como el robo de camiones con ayuda de la Media Luna Roja. Estas acciones violan la obligación de permitir el paso de ayuda humanitaria indispensable a civiles. La consecuencia directa de esta estrategia que busca la “rendición por hambre” ha sido un rápido deterioro de la seguridad alimentaria. Ya a finales de 2023, agencias de la ONU advirtieron del riesgo de hambruna en Sudán; para 2025, algunas regiones afectadas por los combates habían entrado oficialmente en estado de hambruna. Más de la mitad de la población sudanesa (aproximadamente 25 millones de personas) depende ahora de ayuda humanitaria para sobrevivir, pero dicha ayuda con frecuencia no puede llegar a los más necesitados debido a la inseguridad y las restricciones deliberadas. En octubre de 2025, un grupo de más de 20 países emitió una declaración conjunta (como ya se ha señalado previamente) en la cual denunciaban como inadmisible que la hambruna generalizada persista debido a las restricciones de acceso impuestas en Sudán. Los Gobiernos enfatizaron que la inanición de civiles y la negación del acceso humanitario constituyen violaciones del DIH y exigieron a las partes que permitan inmediatamente el paso seguro de la ayuda. Del mismo modo, el propio Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos ha señalado que existen pruebas de que tanto el Ejército como las FAR han empleado la privación de alimentos, agua y otros bienes básicos como arma de guerra, lo cual está prohibido por las Convenciones de Ginebra y podría constituir crímenes de guerra. Durante los ataques en Darfur antes mencionados, las fuerzas asaltantes destruyeron deliberadamente fuentes de agua y quemaron reservas de alimentos de las aldeas masalit, asegurándose de que los sobrevivientes que huyeron no tuvieran a qué regresar. En Jartum, durante los inicios del conflicto, las FAR ocuparon la principal planta de tratamiento de agua de la ciudad y cerraron el suministro durante días en ciertas áreas, como táctica de presión. En definitiva, la instrumentalización del hambre y la destrucción de bienes indispensables han sido tácticas frecuentes en esta guerra, con efectos catastróficos: la ONU estima que millones de sudaneses están al borde de la inanición y los brotes de enfermedades como consecuencia del consumo de agua no potable y la malnutrición se han multiplicado. El panorama previamente descrito evidencia un incumplimiento sistemático del DIH por parte de los actores armados de Sudán. Los continuos ataques deliberados contra civiles y bienes civiles, así como ejecuciones sumarias, violencia sexual y otras violaciones, subrayan el absoluto fracaso de ambas partes a la hora de respetar las reglas y principios del DIH. Tales actos han sumido a Sudán en una de las peores crisis de derechos humanos y humanitarias de la actualidad. A pesar de esta sombría realidad, ambas partes han firmado compromisos públicos para respetar el DIH. El 11 de mayo de 2023 representantes del Ejército sudanés y de las FAR firmaron en Yeda (Arabia Saudí) una Declaración de Compromiso. En ese documento, negociado con mediación internacional, ambos bandos se comprometieron a respetar los principios del DIH y a facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a todas las personas necesitadas. La Declaración de Yeda incluía promesas específicas de proteger a los civiles, abstenerse de ataques contra infraestructuras civiles, permitir la evacuación de heridos y cooperar con agencias de socorro. Este compromiso fue acogido con esperanza, pues supuso un reconocimiento explícito por las partes de sus obligaciones humanitarias. En los meses siguientes, además, se acordaron breves “altos el fuego” humanitarios con el objetivo de permitir asistencia (hubo varias treguas de 72 horas durante mayo y junio de 2023 negociadas por Estados Unidos y Arabia Saudí). En estos anuncios, los comandantes de ambos bandos reiteraron que no apuntarían a civiles y que respetarían el DIH. Incluso tras reanudarse los combates, las partes continuaron haciendo declaraciones públicas reafirmando su adhesión a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, en la práctica, estos compromisos han tenido un impacto nulo. Las sucesivas treguas humanitarias fueron violadas casi de inmediato y las promesas de Yeda quedaron incumplidas. Los ataques contra civiles y el impedimento de la ayuda continuaron prácticamente sin pausa. Ha habido contadas excepciones positivas en las que sí se respetaron las normas humanitarias, mostrando que su cumplimiento es posible cuando existe voluntad. A finales de mayo de 2023, gracias a la mediación del CICR, se logró evacuar con éxito a 300 niños huérfanos y 70 cuidadores que habían quedado atrapados en un orfanato en medio de intensos combates en Jartum. Para llevar a cabo esta operación humanitaria, el CICR obtuvo garantías de seguridad de ambas partes, que acordaron un alto el fuego localizado y permitieron el acceso seguro del convoy de evacuación. Los menores y el personal fueron trasladados a un lugar seguro fuera de la zona de conflicto directo, en una acción que demostró que el respeto puntual del DIH es posible incluso en medio de feroces hostilidades, si bien es necesaria la voluntad y el compromiso de las partes. Lamentablemente, este tipo de cumpliPÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 77 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 miento ha sido la excepción y no la regla en Sudán. La realidad es que predomina el incumplimiento sistemático. Las partes no han establecido mecanismos efectivos para inculcar el respeto al DIH entre sus filas, ni han sancionado a los responsables de abusos. En este sentido, las terribles consecuencias que sufre la población no son una mera consecuencia inevitable del conflicto, sino que resultan de decisiones conscientes de ignorar las leyes humanitarias. Además, las consecuencias de estos incumplimientos pueden durar décadas en Sudán, destruyendo el tejido social y las perspectivas de paz futura. La Comunidad Internacional persiste en sus declaraciones respecto a la necesidad de un cambio de conducta de las partes, si bien con escasos resultados. Al cierre de 2025 la guerra en Sudán sigue activa y las condiciones para la población civil siguen deteriorándose. Tras más de dos años de combates, ninguna de las partes ha logrado una victoria decisiva, y el país se encuentra fracturado en distintas zonas de control. El frente de Jartum (que abarcó la capital, así como Omdurmán y Jartum Norte) se ha estabilizado en un estancamiento violento: las FAR controlan amplias zonas de la capital (incluido el estratégico barrio de Omdurmán y partes del centro de Jartum), mientras el Ejército sudanés mantiene ciertas instalaciones claves y lanza contraataques esporádicos. Los enfrentamientos en la capital han devastado la urbe, que antes albergaba a unos cinco millones de habitantes; la mayoría de la población de Jartum ha huido, y quienes quedan sobreviven entre ruinas, sin servicios básicos. En la región occidental de Darfur, las FAR han consolidado su dominio sobre la mayor parte del territorio. La ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, cayó en manos de las FAR a finales de octubre de 2025, tras meses de sitio. Según informes posteriores, la toma de El Fasher estuvo acompañada de masacres étnicas contra civiles no árabes y violencias similares a las ocurridas en El Geneina. Organizaciones locales e internacionales advirtieron que el asalto a El Fasher podría profundizar la división geográfica del país, consolidando un control casi total de las FAR sobre Darfur. Mientras tanto, los combates también se intensificaron en la región de Kordofán, donde las FAR lanzaron en 2025 una ofensiva en Estados como Kordofán del Sur y Occidente, capturando localidades y enfrentándose a milicias locales. Esto ha abierto nuevos frentes de violencia en zonas que ya sufrían conflictos intercomunitarios. En términos humanitarios, la situación actual es catastrófica. Sudán atraviesa la mayor crisis de desplazados de África: más de 12 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares desde 2023. De ellas, entre tres y cuatro millones han buscado refugio en países vecinos (principalmente Chad, Egipto, Sudán del Sur y Etiopía), mientras que alrededor de ocho millones son desplazados internos esparcidos por todo Sudán. Muchos viven en campamentos improvisados o asentamientos informales con condiciones precarias. La ONU ha calificado el éxodo sudanés como “la mayor crisis de desplazamiento actual en el mundo”. Las infraestructuras del país están mayoritariamente colapsadas: hasta un 80% de los establecimientos de salud están fuera de servicio debido a daños, falta de personal o suministros. Más del 90% de los niños en edad escolar han quedado sin acceso a una educación formal desde 2023, ya que casi todos los colegios cerraron por inseguridad. Los indicadores socioeconómicos se han desplomados a niveles abismales. La economía, ya frágil, se contrajo severamente, y hay escasez de combustible, dinero PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 PÁGINA 78 BOLETÍN CODESEL VOLUMEN 1, Nº 6 ISSN-e: 3045-7750. Diciembre 2025 Un niño desplazado junto a un hornillo improvisado en Tawila, en noviembre de 2025, adonde su familia huyó tras la caída de El Fasher. Más de 106.000 personas han escapado de la ciudad y sus alrededores desde el 26 de octubre tras semanas sin acceso a alimentos, agua ni medicinas. Tawila, ahora desbordada, acoge la mayor parte de los nuevos desplazados, incluidos cientos de niños separados o no acompañados, mientras UNICEF alerta de condiciones de hambruna, brotes de cólera y un sistema sanitario colapsado en toda la región. Foto: UNICEF (Mohammed Jamal).