Reflexiones sobre gobernanza; confianza en las instituciones públicas, densidad asociativa y participación electoral en Europa.

REFLEXIONES SOBRE GOBERNANZA; CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, DENSIDAD ASOCIATIVA Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EUROPA1 (Comunicación presentada al Regional Geographic Conference: United and Integrated With the World celebrado en Santiago de Chile del 14 al 18 de Noviembre de 2011) Ramón Díaz Hernández (rd[email protected]lpgc.es) Tanausú Pérez García ([email protected]) Grupo de Investigación Sociedad y Territorio Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) Resumen: El presente estudio trata de forma abierta de los cambios que se están produciendo en los métodos de gobernar y en las posibilidades que ofrece la nueva gobernanza a la participación de la ciudadanía para influir en las decisiones que conciernen al territorio y su futuro. También introduce elementos relacionados con el dinamismo que han adquirido los movimientos sociales y la participación política no convencional, precisamente cuando más aumenta la desafección a la política y a los partidos políticos e igualmente se incrementan los índices de abstención electoral. Palabras clave: Gobernanza territorial; participación ciudadana, asociacionismo, densidad asociativa, desafiliación y abstención electoral. Abstract: The present study treats of form opened of the changes that they are taking place in the methods of governing and in the possibilities that the new governance offers to the participation of the citizenship to influence the decisions that concern his future. Also it introduces elements related to the dynamism that there have acquired the social movements and the political not conventional participation, precisely when more it increases the indifference to the politics and to the political parties and one increases the indexes of electoral abstention. Key words: Territorial governance, civil participation, associationism, associative density, disaffiliation and electoral abstention. 1. Objetivos del presente trabajo Cuando se habla de “cambio civilizatorio” y de “cambio de era” donde los poderes públicos están menguando o quedan reducidos a meros vicarios de los mercados y gran parte de los problemas que experimenta la ciudadanía en su vida cotidiana ya no pueden abordarse aisladamente por cada país (González, 2010); cuando asistimos a un momento en que los movimientos de emancipación social se están abriendo caminos inéditos e igualmente los límites de la democracia plantean nuevas y complejas situaciones (Beck, U., 2009), se justifica la conveniencia de reflexionar de forma abierta, desde la Geografía, en las particularidades del sistema administrativo, en la estructura del poder2 y en la incidencia de la participación de los ciudadanos en los asuntos que le conciernen en la dirección que ya apuntara Tocqueville (1848), cuando afirmaba: “En los pueblos democráticos, la ciencia de la asociación es la fundamental; el progreso de todas las demás depende del suyo. Entre las leyes que rigen las sociedades humanas, hay una que parece la más precisa y clara. Para que los hombres conserven su civilización, o la adquieran, es preciso que la práctica asociativa se desarrolle y se perfeccione en la misma proporción en que aumenta la igualdad en las condiciones sociales”. Vivimos tiempos de nuevas configuraciones rurales y urbanas en donde la lucha por el derecho a la ciudad y por la justicia social, territorial y ambiental hace aflorar nuevos movimientos sociales que tienen que enfrentarse a la heterogeneidad estructural de poderes económicos y políticos que proceden de forma difusa pero eficiente mediante diversas prácticas de acumulación y apropiación de la riqueza de las naciones reforzando su influencia y articulándose a distintas escalas. Por otro lado, si partimos de la base de que el espacio es también una creación social, la producción de espacio deberá ser entonces tarea colectiva en donde se precisa de una cultura política compartida y unos mecanismos capaces de traducir el deseo de los habitantes a través de planes, programas y proyectos concretos (Fernández Muñoz, 2008). En eso consiste la existencia de una cultura del territorio3. Pero para saber qué es lo que quieren los habitantes para el espacio donde residen, éstos tienen antes que nada que disponer de instrumentos de participación en los asuntos públicos y, de manera especial, tener alguna posibilidad de influir de forma efectiva en las decisiones que tengan impacto sobre ese mismo lugar. Es así como la ordenación participante del territorio se erige como uno de los requisitos básicos de la nueva gobernanza (Sánchez García, 2004). A lo largo de este trabajo nos aproximaremos al significado de nueva gobernanza y, más concretamente, al de gobernanza territorial, pues estamos ante un concepto amplio y multisémico (Farinós, 2008) que puede tener un significado u otro según la visión de los interlocutores en liza. Además de lo expuesto, prestaremos una atención especial al concepto de participación y sus límites por tratarse de un componente crucial en el buen gobierno del territorio (Melucci, 1983). Y, por supuesto, abordaremos lo referente a la participación política en sus variables de afiliación partidista, participación electoral y nivel de confianza que suscitan las instituciones públicas, los partidos políticos y los representantes electos partiendo de la consideración de que si el “territorio importa, la forma de gobernarlo también” (Farinós, 2008). Se justifica, pues, la selección de asuntos a tratar en que parten del propósito de que sólo conociendo los entresijos de las intervenciones públicas con dimensión territorializada podremos saber si éstas son susceptibles de comportarse como facilitadoras u obstaculizadoras de la concertación de voluntades para la adopción de políticas que respondan a una visión compartida del futuro. Por lógicas razones de oportunidad y espacio nos ceñiremos únicamente al ámbito europeo. 2. Objetivos y metodología Es habitual medir la salud de la democracia recurriendo a una serie de indicadores como son el buen funcionamiento del sistema de seguridad, del aparato judicial y de los servicios básicos de educación y sanidad; la libertad de creencias políticas de la ciudadanía y de su escepticismo o su confianza en las instituciones y en sus representantes. También se tiene en cuenta la celebración de elecciones libres y el grado de participación de los ciudadanos en ellas (Vargas-Machuca et al., 2010). Pero, además, se suelen añadir otras señales que agregan valor como son la capacidad de la sociedad civil por participar libremente en la cosa pública, su implicación en la política y en la manera de influir en la toma de decisiones y sostenimiento de la necesaria preocupación activa por la buena marcha de los asuntos comunes. Es por lo que las actitudes y opiniones de los ciudadanos recogidas en trabajos demoscópicos frecuentes se convierten en los mejores registros de fortaleza democrática. En ese contexto, nos interesa evaluar esas actitudes a partir del grado de participación en los procesos electorales; la importancia de la militancia o complicidad con los partidos políticos o la mayor o menor densidad asociativa, toda vez que se entiende que son fenómenos suficientemente reveladores del dinamismo colectivo (Romero y Farinós, 2011). Tampoco obviaremos en este estudio otras manifestaciones cívicas de interés socioterritorial como son la libre expresión de ideas, la movilización espontánea, la importancia del voluntariado, la pertenencia a redes sociales, el altruismo formal e informal y, en general, la multiplicidad de contradicciones o peculiaridades que adquiere el compromiso social en la postmodernidad (Subirats, 2006; Díaz et al, 2006, 207, 2008 y 2009). Además de las fuentes cuantitativas consultadas, las encuestas nos suministran abundante información cualitativa sobre todas estas cuestiones. Por ejemplo, en los eurobarómetros4 realizados en las últimas décadas se aprecia un progresivo alejamiento de los ciudadanos europeos de la política a la que se la suele ver como un mero espectáculo externo y no como un atributo más de la pertenencia a la πολιτεία y, en tal sentido, encontrarse sujetos a una serie de derechos y deberes. Sin embargo, no siempre la ciudadanía cuestiona la vigencia del sistema, o no es capaz de formular otra solución alternativa factible, aunque si cree mayoritariamente que es urgente su mejora sustancial. El malestar que se ha generado lo achacan los europeos en general a la mala gestión de las instituciones públicas, al mal funcionamiento de los partidos políticos, a la incapacidad de los cargos electos, y, en definitiva, a la percepción de “ausencia de democracia real”, empleando la consigna popularizada por el M-15 (Garton Ash, 2011). Pero esa sensación de escepticismo no es óbice para que, simultáneamente, apreciemos un razonable crecimiento del asociacionismo y un mayor activismo de la sociedad civil en la mayoría de los países de la UE5. La metodología empleada para la elaboración del presente trabajo ha consistido en el acopio de fuentes representativas y comparables a diferentes escalas territoriales, básicamente centradas en el espacio de la UE. Se contrastaron y se analizaron las diferentes cifras estadísticas elaboradas por organismos oficiales e igualmente las bases de datos que proceden de institutos, observatorios y fundaciones privadas así como las interpretaciones que se desprenden de las mismas y de la bibliografía consultada. 3. Consideraciones generales sobre gobernanza, participación social, sociedad civil y calidad de la democracia. Como ya se dijo anteriormente, el territorio es la pieza clave de la gobernanza del siglo XXI puesto que es en esta dimensión en donde se superponen relaciones esenciales de diferentes problemas e intereses contrapuestos entre actores y sectores que se confrontan. Es ahí en donde se configura un espacio prioritario de valorización de bienes y servicios que se multiplican e intercambian; que se comparten, se acaparan o escasean (Calame, 2003). Pero es también en el territorio en donde surgen los conflictos sociales y en donde se organizan las relaciones básicas entre diferentes niveles de gobernanza (Giddens, 1994). En el Libro Blanco de la UE sobre Gobernanza se define a ésta como la capacidad que tienen las sociedades para dotarse de sistemas de representación, de instituciones, de procesos y de cuerpos sociales como instrumentos de control democrático de participación en las decisiones y responsabilidad colectiva. La buena gobernanza se apoya en los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia6. Pero la gobernanza se vincula, igualmente, con formas de poder más blandas, flexibles y voluntarias, y se adapta mejor a las nuevas realidades espaciales emergentes producidas por los cambios recientes en la aparición de instituciones tanto supraestatales como subestatales, de áreas funcionales, de unidades paisajísticas o de regiones urbanas de reciente aparición; pero, también, de la interacción e inserción en los escenarios que continuamente se están abriendo en un mundo cada vez más integrado o globalizado. Por otro lado, se entiende así mismo por participación social aquella intervención de los particulares en actividades públicas como movilizadoras de intereses generales; lo que viene a significar que ésta es promovida a partir de los propios ciudadanos que están soltando el lastre de viejas y paternalistas formas de tutela. La musculatura que obtenga ese proceso constituirá un signo externo que evidencie la robustez de cada sociedad civil en un momento dado y en un espacio determinado (Font et al., 2007). La participación en la cogestión social, económica, cultural y política del territorio suscita un creciente interés y como fenómeno social aparece recientemente de forma reiterada en distintos enfoques teóricos como condición indispensable para la consecución de cualquier éxito comunitario. Frecuentemente se tiende a definir la participación en la gestión como “la implementación de diversos procedimientos y estructuras para articular la intervención de personas y grupos sociales en la toma de decisiones públicas y en su control” (Tecco, 2002 y 2005 y Burin y Heras, 2007). Es sintomático que la presencia cada vez mayor de la sociedad civil en sus diferentes modalidades (formalizada, espontánea, en redes sociales, presencial, etc.) se halle en relación, en primer lugar, con las transformaciones que se vienen produciendo en la reconfiguración de la misma ciudadanía que, desde hace décadas, está inmersa en un proceso de tránsito desde una ciudadanía social7 a otra “postsocial” (Yarza, 2009) o “postmoderna”, mucho más dinámica y orientada esta vez hacia una mayor vigilancia de la acción de los gobiernos junto a una intensificación en la exigencia de una correcta eficiencia en la gestión de los intereses generales8. Y, en segundo lugar, la crisis del modelo tradicional del Estado liberal y la búsqueda de modalidades más eficientes de prestación de servicios sociales también está conduciendo a los poderes políticos a una praxis cada vez más abierta y flexible en materia descentralizadora, propiciando una mayor participación en los asuntos generales y que, en determinados casos, puede llegar incluso a conformar un espacio “público o semipúblico no estatal” a través de la presencia de organizaciones privadas que operan ofertando servicios educativos, sociales, ambientales y culturales sin el menor ánimo de lucro9 y siempre desde una perspectiva de servicio a la comunidad. Del mismo modo, con la participación ciudadana la calidad de las democracias y la acción de sus gobiernos, además del indudable acrecentamiento de su legitimidad, tienen mucho que ganar en cualquier ámbito, sobre todo en términos de desarrollo humano y en cualquier dimensión socio-territorial al aminorar disfunciones inequitativas e, igualmente, generar nuevos equilibrios sociales y espaciales. La resistencia a la asunción de este emergente modelo se está agrietando incluso entre sectores sociales sustentadores de ideologías conservadoras. Por eso resulta particularmente interesante que dirigentes de la talla de Cameron10 haya ido mucho más lejos cuando llama a sustituir el poder público proponiendo una especie de revolución cuyo protagonismo descanse en la sociedad civil (“The Big Society”) (Ferguson, 2012). Conviene aquí referirse al Estado de bienestar que se define como aquel que tiene su principal bastión en el conjunto de instituciones públicas destinadas a elevar el nivel de vida de la fuerza de trabajo o de la población en general. Es un Estado en el cual el gobierno promueve beneficios sociales a través de la generación de recursos y de la distribución de bienes y servicios hacia los ciudadanos y que está siendo duramente cuestionado por una retórica neoliberal que defiende la libre competencia y combate el excesivo intervencionismo. En este sentido cabe señalar que los partidos conservadores que gobiernan la mayoría de los países de la UE se distinguen por su discurso sobre la insostenibilidad del Estado de bienestar y propugnan una gestión tecnocrática con una fuerte carga “antipolítica” o “despolitizante” que anticipa el ropaje “postpolítico” con el que se quiere vestir al futuro capitalismo (Yarza, 2009). En medio de este debate sobre el modelo de Estado, ha sobrevenido la crisis de finales de 2007, que tiene un alcance más profundo que las anteriores, ya que se trata de una crisis estructural de crecimiento y está afectando más intensamente a Europa que a la mayoría de los países asiáticos y emergentes (González, 2010). La combinación de todo ello genera incertidumbres de todo tipo que ponen en riesgo el liderazgo económico y político de Europa, construido sobre un modelo peculiar de capitalismo social que ha sido en cierta medida envidiado en el resto del mundo. Y ese riesgo es mayor toda vez que el capitalismo en su fase actual de “capitalismo sin fronteras” se ha empezado a extenderse con éxito en ciertos países como China o Rusia en donde la noción de ciudadanía que se tiene en Europa está escasamente desarrollada o es manifiestamente mejorable. La crisis del Estado de bienestar está produciendo al mismo tiempo una profunda decepción entre la ciudadanía europea. La opinión pública se alinea cada vez más entre euroescépticos y eurófilos (Fernández-Albertos, 2011). Otras versiones de esta división son aún más drásticas cuando separan a los países europeos presentándolos enfrentados radicalmente entre deudores y acreedores. Sea como fuere, esta crisis está adquiriendo rasgos inquietantes para el conjunto de los ciudadanos del Viejo Continente como muestran sistemáticamente los sucesivos estudios de opinión. Y, como dice el refranero popular, “en casa donde no hay harina, todo es mohina”. Pero a todo ello se unen las maneras distanciadas de gobernar, los comportamientos poco ejemplarizantes de ciertos cargos electos con frecuentes escándalos de corrupción, impunidad, opacidad e ineficiencia, que no han hecho otra cosa más que aumentar el descrédito de la democracia liberal, acentuando la desconfianza de los ciudadanos hacia la denominada “clase” política. Este resentimiento se traduce, en general, en un funcionamiento desajustado de los indicadores de confianza en las instituciones comunitarias que está en el origen de la obtención de bajos porcentajes de implicación tanto en la vida política partidaria como en la participación electoral. 4. El concepto de ‘gobernanza’ y su evolución reciente El universo conservador entiende por ‘gobernanza” una nueva forma de gestionar lo público con el que se quiere coronar la primacía de la eficiencia bajo la dirección de élites tecnocráticas. El término ‘gobernanza’ enfocado con esa peculiar interpretación deviene en envoltura retórica para reforzar una imagen inconfundible y a la vez aceptable en el consumo mediático. Por el contrario, la interpretación reciente y abierta del concepto de ‘gobernanza’ se orienta hacia aquella otra forma de gerencia más horizontal, colegiada, inclusiva y co-responsable que nada tiene que ver con aquellos otros modelos de gerencia jerarquizada de lo público con un fuerte componente de verticalidad, opacidad y apoliticismo (Farinós, 2008). Como estamos viendo, la noción de ‘gobernanza’ encierra al menos dos grandes acepciones según su uso e interpretación. Mientras que en el enfoque del pensamiento conservador se enfatiza interesadamente la eficiencia a costa de reducir la democracia, la perspectiva emergente que patrocina la ciudadanía cosmopolita representa el universalismo comunitario de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Como ya se ha dicho más arriba, el Libro Blanco de la UE sobre Gobernanza (CE, 2001) pone las cosas en su sitio al definir la ‘gobernanza’ como la capacidad de las sociedades para dotarse de sistemas de representación, de instituciones, de procesos y de cuerpos sociales como instrumentos de control democrático de participación en las decisiones y responsabilidad colectiva. Es esta última acepción la que nos interesa desarrollar aquí y ahora puesto que la ‘buena gobernanza’, aunque pueda parecer una redundancia, no es más que aquella acción de gobierno que apoya, promueve y facilita los ya consabidos principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. 5. La ‘Gobernanza territorial’ El carácter social del territorio implica análogamente la aceptación de que planificar o tomar decisiones que influyan en él conlleva como premisas indispensables de diálogo y concertación. El debate teórico abierto en torno a la conceptualización del paradigma de la gobernanza territorial cuenta entre sus muchas ventajas con la de esclarecer qué propuestas ofrecen estas nuevas formas de gobernanza. Cuestión que enlaza, una vez más, los ámbitos académicos con las estructuras de poder y que por otra parte está despertando un vivo interés entre los geógrafos españoles, como se refleja en la frecuencia de libros y artículos publicados en los últimos años sobre estas temáticas (Farinós, 2008; Fernández, 2008; Cruz, 2008; Manero, 2010 y Romero-Farinós, 2011, entre otros). Sobre las causas que favorecen esta modalidad de gobierno están las siguientes: de una parte, la aparición de nuevas dinámicas en el mundo global que están facilitando la irrupción de movimientos sociales que en la lucha por su emancipación han construido más y mejores canales de participación para poder influir en las decisiones que les afectan. Y de otra parte, están los Estados que, al mismo tiempo que reciben las presiones ejercidas por agentes económicos internacionales y locales, están a su vez inmersos en un proceso de ‘des-soberanización’ o ‘secularización de su autoridad’ por los cuales han ido perdiendo (o cuento menos retrocediendo) el monopolio político ante el reforzamiento de otras esferas de poder a nivel supra o subestatal. Por consiguiente, las relaciones que se establecen entre las diferentes administraciones dotadas de estructuras descentralizadas, segmentadas y muchas veces descoordinadas entre sus diferentes niveles operativos (escala europea, nacional, regional, provincial, comarcal y local) se han debido reconfigurar para poder afrontar nuevos y complejos problemas territoriales, sociales y económicos que se están planteando constantemente. En este marco, la cooperación entre administraciones públicas y agentes privados pasan a un primer plano de actualidad, abandonándose las viejas prácticas unilaterales de gobierno por nuevas formas multilaterales de coordinación y búsqueda de consensos. Se desmorona, pues, el Estado de corte piramidal para colocar en su lugar el Estado-red (Farinós, 2008). En otras palabras, a los estilos jerarquizados de gobernar le sustituyen ahora las redes de relaciones con el poder que tejen una original cultura de colaboración interadministrativa con la que la cooperación (y la confrontación cuando procede) se hace ahora cada vez más intensa entre actores de un mismo ámbito y nivel de gobierno con los demás con los que interactúa. Lo que lleva consigo el que al resituar a la baja sus capacidades de gobierno abre paso a un original modelo de funcionamiento en red por el cual el ejercicio del poder institucional pasa a ser un actor más, determinando el que las relaciones entre actores y sectores se desarrollen de manera horizontal y multilateral, o sea, en un mismo plano de igualdad (Cruz, 2008 y Blanco y Gomá, 2002). En resumen, con un “modus operandi” así, la gobernanza territorial es - ó lo será en el futuro – el patrón preferencial que defina las nuevas formas de actuación gubernamental. En la práctica eso supondrá una paulatina consolidación de un modelo de operar verdaderamente inédito en donde una de las tareas primordiales consistirá en organizar la aproximación y el consenso entre diferentes agentes para promover situaciones de encuentro y normalizar relaciones satisfactorias entre ellos. Para alcanzar una cosa así, el ejercicio del poder se tiene que apoyar en actitudes que la propia ciudadanía ha ido imponiendo desde abajo, como son la flexibilidad, el partenariado, la concertación y la participación voluntaria de los diversos representantes (Farinós, 2008). Además de las responsabilidades reguladoras y asignadoras de recursos, desde la superestructura institucional se tienen que producir cambios e innovadoras formas de ejercitar el poder facilitando aproximaciones, encuentros, pactos entre intereses e ideologías confrontadas y continua permeabilización de relaciones entre sociedad civil, entidades privadas y gestores públicos. 6. Dimensión europea del asociacionismo La Unión Europea es una estructura supranacional en cuyo nacimiento y desarrollo contaba poco la perspectiva de los ciudadanos, manteniendo un distanciamiento en la toma de decisiones y un evidente déficit democrático (Enzensberger, 2011). Pero esa forma de funcionar se ha ido mitigando con el tiempo desde el momento en que el Consejo y, sobre todo, el Parlamento Europeo empiezan a dar pasos decisivos en su democratización concediendo una gran importancia al derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos. Tal es así que, desde el Tratado de Maastricht (7/02/1992), una de las exigencias capitales para que un Estado se pueda incorporar en el espacio comunitario es el respeto y fomento del asociacionismo y la participación ciudadana como elementos que ya están adheridos a la esencia misma de las democracias del Viejo Continente (Mato, 2010). Eso ya se pudo comprobar con claridad en el Convenio de Aarhus (1998) sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y proximidad a la justicia en materia de medio ambiente, al incorporarse el principio n.º 10 de la Declaración de Río sobre el medio Ambiente y el Desarrollo (1992) en donde se concreta “que la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos”. Las instituciones de la UE llevan más de 20 años debatiendo un modelo específicamente europeo que regule y ampare el movimiento asociativo de sus Estados miembros a escala comunitaria11. Sin embargo, la particular legislación de cada Estado al respecto ha condicionado el desarrollo de este proyecto. La creación del Comité Europeo de Asociaciones de Interés General (CEDAG) en el seno del Comité Económico y Social (CES) agrupa aproximadamente a unas 50.000 asociaciones con más de 9 millones de asociados. El CEDAG, además de promover el establecimiento del estatuto europeo del asociacionismo, está siendo un foro comunitario de referencia para el debate de las buenas prácticas participativas, orientando el sector asociativo a una mayor implicación en las políticas de empleo, impulsando la economía social y abriendo el debate en los países de la Europa Central, Meridional y Oriental en donde las entidades asociativas cuentan aún con menor implantación. Cuadro 1. ¿Pertenece Ud. a alguna de las siguientes asociaciones o grupos? Porcentaje que responde afirmativamente Participación en organizaciones Países de la UE=12 Dinamarca España Portugal Asociaciones deportivas y recreativas 15,6 45,6 8,2 2,2 Sindicales 6,9 60,6 7,0 2,7 Asistenciales/benéficas 6,8 26,4 6,7 1,2 Religiosas 5,9 7,7 3,5 1,8 Culturales/artísticas 5,8 17,3 7,0 1,7 Partidos políticos 2,8 10,1 2,7 0,7 Reivindicativas de Derechos Humanos, ecologistas, etc. 2,1 11,2 2,5 0,5 Científicas 1,1 9,0 1,3 1,2 Otras 2,2 5,9 2,1 0,5 Ninguna 64,3 11,5 68,4 86,9 No contesta 1,3 0,3 1,6 1,8 Fuente: European Mindset (Fundación BBVA, 2009) El marco jurídico europeo del asociacionismo es todavía pobre a pesar de los avances puntuales que se han venido desarrollando. Por ejemplo, la propuesta de 2002 de la Comisión Europea reconoce el papel del asociacionismo en materias como educación, cultura, acción social y ayuda al desarrollo y aborda también la cuestión económica al considerar a las asociaciones como entidades con proyección supranacional. Igualmente afronta la naturaleza de la asociación europea, su constitución, composición y requisitos organizativos. El tratado de Lisboa (2007) supuso otro avance muy notable en el impulso participativo y asociativo. A resultas del mismo se aprobó el derecho de iniciativa legislativa popular cuyo reglamento lo acordó el Consejo en febrero de 2011 y, en virtud del cual, a partir de 2012, los ciudadanos de la UE podrán pedir a la Comisión que presente propuestas de legislación en respuesta a demandas y reivindicaciones apoyadas por al menos un millón de firmantes procedentes de un número significativo de Estados miembros. Del mismo modo, en diferentes directrices con dimensión territorializada como son la Carta Europea de Autonomía Local (1985), la Carta de Aalborg (Dinamarca, 1994) - a la que se viene vinculando el modelo europeo de Agenda 21 Localo el Convenio del Paisaje (2004), en donde se insta a los Estados a incorporar en sus legislaciones procedimientos de participación pública (Martínez y Osende, 2011). Hay, por consiguiente, una cadena causal que vincula el mayor desarrollo económico con la consolidación de unas clases medias urbanas dotadas de una considerable influencia en el conjunto de la sociedad, las cuales reproducen a su vez un mayor nivel de asociacionismo (Font, 1995). Eso explica en parte el porqué la participación social en su conjunto es un fenómeno razonablemente extendido en la mayoría de los 27 países que componen actualmente la UE, en donde se estima que su contribución global al PIB de las economías nacionales puede alcanzar hasta un 5%. Por todo ello no es de extrañar que, desde finales del siglo pasado, se estén ofreciendo cifras estimativas muy halagüeñas acerca de las personas que simpatizan, confían, pertenecen o participan en organizaciones no gubernamentales12 (véase cuadro nº 1). Se dice igualmente que el movimiento asociativo y el voluntariado en el tercer sector vincula ya a unos cien millones de personas13. Achacan este avance a la creciente confianza que los ciudadanos europeos depositan en las asociaciones no lucrativas. Su prestigio mantiene sostenidamente valores elevados con lo que se convierten en un poderoso foco de atracción y movilización de masas. Esa es la razón que hace posible su crecimiento puesto que, en torno al 31% de los ciudadanos mayores de edad, participan en asociaciones de manera voluntaria y altruista como activistas o mediante una dedicación permanente, esporádica o puntual. Dicho porcentaje varía de unos países a otros como se puede ver en la figura 1. En España el movimiento asociativo vinculaba a más del 20% de la población adulta en los años ochenta, pero a partir de los noventa se ha producido un aumento considerable según como se interpreten estas cifras y si incluyen al conjunto del voluntariado y a activistas tanto formales como informales14. El asociacionismo en toda su dimensión (tanto si es formal como informal) está avanzando en el conjunto de la Unión Europea incluso en esta Para conocer la situación de reflujo militante nos puede ilustrar como ejemplo la evolución de la desafiliación en Reino Unido, cuna de la democracia europea, como un fenómeno representativo de la Europa occidental. Allí el panorama es el siguiente: en 1953 el Partido Conservador contaba con 2.805.832 de afiliados; cifra que bajó a 1,12 millones en 1975, para finalmente mantenerse en torno a los 290.000 afiliados entre 1997 y 2008. En las filas del laborismo el proceso ha sido parecido de forma que en 1953 contaba con un millón de afiliados, para pasar a reducirse a 340.000 y 405.000 en 1980 y 1997, respectivamente, alcanzando en 2008 los valores más bajos de toda su historia con sólo 166.000 militantes. El Partido Liberal Demócrata, a menor escala evidentemente, también se ha visto diezmado puesto que de los 183.000 afiliados con que contaba en 1980 ha pasado a sólo unos 100.000 en 1988 para quedarse finalmente reducido a unos 60.000 miembros entre 2006 y 200821. Otro dato más que prueba el proceso de desafiliación es que en los comicios de 1983 celebrados en RU se estimaba que el 3,8% de los votantes estaba afiliado a algún partido político. En 2005, es decir, 22 años más tarde, esa misma correspondencia se redujo al 1,3%; o lo que es lo mismo, se contrajo en más de la mitad. La ratio afiliación/electorado en 20 países europeos está bajando y se calcula que en estos momentos está en torno al 5% del electorado (Vergés, 2006). Pues bien, al igual que en Reino Unido, el proceso de desafiliación se está extendiendo con rapidez a la mayoría de las democracias del Viejo Continente desde aproximadamente 1960 hasta el actual momento. Y de esta tónica general sólo quedan exentos los países nórdicos, además de Dinamarca y Holanda, como se puede apreciar en los cuadros 1 y 4 sobre implicación de la ciudadanía con los partidos políticos en diferentes países de la UE entre 1999-2002 (seis años antes de la actual crisis) y en 2009. En esos registros Dinamarca y Suecia sobresalen con cifras de implicación ciudadana en la vida partidaria muy superiores a la media europea si bien la tendencia dominante son los valores tendentes a la baja en la mayoría de los países de la UE. Lo que viene a corroborar la existencia de desafección tal y como se ha venido señalando a este respecto desde el principio. De todo lo expuesto hasta aquí se puede inferir que el desinterés por la política y la escasa implicación en la membresía partidaria parece un fenómeno extendido en la mayoría de las democracias europeas. En esos entornos en que, por una parte se incrementa el activismo de la ultraderecha, están surgiendo paralelamente movimientos como los “Indignados” en España (15-M), Reino Unido, Italia y Francia y movilizaciones masivas de protesta por el mal funcionamiento de los partidos y el cuestionamiento de su representatividad. Un ejemplo reciente de ello es el del Foro Italiano del Movimiento del Agua, compuesto por organizaciones civiles de Italia, que han promovido en verano de 2011 un referéndum contra la energía nuclear y la privatización del suministro público del agua en el que votaron 27,6 millones de ciudadanos. La falta de interés por la política que se hace en las esferas oficiales y la creciente percepción negativa que tienen los ciudadanos sobre los políticos y las instituciones oficiales hacen que la abstención electoral22 avance en Europa a pasos agigantados durante estas tres últimas décadas a pesar de que ciertas campañas institucionales suelen demonizar de forma directa o indirectamente al abstencionista como principal enemigo de la democracia. Desde 1979, el Parlamento Europeo se elige por sufragio universal. En aquellas primeras elecciones acudieron a votar casi un 62% de los ciudadanos de la UE, aún cuando en ese momento la Eurocámara apenas contaba con competencias efectivas que afectaran de lleno a la vida cotidiana de las personas. Treinta años después, cuando gracias al Tratado de Maastricht (que ha tenido un papel decisivo en la construcción europea), el Parlamento Europeo ya ha alcanzado tal capacidad de decisión que muy pocas cosas pueden ser aprobadas sin su visto bueno23, la participación electoral apenas llegaba al 44% de los europeos con derecho a voto en los comicios de 200924 (Véase ilustración 4). Y eso contando con que todavía en algunos países como Bélgica, Luxemburgo, Grecia y Chipre el voto es obligatorio y que en Italia constituye una obligación cívica. Se trata, sin duda, de un síntoma de crisis de los Estados (que subsume otras crisis de gobernabilidad, crisis social y económica, rechazo a los gobiernos y al sistema político establecido) lo que en conjunto posibilitó un record de abstención en junio de 2009 y que aprovecharon los partidos de derecha, euroescépticos, populistas y xenófobos para alcanzar una elevada representación, copando un buen número de escaños. Figura 4. Participación y abstención en los procesos electorales al Parlamento Europeo (%) Fuente: Participación en las elecciones europeas (http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections) Pero esa cuestión se veía venir ya desde los comicios de 2004 en donde la abstención había alcanzado el 45,5% y los resultados en asignación de escaños fueron similares. Entre los motivos declarados para no ir a votar, el 28% de los encuestados manifestó falta de confianza en la política; el 17% tiene la percepción de que votar no cambiará nada; otro 17% señala que no siente interés por los asuntos políticos; un 10% aduce falta de información sobre la UE, el Parlamento Europeo y las elecciones y el 8% afirma sentirse insatisfecho con el Parlamento Europeo como tal institución. Sobre esta última cuestión Mangas Martín (2009) apostilla que “El Parlamento Europeo no consigue transmitir a los medios de comunicación ni a la ciudadanía el poder político y decisorio del que es titular. No lo transmite porque no lo ejerce”. Por edades, los jóvenes son más reticentes a las urnas que los mayores. En la UE hay unos 90 millones de jóvenes de los cuales un 80% aproximadamente de ellos no suele ir a votar. Se trata, sin duda, de una juventud bien formada que se comporta como la más escéptica del mundo con lo que se incumple un viejo principio de la sociología electoral por la cual a menos formación menos participación. Los ingresos salariales determinan igualmente el que los mejor pagados tiendan a participar más en las elecciones absteniéndose en cambio aquellos otros que perciben menores ingresos. Se estima que entre los europeos que más se abstuvieron (un 61,1%) se encuentran quienes llegan con bastante dificultad a cada fin de mes (Mangas Martín, 2009). En el debate sobre el origen de la abstención sólo cabe señalar que es un fenómeno complejo en donde puede haber convicción, pereza, desinterés, mal tiempo y hasta problemas técnicos en la calidad de los censos. Además, asistimos a una gran diversidad de situaciones en el comportamiento electoral de los europeos, citándose como más extremos los siguientes: en países como Bélgica (en donde es obligatorio votar) la participación suele alcanzar niveles muy altos, pero en países como Eslovenia donde no existe esa obligación solo va a votar en torno a un 20%. Países como España, Irlanda o Portugal, que se han visto muy favorecidos por las políticas e inversiones comunitarias en los últimos años, no se han librado tampoco del contagio euroescéptico. Como se puede ver estamos ante dos grandes paradojas. La primera, la de un Parlamento que ha pasado de no contar casi nada, pero con notoriedad y atractivo para la población en un momento dado, a ser una cámara de representación popular que ahora sí tiene un notable poder, pero que es nulamente considerada por sus votantes. Y la segunda contradicción es la de asistir a una Europa en donde se refuerza la capacidad cívica de sus redes asociativas al mismo tiempo que la participación en partidos políticos, la implicación política y los procesos electorales se contraen fuertemente. La elevada abstención indica que estamos ante legitimidades difusas o contractivas porque, como ya se ha dicho, la calidad de la democracia implica también el ejercicio de la competencia cívica (Vargas-Machuca, 2006). En ese sentido, Europa ha dado muestras de apertura y modernidad promoviendo estructuras y mecanismos que facilitan e incentivan la participación ciudadana. En esta apuesta los avances cosechados son incuestionables lo que ha permitido el fortalecimiento de la sociedad civil. Fruto de ello es que las movilizaciones en los procesos relacionados con el territorio, la sociedad o la economía encuentran cauces adecuados que permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones e influir en las políticas que les afectan. Por otra parte, las entidades asociativas de todo tipo, sus diferentes federaciones y estructuras organizacionales se multiplican exponencialmente constituyendo redes muy complejas que se extienden y penetran con facilidad en los grandes sistemas decisionales públicos (Manero, 2010). Para que el estallido social se dé y las contradicciones acentúen las movilizaciones tienen que producirse las condiciones adecuadas: “El momento político por excelencia es el momento en que pasamos de espectadores y de observadores al estado de actores” (Boltanski, 2009) Figura 5: La participación y la abstención en las europeas de 2009 por países Fuente: Eurostat. Elaboración propia Pero al mismo tiempo que la ciudadanía europea construye redes colaborativas y asociativas y en ella está arraigada los ideales democráticos que contribuyen por la base a la consolidación de experiencias concretas de buena gobernanza, se plantea lo siguiente: ¿por qué razón se distancia de los partidos políticos, de la política y se abstiene de forma significativa en las elecciones al Parlamento Europeo? La perspectiva multidimensional de la cuestión planteada y su enorme complejidad, en la línea de lo que se ha argumentado hasta aquí, no facilita una respuesta omnicomprensible del fenómeno que vaya más lejos de las repetidas consignas de “más Europa” o “más y mejor democracia”. En efecto, la palabra mágica que se invoca ante todo tipo de problemas se reduce al mantra de “más Europa” citada por unos europtimistas que están cada vez más debilitados. En este contexto un tanto complejo tal vez no le falte razón a N. Berggruen25 (2011) cuando diagnostica que “los europeos no entienden Europa ni se sienten comprometidos con ella” y la solución que recomienda no es la de censurarles por ello sino la de que “Hay que dar más voz, más poder a los ciudadanos europeos”. 10. Conclusiones generales De lo expuesto hasta aquí se pueden entresacar algunas conclusiones como, por ejemplo, que la forma de entender y de hacer la política que imperó durante gran parte del siglo XX, se ha agotado y en estos momentos ese modelo caduco está atravesando su peor crisis. En la misma se cuestiona la concepción tradicional del Estado y de la soberanía nacional (Camps, 2010; Cortina, 1998 y 2005 y Del Río Villar, 2010). Para llegar a este punto han actuado con diferente intensidad diversos factores que han coincidido en el tiempo como son la emergencia de los nuevos movimientos sociales, la invocación a la civilidad y su importante despliegue, el vaciamiento del discurso oficial, la generalización de prácticas corruptas, el cuestionamiento de la representatividad, el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales y, de manera muy especial, el final de un desarrollismo antiambientalista (Grasa y Ulied, 2000; Aguilera Clink, 2006) junto al desmantelamiento del Estado de bienestar con su correspondiente cascada de privatizaciones (Subirats, 2006). La quiebra de los sistemas de regulación de los mercados y el desplazamiento de las políticas keynesianas, que imponían límites a la dinámica de acumulación capitalista, han posibilitado que los mercados financieros adquieran ahora un papel determinante imponiendo políticas que promueven la precariedad, la exclusión y la reducción de derechos fundamentales. Eso explica el por qué el tradicional concepto de soberanía se ha devaluado al verse superado por las prerrogativas que han ido adquiriendo organismos para-políticos y agencias supraestatales como el G-7; el G-20; el FMI; el BM o la OMC, hasta el punto que han desplazado a los Estados-nación y a los gobiernos en la gestión de la crisis y en el diseño de las políticas globales. Además, la soberanía nacional es cada vez más nominal puesto que son los agentes económicos los que operan libremente en mercados que están fuera del alcance de los medios políticos tradicionales. Eso justifica el que ya apenas exista espacio para el debate y la deliberación puesto que la racionalidad económica es la que ha acabado por imponer sus decisiones al ritmo que determinan las exigencias del mercado mundial. Lo que no deja de ser chocante que en un mundo en donde se proclama el incremento de las libertades individuales, la política que se realiza en las democracias más avanzadas del mundo sea una actividad que no puede favorecer cambios sociales ni transformar la realidad de acuerdo con su secular naturaleza “salvífica”. El viejo binomio de “cuánta democracia cabe en el mercado” o de “cuánto mercado cabe en la democracia” ha recuperado el primer plano de la actualidad y hasta permite plantear una vez más si la crisis que atraviesa la política democrática no es resultado de que ésta ya no constituye el instrumento apropiado para un capitalismo expansivo a nivel global. Sin perder de vista, además, que la praxis neoliberal, inspirada en una “cierta despolitización de la política”, centrada en propugnar con entusiasmo la mengua de las instituciones públicas, la privatización de la riqueza del Estado y la reducción de su capacidad de acción, la mercantilización de lo social y la cesión de la gestión de la crisis a los grupos económicos resultantes de esta nueva fase del que se ya se denomina sin rodeos “capitalismo sin fronteras”. El resultado inmediato, y a efectos prácticos, es que las restricciones de todo tipo a las que está sujeto el poder representativo hacen que éste tenga cada vez menor capacidad para gobernar y llevar a cabo sus promesas electorales por las que fueron elegidos, lo que a su vez conlleva un fuerte descrédito social. O lo que es igual: la crisis de la democracia liberal ha acrecentado la desconfianza hacia unas instituciones electas cuyos representantes se han subordinado a una serie de instancias no legitimadas democráticamente. Se agranda, pues, la percepción de que la ciudadanía no se siente suficientemente representada por unos partidos que, tanto en el ejercicio de gobierno como en la oposición, se comportan como una élite que toma decisiones y de que cada vez guarda una conexión más remota con las preferencias y prioridades generales e individuales de los electores. Tal vez por esta última razón el dinamismo de los ciudadanos está en alza y, en cambio, el activismo político retrocede. Salta a la vista que los fenómenos de desafiliación y las elevadas cifras de abstención electoral exigen reformas profundas en el funcionamiento de los partidos y las instituciones y demandan otro estilo de gobernar por parte de los que ostentan el poder (Lledó, 2011). Esos cambios y reajustes del sistema son sin duda indispensables, incluso apremiantes, toda vez que el procedimiento de recuento de votos es en definitiva el principal soporte del régimen democrático. A este respecto es oportuno asentir con que “es más democrático participar que delegar” y que “La transparencia es, sin duda, uno de los principales valores democráticos” (Innerarity, 2011). En cualquier caso la ciudadanía debe estar siempre en condiciones de poder controlar buena parte de la acción de gobierno, comprobar que se respetan los procedimientos legales, implicarse en los procesos de decisión y adquirir una mayor confianza en las instituciones públicas. Si esos prerrequisitos no entran en escena, la opacidad, añade el supracitado autor, es entre otros aspectos “lo que más empobrece a las democracias”. La impotencia que suelen sentir los ciudadanos ante unos gobiernos que no sólo no trabajan en la defensa de la democracia, sino que buscan mecanismos para restringirla, sólo se superan con la complicidad ciudadana. Si la soberanía financiera ha encontrado su fuerza en el hecho de estar globalizada, la soberanía popular ganaría poder si alcanzara espacios supranacionales (Ramoneda, 2012). Por eso es tan importante el desarrollo de una ciudadanía local y mundial. Las ciencias sociales (Souza Santos, 2005), en donde se inserta nuestra disciplina, deben redoblar su esfuerzo en estudiar y descodificar la globalización neoliberal impulsando la teorización de una globalización “contrahegemónica” factible que auspicie contrapoderes innovadores (“alterglobalización”) a partir de la ciudadanía universal que ya ejercen los nuevos movimientos sociales como ONGs, Greenpeace, Amnistía Internacional o las redes sociales a través de Internet, conscientes de que la solución ética al modelo de gobernanza no es nunca menos, sino más y mejor política; más y mejor democracia. El atractivo de las nuevas formas de acción colectiva en la cultura política que se está gestando sugiere superar las ya gastadas fases de información, consulta, participación y decisión, y propiciar un salto cualitativo en el proceso de empoderamiento de la sociedad civil hacia una verdadera co-gestión de ciertas áreas sociales mal atendidas tanto por el mercado (escasos márgenes de beneficios) como por los servicios públicos (pesimamente gestionados o dañados por malas prácticas corporativistas). El fomento del voluntariado en escenarios de buena gobernanza no sólo contribuye a implicar más a la sociedad civil en la resolución de unos problemas que otros no son capaces de hacerlo, sino que es una auténtica escuela humanística en donde se educan los mejores ciudadanos. El movimiento asociativo, además de ser un factor de ‘reciudadanización’ tiene sin duda una estimable capacidad de desarrollo en tanto en cuanto está constituido por entidades no lucrativas suministradoras de servicios (consumo, deportes, cultura, ocio, educación, investigación, salud, atención a la diversidad, asesoramiento, etc.) que complementan a los ofrecidos por las administraciones públicas y el sector privado (Ariño, 2007; Blanco y Gomá, 2002). Por lo tanto, contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad y garantizan el presente y futuro del Estado de bienestar. La nueva cultura política que promueve la gobernanza territorial no pretende ser una panacea que lo resuelve todo. Al contrario, en esos escenarios nos encontraremos también dificultades, limitaciones y riesgos de todo tipo; sobre todo si se mueve en un marco en donde la sociedad civil no es completamente autónoma o bien no está suficientemente consolidada, porque en esos casos posiblemente los grandes grupos de presión, mejor organizados y con mayores recursos, podrían instrumentalizarla para legitimar sus fines. De otra parte, la presencia de nuevos actores no es suficiente garantía de que todos los concurrentes en estos procesos tengan el mismo peso en las políticas públicas. Podría resultar que aquellos grupos que estén mejor organizados y ventajosamente situados en ciertas esferas de poder, o controlen un mayor volumen de recursos, detentarían más capacidad de incidencia social, económica y política que los restantes (Cruz Galah, 2008, citando a Alfama et al. 2007). En aquellos supuestos de litigiosidad extrema, la participación de los colectivos sociales no siempre garantiza consensos generalizados, sobre todo cuando existen intereses contrapuestos y enfrentados. Por eso no se deben descartar de antemano la presencia de situaciones de empantanamiento, bloqueos y limitaciones. En casos así convendría revisar las vías transitadas y explorar otras adicionales para que la prevención, intermediación y superación de conflictos se puedan canalizar pacíficamente26.  1 El presente estudio se ha realizada en el marco del Proyecto I+D+i C200801000015 “Inmigración y trabajo en Canarias: análisis socioterritorial de la inmigración laboral y de la trayectoria socioprofesional de los inmigrados”, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 2 ALBET I MAS, A. Una Geografía Humana renovada: lugares y regiones en un mundo globalizado. Barcelona, Vicens Vives, 2000. 3 Véase el Manifiesto por una nueva cultura del territorio de la Asociación de Geógrafos Españoles, Mayo de 2006 y ALFAMA, E. et al. ¿Per una nova cultura del territorio?: Mobilitzacions i conflictes territorials. Icaria Editorial. Barcelona, 2007.  4 Desde 1973, la Comisión Europea mediante sucesivos eurobarómetros ha seguido la evolución de la opinión pública en los Estados miembros de la UE con el objetivo de disponer de información relevante con la que preparar textos normativos, tomar decisiones y evaluar a través de la percepción de los ciudadanos los trabajos realizados. 5 Según EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Instituto Nacional de Estadística (INE), estudios de opinión del Centro de Investigaciones Científicas y de Organizaciones No Gubernamentales, junto a fundaciones como Transparencia Internacional, Alternativas, Fundación del BBVA, Real Instituto Juan Sebastián Elcano, Fundación Sistema, Volunter Center (European Values Study) y European Year of Voluntering 2011. 6 COMISIÓN DE LAS CC.EE. (2001): La Gobernanza europea. Un libro blanco. Bruselas 25/07/2001. COM (2001) 428 final. Documento en PDF de 40 p. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriserv/site/es/com/2001) 7 El concepto de ciudadanía que recoge la mayoría de las constituciones democráticas europeas sintoniza con la que a mediados del S. XX propuso T.S. Marshall en Ciudadanía y clase social, Revista Española de Estudios Sociológicos, nº 79, 1997, p.297-346. 8 “El Estado de bienestar que impulsó la ciudadanía social no admite un tipo de ciudadanía pasiva que espera cubrir sus demandas básicas del Estado-providencia. Al revés, es ciudadana la persona protagonista de su vida personal y compartida. El concepto de ciudadanía social en Marshall (“derecho a tener derechos”) se transforma ahora en el de ciudadanía social activa, exigente de sus derechos, pero igualmente interesado en asumir responsabilidades” (CORTINA, A. Ciudadanía social. El País, 8-08-1998, p. 10). 9 En la exposición de motivos de la declaración de 2011 como “Año Europeo del Voluntariado” (Decisión del Consejo 2010/37/CE) se ratifica la idea de avanzar en la consolidación de una sociedad civil organizada, implicada, corresponsable, colaborativa, eficaz, crítica y cada vez más transformadora. 10 SUBIRATS, J. The Big Society. La iniciativa de Cameron, El País, 5 de agosto de 2010. 11 Resolución sobre las asociaciones sin fines de lucro A-2-196 de las CCEE, 13 de marzo de 1987. Propuesta de reglamento que comprende un estatuto de asociaciones concebido sobre una base europea para aquellas asociaciones que operen en más de un Estado miembro y aquellas asociaciones nacionales que deseen operar en común a nivel europeo. 12 En la Comunicación de la Comisión de las CC. EE. El fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa, Bruselas, 06/06/1997, se afirma que aproximadamente unos cien millones de personas estaban afiliadas a asociaciones o ejercitando diversas modalidades de voluntariado en ONGs. 13 La encuesta del Eurobarómetro realizada en 2006 reveló que 3 de cada 10 europeos manifiestan realizar actividades de voluntariado y aproximadamente un 80% de los encuestados creen que las actividades voluntarias son una parte importante de la vida democrática. En Suecia el voluntariado moviliza a un 56% de su población adulta; en Holanda al 49% y en Grecia al 40%. En otros países como Dinamarca el voluntariado activo mueve a 9 de cada 10 personas adultas y a 7 de cada 10 alemanes, belgas e islandeses. (www.iniciativasocial.net/participación.htm). En 2011, el Eurobarómetro bajó a 2,7 de cada 10 europeos los que realizan actividades de voluntariado, siendo Holanda y Dinamarca los países que más sobresalen con 57% y 43%, respectivamente. España baja también a un 15% y a la cola se sitúa Polonia con sólo un 9%. 14 La información al respecto varía según las fuentes y la metodología del cálculo seguida por los diferentes autores. Ruiz de Olabuénaga estima en 250.000 el número de asociaciones registradas en España con más de 20 millones de cuotas de socios y unos 11 millones de afiliados en 2006. Marcuello et al. (2009) calcula en alrededor de 5 millones las personas que realizan actividades de voluntariado en España, lo que supondría un 17,6% sobre el total, en una correspondencia de uno por cada cuatro españoles mayores de edad. Recientemente el Eurobarómetro cifraba en unos 4 millones los españoles que participan en algún tipo de voluntariado (El País, 25 de marzo de 2012).  15 Iniciada en los años ochenta por el presidente de los Estados Unidos de América y por la primera ministra de Reino Unido, R. Reagan y M. Thatcher, respectivamente. 16 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 17 Realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2009 por IPSOS con 21.000 encuestas en 14 países de la Unión Europea. 18 Fundación Alternativas. IDE 2011 (www.falternativas.org). 19 The Guardian; Der Spiegel, Le Monde, Gazeta Wyborcza y El País. 20 Aunque las generalizaciones pueden resultar injustas, el artículo de LOZANO, I. Políticos sobrantes, (El País 7-03-2011) tiene en parte razón cuando afirma que: “Los partidos se han convertido en clubes antidemocráticos frecuentados más por arribistas serviles que por idealistas del bien común, que han impuesto su visión partidista de la realidad”. 21 MARSHALL, J. : Miembros de los partidos políticos de la RU. (www.parliament.uk) (Consulta realizada el 7/08/2009). 22 El concepto de abstencionismo electoral que empleamos aquí se refiere más que nada a la no participación en el acto de votar por parte de quienes tienen derecho a ello. 23 El Parlamento europeo con 751 diputados electos procedentes de 27 países es una institución europea elegida por sufragio directo cada cinco años desde 1979 y la única cámara parlamentaria multinacional del mundo que se elige por sufragio universal de 490 millones de ciudadanos de la Unión. 24 En buena medida se justifica el escaso interés en que los ciudadanos europeos no están familiarizados con el Parlamento europeo, con sus debates, sus competencias y porque no le atribuyen especial importancia. Se tiene, en general, una imagen borrosa y enigmática a pesar de que las decisiones que adopta afectan cada vez más la vida real de los habitantes. El diplomático Ruiz Jarabo, en su artículo ¿Por qué la Unión Europea es impopular? (El País, 13-02-2012) justifica la impopularidad de las instituciones europeas en que los fundadores optaron conscientemente por una organización aséptica, más técnica que política, poco atractiva para la opinión pública, con una administración tediosa y alejada para evitar instrumentalizaciones populistas y demagógicas que pudiesen renacer de nuevo las viejas rivalidades nacionalistas que ensangrentaron a Europa. 25 Declaraciones de Nicolas Berggruen, presidente del Consejo Para el Futuro de Europa, al diario El País (609-2011) 26 A este respecto parece pertinente la afirmación del profesor Manero de que “la calidad, coherencia y efectividad de la participación ciudadana dependerá de los canales de participación, del conocimiento y valoración que la ciudadanía tenga de su existencia y de sus funciones, unido al tipo de relaciones que se establezcan en cada momento entre los movimientos asociativos y las administraciones públicas”. Con frecuencia se producen situaciones que se podrían resolver sólo con la dotación de más y mejores cauces de participación o reforzando la calidad de los existentes. Finalmente destacar que también en este campo existen buenas y malas prácticas participativas, como igualmente hay buenos y malos instrumentos formales de participación asociados a la oferta institucional o a los construidos por los procesos de emancipación social. Bibliografía AGUILERA CLINK, F. (Ed.) Calidad de la democracia y protección ambiental. Fundación César Manrique. Madrid, 2006, p. 237.  ALFAMA, E. et al. ¿Per una nova cultura del territorio?: Mobilitzacions i conflictes territorials. Icaria Editorial. Barcelona, 2007. ARIÑO, A. (Dir.) Asociacionismo y voluntariado en España. Una perspectiva general. Tirant lo Blanc. 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