Informe Andalucía 2005

INFORME ANDALUCÍA 2005* Francisco López Menudo Catedrático de Derecho Administrativo Universidad de Sevilla RASGOS GENERALES En esta impronta sobre lo más relevante ocurrido durante el ejercicio, solemos distinguir entre los asuntos internos de la Comunidad y los externos o relacionados con otras instancias del Estado. Mas en esta ocasión es consecuente añadir como telón de fondo un tercer capítulo y es el relativo a la reforma del Estatuto de Andalucía y del proceso de reformas en general. Es oportuna esta conexión pues es un hecho notorio tanto el acusado protagonismo de la Junta de Andalucía, y señaladamente de su Presidente, en las altas esferas de su partido respecto a los procesos estatutarios en marcha, como la gran influencia que el proyecto de Estatuto de Cataluña ha tenido finalmente en el fondo y la forma del borrador andaluz acordado el día 30 de enero de 2006, tras muchos meses de elaboración, por la Ponencia redactora. Un gran asunto, pues, al que puede sumarse otro que recobra vida de nuevo al hilo de la reforma: la deuda histórica. 11 *La presente Crónica, elaborada con la colaboración de Juan Antonio Carrillo Donaire, ha sido publicada en el Informe Comunidades Autónomas correspondiente al año 2005. Dicho Informe se publica anualmente desde 1989 por el Instituto de Derecho Público de Barcelona y está auspiciado por la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, entre ellas la de Andalucía. La obra va dejando constancia anualmente, de manera puntual y sistemática, de la historia política, legislativa y administrativa de cada una de las Comunidades Autónomas y, en suma, del llamado Estado de las Autonomías en su conjunto, amén de estudios monográficos de notable actualidad e interés, relacionados con el tema. La fecha de cierre de las Crónicas es la de 31 de diciembre del año de referencia. Por esta razón no se recogen acontecimientos habidos con posterioridad. Reproducimos aquí, sin alteración alguna, el texto aparecido en dicho Informe –con autorización del mencionado Instituto– por lo que las valoraciones que se hacen en esta Crónica responden al tiempo y las circunstancias en que fue redactada, con abstracción de lo ocurrido a partir de 1º de enero de 2006. Ocioso es señalar la trascendencia que en esta ocasión tienen los acontecimientos acaecidos a partir de esta última fecha en relación con el proceso estatutario en marcha. REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 11 Comenzando por este tercer capítulo y con la concisión a que obliga una realidad tan densa y nutrida de matices, vivida con absoluta intensidad por la clase política y fuente de innumerables forcejeos y desencuentros, dejaremos aquí constancia de algunas claves. Como ya indicamos en el Informe del pasado año, el borrador de la reforma ha sido encomendado a una Ponencia de once miembros constituida en el seno de la Comisión Parlamentaria de Desarrollo estatutario. Comenzó su tarea en Septiembre de 2004 en un clima de armonía, al menos aparente, de los cuatro grupos parlamentarios y se anunció que el borrador estaría culminado hacia junio de 2005. También se dijo en su día que el texto se redactaría mirando exclusivamente a los objetivos de Andalucía, sin fijarse en otros textos de reforma en marcha y con exquisito respeto a la Constitución. De las dos alternativas que en principio se planteaban, o sea, redactar un Estatuto “modelo” que aleccionara a otros territorios sobre el máximo techo autonómico admisible dentro de la máxima constitucionalidad, o esperar acontecimientos, es claro que se ha impuesto esta última opción pues el documento de la Ponencia no ha sido cerrado, por exigencia misma de los grupos, sino hasta después de examinar la negociación sobre el Estatut entre el Presidente del Gobierno y el líder de CIU, Sr. Mas, celebrada a finales de enero de 2006. Un segundo dato a tener muy en cuenta ha sido no sólo la ruptura del consenso en la Ponencia redactora sino el abandono de la misma, primero de los representantes del Grupo Popular y luego por los andalucistas. Los populares posiblemente por sentirse incompatibles con determinadas propuestas que han ido apareciendo en el curso del proceso (aunque a veces también el Sr. Arenas Bocanegra ha manifestado que la reforma en sí no era necesaria) y quizás también por mantener la tónica de rechazo a cualquier consenso sobre otros temas importantes del presente ejercicio de los que más abajo damos cuenta. El Partido andalucista se ha “desmarcado” en la fase final con argumentos algo difusos (“hasta que los socialistas no les faciliten los documentos con las concesiones que el Gobierno central ha hecho a Cataluña”) que la clase política interpreta como un gesto más de su tradicional búsqueda de un espacio propio donde proyectar su identidad y reivindicaciones. De esta forma, apremiados por el retraso ya acumulado, los “padres” oficiales del borrador son IU y PSOE que son los que han suscrito la proposición de ley (BOPA núm. 374 de 9 febrero 2006) que se va a tramitar en la Cámara. Estos dos grupos suman 67 escaños y alcanzan, por tanto, los 3/5 necesarios para impulsar el proceso pero no parece ser ésta una situación a celebrar ya que supone no contar en principio con los 42 escaños que suman los otros dos Francisco López Menudo 12 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 12 grupos. Los responsables de los partidos promotores declaran que asumen la situación y que no había margen temporal para la discusión ni la espera si se quiere que el texto definitivo sea aprobado en la presente legislatura. Así, está prevista para el primer debate del texto una sesión del Pleno del Parlamento a celebrar el 16 de febrero de 2006. Un tercer hecho a registrar ha sido la “mutación ideológica” detectable si se comparan los planteamientos iniciales y los postulados mantenidos en la fase final del procedimiento. Esta mutación es predicable del PSOE-A, no desde luego de su socio de hecho (IU) que desde el primer momento ha mantenido posturas profundamente reformistas. La mutación de la postura socialista es cosa consabida a nivel de la calle y ha sido incluso admitida por el máximo representante en Andalucía de dicho partido, reconociendo que a lo largo de esta etapa “ha habido discursos contradictorios”. Y esto es algo perfectamente comprobable si se observan los manifiestos contundentes vertidos en el Parlamento andaluz a primeros de año contra el Plan Ibarreche, o las proclamaciones iniciales del Presidente andaluz sobre la absoluta improcedencia de incluir el término nación en los Estatutos de Autonomía, o que en éstos se prejuzgue el sistema de financiación; y los reajustes que tales pronunciamientos han debido sufrir luego cuando el Gobierno central tuvo que afrontar la realidad que le ofrecía el proyecto de Estatut. Sobre tal telón de fondo, ciertamente pragmático y carente de fijeza, han podido proliferar en Andalucía posturas autonomistas “extremas” que otrora hubieran sido impensables. Así, bajo el lema de aspirar “al máximo derecho del que más tenga”, abanderado en principio por los andalucistas y secundado con toda naturalidad por los otros dos partidos de izquierda, los debates más intensos han llegado a polarizarse en torno a la definición de Andalucía como nación –algo repudiado por la inmensa mayoría de los andaluces pues según algunas encuestas sólo el 3 por 100 aceptaría tal definición– o sobre el modelo de financiación, en cuya fórmula se discute sin tener en cuenta los intereses de los demás territorios. El propio PSOE-A, sin complejo alguno, ha propugnado la reivindicación, desde el propio Estatuto, de competencias exclusivas del Estado invocando la vía del 150.2.CE (aeropuertos y puertos de interés general; servicio meteorológico; museos, archivos y bibliotecas; tráfico y seguridad vial); y ya en esta dinámica los dos partidos minoritarios reclaman por dicha vía competencias tales como instituciones penitenciarias, convocatoria de consultas populares mediante referéndum, telecomunicaciones o delimitación de circunscripciones judiciales. A este planteamiento “de máximos” ha sido arrastrado incluso el Partido Popular, que desde su posición al margen de la Ponencia –por considerar que Informe Andalucía 2005 13 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 13 esta cometía excesos inconstitucionales– ha postulado sin embargo la inclusión en el Estatuto de una especie de “cláusula Camps” para que Andalucía no tenga “ni una sola competencia menos que Cataluña”. Mas, como queda dicho, por otra parte ha denunciado por inconstitucional la previsión estatutaria referida al 150.2.CE y el “blindaje” frente a las leyes estatales de competencias en materia de educación, sanidad, legislación civil, recursos mineros, política pesquera, actividad económica o cultura. Tales cuestiones, junto a la regulación del sistema de financiación, son las que, según dicho partido, han motivado su apartamiento del consenso. Este arrastre hacia posiciones reivindicativas “de máximos” se observa también en las opiniones de personas y sectores moderadamente autonomistas, tradicionalmente muy exigentes de un escrupuloso respeto a la Constitución, y que ahora se ven “atrapadas” entre la defensa de sus antiguas posturas y este nuevo imperativo de “no ser menos que nadie”. Por tanto, todo el espectro viene a converger, a la postre en un mismo objetivo… Será un deber de cada cual hacer examen de sus propias contradicciones. Una muestra expresiva del nivel de firmeza reivindicativa ya alcanzada la ofrece el sensible asunto de la transferencia del Guadalquivir que ahora se plantea incluso desde el articulado del Estatuto (art. 48); postura ésta contra la que ha reaccionado la titular del Ministerio de Medio Ambiente, calificándola de inconstitucional, pero que ha sido replicada con toda contundencia por el propio Sr. Chaves afirmando que no es el Ejecutivo central quien tiene que prejuzgar lo que es constitucional o no. El año ha sido tan abundante en controversias sobre el Estatuto como carente de textos fiables o de primera mano. Como queda dicho, sólo a partir del 30 de enero de 2006 aparece el acuerdo oficial de la Ponencia. Consta de 216 artículos (frente a los 75 actuales), agrupados en un Título Preliminar y diez Títulos. Hay una reserva de 327 votos particulares (181 PP, 108 IU, 39 PA). De entre los rasgos más destacables del nuevo texto pueden citarse: definición de Andalucía como “nacionalidad histórica” (con votos particulares de IU y PA reivindicando su denominación como nación); promoción de la “democracia paritaria”; tabla de derechos sociales; competencia sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir; coordinación con el Estado a través de una Comisión bilateral; participación en la designación de miembros de órganos de dirección del Banco de España, CNMV, CM Telecomunicaciones, Tribunal de Cuentas, CES, Agencia Tributaria, Comisión Nacional de la Energía, Agencia de Protección de Datos…; garantía de un “núcleo competencial propio” de los Francisco López Menudo 14 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 14 Ayuntamientos, pero sin definirlo; definición de competencias para las Diputaciones; posible creación de comarcas; posibilidad de dictar Decretos legislativos y Decretos Leyes; configuración del TSJA como máxima instancia judicial; creación del Consejo de Justicia con magistrados, jueces y juristas; creación de una Agencia Tributaria Andaluza; listado de los tributos cedidos; participación en los nombramientos de órganos constitucionales e instituciones del Estado; participación de la Junta en el Consejo de Ministros de la UE en asuntos de competencia legislativa de la Comunidad Autónoma; Deuda histórica (reproducción de la Disposición adicional 2ª del Estatuto vigente en su homóloga del borrador), con garantía añadida de que se convoque la Comisión Mixta de Transferencias si en seis meses no se soluciona el conflicto. Al tema financiero dedica el borrador un importante capítulo (arts. 153 a 166). En dicho primer artículo queda proclamado el principio de suficiencia financiera, atendiendo fundamentalmente a la población real efectiva así como a la evolución de la misma. Es oportuno recordar que la población actual de Andalucía es de 7.849.799 habitantes. También se insiste en el criterio poblacional en la Disposición adicional tercera, referida a la inversión del Estado en Andalucía, al determinar que dicha inversión será “al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado”. Además el referido artículo 153 señala que junto a la población se tendrán en cuenta otras circunstancias que pudieran influir en el coste de los servicios que se presten. Añade el precepto que en ningún caso la garantía de la suficiencia financiera tendrá la consideración de nivelación. Cubierto este primer tramo se abre una segunda etapa de tramitación de la proposición de Ley, que se pretende culmine con su aprobación en la Cámara andaluza en junio de 2006. Al menos se cuenta ya con un texto que aunque se encuentre aún muy abierto permite centrar las reflexiones y salir de esta etapa anterior tan especulativa y opaca. Pasando al capítulo de las relaciones de la Junta con el Gobierno distintas a la del Estatuto, éstas han mantenido la excepcional fluidez inaugurada en el pasado ejercicio, desde el arranque en marzo de la VII Legislatura de Andalucía y el cambio de color en las instancias centrales. La expresión visible de ese hilo de entendimiento tiene dos referencias claras: el nuevo paquete de traspasos de competencias habido en 2005 y el nuevo lote de desistimientos –técnicamente son más bien renuncias– de litigios residenciados en el Tribunal Constitucional. En cuanto a las competencias transferidas éstas han sido en materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional encomendadas al InsInforme Andalucía 2005 15 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 15 tituto Social de la Marina (R.D. 957/2005 de 29 de julio). Pero destaca sobre todas la de “recursos y aprovechamientos hidráulicos” correspondientes a las cuencas intracomunitarias vertientes al Atlántico: ríos Guadalete y Barbate (litoral de Cádiz) y Piedras, Odiel y Tinto (litoral de Huelva) (R.D. 1560/2005 de 23 diciembre) con lo cual se cierra el proceso relativo a las cuencas internas dado que en el pasado ejercicio fue transferida la cuenca del Sur de España, ahora llamada “Mediterránea andaluza”. Queda en el aire el futuro de la cuenca del Guadalquivir sobre el que se concita la tensión antes referida y ya comentada por nosotros en anteriores informes. Pugnan aquí, de una parte, la letra de la Constitución y, de otra, la razón física o material ya que el 90% de la cuenca y todos sus cauces importantes se asientan sobre Andalucía, quedando repartido el 10% restante –por lo general pequeños afluentes de cabecera– en las regiones de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Se especula sobre la fórmula a seguir para superar el escollo constitucional bien a través de una fórmula de cogestión o la modificación de la Ley de Aguas y su concepto de cuenca. En todo caso no parece que sea bueno arreglar este asunto bilateralmente o de puertas para adentro –tal como se plantea en el Estatuto– sin contar con las Comunidades Autónomas citadas. En suma, el déficit acumulado en materia de transferencias durante el gobierno del Sr. Aznar (un par de transferencias en ocho años) se ha visto compensado en los dos últimos ejercicios en los que Andalucía ha recibido una veintena de transferencias, casi la mitad de la suma total realizada por el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. Tal como ocurriese durante 2004, también 2005 impide hablar de litigiosidad constitucional o judicial. Ha proseguido el goteo de desistimientos (vid. infra) de tal modo que puede establecerse un balance de 35 recursos o conflictos constitucionales retirados por ambas partes (5 por el Estado, 25 por el Gobierno andaluz y 5 por el Parlamento autonómico). Con independencia de que el dato pueda ser positivo en cuanto a la armonía entre poderes –y desde luego un alivio para el TC– el jurista no puede dejar de preguntarse qué ocurre con la constitucionalidad conculcada en la que tanto énfasis pusieran los recurrentes cuando formularan sus demandas. La cuestión apunta a la posición misma del Tribunal Constitucional y su función, y a la necesidad de separar el plano de la negociación política –lo que sea disponible por las partes– y el jurídico-constitucional. Dado tan pacífico panorama, suena hasta anecdótico el planteamiento por la Junta de tres conflictos de competencia contra sendos Reales Decretos Francisco López Menudo 16 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 16 sobre materia ferroviaria y otro por el que se restablece la Apuesta Hípica Nacional (vid. infra). Como resumen puede decirse que del cúmulo de recursos que la Junta de Andalucía planteó contra el sistema de financiación, contra el no reconocimiento del censo de población y temas concomitantes, sólo quedan vivos los que interpuso el Parlamento andaluz contra varias Leyes estatales de Presupuestos por no reconocer la Deuda histórica. A propósito de la célebre Deuda –esto es, la de la Disposición Adic. 2ª del Estatuto– de la que siempre hemos tratado en anteriores Informes, las novedades que ofrece el año 2005 son las siguientes: que después de diez años, responsables de ambos gobiernos (Sres. Jordi Sevilla y Gaspar Zarrías) se han sentado a negociar sobre la forma y manera de solucionar el tema; pero hay discrepancias sobre el montante (juega como referencia la cifra de 1.140 millones de euros estimado por el Parlamento andaluz en diciembre de 2003); sobre quién debe fijarlo; sobre qué haya de detraerse de tal cifra por razón de inversiones estatales realizadas en la región –esto lo sostiene el Ministro y crispa a los grupos andaluces de la oposición–; y sobre el concepto mismo de la Deuda (si se trata de corregir una deficiente cuantificación de los traspasos de origen o si, como sostiene el Ministerio, se trata de un mecanismo de nivelación). Parece que la cifra será pactada de forma bilateral para su posterior refrendo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dicha “cumbre”, celebrada a finales de año, ha resultado frustrante para los grupos de la oposición en Andalucía al considerarla, en el mejor de los casos, como una “mera declaración de intenciones”. Ello ha generado una fuerte postura porque la Deuda histórica figure –con la resistencia del PSOE– en el borrador del Estatuto y con una garantía de cierre; y que sea retirada del texto sólo si el Gobierno central liquida la Deuda antes de que aquel se apruebe. Estamos ante un tema a seguir durante 2006. En este capítulo de asuntos de relevancia externa, no podría dejar de anotarse el incidente habido en febrero con ocasión de la entrevista en Cuba del presidente Manuel Chaves con Fidel Castro y la manifestación del primero sobre una posible visita a la Isla de los reyes de España y del presidente del Gobierno en 2006, lo que fue desmentido de inmediato por la Casa Real y por el propio Gobierno. Cualquiera que fuese la importancia intrínseca del incidente –ampliamente difundido por los medios de comunicación– lo cierto es que el presunto desliz del Presidente (éste manifestó luego que sólo había expresado una hipótesis) dio pie al grupo mayoritario de la oposición para arreciar en las críticas y arremeter contra otro orden de asuntos que por aquel entonces se estaba fraguando en el seno del Parlamento andaluz con un nivel de tensión muy alto. Informe Andalucía 2005 17 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 17 En efecto. Ya en el Informe anterior dimos cuenta de cómo el inicio de la Legislatura se inauguró con el impulso por el Gobierno andaluz, recién ganador de las elecciones por abrumadora mayoría, de un paquete de medidas denominadas desde un principio como de “impulso democrático” –apelativo de cuyo acierto cabría dudar–; en suma, un grupo de Proposiciones de leyes sobre importantes aspectos institucionales y que surgían con la aspiración de que fueran suscritas por todos los Grupos y se tramitasen conjunta y sumariamente: Estatuto de los ex-Presidentes de la Junta; nueva Ley del Consejo Consultivo; modificación de la Ley Electoral; incompatibilidades de Altos Cargos; Publicidad institucional; nuevo Reglamento de la Cámara. Ciertamente, en dicho “paquete” se contienen medidas para incrementar la transparencia (régimen más estricto de incompatibilidades; publicación de bienes y actividades de diputados y altos cargos; control de la publicidad institucional…) pero entremezcladas con otras de naturaleza “inflamable”, muy propicias para la refriega política, como así sucedió. Este lote de normas más el enconado tema de la designación de miembros para el flamante Consejo Audiovisual de Andalucía hicieron muy conflictiva la primera parte del año. Sólo la Ley del Consejo Consultivo 4/2005 –cuya novedad fundamental es la integración de los ex-Presidentes de la Junta como consejeros permanentes miembros del Pleno– fue apoyada por todos los Grupos. Las restantes, por una u otra razón, generaron discordias, algunas especialmente agrias. Baste aquí señalar algunas muestras. El texto sobre el Estatuto de los ex–Presidentes llevaba una propuesta inicial consistente en el cobro de una pensión a partir de los 65 años por el 60% del sueldo de un presidente en activo (que en Andalucía es equivalente al de un Ministro); el reparo opuesto principalmente por el PP y especialmente la actitud fuertemente crítica de su Secretario General Sr. Arenas Bocanegra –que no es diputado del Parlamento andaluz sino del Congreso– versaba sobre la compatibilidad de dicha pensión –llamada en el lenguaje político chusco como “el pensionazo”– con la posible percepción de una pensión de la Seguridad Social o de clases pasivas. Tras recíprocos reproches, donde salió a colación la indemnización que disfrutaba como ex-Ministro el Sr. Arenas Bocanegra, y otros cruces de acusaciones, la solución final –análoga a la que rige en el País Vasco– ha consistido en aminorar de la pensión institucional lo que hubiera de percibirse de esos otros fondos. Pero ello no borró del ambiente la crispación padecida. Este tenso clima también se nutrió del conflicto sobre las “cesantías” en favor de los ex altos cargos que han sido recogidas en la Ley de Incompatibilidades, norma que, por otra parte, ha endurecido este régimen, obligando también a la declaración pública de actividades, bienes e intereses Francisco López Menudo 18 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 18 de Altos cargos, incluso a través de Internet, punto éste que fue rechazado por los populares y andalucistas. Otro tema controvertido ha sido la modificación de la Ley Electoral de Andalucía (art. 23.1) al obligar que en las listas se alternen hombres y mujeres (“listas cremallera”) para garantizar la paridad, medida que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y admitida a trámite el 23 de septiembre. Pero los conflictos referidos palidecen en relación con un asunto que a priori tenía una enjundia relativa: la designación de miembros del Consejo Audiovisual. En un primer momento el PSOE intentó plasmar su mayoría absoluta en este órgano (compuesto por 11 miembros) y tuvo que rectificar luego ante la enorme protesta de la oposición –señaladamente el PP– quedando suspendida incluso la sesión de la Cámara (19 de mayo de 2005) por el incidente de las pancartas o pasquines que portaban los propios diputados del PP y que incluían cierta frase estimada ofensiva por el Presidente. No faltaron las réplicas de diputados del PSOE en términos igualmente excesivos, lo que propició la presentación de reprobaciones y querellas. Hay que conectar ese virulento episodio con la posterior propuesta del Gobierno de introducir en el nuevo Reglamento del Parlamento que entonces se estaba elaborando, una norma sancionadora para frenar la ofensas graves por parte de los diputados “al Parlamento o a sus miembros, fuera o dentro del recinto parlamentario” que fue reputada incluso por IU –su aliado de hecho en esta singladura– como un atentado a la libertad de expresión y que fue fácilmente motejada como la “enmienda mordaza”, lo que acabó de desprestigiar la medida. Aunque finalmente decayeron dichas propuestas sí han quedado los ecos de aquellos alborotos y una imagen del discurso político un tanto penosa. La segunda mitad de 2005 ha estado prácticamente acaparada –siempre con la reforma del Estatuto como sonido de fondo– por ciertos temas de extraordinaria repercusión social, todos ellos dimanantes de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; una Ley de 29 artículos, dedicada en su Título I a regular lo concerniente a VPO, que contiene previsiones muy discutidas respecto al plazo de prohibición para transmitir y sobre todo el régimen del tanteo y retracto que se establece en favor de la Junta para las segundas y siguientes transmisiones; pero dicho Título no ha levantado ni con mucho la especie de explosión producida por cierInforme Andalucía 2005 19 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 19 sarrollo Tecnológico, el Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios de la Administración Andaluza (PLADOCS) y el Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información (Infoalandalus). En este contexto de medidas se inscriben, igualmente, el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, y el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet), actuaciones todas ellas dirigidas a procurar la extensión y generalización de las tecnologías de la Sociedad de la Información, como se recoge en las estrategias y políticas del Plan Económico Andalucía Siglo XXI. Ley 10/2005, de 31 de mayo. Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Comunidad Autónoma no había aprobado norma alguna que de manera integral regulase las Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía. Esta Ley pretende ofrecer un marco regulador para proteger y fomentar su ejercicio. Más concretamente, la Ley se aprueba con la intención de mejorar la coordinación de la tutela administrativa sobre las Fundaciones de interés general existentes en Andalucía (en torno a 900) y, sobre todo, para aumentar la transparencia en su funcionamiento y régimen de gestión económico-financiero. Ley 13/2005, de 11 de noviembre. Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Una de las principales finalidades de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, era hacer efectivo el mandato constitucional del artículo 47 de la CE en orden a garantizar el acceso a una vivienda digna. Para ello, desde el entendimiento del urbanismo como una función pública, la citada Ley avanzó en los mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo mediante la regulación de diversos instrumentos que perseguían facilitar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas protegidas y agilizar los procesos de transformación del suelo. En materia de vivienda protegida, las iniciativas de la Comunidad Autónoma andaluza en los últimos años han sido importantes. Así, el Decreto 149/2003, de 10 de junio, aprobó el IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 20032007. Por su parte, el Decreto 463/2004, de 27 de julio, que modifica parcialmente el anterior, abundó en nuevas acciones para fomentar el arrendamiento de viviendas, en la línea que más recientemente ha fortalecido el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, regulador de las Agencias de Fomento del Alquiler y el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas. En este sentido, la presente Ley estaFrancisco López Menudo 26 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 26 blece los mecanismos de calificación de la vivienda protegida y de adjudicación de estas viviendas, en las que la selección de las personas adquirentes o arrendatarias deberá realizarse, con carácter general, bajo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Asimismo se regulan las condiciones para la titularidad de la propiedad de manera que la duración del régimen de protección se establecerá reglamentariamente para cada figura o programa de vivienda protegida, a la vez que los precios máximos de venta y renta, que deberán servir de referencia para determinar el valor del suelo destinado a vivienda protegida. Otro aspecto importante del conjunto de medidas consideradas en la Ley viene referido a la facultad de disponer de la vivienda protegida, con dos intervenciones importantes. De una parte, se establece el derecho de adquisición preferente de la Comunidad Autónoma sobre las viviendas protegidas de promoción privada, incluso aquéllas que, tras el correspondiente procedimiento de adjudicación, queden vacantes. De otra parte, las segundas o posteriores ventas estarán sujetas al derecho de tanteo y retracto por la Comunidad Autónoma. Otra destacada novedad en materia de suelo, estrechamente vinculada a la finalidad de promoción de las viviendas de protección pública, es la obligación de reservar para construcción de viviendas protegidas la totalidad de los terrenos residenciales que resulten de procesos de desafectación, por ejemplo, los anteriormente ocupados por infraestructuras ferroviarias, antiguos cuarteles u otros edificios públicos. En materia de ordenación y gestión urbanística la Ley contempla previsiones de la mayor trascendencia. Algunas de ellas han motivado conflictos de altura que hemos destacado entre los rasgos generales del año (vid. supra). Ley 15/2005, de 22 de diciembre. Artesanía de Andalucía. La Exposición de Motivos de esta Ley señala que “la artesanía elaborada en Andalucía constituye en muchas de sus manifestaciones la expresión formal y cultural de su propia historia, siendo un claro testimonio de las costumbres y tradiciones para la formación del patrimonio etnográfico de un pueblo cuyas circunstancias históricas, económicas y socioculturales han contribuido a que el sector artesano venga a desempeñar un papel relevante en la vida económica de Andalucía, constituyendo verdaderos tesoros humanos vivos, según definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es conveniente, por tanto, reconocer a la artesanía su valor como fuente generadora de empleo, medio de cohesión social y recurso turístico y cultural de alta potencialidad, así como divulgar todas aquellas manifestaciones artesanales de interés tradicional o de arraigo en la Comunidad Autónoma de AndaInforme Andalucía 2005 27 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 27 lucía, a fin de recuperar la importancia cultural, social y económica que le corresponde, mejorando de esta forma el acceso de los artesanos y artesanas al mercado”. Ley 16/005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006. Valga dejar constancia tan sólo de que el Presupuesto asciende a la cifra de 27.738 millones de euros, un 12% más que el del año anterior. Se trata del montante mas alto después del Presupuesto de Cataluña (29.689 millones) y seguido del de Madrid, a gran distancia. Una gran novedad es que en este ejercicio no ha habido Ley de Acompañamiento; una decisión digna de celebrar. – – – Por último, nos limitamos a mencionar las Leyes singulares, sin contenido regulador, sin añadir más comentarios que los que ya figuran en sus respectivas fichas en esta misma obra: Ley 7/2005, de 3 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004. Ley 9/2005, de 31 de mayo. Creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía. Ley 11/2005, de 31 de mayo. Creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía. Ley 12/2005, de 31 de mayo. Creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. Ley 14/2005, de 22 de noviembre. Autoriza la enajenación del bien inmueble conocido como «La Casa de las Conchas», de Salamanca. Proyectos de Ley De creación de la Empresa Pública de Gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución en Cádiz, Huelva y Sevilla. (9-12-2005) Francisco López Menudo 28 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 28 Proposiciones de ley Del Grupo Socialista: Relativa a la modificación de la Ley 13/2005, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (22-11-2005) Del Grupo Popular: Relativa a creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (11-10-2005) De modificación de la Ley de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía. (1-12-2005) De todos los Grupos: Reglamento del Parlamento de Andalucía (fue aprobado por el Pleno del Parlamento, por el procedimiento de lectura única, en sesión celebrada los días 28 y 29 de septiembre. BOJA 198, de 10 de octubre) B) Actividad parlamentaria en general. 1. Debates generales en el Pleno. Debate sobre el estado de la Comunidad. Los días 29 y 30 de junio tuvo lugar el tradicional Debate general “sobre el estado de la Comunidad Autónoma”, primero de la VII Legislatura que arrancó en marzo del pasado año. Como está preceptuado, con carácter previo a la celebración del mismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó, el 14 de junio de 2005, una “Comunicación oficial” en relación a dicho debate que insistía en la necesidad de recuperar el tono parlamentario deseable en este tipo de actos, acercándolo a su finalidad primigenia, o sea, la mayor pluralidad y transparencia del sistema parlamentario y la revitalización del diálogo democrático. En este sentido, la citada comunicación expresaba la necesidad de “orillar los elementos que desvirtúan o desnaturalizan el debate político” y de “impulsar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, en la medida de lo posible”; lo que constituye una oportuna llamada a la responsabilidad política –intencionadamente dirigida a alejar el tono preelectoral que había calado en los últimos debates de esta índole, de los que dimos Informe Andalucía 2005 29 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 29 cuenta en los Informes pasados–, que se nos antoja plenamente coherente, por lo demás, con los importantes retos a los que se enfrenta la Comunidad Andaluza, especialmente en lo que atañe a la reforma estatutaria y a la resolución de buena parte de los contenciosos constitucionales que la Junta de Andalucía tenía pendientes con la Administración Central (consecuencia directa de la liquidación de la deuda de 2.500 millones de euros correspondiente al anterior sistema de financiación y de los acuerdos de transferencia de nuevas competencias alcanzados con el Gobierno central) El Debate se abrió, en la mañana del día 29, con la intervención del Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chaves González, que inició su discurso presentando a Andalucía como “referencia nacional en las políticas de impulso democrático” tras el año largo transcurrido desde la celebración de las elecciones. Asimismo, a juicio del Presidente, los datos de la economía andaluza revelan que la Comunidad ha mantenido una tasa de crecimiento por encima de la media española y europea y ha acelerado el proceso de creación de empleo. Así, desde la celebración de las pasadas elecciones, Andalucía ha generado alrededor de 180.000 empleos, una quinta parte del total nacional. El descenso del desempleo experimentado en ese mismo período supera las 82.000 personas, casi un 45% del total del descenso en el conjunto de España. A su juicio, el clima de paz social, rubricado con el VI Acuerdo de Concertación Social, ha supuesto un estímulo y un acicate para el incremento del empleo y el desarrollo económico. Por otra parte, el Presidente aludió extensamente al hecho de que este Debate se afrontaba después de haber resuelto buena parte de los contenciosos que estaban pendientes con la Administración Central. La liquidación de la deuda de 2.500 millones de euros correspondiente al anterior sistema de financiación, reconocida por los Tribunales y nunca abonada por el anterior Gobierno del Partido Popular; el desbloqueo de un importante número de litigios en el Tribunal Constitucional; y, sobre todo, la transferencia de 16 nuevas competencias a la Junta de Andalucía ponían de manifiesto, en palabras del Sr. Chaves, “que ha concluido el designio de discriminación a Andalucía y se ha iniciado un fructífero período de diálogo y colaboración, presidido por la lealtad institucional”. En el terreno de las propuestas concretas, el Presidente anunció los proyectos de creación de infraestructuras de comunicación dirigidas al nuevo corredor de alta capacidad conformado por el eje diagonal intermedio Estepa–Úbeda, que conectará las ciudades medias de la Andalucía del interior y permitirá que medio millón de andaluces tengan acceso en menos de diez miFrancisco López Menudo 30 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 30 nutos a una vía rápida. Se trata, como expresó el Presidente, de uno de los ejes de mayor dinamismo de Andalucía, pues conectará en sus extremos la A-92 y la autovía Linares–Albacete, a la vez que se cruzará en el centro con la nueva autovía Granada-Jaén-Córdoba-Badajoz, cuya construcción está prevista por el Ministerio de Fomento. En el campo de la financiación, el Presidente Chaves defendió la necesidad de consolidar en el tiempo un aumento de los recursos para resolver la insuficiencia financiera del sistema sanitario público que se distribuya entre las comunidades autónomas en función de la población protegida. En el ámbito institucional, el presidente andaluz destacó la aprobación durante el ejercicio de una serie de leyes dirigidas a promover el “impulso democrático” prometido en su investidura; soslayando, sin embargo, los retrasos en la aprobación de otras medidas incluidas en dicho acuerdo de impulso democrático, como la creación del Consejo Audiovisual o la reforma de la Ley de Creación de la RTVA. Asimismo resaltó que el diálogo promovido por el Gobierno se había concretado en la firma del antes mencionado VI Acuerdo de Concertación Social y en la constitución de la Mesa de Concertación Local, que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en contar con un órgano de estas características. La necesidad de potenciar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias fue otro de los ejes de discurso presidencial, señalando la pertinencia del consenso con vistas a la reforma estatutaria en marcha. Junto a ello, Chaves insistió en la importancia de la recuperación del diálogo con el Gobierno de la Nación, negando la existencia de rebaja de demandas respecto a la anterior legislatura y destacando la asunción de 16 nuevas competencias, la eliminación de “trabas” a normativas autonómicas en materias como Cajas de Ahorros o investigación con células madre y la participación de Andalucía en las inversiones del Estado en porcentaje equivalente a su peso poblacional, en torno al 18 por ciento. Al término del discurso del Sr. Chaves, la Presidenta de la Cámara abrió el turno de intervención de los grupos parlamentarios de la oposición, de mayor a menor representación en número de escaños: Partido Popular de Andalucía (PP); Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULVCA), y Partido Andalucista (PA). La portavoz del PP, Dña. Teófila Martínez, comenzó su intervención manifestando su deseo de atender las propuestas de pacto y diálogo expresadas Informe Andalucía 2005 31 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 31 por el Presidente de la Junta, recordando, sin embargo, que esas mismas intenciones habían animado anteriores debates sin que finalmente hubiesen fructificado. En cuanto al pacto sobre la reforma del Estatuto, la Presidenta del grupo popular en Andalucía resaltó que la reforma debe partir de la defensa de España como la única nación, sin renunciar a la máxima autonomía de la Comunidad Autónoma, conciliable con la unidad del Estado. En este sentido la Sra. Martínez se mostró convencida de que los nacionalismos vasco o catalán no conseguirán eliminar ese concepto de España “si PSOE y PP forman una gran mayoría en defensa de la nación”. Igualmente, en relación con la defensa de los intereses de Andalucía en la Unión Europea, Martínez dijo que los socialistas necesitan al PP para ello. Al margen de las propuestas de pacto, y descendiendo al discurso del Presidente, la Sra. Martínez acusó a éste de “enmascarar su falta de gestión con una retahíla de leyes y planes”, como si fuera un nuevo discurso de investidura, así como de hacer la estrategia del presidente “ausente, complaciente consigo mismo y excesivamente voluntarioso”, por anunciar una serie de actuaciones que, “con su ritmo de trabajo, no se podrían disfrutar hasta dentro de 20 años”. Para la Portavoz popular, al hablar sólo de futuro, el Sr. Chaves pretende que no haya ni una sola crítica a su gestión, acusándole de haber ocasionado que en año y medio se haya retrocedido en calidad de la democracia y en la calidad de los servicios básicos, al tiempo que empiezan a llegar de nuevo los “peores fantasmas”, como la prepotencia, la soberbia, y la corrupción, junto a la pasividad de la Junta a la hora de defender los intereses regionales. Además, lo acusó de intentar, en sólo un año y poco meses, limitar la libertad del Parlamento con lo que denominó “enmienda mordaza” al Reglamento del Parlamento. Para Martínez, otros ejemplos del mal gobierno del Presidente y de su equipo son el “escándalo” del Consejo Audiovisual de Andalucía, donde se pretende despreciar a la oposición; la tramitación de una Ley que limita las competencias municipales en materia de suelo y vivienda; o la concepción de la Radio Televisión de Andalucía como una “maquinaria sectaria a su servicio y del PSOE”. En suma, para la Sra. Martínez, lo único que ha cambiado en Andalucía en el último año y medio es la actitud sumisa del propio Presidente Chaves ante el actual Gobierno de la Nación. Así, acusó al Presidente Chaves de cometer un “fraude político” en perjuicio de los andaluces, puesto que ya no se plantean al Gobierno del Sr. Zapatero las reivindicaciones que se hacían al anterior Ejecutivo de José María Aznar, como la Deuda histórica, la liberación completa del peaje en la AP-4, la Policía Autonómica o financiación para los metros. “Su sumisión ante Zapatero nos está costando a los andaluces un billón y cuarto de las antiguas pesetas”, expresó. Francisco López Menudo 32 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 32 La dirigente popular denunció también la pasividad de Chaves al no atender a las familias afectadas por los incendios del pasado verano, así como a los agricultores y ganaderos que han sufrido las heladas y la sequía, al tiempo que lo acusó de “callarse vergonzosamente” ante la derogación del Plan Hidrológico Nacional, de manera que ha “sacrificado la sed de Andalucía por los votos de su partido en Cataluña y Aragón”. De igual manera, aludió a los escándalos urbanísticos surgidos en los últimos meses, que afectan a Ayuntamientos en manos del PSOE. Abundando en este línea acusatoria, la Sra. Martínez también denunció en hecho de que, a su juicio, “el PSOE, desde el Gobierno de la Nación, ha puesto a España patas arriba en sólo un año y medio” a raíz de las reivindicaciones que llegan desde Comunidades Autónomas como País Vasco y Cataluña, mientras que Chaves se mantiene en silencio ante Zapatero y el presidente catalán, Pasqual Maragall, cuando están en juego los intereses de Andalucía. En su intervención en el Debate, la portavoz parlamentaria de IULV-CA, Dña. Concha Caballero, comenzó afirmando que el último año de gestión gubernamental ha estado presidido por los “abandonos, silencios y recortes”, y denunció que los servicios sociales dependen del “paternalismo”. A su juicio, el Gobierno andaluz ha cometido dos “pecados políticos”, en referencia al abandono de las reclamaciones que tenía planteadas en legislaturas anteriores y la no intervención en las decisiones que van a comprometer nuestro futuro, en referencia al debate territorial y el nuevo modelo de financiación autonómica. Puso como ejemplo la reivindicación de la Deuda histórica, cuyo pago fue reclamado en la anterior legislatura hasta en siete ocasiones en otras tantas votaciones parlamentarias, mientras que en ésta el PSOE votó en contra de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Otro ejemplo esgrimido fue la exigencia de la transferencia completa de la Confederación del Guadalquivir. Asimismo, Caballero denunció que sobre los grandes temas, como la financiación sanitaria, el modelo de Estado o el pacto local, el Sr. Chaves “no dialoga con nadie”, apostillando que “la mayoría absoluta no consiente más diálogos ni propuestas que las que parten de ustedes mismos”. En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, la portavoz de IULVCA calificó de ambigua la posición del PSOE, ya que “quieren jugar a ser derecha, izquierda y centro”, tras lo que retó al presidente a que le demostrase que no es ambiguo en aspectos como la definición o no de Andalucía como nación, o de la capacidad de codecisión con el Estado y la asunción de máximas competencias. Por otra parte, exigió al Gobierno el impulso de una carta de nuevos derechos sociales en el nuevo Estatuto, y advirtió de que la Deuda histórica es “irrenunciable” y debe mantenerse en el texto que se apruebe, ya Informe Andalucía 2005 33 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 33 que sería una “tremenda jugarreta” renunciar a ella cuando las demás comunidades “inventan deudas históricas”. Respecto a la financiación autonómica, Caballero aseguró que el Gobierno andaluz “no se atreve a tener un modelo propio porque no sabe lo que al final hará Zapatero”, y advirtió que es preciso que Andalucía dé la batalla porque si no lo hace en este momento perderá. En relación al demandado Pacto Local andaluz, la Sra. Caballero inquirió al Presidente sobre su formulación, afirmando que los Ayuntamientos andaluces deben ser reconocidos tanto competencial como financieramente. Por otra parte, la portavoz de IULV-CA exigió a Chaves un cambio en las formas de gobernar que abandone el uso clientelar y sectario del poder. En concreto abogó por un cambio en el modelo de Administración pública, donde un dos por ciento de los funcionarios se cubren con la libre designación, así como en las relaciones con los Ayuntamientos y en el uso de la publicidad institucional. También lamentó que la Junta esté “esperando a ver lo que hace Madrid” respecto a cuestiones relacionadas con el llamado impulso democrático, tras recordar que varias leyes siguen sin aprobación, como la de modificación de la RTVA. En este contexto, subrayó que IU ha aceptado siempre el reto del diálogo y del acuerdo, y aseguró que “estamos deseosos de un gran pacto por la calidad en la educación pública, de la salud, contra las políticas urbanísticas y por la recuperación de la personalidad de Andalucía en el debate del Estado”. No obstante, Caballero se mostró escéptica en este sentido, tras afirmar que Chaves “soporta con cierto estoicismo la política de oposición del PP, pero las verdades dichas por la izquierda no las soporta”. Concluyó su intervención afirmando que es preciso que “se sacudan la resignación, la dependencia con la que ustedes han afrontado esta legislatura y pongan sobre la mesa nuevos proyectos que ilusionen a los andaluces”. El Portavoz del Grupo parlamentario andalucista, el Sr. Calvo Poyato, comenzó por reprochar al Presidente andaluz que haya utilizado tantos “futuribles”, cuando un Debate como éste debe consistir en rendir cuentas de lo que se ha hecho, por lo que señaló que su discurso le parecía más propio de un Debate de investidura. En este sentido afirmó que de la intervención del Sr. Chaves se podía desprender que “todo va bien. Y no todo va bien”, ya que pese a que Andalucía ha crecido, también lo han hecho el resto de Comunidades Autónomas, por lo que pidió al jefe del Ejecutivo que no ofrezca sólo cifras aisladas. Asimismo lamentó que el discurso presidencial hubiera estado plagado de “silencios clamorosos”, no aludiendo al mundo rural, a los probleFrancisco López Menudo 34 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 34 mas propiciados por la sequía, o muy escasamente a la Deuda histórica. Junto a ello afirmó haber echado de menos que el Presidente informara del proyecto de ley de Policía Autonómica y que no hubiera referencias en su discurso a la política en materia de Justicia, al fenómeno de la inmigración en Andalucía y al problema del acceso a una vivienda, asuntos que, en su opinión, “son los que preocupan a los ciudadanos”. Ejemplificando estas lagunas en la materia educativa, D. José Calvo preguntó cómo existen aún 200 centros que afectan a 128 municipios en los que los niños estudian en “caracolas”, afirmando que Andalucía tiene la inversión por alumno más baja de todas las Comunidades Autónomas y los Profesores peor pagados –un 25 por ciento menos– pese a su capacitación. De igual forma, alertó del creciente problema de la violencia escolar y sus consecuencias en la salud del profesorado, al tiempo que criticó que el Presidente de la Junta lleve muchos años prometiendo la gratuidad de los libros de texto para las familias. También denunció que la Junta haya pagado el peaje parcial de la AP-4 cuando al anterior Gobierno del PP le reclamaba su liberalización total, y recordó que desde el Gobierno de la Nación se habla de superávit en la Sanidad andaluza cuando en realidad existe una deuda de 1.800 millones de euros. En cuanto a las transferencias, el portavoz andalucista preguntó al Presidente por la cuenca de Guadalquivir, la Deuda histórica y el incremento de las inversiones en Andalucía, advirtiendo que “una cosa es crecimiento, otra convergencia y otra distinta desarrollo”. En la mañana del día 30 se reanudó el Debate con la intervención del portavoz parlamentario del PSOE, D. Manuel Gracia, que dedicó buena parte de su intervención a criticar la labor parlamentaria del principal grupo de la oposición en el último año, lo que justificó con el argumento de que en el Debate de la Comunidad “también se examina la oposición”. En este sentido, Gracia denunció que “no se puede practicar sistemáticamente ese discurso falso de que todo lo que ocurre es responsabilidad del Gobierno, sea del color que sea, y a la vez estar defendiendo el protagonismo de la sociedad civil”, denunciando la promoción por parte de la oposición de “un clima político en el que se intenta por enésima vez presentar a la alternancia, no como una posibilidad, sino como una necesidad”. Criticó también que el PP trate de “sembrar la duda generalizada sobre la honestidad de la clase política con insinuaciones sobre corrupción”, tras lo que aseguró que el principal partido de la oposición “se sitúa al borde del sistema democrático”. Aludió también a las críticas del PP contra la llamada enmienda “mordaza” que el PSOE presentó al Reglamento de la Cámara y después retiró, relativa a sanciones a diputados por ofensas a otros diputados o cargos institucionales. El Sr. Gracia concluyó su inInforme Andalucía 2005 35 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 35 El sector vivienda ha acaparado una buena parte de la atención política con motivo de la tramitación de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, antes comentada. También a nivel reglamentario hay que referir el D. 33/2005 que regula las agencias de Fomento del Alquiler, que trata de promover la salida al mercado de los inmuebles desocupados, y sobre todo la disposición que modifica parcialmente el IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 con el fin de adaptarlo al Plan Estatal 2005-2008, modificación que afecta a aspectos de la ordenación del territorio, vivienda protegida, fomento del alquiler y rehabilitación (D. 180/2005). En materia de agricultura hay que reseñar el D.31/2005 que establece un nuevo régimen de ayudas para la forestación de tierras agrarias, con el fin de adaptarlas a los cambios producidos en la legislación europea y estatal. En el ramo de industria es muy destacable el Decreto 59/2005 regulador del procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de establecimientos industriales cuyo objetivo dice ser la agilización y simplificación. También regula el control, responsabilidad y régimen sancionador. El área de consumo ofrece un reglamento sobre información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas conteniendo una serie de medidas tendentes a garantizar la transparencia de la oferta y su publicidad (D. 218/2005). En materia de medio ambiente hay que registrar, como de costumbre, una serie de normas de contenido diverso. En primer lugar un D. 167/2005 que modifica otro anterior por el que se regula la autorización y control de los depósitos de los efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y agropecuarias –recuérdese el caso Boliden y el desastre ecológico ocurrido en la cuenca del Río Guadiamar– al objeto precisamente de excluir de los rigores de la norma a ciertas explotaciones agrarias –balsas de alpechín– y ganaderas por su menor peligrosidad. En este área medioambiental hay que citar también el Reglamento de Ordenación de la Caza (D. 182/2005) cuya importancia no es preciso ponderar desde cualquier punto de vista dada la envergadura de esta actividad en Andalucía y su correlativa incidencia económica, territorial, medioambiental, etc. y que fue regulada por la Ley andaluza 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres. En otro subsector del medio ambiente hay que destacar especialmente el Decreto 79/2005 de Ordenación del Parque Nacional y Parque Natural de DoFrancisco López Menudo 42 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 42 ñana cuyos instrumentos de planificación recogen para los Parques Nacional y Natural de Doñana el principio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma reconocido por la STC 194/2004. Por otra parte el Decreto amplía el territorio protegido de Doñana en 1.445 Has. mediante la inclusión de nuevas zonas litorales, marismeñas y de monte mediterráneo. Con ello, la costa de Doñana alcanza ya una zona protegida de 48 kilómetros. Para el Parque Natural se establecen nuevos PORN y PRUG. Por otra parte, a la larga lista de estos últimos instrumentos que en los ejercicios inmediatamente anteriores fueron aprobados para distintos espacios naturales hay que sumar los aprobados en este año de 2005 para el Parque Natural Sierra de Castril en la provincia de Granada (D. 98/2005), Parque Natural Sierra María-Los Vélez en la provincia almeriense (D. 191/2005) y Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Cádiz), objeto del D. 192/2005. Sobre la materia de empleo el Decreto 149/2005 establece un nuevo marco de incentivos para la contratación indefinida, disposición que dimana del VI Acuerdo de Concertación social suscrito a comienzos del ejercicio. Con carácter general se establecen ayudas de entre los 3.000 y los 4.750 euros por cada contrato indefinido. En el área de salud el D. 156/2005 regula el Diagnóstico Genético preimplantatorio cuyo fin es prevenir contra el riesgo de transmitir a descendientes algunas patologías graves de carácter hereditario, ello con cargo al sistema sanitario público. Al propio tiempo crea la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción como órgano de asesoramiento de la Consejería de Salud para el adecuado desarrollo de esta prestación. También ha de citarse el Decreto 246/2005 por el que se regula el ejercicio del derecho de los menores a recibir atención sanitaria en condiciones propias de su edad. También esta disposición crea otro Consejo como órgano consultivo en esta materia, de composición plural. En materia de universidades el Decreto 1/2005 aprueba los Estatutos del Organismo Autónomo “Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria”, entidad prevista por la Ley Andaluza de Universidades que se encargará fundamentalmente de la certificación de los méritos docentes e investigadores del profesorado. La norma prevé la coordinación de este organismo con la ANECA para establecer criterios mínimos en la evaluación del Profesorado. En otro plano, el Decreto 165/2005 aprueba los catálogos de títulos oficiales de las Universidades andaluzas para el curso 2005-2006, incorporando Informe Andalucía 2005 43 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 43 22 nuevas titulaciones con lo cual el número total de éstos se eleva a 645 entre ingenierías, licenciaturas y diplomaturas. También en otro orden de temas, los Decretos 2 y 94 de 2005 ratifican la modificación de los Estatutos de las Universidades de Cádiz y Córdoba para adaptarlos a la Ley Andaluza de Universidades 15/2003. Como bien se sabe estos Decretos no son normas reglamentarias “propias” de la Comunidad Autónoma sino actos de aprobación –desde un control puro de legalidad– de disposiciones heterónomas, como son los Estatutos universitarios. En las grandes áreas de la asistencia social y el bienestar hay que dar cuenta del D. 32/2005 sobre el distintivo de los perros guía que acompañan a personas con discapacidad visual; y se crea el Registro de esos tan benefactores animales. Otra disposición referida a animales aunque más bien incardinable en el sector de la salud es el D. 92/2005 sobre identificación de animales de compañía (perros, gatos y hurones) mediante la técnica del microchip, así como la creación de un Registro central adscrito a la Consejería de Gobernación. En otra vertiente, el D. 103/2005 viene a exigir la emisión de un informe en los procedimientos de elaboración de disposiciones sobre la repercusión de éstas en los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Por su parte el D. 202/2005 crea unos foros de la Inmigración en cada provincia como órganos consultivos y de participación en la materia. Es de citar el nuevo Registro de Parejas de Hecho que viene a sustituir al anteriormente denominado de Uniones de hecho; se configura como un registro único para toda Andalucía con gestión descentralizada en los Ayuntamientos (D. 35/2005). Por último cabe reseñar dentro de este sector el D. 66/2005 por el que se amplían las llamados “medidas de apoyo a las familias andaluzas” cuya variedad hace precisa la consulta de dicha disposiciones. En el área de turismo el D.251/2005 regula las declaraciones de interés turístico de Andalucía que conllevan los beneficios que son típicos de estas medidas de fomento. En materia de espectáculos públicos se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil, modulando la cuantía de las pólizas en proporción al aforo del recinto de que se trate y de la peligrosidad de la actividad que se realice, estableciendo tres niveles básicos (D. 109/2005). Por otra parte se modifica el Reglamento de Admisión de personas en los Es44 Francisco López Menudo REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 44 tablecimientos para que pueda prohibirse la entrada en pubs y bares con música a menores de 18 años (D. 119/2005). Por último, el sector de ocio registra la aparición del Reglamento de máquinas recreativas y de azar, de salones recreativos y del Registro de empresas de juego, cuya finalidad principal es la de evitar prácticas monopolísticas en un sector dominado por pequeñas y medianas empresas. Conflictividad Las controversias planteadas ante el Tribunal Constitucional en año 2005 fueron las siguientes: Promovidas por la Junta de Andalucía contra normas del Estado – Conflicto positivo de competencia número 3157–2005, promovido por el Gobierno de la Junta de Andalucía, en relación con la disposición transitoria 4.ª del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y contra los arts. 4.2; 5.1; 6; 47.4; 48; 57.4; 59; 71 a 77; 95; 147; 148; 152; 153; 154; 157 y 160 del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por dicho Real Decreto, la disposición adicional 4.ª del Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y contra el art. 3.g) de los Estatutos que aquél aprueba, y la disposición transitoria 2.ª del Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora. (Providencia del Tribunal Constitucional, de 24 de mayo de 2005, por la que se admite a trámite el conflicto) BOJA núm. 117, de 17 de junio. – Conflicto positivo de competencia número 5814-2005, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en relación con la Disposición Transitoria primera y los arts. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15 y 17 de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria. (Providencia del Tribunal Constitucional, de 14 de septiembre de 2005, por la que se admite a trámite el Conflicto). BOJA núm. 194, de 4 de octubre, de 2005. – Conflicto positivo de competencia número 7315-2005, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en relación con el Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se restablece el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado. (Providencia Informe Andalucía 2005 45 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 45 del Tribunal Constitucional, de de 22 de 2005 por la que se admite a trámite el Conflicto). BOJA núm. 254, de 19 de diciembre de 2005. Promovidas por el Estado contra normas de la Junta de Andalucía – Recurso de inconstitucionalidad número 5404-2005, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 5/2005, de 8 de abril, por el que se modifica el artículo 23.1 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía. (Providencia del Tribunal Constitucional, de 13 de septiembre de 2005, por la que se admite a trámite el recurso). BOJA núm. 194, de 4 de octubre, de 2005. Cuestiones de inconstitucionalidad – Cuestión de inconstitucionalidad número 1836-2005, planteada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Córdoba en relación con la disposición transitoria primera, 2, de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. (Providencia del Tribunal Constitucional, de 19 de abril de 2005, por la que se admite a trámite la cuestión). BOJA núm. 91, de 12 de mayo. – Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2651-2005, planteada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cádiz, en relación con el artículo 46 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de Coordinación de las Policías Locales. (Providencia del Tribunal Constitucional, de 7 de junio de 2005, por la que se admite a trámite la Cuestión). BOJA núm. 124, de 28 de junio. Desistimientos ante el Tribunal Constitucional. • Instados por la Junta de Andalucía: – Recurso de inconstitucionalidad número 3404/1996, promovido por el Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo 1.3 y la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación del servicio farmacéutico a la población, que fue admitido a trámite por providencia de 1 de octubre de 1996. (Auto del Tribunal Constitucional, de 18 de enero de 2005, por el que se declara extinguido el recurso). BOJA núm. 34, de 17 de febrero. – Recursos de inconstitucionalidad acumulados números 1105/1997, 1106/1997, 1107/1997, 3167/1997 y 1426/1998, declarándose extinguidos los Francisco López Menudo 46 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 46 correspondientes procesos. (Auto del Tribunal Constitucional, de 18 de enero de 2005, por el que se declara tener por desistida a la Junta de Andalucía de los recursos). BOJA núm. 34, de 17 de febrero. – Recursos de inconstitucionalidad números 1248/1997, 1249/1997 y 1250/1997, acumulados entre sí. (Auto del Tribunal Constitucional, de 18 de enero de 2005, por el que se declara el desistimiento de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de los recursos y la extinción de los procesos). BOJA núm. 34, de 17 de febrero. – Recurso de inconstitucionalidad número 1383/1998, manteniéndose únicamente la impugnación del artículo 85 de la Ley 65/1997 y de las cuantías fijadas en la Sección 32. (Auto del Tribunal Constitucional, de 18 de enero de 2005, declarando el desistimiento parcial del recurso por parte de la Presidencia del Parlamento de Andalucía). BOJA núm. 34, de 17 de febrero. – Recurso de inconstitucionalidad núm. 5018-2000 por el que se impugnaba el artículo 43 y la Disposición Final 2ª del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia. (Auto del Tribunal Constitucional, de 5 de abril de 2005, por el que se acuerda tener por desistido al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía) BOJA núm. 84, de 3 de mayo. – Recurso de inconstitucionalidad núm. 5077-2000, planteado en relación con el artículo 7 del Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones. (Auto del Tribunal Constitucional, de 13 de septiembre de 2005 por el que se tiene por desistida a la Junta de Andalucía del recurso declarándose extinguido el proceso) BOJA núm. 194, de 4 de octubre, de 2005. – Conflicto positivo de competencia número 2587-2004, planteado sobre la Disposición adicional 5ª del Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa y contra los artículos 5.b), 1ª, 2ª, 4ª y 5ª y 12.2 del referido Estatuto. (Auto del Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre de 2004, por el que se declara el desistimiento de la Junta de Andalucía, y la consiguiente extinción, del Conflicto). BOJA núm. 8, de 13 de enero. – Conflicto positivo de competencia número 655-2000, planteado en relación con la Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento de 22 de julio de 1999, que autoriza la transmisión de acInforme Andalucía 2005 47 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 47 ciones de Uniprex, S.A., propiedad de ONCE, S.A., a favor de Telefónica Media, S.A., declarando extinguido el proceso, que fue admitido a trámite por providencia de 29 de febrero de 2000. (Auto del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2005, por el que se acuerda tener por desistida del Conflicto a la Junta de Andalucía). BOJA núm. 117, de 17 de junio. – Conflicto positivo de competencia número 2741-1998, planteado en relación con varios Acuerdos de la Secretaria General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento de 19 de enero y 13 de febrero de 1998, sobre incoación de expedientes sancionadores, y Resoluciones de 28 de febrero de 1998 del Ministerio de Fomento por las que se resuelven expedientes sancionadores. (Auto del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2005, por el que se acuerda tener por desistida a la Junta de Andalucía, declarándose extinguido el proceso). BOJA núm. 117, de 17 de junio. • Instados por el Estado: – Recurso de inconstitucionalidad número 783-2003, planteado en relación con la Disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. (Auto del Tribunal Constitucional, de 2 de febrero de 2005, por el que se acuerda tener por desistido al Abogado del Estado declarándose extinguido el proceso). BOJA núm. 42, de 2 de marzo. – Recurso de inconstitucionalidad número 453-2000, promovido contra el artículo. 44.1.b), c) y f) y la Disposición Adicional Primera, núms. 2 y 3 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía (Auto del Tribunal Constitucional, de 2 de febrero de 2005, por el que se acuerda tener por desistido al Presidente del Gobierno de la Nación, declarando extinguido el proceso). BOJA núm. 42, de 2 de marzo. – Recurso de inconstitucionalidad número 4419-2002, planteado contra el artículo 68 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de la Comunidad Autónoma andaluza, de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura (Auto del Tribunal Constitucional, de 15 de marzo de 2005, por el que se tiene por desistido a la Abogacía del Estado). BOJA núm. 117, de 17 de junio. Francisco López Menudo 48 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 48 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Composición de la Asamblea Legislativa por Grupos Parlamentarios Total Diputados: 109 Composición durante todo el ejercicio de 2005: Socialista (PSOE-A): 61 Popular de Andalucía (PP-A): 37 Izquierda Unida Los Verdes–Convocatoria por Andalucía (IU-CA): 6 Andalucista (PA): 5 Estructura del Gobierno Presidente: Manuel Chaves González Número de Consejerías: 14 Presidencia: Gaspar Zarrías Arévalo Gobernación: Evangelina Naranjo Márquez Economía y Hacienda: José Antonio Griñán Martínez Justicia y Administración Pública: María José López González Innovación, Ciencia y Empresas: Francisco Vallejo Serrano Obras Públicas y Transportes: Concepción Gutiérrez del Castillo Empleo: Antonio Fernández García. Turismo, Comercio y Deporte: Paulino Plata Cánovas Agricultura y Pesca: Isaías Pérez Saldaña Salud: María Jesús Montero Cuadrado Educación y Ciencia: Cándida Martínez López Igualdad y Bienestar Social: Micaela Navarro Garzón. Cultura: Rosario Torres Ruiz Medio Ambiente: Fuensanta Coves Botella Tipo de Gobierno Mayoritario absoluto. El partido Socialista ostenta 61 de los 109 escaños por lo que goza de una holgada posición mayoritaria, excediendo en seis los escaños necesarios para la mayoría absoluta. Cambios en el Gobierno: No ha habido Investidura, moción de censura y cuestión de confianza: No se han producido. Debates y resoluciones parlamentarias. Proposiciones no de Ley ante el Pleno: vid. supra. Mociones sustanciadas en Pleno: 18 Comparecencias de miembros del Consejo de Gobierno ante el Pleno: 29 Interpelaciones a miembros del Consejo de Gobierno: 23 Informe Andalucía 2005 49 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 49 Reformas del Reglamento del Parlamento: Nuevo Reglamento del Parlamento de Andalucía, aprobado por el Pleno el día 28 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 198, de 10 de octubre de 2005 y BOE núm. 257, de 27 de octubre de 2005). Véase comentario supra. Consejo Consultivo de Andalucía. Es obligado destacar en primer término un hecho tan de relieve como la aprobación de la nueva Ley del Consejo Consultivo 4/2005 (una de las del paquete llamado “de impulso democrático”) que supone la derogación total de la Ley de creación del Consejo 8/1993. Nos remitimos al comentario que hemos realizado más arriba. La toma de posesión de los miembros nombrados conforme a la nueva Ley tuvo lugar el 17 de mayo de 2005. También durante el ejercicio, al final del mismo, apareció el nuevo Reglamento orgánico del Consejo, aprobado por el Decreto 273/2005 de 13 de diciembre a propuesta del Pleno del Órgano consultivo. Lógicamente, el Reglamento recoge las innovaciones sobre la composición del Consejo introducidas por la Ley 4/2005; y contiene precisiones sobre el momento y la forma de realizar la consulta. El día 2 de noviembre el Consejo Consultivo presentó en su sede de Granada y ante el Consejo de Gobierno su Memoria anual correspondiente al año 2004. De estos datos ya dimos un avance en este mismo Informe del año pasado, datos prácticamente coincidentes con los de dicha Memoria. También en esta ocasión ofrecemos un apunte sobre la actividad del recién finalizado 2005, ello a salvo, lógicamente, de lo que resulte de la Memoria a presentar durante 2006. Han sido solicitados al Consejo 513 dictámenes, cifra que supone la recuperación de una caída producida en el año 2004, volviéndose a un número de peticiones que está en la línea histórica de crecimiento, aunque ya moderada. De tales peticiones sólo 7 no fueron admitidas a trámite. El número de dictámenes emitidos fue de 479 la cifra más alta desde la creación del Consejo en 1994; de ellos, 362 fueron favorables a la propuesta de la Administración, y 117 fueron desfavorables, lo que representa el 76 y el 24 por 100 respectivamente, la misma proporción que la del año anterior. El número de dictámenes emitidos sobre solicitudes formuladas por entidades locales fue de 210, o sea, el 43 por 100 del total, lo que supone un notable descenso, aunque relativo, ya que el pasado año registró un aumento espectacular sobre la media tradicional que venía siendo de un tercio de los dictámenes. Francisco López Menudo 50 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 50 El desglose por asuntos principales es el siguiente: ocho dictámenes sobre Anteproyectos de Ley y 49 sobre Proyectos de Disposiciones reglamentarias, cifras que suponen un retorno al nivel normal tras su caída en el pasado ejercicio en el que se estrenaba la VII Legislatura y precisamente por ello. No hay que registrar ningún dictamen sobre recurso de inconstitucionalidad dado el nuevo clima existente en las relaciones políticas con las instancias centrales; y sólo tres conflictos de competencia. En cuanto a los asuntos administrativos ordinarios han sido 42 los dictámenes que versaban sobre revisión de oficio, 32 en materia de contratación lo que supone un sensible descenso –no es éste un dato que pueda celebrarse sin muchas reservas–; y ha seguido creciendo sobre el ya notable crecimiento del año anterior el número (85) de dictámenes relativos a la alteración de Planes urbanísticos de zonas verdes y espacios libres, dotaciones y equipamientos. Los asuntos sobre responsabilidad patrimonial (250) siguen constituyendo el grueso (52 por 100) de la función consultiva, aun habiendo disminuido el número de dictámenes de esta materia referidos a entidades locales (89). Durante el ejercicio, las Administraciones han comunicado al Consejo 315 resoluciones correspondientes a asuntos dictaminados, lo que representa una mejora del cumplimiento de este deber legal respecto al ejercicio anterior. A la vista de esas resoluciones comunicadas son 274 las que están en consonancia –“de conformidad”– con lo dictaminado por el Consejo, y son 41 en las que este ha sido “oído”, aunque no consta, lógicamente, el número de decisiones que se apartan del parecer del Consejo entre las resoluciones que no le han sido comunicadas. Aunque los dictámenes no son vinculantes por lo general, es muy importante conocer en qué grado la Administración activa sigue el parecer del máximo órgano consultivo de la Comunidad, por lo resulta chocante este incumplimiento ya crónico de comunicar al Consejo las resoluciones administrativas adoptadas, sean o no conformes con el respectivo dictamen. En esta línea también sería conveniente que el Consejo hiciera en sus Memorias consideraciones más extensas sobre estas resoluciones disidentes, su procedencia, motivaciones, etc. Sin duda que ello redundaría en beneficio del rigor tanto en la toma de decisiones por la Administración activa como de la propia función consultiva. Cámara de Cuentas. El 9 de marzo el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas presentó ante el Parlamento el informe fiscalizador de la Cuenta General de la Junta del ejercicio 2003. El Informe realiza unas correcciones o ajustes de 234,99 milloInforme Andalucía 2005 51 REV ADMIN ESTUDIOS61 3/11/06 10:09 Página 51