Democracia y participación en América Latina

Democracia y participación en América Latina Gustavo Ernesto Emmerich Universidad Autónoma Metropolitana. México 1. Presentación Un artículo publicado recientemente en esta misma revistal re le vó un total de 1830 gobiernos existentes en 21 Estados latinoamericanos desde su independencia hasta 1997. Una de sus principales conclusiones es que, considerando a América Latina como un conjunto, hacia 1978 se abrió un período de re-democratización, que se consolidó luego de 1985, a punto tal que hoy virtualmente todos los países de la región tienen gobiernos libremente electos por sus pueblos' . Desde que se redactó dicho artículo, otras dos naciones latinoamericanas se han encaminado hacia una democracia más plena. En México, el paulatino perfeccionamiento de las instituciones y procedimientos electorales, el creciente pluralismo político y el desgaste del Partido Revolucionario Institucional, han posibilitado comicios limpios que por primera vez en 71 años han dado el gobierno a un partido distinto del mencionado. En Perú, el presidente Alberto Fujimori, quien en comicios amañados acababa de ser "reelegido" para un tercer período consecutivo, se ha visto obligado por la movilización ciudadana, por escándalos de corrupción y por la presión internacional a convocar a nuevas elecciones, que darán lugar a un nuevo gobierno que asumirá en julio de 200!. Estos auspiciosos y recientes acontecimientos confirman lo apuntado en el artículo referido: la idea básica de la democracia (la de que el gobierno debe ser elegido libremente por el pueblo y rendirle cuentas a éste) se está haciendo realidad en la región de una manera nunca antes vista en América Latina. Por cierto, no todo es color de rosa a este respecto: persisten debilidades instirucionales así como tentaciones autoritarias, la cultura cívica es todavía débil, la participal. Gustavo Ernesto Ernmerich, "Democrac ia y regimenes políticos en América Latina, 1801 -1997", en Araucaria. año 2, nO 3, primer semestre de 2000. 2. Con la notoria excepción, a juicio de este autor, de Cuba, donde una misma persona go - bierna desde hace 41 años con base en un régimen de partido único. Demo c racia y participación en América Latina 43 ción ciudadana escasa y restringida, y el atraso social y la in est ab ilidad económica represe nt an un riesgo para estas no ve les y por ende frágiles democracias. La dem oc racia es má s que la libre elección de los gobernantes al estilo schumpete ri a no . Pa ra que la democracia sea sólida in s titu cionalmente y eficiente en la resolución o alivio de las necesidades populares, es necesaria también la activa participación ciudadana en la toma de decisiones. Por ello, el presente ensayo se aboca al tema de la participación ciudadana en América Latina , tratando de señalar lo que a juicio del autor nos faltó en el pa sado, y lo que deberíamos construir lo s latinoamericanos en el futuro inmediato. Combina, por ello, una visión hi stórico-restrospectiva con una visión propos iti vo -prospe ctiva. 2. Nos ot r os , el pueblo ' "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América ... " así inicia el preámbulo de la Constitución del país del norte'. La Carta Magna argentina tiene un preámbulo muy similar al estadounidense, pero comienza de mane ra al go diferente: "Nos los re pr esentantes del pueblo de la Nación Argentina ... "'. En un caso, la l ey fundamental es decretada por "nosotros, el pueblo"; en el otro, por "nos los representant es del pueblo "6. ¿Por qué esta diferencia? 3. Este apartado r etoma concep t os ya vertidos en Gustavo Ernesto Ernmerich, "Ellos y nosotros: la democracia como participación", en Gustavo Ernesto Ernmerich (coord.), Pro cesos políticos e l/las Am éricas, Universidad Autónoma Metropolitana (División de Ciencias Sociales y Humanidades. Unidad IZlapalapa), México, 1996. 4. El texto completo del preámbulo constitucional es: "Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, con el objeto de constitui r una u nión más perfecta, afianzar la justicia, conso li dar la paz in terior. proveer a la defensa común, p romover el biene star general y asegurar [os beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, o rd enamos y decretamos esta Constitución, para l os Estados Uni d os de Amé ri ca". 5. El preámbulo completo dice: "Nos l os re prese nt antes del p ueblo de la Nación Argen tina, reunidos en Congreso G en er al Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la com ponen, en cump lim iento de pactos preexistentes, con el ob jeto de consti tu ir la unión n acional , al ca n za r la ju sticia. co n so lidar la paz interior, proveer a la def ensa com ún , promover el bienestar genera l, y asegura r l os be ne ficio s de la libe rt a d, para nosot r os. para nuestra posteridad, y para todos l os hombres de l mun do que quieran habitar en el suelo argentino: in voc ando la prot ección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y es tablecemos est a Consti tu ción, para la Nación Argentina". 6. A diferencia de la Constitución de 1787 , y de manera simila r al citado preámbulo argentino, la Declaración de In d ependen ci a de Estados Unidos (1776) com i enza con un "Nos Q[ros , los representa nt es de l os Esta d os Unidos de América"', aunque aquí se h ace refe re ncia a las personas concretas que acudieron a Filadelfia en representación de la s t re ce ex - co l on ia s que lu cha ban por constituirse en Estados independientes. 44 Araucaria Nro. 4 Si bien se inspiraron en el texto estadounidense de 1787 , los constituyentes argentinos de 1853 no quisieron autoproclamarse "el pueblo", sino, más modestamente, autonombrarse como sus simples "representantes", afianzando de pa so el gobierno representativo. El artículo 22 de la ley fundamental argentina reafirma el principio representativo, ya la vez explica por qué los constituyentes no se consideraron a sí mismos como "el pueblo". Dice el artículo citado: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición." En términos de teor ía constirucional, las formulaciones argentinas re s ullan razonables y co herente s: se trata de evitar que un grupo cualquiera pueda arrogarse la representación de "el pueblo", que só lo se expresa a través de sus "representantes". Pero dejan la sensación de que el pueblo está de alguna manera subordinado a sus representantes. Por su lado, los textos constirucionales estadounidenses establecen claramente la subordinación del gobierno (y por ende de los representantes) al pueblo, que se entiende concretamente como "la mayoría de la comunidad"; más aún, el pueblo tiene derecho a la rebelión cuando el gobierno y lo s magist rado s no sa tisfacen sus justas aspiraciones. Los artículos II y 1II de la Declaración de Virginia (1776) afirman: "n. Que todo el poder está investido en, y en consecuencia derivado de, el pueblo [ .. . )los magistrados son sus mandatarios y servidores, y en todo momento responsables ante él. IlI. Que cuando cualquier gobierno resulte ser inadecuado o contrario a estos propósitos [de beneficio común), la mayoría de la comunidad tiene el derecho indubitable, inalienable e irrevocable de cambiarlo o abolirlo, en la manera que se juzgue más conveniente para el bienestar público." Esta reivindicación claramente lockeana 7 del derecho a la rebelión se encuentra también en la Declaración de Independencia de Estados Unidos: " ... para asegurar estos derechos [la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad) han sido instituidos los Gobiernos entre los 7. Cfr. Joho Locke, Ensayos sobre el gobierno civil. Aguilar, Madrid. 1973 . Democracia y panicipación en América Larina Hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados ... cuando cualquier Forma de Gobierno deviene contraria a estos fines, es Derecho del Pueblo modificarla o abolirla, e instituir un nuevo Gobierno ... es su derecho, es su deber, deponer tal Gobierno ... " 45 En textos jurídico-constitucionales que por lo demás so n muy simi lares, corno los estadounidenses y los argentinos, las señaladas so n diferencias menores, pero que matizan la diversa concepción que los fundadores de una y otra nación atribuyeron al papel del pueblo y de los ciudadanos en el manejo del gobierno. Los textos constitucionales y las prácticas políticas estadounidenses confían en la capacidad de sus ciudadano s, como lo expresaba clara mente Thomas Jefferson: "Los demócratas consideran que la gente es el más seguro depositario del poder, en última instancia, por lo tanto, la valoran, y desean dejar en ella todos los poderes para cuyo ejercicio es competente ... la igualdad de derechos de todos los hombres y la felicidad de cada individuo son actualmente reconocidos como los únicos fines legítimos del gobierno. "8 Por cieno, en los tiempos fundacionales latinoamericano s se encue ntran expresiones similares a las del estadounidense Jefferson. En México, el cura Morelos se autonombró "Siervo de la Nación", e impulsó un documento constitucional (el de Apatzingán en 1814) que era modelo de confianza en el pueblo; esta confianza se trasunta también en el artículo 39 de la Constitución mexicana de 1917, que deposita la soberanía nacional en el pueblo, y da a éste "el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". Por su lado, José de San Martín libertó a Argentina, Chile y Perú, al calor de su conocida máxima: "Nunca reconoceréis por gobierno legítimo de la Patria, sino a aquel que haya sido elegido libre y espontáneamente por los pueblos "9. La vigencia efectiva de esta postulada confianza en la capacidad del pueblo soberano y la subordinación del gobierno al pueblo fue muy diversa en las partes norte y sur del continente americano. Jeffer so n fue presidente de Estados Unidos y su ideal democrático encontró amplia acogida y fue puesto en práctica 8. Cilo en Ronald Reagan. An American LIJe. Simoo & Schuster. Nueva York, 1990, pág. 119. 9. eit. en Fernando Solanas (director), Tangos.' el exilio de Cardel (película), Francia/Ar - gen tina , 1986 . 46 Araucaria Nro. 4 en su país, a punto tal que constituye hoy uno de los ras gos del carácter nacional estadounidense. En cambio, Morelos fue fusilado por lo s españoles y San Martín terminó sus días en Francia tras décadas de autoexilio. Las ideas de igualdad de lo s ciudadanos y de gobierno responsable que ambos proclamaron no tuvieron eco al independizarse sus respectivas naciones, no sólo entre los conservadores que favorecían una sociedad jerárquicamente organizada, sino incluso entre muchos de los liberales que pugnaban por una sociedad moderna y democrática, pero en la que debería primar -en su visiónuna honda división social. Pese a (aisladas) prédicas en contrario, en lo s primeros tiempos de la América Latina independiente predominaron el elitismo y una marcada desconfianza, e incluso el desprecio, hacia la capacidad de la gente común, como queda de manifiesto en palabras de José María Luis Mora, un ilustre liberal mexicano de principios del siglo XIX: "Habrá si se quiere propietarios ineptos y perversos, pero nadie se atreverá a decir que esto sea lo propio de la mayoría de su clase ... Lo mismo decimos de lo s proletarios, no faltarán algunos que tengan la capacidad necesaria para desempeñar los puestos públicos y sufragar para ellos; pero la generalidad siempre carecerá de estas prendas ... La mala inteligencia que se ha dado al principio de la igualdad legal, ha sido casi siempre el origen de innumerables disgustos y de pésimos resultados en los pueblos que han adoptado el sistema representativo. El título de hombre se ha querido que sea suf iciente para ocupar todos los puestos públicos, se ha pretendido pasar el nivel por todos los individuos de la especie humana, y a la igualdad de derechos se ha sustituido la de condiciones, sosteniendo que la virtud debe descender al nivel del vicio, la ignorancia ocupar lugar al lado de la ciencia, y la miseria tener el mismo ascendiente que la riqueza. "lO Probablemente este tipo de concepciones que tienden a mantener a l os ciudadanos comunes en una especie de minoría de edad permanente sean consecuencia de la concepción aristocrática de jerarquías sociales rígidas que heredamos de Iberia. El por otras razones notable filósofo español José Ortega y Gasset es un buen y más reciente ejemplo de este modo de pensar, cuando, al referirse al "advenimien to de la s ma sas al pleno poderío social", en 1929 S0510. José María Luis Mora, El/sayos, ideas y retratos, UNAM (Bib lio teca del estudiante universitario, 25), Méxi co. 1979, pp. 20 Y 14. Democracia y panicipación en América Latina 47 tenía que: " ... las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia ex istencia, y menoS todavía regentar la sociedad" JI . De todo lo anterior surgen varias grandes preguntas: ¿quién debe gobernar? ¿"ellos", los representantes, o "nosotros, el pueblo"? ¿Cuál ha de ser el papel del pueblo en el gobierno? ¿Cómo debe ser la relación pueblo-representantes-gobierno' Lo s usos idiomáticos predominantes en diversos paí ses proporcionan una pi s ta para encontrar la s respuestas. En Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos es habitual que la gente común se refiera a s us gobiernos y a las políticas que éstos aplican, utilizando el "nosotros": "enviamos nuestros muchachos (soldados) a Kosovo", "debemos decidir si a umentar o no los impue s tos" ; "tenemos que resolver el problema de la cobertura médica gratuita para todos"; "nuestra postura en la ONU es incorrecta", etcétera. La primera persona del plural, "noso tros" , está casi siempre implícita cuando los ciudadanos hablan de su gobierno, incluso cuando se refieren a acciones o políticas gubernamenta les con la s que no están de acuerdo. En América Latina, por el contrario, solemos referimos al gobierno y sus decisiones utilizando diversas variantes de la tercera persona. Se usa "é l" para referirse a un gobernante concreto, al que se le atribuye un omnímodo poder de decisión: "Menem envió tropas al Golfo Pérsico", "el presidente Zedilla reconoció prontamente el triunfo electoral de Fax", "Fujimori de spidió a Montesinos". Junto al "é l" personalizado coexiste el uso de la tercera persona en su forma indefinida: "s ubi ó el precio del transporte"; "aumentó el IV A"; se ignora, o no importa, qui én tomó estas decisiones. Otras veces se utiliza un "ellos" totalmente impersonal para hacer referencia a una clase dirigente de la cual el ciudadano se siente muy alejado, y de la cual, además, desconfía: "si dijeron que no va a haber de va luación, lo má s seguro es que sí la habrá". Un ejemplo de estos usos generalizados: al referirse a las dudas e incertidumbres que en México generó el asesinato del secretario general del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de septiembre de 1994, en un diario de este país apareció esta nota: "El pueblo mexicano desconfía de las explicaciones oficiales. Tal es el precio que los dueños de México han de pagar por haberse perpetuado en la forma en que lo han hecho. Ahora los mexicanos estamos más solos aún frente al poder. Ame s éramos 'nosotros', los gobernados, y 'e llos', los gobernantes ... Ahora hay otros 11 . La rebelión de las masas, Orbis, Barcelona, 1983, pág. 39. 48 Araucaria Nro. 4 'ellos': los que desde la sombra dirigen la violencia ... Lo que nos corresponde hacer es quitarles a 'ellos' nuestro país. "12 Otro ejemplo: los libros de educación democrática editados por una fundación liberal con sede en Bogotá llevan una leyenda que comienza así: "En nuestras sociedades es evidente el desinterés por los asuntos públicos y el mirar la política y su ejercicio como algo ajeno, desprestigiado y reservado s6lo para ciertas personas o grupos dentro del Estado"I'. Un destacado historiador mexicano explica el por qué de este retraimiento de "nosotros", los ciudadanos, frente a "ellos", el gobierno, la clase dirigente: "Según el marqués de Croix, los novohispanos eran súbditos 'que nacieron para callar y obedecer y no para discutir los altos asuntos del Gobierno'" 14. El predominio del uso del "ellos" en Latinoamérica no es una mera cuestión lingüística, sino la expresión de una cultura política y de una realidad social. Cultura política donde se da por sentado que quienes gobiernan no somos "nosotros", sino un indefinido "ellos", o incluso un bien personalizado "él", que toman las decisiones sin nuestra participación u opinión, y que están infinitamente distantes y por encima de "nosotros el pueblo". El pueblo no percibe que las grandes decisiones colectivas estén en sus manos, y por lo tanto no se siente compenetrado con ellas. En la mayoría de los casos, simplemente tolera o sufre las decisiones tomadas por "ellos' (o por "él"). Esta cultura política es a su vez reflejo de una realidad social profunda, en la cual priman casi siempre: las grandes desigualdades sociales y económicas; la marginación de amplios sectores de la población en todos los órdenes de la vida; las disparidades regionales; el autoritarismo en la empresa, en el campo, en el gobierno y en los servicios públicos; la inexistencia o debilidad de controles eficaces sobre los gobernantes y sus actos, y una larga historia donde la democracia y la participación ciudadana han sido más la excepción que la norma. Aunque en los últimos años los latinoamericanos hemos avanzado por los caminos de la democracia, en la mayoría de los casos siguen siendo las élites las que en verdad toman las decisiones, mientras que los ciudadanos se limitan a consentirlas o tolerarlas, o a votar periódicamente para decidir cuál élite deberá gobernar en el próximo período; la participación y la vigilancia ciudadanas sobre los asuntos públicos no son todavía una plena realidad, como evidencia el pertinaz uso del "ellos". 12 . Diario Reforma, Mé xico. 18 de octubre de 1994, columna "De pOlítica y cosas peores ", pág. 9A. 13. efe. la colección "Materiales de formación liberal", fundación Friedrich Naumann, Bogotá, Colombia, que incluyen dicha leyenda en su segunda de forros. 14. Lorenzo Meyer, en diario Reforma, México. agoSlo de 1994. Democracia y participación en América Latina 49 Lo anteriormente dicho tiene sus matices y, como toda síntesis, no hace justicia a la s particularidades. Brasileños y venezolanos supieron deponer por vías institucionales a presidentes corruptos, en 1992 y 1993 respectivamente. En Chile, donde desde la restauración de la democracia (1990) gobierna una amplia coalición progresista, los ciudada no s se sienten partícipes de las decisiones públicas y ven con razonable optimismo el futuro que como nación se están construyendo. En Uruguay, el recurso a la iniciativa popular y el plebiscito ha revocado algunas leyes y ha refrendado otras, desde que el país volvió a la democracia en 1985. En México, el voto libre de los ciudadanos arrojó del gobierno federal a un partido que había gobernado durante 71 años. En estos y otros países de América Latina se está avanzando para que seamos "nosotros el pueblo" los que gobernemos. Pero igualmente falta mucho para desterrar la culrura y la realidad del "ellos". El uso del "ellos" evidencia profunda diferenciación social y política: alienación, distancia, se paración entre quienes mandan y quienes obedecen. En América Latina no tenemos todavía el sentimiento - ni la realidad-de que el Estado integre y represente a los ciudadanos, de que el gobierno trabaje por y para todos (o, por lo menos, para la mayoría). La persona común siente que su voz no cuenta, o cuenta muy poco. Las decisiones gubernamentales difícilmente son asumidas como propias por la sociedad, y por eso cuesta mucho hacerlas cumplir voluntariamente: evadir impuestos y violar las leyes de tráfico, por poner sólo dos casos, son deportes populares en todos nuestros países. La administración pública se percibe como un obstáculo -y lo esque en vez de facilitarnos la vida nos somete a innumerables y casi siempre inútiles trámites: la cultura del sello, de la firma autorizada, del permiso, del pequeño déspota oficinesco que en vez de servirnos nos obstaculiza. El electorado, en particular sus miembros más pobres e iletrados, se convierte en botín clientelar de partidos y candidatos, y no en auténtico tomador de decisiones. Los funcionarios públicos, electivos o de designación, rara vez rinden cuentas efectivas y comprobables; y la ciudadanía tiende a considerarlos como personajes superiores, y no como sus servidores, meros administrado re s de la re s publica , cuyo sueldo y privilegios pagan los propios ciudadanos. El gobierno y sus detentadores de turno aparecen como el padre, autoritario unas veces, bondadoso ot ra s, que dadivosamente sabrá resolver los problemas de los infantes: los ciudadanos. Circunstancias, todas éstas, que se refuerzan mutuamente y que inhiben el crecimiento autónomo, espontáneo, diversificado, de la sociedad civil. Todo lo anterior hace que mucho s latinoamericanos se perciban a sí mismos corno súbditos antes que como ciudadanos de pl e no derecho (y de obligaciones y responsabilidades). Ello resta legitimidad al Estado y a las instituciones, dificulta la formación de consensos so Araucaria Nro. 4 sociales amplios sobre los grandes temas nacionales, y termina por obstaculizar la capacidad operativa del propio gobierno. El "nosotros" norteamericano evidencia, por el contrario, una cultura de participación. Es un " nosotros" nacional, un " nosotros"" democrático. Aunque en Estados Unidos la participación electoral es sumamente baja, la mayoría de los ciudadanos siente igualmente que "el" gobierno es "su" gobierno. Más aún, suelen referirse al presidente y su equipo como" la administración", y lo hacen así, porque el gobierno, creen, no pertenece al presidente -simple administradorsino a los ciudadanos, que son los auténticos gobernantes. Aun los muchos ciudadanos que usualmente no votan ni participan en política saben que cuando así lo decidan podrán hacerlo, y que su voto y su voz serán respetados y escuchados. Conocen al representante por su di strito, y con alguna frecuencia se comunican con él para expresarle sus opiniones; éste los atiende porque es consciente de que de ellos depende su continuidad en el puesto. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, los ciudadanos tienen mucho que decir y que de - cidir, sobre todo en el nivel local: eligen a la autoridad municipal, al jefe de policía, al juez, a la junta escolar. Mediante cada vez más usuales re/erenda aprueban y derogan leyes de nivel municipal y estatal (o provincial, en Canadá), entre otras las relativas a los impuestos locales que habrán de pagar. Como prueba de la confianza que se tienen a sí mismos, sólo a los ciudadanos, a comunes y corrientes ciudadanos, les toca decidir si un acusado es culpable o inocente; el juicio por jurados es máxima evidencia de la confianza en la capacidad y responsabilidad cívicas de la gente común. Por cierto, el paisaje de Estados Unidos y Canadá no siempre es idílico: en ambos países abundan quienes se sienten alienados del gobierno. Es el caso de lo s quebequenses de habla francesa: usan el "nosotros" para referirse a "su" provincia, y reservan el "e llos" para un gobierno federal que mu c ho s no perciben como propio. En Estados Unidos, durante y después de la esclavitud, los negros permanecieron segregados; todavía hoy muchos de ellos, al igual que gran parte de la población de origen latinoamericano, siguen marginados (¿aulOmarginados?) de la vida política. La criminalidad, la drogadicción, los motines urbanos, la proliferación de gente sin hogar, son síntomas de un deterioro profundo de la convivencia social y la participación política en el país del Tío Sam. A tal punto que hay quienes, como Benjamín Barber, sienten que se les está expropiando el "nosotros" democrático ". 15 . Conferencia magi s tral diclada en el XVI Congreso Mundial de la Asociación Internacio - nal de Ciencia Política , Berlín , agosto de 1994. Véase además C. Wrighr Mills, Úl é lire del poder, FCE, México , 1987; escrito en los cincuenta. Este libro posrula -y criticaque una élite in- Democracia y panicipación en América Laúlla 57 de, un sistema político que les era totalmente ajeno, y que los marginaba absolutamente. En el siglo XX, con el desarrollo de las comunicacio ne s y la migración rural-urbana, con la sindicalización, la cultura política de importantes núcleos de la población fue evo lu cionando: saben que hay un Estado y un gobierno, cuy as leyes y disposiciones deben respetar so pena de castigo, y aunque no conci b en que puedan influir en su conformación o sus decisiones, sienten que pueden esperar algún tipo de ayuda de parte de éste. Es la cultura política del súbdito o del subordinado, un poco a la usanza del antiguo régimen en Europa. También en el siglo XX algunos países (Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, los primeros) fueron avanzando hacia un tipo superior de cu ltura política, la del participante, la del ciudadano y contribuyente que siente que su voz, su voto y sus impuestos sí valen, y que exige influir en la s decisio nes pú - blicas. Muchas veces duramente reprimida por dictaduras militares, la cultura política de participación ha vuelto a aflorar y se ha generalizado en la s luchas por la democracia habidas en América Latina en las últimas dos dé ca das del siglo XX . Es imperativo afianzar esta cultura de participación, no dejar que el entusiasmo participativo decrezca al haber conseguido su objetivo inmediato de instaurar gobiernos electos, y convertirla en una cultura cívica: la cultura del ciudadano que sabe que su voto, su voluntad y sus impuestos son los que erigen al Estado y al gobierno, y actúa en consecuencia; la del ciudadano que vigila la actuación de sus gobernantes y representantes y los obliga a rendirle cuentas; la del ciudadano que forma agrupaciones, defiende sus intereses, expresa sus opiniones; la del ciudadano que sin carrera política previa se lanza como candidato a puestos públicos; la del ciudadano que resuelve sus diferencias por las vías institucionales, sin pedir ni dar favores especiales, sin caer en las prácticas del "a migui smo", del "i nfluyentismo ", o de la corrupción. La cultura CÍvica sólo puede florecer en un sistema de le gitimac ión racionallegal" del gobierno: una legitimidad que en la realidad -y no sólo en los textos constitucionalesse base en el acatamiento a un siste ma de normas legales racionalmente establecido en beneficio y con la participación de todos. Para que esto pu eda darse, son necesarios pactos fundacionales que aseguren a todos la igualdad ante la le y y la posibilidad de participación política irrestricta, pero también las condiciones sociales para que tales igualdad y participación pu edan ser ejercidas efectivamente: cuando el estómago ruge por hambre o la mente languidece por falta de educación, es difícil para cualquiera ejercer sus derechos cívicos. 21. Max Weber, Economía y sociedad. México, FCE. 1984, pp . 695 Y ss. 58 Araucaria Nro. 4 Charles HiII Green vio esto con e1aridad en la Inglaterra de fines del sig lo XIX: "el habitante subalimentado de una vecindad inglesa", decía, participaba en la civilización de su país poco más que un esclavo en la de Atenas". La política liberal que Green postulaba es esencialmente un esfuerzo para proporcionar un modo de vida humano para el mayor número de personas, en cuyo centro está la concepción de un bien generala bien comú n suscepti ble de ser compartido por todos; para ello, a cada ciudadano debe garantizarse un "mínimo social" que le permita construirse una vida digna. Tal ha de ser la base de la legislación y las políticas concretas, para que todos tengan igual oportunidad de desarrollar libremente sus vidas sin otro límite que el de sus propias aspiraciones y capacidades. Los latinoamericanos tenemos pactos fundacionales. Los de los tiempos de la independencia y las primeras constituciones con vigencia real fundaron las naciones que hoy conocemos, afirmaron declarativa mente los principios democráticos -tantas veces vnlnerados en la prácticae instituyeron el sistema presidencial como forma de gobierno. En la lucha por la democracia librada en los años 1980's y 1990's, en algunos países se suscribieron pactos explícitos entre las principales fuerzas políticas (Uruguay), se establecieron nuevas constituciones (Brasil) o se reformaron las ya existentes (Argentina, Centroamérica), y en otros el pacto fue simplemente implícito (México): hacer realidad los principios constitucionales. Pero todos estos pactos fundacionales, antiguos o contemporáneos, son de índole casi puramente política: se refieren a quién debe gobernar, pero poco dicen sobre para qué y para quién debe hacerlo. Lo que necesitamos ahora son pactos sociales (como el de La Moneloa, España, 1977) que aseguren la democracia política y las li bertades individuales, pero que también garanticen que la acc ión de gobierno se orientará a crear condiciones económicas y socia le s más equitativas, que permitan a todos participar efectivamente en la democracia política y disfrutar plenamente de sus libertades, las cual es no se ago tan en el acto de votar, en la libertad de expresión y en otras libertades políticas indispensables, sino que deben expandirse para que cada quien pueda decidir libremente sobre cómo será su propia vida, sin la s ataduras del origen social, la ignorancia o la miseria. Tres grandes familias filosófico-políticas pueden contribuir a fundar un pacto social en el sentido antes dicho: el liberali smo social, el socia li smo democrático y el humanismo cristiano. 22. George H. Sabine. Historia de la (eoríapolflica. Méx.ico. FCE, 1982, pág. 527. Esta ex posición del pensamiento de Green se basa en Sabine. op , cit .. pp. 525-535. Democracia y participación en América Latina 59 El liberalismo social, al igual que otras vertientes del liberalismo, tiene sus orígenes en John Locke, al afirmar que en el estado de naturaleza cada hombre es libre de apropiarse de todo aquello que pueda hacer fructificar Con el trabajo de sus propias manos, y no más. Locke postu la así la idea de que la propiedad se basa en el trabajo humano fecundador de la naturaleza, y también que la concentración extrema de la propiedad es contraria al orden natural. El ulterior desarrollo del liberali smo olvidaría durante casi dos siglos estas ideas. En efecto, el liberalismo clásico, favorecido por la s burguesías ascendentes de los siglos XVIII y XIX en su lucha revolucionaria contra el absolutismo monárquico y la nobleza, asumió características típicamente individualistas, que se concretaron en su ideal del horno oeconomicus, el ser humano como un ser egoísta y racional que persigue só lo su propio beneficio, contribuyendo así, si n quererlo ni saberlo, a la "riqueza de las naciones", como afirmaba Adam Smith". Fue en el siglo XIX cuando surgiría con fuerza el liberalismo social; para ese momento ya eran visibles los estragos sociales y morales que el de sarrollo del capitalismo había producido entre las masas trabajadoras. Es de señalar que en esta misma época en México también aparece el liberalismo social, representado entre otros por Loreozo de Zavala y Mariano Otero, con la preocupación de mejorar las condiciones de vi da de las ma sas campesino-indígenas para incorporarlas efectivamente a la vida política y al progreso económico". Al ideal del homo oeconomicus propio del liberalismo individualista, el liberalismo social contrapone el del ser moral, de inspiración kantiana (y antes, aristotélica): si bien todo individuo persigue sus propios fine s e intereses, y debe se r libre de hacerlo, también tiene la persona una dimensión moral que se expresa en su compromiso con el bienestar de los demás. En el siglo XX, John Rawls es quien más ha desarrollado la vertiente social del liberalismo, retomando ideas del contractualismo para construir sus modelos de la "sociedad-bien-ordenada" y de la "persona moral". Rawls propone que toda "sociedad-bien-ordenada" debe basarse en un pacto fundamental que asegure la vigencia de los que llama "dos principios de justicia": "l. Cada persona ha de tener un derecho igual a libertades básicas iguales y compatibles con similares libertades para todos; y 2. Las desigualdades sociales y económicas sólo pueden consentirse si sirven para el beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad y si están anexas a cargos y posiciones accesibles a todos en imparcial igualdad de oportunidades." 23. Cfr. Adam Smith, Investigación sobre la riqueza de las naciones, FCE. México , 1958 . 24. Cf r. Jesús Rey es Heroles. El liberalismo mexicano, FCE, México, 1974. 60 Araucaria Nro. 4 En tal sociedad. "todos los bienes sociales primarios -libertad y oportunidades, ingresos y riqueza, bases para la autoestimadeben distribuirse por igual, salvo que una distribución desigual de alguno o de todos estos bienes produzca una ventaja a los menos favorecidos"". La igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los bienes sociales primarios servirán para que las personas puedan desarrollar libremente sus planes de vida. Muchos aspectos del liberalismo social coinciden con, o so n directamente tomados de, el humanis mo cristiano, de la preocupación religiosa por el libre desarrollo de la persona (como es el caso del propio John Locke). Tal preocupación se expresa en el sexto mandamiento (" Amarás al prójimo como a ti mismo") y en los principios de la caridad cristiana" y del libre albedrío ". Durante siglos, surgieron esporádicamente dentro del cristianismo, tanto católico como protestante, grupos que predicaban el comunitarismo como ideal de vida. A fines del siglo XIX la iglesia católica pasó a preocuparse seriamente porque sus ideales de vida personal se tradujeran en un ideal social. Como signo de los nuevos tiempos y la s nuevas ideas, en 1891 el Papa publicó su famosa encíclica De rerum novarum ("De la s cosas nuevas"): por un lado combatía al socialismo , por el otro criticaba al materialismo egoísta del capitalismo, y proponía a los católicos que se involucrasen en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de las clases trabajadoras. Vinculados con esta búsqueda, a principios del siglo XX surgieron en Europa los primeros partidos de inspiración demócrata-cristiana, que recogieron la s doctrina s contractualistas de antiguos pensadores jesuitas españoles como Mariana, Suárez y Vitoria (que anteceden a Locke en su postulación de que la sociedad y el gobierno nacen de un contrato cuyo objeto es el bienestar de las personas). Posteriormente los católicos franceses Jacques Maritain y Emmanuel Mounier trataron de dar mayor concreción a los vagos ideales cristianos de justicia social. Maritain, con inspiración tomista, afirmó la subordinación del gobierno al bien común y a la sociedad que le da origen 28 . Mounier proponía un "socialismo personalista y comunitario"29, que 25. Cfr. John Rawls, A Theory Di Justi ce, Oxford University Press, Londres, 1971, pp. 302-303. Hay edición en español: Teoría de la jus/ieia, FCE . México, 1979. Dada la complejidad y extensión de la obra, será conveniente la lectura previa de Joho Rawl s. Sobre Jas liberrades, Paidósll.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. 1990 . Un buen comentario es José Rubio Carracedo, Paradigmas de la política. Del Estado justo al Estado legí - timo. Anthropos, Barcelona, 1990, esp. pp. 153 - 24l. 26. Del latín caro, verbo, y ca rilas. sustantivo: cuidar de, cuidado de . 27. Libertad de decidir sobre la propia vida y los propios aelos. 28 . Cfr. Jaegues Maritain, Humanismo im egr al, Ercilla (Biblioteca Cóndor), Santiago, 1941. 29. Cfr. Ernmanucl Mounier, El personalismo, Editorial Universitaria de Buenos Aires , Bueno s Aires, 1970. Democracia y participación en América Latina 61 fue adoptado como meta por los católicos de izquierda. En lo s alias sesenta, el Concilio Vaticano II primero, y la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM, en especial la realizada en Medellín, Colombia, 1968) profundizaron el compromiso social de la iglesia católica y de sus fieles, que luego se expresaría muy radicalmente en la "teología de la liberación". En suma, la iglesia católica, pero también numerosas iglesias protestantes, tienen hoy una visión del ser en sociedad que pasa por la participación, la libertad, el respeto a la persona humana y la búsqueda del bien común. Originado en Marx y en otros pensadores y activistas europeos del siglo XIX, el socialismo democrático es, como el liberalismo social y el humanismo cristiano, una filosofía que busca la liberación plena del ser humano, en este caso por vía de una transformación radical de las estructuras económicas y políticas del capitalismo. En el sig lo XX, el socialismo se dividió en dos grandes vertientes. La leninista, que propugnaba la revolución violenta y la instauración de la dictadura del proletariado como medios para arribar al ideal de la sociedad comunista, permitió notables avances sociales y económicos en los países en que se hizo realidad, pero conculcó la libertad y la iniciativa individual; de ahí su derrumbe en la Unión Soviética y la Europa Oriental. La otra vertiente es la de quienes sostuvieron que el socialismo debía alcanzarse por medio de la lucha política democrática: en alguna medida Federico Engels en su póstuma "Introducción de 1895" 30, pero sobre todo el alemán Karl Kautsky'l, el austríaco Max Adler" y contemporáneamente los italianos Norberto Bobbio" y Umberto Cerroni". Todos ellos sostienen -con diversas variantes, y con mucha ambigüedad en el caso de Engelsque la profundización de la democracia necesariamente llevará al socialismo, y que el socialismo sólo tiene sentido si es democrático. La mayor parte de Europa Occidental está hoy día (2000) gobernada por partidos socia li stas democráticos seguidores de la "tercera vía" del primer ministro británico Tony Blair y de su consejero Anthony Giddens, o del "nuevo centro" del canciller alemán Gerhardt Schroeder. Estos partidos y sus gobiernos, es necesario decirlo, han abandonado ya sus intenciones de transformar radicalmente sus sociedades, para plantearse ideales bastante compatibles con los del liberalismo social; tanto, que hay autores que hablan de un socialismo 30. crr. Karl Marx, La lucha de clases en Francia: de 1848 a 1850, Anlco, Buenos Air es, 1973, que incluye la citada " Introducción ", de Engels en pp. 9-38. 31. Cfr . Karl Kaulsky . El camino del poder, Fontamara, Barcelona , 1979 . 32. Cfr. Max Adler. La concepción del Estado en el marxismo. Siglo XXI, México, 1982. 33. Cfr. Norberto Bobbio, E/fulIIro de la democracia, FCE, México, 1991. 34. Cfr. Umberto Cerroni , Teoría política y socialismo, Era. México. 1973. especialmente . pp. 46-89. 62 Araucaria Nro. 4 liberaP~. así como otros de un liberalismo socialis ta 36• expresando con estos términos la confluencia de ambas corrientes. Las tres grandes familias filo sóf icas mencionadas tienen raíces sólidas América Latina. El liberalismo inspiró las luchas por la independencia y, durante el siglo XIX, impulsó -con grandes limitaciones y erroresla modernización política y social de nu es tros países. El catolicismo y la ética vincu lada a él es la religión de la mayoría de lo s latinoamericanos. El sociali sm o tiene una larga historia de lucha en el continente, a través de diversos partidos y organizaciones (no siempre democráticos, cabe señalarlo). Incluso, estas tres corrientes tienen a veces expresión partidaria concreta, como en México: el Partido Revolucionario Institucional ha estado vinculado desde antiguo a la ideología del liberalismo social (y no sólo cuando así lo declaró el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992)"; el Partido Acción Nacional, actualmente en el gobierno, defiende los principios del humanismo cristiano; y el Partido de la Revolución Democrática, que agrupa a militantes de extintos partidos socialistas con expriístas de izquierda, podría ser considerado -forzando tal vez un poco los términoscomo una agrupación socia ld emócrata. No se trata aquí de proponer un sincretismo entre las tres fami lias mencionados, ni de anular artificiosamente las divergencias entre unas y otras y sus expresiones políticas concreta s: no todos sus seguidores piensan igual rti quieren las mismas cosas, ni tendrían por qué hacerlo. Sin embargo, coinciden en su ideal de una sociedad abierta, con democracia, libertad, respeto a la persona humana y ju sticia social; coinciden también en que se enfrentan a los mismos enemigo s: la dictadura, la intolerancia, el inmovilismo, el privilegio. Debido a tales coincidencias pueden contribuir a crear consenso sobre los pactos sociales fundacionales que lo s latinoamericanos necesitamo s: pactos que no lo resolverán todo, por cierto, pero que podrán sentar las ba ses de un modo de gobierno y de vida social basados en la democracia, la equidad y la garantía de un mínimo social que permita a todos ejercer plena y responsablemente su libertad. No es necesario que tales pactos se asienten en nueva s constituciones o en declaraciones solemnes. El pacto social fundacional es algo más simple: es la conciencia y el consenso, difundido y difuso, de que debemos construir un Estado social de derecho" y una sociedad más democrática, más justa, más libre y 35. Cfr. CarIo Ros se Jli , Socialismo liberal, Editores M exica nos Unidos, México, 1977. 36 . José Ort eg a y Gasset afirmaba: "Luego no es posible hoy otro libe r ali s mo que el liberalismo socialista". Cit. po r Francis co Gil Villegas, " El liberalismo soc ial de Orlega y Gassel ". en Examen, ma yo de 1993, pp. 14 Y 15. 37. Es de mencionar que desd e su derrOla en la s e leccion es presidenciales de 2000, hay en su seno quienes plantean asumir una línea socia ldem ócrata. Democracia y participación en América Latina 63 más plural, en que todos tengamos igualdad de oponunidades y condiciones para realizar plena y satisfactoriamente nuestras vidas. Sobre ese consenso básico podrán articularse propuestas concretas, competir partidos adversarios y plantearse políticas públicas de diverso tipo, sobre cuya validez y pertinencia só lo a la ciudadana tocará decidir en cada momento. 5_ La lucha por la democracia y la si tuaci ón actual Un orden constitucional y social verdaderamente democrático no puede surgir sino de la existencia de una sólida hegemonía política dentro de una formación socia l. El Estado, enseña Gramsci, es una cambiante ecuación de "hegemonía más coerción". Y hegemonía, agrega el pensador italiano, es "la capacidad de obtener el consenso activo de los gobernados"". Cuanto mayor la dosis de hegemonía, tanto menor la cuota de coerción. La historia de América Latina es -co n pocas excepciones y ha sta recientementela historia de la usurpación del poder por pequeñas élites que, pese a reivindicar verbalmente las ideas constitucionalistas y democráticas, han hecho escarnio tanto de las constituciones como de la soberanía popular que formalmente han invocado. Las clases dominantes latinoamericanas, al no lograr afirmarse hegemónicamente como tales, han recurrido y otra vez al autoritarismo y la coerción -revistiéndo lo s casi siempre de un ropaje constitucionalpara lograr el control del Estado y de la sociedad. Por ello, durante gran pan e de su historia independiente, la mayor parte de las naciones latinoamericanas estuvieron sometidas a regímenes autoritarios de diverso cuño y/o a la inestabilidad política. Las cosas han cambiado en las últimas dos décadas, cuando todos los p aíses latinoamericanos fueron accediendo por diversos y anfractuosos caminos a la democracia política, y dando a sus pueblos la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes (salvo el ya señalado caso de Cuba, donde la vigencia de un régimen de partido único impide conocer la real voluntad de sus ciudadanos). Junto con este cambio político, los años 1980's y 1990's se caracterizaron en América Latina por la generalizada reconstrucción de los espacios y las relacio38. El "Estado social de Derecho" es un po stu lado de la Co ns titución española de 1978. 39. Cfr. Anton io Gramsci, Noras sobre Maqui av elo, sobre política y sobre el Estado moder- "0 , Juan P ab las Editor, México, 1975. Un comenlario apl i cado a América Latina se encuentra en Gustavo Ernesto Emmerich, Voro s y botas. H egemoní a y dominación en Argelllina. Brasil )' Venezuela, Universidad Autónoma del Estado de México (Facultad de Ciencias Políticas y Administración Públi ca), Toluca (México), 1986 , pp. 15 -32. 64 Araucaria Nro. 4 nes económicos, políticos e ideológicos. Esta reconstrucción implicó, entre otras c05a5 40: • La restauración (en unos casos) y la consolidación (en otros) de la democracia política, con mayor y más real competencia electoral y con recambio de partidos en el gobierno en la mayoría de los países. • El desmoronamiento del incipiente (si se 10 compara con Europa, Canadá, Estados Unidos) Estado benefactor/productor que se había co n struido en los decenios anteriores, y su reemplazo por lo que podría llamarse Estado regulador/impulsor, esto es, que regula aspectos básicos de la convivencia social (entre los cuales destacan algunas variables económicas: salarios, tasas de imerés, tipos de cambio) e impulsa a la empresa privada en un esquema de libre mercado, pero que ya no atiende debidamente a los imperativos del bienestar social. • El papel cada vez más determinante del libre mercado como principal estructurador de la s relaciones económicas y sociales, coherente con una menor presencia estatal en tal estructuración. • El descenso de los niveles de vida de ampl ios segmentos de la población, debido a la generalizada y fuerte baja de los salarios reales a partir de la crisis económica de 1982, combinada con niveles elevados de desempleo. • El aumento de la marginalidad social, de la pobreza y del desempleo estructural, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a un empleo asalariado en los sectores modernos de la economía. • La retracción (con excepciones lo ca le s y temporales) del peso social de los partidos de izquierda, de los movimientos sindicales y en general de la cultura contestataria y revolucionaria propia de los años 1960's y 1970's. • El aislamiento político de los movimientos revolucionarios armados, como en Perú, o su paulatina conversión en fuerzas políticas legales, como en Centroamérica (siendo Colombia una notoria excepción a esta pauta). • El auge de la ideología llamada "neoliberal ", que con ideas netamente individuales y libremercadistas reniega de valores otrora tan arraigados en América Latina como la protección a la industria, la promoción vía sindicato o acción grupal del ni v el de vida de los trabajadores, el asistencialismo estatal, el nacionalismo, etc, 40. Para una fundamentación. véase Gustavo Ernesto Ernmerich, América Latina: hacia el fin de siglo (Estado y políticas económicas en México, Brasil y Argentina), Universidad Autónoma Metropolitana (División de Ciencias Sociales y Humanidades, Iztap a lapa) , 1991. Democracia y panicipación en América Latina 65 En este marco, el logro rec ie nte de la democracia política permite plantear una cuestión y un reto. La cuestión: ¿han afianzado las clases dominantes su hegemonía en términos gramscianos, lo que les permite ahora gobernar -a través de diversos partidos y élites de podere imponer sus proyectos con consenso social? El reto: profundizar la democracia política para convertirla en democracia integral, en la que los ciudadanos unidos en consensos fundacionales, y no las clases privilegiadas, sean quienes realmente gobiernen sus propios destinos, con conocimiento de sus problemas y con derecho real a encontrar sus propias soluciones, mediante el diálogo y el debate libres. Este reto sintetiza el gran problema teórico y práctico del momento actual. En los 1950's, el gran problema de América Latina, tanto para los líderes políticos como para los científicos sociales, era el del desarrollo; se construyó así la importante teoría del desarrollo originada en la CEPAL, que buscaba superar "los obstáculos al cambio"" y crear la s bases para la modernización económica, social y cultural. En lo s aftos 1960's, el gran problema era el de "reforma o revolución": ¿reforma al estilo de la "revolución en libertad" del democristiano Eduardo Frei en Chile (1964-1970) o revolución socialista y dict ad ura del proletariado en la senda de Fidel Castro en Cuba (1959 a la fecha)? Los ideales reformistas y revolucionarios fueron eclipsados desde mediados los 1960's y hasta entrados los 1970's, por la larga noche de la s dictaduras que asolaron a América Latina; en esos años el problema principal fue la lucha contra las dictadura s. Durante los 1980's y 1990's, lo s problemas centrales fueron tres: en lo político, la transición a la democracia, y luego su consolidación; en lo social, el crecimiento de la pobreza; y en lo económico, la superación de la crisis de la deuda externa estallada en 1982 (tan aguda que llevó a que los 1980's pudieran ser considerados como "el decenio perdido para el desarrollo"). El tiempo pasa, los problemas cambian, y nosotros también cambiamos. Sin embargo, el gran problema de este nuevo siglo de alguna manera engloba a todos lo s anteriores: es el problema común y compartido de con so lidar la democracia, ampliar los ámbitos de libertad personal, retomar con bases firmes y equitativas el crecimiento económico, y proporcionar a todos condiciones para construir dignamente sus propias vidas. 41. Cfr. Claudio Véliz, Obstáculos para la transformación de América LaliIlQ, FCE. Méxi - co, 1969. 66 Araucaria Nro. 4 6. Las oportunidades del milenio Nunca los latinoamericanos tuvimos mejores oportunidades para atender nuestros problemas. Dos elementos principales contribuyen a crearlas: la democracia política y la desaparición o crisis de los paradigmas ideológicos que durante décadas dominaron el panorama político de la región. La caída y descrédito del comunismo como forma de organización social y política y modelo a seguir, junto con la virtual de sa parición de las corrientes estatistas y populistas que en su momento tanto contribuyeron a la industrialización y a la democratización social de nuestra parte del mundo, han dejado desorientados a muchos, sin un referente por el que guiar sus ideales y s us acciones. Mientras esos paradigmas se derrumban, por casi toda América Latina campea -y convence a muchos ciudadanoslo que se ha dado en llamar "neoliberalismo"42, y que debería rebautizarse mejor como " neoconservadurismo". En toda la región los gobiernos, si bien democráticamente electos, aplican políticas que -por lo menos hasta el momento-han contribuido al empobrecimiento y a la marginación de amplios sectores poblacionales. Son ra sgos característicos de estas políticas la retracción del Estado, la liberalización de los mercados internos y externos, el favoritismo gubernamental hacia la gran empresa, la reducción de los salarios reales -para incrementar las tasas de gananciay del consumo interno -para generar mayores saldos exportables-, el fomento a una cultura individualista del "sálvese quien pueda", entre otros. Las razones de la popularidad del "neoliberalismo" son varias. Una de ellas es que las políticas aplicadas bajo el manto de esta doctrina son favorables a las grandes empresas y a las capas sociales más acaudalas, por lo que éstas dedican importantes recursos y esfuerzos a su difusión y a presentarlas como la única opción para la "modernización ". Otra es el decidido impulso que a las mismas dieron, en todo el mundo, los gobiernos conservadores del Reino Unido (Thatcher-Major, 1979-1997) y Estados Unidos (Reagan-Bush, 1981-1993), así como los principales organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. La tercera es el fracaso o descrédito de sus principales alternativas conocidas en América Latina: el comunismo y el estatismo. Sin embargo, todo esto no podría haber hecho que la población latinoamericana apoyase 42. El término "n eolibera l ismo" fue originalmenle usado en el Cono Sur para hacer referen - cia a dictadura s militares que, mediante el más crudo autoritarismo político, pretendían imponer el liberalismo económico. Luego. se aplicó a la filosofía político·económica del liberalismo clásico individualista y antiestatista, que renacido prima hoy en el mundo.