Por los servicios sociales y la participacion de los ciudadanos

POR LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS JOSÉ ANTONIO CASTRO ROMÁN A día de hoy, en un contexto de crisis, instituciones que operan a niveles supranacionales están imponiendo las reformas y las políticas que creen necesarias. Por eso, cuando toma fuerza el debate en torno a qué modelo de Estado debemos seguir (autonomías, modelo federal, o modelo republicano, entre otros), Izquierda Unida también tiene su propuesta. Debemos reflexionar sobre qué modelo de Estado se está alcanzando con la aplicación, hasta sus últimas consecuencias, del dogma del déficit establecido por la Troika. Tanto la Troika como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea están imponiendo las medidas y políticas que todos los países tienen que desarrollar, cuando se trata de instituciones que no han sido votadas por los ciudadanos y que defienden unos intereses muy concretos, los intereses del poder financiero, fundamentalmente especulativos. Por tanto, la crisis, que para Izquierda Unida es una estafa, tiene muchos prismas. Se habla de crisis financiera, medioambiental, alimentaria, de valores. Respecto a la crisis de soberanía, que propicia que un Presidente del Gobierno diga que está incumpliendo todas sus promesas, pero que hace lo que tiene que hacer, y que ha desembocado en que los políticos tengan cada vez menos estima entre los 68 Por los servicios sociales y la participación de los ciudadanos ciudadanos, debemos plantearnos hacia dónde camina la arquitectura político-administrativa del país con el desarrollo de las políticas ejecutadas desde el año 2008. El artículo 135 de la Constitución se reformó para obligar a los gobiernos a que la prioridad del pago fuera ante todo la deuda, por encima de las políticas sociales, de la educación, de la sanidad. Las comunidades autónomas están dejando su autonomía, también la andaluza, en papel mojado. Como asegura el sociólogo Eduardo Moyano, vivimos en una ficción que hace que la población crea que los gobiernos autonómicos sean los responsables de la cantidad y calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, cuando, en la práctica, dependen del Gobierno central. Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, se financia en un 85% del dinero que le llega con carácter finalista del Estado español y de la Unión Europea. Desde que estamos en esta legislatura, el nuevo gobierno se encontró con recortes superiores a los 2.700 millones de euros. Para hacer los presupuestos de este año, se encontró con que el Gobierno de España, en función del dogma del déficit, quitaba algo más de 3.000 millones de euros para prestar esas políticas sociales. En dos años Andalucía se ha encontrado con cerca del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) menos de recursos para ofrecer los servicios que hasta ahora ofrecía. El debate siempre gira en torno a la economía y al sector financiero, fundamentalmente especulativo, y nos encamina hacia el desmantelamiento de los servicios públicos y del estado de bienestar. Tenemos que demostrar que desde las comunidades autónomas se gestionan con mayor eficacia los servicios que se prestan y solicitar justicia para garantizar los derechos. Con este sentido, Izquierda Unida apuesta por una reforma de la Constitución, 69 José Antonio Castro Román que obligue a que el pago en sanidad, educación y en dependencia sea irrenunciable, y prioritario frente a otras políticas. Además de en materia de suficiencia financiera, Andalucía también tiene la oportunidad en este momento de alzar su voz, no sólo para defender sus derechos. Es un buen momento, frente a la tensión de los dos nacionalismos, un nacionalismo periférico, que quiere tener más privilegios, y un nacionalismo españolista, representado por el Partido Popular, que quiere devolver a Madrid todas las competencias y quitarle a los pueblos de España la capacidad para gestionar sus propios servicios. El 28 de febrero es un buen momento para reivindicar a Andalucía. Más que de modelo de Estado deberíamos hablar de un necesario proceso constituyente en nuestro país, en el que participen los ciudadanos, pues en su mayoría, casi un 60%, no participaron en la Constitución de 1978. Los ciudadanos deben tomar la palabra, aunque sólo sea posible por la movilización y la presión ciudadana frente a aquellos que hoy defienden casi exclusivamente los intereses de la Troika. Sólo desde la derrota de este modelo injusto e insolidario, que está excluyendo a miles de ciudadanos, podremos plantearnos qué papel juegan las autonomías, y qué camino debemos tomar, la República federal o un Estado de las autonomías. Para Izquierda Unida, la prioridad debe ser terminar con la estafa de la crisis para que sean los ciudadanos los que elijan su rumbo.