Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana: el movimiento indígena ecuatoriano en la encrucijada

Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 ISSN: 1696-2060 © Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 23 ENTRE EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LA REVOLUCIÓN CIUDADANA: EL MOVIMIENTO INDÍGENA ECUATORIANO EN LA ENCRUCIJADA Emma Martín Díaz* * Universidad de Sevilla, España. E-mail: [email protected] Recibido: 4 octubre 2013 / Revisado: 2 febrero 2014 / Aceptado: 20 diciembre 2014 / Publicado: 15 octubre 2015 Resumen: El movimiento indígena ecuatoriano constituye un referente paradigmático de la lucha de los pueblos originarios y las culturas ancestrales a escala global. Una prueba de su importancia es la Constitución de 2088, que define al Estado como plurinacional e intercultural. Esta definición supone el reconocimiento de los pueblos indígenas como nuevos sujetos sociales, y una reformulación del modelo de ciudadanía. Sin embargo, cinco años después del Proceso Constituyente, el movimiento indígena se encuentra sumido en una importante crisis. Este trabajo se centra en el análisis de las causas que determinan la crisis actual, y en particular en las políticas que desde el gobierno y desde el movimiento político Alianza PAIS tienen como objetivo la desactivación del movimiento indígena, la deslegitimación de sus líderes y la pérdida de la autonomía territorial, así como en las estrategias desplegadas por el propio movimiento para hacer frente a esta agresión. Palabras clave: pueblos indígenas, plurinacionalidad, interculturalidad, movimientos sociales, Ecuador. Abstract: The indigenous movement of Ecuador has been a shining example of the battle of original peoples and ancestral cultures on a global scale. The most relevant of their achievements was the definition of Ecuador as an intercultural and plurinational State, incorporated in the 2008 Constitution. This definition entails the recognition of indigenous peoples as new social subjects. However, five years before the new Constitution, the indigenous movement is submerged in a deep crisis. On the one hand, this paper is aimed to throw new light on the governmental policies directed to undermine the indigenous movement and to delegitimize their leaders, and, on the other, it is focused on the strategies of the movement to confront the present situation. Keywords: indigenous peoples, plurinationality, interculturality, social movements, Ecuador. 1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS COMO NUEVOS SUJETOS SOCIALES: DE LA “DÉCADA GANADORA” A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE l movimiento indígena de Ecuador, desde sus inicios, se planteó una estrategia que iba mucho más allá de la mera supervivencia, demandando al estado políticas de reconocimiento que implicaban la creación de espacios de participación en la toma de decisiones como sujetos diferenciados de la sociedad nacional. Para ello, debieron desarrollar un alto grado de organización capaz de enfrentar el racismo secular mediante el recurso a la movilización de las bases en dos frentes concretos: en el interior, generando un interesante e innovador proceso de etnogénesis en el que pudieran reconocerse y expresarse las distintas culturas existentes, y en el exterior, manteniendo una actividad constante de reivindicaciones que E Emma Martín Díaz Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana 24 Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 en ocasiones señaladas llegó a colapsar las infraestructuras y las actividades económicas del país, particularmente en la Sierra. Esta doble actividad ha conformado a los pueblos indígenas del Ecuador como actores políticos de primer orden, con un peso determinante en el diseño del modelo de Estado. En palabras de Luis Macas, uno de los principales dirigentes históricos del movimiento indígena: “la década de 1980 fue la década ganadora”. Es en esta época cuando se crea la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI), y la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB). Está última se constituye como organismo autónomo e independiente del ministerio de Educación de la República. Al mismo tiempo, durante esta década se genera un espacio para el debate político y las reivindicaciones indígenas sobre la tierra y el territorio, así como sobre el reconocimiento de las formas jurídicas y las autoridades propias, que supone un decisivo “tour de force” a las autoridades estatales y una sacudida estructural al racismo secular del país. (Juncosa, 1991; Ehrenreich, 1991; Baud, 1996; Almeida, 1996, Wade, 1997, Stavenhagen, 2000, Barrera, 2001, Dávalos, 2002; Bretón y García, 2003; Restrepo y Rojas, 2004). En su conjunto todas estas acciones reflejan la existencia de un movimiento político organizado y fuertemente liderado, capaz de negociar con las instituciones del Estado como un sujeto político emergente. La demostración palpable de esta nueva realidad social de Ecuador tuvo lugar con el levantamiento del Inti Raimy de 1990, cuando los indígenas tomaron la capital, cortando las carreteras, y provocaron la paralización del país. Esta situación se mantuvo hasta que el presidente Rodrigo Borja se sentó a negociar con los indígenas, lo que en la práctica suponía la legitimación de éstos como actores políticos. Entre las 16 demandas del “Mandato por la Vida” que le entregaron al presidente, destaca la refundación del Estado de Ecuador como “estado plurinacional”, elemento central para superar el racismo estructural de los estados criollos. (Almeida, 1991, Ibarra, 1992, Moreno, Yánez y Figueroa, 1992, León, 1994, Roggiero, 2003). Tras este levantamiento, que demostró la enorme capacidad organizativa de la CONAIE, se produjeron varias movilizaciones generales más, de distinto tipo y alcance a lo largo de las últimas dos décadas. En 1994, contra la Ley Agraria promovida por los sectores empresariales (Guerrero, 1995). En 1997, contra el gobierno de Bucaram y a favor de cambios constitucionales, desembocando en la incapacitación por el Congreso del presidente y la formación de una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Constitución, la del 98, donde por primera vez se recogían, aunque de forma limitada, una serie de derechos colectivos indígenas. En enero de 2000, una nueva marcha sobre Quito en protesta por la dolarización de la economía y la congelación de depósitos bancarios, que condujo al derrocamiento del presidente Mahuad, a la efímera formación de un triunvirato presidencial, uno de cuyos miembros era un líder indígena, y al posterior “contragolpe” (Paz y Miño, 2002) las movilizaciones de septiembre del mismo 2000, a favor de un plebiscito para disolver el Congreso y la Suprema Corte de Justicia; el nuevo “levantamiento indígena nacional” de enero-febrero de 2001, con nueva toma de la capital y fuerte represión (Chiriboga, 2001); y la participación en la “rebelión de los forajidos” de abril de 2005, que derrocó al presidente Lucio Gutiérrez, con el cual había roto el movimiento indígena todo tipo de relaciones luego de haberlo apoyado en las elecciones presidenciales e incluso haber participado varios de sus líderes en el gobierno durante unos meses (Ramos, 2005). El protagonismo político del movimiento indígena ha sido, pues, determinante en los últimos veinte años, tanto a través de la CONAIE como del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, su brazo electoral que permite a aquella una mayor maniobrabilidad política, sobre todo en las alianzas con otros movimientos y partidos, aunque con desiguales resultados y consecuencias no siempre positivas para la propia cohesión del movimiento. La Constitución de 1998 y la más reciente de 2008 han sido consecuencias directas de la influencia en la política del país del movimiento indígena organizado, en alianza con otros sectores subalternos e incluso, en ocasiones con sectores de las mismas fuerzas armadas. En la Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana Emma Martín Díaz Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 25 primera de dichas constituciones, tras declararse en su preámbulo, de forma calculadamente ambivalente, “la voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas”, se define El Ecuador como “un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico” (art. 1). En correspondencia con el reconocimiento de la pluriculturalidad y multietnicidad, se otorga al quichua, al shuar y demás idiomas ancestrales el estatus de lenguas de uso oficial para los respectivos pueblos indígenas, si bien la lengua del Estado es sólo el castellano. Es, sin duda, en el capítulo cinco, titulado “De los derechos colectivos”, en su sección primera “De los pueblos indígenas y negros o afroamericanos”, donde está lo más novedoso del texto constitucional. En el artículo 84 se relacionan quince derechos colectivos que el Estado “reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas” y “a los pueblos negros o afroecuatorianos en todo aquello en que les sea aplicable”. Derechos que contemplan desde la conservación de la propiedad de las tierras comunitarias y la obligación de ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos que se hallen en sus tierras, hasta la administración y desarrollo de su patrimonio cultural e histórico, y el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales y de sus conocimientos y prácticas de medicina tradicional. Y, finalmente, en el título octavo, “De la Función Judicial”, se establece que “las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de acuerdo con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes” (art. 191). Si comparamos el texto constitucional de 1998 con el de 2008, vemos cómo en el segundo se ha avanzado y profundizado en la dirección propugnada por el movimiento indígena, con la CONAIE a la cabeza, y por sectores del pueblo negro o afroecuatoriano. En efecto, el preámbulo de la Constitución de 2008 se ha “indianizado” de forma evidente, alejándose de los contenidos de la anterior y del conjunto de constituciones de corte occidental propias del modelo de estado-nación. En él, se reconocen “nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos”; se celebra “a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”; se señalan “nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad”; se apela “a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad”; y se proclama ser “herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo”. Sobre estas bases, se afirma la decisión de “construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad “que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”. Sólo una mención a la integración latinoamericana –“sueño de Bolivar y de (Eloy) Alfaro”- matiza débilmente el carácter profundamente indígena de la declaración de principios. En su artículo primero, la nueva Constitución define Ecuador como un Estado “intercultural y plurinacional”. Nótese el profundo significado de la sustitución del término “pluricultural” por “intercultural” y “multiétnico” por “plurinacional”. En consonancia con esto, y a pesar de que no faltan prevenciones como la reiterada afirmación de “la unidad nacional en la diversidad” –que parece calcada de textos constitucionales en los que no se reconoce la plurinacionalidad-, se multiplican las referencias a las “comunidades, pueblos y nacionalidades”, se dedica un capítulo (el 2) del título Segundo y todo el título Octavo a “los derechos del buen vivir”, constitucionalizando el concepto kichwa del sumak kawsay, se considera a la naturaleza como suje- to de derechos (art. 10) y se repite constantemente que el principio de interculturalidad debe regir todos los ámbitos: educación, salud, medios de comunicación, cultura… En esta última dimensión, para citar sólo un ejemplo, ya no se alude a una (supuesta) cultura nacional sino al “conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador” (art. 380), siendo una de las responsabilidades del Estado “potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, del sumak kawsay” –reiterada alusión a este concepto, ajeno a la tradición euro-americana (art. 387.2). Emma Martín Díaz Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana 26 Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 La defensa del Estado plurinacional correspondió a la líder amazónica Mónica Chuji, que fue ministra portavoz del gobierno de Correa y posteriormente miembro de la Asamblea Constituyente, manteniendo en todo momento su afiliación a la CONAIE. En resumen, las reivindicaciones consistían en el derecho a la autodeterminación, la celebración de la diversidad, la lucha contra la discriminación mediante políticas de discriminación positiva, la redistribución, compartir decisiones sobre los recursos naturales, la nueva organización geográfica del Estado, otorgando a los territorios indígenas iguales privilegios que las divisiones geográficas tradicionales, la participación corporativa de las nacionalidades indígenas en todas las estructuras del Estado (Asamblea Nacional, Corte Suprema, Corte Nacional Electoral, y demás instituciones) y la consulta obligatoria a los pueblos indígenas con respecto a la explotación de los recursos naturales de los territorios, demandando, además, que esta consulta tuviera carácter vinculante. En la definición del Estado intercultural sus partidarios estuvieron liderados por Galo Ramón y el activista de Cotacachi Pedro de la Cruz, presidente de FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras). Este grupo, más que apoyar la celebración de la diversidad, que reconoce como derecho, pone énfasis en el proceso de convivencia y la celebración de la unidad. Coherentes con esta posición no son partidarios de la autonomía territorial, sino de la inclusión y la igualdad en la diversidad. Resulta lógico si atendemos al hecho de que a implantación de FENONCIN es mayor en territorios compartidos por mestizos e indígenas, y por afroecuatorianos. En este sentido, se centran en su lucha contra la discriminación y en el establecimiento de leyes de discriminación positiva. Muchas de estas medidas no formaban parte de la agenda política del movimiento Alianza PAIS, sin embargo, se logró alcanzar un consenso y ambos términos fueron incorporados, aunque no lo fueron todas las demandas incluidas en estas definiciones. Así, se acepta la plurinacionalidad, pero se proclama que la soberanía del Estado precede a la autonomía territorial., no se acepta la representación corporativa de los indígenas más allá de la representación democrática, y la consulta sobre los recursos naturales perdió su carácter vinculante al declararse su pertenencia al Estado. También la cuestión territorial permanece en una situación de indefinición, sin que se hayan formalizado las circunscripciones territoriales indígenas. Respecto a la cooficialidad de las lenguas, Alianza PAIS alcanzo un acuerdo para que el castellano sea la única lengua oficial del país, considerando al kichwa y al shuar como “lenguas de comunicación intercultural”.Por otra parte, aunque el Decreto Ejecutivo nº 60 de 28 de septiembre de 2009 contempla dispositivos contra la discriminación y desarrolla medidas de acción afirmativa, esta normativa legal es poco conocida y se aplica a un porcentaje muy amplio de población, favoreciendo a los sectores afroecuatorianos más cercanos a Correa. No podemos dejar este apartado sin hacer referencia a un hecho muy significativo: la Educación Intercultural Bilingüe estuvo a punto de quedarse fuera de la Constitución de 2008, ya que estaba en el punto de mira del nuevo gobierno. Según algunos informantes, si al final pudo salir para adelante fue porque se llegó a un pacto en educación entre el representante sindical de los maestros, Jorge Espada, que quería incluir el sistema de pensiones de los docentes, y la progresista Marta Roldós, quien le ofreció un pacto por las pensiones a cambio de incluir la Educación Intercultural Bilingüe en la constitución. 2. LA PUGNA POLÍTICA POR LA LEGITIMIDAD Y LA REPRESENTACIÓN: LA ESTRATEGIA DEL PRESIDENTE CORREA Y DE ALIANZA PAIS Parecería, visto el contenido de la Constitución actual, que la mayor parte de las reivindicaciones históricas de la CONAIE estarían conseguidas; y, sin embargo, en pocas ocasiones como ahora, a lo largo de sus veinticinco años de existencia, existe un más frontal enfrentamiento entre esta organización, y en general el movimiento indígena, y las autoridades del Estado. El desencuentro con el presidente Correa es total, ya que el proyecto político de este, centrado en la denominada “Revolución Ciudadana”, supone, desde la perspectiva del movimiento, una involución hacia el modelo de estado-nación, una negación de los derechos colectivos proclamados en la Constitución, que no se están desarrollando legislativamente e incluso están siendo cuestionados abiertamente Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana Emma Martín Díaz Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 27 (Ramirez Gallego, 2010) En este contexto, ya desde mediados de los años noventa, diversos autores –sobre todo de orientación marxistahan adoptado una posición crítica respecto a la activación étnica, sugiriendo, de forma unas veces velada y otras más directa, que el fomen- to de lo identitario y lo cultural ha ido en detrimento de las reivindicación de transformaciones económico-sociales y que la incorporación al texto constitucional de los derechos culturales está en la línea de la estrategia neoliberal. Esta es la base de lo que algunos denominan “la crisis del movimiento indígena” tanto en Ecuador como en otros países latinoamericanos (Zizek, 1997, García 2005, Jackson y Warren, 2005, Bretón et al., 2007, Bretón, 2008, Zamosc, 2007, Martínez, 2009). En contraste, otros estudiosos, sin dejar de reconocer los problemas existentes en dicho movimiento, subrayan, sobre todo, que para que exista realmente interculturalidad, las relaciones entre colectivos étnicos han de darse en un plano de igualdad, por lo que hoy la propia interculturalidad es un proyecto u horizonte a conquistar: la lucha habría de redoblarse en esta época de “post-reconocimiento” (Ibarra, 1999; Guerrero, 2000; Walsh, 2009). Los más recientes estudios e informes patrocinados por la UNESCO van, fundamentalmente, en esta dirección (UNESCO, 2009; Chambers y Stavenhagen, 2010). Las malas relaciones entre el gobierno del presidente Correa y la dirigencia indígena se hacen evidentes desde un primer momento, produciéndose una significativa división en el movimiento con motivo de la primera candidatura del actual mandatario, que fue apoyada por un sector de la CONAIE. Posteriormente, este enfrentamiento se irá haciendo más intenso y estallará con motivo de algunas decisiones tomadas por el ejecutivo, que suponen un ataque directo a los logros conseguidos por el movimiento indígena. En el campo de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), el Decreto Ejecutivo 1585 de febrero de 2009 abole la autonomía de las organizaciones indígenas para elegir las autoridades de la DINEIB, contratar profesores y producir currículo. En el plano administrativo, la entidad pasa a depender del Ministerio de Educación, que se hace cargo del currículo, mientras que el nombramiento de las autoridades y los contratos de los profesores recae sobre el Ministro. En la práctica, esto supone un vaciamiento del principio de plurinacionalidad tal y como se contempla en la Constitución, que reconoce la autonomía de la dirigencia para tomar decisiones en los temas que afectan a los pueblos y nacionalidades indígenas. La medida gubernamental provocó una intensa reacción del movimiento indígena, con una escalada del conflicto que desembocó en la muerte de un maestro shuar. Estos hechos obligaron al gobierno a la revisión del decreto, que acabó recogiendo la propuesta de la CONAIE de que las autoridades indígenas sean elegidas por “concursos de méritos”. También se crea la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, exclusivamente con carácter consultivo y con representantes elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muy cercano al ejecutivo. Por último, la restricción del desempeño del cargo de director Nacional o provincial a dos años y la prohibición de elegir a quiénes hayan cuestionado a la autoridad o hayan participado en una “huelga inconstitucional” busca reemplazar al liderazgo histórico del movimiento indígena y sustituirlo por gente afín. El ejemplo que hemos dado ilustra de manera palmaria la estrategia del gobierno de Correa en relación al movimiento indígena. En primer lugar, un vaciamiento de contenidos de los principios constitucionales. Sin embargo, este vaciamiento no se presenta como un ataque al movimiento, sino como una denuncia de la inoperancia y la corrupción de la dirigencia indígena. Para refrendar este proceso, se busca la sustitución de los líderes del movimiento por otros indígenas más cercanos a las posiciones políticas del gobierno. El resultado obtenido es la creación de líneas de fractura en el interior del movimiento entre los partidarios de las propuestas identitarias de la CONAIE y los que comparten los principio de la “Revolución Ciudadana”, que, para el ámbito educativo, suponen la adopción de los modelos centrados en la definición de la calidad por la evaluación y la baremación propios de los sistemas educativos anglosajones, para toda la educación, y en la traducción del currículo de las escuelas hispanas a las lenguas indígenas, para la EIB, despojándole de toda carga identitaria específica y diferenciada. Dos lógicas, pues, enfrentadas, en las que una es presentada como inaceptable, Emma Martín Díaz Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana 28 Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 mientras que se otorga la otra el distintivo de “eficiencia”, “objetividad” y “calidad”. En esta línea de actuación, el gobierno presenta su enfrentamiento con el movimiento indígena como la lucha de la Revolución ciudadana por acabar con el corporativismo de las organizaciones. Lo mismo sucede con las demandas indígenas sobre el territorio y los recursos, donde el gobierno de Correa argumenta que el “bien común” está por encima de los intereses corporativistas. La estrategia empleada en este terreno sigue las líneas maestras diseñadas para el tema de la EIB: se divide a la población indígena de los territorios afectados por las industrias extractivas prometiéndoles una redistribución de los beneficios obtenidos por las concesiones, y se desautorizan y deslegitiman las propuestas y demandas de las organizaciones indígenas. Para ello no se duda en invocar al racismo presente entre la población mestiza. De hecho, en su programa radiofónico semanal, conocido como “las sabatinas del presidente”, éste no duda en tildar a la dirigencia indígena de “mendigos sentados en un saco de oro” 1 . Por último, en aquellos casos en los que las políticas extractivas del gobierno han encontrado una fuerte resistencia por parte de las poblaciones indígenas habitantes de los territorios, el gobierno no ha dudado en enjuiciar a los activistas bajo la acusación de terrorismo. En el nivel simbólico, la política de vaciamiento de contenidos de la plurinacionalidad y la interculturalidad se centra en la apropiación del concepto indígena de Sumak Kawsay. En su origen, este concepto, desarrollado por la intelectualidad indígena, se presenta como un paradigma basado en la racionalidad propia de los pueblos indígenas y la cosmovisión andina, que se declara alternativo e incompatible con el de la modernidad occidental y el desarrollo capitalista. Sin embargo, el gobierno de Correa lo ha transformado en un slogan propangandístico de las políticas del “capitalismo extractivo” que practica, estando omnipresente en las incontables vallas y anuncios que informan a la ciuda- 1 El presidente Correa atribuye esta frase a Humboldt. Sin embargo, algunos historiadores consideran que la autoría de la misma corresponde a Antonio Raimondi. danía de las numerosas obras emprendidas por el gobierno por todo el país. Como señala Carmen Martínez Novo: “El proyecto de Correa podría caracterizarse como un nuevo indigenismo, donde la elite ilustrada se cree en capacidad de decidir sobre las culturas y el desarrollo de los pueblos indígenas….Sin embargo, el proyecto de Correa no es un proyecto de asimilación cultural como era el indigenismo clásico, sino que puede permitir la reproducción cultural sin que el grupo tenga el control sobre este proceso […]” (Martínez Novo, 2011, 197). 3. EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN LA ENCRUCIJADA: DISCURSOS Y ESTRATEGIAS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA PARA ENFRENTAR LA CRISIS En mi opinión, la crisis del movimiento indígena viene motivada por una pluralidad de factores: en primer lugar, la dirigencia debe pagar la factura de su participación en las elecciones legislativas y en los sucesivos gobiernos, en segundo lugar, debe hacerlo en medio de un ataque sin precedentes no sólo a sus logros, sus demandas y sus aspiraciones, sino también a su propia identidad cultural y, por ende, política, por último debe afrontar este “cansancio legislativo” y estos ataques constantes al movimiento en un contexto internacional que es sustancialmente diferente al existente en los años en los que el movimiento indígena alcanzó su mayor grado de apoyo y reconocimiento. Empecemos por el primero de los puntos; al que he denominado “cansancio legislativo”. En el caso del movimiento indígena, la dirigencia no sólo debe asumir los costes de los errores cometidos por las alianzas y estrategias políticas desafortunadas, sino que debe afrontar las acusaciones formuladas tanto desde el interior como desde el exterior del movimiento sobre el alejamiento entre la dirigencia y las bases (las comunidades). En este sentido es importante remarcar que este alejamiento debe ser relativizado, ya que si en lugar de comparar la situación actual del movimiento con la existente durante el punto álgido de su organización, lo comparamos con la distancia existente entre los parlamentarios de cualquier país de Europa y sus bases electorales, no podemos dejar de Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana Emma Martín Díaz Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 29 reconocer que la dirigencia indígena mantiene un contacto mucho más estrecho con las comunidades del que han tenido nunca los líderes de los partidos políticos españoles con sus votantes, pongamos por caso. Del mismo modo, pocas organizaciones mantienen una política de relevos en la dirigencia con tanta coherencia como la CONAIE. Desde este punto de vista podemos afirmar que el distanciamiento al que hemos hecho referencia es el reflejo directo de la participación continuada en los asuntos políticos del país, y que tampoco tendría ningún sentido plantearse cuál sería la situación si la estrategia de la CONAIE hubiese sido mantenerse alejada de la participación electoral, como a veces hacen algunos líderes del movimiento y algunas personas que lo han venido apoyando. En todo caso, lo que si se puede considerar es que el movimiento indígena se encuentra en un momento en el que resulta imprescindible hacer un balance de la situación y repensar las estrategias, y que de esta situación la dirigencia es plenamente consciente. Los puntos segundo y tercero se encuentran estrechamente interrelacionados. En los años 90, la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del modelo soviético dejó sin referentes a la izquierda internacional. Una buena parte de esta izquierda volvió sus ojos hacia los movimientos indígenas emergentes en América Latina, atraída por un mensaje ecologista que denunciaba los estragos de la globalización capitalista. En estos momentos los países occidentales se encontraban inmersos en un proceso ce crecimiento económico que propiciaba una cierta mirada romántica sobre estos movimientos. Sin embargo, la crisis económica que echó por tierra el modelo económico de los países occidentales ha coincidido con el resurgir de “la nueva izquierda latinoamericana”. Como señala Martínez Novo (2011, 201) “el movimiento indígena ha perdido relevancia como vanguardia de los grupos de izquierda anti-neoliberal con el proyecto post-neoliberal de Rafael Correa”. De este modo, una buena parte de la izquierda europea simpatiza con la Revolución Ciudadana, en parte, porque conecta con el “espíritu de la ilustración” que está en el ADN de estos grupos y organizaciones, y en parte, por su retórica antiimperialista. En este contexto, la política de deslegitimación de la dirigencia indígena emprendida por el gobierno encuentra escasas resistencias en la arena internacional. Por tanto, podemos afirmar que efectivamente el movimiento indígena enfrenta una crisis importante, sin embargo, esto no significa en absoluto que los indígenas no sean conscientes de esta situación, ni que no estén tomando medidas al respecto, como veremos a continuación. El día 11 de octubre de 2011 tuvo lugar en la Universidad Andina Simón Bolívar el evento “Ecuador Estado Plurinacional”. El acto estaba patrocinado por el CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador), la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador).Estructurado como un “Diálogo con los Taitas y Mamas, y con los jóvenes” en torno a la fecha emblemática del 12 de octubre, la dirigencia indígena se propuso analizar la situación actual del Estado plurinacional. Entre sus objetivos declarados estaba el deseo de orientar a la dirigencia para que “no se vayan por el camino dominante”. Desde el momento mismo de la inauguración, se ponen sobre la mesa los principales problemas que tiene el movimiento indígena: la división interna causada por el acercamiento de parte de la dirigencia a las posturas gubernamentales, el descontento de algunas comunidades con la participación electoral, el malestar por la pérdida de las conquistas más emblemáticas del movimiento y el temor a que los más jóvenes, educados en el sistema mestizo, renuncien a su identidad indígena. Para evitar esta deriva se enfatiza la importancia de recordar el pasado. Un pasado de resistencia y de lucha, pero también de conquistas y de logros. La invocación al pasado no debe entenderse como un reclamo nostálgico a la “edad de oro” del movimiento indígena, sino como una reivindicación de los orígenes del movimiento y un reconocimiento del proceso seguido, que culmina en la Constitución de 2008. Es, por tanto, una declaración de la voluntad de no renunciar a ninguna de estas conquistas. La dirigencia indígena denuncia que la crisis del movimiento tiene como causa principal el hecho de que las luchas que culminaron en el reconocimiento constitucional del Estado plurinacional e intercultural se están viendo cuestionadas por un gobierno que ellos definen como de “novísima colonización”, estableciendo una clara identificación entre los conquistadores españoles y los actuales dirigentes, que, Emma Martín Díaz Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana 30 Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 según denuncian, consideran que el Estado ecuatoriano es su huasipungo (hacienda), y que quieren convertir a los indígenas en huasicama (siervos). Por el contrario, ellos se reafirman como “actores y sujetos de nuestro tiempo y espacio”. Tiempo y espacios que no tienen porqué coincidir con las coordenadas por las que se rige la sociedad mestiza. Frente a esta dinámica del Estado, la dirigencia indígena opone su capacidad de resistencia, aunque es consciente de la brecha abierta por las políticas del gobierno actual. De modo que para ellos el Estado plurinacional está muy lejos de ser una realidad, en la medida en que sigue basado sobre cimientos coloniales, y están convencidos de que su creación depende de la capacidad de los pueblos originarios para llevar a cabo su propuesta identitaria. Pero las críticas al gobierno actual no implican que los participantes en el evento no critiquen también a sus propias organizaciones. En particular, los dirigentes de la Amazonía son muy conscientes de la división del movimiento y de la alianza entre sus representantes y el gobierno de Correa. También son conscientes de que la fuerza del movimiento radica en las comunidades, y que es necesaria una mayor conexión con las mismas. En este sentido es interesante la crítica que algunos dirigentes plantean a la, según ellos, “excesiva” formación académica de algunos dirigentes, que según quienes así se expresan, “cuanto más preparados, más mudos”.En este sentido, la crítica al abandono de las comunidades y del trabajo de la tierra por acceder a los estudios es puesta como una causa determinante de que los más jóvenes vayan abandonando sus principios identitarios y acercándose a las posiciones neoliberales del gobierno de Correa. Estos indígenas correístas, denominados “felipillos” 2 o, con mayor crudeza, ichkai siki (doble culo), son, según sus detractores, más peligrosos que los correístas mestizos “porque ellos conocen la casa desde dentro”. También son conscientes de que en los últimos tiempos las reivindicaciones se han centrado sobre todo en el ámbito de las políticas del reconocimiento, lo que, según 2 Termino colonial que se utilizaba para designar aquellos indígenas que abandonaban sus costumbres y se asimilaban a la cultura de los colonizadores. los críticos de este modelo, ha propiciado una “crisis de organización y una colonización del pensamiento”, pensando que todo estaba hecho por tener su reflejo constitucional. Por tan- to, afirman, es necesario volver a plantear la lucha en las comunidades y, más específicamente, movilizarse en contra de la política de capitalismo extractivo del gobierno. El análisis que hemos expuesto es un resumen condensado de un conversatorio (rimanakui) que tuvo una duración de ocho horas, donde se abordaron con absoluta transparencia cuestiones candentes y dolorosas para el propio movimiento. Los discursos expresados reflejan tanto la crisis organizativa existente como la preocupación por la misma entre la dirigencia. Por tanto, el distanciamiento de las bases que frecuentemente es expuesto como uno de los motivos de esta crisis no parece que tenga el carácter determinante que algunos autores le otorgan. Más peso parece tener los factores estructurales que impiden que los actores indígenas puedan plasmar un proyecto alternativo para salir de esta crisis y que han sido expuestos en el apartado dedicado a exponer las estrategias del gobierno de la Revolución Ciudadana. El peso de los factores estructurales está en la base de la dificultad del movimiento indígena para elaborar una propuesta alternativa. Hay que tener en cuenta que en los últimos años todo el esfuerzo se ha concentrado en la construcción de un modelo de Estado plurinacional e intercultural que tiene una plasmación legal, pero al que se le niega su concreción práctica. Esta dinámica implica, entre otras cuestiones, que la sensación de fracaso sea mucho mayor de lo que hubiera sido si el Estado hubiera rechazado de plano estas reivindicaciones. No es de extrañar, por tanto, que las respuestas a la crisis pivoten sobre dos propuestas que reflejan el desencanto existente dentro del movimiento: la salida, (Hirschman, 1970) por una parte, y el repliegue, por otra. Estas dos posturas, lejos de ser incompatibles, se combinan para formularse como estrategias para el futuro más cercano. Respecto a la salida, una parte significativa del movimiento indígena considera que en la situación actual la negociación con el gobierno es imposible. Por tanto, la única respuesta es salir del sistema. Ello implica renunciar a la participación electoral, pero también elaborar lo que Entre el proceso constituyente y la revolución ciudadana Emma Martín Díaz Historia Actual Online, 38 (3), 2015: 23-35 31 ellos denominan “una educación propia”, así como un sistema de salud y un sistema jurídico para los indígenas. Estas medidas se complementarían con un repliegue a las comunidades para luchar contra el capitalismo extractivo del gobierno actual. Esta estrategia supone un cambio cualitativo muy significativo, ya que al reconocer el fracaso de la estrategia intercultural, se plantea una estrategia que daría al traste con la dinámica de reivindicaciones históricas del movimiento indígena, que se centraban en un modelo de integración en el estado que reconociera, junto a los sujetos individuales, a los sujetos colectivos, así como sus derechos. Cabe considerar que esta estrategia de salida es más una propuesta reactiva frente al Estado de cosas existente que un modelo proactivo de actuación, teniendo en cuenta la actual correlación de fuerzas en el Estado ecuatoriano. Los partidarios del repliegue, por el contrario, plantean posponer por el momento las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de la identidad cultural y centrarse en la vuelta a las comunidades y la lucha contra las industrias extractivas y por los derechos indígenas sobre el territorio reconocidos tanto en la Constitución como en el Convenio 169 de la OIT. Frente a quienes argumentan el retroceso que esta estrategia supondría en términos de la cultura y la identidad indígena, argumentan que la historia de los pueblos indígenas de Abya Yala es una historia de resistencias que dura ya 500 años, expresándolo en estos términos: “Correa pasará, pero los pueblos ancestrales quedarán”. Estas respuestas evidencian, mejor que los discursos, la profundidad de la crisis del movimien- to indígena, en un contexto en el que, el 17 de febrero de 2013, el presidente Correa es elegido por una mayoría abrumadora, quedando la coordinadora plurinacional de las izquierdas, en la que se integraba Pachakutik, con sólo un 3% de los votos. Sin embargo, los exiguos resultados electorales no han supuesto, como cabría esperarse, una profundización en la crisis existente, sino que, al contrario, parecen estar siendo el impulso decisivo para poner en marcha nuevas estrategias de resistencia. Todo parece indicar que la estrategia de lucha contra las actividades extractivas se perfilará como el frente de batalla del movimiento indígena en la actual legislatura. Los pueblos y nacionalidades ancestrales de Ecuador deberán hacer frente a una más que probable expansión de la megaminería en el país, así como de las industrias extractivas en general. En estas luchas tendrán que enfrentarse con las autoridades estatales y las grandes compañías, pero también con una parte no desdeñable de las poblaciones indígenas que habitan los territorios. Otro frente de conflicto se derivará de la implantación de la Ley de Aguas, que, al colocar las decisiones bajo una autoridad única del agua, vulnera no sólo los usos y costumbres reconocidos en la Constitución, sino que elimina la autonomía de las jerarquías indígenas que construyeron el sistema mediante el trabajo comunitario (minga). Como expusimos más arriba, la estrategia de división de la dirigencia indígena emprendida por el gobierno de Correa implica oponer a los principios identitarios del movimiento una lógica de desarrollo basada en la redistribución de parte de los beneficios obtenidos de las concesiones a las industrias extractivas. En este sentido, la potente inversión en infraestructuras, por una parte, y, desde enero de 2013, (un mes antes de las elecciones) la subida hasta los 50 dólares del bono de desarrollo humano, también conocido como “bono de la pobreza” han supuesto un importante acicate para el apoyo al gobierno dentro de las comunidades indígenas, el sector de población más pobre del país. La estrategia de subsidiar a la población indígena como forma de desactivar su organización política se beneficia de la situación de precariedad que caracteriza la forma de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador. La división que estas políticas han creado en el interior de las comunidades ha comenzado a ser una cuestión prioritaria para la CONAIE. De este modo, el 27 de febrero de 2013, sólo diez días después de las elecciones legislativas, ECUARUNARI convocó una asamblea ampliada en Quito, en la que se analizaron los resultados del proceso electoral, sus efectos, y los desafíos del movimiento Pachakutik para seguir marcando el proyecto político del movimiento indígena en el país. En esta asamblea se expresó la voluntad de reafirmar la resistencia y la lucha social y política desde las organizaciones de bases por el proyecto de vida para todos los pueblos y se acordó exigir el respeto de los