Los intendentes de las Provincias Internas de Nueva España

-70 LOS INTENDENTES DE LAS PROVINCIAS INTERNAS DE NUEVA ESPAÑA Luis Navarro García Universidad de Sevilla RESUMEN: El sistema de Intendencias diseñado por José de Gálvez para las Indias tuvo en las Provincias Internas de Nueva España una duración excepcionalmente prolongada. Este estudio se centra en las intendencias de Sonora y Nueva Vizcaya (exceptuando San Luis Potosí), abarcando un periodo que va de 1770 a 1821. ABSTRACT: The system of “Intendencias” designed by José de Gálvez for the “Indias” had in the Provincias Internas of Nueva España an exceptionally long existence. This study analyses the “intendencias” of Sonora and Nueva Vizcaya (with the exception of San Luis Potosi), between 1770 and 1821. El sistema de intendencias diseñado por José de Gálvez para las Indias tuvo en las Provincias Internas de Nueva España una duración excepcionalmente prolongada, debido a que el mismo Gálvez hizo que el virrey Croix nombrase un intendente interino para la provincia de Sonora en fecha tan temprana como la de 1770, con sólo el precedente de la intendencia de La Habana (1764), y mucho antes, por tanto, de que se introdujese este sistema en Caracas (1776) y en el Río de la Plata (1777); antes de que se diesen las Ordenanzas de Intendentes para este cuarto virreinato (1782), Ordenanzas luego aplicadas en el Perú, Chile y Puerto Rico (1784), así como en el reino de Guatemala y en Filipinas (1785), y en el mismo virreinato de Nueva España. De este año de 1785 son los nombramientos de los primeros intendentes de Durango, Puebla y Valladolid de Michoacán. Desde entonces las intendencias de las Provincias Internas serán dos, las de Sonora y Nueva Vizcaya, o de Arizpe y Durango, que subsistirán hasta la proclamación de la Independencia de México y aun un corto tiempo más bajo el Imperio de Agustín I. Es sabido que en 1787 se creó repentinamente la intendencia de Sinaloa, conferida al coronel D. Agustín de las Cuentas Zayas, pero tal intendencia nunca llegó a existir: una real -71 orden de 30 de julio de 1789 dispuso que Sinaloa siguiera agregada a Sonora y el coronel Cuentas fue enviado en a servir igual cargo en la provincia de Chiapas.162 Las de Sonora y Nueva Vizcaya son, pues, las dos intendencias que vamos a considerar aquí, descartando la de San Luis Potosí, cuya sede se hallaba fuera de las Provincias Internas, y de la que sólo nominalmente dependían las Provincias Internas de Oriente, que tenían un acusado carácter de gobernaciones militares. El virrey Revillagigedo dispuso que los gobernadores de Coahuila y Texas actuasen como subdelegados en Hacienda y Guerra del intendente de San Luis Potosí, caso semejante al de Nuevo México, cuyos gobernadores quedaron directamente subordinados en materias de Gobierno y Guerra a los titulares de la Comandancia General, única o dividida, según las épocas. Los titulares de las intendencias Es sabido que en 1769 el virrey marqués de Croix, a propuesta del visitador Gálvez, expidió títulos para un gobernador intendente de California y de intendente de Sonora, títulos que no surtieron efecto porque los designados –Matías de Armona y luego Felipe Barri para California, y Eusebio Ventura Beleña para Sonorano llegaron a ejercer estos cargos, para los que habían sido nombrados antes incluso de que el rey hubiera aprobado el “Informe y plan de intendencias” que le presentaron conjuntamente el virrey y el visitador general.163 El primer intendente que efectivamente desempeñó este cargo, aunque con título de interino, en Nueva España fue D. Pedro Corbalán, nombrado para la provincia de Sonora por el virrey Croix el 18 de junio de 1770. Corbalán desempeñaría sus funciones paralelamente a las del gobernador político y militar, incluso con subordinación a él, hasta que en 1776 el ahora ministro de Indias D. José de Gálvez le encargó en propiedad el gobierno político y económico de Sonora y Sinaloa. Corbalán serviría este puesto hasta 1787, en que fue trasladado a la intendencia de Veracruz, siendo sucedido por D. Enrique Grimarest (1790-1792) y D. Alejo García Conde, que tuvo a su cargo la intendencia de Arizpe o Sonora desde 1796 hasta 1813. Hubo, como estaba previsto, intendentes interinos que cubrieron las 162 Rees Jones, Ricardo, El despotismo ilustrado y los intendentes de Nueva España (México 1979), pp. 100-103. Commons, Áurea, Las intendencias de la Nueva España (México 1993), p. 192. 163 Río, Ignacio del, La aplicación regional de las reformas borbónicas en Nueva España. Sonora y Sinaloa, 1768-1787 (México 1995), pp. 86-89. Navarro García, Luis: Las reformas borbónicas en América. El plan de intendencias y su aplicación (Sevilla 1995), p. 81. -72 vacantes entre estos tres titulares, así como la etapa posterior a 1813, funcionarios cuyas circunstancias no examinaremos aquí, donde sólo trataremos de los intendentes en propiedad.164 Desde 1786 hubo intendente en Durango, puesto para el que en esa fecha fue nombrado D. Felipe Díaz de Ortega, que lo desempeñó hasta 1791. Su sucesor, D. Francisco Potau de Portugal, lo ejerció brevemente, entre 1791 y 1793. En cambio el tercer intendente de Durango, D. Bernando Bonavía, lo retuvo desde 1796 hasta 1813. A Bonavía lo relevó el ya mencionado D. Alejo García Conde, de 1813 a 1817, y a éste su hermano D. Diego García Conde, desde 1819 a 1821.165 Son, pues, siete los intendentes que prestaron servicio como tales en las Provincias Internas, dado que uno de ellos, Alejo García Conde lo hizo primero en Arizpe y luego en Durango. Condición de los intendentes Todos los intendentes de las Provincias Internas, sin excepción, fueron nacidos en España. Barcelona, Burgos, Tortosa o Ceuta figuran como lugar de nacimiento de varios de ellos. Desconocemos el lugar de nacimiento de Bonavía y Potau, pero su curriculum acredita su condición de peninsulares. Como la mayoría de ellos procedían de familias de militares, su cuna estaría allí donde sus progenitores se encontraban de guarnición en el momento preciso. Que la mayoría de los intendentes de las Provincias Internas fueran militares de profesión no puede extrañar, dado que estos territorios habían sido siempre considerados de frontera, y aun de guerra viva constante. Y sin embargo, se da aquí un caso claro, y otro más algo dudoso, de intendentes de condición civil. El primer caso lo constituye el ya mencionado Corbalán. Gálvez había preconizado en su Discurso de un vasallo que los cargos indianos de corregidores o gobernadores se proveyeran en jefes y oficiales militares, por considerar que este personal tendría un acendrado concepto del honor y del 164 Edgardo López Mañón e Ignacio del Río dan (en Ortega Noriega, Sergio, e Ignacio del Río, coords., Tres siglos de historia sonorense, México 1993, p. 309) una relación más detallada que la de Ricardo Rees Jones, (p. 214-215), y en ella figuran como intendentes (interinos, conforme a la Ordenanza) los asesores letrados Pedro Garrido y Durán (1787-89) y Alonso Tresierra y Cano (1793-96 y 1813-14), pero también aparecen Ignacio Bustamante (1813, 1817-18 y 1819), Antonio Cordero (1814-17 y 1819-21), Manuel Fernández Rojo (1818-19) y Juan José Lombán (1819-21). También estos cuatro últimos, de aparición intermitente, serían interinos, siendo el caso más notable el de Antonio Cordero. 165 Según Rees Jones, p. 214, fueron intendentes interinos de Durango bajo la monarquía española Francisco Javier de Urrutia y Montoya (1793-1796), Ángel Pinilla Pérez (1817-1818) y Antonio Cordero y Bustamante (1818-1819). -73 servicio de las armas.166 Pero cuando empieza a proyectar la intendencia de Sonora piensa, ante todo, en Beleña –un letrado- y seguidamente en Corbalán –un hombre de profesión oscura, tal vez al comienzo un dependiente de comercio, que por su aptitud para la gestión económica había sido nombrado subintendente de la expedición militar enviada a Sonora, y se hallaba en este desempeño cuando fue promovido a la intendencia de esta provincia.167 La designación de un burócrata para este puesto se explica porque el intendente, tal como lo contemplaba Gálvez en aquel momento, debía ocuparse del arreglo de las rentas de la Real Hacienda y del fomento de la riqueza de su distrito. No le correspondían directamente las tareas generales del gobierno –la paz con los indios, el orden en aquel territorio-, ni menos las de defensa, para las cuales existía un gobernador de la provincia, a cuyas órdenes debían estar los capitanes de las tropas presidiales que cubrían la frontera. Gobernación e intendencia son concebidas como instituciones paralelas, llamadas a cooperar, y con subordinación, llegado el caso, del intendente al gobernador. El modelo de la intendencia de La Habana es el que reproduce Corbalán en Sonora desde 1770. Sólo en 1776 recibe título de gobernador-intendente, con autoridad tanto en el ámbito político como en el económico, pero no en el militar, que Corbalán no tendría capacidad para asumir; pero en la fecha de 1776 el gobierno militar de Sonora correspondía al comandante de las armas, Juan Bautista de Anza (y posteriormente a D. Pedro de Tueros y D. Jacobo de Ugarte), como el gobierno general militar y político de todas las Provincias Internas va a recaer en un Comandante General, título que D. Teodoro de Croix será el primero en recibir.168 El segundo caso, algo menos seguro, de nombramiento de un civil para el desempeño de una intendencia en estas provincias es el de D. Felipe Díaz de Ortega, designado intendente de Durango en 21 de mayo de 1785 –todavía según las Ordenanzas de Buenos Aires. Díaz de Ortega, que dirá que empezó a servir en 1771, era teniente del Regimiento de Milicias de Burgos, cargo que en modo alguno lo acredita como militar profesional y que, por el contrario, estaba al alcance de cualquier civil, 166 Navarro García, Luis, La política americana de José de Gálvez según su ‘Discursoy reflexiones de un vasallo’” (Málaga 1998), punto 112. 167 Resulta interesante advertir que un “discípulo” de Gálvez, Jorge Escobedo, escribiría en 1802: “Que los intendentes sean de todas las carreras, tanto para que a ninguno se cierre ésta, como para que puedan recaer en los militares aquellas intendencias que antes eran gobiernos de esta especie y por sus circunstancias deben continuar siéndolo”. Escobedo, Jorge: Manifiesto de las razones en que está fundado cada uno de los artículos de la nueva Ordenanza de Intendentes de Indias. Edición y advertencia preliminar de Eduardo Martiré (Buenos Aires 1983), p. 36. 168 Con anterioridad, en virtud del Reglamento de Presidios de 1772, la autoridad militar sobre la frontera había recaído el Inspector General D. Hugo O’Conor. sobre todo si podía ser adquirido por compra.169 Junto a ese puesto de oficial miliciano que Díaz de Ortega exhibe, sin duda, como un honor, alinea otros títulos de mucho mayor consideración: caballero pensionado de la Orden de Carlos III y diputado de Millones del Consejo de Hacienda, donde sirvió – dicelos seis años prevenidos por las leyes. A la distinción social oficialmente reconocida por la admisión en la Orden –Orden precisamente civilse añade la competencia técnica en materia económica que hay que suponer en un diputado de Millones. Es esto, sin duda, lo que lo capacita a los ojos de Gálvez para el desempeño de una intendencia, y ciertamente acreditará esa competencia tanto en Durango, como en su posterior destino en Valladolid de Michoacán. Por lo demás, Díaz de Ortega se halló en las Provincias Internas en el mismo caso de Corbalán: los asuntos militares eran de la incumbencia del Comandante General. La condición civil de esta intendencia parece confirmada por el hecho de que en el título de Díaz de Ortega se le nombra para el gobierno del reino de Nueva Vizcaya con exclusión de la Tarahumara, “por haberla erigido S. M. en gobierno militar separado”, aunque esto, como sabemos, no llegó a producirse.170 Caso distinto es el de los otros cinco intendentes, todos ellos militares de profesión, algunos de larga y brillante carrera. El acceso a la intendencia suponía de ordinario hallarse en posesión del grado de coronel; en algún caso, ya en los días de la guerra de Independencia, el de brigadier. Luego, al frente de la provincia, podía seguir ascendiendo. Su formación militar la iniciaron como cadetes de algún regimiento o –caso de los dos García Conde-- en el de Reales Guardias de Infantería Española.171 Era natural que en el transcurso de los años de servicio, mientras eran pausadamente promovidos desde cadetes hasta capitanes, se hallasen en algunas de las guerras que la Monarquía española sostenía contra sus adversarios, en Europa, en África o en América: así algunos de ellos habían participado en las 169 Andújar Castillo, Francisco, Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII. Madrid 2004. Para el caso de México, véase Archer, Christon I., El ejército en el México borbónico, 1760-1810 (México 1983), pp. 246-252. 170 El título de Díaz de Ortega, trascrito en Rees Jones, Apéndice II (pp. 217-218) dice: “a excepción de la Tarahumara, que he erigido en gobierno militar separado, y de las jurisdicciones de Parras y el Saltillo que he dispuesto agregar al gobierno de Coahuila”. Lo relativo a Parras y Saltillo sí se llevó a efecto. Por otra parte, Áurea Commons anota (p. 186) que Revillagigedo, en su extenso Dictamen sobre las intendencias, propuso la creación de una intendencia en Chihuahua, separada de la de Durango, pero tampoco esto llegó a verificarse. 171 Siendo costumbre generalizada que los hijos de los oficiales del ejército solicitasen y obtuviesen plazas de cadetes para sus hijos, iniciándose así en la carrera de las armas, no es de extrañar que varios hijos de los intendentes aquí mencionados fuesen cadetes en las unidades que guarnecían el virreinato o las provincias internas. Así, un Enrique Grimarest, homónimo del que fue intendente de Sonora, nacido en Arizpe en 1791, aparece en 1802 como cadete del Regimiento de Dragones de España, en México; y tres jóvenes apellidados García Conde, de nombre Alejo, Francisco y Pedro, nacidos en Arizpe entre 1797 y 1805, fueron cadetes u oficiales en los presidios del Norte, de San Buenaventura o de San Carlos, según datos del Diccionario Porrúa, donde también figura un José María García Conde, nacido en México hacia 1801, con toda probabilidad hijo de Diego. -74 empresas de Florida y Luisiana, y otros en la campaña de Argel y sitio de Gibraltar, mientras que otros, como Diego García Conde, lucharían contra los insurgentes. La carrera del intendente Los intendentes civiles se habían formado desempeñando puestos burocráticos, especialmente en las Reales Cajas y dependencias de la Hacienda. En algún caso, como el de Corbalán, partiendo de cargos relativamente modestos, como el de subintendente de la expedición militar a Sonora. En el de Díaz de Ortega, más distinguido, de la oficina de Millones del Consejo de Hacienda. En el caso de los intendentes militares, podían proceder directamente de un puesto de mando militar, o bien de un cargo político de menor rango que la intendencia, o de otra intendencia considerada de inferior categoría. Así Bonavía, que había tenido título de gobernador de la provincia de Texas, cargo que no llegó a ejercer, sí fue intendente interino y corregidor de México desde 1788 hasta 1793, antes de ser enviado a Durango. Alejo García Conde fue promovido a la intendencia de Sonora desde la de Comayagua (Honduras) que había servido durante el quinquenio anterior. Diego García Conde había mandado el Regimiento de Infantería de Michoacán, y había estado al frente de una división de tropas en la guerra contra los insurgentes cuando en 1818 fue nombrado para la intendencia de Durango.172 Grimarest, antes de ser nombrado intendente de Sonora había ejercido como teniente de rey de Yucatán. De Potau sólo consta que era coronel. Es sabido que a partir de la implantación de las intendencias en América cesó de regir la práctica hasta entonces habitual en Indias de conferir los cargos de gobierno por un quinquenio, lo que obligaba a un constante relevo del funcionariado. Por el contrario, las mismas Ordenanzas determinaban que los intendentes servirían “por el tiempo de mi voluntad”,173 y así se empezó a seguir la tendencia de mantener a los intendentes por periodos muy prolongados en una misma plaza, salvo que se dispusiera un traslado que solía conllevar un ascenso. Caso bien conocido es el del intendente Corbalán, que permaneció diecisiete años a cargo de Arizpe, aunque en los primeros siete años no ejercía el gobierno de la provincia. Alejo García Conde tuvo también un mandato de diecisiete años en Sonora (1796- 1813), como Bonavía en Durango (1793-1813). 172 Archer, p. 250. Sin embargo, Mier, José Servando Teresa de, Historia de la Revolución de Nueva España (París 1990), pp. 258-259, y el Diccionario Porrúa dicen que fue comandante del Regimiento Provincial de Dragones de Puebla. 173 Rees Jones, 138. -75 Con el tiempo, algunos de estos mismos intendentes irán progresando no solo en su carrera militar, sino con el traslado a provincias consideradas más importantes, o a cargos más elevados, con frecuencia dentro de las mismas Provincias Internas. Así Bonavía, que de la intendencia de México había pasado a la de Durango, diecisiete años después sería nombrado en 1813 Comandante General de las Provincias Occidentales, y Alejo García Conde alcanzaría este mismo puesto en 1817 después de haber ejercido las intendencias de Comayagua, Sonora y Durango. Corbalán, intendente de Sonora desde 1770, y al que en 1780 se le reconocíó como “comisario ordenador”, fue ascendido en 1787 a la intendencia de Veracruz, con graduación de intendente de ejército, siendo jubilado cuatro años después con honores de tal. Díaz de Ortega, que hizo su entrada en América en 1786 como primer intendente de Durango, fue trasladado en 1792 a igual plaza en Valladolid de Michoacán, en la que continuó su servicio hasta su muerte en 1809. Uno de los siete intendentes, Grimarest, murió tras un breve ejercicio de su cargo en Sonora, mientras que otro, Potau, que lo fue de Durango por nombramiento del virrey Revillagigedo, fue destituido a los cuatro años por haberse mostrado totalmente incapacitado para el mando, según informó el Comadante General D. Pedro de Nava al ministro Campo Alange.174 Labor de los primeros intendentes de Sonora: Corbalán y Grimarest Aunque fuesen distintas la formación y procedencia de los intendentes, unos militares y otros civiles, a todos ellos se les encomendaba una misma misión, configurada en las cuatro “causas” de la Ordenanza: Justicia, Policía, Hacienda y Guerra. De todos ellos se esperaba, y generalmente se obtuvo, una reorganización administrativa de las provincias, y un impulso de su actividad económica y de su nivel cultural. Durante sus primeros años en Sonora, Pedro Corbalán se ocupó en revisar los ramos de Hacienda e introducir otros nuevos, así como de hacer padrones y cuentas de tributarios y hasta de la secularización de misiones. Incorporó a su jurisdicción las de Rosario, Plomosas y San Sebastián, que no habían sido comprendidas al fundarse la caja de Álamos. Su labor no fue apreciada por el virrey Bucareli, que formuló una condena sin paliativos de la nueva institución: una intendencia establecida en las provincias de Sonora en el gobierno antecedente, que lleva ya algunos años, no solo no ha producido ventajas, sino que ocasiona confusión en el gobierno, 174 Navarro García, Luis, Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de Nueva España (Sevilla 1964), p. 510. -76 dando más quehacer que los demás del reino; son procesos inmensos los que se han hecho en mi tiempo para aclarar antecedentes; y para la liquidación de sus cuentas ha trabajado el fiscal con difusos precisos dictámenes que se han visto en diferentes juntas de Real Hacienda. El virrey, acreditado adversario de las intendencias dice de ésta: “si esto da que hacer una sola, y si no ha demostrado sus ventajas…”.175 El mismo Corbalán se dolió a Bucareli del papel demasiado triste que hacía en aquellas provincias, porque carecía de autoridad y medios, pero cuando en 1776 fue confirmado en el cargo, teniendo además el gobierno político de la provincia, actuó con diligencia para la fundación de Casa de Moneda en Arizpe y la construcción de la caja real en Rosario, arreglo de alcabalas y de correos y reparto de tierras, e intervino en el establecimiento de presidios ópatas y en los preparativos de guerra contra los seris.176 El Comandante General de las Provincias Internas elogió en 1777 “la perfecta instrucción de este ministro, sus talentos y celo”, y al año siguiente “el celo y exactitud con que D. Pedro Corbalán desempeña la confianza que el rey le ha encargado”. El Caballero de Croix abundaría posteriormente en esos elogios y propondría a Corbalán para la cruz de Carlos III y para el título de intendente de ejército.177 El segundo intendente de Sonora, Enrique Grimarest, que tomó posesión formal el 6 de junio de 1790, a su llegada a Arizpe, pero entró en su provincia por el sur y así comenzó a realizar la visita que a todos los intendentes les estaba encargada. Además de las noticias remitidas regularmente a Ugarte y Revillagigedo,178 Grimarest elaboró a instancias del virrey un pormenorizado informe de la situación de las misiones de la provincia, cuya decadencia era notoria desde la expulsión de los jesuitas, con excepción de las ocho de la Pimería Alta, en las que los misioneros habían conservado el gobierno temporal de sus poblaciones.179 Grimarest propuso y obtuvo la organización de cuatro compañías de mulatos para la defensa del puerto de Mazatlán, e informó de que ningún pueblo tenía Propios 175 Informe del virrey Bucareli, México 27 marzo 1774. AGI, Indiferente, 1714. 176 Hay referencias a la labor de Corbalán en Mirafuentes Galván, José Luis, Movimientos de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de México (1680-1821), vol. I (México 1975), docs. 67, 103, 108, 114, 133, 139 y 140. 177 Véase un claro resumen de la labor de Corbalán en López Mañón, Edgardo, e Ignacio del Río, “La reforma institucional borbónica”, en Ortega Noriega, Sergio, e Ignacio del Río, Tres siglos de historia sonorense (1530-1830) (México 1993), pp. 306-308. También en Ignacio del Río, “La reforma institucional en ciernes: la gestión de Pedro Corbalán como intendente de Real Hacienda en Sonora y Sinaloa (1770-1787)”, en Rodríguez O., Jaime E., México in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850 (Boulder & London 1994), pp. 35-55. 178 Mirafuentes Galván, I, docs. 142, 146, 147, 545, 556 y 557. 179 Kessell, John L., Friars, soldiers and reformers: Hispanic Arizona, The Sonora Mission Frontier, 1767-1856 (Tucson 1976), p. 172. Díaz Trechuelo Mª Lourdes: “El virrey D. Juan Vicente Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo”, en Calderón Quijano, J. A., Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos IV (Sevilla 1972; 2 vols.), I, 154- 155. Gómez Canedo, Lino: Sonora hacia fines del siglo XVIII (Guadalajara 1971), pp. 95-105. -77 y Arbitrios por el poco arreglo que se había tenido en la distribución de tierras, ignorándose la legitimidad de algunas propiedades, o el límite de las realengas, por lo cual pidió al virrey el envío de un agrimensor. Igualmente expuso no ser necesaria en Sonora la formación de cementerios, por la escasa población de sus pueblos y misiones. También ponderó el poco caudal y las dificultades con se desenvolvían los vecinos, proponiendo se les exonerase de algunos derechos atendiendo al servicio que hacían participando en la defensa de la provincia, de la que Grimarest, en cumplimiento de la Ordenanza, visitó una parte. Su muerte el 11 de diciembre de 1792 en Nuri, obligó a suspender la expedición que entonces se proyectaba para asegurar definitivamente el camino de Sonora a Nuevo México.180 La intendencia de Durango: Díaz de Ortega, Potau y Bonavía Desde 16 de abril de1786 actuó como intendente de Durango D. Felipe Díaz de Ortega, a quien se le dio el gobierno de esta provincia con exclusión de la Tarahumara “por haberla erigido S. M. en gobierno militar separado” por título de 21 de mayo de 1785, anterior por tanto a la Ordenanza, pero tal exclusión en la práctica no llegó a ocurrir.181 Aparte de lamentar la esterilidad y peste que venía padeciendo Nueva Vizcaya, Díaz de Ortega se apresuró a subvencionar una campaña contra la plaga de alacranes y a promulgar instrucciones para la administración de justicia y gobierno de los pueblos, así como para los Propios y Arbitrios de las tres únicas poblaciones que disponían de ellos, y emprendió la construcción de una carnicería, una conducción de agua y la reparación de la cárcel en Durango, así como saneamiento de deudas y arreglo de alhóndiga y cárcel en Chihuahua, y reparación de la de Nombre de Dios. La amenaza de las correrías de indios hostiles le hizo solicitar ayuda al virrey, que le envió una fuerza de dragones, que finalmente se retiró a Querétaro, por disensiones del intendente con el coronel. También tuvo roces con el Comandante General Ugarte por el manejo de la Real Hacienda y algunos asuntos de vicepatronato, mientras que el virrey y arzobispo lo había comisionado para zan- 180 En España, ignorándose su fallecimiento, fue nombrado el 17 de diciembre del mismo 1792 gobernador y capitán general de Puerto Rico. La viuda de Grimarest a S.M., México 25 marzo 1797. AGS Guerra moderna 6974. La misma viuda obtuvo al año siguiente plaza de cadete para un hijo de igual nombre que entonces sólo tenía seis años (AGS Guerra moderna 6976), del que el Diccionario Porrúa dice que nació en Arizpe 1791 y en 1802 fue cadete en el Regimiento de Dragones de España. 181 Curiosamente, el mismo Díaz de Ortega sugirió una división de la intendencia, segregando todo el territorio al norte del río Nazas, que constituiría la provincia de Chihuahua, y quedando la de Durango con la reducida porción restante al sur de dicho río. Propuesta que no fue tomada en consideración. Vid. Gallegos, Ignacio: Durango colonial (México 1960), pp. 424-433., donde se hace un resumen de la actividad y proyectos de Díaz de Ortega. -78 do, declaraba haber realizado 30 campañas y haber tenido 34 encuentros.204 En 1810 era de nuevo gobernador de Coahuila y concentró tropas para hacer frente a la rebelión de Hidalgo, pero sus tropas desertaron y él cayó prisionero del insurgente Jiménez, que lo dejó en libertad, de modo que estaba nuevamente en su puesto cuando Hidalgo y buena parte de sus seguidores cayeron prisioneros. Cordero presidió el tribunal que sentenció a varios de ellos. Había sido elevado al grado de brigadier cuando en 1813 fue destinado al gobierno de Sonora y Sinaloa. Después, por nombramiento de Apodaca, lo sería, también interinamente, de Durango en el intervalo entre los dos García Conde. Tomó posesión el 8 de julio de 1818 y permaneció allí hasta el año siguiente, en que volvió a Arizpe. En 1819 llegó a ser, por breve tiempo, comandante general interino de las provincias internas. En su última etapa en Sonora, Cordero asumió el mando de las tropas en Rosario, y dirigió las operaciones para expulsar a grupos de insurgentes en la cordillera.205 Pero en 1821, entre el 3 de septiembre y el 2 de octubre, el Plan de Iguala fue jurado en Tucson, en Arizpe, en Pitic y en Guaymas. Cordero, disconforme con esta actitud, abandonó la provincia y se dirigió a Chihuahua, donde finalmente hubo de aceptar la nueva situación.206 Conclusión La intendencia de Sonora, contando sólo desde el nombramiento de Corbalán como gobernador-intendente en 1776, tuvo una existencia de 45 años. La de Durango, desde la toma de posesión de Díaz de Ortega en 1786, de 35. En ambos casos, un periodo no muy largo y al mismo tiempo lo suficientemente inquieto o accidentado como para que la institución intendencial no pudiera desplegar las posibilidades que tal vez encerraba y sus Ordenanzas permitían esperar. Parece seguro que ambas provincias conocieron alguna mejora y expansión económica antes de que comenzaran las turbulencias de 1810-1811. Después, aunque apenas afectadas por las incidencias bélicas, sí lo serían por la dificultad de su comunicación con las regiones centrales del virreinato. Por otra parte, el relativo bienestar que se percibe antes de 1810 se debe, sin duda, fundamentalmente al fortalecimiento, gracias al establecimiento de la Comandancia General, de la defensa de la frontera apache, cuyas vicisitudes la habían afligido en las décadas anteriores. Si algo positivo pudieron tener estas intendencias, se debería sobre 204 Solicitud de 14 agosto 1802. AGS, Guerra Moderna, 7046. 205 AGI, Estado, 33 y 34. Hay referencias a Cordero en Mirafuentes Galván, I, docs. 150-153, 280, 538, 542 y 571, observándose un amplio vacío desde las noticias de 1799 hasta las de 1820. 206 Kessell, 240 y 248. Según el Diccionario Porrúa, una vez que aceptó la Independencia, Iturbide lo nombró caballero de la Orden de Guadalupe, lo ascendió a mariscal de campo y lo hizo comandante general de las provincias internas de Occidente, pero en 1823, al proclamarse el plan de Casa Mata, Cordero se retiró del mando, muriendo pocos días después. -85 -86 todo a la calidad de sus titulares, la mayoría de los cuales desempeñaron su cometido de forma meritoria. Es preciso descartar a Grimarest y a Diego García Conde por la brevedad de su mandato, y a Potau por la irregularidad del suyo. La gestión de Díaz de Ortega en Durango, aunque nada la haga brillar, fue seguramente digna cuando se le concedió el traslado a Valladolid. Corbalán y Alejo García Conde en Sonora, como el mismo García Conde y Bonavía en Nueva Vizcaya pueden ser inscritos en la lista de los funcionarios ilustrados, competentes burócratas indianos en los días de los últimos Borbones, empeñados en impulsar el desarrollo en una de las remotas fronteras de la monarquía.