Políticas de comunicación y democracia en España. Una crítica económico-política

Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económico-política Francisco Sierra Caballero Las condiciones estructurales de la globalización han redefinido las formas de definición y acción social de la ciudadanía trastocando y desplazando los intereses públicos de la comunicación y la cultura en el marco de desregulación e intensiva competencia de los mercados nacionales y las economías de escala que determinan las transformaciones tecnológicas y económico-políticas de las industrias culturales. Tales procesos se manifiestan con especial intensidad en países y economías de lenta o tardía modernización. En España, por ejemplo, el proceso de cambio y transformación del sector informativo ha acentuado los desequilibrios y deficiencias estructurales del sistema de comunicación, caracterizado, al igual que otros países del sur como Italia, por un modelo de “pluralismo polarizado” basado en una forma peculiar de bipartidismo y duopolio mediático. En este marco, la historia y desarrollo del sistema nacional de comunicación viene lastrado por una lógica de desenvolvimiento autoritaria y paternalista. Las políticas liberalizadoras, lejos de atenuar o redefinir esta norma del sistema, han incidido y reforzado el modelo de “pluralismo polarizado”, cuyo efecto más visible y manifiesto en España es la llamada “guerra mediática”, reproduciendo así el mapa económico-político prefigurado durante la década de los ochenta en Europa, por el que las fuerzas políticas mayoritarias (el caso, por poner un ejemplo, conservador de Margaret Thatcher y el grupo Murdoch), realimentan, de forma simbiótica, sus comunes intereses en la distribución de los espacios de poder y de negocio político-informativo. Un claro ejemplo de esta lógica es la Comunidad Autónoma de Madrid. Más de un año después de la concesión a treinta canales de la iniciativa privada por el gobierno de Esperanza Aguirre, ninguna de las empresas adjudicatarias han iniciado sus emisiones regularmente. La cesión discrecional a operadores sin experiencia en el sector, como el grupo creado por el propagandista de extrema derecha, Federico Jiménez Losantos, no sólo excluyó a empresas consolidadas por razones de interés partidista, como es el caso de Localia Televisión, sino que impidió además la incorporación y acceso de iniciativas sociales como Tele K, que acumulan en su trayectoria un amplio capital social y respaldo público. Similar situación, aunque con notorias diferencias y matices, se produce también en autonomías gobernadas por el PSOE. De tal manera que se viene polarizando un sistema concentrado, de adscripción mediático-partidista, sin resquicio alguno para la divergencia, el pluralismo y la autonomía profesional. Esta tendencia tiene, no obstante, lugar paralelamente a la formulación de decisivas iniciativas políticas, que por primera vez en la historia de nuestra joven democracia Políticas de comunicación en España e Iberoamérica: medios convencionales, Tercer Sector Audiovisual y alfabetización digital 58 tratan de recomponer el campo de la comunicación nacional, estableciendo un marco idóneo de regulación, democratización y formalización institucional. El presente artículo se centra a este respecto en tres problemas estratégicos de las políticas nacionales de comunicación: La reforma de la radiotelevisión pública, la regulación de la función pública de los informadores y las políticas de Sociedad de la Información. Para definir los ejes de discusión del presente diagnóstico, se ha recurrido a fuentes documentales y hemerográficas como las revistas especializadas Intermedios y Noticias de la Comunicación, bases de datos disponibles en Internet de centros de investigación nacionales y europeos especializados en la materia, y bibliografía académica específica sobre la estructura de la información y las políticas públicas en España. Las líneas de desarrollo que a continuación se exponen son, tan sólo, unos apuntes y un balance general de la materia sin ánimo exhaustivo ni hipótesis contrastadas empíricamente. Tómese pues la lectura de las siguientes páginas a modo de ensayo o evaluación global que el autor formula con la intención de trazar una visión o panorama crítico de las políticas públicas en el sector. La Reforma Radiotelevisiva El primer punto de nuestro diagnóstico debe partir del reconocimiento de la labor del Consejo para la Reforma de los medios de titularidad pública. Los trabajos y propuestas, y especialmente la asunción por el gobierno de las iniciativas del Comité de Sabios, puede ser calificada de histórica, y, en general, cuando menos positivos. La iniciativa del gobierno socialista tras las elecciones generales de marzo de 2004 abre un proceso de democratización e institucionalización de las políticas públicas en comunicación sin precedentes en la historia de nuestro país. De acuerdo con el profesor Bustamante, “la voluntad política del gobierno de Rodríguez Zapatero, evidenciada en el consejo independiente para la reforma de los medios públicos estatales y en los tres proyectos de ley presentados, genera (en efecto) fundadas esperanzas de una regeneración del audiovisual español” (Bustamante, 2006: 357). No sólo por la constitución de órganos independientes de revisión y evaluación del audiovisual, previstos en la política del gobierno, sino sobre todo por la paulatina desgubernamentalización de las radios y televisiones públicas, sometidas en los últimos años del gobierno conservador a un estricto y totalitario control, según se puede constatar todavía en los entes públicos regionales de Madrid o Valencia. Hoy, de hecho, la RTVE acomete un proceso constituyente de Estatuto y Consejo de Redacción, siguiendo ejemplos como Canal Sur, que garantizaría la autonomía y profesionalidad de la actividad informativa en la misión de servicio público que ha de presidir y distingue a las empresas de radiotelevisión del Estado. El optimismo y valoración positiva de este proceso no puede, sin embargo, ocultar los claroscuros y lagunas que vienen acompañando el proceso de reforma de la radio y la televisión pública nacional. En primer lugar, la dispersión normativa y la ausencia de una Ley General del Audiovisual que contemple las nuevas redes y soportes digitales constituye todavía una asignatura Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económico-política Francisco Sierra Caballero 59 pendiente, junto a la democratización real y efectiva del sector. El boom del auge de la radiotelevisión local y el desarrollo de las redes privadas de cable y televisión digital terrestre auguran un importante crecimiento en torno a la industria audiovisual reformulando el papel de la televisión generalista y, desde luego, el sentido y peso específico del sector público, sin que por el momento el legislativo haya perfilado y puesto en orden el proceso de crecimiento y expansión del sector, bajo liderazgo de las empresas públicas. Antes bien, las decisiones del Ejecutivo a este respecto manifiestan una clara falta de confianza y voluntad de apoyo e impulso del sector estatal. No es casual, en este sentido, que, frente a la sugerencia que preveía el informe del comité de sabios sobre el papel de la RTVE, el gobierno haya concedido finalmente un menor número de canales digitales, limitando el papel de liderazgo de la empresa pública de radiotelevisión en el desarrollo de la TDT. Por otro lado, “los centros y los consejos territoriales no han sido recogidos en el proyecto legal, lo que puede amenazar la función de RTVE como vertebración estatal de las lenguas y las culturas de España” (Bustamante, 2006: 361). Básicamente, la política de regulación y desarrollo de la TDT ha favorecido la modernización tecnológica del sector, impulsando la industria de fabricantes de equipos y componentes y la diversificación de contenidos, con la notoria ausencia de un modelo público definido, por la renuncia al fortalecimiento del dominio público y la calidad del sistema audiovisual de acuerdo a las necesidades del mercado y de los operadores privados. Como advierte Roman Gubern, “en vísperas del apagón analógico del año 2010, el sistema televisivo aparece gobernado por imperativos cuantitativos (propios de la lógica de los empresarios, de los economistas y de los ingenieros), más que por imperativos cualitativos (propios de los políticos responsables, de los planificadores culturales y de los pedagogos)” (Gubern, 2006: 373). El Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrestre, la liberalización de la televisión por cable y el fomento de la pluralidad aprobado el pasado año no se ha visto quizás por lo mismo coronado con una Ley General del Audiovisual que ponga orden en el sector y defina un proyecto coherente de desarrollo de la industria de contenidos. Algunos analistas confían en asignar a la futura ley de cine la función de fortalecimiento del audiovisual nacional, no sólo protegiendo la producción independiente, como hasta ahora, sino también, en la medida de lo posible, tratando de articular medidas que contribuyan eficazmente a modificar las condiciones estructurales del mercado que dominan las majors estadounidenses, a fin de garantizar en condiciones más favorables la reconversión tecnológica y económica que debe abordar el sector, dada la desigual competencia en el mercado interior. Pero es improbable que la aprobación de esta nueva norma resuelva con garantías de éxito los problemas estructurales que padece la industria cinematográfica. En primer lugar, porque si trata de atajar el déficit comercial con las empresas norteamericanas, el Ejecutivo tendrá en contra al sector privado, representado por la UTECA, que sigue sosteniendo un criterio rentista y puramente mercantil del audiovisual, pese a la naturaleza pública de la prestación de servicio que ostentan. En este escenario, solo el Tribunal de Defensa de la Competencia parece poder establecer algunos límites a la voraz posición dominante de las majors estadounidenses, Políticas de comunicación en España e Iberoamérica: medios convencionales, Tercer Sector Audiovisual y alfabetización digital 60 quedando, junto al poder judicial, como única instancia de referencia de los productores y profesionales del audiovisual nacionales en su supervivencia ante al arrollador empuje de los intereses dominantes que gobiernan el mercado. Parece cuando menos concluyente que la política del gobierno, en esta materia, no puede, de seguir las premisas de partida de la Ley de Cine, resolver la cuadratura del círculo, pues tiende por lo general a favorecer el libre juego de la oferta y la demanda. Como consecuencia, el previsible renovado paisaje de la televisión lejos de democratizar, con la desgubernamentalización, el espectro audiovisual, tenderá, en los próximos años, a facilitar la incorporación de nuevos operadores privados, acentuando la competencia y exigencias de modernización tecnológica, así como la paulatina fragmentación del público-consumidor. Las políticas de comunicación nacionales están privilegiando, en esta línea, en coherencia con las directrices de la Comisión Europea, las iniciativas para: 1. El desarrollo de una cultura empresarial en el sector de la comunicación y la cultura, especialmente en los medios de titularidad pública. 2. La reorganización del trabajo y la capacidad innovadora en inversión y liderazgo de las empresas. 3. Y la formación técnica y profesional. Mientras tanto, las reformas más incisivas de democratización del audiovisual duermen el sueño de los justos, en su tramitación parlamentaria. El Consejo Audiovisual y la democratización de los medos públicos con instancias autónomas de gestión y decisión constituyen aún, de hecho, asignaturas pendientes de la actual administración, a causa, en buena medida, de las numerosas resistencias de los principales actores económicos, opuestos a cualquier intervención reguladora sobre los contenidos por parte de una autoridad audiovisual pública independiente, pese a ser España uno de los pocos países de su entorno sin un organismo regulador de tal naturaleza. La suspensión cautelar y las reticencias de algunos sectores de la judicatura tratan, por otro lado, de limitar el alcance de los órganos democráticos de control del audiovisual, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de licencias y las autorizaciones de adjudicación, así como en los instrumentos de reequilibrio y garantía de pluralismo. Al respecto, cabe recordar que no es la primera vez que una iniciativa democratizadora de la comunicación queda bloqueada en la Comisión Constitucional. Además del bloqueo de la iniciativa parlamentaria, comprometida por el actual gobierno, los poderes fácticos procuran que, de aprobarse este nuevo órgano de control se evite que el Consejo tenga capacidad plena para la concesión de licencias, restringiendo su radio de acción a los habituales informes preceptivos, no vinculantes, como sucede en algunos organismos autonómicos como el Consejo Audiovisual de Andalucía. Nada nuevo bajo el sol. Cabría a este respecto recordar que no es la primera vez que una iniciativa democratizadora de la comunicación queda bloqueada en la Comisión Constitucional. Ya en 1998, los intentos del Senado que liderara la catedrática Victoria Camps, cayeron en saco roto en la tramitación parlamentaria para una proposición de ley de creación de un organismo independiente de regulación del audiovisual. Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económico-política Francisco Sierra Caballero 61 La novedad es que hoy, pese a su previsible aprobación, la insistente presión de los operadores privados para regular en sentido restrictivo las competencias de este organismo estatal se produce paradójicamente cuando en más reiteradas ocasiones incumplen todas las normativas europeas y nacionales que afectan al sector, con la paulatina pauperización de los contenidos y calidad del sistema audiovisual nacional. Por ello, hoy más que nunca es evidente, en este sentido, la necesidad de que el nuevo órgano estatal tenga plenas facultades para establecer medidas sancionadoras contra aquellos operadores de televisión que reiterada y sistemáticamente incumplen las obligaciones normativas como la Directiva Televisión Sin Fronteras. El Consejo Audiovisual del Estado debe, en otras palabras, poder ejercer funciones de tramitación de sanciones administrativas ante el reiterado incumplimiento de la normativa vigente que obliga a los operadores privados y públicos, junto a la competencia de asignación o retirada de las concesiones de emisión, disponiendo de poder real para contribuir, a un nivel elemental, a la estructuración ecológica de contenidos de los medios audiovisuales. Del alcance de sus competencias dependerá, sin duda alguna, la calidad y margen de libertades públicas en materia comunicación. Ahora bien, no quisiéramos concluir este análisis de la reforma de la radiotelevisión y del servicio público audiovisual sin mencionar la reorganización de la empresa pública RTVE. Resulta paradójico que, cuando se cumple el 50 Aniversario de RTVE, el Gobierno del PSOE jubile a la fuerza al capital humano con mayor experiencia y saber-hacer de la empresa por razones de sobreendeudamiento, cuando el número de operarios y profesionales no es, ni de lejos, el más alto de Europa. A nuestro entender, la reforma encubre, en realidad, el adelgazamiento y reducción del sector público en beneficio del sector comercial, que sigue liderando los procesos de convergencia digital y la participación mayoritaria en el mercado publicitario y de consumo del espacio audiovisual, por no hablar de los derechos de emisión. La liquidación de los más de 7.800 millones de euros de la deuda acumulada a la largo de las últimas décadas con el establecimiento de una considerable restricción presupuestaria, y la reducción de la plantilla a prácticamente la mitad que hace 15 años no parece que puedan garantizar la función pública de la empresa como líder de audiencia y canal de referencia para la población. Existen además problemas de sostenimiento de este modelo, como pronto se comprobará con las plataformas multidifusión ante el lento crecimiento, por no decir por el verdadero bloqueo del mercado de consumo privado, junto con el débil incremento de las inversiones publicitarias en el sector, ahora expuesto a un reparto que puede a medio plazo traducirse, como en otros sectores (en el caso de la prensa y la edición), en una crisis estructural sin parangón en la historia reciente. En otras palabras, el funcionamiento a partir de enero de 2007 de la nueva Corporación de RTVE y su organización como grupo empresarial autónomo en el espacio audiovisual, con criterios de mercado, tiene grandes riesgos. Su constitución como sociedad mercantil y el control de la SEPI dejará al arbitrio de los intereses partidarios y gubernamentales de turno el futuro de la nueva corporación, reeditando casos como ya sucede con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Políticas de comunicación en España e Iberoamérica: medios convencionales, Tercer Sector Audiovisual y alfabetización digital 62 Modulación de Frecuencia (FM) para regularizar emisores de FM sin concesión, calificada por el PP de Madrid de sectarismo político y que, en realidad, responde al mapa político-económico de los años ochenta, según hemos dicho. Cuando lo verdaderamente importante es que de las 1192 solicitudes aceptadas solo 235 han sido concedidas a radios públicas autonómicas y 866 a empresas comerciales. El número de emisoras comerciales se incrementa por tanto en un 83,4 % mientras que el sector público, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, apenas un 48,7 %. Así, la esperanza de convertir el ámbito local de comunicación en el espacio plural de democratización y acceso ciudadano a los medios se ha evaporado por la colonización de este espacio por los grandes medios y la ausencia de políticas activas de comunicación de las autoridades locales. Algo similar ha ocurrido con la televisión, cuyo sistema de demarcaciones ha sido polémico e inadecuado. El resultado en muchos casos ha sido el cercenamiento de la auténtica comunicación de origen local. La ausencia de una estructura comarcal de las provincias y regiones del país ha dificultado la acción legislativa, planificando por lo regular de forma inapropiada y contraria a razón el nuevo sistema de distribución de señales mientras, como advierte Fernández Alonso, “los grandes grupos de comunicación españoles (particularmente PRISA y VOCENTO, así como la COPE) han aprovechado la situación alegal de los operadores de televisión local para crear – mediante compras, acuerdos de programación o lanzamiento de nuevos proyectos - auténticas redes con cobertura en casi todo el Estado” (Fernández Alonso, 2005: 14). De tal manera que más que un fuerte operador público, en este caso la RTVE, en alianza con las redes regionales y locales del sector público, el espacio nacional queda integrado por empresas como Localia Televisión/Grupo PRISA o VOCENTO, en esta lógica del duopolio, marginando a la empresa de RTVE a una función meramente testimonial, si bien algunos análisis más optimistas confían en la función de televisión generalista de la empresa de radiotelevisión pública ante la creciente fragmentación del consumo y las audiencias por la proliferación de canales digitales. Una visión ideal, por no decir poco razonada, cuando se observa en el país que otras industrias culturales más consolidadas como la prensa o la industria editorial encuentran serias dificultades para garantizar su estabilidad ante el mercado cautivo nacional, con el surgimiento de nuevos actores por la expansión y desarrollo de fuertes grupos internacionales o el surgimiento de nuevas ofertas como la prensa gratuita, cuyo empuje e implantación, como ya sucediera en los años ochenta, ha atraído el interés de los anunciantes, modificando no sólo los hábitos lectores del público español, sino también las formas de tematización y producción noticiosa mientras la crisis galopante de las revistas culturales y de interés general, con el auge de la prensa del corazón, muestran un panorama contradictorio de difícil consolidación ante los hábitos de consumo desigual de la población en España. Estatuto Profesional de los Informadores El segundo frente abierto, importante, en la acción de gobierno, es la regulación de la función pública de los profesionales de la información. Si la autonomía laboral, la dignidad profesional de los informadores es la condición para el Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económico-política Francisco Sierra Caballero 63 libre ejercicio de los derechos sociales de la comunicación, parece lógico pensar que la acción pública de estos profesionales no es posible sin garantías mínimas de estabilidad, protección social y autonomía colectiva y sindical de los trabajadores de los medios. Toda afirmación jurídica o pública de defensa de la calidad informativa y de respeto a la libertad de expresión no es realizable sin atención a los derechos laborales y profesionales de los principales detentadores de las libertades públicas que conciernen a la libertad de información. “La precariedad laboral de los periodistas condiciona no sólo su modo de trabajar, sino también su ética y su independencia. Ocurre en los medios impresos y en los digitales, también en los medios audiovisuales. Ocurre en la profesión. En uno y otro país” (López Hidalgo/Mellado, 2004: 5). Pero con especial intensidad y diferencia en España. A diferencia de otros países de nuestro entorno, en nuestro país se elude regular y se bloquean las iniciativas parlamentarias para dignificar la profesión mientras en Francia se protege a los free lances, en Italia el convenio de trabajo protege los derechos profesionales o en Portugal se aprueba un Estatuto de la Prensa. Si bien, podemos reconocer que, de forma genérica la evolución del mercado de trabajo, las modalidades de contratación y las condiciones de producción de los informadores tienden por lo general, en todos los países, hacia una creciente precariedad. Hace varias décadas, el primer estudio significativo sobre la situación laboral de los periodistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constataba la falta de protección y cobertura social de los informadores. En el campo profesional de la información, los trabajadores apenas cuentan con las condiciones mínimas exigibles en cualquier profesión o actividad laboral. No se firman ni extienden a la mayoría de trabajadores los convenios colectivos sectoriales, en pocas o contadas ocasiones existen Estatutos de Redacción que protejan y otorguen autonomía en su trabajo a los periodistas. Sistemáticamente, se vulneran los derechos de autoría. Y ni siquiera en los medios públicos se ha universalizado protocolos y políticas de democratización de los órganos de gestión y organización de las empresas informativas, siendo el problema más grave o principal la falta de regulación del mercado informativo desde el punto de vista de las condiciones laborales de los periodistas. Datos recientes confirman que si “se realiza una estimación realista del empleo que se genera en las empresas no contempladas documentalmente, éste no supera el 10 por ciento de los puestos de trabajo, que, también, se caracterizan por su enorme volatilidad y precariedad” (Petit, 2005: 83). Es el caso, por ejemplo, de los informadores locales. El estudio de la profesora María José Cantalapiedra, de la Universidad del País Vasco, ilustra, por poner un caso, cómo la mitad de los periodistas locales en Vizcaya trabajan en calidad de colaboradores, con pocas o nulas garantías laborales y escaso margen de mejora profesional, respondiendo al perfil, en la mayoría de los casos, de jóvenes licenciados con edades comprendidas entre los 24 y 35 años convertidos en proveedores de contenidos, sin formación ni reciclaje profesional posible, sometidos como están a una producción intensiva laboralmente devaluada desde el punto de vista de la remuneración y calidad del trabajo exigido por las empresas periodísticas. Esta situación es la tónica dominante en el mercado de trabajo nacional. Y la tendencia parece acentuar los Políticas de comunicación en España e Iberoamérica: medios convencionales, Tercer Sector Audiovisual y alfabetización digital 64 niveles de exigencia y precariedad de los trabajadores de la prensa como parte en buena medida de la transformación de las relaciones laborales y la actividad informativa en las redacciones. Una primera conclusión de los datos disponibles sobre la situación sociolaboral de los periodistas es que, desde mediados de los años ochenta, la precariedad laboral ha sido creciente. “Las cifras oficiales conocidas hasta hoy lo demuestran, indicándonos que dicha precariedad va en aumento, lo cual nos obliga a efectuar una reflexión sobre el futuro de nuestra profesión” (López Hidalgo/Mellado, 2004: 1). Los estudios de la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Periodistas de Cataluña, la Asociación de la Prensa de Aragón o la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela confirman esta evaluación. Ya mediados de la pasada década, de acuerdo con el Informe publicado por Intermedios (1996), el 42% del personal de redacción estaba conformado en medio de centenar de empresas periodísticas de referencia por colaboradores o personal sin contrato laboral en regla. En el País Vasco, el estudio realizado por los profesores Cantalapiedra, Coca y Bezunartea demostró que más del 37% de los informadores estaban en precario. La FESP ha cuantificado desde el año 2000 el empleo precario o sin contrato en un 43% de los periodistas que prestan servicio en medios diarios, llegando a un 85% en las revistas y medios mensuales. De los informes publicados sobre la situación sociolaboral de los informadores se puede concluir que, entre el 7 y el 10% del empleo total está cubierto por becarios. Cerca de un 5% trabaja sin contrato alguno y entre un 9 y un 12% son freelances. En la propuesta de Ley de Derechos Laborales de los Periodistas presentada en la Convención de Tarragona, se concluye que “las condiciones laborales de los periodistas profesionales se ha deteriorado seriamente en los últimos años. Las tendencias desreguladoras en el ámbito laboral, la aparición de nuevas técnicas de trabajo y la proliferación de los Licenciados en Periodismo salidos de las cada vez más numerosas facultades de Ciencias de la Comunicación, han sido factores que han incidido fuertemente, de forma determinante, en mayor inestabilidad, más bajos salarios, abuso de las distintas figuras de contratos en prácticas y de aprendizaje, largos horarios y degradación generales de los derechos de los trabajadores” (SPA, 2006: 13). La desregulación de las comunicaciones con la creciente concentración, a la que nos referíamos líneas más arriba, se ha traducido a su vez en mayores exigencias de la empresa a los profesionales de la información, mientras las condiciones salariales y las modalidades de contratación evolucionaban a la baja, limitando la estabilidad y poder adquisitivo de los trabajadores. Ello, unido a la reconversión digital y a la convergencia económica e industrial de medios, ha definido un marco laboral en el que la inestabilidad, la precariedad y la explotación son la norma habitual en el mercado de trabajo. El abuso empresarial en la cobertura de plantillas de redacción con contratos en prácticas y de aprendizaje, largos horarios y subcontratos o colaboraciones externas que no se justificarían, desde el punto de vista de la producción, salvo por la ampliación del margen de beneficio de las empresas periodísticas, sometidas, como hemos descrito, a un proceso de desregulación y competencia que ha revertido en una Políticas de Comunicación y Democracia en España. Una crítica económico-política Francisco Sierra Caballero 65 intensa concentración empresarial en el sector, se han convertido, en definitiva, en el paisaje social del oficio de los informadores en los últimos años, dándose la contradicción de que mientras que el comportamiento de la cifra de negocios, los ingresos por publicidad, la difusión y la audiencia, según los casos, mantienen en general comportamientos positivos, desde el punto de vista del empleo se producen, en todos los casos, retrocesos significativos (Petit, 2005: 83). En resumen, la profesión periodística viene condicionada por la extrema precariedad de casi la mitad de los trabajadores, una acusada baja calidad de vida, con poco tiempo de ocio (y la prolongación interminable, en algunos casos, de las jornadas laborales), explotación intensiva y abusiva de las empresas periodísticas y creciente depresión anímica por presiones laborales y estrés derivados del progresivo deterioro de la profesión. La conciencia de los legisladores y las organizaciones profesionales sobre la vulnerabilidad de estos trabajadores expuestos a la explotación intensiva por las empresas ha inspirado en respuesta propuestas reguladoras como la del Estatuto Profesional de los Periodistas que tramita el Parlamento a fin de garantizar las condiciones mínimas de dignificación, protección y cobertura laboral en el libre ejercicio de la profesión informativa. Mientras el poder legislativo trata de regular la actividad de estos trabajadores la única vía de protección de los periodistas es el amparo de los tribunales que han de juzgar los continuos abusos empresariales de los licenciados y profesionales en activo que con mayor o peor suerte tratan de desarrollar su profesión en un mercado crecientemente concentrado y sometido a los dictámenes de la libre competencia sin control de los poderes públicos. El ejemplo más claro es el de la prensa del corazón, caso ilustrativo de la contradicción de un mercado en auge, de amplios márgenes de beneficio, y una creciente base de empleados sometidos a la precariedad más absoluta. Es en este tipo de información donde más preclaros y contundentes son los datos y las contradicciones entre las percepciones salariales de comentaristas, contertulios y especialistas en información rosa y la situación generalizada de explotación y precariedad de los trabajadores de la prensa que alimentan este lucrativo negocio periodístico. Sin embargo, parece ser que el poder legislativo, y más exactamente, el gobierno no están dispuestos a amparar y promover la regulación de un sector clara y manifiestamente desprotegido. El trámite de la proposición de Ley del Estatuto del Periodista Profesional presentada por IU difícilmente concluirá con los resultados esperados por el Foro de Organizaciones de Periodistas. Y no tanto por los atrasos en la toma en consideración por la Comisión Constitucional, sino más bien por la falta de voluntad política de democratización del sector. Los intereses creados por décadas en la industria cultural no aceptan una regulación de los derechos laborales que dignifiquen y amparen el libre ejercicio profesional de la libertad de expresión. Ello afectaría directamente sus intereses. Los principales grupos de comunicación (PRISA, VOCENTO, PLANETA, GRUPO