Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral

Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Electoral political violence after the signing of the peace agreement in Colombia: an electoral analysis Nadia Jimena Pérez Guevara1 Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4188-1206 Camilo Alipios Cruz Merchán2 Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3182-0557 María Eugenia Bonilla Ovallos3 Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9456-0062 1 ([email protected]). Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Ha sido docente investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), de la Universidad Pontificia Bolivariana, Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de La Salle. También ha sido consultora y asesora en temas relacionados con democracia, elecciones y partidos políticos en instituciones gubernamentales del orden nacional y en otras como el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), la Misión Electoral Especial (MEE) y la MSI-USAID. 2 ([email protected]). Maestro en Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito, y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Integrante del Observatorio de Reformas Políticas IIJ-UNAM -OEA. Últimas publicaciones: “¿La unión hace la fuerza? coaliciones preelectorales y competencia partidista en las elecciones locales y nacionales en Colombia (2018-2019)”, en Configuración permanente: partidos y elecciones nacionales y subnacionales en Colombia, 2018-2019, editado por Felipe Botero, Bibiana Ortega, Juan Federico Pino y Laura Wills-Otero, 227-254 (Bogotá: Ediciones Uniandes; Pontificia Universidad Javeriana, 2022); y “Selección democrática de candidaturas en los partidos del sur de Europa: ¿respuestas a la crisis económica o mecanismos de legitimación en los nuevos partidos?”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 65 (239): 409-414, 2020. 3 ([email protected]). Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Economista colombiana especializada en Administración de Empresas con más de doce años vinculada al campo de la investigación, nacional e internacional, en temas relacionados con seguridad, desarrollo, políticas públicas y migración. Directora del Instituto de Estudios Políticos, Coordinadora Académica y Científica del Doctorado en Sostenibilidad, la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo, la Maestría en Ciencia Política y líder de la línea Paz, Posconflicto y Reconciliación del Grupo de Investigación en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Docente universitaria de pregrado y posgrado. Publicaciones: véase https://scholar.google.com/citations?user=A-vSym0AAAAJ&hl=es 88 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Recibido: 02-10-2023 Aceptado: 10-04-2024 Resumen Este artículo caracteriza la violencia política en los procesos electorales de 2018 y 2019 en el departamento de Santander, tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, a partir de dos dimensiones analíticas: 1) violencia contra políticos y/o candidatos, líderes y periodistas y; 2) delitos electorales en contextos de violencia armada. Los resultados evidencian que la violencia político electoral en el departamento aumentó en las elecciones regionales de 2019, la “amenaza” es el hecho victimizante más recurrente, las principales víctimas son los líderes y las lideresas sociales y la corrupción al sufragante es el delito electoral más denunciado en zonas de influencia de los grupos armados que continúan activos en el post acuerdo. Palabras-clave: Colombia, elecciones, violencia político electoral, violencia, post acuerdo, Santander. Abstract The main objective of this article is to characterize the political-electoral violence in the department of Santander after the Peace Agreement in Colombia. The violence is analyzed from two analytical dimensions in the framework of the 2018 and 2019 electoral processes: violence against politicians and/ or candidatures, leaderships and journalists and records of electoral crimes, from data obtained from databases of governmental and non-governmental organizations. As a finding, it was concluded that political-electoral violence in the department increased in the 2019 elections, that threats are the most recurrent victimizing event and that the main victims are social leaders, and that voter corruption is the most reported electoral crime in areas of influence of armed groups. Keywords: Colombia, elections, electoral crimes, political electoral violence, violence, Santander. 89 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Introducción La terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, propósito del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno nacional y las FARC-EP, ha enfrentado serios desafíos a nivel territorial asociados, entre otras cosas, al surgimiento de nuevos actores armados y a las dinámicas de violencia organizada que coexistían en los territorios, evidenciándose una prolongación y transformación del conflicto armado a nivel subnacional. El departamento de Santander, ubicado en la zona nororiental del país y perteneciente a la sub región andina, fue escenario de hitos históricos en las dinámicas de confrontación armada y victimización de la sociedad civil en el conflicto armado interno colombiano (Observatorio Derechos Humanos y Paz, 2020). La presencia de actores armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otras agrupaciones criminales generaron de manera asimétrica afectaciones sobre la población civil en todas las siete provincias que integran el departamento, las cuales se han visibilizado principalmente en la etapa del post acuerdo, a través del trabajo que las organizaciones de víctimas y la academia han realizado en el marco del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, que se creó tras la firma del acuerdo de paz (Bonilla, Botero & Sorzano 2022). Las víctimas de este departamento de Colombia, que no se identifica como uno de los más afectados por el conflicto armado, han enfrentado por décadas una postura institucional negacionista que poco a poco se ha desvanecido en la medida en que se avanza en el esclarecimiento de la verdad, demostrando que sí hubo afectaciones y que la población está lejos de vivir en escenarios de paz, fruto de la transformación que ha experimentado el conflicto durante los primeros años de implementación del Acuerdo (Cruz, Bonilla & Reyes, 2024). Además, Santander es uno de los cinco departamentos de Colombia que a finales del siglo XX y comienzos del XXI, han registrado mayores reportes de riesgo electoral por presencia de actores armados, especialmente por parapolítica, según los mapas de riesgo de la Misión de Observación Electoral MOE (2018;2019;2022). De allí que este artículo indague sobre el comportamiento de la violencia político electoral en este departamento del país, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, analizando los procesos electorales nacionales y subnacionales de 2018 y 2019, para lo cual triangula información proveniente de bases de datos de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Policía Nacional de Colombia (PONAL), de 90 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior, de la Misión de Observación Electoral (MOE), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El artículo se encuentra estructurado en cuatro partes. En la primera se presenta una discusión conceptual sobre la violencia y particularmente sobre la violencia político electoral; la segunda, describe la metodología empleada y los datos utilizados para la caracterización a partir de la definición conceptual construida. Posteriormente, analiza la violencia contra políticos y/o candidatos, líderes y periodistas, así como los delitos electorales en zonas de conflicto. Finalmente, presentan las conclusiones de la investigación. El interés de este artículo es contribuir a la reflexión sobre las transformaciones del conflicto colombiano tras los acuerdos de paz (Niño y Palma, 2018; Ríos, 2018; Ríos y Lago, 2018; Niño y Palma, 2023), esta vez, examinando la relación que tiene la violencia con los procesos electorales, fenómeno denominado como violencia político electoral. Aproximación teórica Analizar y definir la violencia política implica un esfuerzo interdisciplinario dado el carácter complejo del fenómeno y la necesidad de vincular dimensiones contextuales tales como los intereses y trayectorias de los actores involucrados, las particularidades territoriales y los procesos de profundización de la democracia. No obstante, como punto de partida el concepto de violencia puede definirse como un acto relacional dirigido a forzar a otros a actuar en contra de su voluntad, libertad o integridad (Domenach, 1981; Freund,1983) o a un ejercicio de condicionamiento sobre las decisiones o potencialidades de terceros/as (Fisas,1987; Galtung, 1985). Tal interpretación pareciese conectar con la visión del poder como dominación (Easton, 1968; Weber, 1969), en el entendido de que la violencia implica la imposición de un comportamiento contrario a la voluntad de un tercero, pero aceptado de forma voluntaria (Easton, 1968, n. 135; Weber, 1969, n. 699), o la posibilidad de resistencia (Foucault, 1979, n. 135). La frontera entre poder y violencia radica en la legitimidad pues, mientras la violencia es un acto de imposición por la fuerza, el poder expresa una relación en la que el mandato ajeno es asumido como legítimo. En esas fronteras entre violencia y poder surge un tipo particular, la violencia política, la cual está dirigida a la fractura de los órdenes de poder legítimos, es decir, a los aceptados como voluntarios y obedecidos como tales, así como a su reconfiguración a partir de la fuerza. 91 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 La violencia política es una herramienta ejercida por un grupo o por un “acto organizado de grupos políticos” (Powell, 1982, n. 157), en la cual una de las partes involucradas en la disputa es la “autoridad política” (Tilly, 2017, n. 275) y los actos violentos son ejercidos con una “lógica instrumental” (Kalyvas, 2006, n. 26) que puede buscar tres objetivos principales: 1) cambiar las reglas generales de negociación en el juego democrático; 2) afectar el respaldo al régimen político y/o a sus principales partidos; 3) intimidar a la oposición y sus bases de apoyo” (Powell, 1982, n. 158). Tilly (2017) sostiene que, en la reconstrucción de la violencia política o colectiva, a parte de las instituciones gubernamentales y políticas formales, es necesario contar con la presencia de otros tipos de actores políticos, “political entrepreneurs y violent specialist” (n. 280), siendo los primeros liderazgos representativos, distribuidores de intereses selectivos y activadores de redes e identidades colectivas y, los segundos, encargados de la administración de la violencia. Sin embargo, estos roles se pueden entrecruzar de manera que al reconstruir la violencia política es necesario tomar en cuenta la separación entre perpetradores y beneficiarios (Tilly, 2017, n. 280-283). La relación entre violencia política y democracia resulta compleja pues aunque la violencia hace parte de los repertorios de acción a disposición de los movimientos políticos para incidir en la agenda pública (García, 2016, n. 58), es una condición de los sistemas democráticos la posibilidad de transitar las disputas y los conflictos sociales de manera pacífica (Powell, 1982, n. 153). Esto último se expresa en la asociación entre el aumento de la representación política con la disminución del uso de repertorios violentos (Powell, 1982, n. 155) y con la voluntad de las élites políticas por mantener el respaldo a la democracia y tramitar de manera pacífica sus diferencias (Powell, 1982, n. 157). En este contexto la violencia político electoral, entendida como los actos de agresión que se activan en el contexto de los procesos electorales (Derrick,2009, n. 9; Fischer, 2002, n. 8), buscan influir, afectar o intervenir alterando las condiciones de competencia en contextos de democracia formal (Alvarado, 2019, n. 63). Es decir, la violencia política tiene lugar en escenarios en los que existe competencia entre élites y participación ciudadana en procesos electorales y puede provenir de actores estatales, actores vinculados al certamen electoral o de terceros externos, y las víctimas pueden ser agentes estatales, funcionarios, ciudadanos/as, candidatos/as y/o integrantes de organizaciones políticas (Alvarado, 2019, n.63). Para la MOE (2018), la violencia electoral implica la perpetración de actos violentos con el objetivo de afectar el certamen democrático, particularmente las elecciones. Esta postura es compartida por la fundación PARES (2019), que clasifica la violencia política asociándola con actos que se ejercen en contra 92 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 de un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos, en el marco de la contienda electoral. En consecuencia, para los fines de esta investigación la violencia político electoral hace referencia a todos los hechos de violencia dirigidos contra actores políticos como candidatos/as, líderes y lideresas sociales y comunales, electores y/o contra los procesos políticos y jornadas electorales, en el marco de un certamen electoral. Para analizar la violencia político electoral en Colombia es importante tomar como variable contextual el territorio. El contexto geográfico importa porque los actores armados ilegales suelen desplegar acciones diferenciales a partir de su dominio y/o interés de influenciar a las autoridades electorales (García, 2016, n. 26; Losada, 2006, n. 38). La dimensión territorial del conflicto resulta relevante pues, como señalan Ríos y Gago (2018 n.221), el conflicto colombiano ha tendido a la regionalización y a la concentración de las acciones en unos territorios particulares. Al incluir la dimensión territorial en el análisis del conflicto y la violencia, surgen nuevos factores explicativos. Algunas investigaciones señalan que la falta de cooperación entre el nivel central y las autoridades locales puede impulsar la generación de violencia (Trejo y Ley 2016, n. 47). En otros casos, la supervivencia de prácticas iliberales a nivel local, se instituye como factor generador de violencia política (Trejo y Ley, 2020, n. 33). Además, algunos estudios han evidenciado una relación positiva entre elecciones locales y aumento de la violencia (Ponce et. al. 2022, n. 53). En el contexto colombiano, en el que el régimen político democrático ha coexistido con un conflicto armado de larga duración, en el que convergen multiplicidad de actores, la violencia político electoral ha sido abordada como una variable explicativa y también como un fenómeno a explicar. Como variable explicativa, tal como exponen Niño y Palma (2023, n. 223.), la violencia política es asumida como una forma valida de actuación por parte de los actores políticos y como mecanismo de exclusión y limitación de derechos políticos. Para Pino (2017), tres tendencias son identificables en la literatura sobre violencia político electoral aplicada al caso colombiano. La primera, centrada en los incentivos que el sistema democrático restringido genera para el uso de la violencia con fines políticos. La segunda, vinculada al análisis de los efectos negativos de la violencia político electoral sobre la consolidación de la democracia y, la tercera, enfocada en la interacción entre actores ilegales, actores políticos, violencia política y construcción del Estado (n. 371). Este artículo, dado su enfoque descriptivo, no explorará condiciones explicativas de la violencia político electoral, pero contribuirá con la discusión sobre las condiciones contemporáneas del conflicto colombiano a nivel territorial asociadas a los procesos político electorales. 93 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Método El diseño de metodológico en el que se circunscribe este artículo es de tipo cualitativo descriptivo, privilegiando la revisión documental como técnica de investigación. Como el objeto de estudio es la violencia en el marco del certamen electoral en el departamento de Santander, se delimitó temporalmente el periodo de estudio al año electoral4. Así, para los comicios nacionales de la elección de presidente, vicepresidente y congresistas de 2018 se analizaron los reportes de indicadores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y, para las elecciones locales de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de 2019, se analizaron los indicadores del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. A partir de la revisión de la literatura y de la delimitación conceptual de la violencia político electoral, se definieron dos dimensiones analíticas, con sus respectivas variables, para caracterizar el objeto de investigación. La primera dimensión, denominada violencia contra políticos y/o candidatos, líderes y periodistas, analiza los diferentes hechos victimizantes perpetrados contra estos actores en el marco del certamen electoral. Para la consolidación de cada uno de estos hechos se utilizó la información extraída de las bases de datos de la Fundación (PARES), que registra hechos de violencia contra políticos y candidatos; del monitor de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que recopila hechos de violencia a partir de reportes de prensa; de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que recoge hechos victimizantes en el territorio asociados al conflicto; de la Policía Nacional (PONAL) que registra diversas tipologías de delitos y; de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), enfocada en denuncias en contra la libertad de prensa. Cada tipo de hecho victimizante constituye una variable cuantitativa cuyos componentes son ocurrencia, tipo de víctima y el municipio de afectación, con el fin de identificar frecuencias, convergencias y georreferenciación en los dos periodos electorales analizados. Así, los reportes no individualizan al sujeto víctima, sino que permiten analizar el agregado de hechos registrados y, por ende, aunque pueden presentarse múltiples registros de un mismo acto individual, se asume como relevante la concentración territorial y el tipo de víctima. La segunda dimensión analítica, aborda los delitos electorales en contextos de violencia armada. Para ello se revisaron las denuncias realizadas ante la 4 El diseño metodológico inicial contemplaba hacer un análisis del año electoral de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil RNEC, que lo define como aquel que inicia exactamente un año antes de la fecha fijada para la realización de las elecciones, hasta el día de las elecciones. Sin embargo, la dificultad de encontrar los reportes mensuales de hechos victimizantes y de delitos electorales en las diferentes bases de datos consultadas, impidieron la adopción esta medida de tiempo, por lo que se tomó la decisión de analizar el año calendario de las elecciones. 94 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior, durante los dos periodos de estudio, en los municipios del departamento de Santander con presencia y actividad de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las (FARC), las Autodefensas Gaitanistas y otros grupos narco paramilitares. También se analizó la información sobre riesgo de violencia política de la Misión de Observación Electoral (MOE), los informes de presencia y acciones de grupos armados del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y de las geografías de la violencia guerrillera de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Esta información se constituyó como una variable de control, dado que no todos los delitos electorales en Colombia y en el departamento de Santander se circunscriben a la violencia política. Al igual que en la primera dimensión, cada tipo de delito electoral documentado constituye una variable que se representa a partir de frecuencias, en cada uno de los municipios con presencia y actividad de grupos armados, los cuales de acuerdo con la información obtenida varían de 2018 a 2019, como se presentará en el apartado de resultados. A continuación, la Tabla 1 sintetiza el modelo analítico propuesto. Tabla 1 Modelo de análisis para la caracterización de la violencia político – electoral Dimensión Variables (hechos) Variable control Violencia contra políticos y/o candidatos, líderes y periodistas Amenaza N/A Atentado Asesinato Competencia electoral - infraestructura Hostigamiento Desplazamiento Forzado Estigmatización Secuestro 95 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Delitos electorales en contextos de violencia Trashumancia Presencia y actividad de grupos armados. Constreñimiento al elector Corrupción al sufragante Perturbación del certamen electoral Retención de cédula Alteración de resultados electorales Favorecimiento de voto fraudulento y voto fraudulento Violación al Régimen de Financiación Financiación de Campañas con Fuentes Prohibidas Tráfico de votos Fraude al Sufragante Fuente: Elaboración propia Resultados Violencia contra políticos y/o candidatos, líderes y periodistas Los indicadores por tipo de víctima en el departamento de Santander, dan cuenta de una constante victimización a quienes ejercen liderazgos sociales y a quienes cubrieron, a parir de hechos periodísticos, las coyunturas particulares de los municipios durante los años electorales analizados. La amenaza, fue el hecho victimizante más común de violencia político electoral. En el 2019, en el contexto de las elecciones locales, se identificó un aumento en el registro de políticos y candidatos que fueron víctimas no solo de amenazas, sino también de otro tipo de hechos victimizantes como atentados, desplazamiento forzado, hostigamiento y estigmatización. 102 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Mapa 4 Delitos electorales en municipios de Santander 2018 Fuente: Elaboración propia con base en datos de URIEL 2018 En las elecciones de 2019 se destaca el municipio de Rionegro como el tercer municipio del departamento con mayor número de denuncias electorales. La particularidad de esta localidad es que durante ese año electoral no se reportó, por parte de la institucionalidad, presencia de grupos armados, pero sí registró un número importante de hechos violentos como el desplazamiento forzado, el secuestro y la extorsión. 103 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Mapa 5 Delitos electorales en municipios de Santander 2019 Fuente: Elaboración propia con base en datos de URIEL 2018 y 2019 Después de describir los resultados obtenidos en las dos dimensiones definidas para analizar la violencia político electoral en Santander, se identifican varios aspectos que merecen especial atención. En primer lugar, es importante mencionar que tanto los hechos de violencia como los delitos electorales aumentan en las elecciones de 2019, en otras palabras, la violencia político electoral se incrementó en las elecciones regionales. Lo anterior se puede explicar por dos razones. La primera es porque como consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las elecciones de 2018 fueron las elecciones más pacíficas de los últimos 50 años. Durante las elecciones de Congreso y las dos vueltas presidenciales los hechos ocurridos no representaron mayor afectación al certamen electoral y las denuncias no se relacionaron con hechos de violencia. La segunda es porque en las elecciones de 2019 se eligieron autoridades locales, lo cual marca una dinámica distinta en la competencia electoral. En este caso las redes políticas y clientelares se 104 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 encuentran más cerca del espacio de intermediación política, por tanto, se presenta mayor cercanía entre las candidaturas, los partidos y el electorado, más aún en un departamento como Santander, en el que las redes clientelares dominan la competencia política (Pérez Guevara & Bonilla, 2020). Así, en las elecciones regionales las redes clientelares presentan mayor movimiento y su pretensión de demostrar control territorial de nichos electorales por parte de los políticos, resulta una moneda de cambio importante para construir más redes o apoyos, ya sea con el nivel central o con los grupos ganadores (Duque, 2019). También a nivel subnacional se intensifican otros conflictos, más arraigados al territorio y, en el caso de Santander, al impacto que tiene la explotación de los recursos naturales, como los conflictos socioambientales derivados de la explotación minera o de hidrocarburos, de los cultivos ilícitos o de los corredores estratégicos del tráfico de armas, personas y de grupos armados. Otro hallazgo de la investigación, fue la identificación de la concentración de la violencia político electoral en ciertas zonas del departamento, mayoritariamente en los dos principales enclaves urbanos de Santander, Bucaramanga y Barrancabermeja, y los municipios históricamente afectados por el conflicto armado como Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí y Rionegro, la mayoría ubicados en el corredor y zona de influencia del río Magdalena. Es de esperar que, en las zonas más urbanizadas, dada la mayor presencia de instituciones y medios de comunicación y, por tanto, con un mayor flujo de información, se encuentren más capacidades e incentivos para la denuncia y el registro de hechos violentos y de delitos electorales. No obstante, en los municipios mencionados del Magdalena medio, también se evidencia un alto registro pese a ser en gran parte rurales y de categorías 5 y 65. Así, la existencia 5 El ordenamiento administrativo territorial colombiano clasifica a los municipios en una escala de tres tipos y siete categorías basadas en los criterios de población, ingresos corrientes de libre destinación y situación geográfica. A partir de esto se establecen tres tipos: grandes municipios, municipios intermedios y municipios básicos. Clasificación que se usa para definir acceso a recursos nacionales, competencias municipales y focalización de programas y servicios. Los grandes municipios pueden ser de categoría especial, con una población superior o igual a quinientos mil un habitantes e ingresos superiores anuales a cuatrocientos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes o municipios de primera categoría, comprendida entre cien mil uno y quinientos mil habitantes e ingresos superiores a cien mil y hasta cuatrocientos mil salarios mínimos legales mensuales. Los municipios intermedios pueden ser de segunda categoría, con una población entre cincuenta mil uno y cien mil habitantes e ingresos corrientes anuales superiores a cincuenta mil y hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales. Tercera categoría, con población entre treinta mil uno y cincuenta mil habitantes e ingresos corrientes superiores a treinta mil y hasta cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales. Cuarta categoría, con población de entre veinte mil uno y treinta mil habitantes e ingresos corrientes anuales superiores a veinticinco mil y hasta treinta mil salarios mínimos legales mensuales. Por último, los municipios básicos, corresponden a la categoría quinta, aquellos con población comprendida entre diez mil uno y veinte mil habitantes e ingresos corrientes anuales superiores a 105 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 de altos hechos de violencia y delitos electorales en las dos principales ciudades, no afectó en demasía la distribución de las observaciones y, por ende, invita a profundizar en las situaciones que explican la concentración de la violencia político electoral en los municipios de la provincia de Yariguíes. Por otra parte, a pesar de que los datos de conflictividad a nivel nacional y departamental registran una disminución del conflicto armado es innegable que, en algunas de las zonas afectadas históricamente por el conflicto, dadas sus condiciones y su importancia geoestratégica, se ha presentado una reconfiguración del conflicto con la presencia de nuevos actores y formas de ocupar y operar en los territorios. Por ejemplo, en Santander se ha documentado que estos grupos tienen un modelo de subcontratación de otros grupos que no permite la identificación y diferenciación de actores (Pares, 2021). La amenaza se configura como el principal hecho de victimización de la violencia político electoral en Santander en los dos periodos observados, este hecho casi cuadriplica los otros hechos presentados. No obstante, para las elecciones regionales los atentados aparecen como el segundo hecho más registrado en el departamento, seguido por los asesinatos y el desplazamiento forzado. La compra de voto, la presión al sufragante y la trashumancia electoral, son los hechos más recurrentes en las elecciones observadas, con un ligero aumento de estos delitos en las elecciones regionales de 2019, principalmente el de trashumancia. De lo anterior llama la atención que no son los políticos o los candidatos las principales víctimas en el departamento, lo que se esperaría en escenarios de violencia en el marco del proceso electoral, sino los líderes sociales y la prensa los mayores afectados principalmente de atentados y asesinatos. Lo anterior nos lleva a pensar en dos posibles hipótesis: la existencia de subregistros de violencia contra políticos o candidatos por las ya mencionadas condiciones de la competencia electoral subnacional y la reconfiguración del conflicto que ha afectado la dinámica de la violencia político electoral en el departamento. Con el Acuerdo de Paz y la desaparición de las FARCEP, la lucha antisistema y, por consiguiente, la motivación de acceder al poder político por la vía de las amas (Acuña y Pérez, 2020), transformó las dinámicas presentadas de cooptación violenta de las elites y de las instituciones para la consecución de ciertos objetivos (Velasco, 2014). A esto se suma, el debilitamiento de estructuras tradicionales como vehículos para la representación e intermediación política y la aparición de activismos y liderazgos que han empezado a transformar la política en el territorio y en consecuencia la competencia electoral. quince mil y hasta veinticinco mil salarios mínimos legales vigentes. Por último, municipios de sexta categoría, población inferior a diez mil habitantes e ingresos corrientes anuales no superiores a los quince mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Más información en: Congreso de la República de Colombia (1994) Ley 136 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 106 Nadia Jimena Pérez Guevara, Camilo Alipios Cruz Merchán y María Eugenia Bonilla Ovallos Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Conclusión Este artículo buscó realizar una contribución a la definición y operativización del concepto de violencia político electoral aplicado al contexto académico colombiano. Se espera que la propuesta de sistematización y comparación entre las bases de datos existentes contribuya a la expansión de la literatura aplicada al tema. Con respecto a los hallazgos destacan tres elementos. La concentración y regularidad de la violencia dirigida hacia liderazgos sociales y prensa sin importar el tipo de elección. La concentración de las acciones violentas y de los delitos electorales en las principales urbes y en las zonas de afectación histórica del conflicto armado, zonas que coinciden con las de mayor presencia reportada de actores armados ilegales y, por último, el aumento de la violencia electoral durante el ciclo de elecciones subnacionales frente al ciclo electoral nacional. Como agenda futura es importante correlacionar las variaciones entre violencia político electoral y las modificaciones en el número de municipios con presencia de actores armados, tratando de considerar si previo la aparición de reportes de los actores hay registro de aumento en las acciones armadas. También, es necesario caracterizar e identificar en mejor grado a las víctimas y victimarios para observar las regularidades en los perfiles de las víctimas y de la victimización generada por los grupos armados identificables. Por último, aunque el trabajo realizado tenía un alcance descriptivo, los datos recolectados y los hallazgos pueden contribuir a la emergente literatura centrada en las transformaciones de los conflictos tras los acuerdos de paz, como insumo para esfuerzos de comparación y generalización más amplios. 107 Violencia político electoral tras la firma del acuerdo de paz en Colombia: un análisis electoral Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 26, nº 56. Segundo cuatrimestre de 2024. Pp. 87-110. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2024.i56.04 Referencias Alvarado, A (2019) Violencia política y electoral en las elecciones de 2018 Alteridades, 29(57), pp. 59-73 https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/ Alte/article/view/1077 Bonilla, M. E; Botero, D.& Sorzano, M. (2022). Conflicto armado en Santander 2008-2020: contextos y escenarios para la construcción de paz. En J. Ríos Sierra (ed) ¿Dónde está la paz territorial? Violencia (s) y conflicto armado tras el Acuerdo de paz con la FARCEP, (pp, 179-194) Madrid: Sílex. Comisión de la verdad (2022) Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena Medio. 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