Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular

ISSN 2173-125X Cómo citar: Sugranyes Bickel, Ana, Carroza Athens, Nelson, Muñoz Ebensperger, Florencia, Sepúlveda Voullième, Daniel, Castillo Vera, Gonzalo, García Pinto, Melina, Sepúlveda Vera, Gustavo y San Martín, Ana Vergara (2024). Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular. Hábitat y Sociedad, (17), 145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 Resumen A inicios de 2024, un incendio intencional en el área metropolitana de Valparaíso mató a 137 personas y destruyó siete mil viviendas, de las cuales la mitad corresponden a asentamientos populares, llamados campamentos en Chile. En la dinámica de la ayuda de emergencia, nueve organizaciones de unas 500 familias afectadas solicitaron a un grupo de profesionales la elaboración de un plan maestro de reconstrucción, que incluyera la puesta en valor de su arraigo en el territorio, a través de un trabajo de levantamiento de memoria. En medio del trauma sufrido y ante amenazas de desalojo, las comunidades se reorganizan, adoptan el nombre de Villa La Unión, para reformular su propuesta colectiva de un barrio en proceso de regularización. En pocas semanas, esta experiencia de asesoría espontánea, que no se enmarca en los programas oficiales de reconstrucción, Abstract Early 2024 in the metropolitan area of Valparaíso, an arson killed 137 people and destroyed seven thousand housing units, half of which were in slums, known as ‘campamentos’ in Chile. As part of the emergency aid effort, eight professionals met on the ground of a devastated settlement and responded to the request of nine local organizations, some 500 affected families, for technical advice on long-term on-site reconstruction. In the midst of the trauma suffered by these families facing threats of eviction, the communities reorganized themselves. They adopted the name of Villa La Unión to reformulate their collective proposal for the process of the slum regularization. In a few weeks, this spontaneous advisory experience, which is not part of the official reconstruction programs, reviewed the legal and regulatory framework; supported the exercise of rescuing the memory Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular AFTER A DISASTER, TECHNICAL ADVICE FOR THE SUSTAINABILITY AND THE URBAN INTEGRATION OF A SLUM Recibido: 10-06-2024 Aceptado: 23-07-2024 Ana Sugranyes Bickel Arquitecta PhD. anasugranyesbick[email protected]om 0000-0003-4128-5826 Nelson Carroza Athens Sociólogo PhD. nelsoncarro[email protected] 0000-0003-3902-3392 Florencia Muñoz Ebensperger Antropóloga PhD. [email protected]om 0000-0001-9668-1952 Daniel Sepúlveda Voullième Arquitecto dansev[email protected] 0009-0003-3224-0703 Gonzalo Castillo Vera Arquitecto gonzalo.castillo.arquitect[email protected] 0009-0002-6456-8837 Melina García Pinto Arquitecta [email protected] 0009-0006-2756-0958 Gustavo Sepúlveda Vera Topógrafo mpo.v[email protected] 0009-0000-8855-358X Ana Vergara San Martín Arquitecta MA ana.vergar[email protected]om 0009-0007-7951-7334 A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07146 revisa el marco legal y normativa; apoya el ejercicio de rescate de la memoria del asentamiento; propone elementos hacia un plan maestro, para la integración urbana y una nueva centralidad para el sector periférico de la comuna de Quilpué; con sistemas de prevención de riesgos, combinando cortafuegos y humedales construidos con la reutilización de aguas grises; con diferentes densidades y opciones de acceso a la vivienda. Palabras claves reconstrucción post desastre, producción y gestión social del hábitat, asentamientos populares, asesoría técnica, sostenibilidad. of the settlement; and proposed elements towards a master plan for urban integration and a new centrality for the peripheral sector of the municipality of Quilpué; with risk prevention systems, combining firebreaks and built wetlands reusing greywater; with different densities and options for access to housing. Keywords post-disaster reconstruction, social production and management of habitat, slums, technical advice, sustainability. 1. Introducción 1.1. Contexto del desastre El mega incendio del 02 de febrero de 2024 es el más grave de la historia reciente de Chile. Ha afectado a grandes extensiones de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, del área metropolitana de Valparaíso, un poco más de cien kilómetros al poniente de Santiago (Figura 1). El fuego mató a 137 personas; quemó 10.000 hectáreas rurales y urbanas; afectó entre 12.000 y 15.000 viviendas; 7.000 familias perdieron su vivienda y enseres (CIGIDEN, 2024). Desaparecieron zonas de alto valor natural y medioambiental, y varios parques y reservas de bosque nativo. La topografía accidentada de este borde costero, densamente poblado y con un estándar de urbanización deficiente, siempre ha sido vulnerable al fuego, como ya lo vimos en los grandes incendios de Valparaíso a través de los años. El mega incendio de 2024 ha causado gravísimos daños a las personas, a sus bienes, a la infraestructura de la ciudad y su entorno ambiental. La principal hipótesis sobre las causas de este incendio indica que fue un desastre intencional y la justicia sigue investigando los motivos. Este incendio intencional se inscribe en un momento de la historia de Chile, marcado por 40 años de neoliberalismo real existente, la reducción de la capacidad de intervención del Estado y el individualismo (Hidalgoetal., 2016). Este contexto, a su vez, coincide con múltiples problemas habitacionales, que se visibilizan en hechos de exclusión, estigmatización y criminalización, que afectan por lo general a los sectores populares; también en hechos de informalidad y corrupción que cruzan todas las formas de producción del espacio urbano y del hábitat (Rodríguez y Sugranyes, 2005; Tironi, 2003). En este contexto, es importante destacar la geografía social de los sectores afectados en esta catástrofe: la mitad formaba parte de áreas urbanas con título de propiedad; la otra, son ‘asentamientos precarios’, tal como el Estado de Chile denomina a las tomas de terreno, o campamentos (Matus Madridetal., 2019). Para los efectos del documento aquí presentado, optamos por el concepto de ‘asentamiento popular’, que evita caer en Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 147 la simplificación de una dicotomía entre lo formal e informal, lo legal e ilegal, legítimo e ilegítimo; permite abordar la complejidad de las formas de ocupación el territorio entre situaciones de ilegalidad y, a la vez, de la legitimidad de procesos sociales de producción del hábitat a través de la toma de terrenos y de lentas fases de urbanización progresiva. Como lo sugiere Cravino (2022), el asentamiento popular es “un fragmento de ciudad sin estatus de ciudad; algo que es parte de la ciudad, pero que no es considerado como tal, ni por el urbanismo, ni por la planificación”. En Chile, como en toda América Latina, los asentamientos populares son construidos por las comunidades marginalizadas, ante los límites de las políticas habitacionales y de hacer ciudad. En Chile, la evidencia indica que estos asentamientos son el resultado de otros procesos de precarización de la vivienda tradicional: deterioro de los conjuntos de vivienda social (Matus Madridetal., 2019); la multiplicación de nuevas formas de arriendo precario (Marín Toroetal., 2017); el hacinamiento y allegamiento de las familias (Urrutia y Cáceres, 2020); y el encarecimiento de los valores de las viviendas y los alquileres (Vergara-Perucich y Aguirre Núñez, 2019), entre otros. En este contexto, proponemos primero entender los campamentos como la manifestación visible de un problema habitacional más profundo o la punta del iceberg de la crisis en el acceso a la vivienda, es decir, el resultado de un problema estructural. A la vez, vivir en un campamento implica una construcción social, donde se aprende a Figura 1 Área Metropolitana de Valparaíso y trazo del mega incendio del 02 de febrero de 2024. Fuente: El Mostrador, 16 de febrero de 2024. A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07148 convivir colectivamente en un entorno adverso, excluyente y estigmatizador. En otras palabras, la capacidad de acción de quienes residen en ellos es crucial para negociar con una estructura que perpetúa la violencia y la exclusión, manifestada en la precariedad de la vivienda. Esto último se ha agravado, especialmente, desde 2023, por la aprobación en el parlamento de una ley contra la usurpación y ocupación de inmuebles, que llega a penalizar con cárcel a las familias pobladoras de los campamentos; y por una ola de violentos desalojos forzosos.1 El caso analizado corresponde a un asentamiento de unas quinientas familias en las afueras del sector Pompeya Sur de la comuna de Quilpué, del área metropolitana de Valparaíso. Son nueve organizaciones comunitarias que intentan resolver la formalización del acceso al suelo desde hace unos diez años, a través de una larga negociación con la dueña del terreno. Se trata de una iniciativa excepcional en estos sectores, de una compraventa de paños grandes en beneficio de cada organización, con una figura de posesión colectiva en modalidad de condominio. Después de la catástrofe, como parte del Movimiento de Pobladores Organizados, MPO, estas comunidades intentan reencontrarse para formular una solución propia frente a las amenazas de un inminente desalojo, que destruye nuevamente los sueños de una vivienda digna; en este esfuerzo de reagrupación, las organizaciones locales optan por el nombre de Villa La Unión.2 En este contexto, la evidencia sobre los procesos de reconstrucción post incendio de los asentamientos populares está orientada por tres enfoques (Maly, 2018). El primero tiene que ver con la intervención del Estado. En el caso de Chile, esto corresponde a la política instaurada desde hace 40 años, o sea la aplicación de subsidios individuales en lotes con título de propiedad. El gobierno enfatiza que “nunca se construirá como antes”3 y que la política no dispone de instrumentos específicos para responder a la demanda de reconstrucción en los campamentos destruidos.4 Un segundo enfoque viene de sectores profesionales que exigen el pleno respeto de la ley y normativa, de la planificación urbana y del marco de la mitigación y prevención de riesgos. En Chile, estas exigencias se limitan a la distribución de manuales para la reconstrucción individual y el acceso al subsidio. Un tercer enfoque, es la que prevalece en terreno, es la práctica de la auto reconstrucción inmediata, con recursos que provienen de los círculos familiares, 1. Ley 21633 - Ley que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. En: https://www.bcn.cl/leychile/ navegar?idNorma=119828 2. Las nueve organizaciones de Villa La Unión son: Comité de Vivienda Las Lomas Verdes, Comité de Adelanto Aconcagua Quilpué, Comité de Vivienda Las Lomas del Futuro, Comunidad Vista El Boldo, Comunidad La Higuera, Comunidad Cuarzo Blanco, Comunidad Alto Valencia, Comunidad Gabriela Mistral y Comunidad Fuerza y Esperanza. (Figura 2.) 3. Entrevista de The Clinic al ministro Carlos Montes de la cartera de vivienda y urbanismo, el 26 de mayo de 2024, www.theclinic.cl/2024/05/26/carlos-montes-ministro-de-vivienda-y-urbanismo-hay-que-poner- mayores-exigencias-2/ 4. Una sola excepción a esta evidencia: el campamento Manuel Bustos, de la comuna de Viña Del Mar, totalmente destruido por el fuego, pero con plan de reconstrucción porque ya estaba contemplado el compromiso de urbanización de este asentamiento popular en el marco de “Construyendo Barrios” del Departamento de Asentamientos Precarios, DAP, del ministerio de vivienda y urbanismo, Minvu. Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 149 de préstamos comerciales o de endeudamientos en el trabajo para reconstruir ya, de inmediato, y antes que comience el invierno. En este sentido, este artículo pretende aportar evidencia para discutir este último enfoque emergente, mediante la sistematización de una asesoría técnica en un asentamiento popular de Valparaíso después de un desastre. Se exploran los desafíos y aprendizajes derivados de los procesos de auto reconstrucción inmediata y su relación con el acompañamiento técnico. Esto se lleva a cabo en un intento por conciliar las aspiraciones de formalización gradual de un asentamiento popular hacia un barrio integrado y protegido, en un entorno político e institucional poco inclinado hacia ideas transformadoras o innovación comunitaria. 1.2. Emergencia y reconstrucción El caso de Villa La Unión ejemplifica cómo, en las situaciones de tantos posts desastres que conoce Chile, esta forma de reconstrucción se articula muy rápidamente. Durante el mes de febrero, centenares de jóvenes voluntarios llegaron a los cerros y limpiaron los escombros con apoyo de flotas de camiones, públicos y privados, con disposición de espacios de depósitos de los residuos; el Estado levantó un diagnóstico a través de fichas individuales de emergencia y el análisis topográfico de las áreas afectadas a través de un estudio topográfico con drones; acudieron diversas organizaciones sociales y partidistas para la instalación y puesta en marcha de ollas comunes; y la municipalidad distribuyó alimentos y ayudas de emergencia. En este contexto de ayudas solidarias, a partir del 10 de febrero, o sea una semana después del mega incendio, el MPO convocó la conformación de un equipo de asistencia técnica para acompañar la demanda de las familias damnificadas. Ante la amenaza de un desalojo, se concretó la idea de defender el proceso de la reconstrucción in situ, sin acatar las indicaciones de traslado a campamentos transitorios que, por cierto, nunca se concretaron; y de iniciar un largo y lento proceso de radicación del asentamiento popular. A partir de la experiencia de una serie de iniciativas de trabajo en la Región de Valparaíso, de defensa del derecho a una vivienda adecuada; del derecho a la ciudad; de asesoría jurídica a comunidades sufriendo órdenes de desalojo5 , se encontraron distintos profesionales de distintas disciplinas (una antropóloga, tres arquitectas, dos arquitectos, un sociólogo y un topógrafo) para constituir este equipo de trabajo voluntario en Villa La Unión y bajo el alero de MPO. Esto, con el objetivo de elaborar –desde sus experticias técnicas–, un plan maestro de reconstrucción. De esta manera, el equipo busca anticiparse a la acción no consultiva del Estado por medio de una propuesta sustentada en la experiencia de profesionales, que opere como una herramienta política para la permanencia de las comunidades en el territorio; el desarrollo de un 5. Dos ejemplos de encuentros en Valparaíso entre profesionales varios: https://www.upla.cl/noticias/2023/11/29/exitoso-cierre-de-segundo-diplomado-de-extension-en- vivienda-cooperativa-henri-lefebvre-por-el-derecho-a-la-ciudad/ https://hlrn.org/img/cases/CHI-FEDN%2017082023_HLRN.pdf A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07150 plan de gestión territorial, que incluya a los habitantes como agentes de decisión; y el aprendizaje de espacios de negociación con las autoridades. Los dirigentes se contactaron con un equipo multidisciplinario de profesionales en ciencias sociales y arquitectura. A partir de esta colaboración, se diseñó una metodología que integra dos dimensiones principales: la urbano-habitacional y la recuperación de la memoria local del territorio. Esta necesidad de abordar múltiples dimensiones surgió de la comunidad misma, en concordancia con la premisa de que un territorio es una construcción social, y que cualquier proceso de reconstrucción debe ineludiblemente incorporar elementos que surgen de la interacción de aspectos sociales, físicos, políticos, económicos y culturales en un mismo lugar (Borda, 2000). Entonces, se desarrolló un diseño metodológico emergente que empleó técnicas participativas, tanto para la recolección de información como para la validación de la propuesta. Este esfuerzo culminó en la elaboración de un documento que sintetiza las líneas clave para un plan maestro de Villa Unión. A lo largo del proceso de asesoría técnica, surgieron diversas dificultades que finalmente se convirtieron en valiosos aprendizajes y desafíos aún por resolver. La emergencia e innovación de esta propuesta encontró obstáculos: la reacción variada ante una iniciativa que no estaba alineada con el plan oficial de reconstrucción. No obstante, el 25 de mayo, cuatro meses después, se llevó a cabo la entrega de un dossier con las primeras propuestas hacia el asentamiento definitivo de Villa La Unión en un acto comunitario, en el cual ocho profesionales socialmente comprometidos, sin apoyo institucional, mantuvieron su labor. Con este propósito, el artículo se organiza en cuatro secciones. Comenzamos con el análisis de las diferencias entre los marcos legales de asentamientos y de reconstrucción post desastre, apoyándonos especialmente en una contribución reciente del Colegio de Arquitectos de Chile (2024) que fundamenta nuestra propuesta práctica. Luego, detallamos la metodología propuesta para la asesoría técnica. Seguidamente, presentamos una síntesis del ejercicio colectivo de recuperación de la memoria de Villa La Unión. Explicamos cómo desarrollamos una propuesta para un barrio ideal, con el objetivo de examinar la realidad de la reconstrucción y ofrecer perspectivas a largo plazo. Finalmente, concluimos con una discusión sobre los alcances y límites de esta experiencia de asesoría técnica en desarrollo, cuyo impacto es prometedor, desafiante, contradictorio y con un futuro aún incierto. 2. Enfoques de reconstrucción post desastre Toda asesoría técnica a procesos de desarrollo debe estar inscrita dentro del marco legal vigente. En este caso, resulta clave tener en consideración la regulación sobre loteos y su subdivisión, problematizando su pertinencia y coherencia para los casos de asentamientos populares, sobre todo en lo relativo a la necesaria prevención de riesgos como incendios y derrumbes. Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 151 La Ley de Urbanismo y Construcciones, en sus artículos 136º a 139º, tipifica como delito la subdivisión y enajenación del suelo sin la previa materialización de obras de urbanización que doten de servicios básicos, pavimentos y áreas verdes. Esta ley también prohíbe en su artículo 55° la apertura de calles y creación de nuevas urbanizaciones en áreas rurales. No obstante, desde el período colonial, una de las formas a través de las cuales las clases populares han producido su hábitat, fue a través de asentamientos de hecho, donde primero se vive luego se construye, o simplemente se vive sin construir, en condiciones muy precarias (Riofrío, 2022). No obstante, desde mediados del sigloXX, comenzaron a generarse apropiaciones colectivas de terreno por parte de personas y familias sin posibilidad de acceder a la vivienda (Espinoza, 1988), quienes reivindicaban el derecho de propiedad sobre terrenos disponibles, generalmente pertenecientes al estado. Desde ahí, las tomas se han convertido en un mecanismo válidos de acceso a la vivienda para grupos precarizados y subalternos (Angelcos, 2015). Los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos 50 años sean de izquierda, el centro o derecha, han creado instrumentos legales y programas de financiamiento para atender esta realidad incontenible y permitir regularizar la tenencia, favorecer su formalización, dotar de un estatus urbano a estos asentamientos y reducir la vulnerabilidad en caso de emplazamiento en zonas de riesgo. En la actualidad, junto con implementarse un programa de campamentos, el gobierno ha llevado a discusión parlamentaria proyectos de ley que buscan crear nuevos instrumentos para atender esta realidad. Estas iniciativas conviven con un marco constitucional que le otorga a la propiedad privada un rango superlativo y junto con eso, una agenda legislativa alentada por un discurso que criminaliza las usurpaciones y ocupaciones de inmuebles, y favorece los desalojos forzosos a través de la fuerza y la violencia de Estado. Una buena parte de la superficie arrasada por el incendio de febrero de 2024 corresponde a este tipo de poblamiento. Desde ahí varios centros de investigación y acción reaccionaron, haciendo ver las limitaciones que presenta la planificación pública y la necesidad de superar las condiciones del país para enfrentar este tipo de catástrofes. En ese marco, el Colegio de Arquitectos de Chile (2024) presentó un documento con propuestas a escala intercomunal, comunal y habitacional para enfrentar tanto la emergencia inmediata, como la reconstrucción y la prevención futura. Este, plantea la necesidad de aprovechar la Ley N°16.282 “de sismos y catástrofes”, ya que, entre otras cosas, permite flexibilizar procedimientos administrativos, posibilitando el recibir y efectuar donaciones y préstamos, así como disponer de recursos. Esta ley además regula el desarrollo de planes de acción, crea los comités de emergencia comunales y permite la construcción de soluciones habitacionales estandarizadas sin tener que tramitar los permisos de obra en cada caso. La propuesta del Colegio de Arquitectos hace también mención de la creación de “campamentos transitorios” para damnificados, instrumento que forma parte de las iniciativas legales en debate parlamentario a petición del Gobierno. A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07152 Todas esas consignas pueden ser útiles, pero ciertamente insuficientes. La dramática situación producida por el incendio se sucedió de la urgencia de las familias por resolver el acceso inmediato a una vivienda antes de la llegada del invierno; así surgieron iniciativas espontáneas, que sobrepasaron la acción operativa del Estado y toda voluntad planificadora. En menos de dos meses, las familias habían vuelto a localizarse en los terrenos que el incendio había arrasado. 3. Metodología de la asesoría técnica La propuesta metodológica de asesoría técnica estuvo inspirada en la posibilidad de que la fuerza creativa de los entramados comunitarios y la producción de lo común permitieran ir superando obstáculos para la construcción del hábitat popular (Gutiérrez, 2020). Esto, tanto respecto a los obstáculos externos jurídicos, técnicos y financieros, como los internos, inherentes a toda organización. Para ello, era necesario poner a disposición de la comunidad los saberes que suelen ser monopolio de técnicos y burócratas. Asumimos que los instrumentos legales y de financiamiento desarrollados por el Estado, en su notable tradición de disciplina y formalidad, son instrumentos que deben ponerse a disposición democrática de la ciudadanía, para que sus organizaciones sociales estén en condiciones de exigir su aplicación para la consecución de algo tan relevante como el derecho a un hábitat digno. Por lo tanto, junto a la comunidad, llegamos a proponer elementos de un plan maestro para el sector e ir preparando un manual de gestión, que permitiera a los habitantes contar con una carta de navegación para el largo proceso que deberán enfrentar, hasta que su campamento se constituya en una verdadera pieza urbana. El diseño metodológico de la asesoría técnica no fue concebido como una propuesta convencional con metodologías y técnicas predefinidas y escalas determinadas, como suele ser habitual en este tipo de intervenciones. Más bien, puede describirse como un diseño metodológico emergente, adaptado a una realidad compleja post desastre, donde las escalas y unidades de análisis se vuelven más flexibles y las dimensiones y variables se problematizan en relación con la coyuntura. Esto permitió realizar un análisis de mayor complejidad, considerando causas múltiples (Sposito, 2016). El diseño metodológico de la asesoría técnica integró dos dimensiones fundamentales: el diseño urbano habitacional y la recuperación de la memoria histórica y los significados del territorio. Es decir, la asesoría técnica propuso abordar la reconstrucción del territorio considerando tanto su dimensión física y material como su dimensión simbólica e histórica. Además, estas técnicas emergentes involucraron a la comunidad mediante diferentes niveles y grados de participación, tanto en la recopilación de información como en la validación de la propuesta. El abordaje de estas dos dimensiones de manera integrada representó una innovación surgida desde las propias inquietudes de la comunidad de Villa La Unión; o sea, una combinación especialmente relevante, ya que Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 153 los procesos de reconstrucción suelen enfocarse principalmente en la dimensión física y material de la vivienda e infraestructura. Para avanzar en este sentido, propusimos dos técnicas, con diferentes temporalidades y características que, lejos de ser excluyentes, fueron complementarias, sostenidas en ejercicios de generación de conocimiento colectivo, y que encontraron su integración al final del proceso metodológico, específicamente en la fase de devolución, a través de la reflexión con la propia comunidad. Por un lado, llevamos a cabo la reconstrucción de la memoria local del asentamiento de Villa La Unión. Este proceso surgió de la necesidad de los habitantes por recuperar su historia y destacar las experiencias de lucha y el vínculo con el territorio. La propuesta metodológica se basó en la recopilación y construcción de conocimiento colectivo para reconocer los procesos de urbanización y consolidación del asentamiento, donde los residentes actualmente protagonizan un espacio de lucha, construcción de vínculos y reivindicación. Después de revisar diversas metodologías y experiencias de rescate de la memoria oral en asentamientos populares en Chile, optamos por la técnica de “entrevista colectiva con línea de tiempo”, propuesta por Garcés (2002). Esta técnica, asociada a la dinámica de un taller, se centra en generar conocimiento colectivo a partir de la experiencia, participación y conocimientos de los propios participantes. Utilizando un “eje temporal”, las comunidades identificaron los hitos principales y los procesos de urbanización y autoproducción de servicios básicos y viviendas en el territorio. Por otro lado, el diseño urbano habitacional se llevó a cabo mediante una dinámica de recopilación de información itinerante. En colaboración con las lideresas de las nueve comunidades, se realizaron talleres in situ para abordar la precariedad del espacio destruido y el proceso de ocupación emergente y rápida ante la inminente llegada del invierno. Estos talleres fueron facilitados con cada una de las nueve comunidades, utilizando planos impresos, donde las vecinas delinearon la configuración y la ubicación de las familias en cada lote ocupado. El levantamiento de estos datos primarios permitió desarrollar un sistema de información geográfica para comparar el asentamiento antes y después del incendio. Además, en base a las aspiraciones, opiniones y valoraciones expresadas por las líderes comunitarias, se elaboraron las primeras propuestas urbano-habitacionales, las cuales fueron analizadas y debatidas en reuniones semanales. Finalmente, el diseño metodológico de la asesoría técnica culminó con dos procesos de devolución. Estos no solo sirvieron para compartir información con la comunidad, sino también para generar espacios de diálogo y reflexión acerca del proceso mismo. Esto contribuyó a mejorar y fortalecer las propuestas tanto del diseño urbano habitacional como de la recuperación de la memoria histórica del territorio. Esta fase final también permitió a la comunidad reflexionar sobre estrategias políticas para visibilizar su situación, difundir el proceso a otras comunidades afectadas y considerar A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07160 • Parque endémico: Orientado al rescate de los bosques chilenos, generando y reproduciendo especies endémicas para la regeneración de quebradas. Incluye invernaderos y semilleros con fines educacionales. • Parque deportivo: Permite la práctica de disciplinas como trekking, descenso en bicicleta y caminatas en la naturaleza. Cuenta con equipamiento ubicado en calle El Boldo. • Parque de la memoria: Rescata las memorias existentes en el sector, destacando la animita y el comedor social en construcción en el terreno de la familia de Anastasia Orellana. • Parque abierto: Alberga actividades de mayor envergadura y sirve como mirador y punto final de la propuesta. 5.4. Cortafuegos10 Son 100 metros lineales alrededor de Villa La Unión, con posibilidad de extenderse por todo el perímetro urbano. Esta zona contempla sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises, a través de humedales construidos. Estos, además del tratamiento de las aguas grises provenientes tanto de las viviendas como de los equipamientos, alivian la carga de colectores de aguas servidas y generan un positivo impacto ambiental. Además, facilitan el uso de las aguas ya tratadas para apoyar la reforestación del pie de cerro. (Emerge, 2024; Stefanakisetal., 2014; UICN, 2020) 10. Áreas en celeste en plano de zonificación de la Figura 3. Figura 5 Imagen objetivo de plaza de Villa La Unión. Fuente: Gonzalo Castillo, arquitecto. Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 161 Varios estudios sobre la calidad de agua en los más de 25 humedales construidos en Chile y otras partes del mundo (en Colombia, Dinamarca, España y Francia, entre otros), muestran que son aguas naturalizadas con propiedades que aportan al crecimiento de vegetaciones y a la regeneración del suelo. Considerando que una familia promedio genera aproximadamente de 400 litros de agua gris al día, y que en el sector existen más de 400 familias, estamos hablando de generar más de 120 mil litros por día. Esta cantidad de agua puede almacenarse en variados estanques, conectados con un sistema de riego de emergencia, para apoyar al cortafuego como un sistema de mitigación adicional en casos de incendio. La reutilización de aguas grises para efectos de mitigación de riesgos y de regeneración de la biodiversidad en apoyo a un asentamiento sostenible fue la propuesta se mayor aprobación entre las nueve comunidades de Villa La Unión, como lo grafica la Figura 6. 5.5. Acceso a la vivienda Dada la diversidad de necesidades, expectativas y capacidades en la población de Villa La Unión, identificamos siete opciones,11 entre las cuales cada familia deberá elegir: • Lote urbanizado pagado con servicios formalizados de agua, alcantarillado y luz, con compromiso de pago por esta propiedad a largo plazo, para una vivienda individual por autoconstrucción, según normativa municipal y Ordenanza General 11. La diversidad de opción de acceso a la vivienda en procesos de radicación de campamentos ha sido formulada en primera instancia por las dirigentas de Los Arenales en Antofagasta; ver artículo “Construyendo la primera ciudad latinoamericana de Chile”, https://revistascientificas.us.es/index.php/ HyS/article/view/21402. Figura 6 Imagen de corte esquemático de una franja de cortafuegos, mitigación de laderas y humedales construidos. Fuente: Gonzalo Castillo y Melina García, de Emerge. A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07162 de Urbanismo y Construcciones (OGUC); con diseño y permiso de obra que contemplan ampliaciones; • Vivienda subsidiada en lote urbanizado (de menor tamaño que la opción anterior), para la postulación a distintas opciones de subsidio habitacional, con o sin crédito hipotecario; para vivienda individual o micro condominio, o sea dos o tres viviendas en un mismo lote; • Apartamento subsidiado, llave en mano, a través del DS 49,12 en un edificio o conjunto habitacional; exige acreditar la cuenta de ahorro previo la postulación; da la opción de subsidio de hasta 40 mil euros y no conlleva deuda; • Apartamento semi subsidiado, llave en mano, a través del DS 01,13 en un edificio o conjunto habitacional; exige la acreditación de cuenta el ahorro; da la opción de un subsidio parcial y conlleva un crédito hipotecario; • Cooperativa de vivienda, con un predio en propiedad colectiva, para el desarrollo de la vivienda por ayuda mutua, consolidando la opción autogestionaria de algunos de los comités de Villa La Unión; con subsidio de hasta 50 mil euros; • Vivienda en arriendo, público o privado, especialmente para familias no decididas a quedarse en el sector Pompeya Sur de Quilpué; • Vivienda en comodato para personas con discapacidad y personas mayores; incluye reserva para víctimas de violencia intrafamiliar. Los edificios de viviendas colectivas podrían presentarse combinando estos programas habitacionales, permitiendo diversas tipologías de viviendas en un mismo inmueble, gracias a nuevas modalidades de ejecución que está desarrollando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está transitando hacia formas de respuesta más ajustadas a las diversidades que presenta la demanda habitacional. Pero ello requiere una alianza estrecha con la autoridad que permita que los proyectos no sean sólo desarrollados por funcionarios, sino en forma colaborativa con los pobladores, y que éstos tengan la capacidad de lograr que las formas tradicionales de producción habitacional del Estado se adecúen a sus necesidades y problemas concretos. 12. Decreto Supremo (DS) N° 49: subsidio estatal dirigido a sectores de mayor vulnerabilidad, para adquirir una vivienda, con ahorro previo, sin deuda. 13. DS 01: beneficio económico que entrega el Estado a familias sin casa propia, que cuentan con capacidad de ahorro y con capacidad de endeudarse para comprar una vivienda, cuyo valor no sobrepase 120 mil euros. Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 163 6. Discusión sobre la asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Uno de los hallazgos más significativos fue reconocer que apoyamos a un grupo humano que ha sido históricamente víctima de múltiples vulneraciones y violencias sociales, institucionales y simbólicas, todas ellas vinculadas a la larga lucha por el acceso a la vivienda digna en su territorio. Este trauma se intensificó notablemente con el mega incendio de febrero y sus secuelas, que incluyen desde la falta de reconocimiento de la autoridad hasta las amenazas de desalojo. Desde esta perspectiva, es comprensible el alto grado de desconfianza que la mayoría de estas pobladoras siente hacia cualquier actor social o liderazgo, lo cual dificulta significativamente tanto el trabajo colectivo como las asesorías técnicas y políticas. Identificamos un elemento crítico en esta sensación de desconfianza, por lo que resulta fundamental establecer procesos de reconocimiento social y generación de confianza a través de la apertura de canales de comunicación y participación. Esto último se presenta como un punto crucial en cualquier proceso de reconstrucción post desastre en comunidades, donde la práctica de la auto reconstrucción inmediata con recursos comunitarios suele idealizarse gracias a sus componentes participativos, solidarios y de autoayuda, tal como también lo destaca Maly (2018). En este sentido, la lección principal de esta asesoría técnica radica en haber comprendido la necesidad de elaborar insumos técnicos post desastre para revertir los sentimientos de desesperanza, recelo y desapego hacia las ayudas institucionales. Otro aspecto relevante son los impactos inesperados de este proceso, que trascienden el territorio inicialmente considerado, y que permiten entender estos fenómenos en diversas escalas. La presentación del dossier de asesoría técnica ha desencadenado una serie de reuniones tanto dentro de cada una de las nueve comunidades como entre ellas y juntas ante distintas instituciones locales y sectoriales. El análisis de la propuesta está siendo abordado desde las dirigencias de las organizaciones de Villa La Unión, y se extiende hacia el área metropolitana de Valparaíso y el puerto de San Antonio, a través de los enlaces del Movimiento de Pobladores Organizados, MPO. En contraste con otros actores como agentes inmobiliarios, entidades gubernamentales y ONG/fundaciones, que han tendido a monopolizar la producción de conocimientos sobre los territorios para utilizarlos a su favor, las comunidades suelen carecer de las capacidades materiales y técnicas para desarrollar este tipo de estudios, que representen sus intereses y les permitan abogar por mejoras y transformaciones en sus entornos. En este sentido, reconocemos las asimetrías de información que afectan la capacidad de disputa y mediación por parte de las comunidades más vulnerables. Desde ahí, podemos decir que el proceso de asesoría técnica ha permitido avanzar en reducir esta brecha, razón por la cual la demanda por este ejercicio se ha propagado hacia otros territorios y comunidades. Otro de los logros de este proceso, es que las comunidades han empezado a asumir la importancia de abordar sus intereses individuales desde el enfoque de la ciudad. A. Sugranyes B. / N. Carroza A. / F. Muñoz E. / D. Sepúlveda V. / G. Castillo V. / M. García P. / G. Sepúlveda V. / A. Vergara S. M. Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07164 Están repensando la experiencia del loteo inicial, descubriendo ventajas del cohabitar entre distintas tipologías de vivienda y la idea de devenir “un barrio ejemplar”. En este sentido, lo más urgente es la regularización de la tenencia del paño de cada comité14, aunque siempre está el dilema entre la defensa del interés individual con una mirada en la gestión colectiva que será exigida por el Estado.15 De esta manera, algunos de los comités aceptan la idea de cohabitar al lado de viviendas de mayor densidad y construcciones en altura, denominados “blocks”, siempre con un fuerte prejuicio por la historia de la mala calidad de la vivienda social construida masivamente en Chile en los años 80 y 90 del siglo pasado. Por otro lado, en cuanto a la experiencia del equipo de asesoría técnica, hemos enfrentado propuestas que no logramos desarrollar. Nos referimos específicamente a la decisión pendiente desde febrero sobre acompañar o no el auto censo de las comunidades. Es crucial precisar la composición de las organizaciones y familias que serán protagonistas en el proceso de radicación de un asentamiento popular. Aunque los datos son indispensables, en esta ocasión hemos decidido no registrar información sobre las familias. Dada la naturaleza delicada de estos datos y la situación de fragilidad y violencia actual, su dinámica es demasiado compleja: algunas familias ingresan mientras otras salen. Entendemos que, en caso de avanzar hacia la formalización de Villa La Unión como espacio habitacional, será responsabilidad del Estado aplicar los instrumentos adecuados para definir los sujetos —no objetos ni beneficiarios— reales del proceso de urbanización y formalización de la tenencia. Tras la entrega del dossier a Villa La Unión, se mantiene el compromiso de acompañar a las comunidades en su proceso de producción colectiva del hábitat; al menos en una fase inicial que les respalde en la planificación de la gestión futura. Para ello, nos hemos propuesto la elaboración colectiva de un manual de urbanización popular, que permita articular y sistematizar saberes desarrollados en colectivos comunitarios, en muchos años de lucha por el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad, con el conocimiento técnico profesional, jurídico y administrativo, para valerse de los instrumentos financieros y legales vigentes. En las negociaciones con las autoridades, el propósito es contribuir al ejercicio del derecho de las comunidades de ser parte de las decisiones que afectan al territorio de su convivencia, reconociendo el sujeto protagonista social de la producción colectiva del 14. Con relación al proceso de formalización del barrio, la adecuación al marco legal y normativo, las comunidades entienden y vuelven a valorar los estudios de prefactibilidad técnica que se realizaron entre 2019 y 2020. Están dadas las posibilidades de apelar a la regularización por el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, porque Villa La Unión cumple con condiciones urbanísticas para aplicar la Ley 20.234 en suelos rurales contiguos a los límites urbanos de la ciudad; o en función de las modificaciones legales ahora en debate parlamentario 15. Por ejemplo, la propietaria del sector está realizando los trámites de subdivisión predial del inmueble para poder realizar la transferencia de la propiedad e inscripciones del suelo a nombre de cada comité. Y por su parte, algunas de las directivas opinan estar dispuestas a pasar los títulos de los paños adquiridos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, con la idea de facilitar las obras de urbanización y que se respete la asignación de lotes en propiedad a las familias que participaron en este proceso de adjudicación. Después de una catástrofe, una asesoría técnica para la sostenibilidad de un asentamiento popular Hábitat y Sociedad (ISSN 2173-125X), n.º 17, noviembre de 2024, Universidad de Sevilla, pp.145-167. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2024.i17.07 165 hábitat, alcanzando crecientes niveles de autonomía, es decir desarrollando capacidades de auto institucionalización y formulando normas propias (Castortiadis, 1997); con ello, fomentando la imaginación radical, propiciando nuevas alternativas colectivas para el barrio, en las que los deseos y los sueños no se limiten al realismo existente (Fusaro, 2022). En un plazo de seis meses, el manual se elaborará en talleres por grupos de trabajo. Cada uno dedicado a planificar un ámbito específico de producción de bienes comunes urbanos y en esos grupos se avanzará en una reflexión sobre cómo se deben incorporar prácticas de cultivo de lo común en cada una de las tareas que se van planificando. Finalmente, como equipo de asesoría técnica, nos hemos enfrentado constantemente a esta pregunta que trasciende la coyuntura de la catástrofe: ¿Cuál debe ser el rol de las y los profesionales de la arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales y la ingeniería, frente a comunidades que entretejen tramas comunitarias para producir su hábitat, como parte de un esfuerzo cotidiano de reproducción de la vida y que se ven enfrentados a disputar sus espacios de creación de riqueza social, frente a un sistema estado-mercado que prioriza la ciudad como lugar de creación de valor de cambio? (Gutiérrez, 2020). En otras palabras, tras este recorrido, hemos revisado nuestra definición de asesoría técnica a partir de esta experiencia: una propuesta inicial destinada a fortalecer el empoderamiento de la organización local para tomar decisiones, asumir tanto los beneficios como los costos de la integración urbana y la sostenibilidad, y concebir el barrio desde una perspectiva colectiva. También hemos reflexionado sobre los límites de la autogestión frente a las necesarias concesiones para involucrar al Estado en la urbanización e inversión. Es evidente que contar con un equipo técnico sin respaldo institucional no es ideal. Habría sido preferible trabajar con respaldo de instituciones municipales, sectoriales o gremiales. No obstante, valoramos profundamente la oportunidad de participar en este ejercicio de producción colectiva y trabajo en equipo, donde pudimos imaginar escenarios urbanos diferentes a los impuestos por la normativa, los juegos de poder y la rigidez institucional. En pocos meses, tuvimos el privilegio de apoyar procesos sociales emancipatorios, desafiando los límites del “no hay alternativa”.16 Referencias bibliográficas Angelcos, Nicolás y Doran, et Marie-Christine (2014). La construction du politique chez les nouvelles générations de Pobladores au Chili. 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