Aproximaciones al contexto de la violencia de género en América Latina. EL punto de mira desde la realidad cubana

— 109 — CAPÍTULO VI APROXIMACIONES AL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA. EL PUNTO DE MIRA DESDE LA REALIDAD CUBANA Lic. Regla Ismaray Cabreja Piedra Universidad de Sevilla, España Resumen América Latina constituye la región con más elevados casos de violencia de género en el mundo, situación estimulada por una serie de factores que han agravado la problemática con el paso de los años. Cuba no se encuentra ajena a esta realidad. Pese a la carencia de estadísticas que visualizan las cifras de la violencia de género en el país, son evidentes las causas que la propician y las limitaciones de los mecanismos de atención dispuestos para atenderlo. Las debilidades en su tratamiento por parte de las agendas jurídicas han influido en que los medios digitales de comunicación también reflejen estas problemáticas y de forma general, invisibilicen y reprozcan estereotipos de género. Ello pone en evidencia la necesidad del cambio y el reto pendiente de acabar contra este problema. Palabras claves Violencia de género, Cuba, América Latina, agenda jurídica, medios digitales de comunicación. — 110 — — 111 — “Me desperté repentinamente, con un fuerte ‘estampido’ dentro de la habitación. Abrí los ojos. No he visto a nadie. Traté de moverme, pero no logré. Inmediatamente cerré los ojos y un sólo pensamiento me ocurrió: ¡Dios mío, Marco me mató con un tiro!”. Maria da Penha 1. Introducción Hoy en día las mujeres siguen siendo vulnerables ante un sistema patriarcal que las disminuye como si fuesen objetos subsumidos y obedientes a la mano del patriarca, del macho dominante. Sus nombres pocas veces se mencionan como sujetos independientes de valor, más bien son ocultadas tras un ‘ellas’ o tras ‘el hombre’ como si no tuvieran nombre propio y sólo adquirieran valor como la madre de…, la hija de…, la mujer de… y un largo número de etcéteras. Esta es la visión de una sociedad patriarcal que desde tiempos ancentrales las ha considerado la ‘Alteridad’, invisibilizadas como sujetos autónomos y subordinadas a un ‘Yo masculino’ que tiene el poder y control sobre todo. La concepción de género dicta esta norma del hombre como sujeto que sabe más, puede más y tiene más (Osborne, 2009, p.109). La situación social de las mujeres se encuentra pautada desde la naturalización de roles para cada sexo. Los ejemplos son múltiples y van desde la asunción de labores domésticas por parte de las féminas, por ende el abocamiento diario a dobles jornadas de trabajo, los estereotipos existentes sobre las maneras de vestir y comportarse; así también la existencia de espacios reservados para mujeres y hombres, además de todas las normas simbólicas de rol indiferenciadas en lo público y discriminatorias en lo privado. La definición del hombre como patriarca y ente baluarte del poder está condicionada por los elementos sexo y género. Sexo como definición biológica y género como definición social, pero erróneamente entendidos como iguales. El género es preciso entenderlo en su más amplia dimensión como fruto del sistema de relaciones sociales, sólo así se comprenderá cómo, las establecidas entre hombres y mujeres, son relaciones de desigualdad. El patriarcado como modelo de dominación condiciona la naturalización de estas desigualdades, no sólo las relativas a situaciones en la que las mujeres se ven expuestas a la inferioridad que las recluyen al ámbito privado, limitando su participación en el espacio público. La estigmatización de la desigualdad es un problema de raíz a todos los niveles, en donde el más difícil de desestructurar es el simbólico, puesto que las fuerzas para acabar con las mismas tienen de trasfondo toda una construcción mental de asimilación y aceptación de lo que se define propio de hombres y de mujeres. — 112 — La violencia masculina contra las mujeres encuentra su factor explicativo en la desigualdad de género como se ha señalado desde las teorías feministas, pero no es la única que explica el fenómeno. La violencia se engrendra esencialmente en el interés del control y dominación por parte de los hombres, pero tiene otros condicionantes, entre ellos elementos relacionados a la etnia, la clase, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión entre otros. Por tanto, va a estar condicionada no solo por el hecho de ser mujer, sino también por otros elementos que definirán su situación social en la realidad en la que se encuentra inmersa. Aun cuando queden muchos retos pendientes para avanzar en su erradicación, un primer paso ha sido la definición de esta problemática social por parte de organismos internacionales. En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Res. A.G. 48/104, ONU, 1994), importante en el reconocimiento de la responsabilidad de los estados en las violaciones de los derechos humanos. Se trató del primer instrumento internacional de derechos humanos que aborda conceptualmente el término violencia de género: "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada" (Bosch y Ferrer, 2000: 12-13). Un concepto de frecuente uso en Latinoamérica es el acuñado por Diana Russell y Jill Radford como ‘femicide’, cuya traducción al español la propone Marcela Lagarde al nombrarlo ‘feminicidio’, queda definido como: “conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de las mujeres (…) es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres” (Lagarde, 2008, p. 216). Se trata de un conflicto global y público, por lo que el reconocimiento del tema a nivel internacional es cualitativamente importante pero no basta si desde las agendas de los gobiernos no se tienen claras sus dimensiones y no se impulsan las acciones necesarias para combatirlo. ‘Conceptualizar es politizar’, al decir de Celia Amorós, por tanto, la conceptualización de la violencia es clave en este sentido y a nivel teórico ha tenido una evolución importante, lo que ha llevado a los gobiernos a problematizar sobre las definiciones que se han estado manejando en los ámbitos mediáticos, jurídicos, sanitarios, educativos, etc. Tomar partido en el cambio e intentar ponerlo en el orden de las agendas gubernamentales es clave para poder contribuir a la erradicación de la violencia de género. — 113 — Este estudio pretende aproximarse a la realidad latinoamericana sobre la violencia de género, centrándose particularmente en Cuba. En el abordaje sirvieron como técnicas de investigación el análisis bibliográfico y documental de la literatura, la que nos acercó a visualizar el tema en contexto y a determinar los rasgos del problema en las agendas jurídicas y de medios digitales en la isla. 2. La violencia de género en América Latina y el Caribe La violencia de género emerge como preocupación de los países de América Latina y el Caribe por la influencia del movimiento feminista que puso énfasis en la deconstrucción de paradigmas míticos que la venían entendiendo como una problemática anclada en el ámbito privado, a la que se encontraban vinculados casos aislados, que no exigía de la competencia de políticas públicas para intervenir, por tanto, en su concepción no se entendía como problema social de elevado impacto. En la desmitificación de estos preceptos jugaría un papel primordial el movimiento feminista de finales del siglo XX, lo que comienzan siendo pequeñas acciones entre algunos de los gobiernos de la región, evoluciona hasta convertirse en un movimiento mundial feminista en el que se encuentran involucrados actores y actoras de todas partes del mundo encaminados a luchar contra un conflicto real de dimensiones letales. Una de las principales preocupaciones en la constante lucha contra este fenómeno en países de América Latina y el Caribe abarca la diversidad en torno a las distintas formas de entenderla y la carencia de mecanismos dispuestos para luchar contra esto, lo que ha dificultado el entendimiento de las dimensiones e impacto social que cubre. Los casos asociados son muchas veces reconocidos como aislados y la victimización de la mujer es frecuente, preceptos que predominan en el juicio de las autoridades encargadas de darle atención primaria a sus víctimas. Es un hecho que la falta de preparación en este sentido ha ido mellando la posibilidad de alcanzar sociedades más igualitarias, en donde mujeres y hombres estén bajo la misma condición en todas las esferas sociales. La democracia del sistema y las políticas equitativas son dos principios que abanderan las normas constitucionales de muchos países de la región, pero la correspondencia de esto que proclaman a veces tiende a ser divergente con la realidad. Lo que pasa es que muchas veces “el Estado moderno se erige sobre la diferencia entre géneros, diferencia que se inscribe en el proceso político. Incluso si la mujer tiene teóricamente los mismos derechos del varón, raro es que pueda ejercerlos” (Moore, 1996, p. 214). El reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas jurídicas de algunos países de América Latina y por ende el bajo nivel de tratamiento hacia la violencia parece ser una constante en la creencia de — 114 — que las mujeres gozan de las mismas condiciones que los hombres. En muchos casos la igualdad se encuentra pautada a nivel constitucional, no obstante en la práctica y vida cotidiana la realidad es diferente. El sistema termina institucionalizando las desigualdades entre hombres y mujeres, en donde estas últimas se ven en situación de marcada subordinación como mayoría más vulnerada, en cualquier edad en la que se encuentre. A nivel regional se ha ido promoviendo una cultura de la no violencia mediante la denuncia de sus implicaciones sociales. Aunque el empeño ha crecido a lo largo de los años, es válido destacar que la cuna de los primeros encuentros regionales para el tratamiento de la violencia de género fue Bogotá, Colombia, en donde se celebró en 1981 el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Del mismo derivaría la decisión de tomar la fecha de 25 de noviembre como día de celebración de la jornada internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. La misma conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El impacto tanto nacional como internacional que tuvo este hecho encontró fuerzas de apoyo global hacia la causa de que eran víctimas frecuentes las mujeres. Ello llevó a que esta fecha connotara en Latinoamérica a partir de 1981 el Día de la violencia de género. La ONU en 1999 se suma a las jornadas de denuncias y proclama que cada 25 de noviembre seria el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, considerado para promover acciones en función de sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre sus significativas connotaciones negativas. Algunos acontecimientos que se han dado a favor de la lucha contra esta problemática han marcado pautas contributivas y han expandido la preocupación mundial en muchos países del orbe. Las cifras demuestran la gravedad: América Latina, región que abarca sólo el 8% de la población mundial, es el continente que presenta mayor número de homicidios y concentra el 38% de los asesinatos que se cometen en el mundo. Las mujeres conforman la mayor parte de las víctimas de violencia sexual y física. Las altas tasas de feminicidio que afectan a la región son un síntoma de la desigualdad de género y las vulnerabilidades que de ella resultan. Alrededor de 12 mil mujeres son asesinadas todos los años, además de que se encuentra más de la mitad de los 25 países del mundo con las más altas tasas de feminicidio –de hecho, son 7 entre los 10 primeros (Avelar, Rosa de Moraes & Díaz, 2018: 3). La dinámica adopta diferentes matices en dependencia del contexto. Por ejemplo, la guerrilla militar en Colombia ha incrementado la vulnerabilidad a que las mujeres sean más propensas a sufrir violencia. La acción de grupos armados ha constituido un agravante en la situación de la mujer en este — 115 — país. Hasta el 20 de septiembre de 2017 fueron contabilizados 15076 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado (Informe de Gestión, 2017). Por otra parte, Brasil se ve afectado por dinámicas profundas de violencia perpetrada por bandas delictivas, lo que incrementa la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las mujeres. La inexistencia de una ley de aborto que pone en riesgo sus vidas; la falta de competencia de las autoridades encargadas de atender a las víctimas, son algunos de los factores explicativos de las estadísticas de violencia de género en este país, las que, según datos oficiales recopilados por el Foro brasileño de Seguridad Pública estimaron que en 2016, 4657 mujeres fueron asesinadas por esta causa. Dentro de la hondonada de crímenes de feminicidio, México presenta uno de los más elevado índices en este sentido. Un ejemplo lo prueba que en el año pasado se registraron 383 crímenes violentos con características de feminicidio, 306 de los cuales aún no están esclarecidos, según la única investigación realizada por la organización Redes de No Violencia. No obstante, la ONU señaló que: el feminicidio en Guatemala había rebasado ampliamente al caso de Juárez, pese a lo cual había pasado casi desapercibido (G. Luna, 2007: 90). Además de la violencia generalizada, las mexicanas se enfrentan a la impunidad de los crímenes, al tráfico de personas, al trabajo en condiciones de esclavitud y a la falta de acceso a la educación, a la política y a la tierra. Entre 2013 y 2015, 6488 mujeres fueron asesinadas, según datos desprendidos de las estadísticas del INEGI. Otro ejemplo lo encontramos en Costa Rica, donde cada año, entre 2004 y 2014, un promedio de 32 mujeres murió a manos de sus compañeros sentimentales. En la gran mayoría de los casos —un 75%—, las víctimas nunca reportaron maltrato ante las autoridades ni presentaron denuncias formales de agresión contra sus asesinos. De las 316 muertes registradas esa década, sólo 16 víctimas tenían medidas de protección y únicamente 79 formularon denuncias por maltrato (Web Amelia Rueda, 2015). En Argentina entre 2008 y 2014 fueron asesinadas 1808 mujeres. (Informe de Feminicidios en Argentina, 2014). A raíz de esta situación se erige la Campaña Ni Una Menos, cuyas precursoras han elevado líneas de acción ante el gobierno para empujar su compromiso en la adopción de políticas públicas en contra del feminicidio. Actualmente este movimiento ha podido colarse en la Cámara de Diputados con la promulgación de una Ley a favor de la despenalización del aborto. El pasado 15 de junio se logró aprobar el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo por 129 votos a favor y 125 en contra. El reto de erradicar — 116 — las muertes de mujeres por complicaciones derivadas de un aborto no seguro está ahora en manos del Senado, quien tendrá la última palabra para convertir en Ley la justa demanda de las mujeres. Según un estudio realizado por Geneva Smalls Arms Survey en 2012 declaró que el Salvador (12 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes femeninas), Guatemala (9,7 mujeres asesinadas por 100.000 habitantes del sexo femenino), Honduras (7 mujeres asesinadas por 100.000 habitantes femeninas), Colombia y Bolivia (alrededor de 6 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres), son cinco de los doce países más violentos del mundo (Barredo, 2017: 1314). A pesar de los avances, continúa siendo la región más desigual del mundo, en donde la población femenina se ha visto mucho más afectada. Aunque el panorama se muestre inmensamente retador y turbio, es significativo destacar que en mayor o menor medida los Estados han sancionado la violencia con la propulsión de leyes que protegen los derechos de las mujeres, aunque continúan siendo muy pocos los que han contemplado en la legislación todas las múltiples formas de expresión de violencia pues sólo 15 países de la región aprobaron leyes o reformas a los códigos penales para tipificar el femicidio o feminicidio (Brasil, Chile, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana) y (Argentina y) ha tipificado legalmente la figura de homicidio agravado por razones de género (CEPAL, 2016). La investigación regional indica que 24 de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe (73%) cuentan exclusivamente con leyes ‘de primera generación’ que protegen solamente los derechos de las víctimas/sobrevivientes frente al ejercicio de la violencia doméstica y/o violencia intrafamiliar (Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; Belice, Brasil; Costa Rica; Cuba; Chile; Dominica; Guyana; Granada; Haití; Honduras; Jamaica; República Dominicana; Saint Kitts and Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Surinam; Trinidad y Tobago; Paraguay; Perú; Uruguay y Ecuador), es decir, en casi tres cuartas partes de los países de la región. 3. Recorriendo el panorama histórico de la situación de la mujer en Cuba Cuba ha pasado por etapas en donde la cuestión del género, el movimiento feminista y la lucha contra la violencia de género adquieren características propias. La etapa colonial de sometimiento a la Corona española condicionó desde sus comienzos una cultura de dominación, no sólo por el control de la tierra — 117 — y de los nativos aborígenes que en ese momento poblaban la isla, hubo también una dominación motivada por la cuestión de género. Al decir del Doctor en Ciencias Históricas, Julio César González Pagés, “el machismo ha sido validado en Cuba como una forma de la cultura, y a pesar de haber sido muy criticado en las dos últimas décadas, parece gozar de gran arraigo en los diferentes grupos sociales” (Pagés, 2002: 119). Pero no sólo la influencia de España fue lo que determinó la legitimación de un machismo de raíz. Luego seguirían las luchas por la independencia, no ya por dejar de ser una colonia, sino por desatar las ataduras que lo unían a Estados Unidos de América, país del cual Cuba fue Neocolonia en 1898. Desde 1868 que la isla fue descubierta por Colón, hasta 1959 con el triunfo de la Revolución el pueblo se vería envuelto en una lucha constante por su independencia. “(…) las guerras han sido una de las fuentes principales para determinar la masculinidad de los hombres: aquí el matar o morirse ha sido un elemento importante en la reafirmación de la virilidad.” (Pagés, 2002: 118) Desde la intelectualidad esta situación encontró apoyo en obras marcadamente machistas y discriminatorias contra la mujer. Un ejemplo lo tenemos en el caso de Enriqueta Fabez, mujer, médica que sólo por el hecho de ejercer la profesión fue acusada de cometer una infracción ante una ley que sólo entendía a la mujer dentro del ámbito privado, pues el ámbito público solo estaba reservado a los hombres. Enriqueta fue protagonista de unos de los procesos judiciales más escandalosos en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX. Otro ejemplo de desigualdad lo encontramos en las regulaciones sobre el matrimonio, institución que legitimaba la posición de subordinación de la mujer. El movimiento de inconformidad contra la esclavitud matrimonial permitió que en 1918 Cuba se convirtiera en el primer país hispanoamericano en lograr la ley del divorcio (González, 2000: 37-39). Antes de 1959 sólo el 17% el trabajo asalariado era realizado por mujeres. Estas mujeres se concentraban en el servicio doméstico, en las profesiones liberales y en los sectores textil, alimentario y del tabaco. Menos del 2% de las mujeres trabajaba en el sector agrario y ello reflejaba, sin duda, su exclusión del floreciente sector de la caña de azúcar. (Moore, 1996: 167) Designado como ‘problemática de la mujer’, los estudios de la mujer estuvieron marcados, incluso después del triunfo de la Revolución por un carácter todavía sexista y discriminatorio que reducía la situación social de las mujeres y las desigualdades de género a problemáticas que competían sobre todo a mujeres. El decenio de la mujer que abarco de 1975-1985, dio lugar al origen de los estudios en el ámbito académico. Los medios de comunicación también han — 124 — 6. Medios digitales cubanos y su tratamiento de la violencia de género El tratamiento de la prensa digital sobre la violencia de género en Cuba refleja las limitaciones del sistema jurídico en responder a ello en muy diversos sentidos: en las elevadas carencias para abordar el tema, en la invisibilización del problema y en el no tratamiento de las cifras que ponen en evidencia su existencia. Otro elemento característico en su abordaje es el enfoque hacia las vías de prevención, en la práctica ineficientes y hacia la frecuente justificación de sus bases como parte de una cultura patriarcal de raíz asentada en la sociedad sin abarcar mayores análisis sobre cómo se manifiesta concretamente en las prácticas cotidianas de hombres y mujeres. Sin embargo casos concretos de violencia, o trabajos más amplios sobre sus dimensiones que pongan en el alza su elevado impacto no son tratados por la prensa digital de medios oficialistas. El mapa de medios digitales cubanos está conformado por los de medios estatales controlados por el Partido Comunista de Cuba (PCC); los no estatales –medios digitales alternativos; y los extranjeros, de los que destacan por un lado, el conjunto de medios internacionales y por otro lado, los medios financiados por cubanos en el exterior. Es la Constitución de la República de Cuba, promulgada desde 1976, la Ley Fundamental que declara que es un Estado socialista de trabajadores, independiente, soberano, organizado ‘con todos y para el bien de todos’. En referencia a los medios, su Artículo 53 establece que "la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada". (Constitución, 1976). De ahí a que los voz de la oficialidad en el esté protagonizada por los medios estatales, los que se encuentran bajo la supervisión del PCC. Desde sectores educativos se ha intentado educar a los responsables de los medios en la adecuación de sus líneas editoriales con una perspectiva de género que tome en cuenta a las mujeres y rompa con el elevado machismo por el que se ha visto caracterizada la prensa desde años inmemoriales ya. En un intento por desentrañar los puntos débiles de la prensa digital oficialista resulta notable destacar la falta de especialización en género de las y los profesionales de la comunicación, la escasa cobertura de las actividades frente a la violencia, la reproducción frecuente de mitos y estereotipos sobre la violencia machista, la confusión entre términos y abuso de bustos parlantes y entrevistas especializadas, los vacíos informativos, la falta de información sobre los mecanismos de denuncia. Las Tesis y Resoluciones de los diferentes congresos del Partido Comunista de Cuba así como los debates sobre el tema del papel de la prensa, analizado — 125 — en los congresos de la UPEC, afirman que es tarea del periodismo cubano educar, informar, orientar, organizar y movilizar al pueblo; contribuir a que las masas no sean solo receptores pasivos de un mensaje sino que consideren a los distintos órganos de prensa como espacios donde expresar sus criterios, sus sugerencias y quejas; evaluar los hechos de manera profunda y asumir un papel activo en la promoción y orientación de la crítica a escala social, así como constituirse en medio fundamental para identificar y llevar a la luz pública las deficiencias existentes en el país. Y aunque esta es la premisa todavía constituye un pendiente llevar la realidad a este plano objetivo, falta mucho por avanzar en la lucha contra la violencia de género. — 126 — Referencias bibliográficas Avelar, Giannini R., Rosa de Moraes, O. C. & Díaz, M. 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