El pensamiento económico de la Escuela Librecambista y su repercusión en Castilla y León

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA ESCUELA LIBRECAMBISTA Y SU REPERCUSIÓN EN CASTILLA Y LEÓN Rocío ROMÁN COLLADO Departamento de Teoría Económica y Economía Política. Universidad de Sevilla. 1.- INTRODUCCIÓN La situación de crisis económica que se produjo en España en 1866 tuvo sus peores consecuencias para el sector agrícola. No obstante, hubieron otros sectores que se vieron perjudicados de manera importante, como fueron el sector financiero y el industrial. Concretamente, el sector textil, localizado principalmente en Cataluña, tuvo que soportar el aumento de los precios del algodón como consecuencia de la guerra de secesión norteamericana que había dificultado el nivel de exportaciones a todo Europa. Por otra parte, la crisis a nivel internacional había producido la paralización del proceso de internacionalización de las economías, manifestándose en un retroceso de la movilidad del capital español, repercutiendo a su vez, en el sector ferroviario, hasta entonces en expansión así como en el sector bursátil (Bahamonde, 1996). La sensación de inestabilidad económica y política se hizo cada vez más patente, viéndose reforzada por una nueva crisis agraria en 1867, provocada por las malas cosechas de trigo que hicieron aumentar el precio de éste y el del pan, principal fuente de alimentación. Esta situación hizo surgir un gran malestar entre los españoles, ante la incapacidad del gobierno isabelino para resolver las sucesivas crisis. La alternativa a la política económica hasta entonces practicada fue presentada por un grupo de hombres, conocidos como la Escuela Economista, que presentaban un programa de reformas económicas de carácter liberal y que contaban con el apoyo de la población afectada por la grave situación de carestía. La escuela economista, trataba en definitiva de practicar una política comercial de relativa apertura para que el pueblo no tuviera que soportar las consecuencias del prohibicionismo o proteccionismo al que estaban sometidos la mayor parte de los productos agrícolas. Por este motivo, convencidos de que la doctrina económica que ellos defendían era la más adecuada y apoyados por el General Prim, lograron ocupar los cargos más decisivos del Gobierno Provisional instaurado tras la Revolución, llevando a cabo importantes reformas económicas. 2.- EL LIBRECAMBIO EN LA ESCUELA ECONOMISTA 2.1.- Antecedentes. La Escuela Economista1 estuvo formada por aquellos españoles de mediados del siglo XIX que defendieron el funcionamiento del mercado como el mejor mecanismo regulador de los desequilibrios de una economía. Dejaban en manos del Estado, únicamente, aquellas actividades encaminadas a mantener el orden y la justicia, así como las destinadas a proteger el derecho a la propiedad. Confiaban en que la actividad comercial, llevada a cabo sin restricciones o barreras, favorecería la creación de riqueza y el crecimiento de las economías. La Escuela Economista tuvo dos cauces de influencia principalmente. Por una parte, fueron seguidores de los autores franceses, optimistas, encabezados por Say y por Bastiat. Por otra parte, vieron como las doctrinas de estos liberales se habían puesto en práctica con éxito en Inglaterra, donde Cobden, llevó a cabo una campaña contra la ley de los cereales que tanto había perjudicado y oprimido al pueblo. Cobden creó para ello la Liga de Manchester, a través de la cual consiguió crear una corriente de opinión de apoyo a sus doctrinas, llegando a tener representación en el Parlamento. De este modo, la doctrina liberal heredada de los optimistas franceses y la práctica comercial empleada por la Liga de Manchester, fueron determinantes tanto para influir en el pensamiento económico de la Escuela Economista como en la forma de llevar a cabo lo que ellos defendían. 2.2.- El debate en torno a la cuestión de los cereales. Entre todas las cuestiones tratadas por la escuela economista, la de los cereales era una de las que más atención recibió. Precisamente, esta cuestión había sido una de las que habían motivado, como comentamos anteriormente, la necesidad de dar un giro a la política económica española. La escuela economista se vio obligada a convencer de la bondad de sus propuestas, a través de la difusión de su pensamiento en prensa, mítines o conferencias. Luis M. Pastor (1857) planteaba soluciones que la ciencia aconsejaba ante los problemas de escasez en la producción de los cereales. Estas opciones eran, la libertad de importación, libre y permanente, la facilidad de las comunicaciones y la diponibilidad de estadísticas adecuadas. En primer lugar, Pastor defendía la libertad de importación de granos, bajo dos premisas, que fuera permanente y constante, con tan sólo un módico derecho a la importación por ser un bien de primera necesidad. Acompañando a esta medida, consideraba necesaria la libertad de exportación. Con estas actuaciones, Pastor creía que era posible que se resolvieran los principales inconvenientes derivados de las soluciones transitorias del Gobierno, “Estando, pues, admitida la libertad de importación y exportación, el comercio podrá dedicarse a observar constantemente el aspecto de las cosechas, los precios de los mercados, cotejará los interiores con los estranjeros, hará sus cálculos y adoptará sus disposiciones para dedicarse a este tráfico, no con la inseguridad de meterse en una especulación aislada y transitoria, sino formando depósitos permanentes en los puntos mejor situados para llevar la mercancía allí donde la necesidad demanda.” En segundo lugar, Pastor (1857, p. 19) presentaba como requisito necesario para evitar la escasez desde un punto de vista teórico, la facilidad de las comunicaciones y por tanto, un precio reducido para ellas. En tercer lugar, Pastor consideraba que una estadística adecuada y la publicación periódica de los datos sobre las cosechas, sus resultados, las existencias o el movimiento de los mercados de importación y exportación de cereales, eran necesarios para la toma de decisiones y para evitar el problema de la escasez. Pastor (1857, p. 20) apoyaba sus argumentaciones con el apoyo empírico de lo ocurrido en Inglaterra, “Allí existe, como hemos demostrado, un déficit constante; y, sin embargo, desde el planteamiento de la reforma del célebre Seer Robert Peel, que sancionó la libertad de los cereales con un derecho módico, los precios se han sostenido con notable regularidad, y el Reino Unido no ha experimentado escasez en el abastecimiento de sus habitantes.” Del mismo modo, Maldonado (1858) también era consciente de las dificultades por las que atravesaba el campo español, pero consideraba que el proceso de apertura al exterior no implicaba necesariamente la reducción de los precios agrícolas españoles, puesto que bajo su punto de vista, los precios se determinaban en función de la oferta y la demanda interior, viéndose únicamente afectados en el caso de una crisis de subsistencias, en la que la escasez del producto provocara una fuerte entrada de cereales extranjeros. Asimismo, Maldonado (1858, p. 377) añadía que, “[...] frente a nuestros puertos del Mediterráneo, que son los que más consumo podrían hacer de cereales extranjeros, se hallan los puertos franceses mucho más necesitados, y que podrían satisfacer un precio bastante mayor, [...] en Castilla la Vieja, de cuya agricultura tengo mayor conocimiento, creo que puede fijarse en 25 rs. Fanega, sin que propietarios ni jornaleros se den por quejosos; en la Mancha, Andalucía y Extremadura, es mucho menor; y aun es sabido que en la última de estas provincias suelen estar los granos a un precio exageradamente bajo.” Maldonado (1858) pretendía tranquilizar a los agricultores convenciéndoles de que a pesar de que fuera posible la entrada de cereales extranjeros, ello no supondría una invansión del mercado, en primer lugar, porque existían zonas costeras como la francesa que estarían dispuestas a pagar un precio más alto debido a la escasez allí existente, y en segundo lugar, porque la producción extranjera, procedente principalmente de Rusia, era de peor calidad al ser una producción que empezaba a cultivarse. Igual consideración merecían para este autor los cereales procedentes del Báltico, y en cuanto a los de Estados Unidos, a pesar de ser de mejor calidad y más adelantados, la demanda de su población era suficiente para acaparar la gran parte de su producción. En definitiva, Maldonado era de la opinión de que el cereal español era lo suficientemente competitivo para que a pesar de los mayores costes que suponían las malas comunicaciones del interior, pudieran competir con los procedentes del extranjero. Figuerola (1862) planteaba la cuestión de los cereales en una conferencia celebrada en el Ateneo de Madrid. Por una parte, consideraba que los cereales seguían la misma ley de oferta y demanda que existía en los mercados de otros productos alimenticios, siempre y cuando el Estado no interviniera en la determinación de los sacrificios que cada parte del mercado (oferta y demanda) pudiera estar dispuesta a realizar. Asimismo, Figuerola (1862, p. 413) añadía que, “Pero esa manera de ser que los pueblos han tenido, cuidando la institución llamada Estado de procurar bienes al individuo, ha concluido en los tiempos modernos, dando al individuo mayor responsabilidad y evitándose el Estado la inmensa pesadumbre de ocupaciones que nunca debió desempeñar.” Con esta afirmación, Figuerola comenzaba a explicar las razones de por qué el abastecimiento de los cereales había quedado en manos del Estado, como una de tantas atribuciones, que en su opinión no le correspondían. Precisamente por ser los cereales el sustento básico del pueblo, Figuerola consideraba que como consecuencia de haberlo dejado en manos del Estado, éste había actuado en cada momento en función de lo que consideraba más oportuno (más protección o más libertad) pero en ningún momento era posible apreciar cierto grado de racionalidad económica 2. Para Figuerola (1862, p. 414), la solución pasaba por dejar la actividad económica en manos de la inciativa privada y del mercado. Figuerola (1862, pp. 418-419) denunciaba las consecuencias que tanto la prohibición a exportar como a importar, podía originar a los productores y consumidores españoles. Por una parte, toda carga sobre la exportación de trigo recae sobre el vendedor si éste quiere competir en precios con los cereales extranjeros. Por otra parte, si en España hiciese falta el trigo y el vendedor extranjero no estuviese dispuesto a pagar un recargo por su venta, éste se repercutiría sobre el consumidor nacional. Los resultados de esta situación eran descritos por Figuerola, “Si los trigos extranjeros están prohibidos para su entrada en España, España cosechará una cantidad dada de trigos, pero todos los españoles comprarán los cereales que España produzca con un sobreprecio que se expresará por la diferencia entre el precio verdadero que tengan en el mercado universal y el precio que motive la prohibición.” Figuerola (1862, p. 421) afirmaba que los efectos de la protección, impidiendo la circulación de cereales, se reflejaban en primer lugar en un aumento de los precios, con vistas a favorecer el aumento de los beneficios de los propietarios. En su opinión, la producción no dependía únicamente del trabajo del hombre (que era la parte del trabajo que se retribuía), sino que en ella también influían las condiciones de la naturaleza. De modo que si se producían épocas de sequía y malas cosechas, era necesario que el producto circulara de las zonas donde abundara hacia las que escaseara, para así equilibrar los mercados. Figuerola advertía que si la actuación del hombre impedía que se produjeran estos movimientos, las situaciones de carestía se harían cada vez más habituales. Citando a Tooke, Figuerola (1862, p. 422) distinguía cuando era posible considerar una cosecha como buena, abundante o insuficiente. En este sentido, siguiendo a Tooke, señalaba que era mediana cuando faltaba un 4 por 100 para la subsistencia total, era mala cuando faltaba un 6 por 100, malísima cuando faltaba un 10 por 100 o más, y eran buenas, abundantes o abundantísimas cuando excedían por esas cantidades respectivamente, de lo que era el consumo de subsistencia. También clasificaba las cosechas atendiendo a los días que faltaban o sobraban para la manutención, “[...] en la cosecha regular sobran alimentos para más de 15 días sobre el consumo anual de la población; abundante, si sobran de 20 a 22 dias y muy abundante si sobra para más de 36 dias, y viceversa en la cosecha mediana, mala o muy mala.” Figuerola (1862) apoyaba estas cifras con datos reales de la economía española, en la que las cosechas de 1847 y 1848 habían producido una falta de alimento para la población cercana a 29 días, y en 1857 de 34 días, considerándose por tanto, que fueron cosechas bastante cercanas a lo que Tooke denominaba malas. Como consecuencia de esta escasez de cereal se había producido un aumento de los precios, los cuales se incrementaban a una tasa muy superior a la disminución de las cosechas, llegando a alcanzar la fanega en Extremadura hasta 130 y 138 rs. Este aumento de los precios generaba a su vez la pérdida de poder adquisitivo del consumidor, la disminución de la demanda de otros productos, la pérdida de actividad productiva y comercial, y por último la falta de alimentación de la población y la mortandad, con la consiguiente disminución de la demanda final. Por tanto, para Figuerola (1862, p. 426) lo importante era permitir la libertad de comercio de granos, con el objetivo de favorecer la disminución de los precios del cereal, con vistas a mejorar no sólo el poder adquisitivo del consumidor, sino que el productor se viera favorecido en la medida en que pudiera abaratar costes y conseguir así mayores beneficios a pesar de la disminución de los ingresos. 2.3.- Evidencia tras la reforma arancelaria de 1869 en España. El Gobierno Provisional formado tras la Revolución de 1868 y en concreto, el Ministro de Hacienda Figuerola, mediante el Arancel de 1869 proyectó una apertura relativa de nuestro mercado al exterior, con intención de que el proceso se fuera acelerando en los siguientes años. Sin embargo, el establecimiento de derechos sobre las distintas mercancías suscitó numerosas críticas, procedentes tanto de los sectores agrícolas como de los industriales catalanes. Rodríguez (Rodríguez (hijo), 1917, p. 446), miembro de la escuela librecambista en un mitin celebrado en el Teatro Real de Madrid en 1887, analizaba restrospectivamente la irracionalidad de las peticiones de aquellos que tras el Arancel de 1869 querían subir los derechos a los cereales. Rodríguez explicaba que los cereales extranjeros eran gravados con 5 pesetas y 85 céntimos por cada 100 kg de trigo. Estos derechos, eran en opinión de Rodríguez, uno de los más altos del mundo, por lo que no tenía sentido que se intentaran subir. Para justificar sus afirmaciones, Rodríguez (Rodríguez (hijo), 1917, p. 468) presentaba datos que reforzaban el hecho de que la libertad relativa de comercio que disfrutaba España, lejos de perjudicarle, había logrado aumentar la riqueza general del país. En concreto, Rodríguez (Rodríguez (hijo), 1917, p. 468) manifestaba que el precio de los cereales era mucho más remunerador para los agricultores desde 1869, fecha en la que se suprimió la prohibición absoluta a la importación de cereales. Como resultado de la libertad relativa concedida a la importación de cereales, Rodríguez señalaba que se habían producido las mismas consecuencias que para Inglaterra tras la ley de 1849. Rodríguez demostraba que los años previos a la reforma arancelaria de 1869 se caracterizaban por la fluctuación de los precios de los cereales en función de las cosechas. Así, si la producción era abundante, el precio descendía y si era escasa, aumentaba considerablemente, con la consecuente situación de carestía para la población, como había sucedido con las crisis de 1856, 1857, 1858, 1867 y 1868. Las situaciones de crisis agrarias se habían resuelto tradicionalmente en España, dando entrada al cereal extranjero, de forma que permitiera abastecer a la población3. Sin embargo, el inconveniente de esta medida era que la entrada no llegaba a tener los efectos deseados y lógicos, puesto que la economía española no estaba acostumbrada a efectuar operaciones con el exterior, y el mecanismo de ajuste de los mercados no se establecía con la suficiente fluidez. En este sentido se manifestaba Pastor (1857, p. 16) quien se mostraba contrario a la realización de este tipo de medidas, “[...] pero este remedio no podía cortar el mal, porque el comercio no se hallaba preparado a semajante innovación; y para aprovechar tales ventajas se necesita tiempo, relaciones, datos y noticias que cuesta mucho adquirir, y vencer dificultades, que no arrastra el interés particular para una ocasión dada y un periodo limitado.” Frente a estas situaciones de crisis previas a 1869, Rodríguez (Rodríguez (hijo), 1917, p. 470) presentaba el ejemplo de las crisis producidas con posterioridad a esta fecha, concretamente las de 1877, 1878, 1881 y 1882. Para Rodríguez, estas crisis se solucionaron con la llegada de los cereales extranjeros, en el tiempo y la forma adecuada, amortiguando la fluctuación de los precios y la situación de carestía. Se conseguió lo que previamente no había sido posible, que en palabras de Chevalier4, consistía en que, “Los precios se equilibran del mismo modo que el nivel de dos vasos que se comuniquen entre sí: si el uno es grande y el otro es pequeño, el nivel del mayor vendrá a ser el nivel común.” Rodríguez (Rodríguez (hijo), 1917, p. 472) pretendía convencer de las ventajas de la reducción de los derechos y por tanto, de los precios con el siguiente argumento: La disminución de los derechos y precios de los cereales llevaban a un aumento considerable del consumo, pese a que se tratara de un bien de primera necesidad, para los que en un principio era de esperar una elasticidad de la demanda-precio, relativamente baja. Sin embargo, consideraba que la historia había demostrado que la disminución de los precios producía un incentivo al consumo, basado principalmente en que el consumo de los cereales en España era todavía muy bajo, lo cual se desprendía del elevado índice de mortandad aún existente. Rodríguez ponía como ejemplo lo ocurrido en Inglaterra donde previamente a la reforma de 1840 el consumo de harina y trigo era de 42 libras al año por persona, para pasar en 1884 a ser de 250 libras. Incremento que se explicaba por el bajo consumo relativo que existía inicialmente. Por este motivo, Rodríguez (Rodríguez (hijo), 1917, p. 473) defendía la libertad de comercio para aprovechar las ventajas de éste, “Es absurda la idea de cortar la comunicación con los otros pueblos, y encerrarse para vivir exclusivamente de la propia substancia, como hace el que no se alimenta y va gastando y consumiendo sus grasas hasta que viene la muerte. La defensa está en la transformación, y la transformación es imposible sin la libertad.” En estudios recientes, como el de Prados (1982, p. 49), se demuestra que el periodo comprendido entre 1849-69, se había caracterizado por la aparición del trigo entre las importaciones españolas, debido principalmente a la crisis de subsistencias de 1857 y 1868. Sin embargo, las importaciones de trigo pierden su carácter eventual y paliativo de las crisis, para convertirse en una constante a lo largo del periodo comprendido entre 1882 y 1913. Este cambio de tendencia tuvo su origen en la apertura exterior del comercio español, que obligó a los cerealistas a competir con los extranjeros. Las importaciones de trigo tenían procedencia norteamericana y rusa principalmente, presentando precios lo suficientemente competitivos como para salvar los costes derivados por la doble protección arancelaria (establecida a final del periodo) y la devaluación de la peseta. Estos costes adicionales estaban compensados parcialmente por los menores costes de transporte. La evolución de los precios del trigo en la segunda mitad del XIX se muestra en la siguiente gráfica para algunas provincias de Castilla y León. Se observan los efectos de las crisis de la década de los cincuenta, reflejándose en un incremento del índice de precios, que alcanza su mayores niveles en las crisis de 1867-68 y en la de 1880-81. No obstante, se observa un periodo de relativa estabilidad entre estos dos periodos, etapa en la que las importaciones de trigo resultan ser más frecuentes, amortiguando de alguna forma la escasez de este producto en épocas de malas cosechas. Las siguientes gráficas muestran respectivamente, la evolución de las importaciones de trigo entre 1826 y 1913, y el índice anual del precio del trigo en las provincias de Alava, Burgos, León y Valladolid entre 1856 y 1890. Destacan en ellas las etapas de crisis producidas en 1867-68 y en 1880-81. Porcentaje de importaciones de trigo sobre el total 0 2 4 6 8 10 12 1826/27 1830/31 1835 1842/43 1849 1850/54 1855/59 1860/64 1865/69 1870/74 1875/79 1880/84 1885/1889 1890/1894 1895/1899 1900/1904 1905/1909 1910/1913 Fuente: Elaboración a partir de los datos de Sánchez Albornoz (1975) 0 20 40 60 80 100 120 140 1856-57 1867-68 1868-69 1869-70 1870-71 1879-80 1880-81 1889-90 Alava Burgos León Valladolid Indice anual del precio del tri g o por provincias ( 1856-90 ) . Fuente: Elaboración a partir de los datos de Sánchez Albornoz (1975) 3.- REACCIÓN EN CASTILLA Y LEON ANTE EL ARANCEL DE 1869 Serrano (1992, p. 313) considera que la cuestión de los cereales, durante el reinado de Isabel II, se había caracterizado, aunque con matices, por la fluida comunicación entre los intereses agrarios y los círculos de poder. Sin embargo, Serrano (1992, p. 314) hacía notar que esta comunicación cesó con la Revolución de 1868. No obstante, la posición de los terratenientes cerealístas no fue siempre de rechazo hacia la nueva política del Gobierno creado tras la Revolución. En concreto, la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada (AAIP) fue creada con carácter provisional5, el 1 de abril de 1869, con el objetivo prioritario de fomentar la diversificación de cultivos y la renovación agrícola en general. Su confianza en el Gobierno Provisional al inicio de su andadura aún era manifesta, tal y como recoge Serrano (1997, p. 9), “[...] el impulso que hizo nacer a la Asociación y la pareja formada por la decepción ante los bajos rendimientos del cultivo cerealístico y la ilusión depositada en el viñedo ilustran ese giro que coincide con el Sexenio y que era respaldado por políticos como L. Figuerola.”