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Inversión pública en medio ambiente: un análisis comparativo

Yñíguez Ovando, Rocío; Castro Nuño, Mercedes; Sanz Díaz, María Teresa

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1 INVERSIÓ PÚBLICA EN MEDIO AMBIENTE: UN ANÁLISIS COMPARATIVO Rocío Yñiguez Ovando, Mercedes Castro Nuño, Teresa Sanz Díaz Dpto. Análisis Económico y Economía Política Universidad de Sevilla INDICE: 1.- Introducción 2.- Inversión Pública en Depuración y saneamiento de aguas 3.- Inversión Pública en Tratamiento de Residuos 4.- Inversión Pública en protección de suelos 5.- Inversión Pública en Protección de Costas 6.- Inversión Pública en Control Contaminación Atmosférica 7.- Inversión Pública en la última legislatura cerrada (2004-2008) 8.- Bibliografía 1.- Introducción La inversión pública en infraestructuras medioambientales forma parte esencial de la estrategia de desarrollo sostenible avalada por la Unión europea 1 , que defiende el modelo de una economía dinámica con un alto nivel de empleo y educación, de protección de la salud, de cohesión social y territorial y de protección del medio ambiente en un mundo seguro y en paz respetando la diversidad cultural y así garantizar la solidaridad entre los habitantes actuales del mundo y las generaciones futuras. Esta estrategia europea sustentada en las personas y en la calidad ambiental son los pilares de una sociedad que valora considerablemente el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente y los considera rasgos característicos de su propia identidad. Son los distintos Estados Miembros de la Unión Europea los encargados de llevar a cabo aquellas acciones y programas que permitan avanzar en la dirección marcada en Lisboa y Gotenburgo. Uno de los principales instrumentos con los que cuentan los estados para 1 Consejo de la Unión Europea (2005) 2 conseguir un desarrollo sostenible es la inversión pública en medio ambiente y concretamente en las denominadas infraestructuras medioambientales La inversión del sector público en infraestructura medioambiental es el gasto registrado en el capítulo 6 de la clasificación económica del presupuesto, que se asienta sobre el denominado medio ambiente, entendiendo éste como el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a los seres vivos, que influyen en su desarrollo y en sus actividades. La inversión pública en infraestructuras en medio ambiente se puede materializar en dos categorías diferentes, aquella que tiene como destino las denominadas infraestructuras medioambientales de carácter natural y las de naturaleza artificial. Según el Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1995), la infraestructura medioambiental natural considerada como medio físico o base territorial sobre la que se asientan las actividades humanas son recursos naturales con un valor estratégico apreciable, cuyo aprovechamiento racional puede permitir, a partir de estrategias activas de desarrollo endógeno, la posibilidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de determinadas zonas de la región, lo que justificaría por si solo el sentido y la razón de ser de la inversión pública en este ámbito. En cambio, la infraestructura medioambiental artificial está constituida por el equipo complementario que el hombre asienta sobre el medio natural para desarrollar satisfactoriamente sus actividades, con el menor daño ambiental posible, por tanto la inversión pública viene justificada por las propias necesidades humanas a la hora de desarrollar sus actividades. Según el informe Biehl de la Comunidad Europea de 1986, las infraestructuras medioambientales de carácter artificial se clasifican en los siguientes grupos: - Depuración y saneamiento de aguas - Tratamiento de residuos - Protección de suelos - Protección de costas - Control de la contaminación atmosférica En los siguientes apartados, se expone un análisis comparativo de la inversión pública realizada por el estado español en cada una de las infraestructuras medioambientales recogidas en el mencionado Informe Biehl, acabando con un resumen de la inversión medioambiental realizada por el Estado en la última legislatura cerrada. 2.- Inversión Pública en Saneamiento y Depuración de Aguas La política ambiental europea tiene entre sus principios fundamentales, la conservación, protección y mejora de la calidad del agua así como la utilización prudente y racional de los recursos naturales 2 . Estos principios se recogen en el Plan Nacional de Calidad 2 Art. 130R del Tratado de la Unión Europea 3 de las Aguas 2007-2015, fruto de la concertación del Estado y de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que plantearon la conveniencia de la coordinación y el impulso del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia, dentro del más absoluto respeto a las competencias en materia de saneamiento y depuración 3 . La inversión total estimada por el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 es de 19.007 millones de euros (de 2007), de los que el compromiso de intervención del Ministerio de Medio Ambiente, de una u otra forma, implica un presupuesto total de 6.233 millones de euros; 3.046 heredados del primer Plan de Saneamiento, 1.777 asociados a nuevos compromisos de intervención y 1.430 de financiación recuperable en 45 años a través de las Sociedades Estatales Tal como se observa en el gráfico nº1, la inversión comprometida por el Estado para el periodo 2007-2015 rebasa los 3.000 millones de euros en Cataluña, supera los 2.500 millones en Madrid, mientras que las cifras en Andalucía y Comunidad Valenciana se mueven en la horquilla comprendida entre los 2.000 y 2.500 millones; el resto con la excepción de Canarias y Galicia están por debajo de los 1.000 millones de euros. Gráfico nº1 En el Gráfico nº2 , observamos que la inversión estatal relativas a la calidad del agua en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para el periodo considerado es muy similar, en torno a los 22 millones de euros, siendo un poco más elevada en Ceuta que en Melilla. 3 Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, Canarias junio 2006. 4 Gráfico nº2 3.- Inversión Pública en Tratamiento de Residuos El Plan Nacional en Tratamiento de Residuos, 2007-2015 (PNIR) ha integrado a 13 planes de residuos específicos 4 , siguiendo las directrices marcadas por una política integradora, basada en el ahorro de recursos y el desarrollo sostenible. Según el gráfico nº3, en los tres primeros años del siglo XXI, la inversión del Estado en tratamiento de residuos no superó los 100 millones de euros en ninguna Comunidad Autónoma, salvo en los casos de Andalucía, Galicia, Castilla-León, Cataluña y Madrid, destacando ésta última sobre el resto, con una inversión cercana a los 700 millones de euros. 4 II Plan Nacional de Residuos Urbanos; II Plan Nacional de Residuos Peligrosos; II Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso; II Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso; II Plan Nacional de Lodos de depuradora (EDAR); II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición; Actualización del Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de policlorobifenilos (PCB), policloroterfenilos (PCT) y de aparatos que los contengan (2001-2010); Actualización del Programa Nacional de Pilas y Acumuladores Usados; I Plan Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; I Plan Nacional de Residuos de Actividades Extractivas; I Plan Nacional de Residuos de Plásticos de Uso Agrario; I Plan Nacional de Residuos industriales no Peligrosos; y II Plan Nacional de Suelos Contaminados. 5 Gráfico nº3 En estos tres años, el Estado destinó más de 6.000 millones de euros corrientes a la construcción e instalación de plantas de compostaje y vertederos de residuos, repartiéndose el resto de fondos en inversiones relacionadas con la recuperación energética, reciclaje y contenedores de residuos, tal como nos indica el gráfico nº4. Gráfico nº 4 6 Para el periodo comprendido entre 2007-2015, el PINR destina la mitad de los fondos disponibles a la inversión en compostaje y residuos, repartiéndose el resto del dinero en inversiones en vertederos, recuperación energética y reutilización, tal como se recoge en el gráfico nº 5 Gráfico nº 5 4.- Inversión Pública en protección de suelos La política estatal sobre protección de suelos se contiene en el II Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (2007-2015), que se justifica por el grave problema ambiental que esta situación representa, agravada por la escasa percepción social de sus posibles consecuencias. Los impactos ambientales que pueden derivarse de un suelo contaminado afectan a la calidad del suelo, a las aguas subterráneas y superficiales, a la salud pública, a la fauna y flora, e incluso puede afectar a la calidad del aire circundante. Durante el periodo 1995-2005, la inversión estatal en este ámbito estuvo en torno a los 60 millones de euros, repartiéndose entre las Comunidades Autónomas, de tal modo que el Ministerio invirtió la misma cantidad de dinero que la invertida por cada Comunidad Autónoma, en virtud de los convenios firmados con las mismas. Destaca el esfuerzo económico realizado en Galicia y Cataluña, en las que la inversión superó los 15 y 10 millones de euros, respectivamente, tal como se aprecia en el gráfico nº6. . 7 Gráfico nº 6 El gráfico nº7 nos muestra que para el periodo comprendido entre 2007-2015, la inversión estatal en recuperación de suelos contaminados sigue una senda de moderado crecimiento, partiendo de una cifra de 20 millones de euros (2007) a poco más de 23 millones de euros (2015). Esta proyección se ha realizado en base a las siguientes estimaciones económicas del costo medio de losdiferentes trabajos de recuperación de suelos contaminados A) Tratamientos genéricos de descontaminación: - Tratamientos biológicos naturales …………. 30-60 €/t - Tratamientos biológicos inducidos ………….. 50-75 €/t - Tratamientos térmicos ………………………. 60-90 €/t - Tratamientos físico-químicos ………………...70-100 €/t B) Tratamientos de descontaminación para ciertos tipos de contaminantes: - Descontaminación de terrenos metales pesados: 120-200 €/m3 - Descontaminación de terrenos hidrocarburos : 20-180 €/m3 C) Descontaminación in situ de terrenos contaminados hasta una profundidad de 1m - Descontaminación metales pesados ……..0,8-1,9 M€/ha 8 - Descontaminación de hidrocarburos …….0,8-1,8 M€/ha Gráfico nº 7 5.- Inversión Pública en Protección de Costas España es un país con una longitud de costa de aproximadamente 7.880 km, y en gran parte de ésta se ha ido produciendo de modo progresivo un fuerte proceso urbanizador, que ha originado una utilización plenamente urbana de gran parte del litoral. Muchos usos y actividades del litoral español son sin embargo fundamentales desde el punto de vista económico pero a su vez conllevan una degradación, que a largo plazo es negativa para la propia región litoral. Es fundamental proteger la franja litoral de las fuertes demandas a las que se ve sometida, toda vez que se trata de un espacio caracterizado fundamentalmente por su alta sensibilidad y por presentar una difícil recuperación de su equilibrio físico. La Ley de Costas 5 es sensible a estas necesidades y en su artículo 211 enumera como obras de interés general, atribuyendo su competencia a la Administración del Estado, las siguientes: * Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren. * Las de creación, regeneración y recuperación de playas. * Las de acceso público al mar no previsto en el planeamiento urbanístico. 5 Ley 22/1988, 9 * Las emplazadas en el mar y aguas Interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. * Las de iluminación de costas y señales marítimas. Atendiendo a la información contenida en el gráfico nº 8, podemos decir que la inversión del Estado en las provincias costeras españolas en el periodo, 2004-2009 ha sido muy desigual, destacando el caso de la Coruña, con más de 60 millones de euros de inversión y el de Cádiz, con una inversión en torno a los 50 millones de euros, lo que se podría relacionar con diversos accidentes contaminantes de vertidos petrolíferos acontecidos en estas franjas del litoral. Consecuentemente la inversión estatal de esta naturaleza por regiones, para el mismo periodo ha sido más cuantiosa en Galicia y Andalucía, seguidas por Cataluña y Comunidad Valenciana, tal como refleja el gráfico nº 9. Gráfico nº 8 Gráfico nº 9