El debate de investidura

249 1Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía. Pleno de la Cámara, núm. 2, VIII Legislatura, año 2008. 2Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía. Pleno de la Cámara, núm. 2, VIII Legislatura, año 2008, pág. 4. 3DSPA, núm. 3, pág. 25. Crónica Parlamentaria El debate de investidura Si hubiese que elegir una idea definitoria del discurso de investidura defendido por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en la sesión plenaria del 16 de abril1, probablemente las de “negociación” o “acuerdo” serían lo suficientemente ilustrativas del alcance y sentido de su intervención. Pues, en efecto, el eje articulador del discurso se centró en la necesidad de procurar la concertación entre los partidos políticos y los interlocutores sociales e institucionales a fin de satisfacer los principales retos a abordar en la legislatura. Mano tendida del candidato hacia las fuerzas de oposición que sería, sin embargo, acogida con cierto recelo y desconfianza. Así, para el portavoz del Grupo Izquierda Unida, la propuesta de diálogo era selectiva, ya que sólo se proyectaba a aquellos ámbitos y cuestiones que interesaban al Sr. Chaves, soslayándose otros problemas cuyo tratamiento resultaba asimismo apremiante2. Y, por su parte, el portavoz del Grupo Popular se mostraría especialmente receloso de la sinceridad del ofrecimiento: “En materia de pactos, sabiendo su señoría, señor candidato, que le concedo la mínima credibilidad, dispuesto a hablar de todo, dispuesto a hablar de todo. ¿Pacto de desarrollo del Estatuto? Sí, pero en el Parlamento y creando un grupo permanente de trabajo que se reúna antes de hablar con el Gobierno de España… y haga un informe semestral del asunto”3. Comoquiera que sea, con independencia de la mayor o menor confianza con que la oposición recibiese estas declaraciones de compromiso de pactos y acuerdos, el candidato a la presidencia de la Junta proyectó, de forma explícita, su oferta de diálogo a los objetivos y líneas de actuación que el nuevo Estatuto traza a los poderes públicos andaluces, identificando expresamente coREV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 249 mo interlocutores institucionales, además de los restantes niveles de gobierno en que se articula el Estado Autonómico, a los partidos políticos de nuestro ámbito territorial. En este sentido, puso el acento en la conveniencia de propiciar “el diálogo con los ayuntamientos andaluces para ponernos de acuerdo en el desarrollo de las leyes previstas en el Estatuto de Autonomía y en determinadas actuaciones de interés general de la Comunidad”; concretando acto seguido que señaladamente se refería “a leyes de mucha trascendencia, como son la ley reguladora de la participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad Autónoma; la ley de régimen local, que regulará las transferencias y delegación de competencias en los ayuntamientos, y las fórmulas de cooperación”4. Y en la sesión del día 17 de abril, en la réplica al portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Sr. Valderas, el aún candidato insistiría en la intención de consensuar “con los ayuntamientos y diputaciones provinciales tres leyes: la ley que regula la transferencia y la delegación de competencias a las corporaciones locales, la ley que regula la participación de las corporaciones locales en los tributos propios de la Comunidad, y también la ley que regulará la organización territorial de Andalucía en el marco de la ley de grandes ciudades”5. Este impulso de descentralización interna anunciado por el candidato no pudo ser sino bien recibido por los grupos de oposición, pues, de hecho, constituye desde hace ya largo tiempo una aspiración de los mismos. No es de extrañar, por tanto, que el portavoz del Grupo Izquierda Unida reprochase precisamente la tardanza en el abordaje de esta tarea: “Le volvemos a recordar algo que en el año 1979 muchos de los que están en esa parte de la Cámara y de los que están en aquélla, salíamos a defender codo con codo el papel de hacer mayor de edad a la Administración local, como una parte fundamental del Estado. Significaba financiación, significaba pacto local, significaba transferencias, significaba Ley de Régimen Local de Andalucía, que se pudo hacer con el anterior Estatuto y ustedes no la hicieron, y que se puede hacer con este Estatuto, ya, de forma imperativa”. E, incluso, el Sr. Valderas daría una vuelta de tuerca en las reivindicaciones para los gobiernos locales, exigiendo que se concrete “la deuda histórica que se les debe también a los ayuntamientos por parte de la Administración autónoma”; todo ello, en fin, sin olvidar la también vieja apuesta de su grupo parlamentario por la comarcalización de la Comunidad Autónoma: “Y, cómo no, todo el tema de lo que signifique impulsar 250 ´ 4DSPA, Pleno de la Cámara, núm. 2 VIII Legíslatura, pág. 4. 5DSPA, Pleno de la Cámara, núm. 3 VIII Legislatura, págs. 13–14. REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 250 en la descentralización una ley de comarcas, de la que el PSOE lleva huyendo prácticamente desde los tiempos del señor Montaner”6. En la misma línea defensora de la descentralización a favor de los gobiernos locales se pronunció el portavoz del principal grupo de oposición, el Sr. Arenas. Tras mostrarse inequívocamente partidario de acometer el desarrollo del Pacto Local, anunció que su grupo presentaría de inmediato, en el plazo de dos meses, diversas leyes destinadas a impulsarlo7. En resumidas cuentas, la conclusión que cabe extraer del debate de investidura es que la profundización de la descentralización interna de la Comunidad Autónoma constituirá, sin ningún atisbo de duda, una de las principales líneas directrices que marcará el entero curso de la presente Legislatura. Por lo demás, los hechos que se han sucedido desde la fecha de celebración de la investidura no vienen sino a confirmar esta apreciación inicial. Así es; la designación como Consejera de Gobernación de Clara Aguilera, de acreditada sensibilidad municipalista, ya apuntaba claramente a esta dirección, y así vino a confirmarlo inequívocamente su comparecencia en Comisión el día 20 de mayo. En dicha sede, la Consejera de Gobernación abriría precisamente su intervención al respecto con las siguientes palabras: “Comienzo mi exposición, señorías, haciéndoles llegar una reflexión importante: esta será la legislatura de un nuevo modelo local; un nivel de gobierno, el local, señorías, como el estatal y autonómico, en igualdad de condiciones y con idéntica legitimidad”. Y acto seguido se comprometió, de una parte, a dar un impulso a los gobiernos locales” mediante la Ley de Régimen Local, a la que calificó como “una de las más importantes de la presente Legislatura”, y adelantó que la misma requeriría la previa aprobación de legislación básica del Estado. Así es; el fortalecimiento de las Entidades locales andaluzas, inherente al nuevo modelo local, “enmarcado en nuestro Estatuto de Autonomía, a través de un calendario legislativo completo”, constituye el eje prioritario de actuación de la legislatura recién iniciada. Ahora bien, si el primer paso a emprender, por mandato del Estatuto, será la presentación de la Ley de Régimen Local, no puede soslayarse que el objetivo que la misma persigue sólo puede lograrse con “el desarrollo previo de una legislación básica del Estado, con el máximo consenso político posible y la implicación, desde luego, del principal partido de la oposición”. Y proseguiría Clara Aguilera: “La simultaneidad cronológica en las Crónica Parlamentaria. El debate de investidura 251 6DSPA cit., núm. 3, pág. 8. 7DSPA, núm. 3, pág. 25. REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 251 leyes –estatal, autonómica y la normativa local– pone de manifiesto que nos encontramos ante la necesidad de un pacto de Estado. Concebida la reforma local de esta manera, es imprescindible la intervención de los tres niveles de gobierno. Así, también, estarán los Gobiernos locales, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como sujetos activos de esta reforma, de tal forma que la elaboración, aprobación y desarrollo de esta ley se lleve a cabo desde el absoluto consenso y más allá de todo discurso partidista”. La anunciada Ley definirá con precisión un ámbito de competencias propias de los Entes Locales y les dotará de una financiación “adecuada” para que el ejercicio de tales competencias pueda llevarse a cabo bajo su propia responsabilidad y en régimen de autonomía. Y, de otro lado, la Consejera de Gobernación, Sra. Clara Aguilera, se referiría asimismo a la Ley de participación de los Entes Locales en los ingresos autonómicos, para señalar que, junto a un fondo de nivelación municipal, se incluiría un sistema de financiación incondicionada8. La insistencia en el tema de la financiación local resulta plenamente justificada, pues a nadie se le oculta que su insuficiencia constituye un problema estructural, cuyo abordaje ha sido largamente demorado y cuya resolución resulta, hoy por hoy, de todo punto inexcusable. De hecho, en lo concerniente a las relaciones entre la Junta de Andalucía y el nivel local de gobierno, una parte sustantiva de las intervenciones del candidato Sr. Chaves versaron precisamente sobre este esencial tema de la financiación. Como la aportación más novedosa al respecto, debe señalarse el compromiso de la Junta de “crear un fondo, que complementará el fondo de apoyo a la acogida y a la integración de los inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España, al objeto de que los ayuntamientos dupliquen la financiación que actualmente reciben por esta vía”9. Aunque son asimismo reseñables otros aspectos de la financiación local a los que hizo referencia el candidato, como el incremento en un 25% del Fondo de Nivelación, que pasaría de 127 millones de euros a 159 millones, o la necesaria conexión que ha de haber entre los sistemas de financiación local y autonómico: “…sobre la financiación local, el Presidente del Gobierno de España se ha pronunciado, en su discurso de investidura, haciendo referencia a la necesidad de acometer lo que nosotros habíamos planteado en esta Cámara, es decir, una reforma estructural vinculada a la del sistema general de financiación, vinculada a la autonómica, que permita alcanzar una financiación suficiente para las corporaciones locales”10. 252 8DSPA. Comisiones, núm. 24, VIII Legislatura, 2008, pág. 4. 9DSPA, núm. 2, pág. 11. 10 DSPA, núm. 3, pág. 14. ´ REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 252 Dada la incuestionable relevancia del asunto relativo a la financiación, no debe causar extrañeza que también ocupara un lugar destacado en la comparecencia de la Consejera de Gobernación en Comisión. Tras anunciar la elaboración de una Ley autonómica de Régimen Local, vino a reconocer que la “orientación de la política local se sostendrá en otro pilar básico: la financiación incondicionada, destinada a los gobiernos locales. En esta legislatura quedarán establecidos mecanismos para su mejora e incremento, se engrosarán las cifras de los instrumentos de financiación que se han venido desarrollando hasta la fecha –el Plan de Cooperación Municipal– y se abordará, en estos cuatro años, la presentación de la ley reguladora de la participación de los entes locales en los tributos propios de la Comunidad Autónoma; una ley que se llevará a cabo con la Consejería de Economía y Hacienda, y a través de la cual se instrumentará un Fondo de Nivelación Municipal de carácter incondicionado”. Y, en fin, reiteraría el compromiso relativo al fondo de inmigración: “Para reforzar la cooperación con los Gobiernos locales, crearemos un fondo que complementará el fondo de apoyo a la acogida y a la integración de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España, al objeto de que los ayuntamientos dupliquen la financiación que actualmente reciben por esta vía a lo largo de la presente legislatura”11. Pero, volviendo nuevamente al discurso de investidura, fue, sin duda, como no podía ser de otra manera, el Gobierno de la Nación el que apareció en la intervención del candidato como principal interlocutor de la Junta de Andalucía en la legislatura recién iniciada. Al fin y al cabo, aspectos absolutamente esenciales para el cumplimiento cabal del nuevo Estatuto pasan inexcusablemente por la concertación y el acuerdo con el Estado. Así sucede, ciertamente, con el viejo problema de la deuda histórica, para cuya adecuada resolución el Sr. Chaves pidió la complicidad de todos los grupos parlamentarios: “En fechas recientes, el Gobierno de la Nación, en un nuevo gesto de lealtad institucional, ha acordado el pago del anticipo comprometido el otoño pasado, y ahora la tarea es acordar, en el plazo previsto, esto es, antes del 20 de septiembre, la cantidad total de las asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición adicional segunda. Y en este sentido invito a todos los partidos políticos parlamentarios a abrir una ronda de diálogo para encontrar un terreno de encuentro sobre los criterios que han de sustentar nuestra posición y, a partir de ellos sobre la cantidad a negociar con el Gobierno de la Nación”. Crónica Parlamentaria. El debate de investidura 253 11 DSPA. Comisiones, núm. 24, VIII Legislatura, 2008, págs. 4–5. REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 253 El planteamiento de la cuestión de la deuda histórica serviría, sin embargo, para que la oposición recriminase la actitud mantenida al respecto por el Ejecutivo autonómico hasta la fecha. En esta línea, el portavoz del Grupo Izquierda Unida reprocharía al candidato: “En la etapa anterior, reclamamos lo que el Estado debía a Andalucía. El Partido Popular se planteó en esta Cámara 4.500 millones de euros. Al final, ustedes hicieron un acuerdo, Partido Popular y PSOE, que lo rebajaron: la quita fue de 2000 millones de euros. Nosotros no queremos que haya quita… en el aspecto de la deuda histórica. Y, en ese sentido, lógicamente seguimos defendiendo y planteando la cifra de 7.500 millones de euros, desde el año 1981 hasta la fecha…”12. Las críticas del Sr. Arenas en la materia no se llevaron tan lejos en el tiempo, ya que las circunscribió al período electoral: “En la campaña se calló usted sobre la cuantía. Se calló porque tenía pensado duplicar o triplicar las cifras si Mariano Rajoy era Presidente del Gobierno de España. Por eso se calló, por eso se calló”13. Cualquiera que sea la valoración que merezcan estas observaciones en torno a la política mantenida en el pasado por la Junta de Andalucía respecto de la deuda histórica, lo cierto es que tales críticas sirvieron para que el candidato, en el turno de réplica, expusiera con bastante detalle el procedimiento y el método a seguir para fijar su cuantía y su definitiva liquidación. A este propósito, el Sr. Chaves comenzó subrayando que el nuevo Estatuto ofrecía “un marco de certidumbre para resolver definitivamente esta cuestión”, ya que apuntaba un preciso calendario: “el 20 de septiembre del presente año, para su cuantificación, y el 20 de marzo de 2010, para su liquidación”; y, de hecho, proseguiría el candidato, “la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, en su Disposición Adicional Cincuenta, recoge precisamente la fecha límite del 20 de septiembre”. De otro lado, recordó que lo previsto en el Estatuto ya se estaba cumpliendo, toda vez que se habían “percibido los trescientos millones de euros de anticipo que se habían acordado con el Gobierno de la Nación”. Y, en fin, no se resistió a aconsejar a los grupos de oposición que “hicieran públicos sus criterios para determinar la cuantía de la deuda histórica, sobre todo para que no demos el espectáculo de convertir… la cuantificación de la deuda histórica en una subasta, a ver cuál es el partido político que más sube o que fija una cantidad superior sobre el resto de los partidos políticos”. 254 12 DSPA, núm. 3, pág. 8. 13 DSPA, núm. 3, pág. 25. ´ REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 254 Dicho lo anterior, Chaves desvelaría los criterios que la Junta baraja para la cuantificación de la deuda histórica: “Primero, las asignaciones complementarias tendrán su razón de ser en la insuficiencia de los niveles de prestación de alguno o algunos de los servicios fundamentales transferidos a la Junta de Andalucía. Nosotros consideramos que esos servicios fundamentales deben ser educación, sanidad, vivienda y servicios sociales”. En segundo término, proseguiría el candidato, “el nivel de prestación con el que hay que comparar para valorar la situación de déficit o insuficiencia es el nivel medio de prestación de cada uno de los servicios considerados en el conjunto del territorio nacional”. En tercer lugar, en lo referente a las coordenadas temporales de la cuantificación, la Junta considera que “el momento en que hay que calcular esa diferencia entre los niveles de prestación es el año anterior a la efectividad del traspaso de los servicios públicos fundamentales considerados”. Y finalmente, “hay que convertir el déficit calculado de magnitudes físicas a magnitudes económicas, que serían las cantidades por incorporar en los presupuestos del Estado en concepto de Disposición Adicional Segunda”. En definitiva, concluiría el candidato, “una de las primeras cosas que tenemos que hacer y que voy a hacer es convocar a los partidos políticos para tratar de llegar a un acuerdo sobre cuantificación y liquidación de la deuda. Nos tendremos que reunir antes de que empiece el verano, lógicamente, porque la cuantificación, el acuerdo, se tiene que producir… en septiembre del presente año”14. Acuerdo con el Estado que ha de lograrse, asimismo, respecto de las inversiones previstas en la disposición adicional tercera del texto estatutario15. Aunque, al fin y a la postre, es la propia configuración del sistema de financiación autonómica en su conjunto la que evidentemente reclamará la máxima atención del ejecutivo en los meses venideros. A este respecto, el candidato se cuidó de subrayar que se trata de un asunto que “al final se resolverá en un foro multilateral, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, y avanzó que la posición inicial que defenderá la Junta de Andalucía en el curso de dicha negociación multilateral será la propuesta que presentó el Gobierno andaluz hace dos años. Una propuesta –concluiría Chaves– que “podrá ser compartida, con las mejoras necesarias, por los grupos de esta Cámara, a Crónica Parlamentaria. El debate de investidura 255 14 DSPA, núm. 3, págs. 12–13. 15 De acuerdo con la Disposición Adicional Tercera: “1. El gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, en los términos del artículo 138.1 y 2 de la Constitución. 2. La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años. 3. Con esta finalidad se constituirá una Comisión integrada por la Administración estatal y autonómica”. REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 255 los que invitaré y convocaré a un diálogo sincero que enriquezca y fortalezca la posición de Andalucía en este debate”. Finalmente, el diálogo con el Gobierno de la Nación tendrá que extenderse a la concreción de los nuevos traspasos que se derivan del Estatuto, “especialmente, aunque no sólo, al traspaso de las funciones, servicios y recursos que se derivan de la competencia de Andalucía sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por nuestra tierra”. Entrando ya en otro orden de cosas, a nadie puede sorprender que el discurso de investidura prestara una especial atención a los derechos sociales, habida cuenta de que una de las principales innovaciones del proceso de reforma estatutaria ha consistido precisamente en la incorporación de una tabla de derechos. De ahí que el candidato a la presidencia de la Junta proclamase sin matices que esta legislatura “va a ser la del desarrollo de nuevos derechos que prevé y se establecen en nuestro Estatuto de Autonomía”. “Va a ser –proseguiría el candidato– una legislatura que quedará marcada por hacer realidad el derecho a la vivienda y a la renta básica, así como por incorporar un derecho de nueva generación: el derecho de todos los andaluces a acceder a un servicio de internet básico”. Aunque fue sin ningún género de dudas, como ya sucediera en la campaña electoral, el derecho a la vivienda el que centrara el protagonismo al respecto. De una parte, el candidato recordó la firma del Pacto de la Vivienda entre el Gobierno andaluz, las Entidades locales, empresarios, entidades financieras y sindicatos, que prevé la construcción en los próximos diez años de setecientas mil viviendas, de las cuales, al menos, trescientas mil serán protegidas. Y, precisando aún más, adelantaría que en la presente legislatura se propondría a los firmantes del pacto la construcción de cien mil viviendas protegidas para venta y alquiler, la rehabilitación de otras cien mil, así como la realización de setenta y cinco mil actuaciones en otros apartados, como suelo y ayuda al alquiler. De otro lado, señaló hacia dónde habría de avanzar el marco normativo para la satisfacción de dicho derecho básico: “El próximo otoño remitiremos a esta Cámara el proyecto de ley del derecho a la vivienda, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, que regulará que las personas con residencia administrativa continuada en nuestros pueblos y ciudades, que no tengan vivienda en propiedad y cumplan determinados requisitos económicos, tendrán derecho a una vivienda protegida, en un plazo concreto de tiempo, en el municipio en el que residan. A estas personas la ley les garantizará que como máximo habrán de destinar al pago de su vivienda un tercio de sus ingresos familiares, en caso de compra, y un cuarto en caso de alquiler”. En cualquier caso, este ámbito constituye también un campo abonado para que se produzca la actuación concertada de todos los sectores concernidos, so riesgo de minar de forma re256 ´ REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 256 levante la eficacia de las políticas públicas: “El conocimiento de las necesidades de vivienda en cada uno de los municipios, el planeamiento urbanístico y la capacidad de las Administraciones Públicas para promover la construcción de vivienda protegida son los instrumentos claves para garantizar la eficacia de la ley. Por eso planteo a todos los grupos de esta Cámara y también a los alcaldes y alcaldesas que la ley sea el fruto del consenso de todos, que la ley sea de todos, para que entre todos podamos decir con orgullo que el problema del acceso a una vivienda digna en Andalucía ha pasado a mejor vida”16. A juicio del portavoz del Grupo Izquierda Unida, la solución del problema de la vivienda pasa por actuar en el marco general de la política económica: “[…] para dar respuesta, hay que reorientar todo el marco de la política en materia de vivienda. No se trata de situar exclusivamente la política de vivienda para seguir manteniendo elementos de construcción como un pilar de una economía que tiene que ser reorientada, porque la construcción no da para seguir manteniendo cara al futuro los aspectos de la economía andaluza. […] Y, en ese sentido, la política de vivienda debe centrarse en recuperar la ciudad existente, sus viviendas vacías, el suelo disponible, antes que recalificar nuevos suelos para la especulación, que ha sido un rasgo característico del urbanismo de Andalucía en las últimas décadas”17. Otro tema que recibió cierta atención en el debate de investidura –y que, en consecuencia, no podemos soslayar en estas líneas– es el relativo al sistema electoral. La cuestión fue planteada abiertamente por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, prácticamente en el comienzo de su intervención, al traer a colación la coincidencia de las elecciones generales y autonómica, que conllevó “el solapamiento del debate específicamente andaluz con el debate de ámbito estatal” y, con ello, una clara incidencia en el resultado electoral: “Estamos convencidos desde Izquierda Unida… de que si las elecciones no hubieran sido conjuntas, usted y el Grupo Socialista no dispondrían de mayoría absoluta en este Parlamento en este momento”. De ahí que la primera interpelación directa del Sr. Valderas al candidato versase justamente sobre este extremo: “Por lo tanto, la primera propuesta. Le invito a comprometerse hoy para que las próximas elecciones generales y autónomas sean elecciones separadas. Y le pediré que en su intervención de réplica a mi discurso, lógicamente, nos diga si acepta o no esa invitación”18. Crónica Parlamentaria. El debate de investidura 257 16 DSPA, 16 de abril, pág. 9. 17 DSPA, núm. 3, pág. 7. 18 DSPA, núm. 3, pág. 3. REV ADMIN JURIS69 8/10/08 07:47 Página 257