Repositorio Institucional de Documentos

2 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Facultad de Derecho Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho CONSTITUCIÓN Y GUERRA Una revisión del sistema de derechos fundamentales de Colombia durante el siglo XX TESIS DOCTORAL Presentada por: MELBA LUZ CALLE MEZA Dirigida por el Prof. de la Universidad de Zaragoza, Dr. ANDRÉS GARCÍA INDA Zaragoza, 2006 4 A la memoria de mi abuela paterna, Celmira Carrascal Mercado quien, como centenares de miles de campesinos, fue despojada de todos sus bienes y forzada a ser una emigrante en su propio país, víctima de la persecución -oficialmente respaldada- por motivos políticos, económicos y religiosos que caracterizó la guerra interna (no declarada) de mediados del siglo XX en Colombia. A la memoria de Luis Guillermo, Camilo y Oscar Restrepo Mejía, hermanos de mi amiga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, Luz María Restrepo, quienes junto con otras seis personas absolutamente inocentes fueron sañudamente asesinadas en una masacre paramilitar descubierta el 18 de marzo del 2005, víctimas de la guerra amorfa y siniestra (no reconocida) que azota al país en nuestros días. A la memoria de todas las víctimas de esta guerra eterna. 6 AGRADECIMIENTOS Una tesis de doctorado es siempre el resultado del trabajo de muchos, pese a que exige un continuado esfuerzo en la más intensa soledad, pero en este caso particular la memoria de gratitudes y reconocimientos se ha ido volviendo ciertamente muy numerosa en la medida en que han ido pasando los años y, sobre todo, el conocimiento de personas a quienes he involucrado de una u otra manera con este proyecto. Claro que una mención como esta difícilmente puede individualizarse públicamete, así que quiero empezar por expresar mi agradecimiento general a todas las personas que han tenido la paciencia de atender mis insistentes preguntas y solicitudes de consejo para la culminación de esta investigación. Y, especialmente, a Sergio Grafiada, María del Pilar Marcos y demás funcionarios de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza a quienes he abrumado todos estos años con innumerables peticiones de materiales. Y, estoy en deuda, igualmente, con el Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, por el apoyo brindado para el acopio de una bibliografía verdaderamente amplia y muy repartida entre universidades españolas y colombianas. Asimismo, agradezco al profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, Andrés García Inda por haber aceptado dirigidir esta investigación. Y a Manuel Calvo García, Teresa Picontó, Maria José Bernuz, María José González, Pedro Santisteve, Gloria María Gallego y demás amigos del área de Filosofía del Derecho quienes me han acogido con amabilidad pese a que no he tenido la suerte de compartir con ellos muchos años de trabajo. Porque los cursos de Doctorado los concluí en la Universidad de Oviedo, institución en la que mi reconocimiento se extiende a los profesores de Filosofía del Derecho Benjamín Rivaya y Xacobe Bastida, quienes avalaron mis gestiones durante los cursos de Derecho Público. De otra parte, a Ester Mesa de Calle, a Benjamín Calle Carrascal y a José Ignacio Lacasta-Zabalza tributo una profunda gratitud por haber soportado con extraordinaria generosidad tan reiterados y prolongados desvelos. ÍNDICE GENERAL Introducción …………………………………………………………………………….19 CAPÍTULO PRELIMINAR Constitución y guerra 1. Constitución y guerra en Colombia durante el siglo XX……………………………...39 2. La guerra entendida como un producto cultural inserto en un sistema de redes globales…………………………………………………………………………………44 3. Mutaciones de la guerra colombiana y su conexión con las guerras del siglo XX…...52 PRIMERA PARTE VIEJAS GUERRAS Y CONSTITUCIÓN CAPÍTULO I La Guerra de Los Mil Días y la Primera Guerra Mundial 1.1. La Guerra de los Mil Días (1899-1902): analogías y diferencias con la Primera Guerra Mundial (1914-1918)…………………………………………………………...63 1.1.a.- Comparación respecto de los orígenes y móviles ………………………………64 1.1.b.- Contraste en cuanto a métodos y prácticas …………..………………………...69 1.1.c.- Paralelo sobre la función de la economía ……………….……………………...71 1.1.d .- El desenlace: tratados de paz y medidas de gracia ……………………………..78 1.1.e.- Cotejo de los efectos …………………………………………………………….81 CAPÍTULO II Factores de la cultura constitucional en la Guerra de los Mil Días 2.1.- Reflexiones sobre la tesis (inadecuada) de la relación de causalidad entre los textos constitucionales y la guerra……………………………………………………………..91 2.2. La guerra colombiana vista como el resultado de un complejo sistema de factores de orden cultural…………………………………………………………………………...98 2.2.1.- Derecho Constitucional de la cultura, cultura constitucional y factores de la misma en la guerra…………………………………………………………………….………..99 8 2.2.1.a..- La guerra entre liberales y conservadores: estrategia de adscripción social para la consolidación del bipartidismo ……………………………………………….106 Excursus . Origen de los partidos liberal y conservador: la tesis (débil) del enfrentamiento entre Bolívar y Santander…………………………………………….………………...107 2.2.1.b.- Las amplias facultades gubernativas para limitar las libertades ……………115 2.2.1.c..- La pena de muerte …………………………………………………………...119 2.2.1.d.- La confusión de los poderes entre el Estado y la Iglesia católica ……………121 2.2.1.e.- La drástica limitación de la libertad de pensamiento y de la libertad religiosa: la “cristianización de la República” …………………………………………………….122 2.2.1.f.- Los atentados al principio de igualdad ante la ley: la promoción oficial del hispanismo mal entendido (racismo, clasismo y nacionalismo católico) ……………...126 2.2.1.g.- La inobservancia efectiva del principio de separación de poderes: el presidencialismo extremado …………………………………………………………...137 2.2.1.h.- El uso y abuso de la figura del estado de sitio ……………………………….138 CAPÍTULO III Repercusiones de la Primera Guerra Mundial 3.1.- Impacto de la I Guerra Mundial en la cultura jurídica occidental…………………147 3.2.- Resonancias de la I Guerra Mundial en Colombia……………………………….149 3.2.a.- Implicaciones políticas y geopolíticas ………………………………………….149 3.2.b.- Alcances económicos de la guerra y de la Gran Depresión …………………..152 3.2.c.- La revolución mundial y la huelga en las compañías bananeras ……………...156 Excursu s: “ La masacre de las bananeras” …………………………………………161 CAPÍTULO IV La guerra regional colombiana y la Guerra Civil española 4.1.- La guerra regional político-religiosa en la “República Liberal” (1930-1938)……175 4.1.a.- La guerra en Boyacá …………………………………………………………...177 4 . 1.b.- La deplorable “pacificación” del Presidente Enrique Olaya Herrera ………...185 4.1.c.- La guerra colombo-peruana y la fugaz tregua interna ………………..……….186 4.1-d.- Factores constitucionales en la guerra regional de los años treinta …………..192 4.2.- Proyección de la Guerra Civil española (1936-1939) en Colombia: la “República Liberal” desafiada por el fascismo y el franquismo criollos…………………………...198 4.2. a.- Antecedentes: la situación española y colombiana antes de la República: afinidades y contrastes ………………………………………………………………..198 4.2. b.- Los regímenes republicanos en España y Colombia …………………………204 4.2.c.- La guerra civil en España: un mal precedente para Colombia. ………………212 CAPÍTULO V La Segunda Guerra Mundial y la caída de la “República Liberal” 5.1- Coletazos de la Segunda Guerra Mundial en Colombia: caída de la “República Liberal” ………………………………………………………………………………233 5.1.a.- Antecedentes: la caída del liberalismo vs. el auge del fascismo y del nazismo ...233 5.1.b.- La participación del fascismo en la victoria de Francisco Franco ………….…241 5.2.- La significación del fascismo y del franquismo en Colombia……………………243 5.3.- Los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y el afianzamiento de la derecha colombiana…………………………………………………………………………….257 CAPÍTULO VI Factores constitucionales de la caída de la República (España y Colombia) 6.1.- Aspectos más sobresalientes por su repercusión constitucional…………….……287 6.2.- Los derechos a la libertad religiosa y a la libre enseñanza fueron el ámbito ideológico escogido por las fuerzas reaccionarias para atacar a la República……………………...288 6.3.- La continuidad del estado de excepción y de la represión de las libertades quebrantó la Constitución y favoreció a los enemigos de la República………….………………...294 6.4.- Estado de excepción y golpes de estado………………………………………….302 Excursus . La continuidad del modelo cultural conservador durante la República Liberal ………………………………………………………………………………...315 SEGUNDA PARTE GUERRA FRÍA Y CONSTITUCIÓN CAPÍTULO VII La guerra fría en Colombia 7.1.- La “guerra fría”: contexto internacional y nacional de “La Violencia”…………321 7.2.- La preeminencia de la guerra fría en la segunda mitad del siglo XX……………..322 7.3.- Las doctrinas de Seguridad Nacional y de contención del comunismo…………..325 7.3.a .- La influencia político-militar de los Estados Unidos …………………………..327 7.3.b .- Las guerras revolucionarias y la Seguridad Nacional ………………………...329 7.4.- El predominio interno de los cánones de la guerra fría…………………………...332 16 INTRODUCCIÓN 18 INTRODUCCIÓN El objeto primordial de esta tesis es el de establecer las conexiones entre, por una parte, el sistema constitucional vigente desde 1886 hasta 1991 en Colombia y, por la otra, las diferentes etapas bélicas que ha padecido este país durante este tiempo concreto. La elección del período comprendido entre la Constitución de 1886 y la nueva Constitución de 1991 no es en absoluto caprichosa ni obedece a meros criterios historiográficos. Hoy en día no existe un acuerdo, aunque así pudiera parecerlo, sobre el alcance del proceso constitucional que arranca en 1886 y dura la mayor parte del siglo XX. No se ha dado ese necesario consenso ni en el pensamiento universitario ni en la sociedad. Sin embargo, parece haberse afianzado un tópico que este estudio se ha propuesto contribuir a remover. El tópico consiste en afirmar que ya existe un diagnóstico común (particularmente en el seno del pensamiento constitucional o constitucionalista y filosófico jurídico) sobre lo sucedido en el pasado reciente, y que lo que falta es justamente el diseño de las alternativas . Pues bien, una de las hipótesis de las que parte este trabajo es la de que se requiere elaborar previamente un diagnóstico lo más compartido posible para asentar de forma realista un proyecto con alternativas razonables para el presente y el futuro. Lo que se pretende con este análisis no es, por tanto, hacer una simple revisión de la historia constitucional del siglo XX colombiano. Esta reflexión abarca cuestiones más vitales que el mero examen crítico de esa historia constitucional, aunque el mismo sea una herramienta básica y sostenida de la investigación. El repaso y reconsideración de la versión del constitucionalismo oficial acerca de los acontecimientos jurídico-políticos del siglo XX se ha hecho a la luz de la historia de las guerras con el fin de contrastar los dos discursos aún existentes en el seno del pensamiento colombiano. Por eso la pretensión de esta indagación es relativamente ambiciosa. Hasta ahora, a juicio de esta tesis, no se han ensamblado debidamente las dos interpretaciones -la constitucional y la historiográfica- ni se han puesto en la debida conexión la Constitución y la guerra , objetivo que da origen al título de este trabajo. Por un lado, existe la versión lineal y jurídica del despliegue constitucional como una sucesión de reformas casi pacíficas del texto de 1886 hasta llegar a la norma de 1991. Por otro, la historiografía en sentido amplio (incluye también la Sociología y la Ciencia Política) sí que ha destacado los elementos conflictivos, violentos y bélicos de la trayectoria de la sociedad colombiana actual; razonamiento realista que también ha sabido adoptar –en líneas generales- la investigación social académica externa al Derecho. Lo que se intenta en esta investigación es conectar debidamente las dos dimensiones social y jurídica de un mismo problema paradójico: la pervivencia de la guerra en un sistema constitucional estable y de larga duración. 20 Si hubiera que ubicar el tema elegido en los cuatro modos de considerar la relación entre guerra y Derecho que ha identificado Norberto Bobbio (guerra-medio para realizar el derecho, guerra-objeto de regulación de la norma jurídica, guerra-fuente o creadora de justicia y guerra-antítesis del Derecho) podría decirse que las inquietudes que motivan este estudio recaen, principalmente, sobre la consideración de la guerra como antítesis del Derecho entendido éste último como ordenamiento jurídico en su totalidad cuyo fin común es la paz, justamente lo contrario de la guerra. Contraposición que ilustró de forma magnífica la metáfora de Thomas Hobbes sobre el estado de naturaleza o estado de guerra perpetua. 1 El sentido de esta línea de indagación se colige de algunos cuestionamientos básicos y específicos sobre Colombia: ¿Cómo ha sido posible la coexistencia entre el sistema jurídico colombiano y una sociedad en guerra permanente desde hace más de medio siglo en su última etapa?. ¿Cómo es que no se ha producido una ruptura en mil pedazos de dicho sistema?. ¿Por qué Colombia no ha sido nunca declarada abiertamente, ni por los propios ni por los extraños, como una sociedad en franca guerra interna?. ¿Podría afirmarse que el conjunto de reglas vigentes en este país no constituyen en realidad un sistema jurídico puesto que éste no ha logrado la paz, que es el fin mínimo de todo Ordenamiento y la razón misma de la existencia del Derecho, según lo enseñó Hans Kelsen?. 2 Ahora bien, esta investigación se propone igualmente ubicar el problema colombiano en el debate sobre la limitación de la guerra por el Derecho y la guerra moderna situada más allá de todo control jurídico . Porque, pese al desgaste de los procedimientos jurídicos de conducción de las guerras ocurrido con la Primera y la Segunda Guerra Mundiales –respecto de las cuales Colombia no ha sido totalmente ajena- y muy a pesar de la evidente crisis actual del Derecho Internacional y de la ONU con las guerras de invasión de Irak por Estados Unidos y del Líbano por Israel, aquí se aboga por un pacifismo activo que busque la eliminación de la guerra por medio del Derecho aunque se sepa de antemano que no basta con reglamentar la guerra pues lo que se precisa es fomentar por todos los medios una muy exigente cultura jurídica de paz que pasa por el incuestionable respeto efectivo de los derechos fundamentales, tanto a nivel internacional como interno. 3 En estas páginas se pretende aportar una perspectiva nueva a la labor de desvirtuar uno de los mitos dominantes en Colombia: el de la peculiar estabilidad institucional debida a la Constitución de 1886, estabilidad entendida como un factor positivo. Porque unas 1 Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz , Barcelona, Gedisa, 1982, págs. 95-116. 2 Ibídem, pág. 97 y Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado , México, UNAM, 1979, pág. 26. 3 Sobre las graves dificultades actuales de la ONU véase, Paul Kennedy, “Las limitaciones de la ONU”, El País , 3/09/06. instituciones que no han garantizado adecuada y realmente los derechos y libertades en el siglo pasado no era bueno que persistieran con tanta firmeza o como si la guerra no hubiera existido. Además, debido en gran medida al peso del legado cultural de la Constitución del 86, con las novedades introducidas por el texto de 1991 tampoco se ha logrado poner en práctica satisfactoriamente un sistema amplio de disfrute de derechos fundamentales en sus dimensiones jurídica y social, sin que eso signifique desconocer los avances –a veces alentadores- de este reciente período, como ha sabido explicar en profundidad el profesor Rodrigo Uprimny. 4 No en vano, las opiniones de este profesor han sido tenidas ciertamente en cuenta en estas páginas en lo relativo a la Constitución del 91, su interpretación y aplicación. Una discusión clásica de la Filosofía del Derecho se produce, de forma reiterada, por la pretendida antítesis entre los factores de continuidad y ruptura para explicar el desenvolvimiento del propio Derecho. Esquemáticamente dicho, se discute sobre si el Derecho avanza en la historia mediante una sucesión de continuidades o sobre si camina a través de una concatenación de rupturas. Ese es el fondo de no pocas de las posiciones de Alexis de Tocqueville acerca de lo benéfico de la continuidad institucional. 5 Es ejemplar al respecto la crítica de Rudolph von Ihering a la Escuela Histórica del Derecho, por él caracterizada como el partido de la santidad por su modo aproblemático de percibir la evolución de los fenómenos jurídicos. 6 Con el descuido u olvido de los factores conflictivos y las enormes luchas –como las que precedieron a la abolición de la esclavitud- que dieron lugar a los cambios profundos del Derecho occidental. La visión de Ihering es mucho más moderna que la de Savigny y es difícil no simpatizar con ella. Pero no se puede reducir el problema a una cuestión de simpatías intelectuales. Las dos perspectivas no se excluyen sino que se complementan. Los errores pueden venir de la elusión de una de las dos metodologías que se adopten. En el caso concreto referido a Colombia, parece haberse ignorado que el sistema constitucional actual también es profundamente heredero de lo sucedido entre 1886 y 1991 así como de las contiendas violentas que le acompañaron. De este modo, otra hipótesis de partida relativa a la discusión sobre las continuidades o rupturas, es la siguiente: la vida constitucional de la Colombia actual no comienza en la década de los noventa, sino que también es deudora (de manera nunca mecánica o determinista) de lo ocurrido con inmediata anterioridad y sus malas inercias (bipartidismo excluyente, eliminación bélica de las opciones disidentes, estrechos espacios para la expresión política pacífica, persistencia indebida del fuero militar, concepción castrense del 4 Rodrigo Uprimny, “La Constitución y la protección judicial de los derechos”, Unperiódico (Universidad Nacional de Colombia), 23/07/06. 5 Tocqueville considera benéfica en sí misma la estabilidad institucional frente a los saltos revolucionarios, véase, Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución , vol.I, Madrid, Alianza Editorial, 1982, págs. 77-154. 6 Rudolph von Ihering, La lucha por el derecho, Madrid, Civitas, 1985, pág. 65. 22 orden público, desigualdad social extrema y nunca reparada, egoísmo y cerrazón de las clases dirigentes, irresponsabilidad en el seno de los poderes públicos y en la propia sociedad, inmunidad de los gobernantes y sus acciones ilícitas, etc). Eso no se puede despachar con un juicio irresponsable sostenedor de la bondad del período comprendido entre 1886 y 1991 porque ha sido, como se suele decir según el prejuicio reinante, uno de los más “estables” de América Latina. Pero, tampoco se ha de zanjar esta cuestión con una mirada excesivamente occidental y eurocéntrica que pudiera descartar de plano toda experiencia constitucional colombiana que, con reducción de todo a la guerra, atribuyera a Colombia una catalogación propia de la siempre rechazable imagen de las “repúblicas bananeras”. Lo que ocurre es que una buena proporción de los defectos del presente colombiano ya tuvieron lugar en el pasado más reciente y esto no se puede contemplar de modo benigno y autocomplaciente; pues conlleva aplicar un injusto beneplácito ante lo sucedido en la inmediata historia constitucional colombiana.Y la exposición, conocimiento y crítica de estas continuidades se hace casi obligatoria para crear las condiciones de un afianzamiento del nuevo (sub) sistema constitucional de protección de los derechos fundamentales. No se puede contribuir a generar una buena cultura democrática en Colombia si, hasta en el mundo universitario, se da todavía por bueno, con la manida excusa acrítica de la “estabilidad”, el bipartidismo excluyente y bélico que ha dominado este panorama desde la Constitución de 1886. Corregido, dentro de una modesta proporción, con el auge de la Constitución de 1991. Como muestra fehaciente de todo esto hay que hacer notar que, solamente con posterioridad a los años noventa del siglo pasado, han logrado subsistir, y no sin esa lucha cívica como factor de progreso jurídico que elogió justamente Rudolph von Ihering, opciones políticas que han ampliado las cerradas estructuras bipartidistas. Alternativas que, a su vez, han mejorado seriamente la vida política municipal y las condiciones materiales de ciudades tan importantes como Bogotá, Medellín o Cali. Corrección del bipartidismo y en no menor medida del centralismo que indican por dónde ha de caminar el verdadero cambio constitucional y político de la sociedad civil colombiana. Por la afirmación del pluralismo, concepto jurídico que significativamente se recoge de forma indeterminada en el artículo 1 de la Constitución de 1991 (“Colombia es un Estado social de Derecho organizado en forma de República unitaria, (…), democrática, participativa y pluralista”) , a diferencia del aleccionador y concreto valor superior consagrado por el artículo 2 de la Constitución española de 1978, definido con precisión como pluralismo político . 7 Precisamente uno de los auténticos hitos del cambio institucional del país lo marcó la elección por fin popular de alcaldes y gobernadores de finales de los años ochenta del siglo pasado y, lo que es toda una lección, contra la inercia caciquil y oligárquica del impropiamente embellecido período de vigencia de la Constitución del 86. Sin desconocer los riesgos que la descentralización o autonomía local (Constitución de 1991, art. 1º y 298) puede traer consigo en materia de fortalecimiento del caciquismo y de la corrupción o del supuesto traslado del conflicto armado a una disputa por el poder local. 8 Sin embargo, los argumentos que se esgrimen hoy en contra del impulso al poder local por la presunta existencia de una relación entre el conflicto armado y la descentralización política, así como las propuestas de facultar a las autoridades centrales para disolver gobiernos locales y departamentales, hacen recordar el discurso de Rafael Núñez cuando declaró la defunción de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia (Rionegro, 8 de mayo de 1863) por ser, dado su carácter federalista, la causante de las guerras civiles del siglo XIX. Viéndolo así, parecería que Colombia no se hubiera movido ideológicamente un ápice después de más de un siglo de conflictiva historia. Justamente, otra de las hipótesis del presente trabajo es que no se puede asegurar rigurosamene la existencia de una relación causal necesaria entre los textos constitucionales ( por ejemplo, los que consagran la descentralización o autonomía de los entes locales ) y las diferentes experiencias bélicas del siglo XX colombiano . La contienda armada por el poder local no es un fenómeno nuevo que haya surgido o se haya potenciado como consecuencia de la mayor disponibilidad de recursos en los gobiernos departamentales y municipales. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX la lucha por el acceso al poder local o central (y, por tanto, al manejo de los dineros y cargos públicos) ha derivado en Colombia en enfrentamientos armados. Baste para ello con mencionar en el siglo pasado –en pleno auge de la muy centralista Constitución de 1886- a la guerra regional de los años treinta en Boyacá y los Santanderes, que se inició con el triunfo de los liberales y su intento de consolidar su poder electoral mediante el control de las autoridades locales y que derivó en el acoso y eliminación física de los conservadores, o la misma Violencia de mediados de siglo desencadenada con la persecución de los liberales por las bandas de “chulavitas” y “pájaros” armadas al servicio del partido conservador con la complacencia de los presidentes de la República de la época. Y, si desde la década de 1980 ha habido una “extraordinaria intensificación del conflicto colombiano”, no es exacto y parece tendencioso achacar este hecho a la mayor disponibilidad financiera de los entes territoriales, sin mencionar que desde esa misma década se inició igualmente una auténtica escalada del paramilitarismo potenciado por su inicial alianza (aunque posterior desencuentro violento) con el narcotráfico como reacción a la promoción estatal de la reforma agraria y a las acciones de las fuerzas guerrilleras dirigidas a la obtención de recursos a través del secuestro y la extorsión. 9 Y, por supuesto, la solución no es retrotraer 7 Ángel Llamas Cascón, Los valores jurídicos como ordenamiento material, Prólogo de Gregorio Peces-Barba, Madrid, Universidad Carlos III/Boletín Oficial del Estado, 1993, págs. 215-218. 8 Eduardo Posada Carbó, “A repensar la descentralización”, El Tiempo , 25/08/06. 9 AA.VV., El poder paramilitar , edición y prólogo de Alfredo Rangel, [Bogotá], Planeta, 2005, págs. 48-135. 24 el fortalecimiento económico departamental y municipal sino, por el contrario, impulsar la participación politicamente informada de la ciudadanía en la toma de las decisiones que los afectan directamente, entre las cuales se destaca, precisamente, la elección de los alcaldes y gobernadores que van a manejar los caudales públicos, como lo demuestran los sorprendentes logros alcanzados y proyectados en materia educativa, en la difícil y socialmente deteriorada ciudad de Medellín, gracias a la labor de novel alcalde Sergio Fajardo. 1 0 Si como oligarquía y caciquismo definió con acierto Joaquín Costa la etapa de la Restauración española, tan parecida en tantas cosas al régimen inaugurado por Rafael Núñez, con similares descripciones debería comprenderse la experiencia colombiana derivada de la Constitución de 1886. Cosa que por desgracia todavía no se ha esclarecido suficientemente, pese a que las estadísticas sobre pobreza y desigualdad sociales ilustran la operancia en pleno siglo XXI colombiano de aquellas estructuras que, por fortuna, ha superado un país como España gracias ante todo a su experiencia democrática de los casi treinta últimos años. 1 1 Metodológicamente, y en otro orden de cosas, esta investigación se refiere de manera muy central a la cultura constitucional de Colombia . Que es la materia particular que hilvana todos y cada uno de los capítulos del presente trabajo. Desde esa cultura se ha guardado una preferente atención hacia varios asuntos clásicos y peculiares de la Filosofía del Derecho: Derecho y Fuerza quizá sea el que más destaca entre todos ellos por razones que casi están contenidas en el mismo título de esta indagación, que parte de algo tan jurídico como los textos constitucionales pero que está íntimamente relacionado con una cuestión tan coercitiva como la Fuerza llevada a su límite, esto es, la guerra. La libertad religiosa y sus problemas también atraviesan las páginas que siguen. Entre otras cosas, porque la separación entre la Iglesia y el Estado colombiano, entre lo religioso y lo jurídico, nunca ha sido cabalmente conseguida y se ha convertido históricamente –con el modelo español de telón de fondo en más de una ocasión- en un lastre no pequeño para el ejercicio de las libertades en general y los derechos fundamentales en particular. La regla y su excepción, lo moral y lo jurídico, la organización del poder y su sumisión e insumisión al Derecho, así mismo son estudiados a lo largo y ancho de esta reflexión. Que desemboca en un análisis, propio de la Filosofía del Derecho, pero también de su sociología, sobre el 10 Sergio Fajardo, actual alcalde de Medellín, resultó elegido sin ningún apoyo de los caciques políticos antioqueños ni de los partidos políticos tradicionales. Su alcaldía está invirtiendo el 40 por ciento del presupuesto sólo en educación (el mayor porcentaje de educación pública de Colombia) para convertir a la ciudad en la más educada de América Latina. A los sectores afectados por la violencia, por ejemplo, les está construyendo cinco parques bibliotecas y 10 colegios diseñados por los mejores arquitectos de la ciudad, véase Sergio Fajardo, “Medellín será la ciudad más educada”, en Semana, 19/02/06, Semana.com, última visita, 10/09/06. 11 En Colombia la pobreza alcanza el nivel del 50 por ciento de la población según el dato oficial y del sesenta por ciento según los académicos, el 0, 21 por ciento de accionistas es dueño del 80 por ciento del capital bursátil y de 82.1 millones de hectáreas rurales, 44 millones (el 53, 5 %) del territorio son poseídas tan solo por 2.428 propietarios públicos y privados, véase Abdón Espinosa Valderrama, “Circunstancias, medios y fines de la tributación”, El Tiempo , 24/08/06. carácter del sistema jurídico de Colombia; su mayor o menor cerrazón o apertura, así como acerca de la mentalidad y educación ideológica de los juristas colombianos (junto a las relaciones de esa actitud profesional con su conflictiva realidad social y política). Se ha usado en este razonamiento el método comparativo . Más que nada en lo tocante a lo jurídico y político y en lo concerniente a España y Colombia. Resulta llamativo verificar cómo unas ciertas concepciones españolas (el nacionalcatolicismo de manera significada) se reproducen, con su peculiaridades, en Colombia. Y cómo acontecimientos concretos españoles (la Segunda República, la guerra civil y el franquismo) han marcado para siempre la política y las instituciones colombianas. Lógicamente, por las comparaciones y por otros muchos motivos, este estudio ha debido recurrir constantemente a la Historia. Así que ha tenido que tamizar el devenir constitucional de Colombia –y las ideas que lo han inspirado- hasta la última de sus constituciones. Historia que es muchas veces política, pues sin dar cuenta de los conflictos de ese género que soporta cada período, resultaría imposible entender los cambios institucionales y culturales habidos en cada reforma Constitución. Y no hay que dar por supuesto que se conoce a la perfección –ni en Colombia ni en España- la situación política desenvuelta desde la experiencia independentista de Simón Bolívar. Historia que, en ocasiones, ha de poseer así un carácter económico obligado. Pues, del mismo modo que se ha dicho de modo magistral que la Historia de Cuba es a la vez la historia del azúcar, la de Colombia –sin reduccionismo alguno- es igualmente la del café. 12 Con todo su esplendor y consabidas penurias sociales sucedidas por la preeminencia de ese cultivo. En cuanto al campo específico de los juristas hay, de modo desigual, una desconexión entre la teoría y la realidad social de la propia sociedad colombiana. Y eso no es sano ni eficaz. Es más, esta tesis no puede entenderse si no es desde la preocupación ética por conocer mejor la propia realidad para mejor poder transformarla a través del Derecho. Puede sonar exagerado, pero tiene un fondo verificable que aquí se intentará demostrar: la sociedad colombiana –y sus juristas- no se conoce bien a sí misma. Así que el primer paso necesario es promover ese autoconocimiento. La tesis tiene un límite espacial y temporal en el siglo XX occidental y un límite temático en la historia de las guerras acaecidas en dicho siglo y sus implicaciones constitucionales. Además, emplea también el método comparativo para el estudio de las guerras globales y externas y las guerras locales e internas. La justificación de la elección de una perspectiva como ésta se hace en profundidad en el Capítulo Preliminar. Pero aquí y ahora esta hipótesis se resume sencillamente así: Colombia, sus constituciones y sus guerras son 12 La cuestión del azúcar no solamente ha sido tratada por la más moderna historiografía cubana. El problema arranca de muy lejos -y de ahí su historicidad- como supo verlo José Martí: “¿Pues qué será cuando los esclavos se alcen; o el trabajo se interrumpa por falta de caudales para aumentar la producción; o los Estados Unidos, que reciben ya azúcar de muchas, de muchas partes, cierren sus puertos, airados de que España mantenga cerrados los de la isla a sus frutos, a los azúcares cubanos?”, José Martí, Sobre España , Edición de Andrés Sorel, Madrid, Ciencia Nueva, 1967, pág. 127. 32 historia constitucional en Colombia, puesto que un razonamiento como este desecharía el hecho objetivo consistente en que este sistema constitucional ha tenido a todo lo largo del siglo estudiado y a nivel interno una incuestionable vigencia pese a sus manifiestas debilidades en materia de garantía eficaz de los derechos fundamentales; de otra parte, se controvierten probadamente las versiones de algunos historiadores internacionales sobre la supuesta simpatía con el fascismo del líder popular colombiano de ideas socialistas Jorge Eliécer Gaitán mientras se descuida la figura de otro destacadísimo líder del partido conservador como Laureano Gómez quien sí guardó manifiestas e incluso declaradas proximidades ideológicas con el fascismo y el franquismo. Del mismo modo, en otros aspectos se propone y justifica aquí una interpretación diferente de acontecimientos trascendentales para la historia constitucional del país, como cuando se sugiere darle significado jurídico a la época conocida como “la Violencia” para que sea considerada como una “guerra de exterminio por razones políticas, económicas y religiosas” y para que los crímenes que se cometieron en estos años y permanecen impunes sean considerados como “crímenes de lesa humanidad”. Además, se plantea la censura jurídico-constitucional de los principales responsables de los actos criminales que se cometieron en esos, ya desde entonces, luctuosos años y se esboza una periodización diferente de dicha guerra para que se considere iniciada en 1945 coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la “guerra fría” que comportó la adopción doméstica de los cánones norteamericanos sobre el enemigo interno y la declaración formal de guerra de las guerrillas comunistas contra el Estado. Otro tanto sucede con las versiones históricas positivas sobre al régimen del Frente Nacional las cuales son igualmente objetadas, entre otras razones, porque justifican el pacto de exclusión política de los partidos históricos -que sustentó dicho sistema- en la existencia de la guerra partidista, pese a que cuando se celebró el plebiscito de 1957 que institucionalizó dicho régimen el enfrentamiento armado entre liberales y conservadores había prácticamente concluido debido al éxito de los programas de pacificación que realizó el dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien había logrado la derrota militar y política de las guerrillas liberales. Y, pese a que aquella arbitraria alianza entre los dos partidos tradicionales se haya visto en realidad potenciada, de un lado, por las posibilidades de resurgimiento político clientelista para los liberales y, del otro, por la ideología anticomunista que resultó tan conveniente para estigmatizar todo pensamiento político disidente o independiente durante más de dos décadas de la segunda mitad siglo XX colombiano. Todo lo anterior es resultado de unas ideas fuerza que atraviesan la tesis de principio a fin: a) la necesidad de adoptar una visión sistémica actualizada respecto del Derecho y de la guerra así como de sus interrelaciones. b) la igualmente imprescindible perspectiva modernizada del Derecho y la guerra como manifestaciones culturales de los pueblos. c) pensamientos claves que tienen un motor ético en otra idea cardinal: la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. El desarrollo de las mismas –sistema, cultura y derechos fundamentales- se ha sustentado, en buena medida y, principalmente, en las ideas de los filósofos del Derecho italiano N. Bobbio y L. Ferrajoli, español A. E. Pérez Luño y G. Peces Barba, colombiano L. Gálvis y D. E. López y en los enfoques de los expertos en Derecho Constitucional portugués J. J. Gomes Canotilho, alemán P. Häberle y colombiano H. Valencia Villa. Por último, no está de más mencionar la utilidad queel uso de Internet -esa herramienta tecnológica que revolucionó la era de las comunicaciones- ha prestado, con la debida cautela, a este trabajo, especialmente, para efectos de la actualización de los datos y conceptos relativos a Colombia. Dado que el acopio de los principales documentos y la redacción de la tesis se ha efectuado desde España con la presencia de las inevitables dificultades en la búsqueda del material y en la consulta de las fuentes directas. Aunque tal vez este procedimiento ha tenido un efecto positivo: el de cierta toma de distancia intelectual, casi obligada por la lejanía física de Colombia y de la bibliografía colombiana. 34 CAPÍTULO PRELIMINAR Constitución y guerra 36 CAPÍTULO PRELIMINAR Constitución y guerra 1.- Constitución y guerra en Colombia durante el siglo XX. 2.- La guerra entendida como un producto cultural y como resultado del funcionamiento de un sistema de redes globales. 3.- Mutaciones de la guerra colombiana. Y su conexión con las guerras del siglo XX. 38 1.-. Constitución y guerra en Colombia durante el siglo XX. Entre los procesos constituyentes que culminaron con la promulgación de las constituciones colombianas de 1886 y de 1991 han transcurrido los mismos cien años que la “novela grande” transformó en universales. 1 8 18 En un sentido estrictamente cronológico el tiempo de los Cien años de soledad que relata García Márquez queda comprendido dentro del período de vigencia de la Constitución de 1886: 105 años rigurosos. Pero, como la célebre novela colombiana fue publicada en 1967 y la Carta del 86 fue derogada en 1991, los últimos treinta años de la vigencia de la Constitución del 86 no quedan registrados en la novela. Con todo, la leyenda sobre Macondo narró algunos de los episodios más significativos de la historia colombiana del siglo XX y se anticipó a los estudios científicos sobre la violencia y, por esta razón, aquí se recuerda dicha obra. En apoyo de esta idea Oscar Collazos ha apuntado: “el tiempo histórico de las guerras es perfectamente verosímil y la historia de Colombia, en sus grandes trazos anecdóticos, confirma que García Márquez no hizo otra cosa que sacar de allí los datos de su ficción”, Oscar Collazos, García Márquez. La soledad y la gloria (su vida y su obra) , Barcelona, Plaza & Janés, 1983, págs. 139-140. En un sentido similar Francisco Palacios ha señalado la correspondencia entre la historia real de las guerras colombianas y la literatura de García Márquez :“La estructura similar de guerra civil y violencia permanente donde el colectivo civil-popular sólo perdía, tiene su paralelismo literario en las 32 guerras civiles que también perdería el coronel Aureliano Buendía: realismo mágico literario y surrealismo trágico histórico”, véase Francisco J. Palacios, “Violencia, Derechos Humanos y Democracia en Colombia ”, en El vuelo del Ícaro. Revista de Derechos Humanos, crítica política y análisis de la economía, Madrid, Liga Española Pro-Derechos Humanos, 2002 , págs. 249-313. Una idea análoga parece ser la del constitucionalista Valencia Villa cuando afirma: “Ni el radicalismo liberal, ni el autoritarismo conservador, (…) resultan suficientes para prevenir la guerra civil (…) a causa de las ensoñaciones constitucionales han sido necesarios cien años de soledad para someter a la población nacional a su férrea disciplina”, ver Hernando Valencia Villa, Cartas de batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano , Bogotá, CEREC, 1997, pág. 162. Por otra parte, L. I. Mena subraya la importancia de la historia en la obra cumbre de García Márquez: “ Cien años de soledad es una novela en la que la historia adquiere una preeminencia especial, no sólo por la enorme cantidad de elementos históricos que (…) encontramos en la narración -y que implica una exhaustiva tarea de investigación por parte del autor- sino también por la interpretación que se hace de dichos elementos. (…) la importancia de la historia en la obra de García Márquez (…) reside en (…) la visión total que la novela proporciona de la historia.”, ver Lucila Inés Mena, La función de la historia en “Cien Años de Soledad ”, Barcelona, Plaza & Janés, 1979, pág. 199. Una posición crítica sobre del uso de la novela como historia es la de Eduardo Posada, en El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual y política en Colombia , Medellín, Universidad EAFIT, 2003, págs. 241-275. A este respecto se advierte que en este trabajo se acude a la literatura y, específicamente a la novela, no como documento científico sino como un recurso para mostrar al lector la proximidad del problema estudiado con la cultura y realidad colombianas. Además, se recurrirá ocasionalmente a Cien años de soledad , que es hoy una obra de dimensión universal, como una herramienta literaria para recordar que la soledad de Macondo evoca la melancolía de la humanidad entera, tal como lo interpretó el hispanista francés C. Couffon: “Construyendo su ficción sobre cimientos míticos, García Márquez fija definitivamente el mito que intentaba crear desde su primer libro: el de la soledad humana, fuente de todos los espejismos y de todas las pesadillas”, ver Claude Couffon, “Gabriel García Márquez habla de cien años de soledad”, en Pedro Simón Martínez (comp.), Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez , La Habana, Centro de Investigaciones Literarias Casa de las Américas, 1969, pág. 236. Por su parte, el especialista en la violencia colombiana D. Pécaut critica, por pesimista, el “mito de la repetición”, según el cual, las guerras del siglo XIX se reproducen en el siglo XX, ficción que contribuyó a crear García Márquez: “En Colombia ha arraigado, (…) la creencia colectiva en una historia condenada a una repetición eterna. Las guerras civiles del siglo XIX se evocan como si dominaran todavía los acontecimientos del siglo XX, y en particular la trama subyacente de estos, que estaría en la violencia”, y fue García Márquez quien ofreció ese “gran mito de la historia colombiana: (…), la inmovilidad del tiempo, la condena a la repetición”. Véase Daniel Pécaut , Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988 , Bogotá, Siglo XXI, [1988], pág. 20. Aquí se comparte el reproche de Pécaut a la inexistencia en Colombia de otros mitos nacionales basados, por ejemplo, en la exaltación de las culturas aborígenes como sí ocurrió en países como México. Sin embargo, no se descarta toda continuidad entre los factores de las guerras del siglo XIX y las guerras del siglo XX, sin que ello signifique adoptar aquí ni determinismo ni pesimismo alguno. 40 Durante todo este tiempo Colombia fue admirada -especialmente por los propios nacionales- debido a su estabilidad política excepcional ya que fue uno de los cuatro países, junto con México, Costa Rica y Venezuela, que se sobrepuso rápidamente a los golpes militares que se instalaron en la América Latina en los años sesenta y setenta. En efecto, en la historia del siglo XX colombiano se suele destacar el hecho, sin duda positivo, de que este país escapó a la era de las dictaduras de “Seguridad Nacional” como ocurrió, por ejemplo, en Chile (1973-1989), Brasil (1964-1979) o Argentina (1966-73), entre otros países del continente. Sobre Colombia se destaca generalmente su larga historia de democracia continuada “la democracia más sólida de América Latina” y el hecho de que sus gobernantes han sido civiles y surgido de elecciones regulares. 19 Y es verdad que este país ha insistido desde su independencia en proclamar su régimen político como el de una República dotada de textos constitucionales. Posiblemente en esta inclinación por las “Cartas” haya influido otro de sus señalados rasgos jurídico-políticos: su devoción por el Derecho, iniciada con la colonia española durante la dinastía de la Casa de Austria y las Leyes de Indias consideradas por algunos como la “constitución colonial”. 20 Esta vocación ha sido profundamente cultivada en la vida independiente hasta el punto de derivar en el llamado “mesianismo constitucional”, esto es, la creencia generalizada de que los cambios sociales y políticos se cumplen a través de los textos constitucionales. 21 Probablemente estas tendencias ayuden a explicar el hecho de que en el año de 1991 -en el que se expidió la Constitución actualmente vigente- se había llegado a la cifra, nada despreciable, de sesenta y una reformas a la anterior Constitución de 1886. 22 Pero estos mismos hábitos son insuficientes, claro está, para entender por qué ese culto a las normas jurídicas ha 19 Eduardo Pizarro señala igualmente que el país ha ostentado, no obstante, el vergonzoso título de ser una de las naciones más violentas del mundo . Ver Eduardo Pizarro Leongómez , Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia , Bogotá, Norma, 2004, pág. 205. Por otra parte, Daniel Pécaut, un especialista en la violencia de Colombia, reconoce que este país se ha conservado como una “democracia restringida” y hace la salvedad de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y la Junta Militar entre 1953 y 1958. Ver Daniel Pécaut, Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 , Bogotá, Norma, 2001, pág. 26-4. Asimismo, Olivier Duhamel y Manuel Espinosa, Las democracias. Entre el Derecho Constitucional y la política , Bogotá, Tercer Mundo, 1997, págs. 253-279. Sin embargo, si se abarca todo el siglo XX habría que señalar además como suspensión de la democracia el período del “Quinquenio de Reyes” (1904-1909), así como las “dictaduras civiles” de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) y Laureano Gómez–Roberto Urdaneta (1950-1951 y 1951-1953). 20 Luis Carlos Sáchica, Constitucionalismo mestizo , México, UNAM, 2002, pág. 253. 21 La expresión “mesianismo constitucional” ha sido acuñada por Diego Uribe Vargas en, Las constituciones de Colombi a. Perspectiva histórica y sociológica , vol. I., Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1985, pág. 24. 22 El número total de reformas hechas a la Constitución de 1886 es el indicado por Luis Carlos Sáchica en su obra, Nuevo Constitucionalismo colombiano , Bogotá, Temis, 1992, pág. 38. Pero no hay acuerdo sobre esta cifra, pues, por ejemplo, el excanciller Augusto Ramírez Ocampo ha hablado recientemente de 59 reformas a la Constitución de 1886. Ver El Tiempo , 4/07/04. Sobre el afán reformista característico del constitucionalismo colombiano hay quienes le encuentran explicación en la necesidad de adaptación del orden jurídico a los hechos sociales y económicos, ver D. Uribe Vargas, Las constituciones de Colombia , vol. I, cit., págs. 280-281. venido históricamente acompañado de la violencia como la forma primordial de hacer política en este país . 2 3 En efecto, para mencionar primero a la forma más evidente de violencia, este país se enfrentó durante el siglo XIX a ocho guerras civiles de carácter nacional, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales con Ecuador y tres golpes de cuartel. En el siglo XX se padeció la conocida como Guerra de los Mil Días, se libró una guerra internacional con el Perú y se sufrió en los años cincuenta una especie de guerra civil no declarada y bautizada oficialmente con el nombre propio de La Violencia, que produjo alrededor de doscientos mil muertos. 24 Y, en los tiempos actuales se confirma la “violencia endémica” que afecta a muchas partes del país, los miles de vidas que se pierden cada año como consecuencia de diversos actos de crueldad especialmente en el contexto del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla, el gran número de desapariciones y desplazados, la persistencia de la práctica de la tortura y las violaciones del derecho a la vida . 25 Sobre Colombia se ha llegado a decir que la violencia es el modo más explícito de manejar las relaciones sociales en este país. 26 En fin, aunque en Colombia no ha habido largas dictaduras militares, en los últimos tiempos han sido asesinadas cada año por las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares una cifra muy superior al total de personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años del General Augusto Pinochet. 2 7 En el Informe 2004, Amnistía Internacional (AI) denuncia que en el año 2003 perdieron la vida en Colombia- en homicidios por delitos políticos- más de 3.000 civiles, además de haber desaparecido 600 personas y haber sido secuestradas alrededor de otras 2.200 personas . 2 8 De igual forma, en fecha reciente, el Estado colombiano ha sido cuestionado gracias a labor de los organismos de defensa de los derechos humanos e incluso ha sido llevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha condenado al país en varias oportunidades. 2 9 23 Carlos Angarita Sarmiento, Estado, poder y derechos humanos en Colombia , Bogotá, Corporación René García, 2000, pág. 70; Daniel Pécault, Orden y violencia , cit., pág. 15; Javier Giraldo, Colombia, esta democracia genocida , Barcelona, Cristianisme i Justícia, 1994, pág. 34. 24 Daniel Pécaut, Orden y violencia , cit., pág. 17. 25 Defensoría del Pueblo, Comisión Colombiana de Juristas , Contra viento y marea. Conclusiones y recomendaciones de la ONU y la OEA para garantizar la vigencia de los derechos humanos en Colombia: 1980- 1997 , Bogotá, Tercer Mundo, 1997, págs. 50-53. Sobre los refugiados de la guerra interna llamados desplazados ver Juan Forero, “Los refugiados de Colombia malviven en su propio país”, El País , 30/09/04. 26 Carlos Angarita Sarmiento, op.cit , pág. 70 y Daniel Pécault, Orden y violencia , cit., pág. 15. 27 Comisión Internacional de Juristas (CIJ), “Colombia: políticas del gobierno socavan el Estado de Derecho y consolidan la impunidad”, 21 de septiembre de 2005, http://www.acnur.org/pais/docs/971.pdf , última visita, 5/4/06 28 Amnistía Internacional , Informe 2004, El papel de los derechos humanos, Madrid, Amnistía Internacional, 2004, pág. 188. 29 Colombia ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres oportunidades. La última ocurrió el 21 de julio del año 2004 tras hallar responsable al Estado por la violación de los derechos a la libertad, la integridad y la vida en el caso de la muerte de 19 comerciantes, presuntamente a manos de paramilitares, ocurrida en Puerto Boyacá el 6 de octubre de 1987, caso por el que deberá pagar a los familiares de 48 estado libres de guerras. 50 En realidad la guerra ha estado presente en cada fase de la historia del hombre. Y ha sido muy costosa en vidas humanas: se ha calculado que en los últimos 5.500 años de historia ha habido 14.513 guerras que han costado 1.240 millones de vidas. 51 En segundo lugar, la “guerra civilizada”, diferente de la “guerra primitiva”, es uno de los productos culturales que Occidente ha exportado -de forma sistemática y metódica- al nuevo mundo. 52 Y, específicamente, las guerras colombianas han estado siempre relacionadas con los grandes asuntos internacionales. Es oportuno traer a la memoria que este país también nació y se formó con las guerras que, a su vez, permitieron la constitución de Europa, la cual, se asentó a través de su hegemonía sobre los demás pueblos de la tierra. 5 3 “La conquista española fue una guerra entre culturas, una guerra sangrienta de dominación y, en no pocos casos de exterminio.(…). La guerra, tanto interna- contra indios rebeldes- como externa-contra potencias europeas-estuvo presente durante todo el período colonial. Las colonias eran fuente de recursos para financiar las guerras que sostenía España por la hegemonía global, y en muchos eventos, fracciones del territorio americano fueron parte de guerras entre las potencias del momento. La independencia fue lograda por las armas en continuas guerras que duraron quince largos y penosos años. ” 5 4 El escritor colombiano William Ospina (Padua, Tolima, 1954) en su artículo titulado “Lo que está en juego en Colombia” es muy esclarecedor al respecto pues advierte que la guerra de la conquista española fue un gran hecho histórico universal. Se trató de la “guerra del oro” en la que poderosos ejércitos europeos de ocupación arrebataron a los pueblos nativos el oro de sus santuarios, de sus casas y de sus ornamentos personales para continuar después explotando mediante el trabajo de los indios y esclavos el oro de las minas. Asimismo, Ospina menciona la “guerra de las perlas” en el cabo de la Vela y la “guerra de la canela” conducida por Gonzalo Pizarro con miles de siervos indígenas en búsqueda de bosques de caneleros que finalmente no encontraron nunca. Y recuerda que el navarro Pedro de Ursúa (rival a muerte del mítico y sanguinario Lope de Aguirre), por la misma época, dirigió cuatro guerras sanguinarias: “una contra los panches en las montañas azules de Neiva, otra contra los muzos, en el país de las esmeraldas, otra contra los chitarreros, en los páramos de Pamplona hasta el cañón del Chicamocha, y otra contra los tayronas, en el país de las ciudades de piedra de la Sierra Nevada de Santamarta”. 5 5 Posteriormente, la guerra de Independencia supuso un reordenamiento de los mercados 50 Rafael Pardo, La historia de las guerras , Bogotá, Ediciones B, 2004, pág. 17. 51 Hernando Valencia Villa, La justicia de las armas , Bogotá, Tercer Mundo, 1993, pág. 17. 52 José Sanmartín, op.cit ., págs. 132-134. 53 “Como en Europa se carecía del capital y trabajo necesarios para producir la acumulación de capital básico y el desarrollo (…), el capital inicial tenía que venir de trabajo y la financiación extranjera de los indios de América Latina y los negros de África, que costaron, primero, el exterminio del 89% de la población (en México), luego la destrucción de varias civilizaciones y por último el subdesarrollo”, Andre Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1970, pág. 272. 54 Rafael Pardo Rueda, op.cit. , pág. 43. 55 William Ospina, “Lo que está en juego en Colombia”, http://www.revistanumero.com/30juego.htm . última visita, 11/04/06. internacionales, una redistribución de las influencias de las grandes metrópolis y contó con la colaboración de franceses e ingleses interesados en abrir nuevos rutas comerciales. Igualmente, es muy pertinente hacer memoria sobre el hecho de que las nuevas repúblicas se inspiraron en el pensamiento europeo de la Ilustración para impulsar en el siglo XIX el libre cambio y la apertura del comercio de maderas, de quina y de tabaco. 56 Posturas filosóficas modernas que estuvieron en la base de los conflictos mercantiles entre artesanos proteccionistas y comerciantes librecambistas; pero también de los conflictos políticos, entre federalistas y centralistas y, por último, en las confrontaciones de carácter económico entre los defensores de la esclavitud y abolicionistas, rivalidades que intervinieron en las guerras caballerescas del siglo XIX en Colombia. Conviene, por tanto, tener presente ab initio que los factores del conflicto colombiano han estado vinculados, en mayor o menor medida, con los intereses de los Estados europeos y (desde los años 50 y con crudeza desde el fin de la guerra fría) con los móviles geopolíticos y económicos de los Estados Unidos, entre cuyas inclinaciones comunes se ha destacado la ambición de hegemonía política y económica a escala mundial. Es forzoso tomar en cuenta estas características no para quitar responsabilidad a los colombianos , sino para avanzar en la línea de identificación y diferenciación de la multiplicidad de aspectos que se entretejen en esta guerra. 57 Y, de esta forma, participar en la demanda de compromiso de la comunidad internacional en la solución del conflicto en la medida de su implicación. Porque la realidad colombiana es similar a aquella en la que se encuentran los Estados periféricos y del Tercer Mundo (África, Asia y América Latina) y que se debe, en gran parte, al estado de guerra permanente que se originó con la modernidad. Pero se debe, igualmente, a las peculiaridades del deficiente desarrollo capitalista de estos países que, además de las causas estructurales de orden interno, se caracteriza por ser un sistema de acumulación orientada hacia los países desarrollados que ha sido acrecentada extraordinariamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 5 8 56 Ibídem. 57 El diagnóstico que hace Víctor Pérez-Díaz sobre la responsabilidad de los latinoamericanos en el mundo que han construido sólo es parcialmente acertado porque la misma, se afirma aquí, no es exclusiva de los habitantes de esta parte del Tercer Mundo. No lo ha sido históricamente y no lo es en la era de la globalización, del neoliberalismo y de la supremacía aplastante de los Estados Unidos. No obstante, Pérez Díaz opina, erróneamente en lo que hace al mercado, que la solución de los problemas de Latinoamérica a cargo de sus propios habitantes pasa por la adopción de una sociedad abierta de mercado libre. Sociedad abierta y, sobre todo, pluralista es una necesidad imperiosa, pero se ha demostrado que eso no se logra sólo con el mercado libre; véase, Víctor Pérez-Díaz, Sueño y razón de América Latina . Política, cultura y sociedad civil en la gran transición , Madrid, Santillana Ediciones Generales, 2005, págs. 9-10. Una posición contraria según la cual todos los Estados del mundo se ven afectados por la globalización económica que quiebra la independencia de los pueblos, destruye regímenes políticos y saquea la riqueza natural del planeta en Ignacio Ramonet, op.cit ., pág. 101-124. 58 Del siglo XVI al XVIII el comercio y el capital extranjeros generaron hacia Gran Bretaña una corriente de ingresos –desde América Latina, África y Asia- de 1.000 millones de libras esterlinas (aprox.) de las cuales la mitad procedía de Latinoamérica. Este valor fue superior al valor total de las industrias movidas a vapor en toda Europa en 1800 y en una mitad a las inversiones de Gran Bretaña en su industria metalúrgica hasta 1790. Entre 1760 y 1780, solamente, el ingreso británico procedente de las Indias Occidentales y Orientales excedió en más del doble los fondos de inversión disponibles para su creciente industria. Desde el principio el flujo de capital 50 En esta misma línea de pensamiento parece ubicarse el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, António J. Avelãs Nunes, cuando encuentra que los pueblos colonizados son las víctimas de la onda de globalización y neoliberalismo: “elles pagam, com sua depêndencia, com o seu desenvolvimento impedido, uma parte importante dos custos do desenvolvimiento das potências capitalistas e da sua sociedade da abundancia´ ” . 5 9 La comunidad internacional debe tener en cuenta, por tanto, que alcanzar sistemas políticos democráticos, en un Estado como Colombia y en la era de la mundialización, supondría suspender la transferencia de riqueza que continúa fluyendo hacia las potencias “centrales”. 60 Esta afirmación no significa que aquí se adopte el “paradigma de la dependencia” como única explicación de los graves problemas colombianos. 61 En lo que se quiere insistir aquí es en que la guerra actual de Colombia no corresponde a las llamadas guerras de formación de Estados que tuvieron lugar en Europa o Norteamérica, que discurrieron sin mayores influencias externas (por ejemplo, la guerra de Independencia y la de Secesión), sino que pertenece a la tipología de conflictos que afectan a Estados recientes y precarios sometidos continuamente a las influencias políticas de fuera y que están “integrados en sistemas de intercambio de la economía mundial, que hacen imposible un desarrollo políticamente controlado de sus economías nacionales” . 6 2 Tener en cuenta estas realidades no significa desatender a las estructuras socioeconómicas, políticas y jurídicas de exclusión ni a la cultura jurídico-política autoritaria que conforman el telón de fondo del conflicto colombiano. Precisamente, en este trabajo, de acuerdo con lo expuesto antes, se parte de la idea básica de que la guerra es un producto cultural y se busca profundizar en los aspectos que atañen específicamente a la cultura jurídico-constitucional, en sus interconexiones con la prolongación de la guerra interna. Esto es, se desea identificar aquellos aspectos, elementos o factores de la cultura constitucional colombiana que, en cada período de la historia del siglo XX, han contribuido a la pervivencia de la guerra interna y que se conforman no sólo por las ideas políticas y extranjero ha sido de América Latina hacia las metrópolis. Esto significa que América Latina ha tenido recursos o capital de inversión propio, pero que gran parte de él ha sido llevado al exterior e invertido allí y no en América Latina. Esta transferencia de capital al exterior, y no su supuesta inexistencia en América Latina, ha sido la causa principal de las necesidades latinoamericanas de más capital para inversión, ver André Gunder Frank, op.cit . pág. 273; igualmente Enrique Dussel, “Estado de guerra permanente y razón cínica”, en Gramsci e o Brasil , http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=103 , última visita, 11/04/06. 59 António José Avelãs Nunes, Neoliberalismo e direitos humanos , Lisboa, Caminho, 2003 pág. 78. 60 La situación de los estados periféricos postcoloniales en Enrique Dussel, “Estado de guerra permanente y razón cínica”, cit .- Asimismo, el Banco Mundial (BM), en un informe sobre “guerra civil y política de desarrollo” ha asegurado que las causas de las guerras civiles en el Tercer Mundo son principalmente económicas y advierte que se precisa la acción internacional, Agencia EFE, El Mundo , Informe del Banco Mundial, 14 de mayo del 2003, http://www.debtwatch.org/cast/docs/boletin/b9_bm_causasguerras.pdf, última visita, 11/04/06. 61 Sobre la teoría del capitalismo dependiente aplicado a Colombia ver Salomón Kalmanovitz, La encrucijada de la sinrazón y otros ensayos , Bogotá, Tercer Mundo, 1989, págs. 90-109. 62 Herfried Münkler, Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia , Madrid, Siglo XXI, 2005, pág. 11. los textos constitucionales sino, también, por las (muchas veces censurables) costumbres y prácticas constitucionales y jurídicas en general. De otra parte, pero en concordancia con la argumentación anterior, tampoco se quiere insistir aquí en el enfoque convencional sobre la guerra en Colombia. La perspectiva elegida consiste en analizar este específico conflicto bélico como una variable dentro de ese complejo sistema de redes que conforman la guerra global caracterizada por la interconexión, la mutación y la autotransformación. La razón para preferir esta visión de la guerra colombiana es que los estudios tradicionales sobre la misma parecen responder más a la concepción mecánica –newtoniana- del mundo reducida a relaciones de causa y efecto. Pero, como es sabido, esa forma de entender el universo se correspondía más con la Sociedad Industrial y con los paradigmas que la caracterizaban: el “reduccionismo”, el método analítico y, especialmente el determinismo, según el cual todos los fenómenos se explican por relaciones de causa y efecto. De tal manera que por la causa se explicaba el efecto, con la exclusión de las incidencias del medio ambiente y con la ignorancia de que en todo fenómeno inciden multiplicidad de “causas”. 6 3 Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial los científicos se dieron cuenta de la necesidad del pensamiento sintético, que no desecha el analítico sino que lo complementa, e introdujeron el enfoque sistémico como nuevo paradigma del mundo, propio de la Sociedad Post-industrial y de la Era de la Información. 64 Mediante este cambio de paradigma el mundo se puede entender hoy, de forma más realista, como compuesto por sistemas de gran complejidad. Ello se ve en la sociedad global actualmente existente, por ejemplo, en la economía que extiende sus redes más allá de cualquier límite territorial. 6 5 De esta nueva visión del universo no se escapa, por su puesto, el fenómeno de la guerra. Por lo tanto, aquí se intenta partir de la conciencia de esa realidad para mirar la guerra en general como un “eje siempre presente en torno al cual se miden a sí mismas las sociedades enemigas y los complejos, con el objetivo de reorganizar la vida social, económica, científica y política”. 66 Y, así, enfocar la concreta guerra colombiana igualmente inmersa en ese mundo interconectado y global. De esta forma, se intentará examinar cómo entre los múltiples aspectos que han intervenido en su desencadenamiento se entremezclan circunstancias de orden interno con elementos de orden externo y con las variables de las guerras mundiales y de las guerras nacionales de otros países. Y se podrá constatar que en este conflicto han ido surgiendo, con el paso del tiempo, nuevas circunstancias escabrosas 63 Ernesto Grün, “El derecho en el mundo globalizado del siglo XXI desde una perspectiva sistémico cibernética” en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, en http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero4/globalizado.ht m, última visita, 11/04/06. Sobre la idea de sistema constitucional interconectado con otros sistemas véase Antonio Enrique Pérez Luño, Los derechos fundamentales , Madrid, Tecnos, 1991, págs. 137-167. 64 Ibídem. 65 Ibídem. 52 que –lejos de solucionarse- se han superpuesto a las que venían de atrás sin ser resueltas. Y, además, que la guerra, además de ser resultado de una acción humana, obedece a una dinámica propia que, en forma análoga a un organismo vivo, ha ido mutando e incluso auto transformándose de acuerdo con las exigencias geopolíticas y geo-económicas de los tiempos cambiantes. 6 7 De acuerdo con lo expresado hasta aquí, en el siguiente apartado, se ensayará una presentación de la guerra colombiana del siglo XX (siglo a cuyos confines se circunscribe esta investigación) en sus relaciones con el ámbito internacional, con la intención, por lo demás, de aproximarse a este problema desde una perspectiva histórica universal. 3.- Mutaciones de la guerra colombiana. Y su conexión con las guerras del siglo XX. Entre los conflictos bélicos a escala mundial que han tenido lugar en el siglo XX, por un lado, y el conflicto interno de Colombia por el otro, existen más similitudes y relaciones de lo que se podría suponer a priori. Es más, el análisis empírico de la evolución (o involución) de la guerra de Colombia en el último siglo, puede ser un buen ejemplo para reforzar las tesis según las cuales en la actualidad se ha “ sfumato il confine fra guerra internazionale e guerra interna ”. 6 8 Por lo demás, las comparaciones siempre forman parte del proceso de conocimiento pues son útiles para establecer afinidades y diferencias que facilitan la comprensión de cada fenómeno objeto del paralelo. 69 Pero, en este caso concreto, la revisión de motivaciones y métodos semejantes así como de las interconexiones no sólo con las dos guerras mundiales sino, también, con las luchas internas de otros países tales como España o Cuba puede ser útil, además, para identificar en ella claves geopolíticas y parámetros de comportamiento de la sociedad occidental de este siglo. De esta manera se puede avanzar en la comprensión de la propia guerra como un fenómeno que cada vez más, en la medida del desarrollo del siglo XX, se implicó en la guerra global y se reveló como el resultado de un entramado de intereses en los que ha estado igualmente involucrada la comunidad internacional. En efecto, la guerra ha reinado prácticamente en todo tiempo y espacio humano, pero, en cuanto concierne particularmente al siglo XX, su historia no puede entenderse desligada de la guerra, según el diagnóstico, que aquí se comparte, del reconocido historiador 66 Mark Duffield, Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre desarrollo y seguridad , Madrid, Catarata, 2004, págs. 40-41. 67 La naturaleza cambiante del fenómeno de la guerra ya había sido sugerida por Clausewitz; ver Carl von Clausewitz, De la guerra, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, pág. 33. 68 Giusseppe de Vergottini, Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia , Bologna, Il Mulino, 2004, pág. 73; Peter Waldman y Fernando Reinares (comp.), Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina , Barcelona, Paidós, 1999, págs. 27-43; Ignacio Ramonet, op.cit ., págs. 101-124; Mark Duffield, op.cit ., págs. 40-43; Herfried Münkler, op.cit ., págs. 7-42 y 97-155. 69 Peter Waldman y Fernando Reinares, op.cit ., pág. 133-140. nacionalizado británico Eric J. Hobsbawm (Alejandría, Egipto 1917). 70 Indudablemente, parece que la guerra ha determinado el desarrollo del siglo XX que se inicia, avanza y prosigue hasta el final en estado de guerra aun cuando la fisonomía de la misma se haya ido transformando como un “camaleón” y hacia los años sesenta se haya trasladado de Europa Occidental a los países llamados periféricos y del Tercer Mundo. 7 1 Pues bien, la primera gran analogía de la historia colombiana con la historia universal del siglo XX es que durante estos últimos cien años la vida republicana de Colombia tampoco se puede entender disociada de una guerra cuya fisonomía ha ido mutando y se ha ido “acomodando” a los tiempos, tal como se intentará ver en lo que sigue. La historia universal del siglo XX se inaugura con la incursión en la “guerra total” en una Primera Guerra Mundial que dura de 1914 a 1918 y que se correspondió con la clásica guerra entre Estados. Varios años antes, Colombia había finalizado el siglo XIX y comenzado su trayectoria violenta en el siglo XX con una guerra: la conocida como Guerra de los Mil Días de 1899 a 1902 , en la cual se pasó de los métodos caballerescos a la guerra de guerrillas. En el período europeo de entreguerras tuvo lugar la Guerra Civil Española que se inició en 1936 y concluyó en 1939, un conflicto nacional en el que, sin embargo, se involucraron las grandes potencias lideradas por Hitler, Mussolini y Stalin. Posteriormente se repitió y agravó la guerra total con otra guerra clásica como fue la Segunda Guerra Mundial que se prolongó entre 1939 y 1945. Estas dos conflagraciones produjeron consecuencias económicas y políticas en Colombia, en donde se verificó, por su parte, en la década de los treinta, la llamada “guerra regional” (restringida a una zona concreta del país –Boyacá y los Santanderes-). Posteriormente, los años de la tregua internacional conocida como “guerra fría” se caracterizaron por cruentas guerras locales verificadas en las zonas limítrofes de los dos bloques socialista y capitalista (guerra de Corea, guerra de Vietnam) o en otros ámbitos como las guerras civiles de África o las guerras civiles de Latinoamérica, en las que han intervenido tanto la URSS y Cuba como los Estados Unidos, principalmente. Entre estas guerras locales se cuenta La Violencia (con mayúsculas ) que se inició en Colombia en 1945 y que consistió en una guerra de exterminio por razones políticas, económicas y religiosas (extendida a amplias zonas del país) y la guerra revolucionaria que ha enfrentado al Estado colombiano contra las guerrillas comunistas desde los años sesenta . En los últimos años, después de la caída del socialismo real y del fin de la guerra fría, se ha constatado el surgimiento de un nuevo tipo de conflictividad internacional que numerosos autores han denominado nuevas guerras, que han dejado atrás las guerras 70 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003 , pág. 30. 71 Como “un auténtico camaleón” ha sido considerada la guerra porque en cada caso modifica en algo su naturaleza, ver C. von Clausewitz, op.cit., pág. 33. 54 entre Estados, que responden a una lógica propia, y entre las cuales se destaca el terrorismo . 7 2 “ el desarrollo del Estado-nación moderno y centralizado ha estado estrechamente relacionado con los efectos estructurantes y globalizadores de la guerra. Cuando las competencias del Estado-nación comienzan a cambiar y se encuentran limitadas y embebidas en las redes de relaciones de gobernación no territoriales, hay que asumir que las naturaleza de las guerras también ha cambiado. Esto se refiere no sólo a la forma en que las nuevas guerras son combatidas, (…) más allá de los regímenes reguladores oficialmente asociados a los Estados-nación , sino que también se refiere a la forma en la que las sociedades se movilizan, se estructuran y son recompensadas con el fin de dirigirlas.” 73 En la guerra actual de Colombia repercuten los cambios sufridos por los Estados-nación y por las relaciones de gobernación no territoriales. También en este país, en la guerra repercute la creciente privatización de las redes de actores estatales y no estatales que operan más allá de las tradicionales competencias del Gobierno definido territorialmente. Así, en la nueva guerra se ha difuminado la distinción entre los Gobiernos, los Ejércitos y las poblaciones, y surgido nuevos sistemas de recompensa y de movilización relacionados con la privatización. La nueva guerra se ha adaptado, por tanto, a los efectos de la desregulación del mercado así como al debilitamiento de las competencias del Estado- nación. La desregulación del mercado ha intensificado todas las formas de comercio paralelo y trans-fronterizo y ha permitido a las partes en conflicto formar redes, tanto locales como globales, así como el establecimiento de economías sumergidas que son los nuevos medios de obtención de recursos y autoabastecimiento. En la guerra presente interviene tanto el Ejército como los narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares colombianos desde los años ochenta y ahora parece imposible distinguir los combatientes de los no combatientes, lo mismo que identificar fines y objetivos definidos o limitar temporal o espacialmente el uso de la violencia, puesto que tanto la guerrilla como los narcotraficantes y paramilitares han incurrido en prácticas terroristas. Y, finalmente, sus actores están fuertemente vinculados con el crimen internacional organizado ya sea para distribuir mercancías ilegales o para conseguir armas (el narcotráfico financia el paramilitarismo y la guerrilla). 7 4 Esa modalidad de nueva guerra que se conoce como terrorismo, pese a que la ONU no ha logrado ponerse de acuerdo sobre su definición, se identifica generalmente como la violencia practicada por grupos minoritarios contra la población civil que tratan de conseguir, por el chantaje social y político que sus crímenes ocasionan, un fin político. 75 El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha incluido dentro de sus listas de grupos terroristas en el mundo a las FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia); el ELN 72 Uno de los trabajos más recientes y originales sobre las características de las nuevas guerras es el de Mark Duffield, op.cit. , págs. 207-252. Asimismo, Ignacio Ramonet, op.cit. , págs. 49-75. 73 Mark Duffield, op.cit. , pág. 49. 74 Herfried Münkler, op.cit. , pág. 21. 75 Manuel Pimentel, “Causas y efectos del terrorismo”, www.elperiodico.com , última visita, 29/04/05. (Ejército de Liberación Nacional) así como a la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). 76 Además, el planteamiento oficial del gobierno actual, presidido por Álvaro Uribe Vélez, concuerda con la visión norteamericana, según la cual, la guerra de Colombia es una guerra contra el terrorismo. No obstante, si bien es cierto que, tanto los narcotraficantes como los paramilitares y la guerrilla han incurrido, por igual, en prácticas terroristas, no lo es que la guerra colombiana se corresponda exactamente con la imagen que el gobierno presenta en los foros internacionales: el Estado es casi una “víctima” del narcoterrorismo y de la narcoguerrilla. 77 Porque, pese a que la guerra colombiana se ha transformado y adaptado al mundo globalizado, de su eje no han desaparecido, en absoluto, las variables de orden cultural, socio-económico y político tales como la represión estatal y para estatal de la protesta y la movilización y oposición social activa, la sempiterna concentración del ingreso, el latifundio improductivo, la desigualdad extrema, la enorme brecha entre la educación de los ricos y la de los pobres, que han intervenido tradicionalmente en su configuración. Pero el Presidente actual se empeña en menospreciar estos hechos, en pos de su política antiterrorista, pese el enorme sacrificio financiero que un régimen como este exige. En efecto, Colombia se enfrenta actualmente a una crisis fiscal sin precedentes en su historia reciente. El déficit del Gobierno Nacional ha aumentado aproximadamente al 6% del PIB y el exagerado aumento del gasto militar es la segunda razón de esta situación. Igualmente, la deuda pública se ha multiplicado por cuatro y constituye un factor real de riesgo para Colombia. 78 La situación específica de Colombia en nuestros días es percibida por un observador externo, el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Humboldt de Berlín, H. Münkler, como un escenario en donde ha desaparecido el Estado: “¿qué es el delito cuando ya no hay orden estatal?. La guerra intrasocial de Colombia es seguramente el ejemplo más destacado de esta situación difusa.” 79 Pero, un dictamen como éste contrasta profundamente con el de un sector significativo de la opinión pública colombiana en la cual persiste, pese a todo, una fuerte creencia en el funcionamiento del Estado y el Derecho. De ahí la pertinencia de la indagación sobre la razón por la cual las instituciones jurídico-políticas conservan tanto prestigio entre los propios nacionales. La cual quizás estribe en la confusión -que procura mantenerse oficialmente- entre la idea del Estado y el Derecho formalmente 76 “Appendix B: Background Information on Terrorist Groups. Patterns of Global Terrorism-2000”, Released by de Office of the Coordinator for Counterrorism, April 30, 2001, http: www.state.gov/s/ct/rls, /pgtrpt/2000/index.cfm?docid=2450 , última visita, 3/10/05. 77 Peru Egurbide, ”El presidente colombiano defiende su política antiterrorista ante empresarios españoles”, en El País , 12/07/05; una síntesis de la situación en M. Á. Bastenier, “En el camino hacia la paz en Colombia”, en El País , 12/09/04. 78 Los datos sobre la pobreza y desigualdad, el rezago en la educación, el desempleo y demás aspectos de la grave situación económica de Colombia se pueden consultar en Armando Montenegro y Rafael Rivas, Las piezas del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento , Bogotá, Taurus, 2005, págs. 91-118; 143-186, 187-222. Pero, aquí no se comparten las soluciones propuestas por estos autores puesto que no se pronuncian sobre la necesidad de reducir el gasto militar y, además, sugieren una reducción del gasto en la educación superior y en infraestructura, entre otros remedios que se estiman francamente erróneos. 56 democráticos y el funcionamiento -en varios aspectos claves- realmente autoritario del mismo. Por lo demás, tampoco se estima aquí totalmente ajustado a la realidad el diagnóstico de H. Münkler, porque si bien es cierto que, por un lado, la guerra ahora participa de las características de las nuevas guerras en las que el Estado ha dejado de tener el monopolio del uso de la fuerza debido a la incursión de actores paraestatales y privados; por el otro, el aparato estatal colombiano sigue siendo todavía un actor que posee un alto grado de control sobre la prolongación del conflicto interno y una interpretación, como la que hace Münkler, dejaría, aparentemente, fuera de juego al Estado -por haberse “derrumbado”-. En todo caso, el repaso de los aspectos básicos de estas guerras servirá para constatar que, a pesar de las características específicas de las guerras internas y del surgimiento de las nuevas guerras , en la mayoría de los conflictos bélicos el motor ha sido la ambición de poder económico, político o territorial (o todos juntos), y sus principales efectos son –prácticamente en la totalidad de los casos y para todas las partes implicadas- la destrucción, la muerte y la pobreza. Asimismo, la práctica de llevar las guerras hasta sus últimas consecuencias, que se ha impuesto en el siglo XX, sin considerar una negociación que ahorraría pérdidas en vidas humanas y enormes costos económicos, obedece a la misma razón, esto es, a la ambición de imponer la voluntad del vencedor sobre el vencido para satisfacción de los intereses del primero. 80 La historia de las guerras lo que parece demostrar es que solamente se excusa plenamente aquella que se hace para defender la propia existencia y como respuesta a una agresión armada efectiva e inmediatamente recibida, tal como lo estableció después de la II Guerra Mundial la Carta de las Naciones Unidas (Art. 51). En fin, el recuento entrecruzado de guerras globales e internas, acaecidas en el siglo XX, se asume aquí como hilo conductor de una investigación en la que se pretende participar en el proceso de descubrimiento de algunos de los aspectos de la cultura constitucional colombiana que pueden contribuir a explicar esa larguísima coexistencia entre Constitución y guerra. 79 Herfried Münkler, op.cit. , pág. 21 . 80 En este sentido, a pesar de los importantes cambios de las guerras actuales, sigue siendo válido el presupuesto básico de la guerra, según Clausewitz: “La guerra es (…) un acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra voluntad”. Véase C. von Clausewitz, op.cit., pág. 17. PRIMERA PARTE VIEJAS GUERRAS Y CONSTITUCIÓN 64 de las guerras internacionales: según algunas tesis, que aquí se comparten, la falta de consolidación de una organización internacional que monopolice eficazmente el uso de la fuerza para responder a las amenazas efectivas de guerra y a las violaciones de los derechos humanos (inexistente antes de la Primera Guerra Mundial) es un factor clave en los conflictos bélicos de ámbito planetario. Aunque en este caso lo que se necesita no es un gobierno mundial sino una democracia internacional basada en una estructura jurídica y política que no debería imitar la estructura centralista y vertical de los Estados nacionales. 8 3 Ahora bien, sin que sean desdeñables los rasgos comunes que se han enunciado anteriormente, del paralelo entre la Guerra de los Mil Días y la Primera Guerra Mundial surgen importantes distinciones. 1.1.a.- Comparación respecto de los orígenes y móviles . Quince años antes de que el mundo occidental civilizado se enfrascara en la Primera Guerra Mundial, en Colombia ya se había padecido la conocida como Guerra de los Mil Días. Efectivamente, el tránsito cronológico al siglo pasado se verificó con una guerra que empezó a finales del siglo XIX y terminó a principios del siglo XX. El papel que seguiría desempeñando la guerra en la historia colombiana del naciente siglo parecía así fatalmente anunciado. Este conflicto sería determinante sobre el curso de los acontecimientos políticos, económicos y constitucionales hasta los años treinta. Porque, si bien, en la década de los treinta se introdujeron algunos cambios de importancia, las estructuras del orden social y jurídico que dieron origen a la Guerra de los Mil Días no fueron removidas profundamente en aquel tiempo y han conservado algunas de sus características básicas incluso hasta el día de hoy. De allí la importancia de recordar estos acontecimientos. Fue ésta una conflagración que tuvo como antecedentes también dos guerras civiles: la de 1885 y la de 1895. En 1885 el partido conservador había regresado al poder por intermedio del Presidente de la República Rafael Núñez quien tenía el propósito de cambiar la Constitución de 1863 que, además de federalista, había consagrado un catálogo amplísimo de libertades políticas y económicas y prohibido la pena capital. 84 Los liberales radicales conocidos como “el Olimpo Radical” se lanzaron a la lucha armada en 1885 en defensa de la Constitución de Rionegro de 1863 pero fueron totalmente aniquilados. El programa de la “Regeneración” de Núñez salió triunfante y se expidió la Constitución de 1886 que organizó al Estado dentro de una orientación centralista y autoritaria. En 1892 fue elegido nuevamente Núñez pero no se posesionó y gobernó entonces Miguel Antonio 83 Luigi Ferrajoli, Razones jurídicas del pacifismo , Madrid, Trotta, 2004, pág. 89. 84 Rafael W. Núñez, originario de Cartagena de Indias, fue un estadista y escritor que ocupó por cuatro veces la Presidencia de la República de Colombia. Es considerado como uno de los caudillos civiles de mayor importancia en la segunda mitad del siglo XIX. Fue el ideólogo del movimiento conocido como “La Regeneración”, cuyas ideas y acciones se plasmaron en la Constitución Política de 1886. Una de las mejores biografías de Núñez es la de Indalecio Liévano Aguirre, Rafael Núñez , Bogotá, Intermedio, 2002. Caro, Vicepresidente de la República. 85 Durante su gobierno, los liberales fueron alejados de todos los cargos públicos, la prensa fue extremadamente reprimida y se hizo uso frecuente de las facultades extraordinarias, los confinamientos y los destierros de los opositores. Estos se rebelaron dando lugar a la guerra civil de 1895 que fue rápidamente debelada por el gobierno. Sin embargo, tres años más tarde, a mediados de 1898 el partido liberal creyó, erróneamente, que las condiciones le eran favorables y se lanzó nuevamente a una revolución que se inició en 1899 y duró tres años: fue la Guerra de los Mil Días que concluyó con una nueva y definitiva derrota liberal. 8 6 La Guerra de los Mil días estalló en 1899, pero las elecciones presidenciales de 1898 pueden ser tomadas como punto de partida de los sucesos políticos más inmediatos a la revuelta. Para entonces Miguel Antonio Caro gobernaba el país y aspiraba a la reelección presidencial, pero persuadido de que el ambiente le era hostil propuso como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a dos personajes políticos de avanzada edad y precaria salud cuya elección favoreció un ambiente de inestabilidad en el gobierno, a lo cual se sumó la división interna entre los dos partidos políticos tradicionales. Finalmente se impondrían los liberales que optaban por la guerra. El levantamiento se produjo el 18 de octubre de 1899. El gobierno declaró en estado de sitio el territorio nacional. Las masas conservadoras apoyaron al gobierno y a la postre también todos los miembros del partido conservador y la Iglesia católica. Desde el principio los liberales estuvieron en una posición débil por cuanto carecían de medios y armamento, sufrieron derrotas en importantes batallas e intentaron un acuerdo de paz pero el gobierno se negó, sistemáticamente, a reconocer el estatus de beligerante a los levantados en armas ya que se consideró siempre en capacidad de derrotar por completo a los alzados como era su propósito. De todas maneras es preciso puntualizar que dado que la Guerra de los Mil Días fue –en parte- una guerra típica del siglo XIX, en ella intervinieron circunstancias diversas que todavía no están suficientemente esclarecidas y sobre los cuales no ha existido acuerdo do ct ri na l . Un a d e la s e xp li ca c io ne s m ás d if un d id as h a c if ra d o su o ri g en e n los nexos entre una economía estancada y la competencia por los puestos públicos. Tampoco han faltado quienes, como el político liberal del siglo XIX, José María Quijano Wallis, apelaron a herencias culturales tales como “el sentimiento atávico, legado por los colonizadores 85 Miguel Antonio Caro fue un destacado intelectual y político colombiano de filiación conservadora y personaje clave del programa regenerador del liberal Núñez, quien era más bien un analista escéptico, y se apoyó en Caro, cuya filosofía de la vida se basaba en principios fundamentales. Su concepción de la realidad como un sistema cerrado de premisas y de conclusiones, así como su profesión de la fe católica se vieron reflejadas claramente en el texto de la Constitución de 1886. Miguel Antonio Caro, por otra parte, desempeñó importantes cargos públicos, desde el de Director de la Biblioteca Nacional, cargo para el cual fue nombrado por Núñez en 1881, hasta el de Presidente de la República (1892-98). Se destacó en general por su cultura humanista, la cual logró excepcional plenitud en su estudios filológicos. Sobre el carácter complementario de las personalidades de Caro y Núñez, véase I. Liévano Aguirre, Rafael Núñez , cit ., págs. 220-223. 86 Estanislao Zuleta, Conferencias sobre Historia Económica de Colombia , Bogotá, Tiempo Crítico, 1997, págs. 166-171. 66 españoles.” 87 Una revisión crítica de este tipo de teorías ha sido hecha por Charles W. Bergquist, autor que, por su parte, enfatizó en el papel que una economía fundada exclusivamente en el cultivo y exportación del café desempeñó en el desencadenamiento de la Guerra de los Mil Días. 88 Y, en los últimos decenios del siglo XX se realizaron trabajos que, por ejemplo, han establecido relaciones entre aspectos económicos y la frecuencia de las guerras en el siglo XIX. Así, Malcom Deas ha estudiado los problemas fiscales de Colombia en el siglo XIX y su incidencia en la estabilidad política y Catherine LeGrand ha hecho lo propio con la importancia que la cuestión agrícola adquirió a mediados del siglo XIX, la necesidad de incremento de la fuerza laboral que impulsó a los empresarios agrícolas a reclamar la propiedad de baldíos ocupados por colonos, y su repercusión en la resistencia campesina. 89 De acuerdo con estos estudios, el levantamiento de los terratenientes esclavistas contra la abolición de la esclavitud fue uno de los factores más importantes de la guerra de 1851. Entre los aspectos económicos sobresalen los siguientes: las crisis económicas periódicas y las depresiones de los precios de los productos de exportación que desmejoraron la situación económica y crearon elementos de descontento propicios para el alzamiento. El reparto del botín burocrático, sobre todo, en los Estados de Cauca y Santander que fueron escenario propicio para cada guerra debido, especialmente, a la quiebra de fuentes de trabajo como las artesanías. La inflación, particularmente a finales del siglo XIX, suministra un elemento más para explicar especialmente la Guerra de los Mil Días, así como la especulación con los bienes de consumo de los que hacían negocios con la guerra y estaban interesados en que ella se presentara. Un comentario especial merecen las relaciones entre las guerras civiles y la concentración de la propiedad territorial. Pues las guerras contribuyeron decisivamente con la profundización de la concentración de dominio de la tierra, lo que a su vez aumentó la violencia. En las guerras se generalizaron las siguientes prácticas sobre la propiedad de la tierra: las expropiaciones forzosas, puesto que cada bando vencedor en las guerras imponía contribuciones forzosas a sus adversarios pero lo expropiado no iba siempre a las arcas de los ejércitos sino que se quedaban en manos de oficiales, políticos o intermediarios. Los bonos exigibles en tierras que el Gobierno emitía para solventar los gastos de las guerras. El gobierno también cedió miles de hectáreas del territorio nacional a los generales vencedores. Igualmente se ha demostrado que los vencedores procedían al despojo violento de las tierras de los vencidos. Los campesinos, que eran forzados a salir 87 Charles W. Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910. La Guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias , Medellín, FAES, 1981, págs. 6-7. 88 Ibídem, págs. 93-114 y 153-181. 89 Malcom Deas, “Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia”; Carlos Eduardo Jaramillo, “La Guerra de los Mil Días: aspectos estructurales de la organización guerrillera”; Catherine LeGrand, “Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana, 1850-1936”, en de sus tierras para combatir sin saber muy bien por qué, al finalizar la contienda se encontraban con que sus predios estaban anexados a una gran propiedad o sus sembrados se habían perdido. Poco antes de la guerra de los Mil Días se calculaba en 4.000 el número de labriegos retirados de su labores para ir a los cuarteles. Pero, la concentración de la propiedad también se produjo debido otras prácticas del gobierno consistentes en la adjudicación de tierras a empresas o individuos como incentivo o pago de obras públicas en las últimas décadas del siglo XIX. El Estado acostumbró estimular las obras públicas, como la apertura de caminos o la construcción de puentes, mediante la concesión a favor de los empresarios de vastas proporciones de tierra que se valorizaban con la misma obra. 9 0 Por su parte, la Primera Guerra Mundial (1914 y 1918) significó un cambio radical respecto del siglo XIX debido a su dimensión de “guerra total”. En primer lugar, conviene recordar que antes de su advenimiento, cuyo inicio suele ubicarse en la declaración de guerra austríaca contra Serbia el 28 de julio de 1914, había pasado un siglo entero sin que se hubiera verificado una conflagración en la que participaran la mayor parte de las grandes potencias. 91 En ese momento el poder en el escenario internacional era detentado por Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria-Hungría, Prusia -desde 1871 extendida a Alemania- Italia, Estados Unidos y Japón. Estos países poderosos más todos los demás países europeos participaron en la guerra salvo España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. 92 En los orígenes de este conflicto bélico se destaca el ascenso al trono alemán en 1890 de Guillermo II y la destitución del canciller Bismark, puesto que dicha remoción implicó un cambio radical en la política exterior alemana basada hasta entonces en el sistema de alianzas construido por el célebre “canciller de hierro.” En su lugar Guillermo II impulsó una política de hegemonía mundial. De otro lado, mientras los Estados Unidos y Japón ascendían como potencias, el cambio Gonzálo Sánchez-Ricardo Peñaranda (comp.), Pasado y Presente de la Violencia en Colombia , Bogotá, CEREC, 1986, págs. 41-87; Charles W. Bergquist, op.cit ., págs. 6-7. 90 Por ejemplo, el Decreto 17 de febrero de 183 concedió a ciertos ciudadanos el privilegio exclusivo para abrir un camino desde la ciudad de Girón hasta el río Sogamoso y les adjudicó 15.000 fanegadas de tierra con la condición de que se repartieran únicamente 5.000 entre los pobladores. En Antioquia se concedieron en 1872 y 1886 en total 300.000 hectáreas en baldíos a fin de desarrollar la colonización y la inmigración en las tierras entre Frontino y el río Atrato; pero muy poca porción se distribuyó entre los colonos. Estas concesiones fueron a parar a los contratistas incluso extranjeros que construían caminos y puentes (el contratista inglés que hizo el camino de Pavarandocito y los constructores del puente colgante a través del río Cauca). Por otra parte, mediante la Ley 97 de 1870 se adjudicaron 200.000 hectáreas de baldíos a la empresa Canal Interoceánico de Panamá. De tal manera que en la década de los 80, según la Oficina de Estadística Nacional, se habían emitido títulos de concesión por 3.318.500 hectáreas y aprobado adjudicaciones en el terreno por 1.159.502 hectáreas. Véase, Alvaro Tirado Mejía, Introducción a la historia económica de Colombia , Bogotá, El Áncora, 1984, págs. 198- 209. 91 El desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial se produjo, como es bien conocido, por el asesinato del archiduque Francisco Fernando heredero al trono austro-húngaro, en Sarajevo (Bosnia) el 28 de junio de 1914, por un nacionalista serbio miembro de “La Mano Negra”. El 28 de julio de 1914 Austria declaró la guerra a Serbia. El 1 de agosto, Alemania -aliada de Austria-Hungría- declaró la guerra a Rusia -aliada de Serbia- y el 3 de agosto a Francia -amiga de Rusia-. La violación de territorio belga por el Ejército alemán entrañó, por último, el 4 de agosto de 1914 la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania. 68 tecnológico propiciado por la Segunda Revolución Industrial cambió la correlación de fuerzas en Europa. Alemania desafió desde el punto de vista económico y naval a la larga hegemonía británica. Igualmente se agudizó la lucha comercial entre Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por el control de mercados para los productos de las respectivas industrias y materias primas con el consecuente enfrentamiento colonial. En este marco de competencia entre países poderosos florecieron otras pugnas de tipo territorial como la rivalidad franco-germana desde la anexión de Alsacia-Lorena por Alemania en 1870. La creciente debilidad turca y el nacionalismo anti-Habsburgo incrementaron igualmente la rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por la hegemonía de los Balcanes. No debe olvidarse, por último, el auge del nacionalismo especialmente intenso en Europa Central y sur-oriental. 9 3 En cuanto a los móviles, es preciso subrayar que el carácter “total” de este primer conflicto internacional consistió en perseguir objetivos ilimitados. El planeta se encontraba entonces en el apogeo de la era imperialista en el que permanecía indemne tanto la aspiración alemana de convertirse en la primera potencia mundial como la resistencia de Gran Bretaña y Francia que seguían siendo “grandes potencias” en un mundo centrado en Europa. Alemania aspiraba a alcanzar una primera posición política y marítima mundial que relegaría a Gran Bretaña a una posición inferior, lo que tampoco ésta última no estaba dispuesta a aceptar. Francia buscaba compensar su creciente inferioridad demográfica y económica con respecto a Alemania. En teoría, un pacto sobre algunos de los objetivos de guerra de Gran Bretaña y Francia hubiera sido posible, pero, en la práctica, la derrota de Alemania debía ser incondicional. Así que un compromiso que hubiera reducido la magnitud de la destrucción se veía como un aplazamiento del problema. En realidad el único objetivo de guerra que importaba era la victoria total o “rendición incondicional”. 9 4 En resumen, tanto la Primera Guerra Mundial como la Guerra de los Mil Días se desencadenaron por razones políticas despóticas, es decir, por el uso del poder para imponer la voluntad de sus detentadores. Yen ambos casos se apeló a la fuerza sin límites hasta obtener la derrota total del enemigo. La diferencia, claro está, radicó en la magnitud de las cuestiones comprometidas en tales pretensiones así como en los procedimientos seguidos en cada caso. En el de Colombia, pese a la intervención de múltiples factores, prima facie se trató de dos partidos políticos enfrentados por el control del poder de un pequeño Estado que, no obstante, era receptor de las corrientes ideológicas que estaban en boga en los países industrializados tales como el liberalismo político y económico. El partido conservador instalado electoralmente en el poder, sin embargo, había modificado el orden constitucional con 92 Eric Hobsbawn , op.cit, pág. 31. 93 Ibídem, págs. 29-203. 94 Ibídem , págs. 37-38. violación de las reglas del juego constitucional y democrático para imponer el centralismo y la alianza del Estado con la Iglesia. Por su parte, los miembros del partido liberal declararon la guerra porque querían restablecer la separación de la Iglesia y del Estado así como la forma de Estado federal. Aunque ambas fuerzas enfrentadas representaban a los sectores de grandes propietarios y comerciantes y en el terreno económico estuvieron de acuerdo tanto en el libre cambio como en impedir el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los campesinos. Del otro lado, en el escenario internacional, lo que estaba en juego era la supremacía económica y política entre los Estados europeos porque las tendencias ideológicas reinantes en las relaciones internacionales no eran democráticas sino, por el contrario, antidemocráticas e imperiales. Y el país que se creyó lo suficientemente poderoso para imponerse por la fuerza atacó e invadió a los que consideraba y eran en realidad más débiles. Y solamente la alianza de estos últimos con un Estado de fuera de Europa, y más fuerte en capacidad armamentística, pudo impedir la consolidación de un imperio global conducido por un solo país. 1.1.b.- Contraste en cuanto a métodos y prácticas. La Guerra de los Mil Días, en su fase inicial, respondió al prototipo tradicional de las guerras civiles del siglo XIX colombiano. 95 Ciertamente, en su desencadenamiento hubo un liderazgo de elite. Su líder liberal indiscutible fue el general Rafael Uribe Uribe, perteneciente al grupo de hacendados antioqueños dedicados a la explotación del café. 9 6 Además, los ejércitos estuvieron presentes desde el principio de la guerra y fue una guerra con una duración determinada: 1.130 días. 97 No obstante, la fase caballeresca de la guerra duró aproximadamente seis meses. 98 En la batalla de Palonegro los métodos se asemejaron 95 El historiador D. Bushnell parece opinar algo similar, ver David Bushnell, “Política y partidos en el siglo XIX. Algunos antecedentes históricos” en Gonzálo Sánchez-Ricardo Peñaranda (comp.), Pasado y presente de la violencia en Colombia , cit., págs. 32-35. 96 Rafael Uribe Uribe, uno de los grandes mártires del partido liberal colombiano, nació en el seno de una familia también liberal de Antioquia. En 1885 sirvió como coronel en el ejército revolucionario y no dudó en disparar al cabecilla de unos amotinados por lo que fue encarcelado. Antes de la guerra de 1885 había ejercido Derecho en Medellín y enseñado Leyes y Economía Política en la Universidad de Antioquia. En 1884 fundó y dirigió El Trabajo , un periódico de información industrial y agrícola que fue cerrado por razones políticas. La más notable de sus empresas privadas fue su hacienda cafetera “Gualanday” valorada en 80.000 pesos en 1897. A comienzos de la década de 1890 se trasladó a Bogotá y administró las grandes propiedades cafeteras cundinamarquesas. Redactó el Memorial enviado al Congreso en 1894 como protesta contra el impuesto a la exportación de café. En la revuelta de 1895 fue dirigente en la campaña militar de Cundinamarca. Estuvo preso en Cartagena después de la derrota liberal en 1895. Salió de la cárcel convertido en héroe y en 1896 fue elegido al Congreso. A fines de 1898 pronunció un dramático discurso que lo lanzó a la jefatura de la facción belicista del partido liberal; ver Charles Bergquist, op.cit ., págs. 61 y 93. 97 Estos elementos no se dieron, por ejemplo, en la etapa de la Violencia, a pesar de los paralelos que puedan existir. Se llama “La Violencia” al conflicto civil de mediados del siglo XX y ofrece analogías asombrosas con la Guerra de los Mil Días, ver Charles Bergquist, op.cit ., pág. 5, nota 5. Sobre las guerras civiles del siglo XIX, Malcom Deas, “Algunos Interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia”, cit. 98 La caballerosidad se refiere principalmente a las relaciones entre los contendores de clase alta durante los primeros meses de la guerra. Al parecer tampoco hubo crueldad ni se tomaron las feroces represalias que se presentaron en etapas posteriores del conflicto y no era fácil encontrar presos políticos en las cárceles ni los 70 a los que serían empleados en la Primera Guerra Mundial y, además, el Ejército liberal fue efectivamente derrotado de forma casi total: “Lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, quince años después, la batalla de masas, con fusiles de repetición, con mayor alcance en sus disparos, con ametralladoras, con artillería en profundidad, delimitaba las batallas a amplios frentes de combate en líneas protegidas, con una zona vacía en el medio de las dos líneas de combatientes, vacío por el que se realizaban cargas rápidas y ataques para romper las líneas y copar los atrincheramientos enemigos.(…). En la Primera Guerra Mundial estas batallas duraron meses y meses, puesto que las líneas de combate podían ser reforzadas de forma permanente y así mantenerse, con el sacrificio diario de muchas vidas. (…) Solo la introducción del tanque en la Primera Guerra Mundial permitió resolver estas atroces e interminables batallas. La artillería y las ametralladoras, en este caso, fueron una ventaja del Gobierno. (…). Palonegro fue la batalla más larga y más sangrienta en la historia de Colombia. Más de mil quinientos liberales y mil gobiernistas murieron. Quedaron heridos 4.882. (…) Vino luego una epidemia de fiebre amarilla que diezmó a quienes sobrevivieron. La revolución quedó herida de muerte”. 9 9 Posteriormente, se comenzó una fase distinta basada en la guerra de guerrillas que caracterizaría el enfrentamiento durante los dos años y medio más que todavía duraría el conflicto a pesar de Palonegro. 100 Los conservadores autodenominados “históricos” dieron un golpe de Estado el 31 de Julio de 1900 y colocaron en la Presidencia de la República al Vicepresidente Manuel Marroquín. Pero Marroquín gobernó con independencia y se apoyó en sectores proclives a la solución por la fuerza y la derrota militar de los liberales. En este proceso se destacó Arístides Fernández Ministro de Guerra que impuso un régimen de terror mediante la ejecución sumaria de los rebeldes capturados y fue decisivo para el fin de la guerra como consecuencia de la rendición de dos de los mejores líderes liberales. 101 Y, la Primera Guerra Mundial, también en cuanto a los medios y los procedimientos, fue una guerra total. La invención de nuevas armas, las granadas, los lanzallamas, los tanques, el gas, incrementó el horror y, sin embargo, condujo a un empate táctico en el frente occidental en la guerra de trincheras. Pues los alemanes se encontraron con una guerra en dos frentes, primero estaba el frente de los Balcanes al que les había arrastrado su alianza con Austria-Hungría. Pero, además, el plan alemán consistía en aplastar rápidamente a Francia en el oeste y luego actuar con la misma rapidez en el este para eliminar a Rusia antes de que el imperio del zar pudiera organizarse con eficacia. El ejército alemán atravesó el territorio de la Bélgica neutral y penetró en Francia y sólo fue detenido en el río Marne a algunos kilómetros al este de París. Entonces ambos bandos se retiraron, los franceses apoyados por belgas y británicos, e improvisaron líneas paralelas de trincheras y fortificaciones defensivas que se extendían sin solución de continuidad prisioneros de guerra eran maltratados, veáse el capítulo sobre la “guerra de los caballeros”, en Charles Bergquist, op.cit. , págs. 153-181. 99 Rafael Pardo, op.cit, págs. 353-354. 100 Carlos Eduardo Jaramillo, op.cit ., págs. 47-87. 101 Charles Bergquist, op.cit ., págs. 117-183; Rafael Pardo, op.cit ., págs. 338-366. desde la costa del canal de la Mancha en Flandes hasta la frontera suiza, y dejaron en manos de los alemanes una extensa zona de la parte oriental de Francia y Bélgica: “Este era el <Frente Occidental>, que se convirtió probablemente en la maquinaria más mortífera que había conocido hasta entonces la historia del arte de la guerra. Millones de hombres se enfrentaban desde los parapetos de las trincheras formadas por sacos de arena, bajo los que vivían como ratas y piojos (y con ellos). De vez en cuando, sus generales intentaban poner fin a esta situación de parálisis. Durante días, o incluso semanas, la artillería realizaba un bombardeo incesante (…) para ablandar al enemigo y obligarle a protegerse en los refugios subterráneos hasta que en el momento oportuno oleadas de soldados saltaban por encima del parapeto, protegido por alambre de espino, hacia <la tierra de nadie>, un caos de cráteres de obuses anegados, troncos de árboles caídos, barro y cadáveres abandonados, para lanzarse hacia las ametralladoras que, como ya sabían, iban a segar sus vidas. En 1916 los alemanes intentaron sin éxito romper la línea defensiva en Verdún, en una batalla en la que se enfrentaron dos millones de soldados y en la que hubo un millón de bajas.” 102 En síntesis, los métodos y prácticas de las dos guerras objeto del paralelo fueron similares, los dos conflictos practicaron las batallas de masas pues en su condición de guerras totales lo importante no fue la estrategia sino la mayor capacidad de destrucción. La fuerza mortífera de las armas y el mayor número de soldados que pudieron enviarse a la muerte fue lo que determinó el triunfo. Pero hubo diferencias, porque si bien la guerra interna participa cada vez más de la dimensión global siempre persisten los rasgos específicos, en el caso de Colombia al tratarse de un conflicto armado interno la pérdida de vidas humanas y los costes de la guerra afectaron a todo el país. Mientras que en el caso europeo los Estados Unidos emergieron de la guerra con una mejor situación que los países europeos pues fueron estos los que sufrieron en su territorio y en su población todos los desastres de la misma. 1.1 . c.- Paralelo sobre la función de la economía. Durante el siglo XIX Colombia era un país agrario conformado por regiones aisladas geográficamente y con una economía basada en la propiedad terrateniente y el comercio. 103 Pero desde mediados del siglo XIX el sistema económico va a ser presionado por las exigencias del mercado de los países en proceso de industrialización, lo que va a repercutir en las guerras civiles. No obstante, el peso de las relaciones internacionales en los conflictos de finales del siglo XIX y principios del XX es un tema de debate. Por un lado, se encuentran autores como Charles W. Bergquist (Universidad de Washington), estudioso de la Guerra de los Mil Días, para quien la estabilidad política de Colombia de 102 Eric Hobsbawm, op.cit ., pág. 33. 103 Estanislao Zuleta, op.cit., pág . 171-175; Jorge Orlando Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal (1850- 1899)”, en José A. Ocampo (comp.), Historia Económica de Colombia , Bogotá, Presidencia de la República, 1997, págs. 163-170. La composición social de comerciantes y terratenientes en estos años se muestra muy bien en Hermes Tovar Pinzón, Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas: 1800-1900 , Bogotá, Tercer Mundo, 1995, págs. 32-33 y 77. 72 estos años dependió específicamente de los cambios en la actividad exportadora puesto que los gobiernos colombianos derivaban sus ingresos en gran parte de los impuestos de aduana. Así, el éxito de la agricultura de exportación condujo al predomino del partido liberal en Colombia a partir de 1850. Pero, después de 1875 la agricultura de exportación entró en un período de rápida decadencia y a partir de la década de los ochenta entró en crisis. Y en las guerras de 1885 y de 1895 los liberales perdieron definitivamente el control de la política a favor de los conservadores y se hizo dominante en Colombia una filosofía económica y política de corte conservador, acorde con el regreso del país a un economía agraria relativamente cerrada. 104 En 1886 se consolidó el programa Regeneracionista conservador que irónicamente coincidió con el alza espectacular de los precios internacionales del café que hacia 1896 representó el 70% del valor total de las exportaciones. Pero, todo esto empezó a cambiar después de 1896 con los aumentos masivos de las exportaciones brasileñas ya que los precios del café colombiano cayeron a la mitad de su valor en el mercado de Nueva York en 1899. Fue precisamente en ese año que estalló la Guerra de los Mil días. 105 Bergquist acierta en el hecho de que el choque externo de la bajada de los precios del café produjo consecuencias en la situación interna: el impuesto a las exportaciones del café decretado por el gobierno de Miguel Antonio Caro en 1895 se convirtió en una medida fiscal intolerable para los productores entre quienes se contaba Rafael Uribe Uribe líder de la guerra. Asimismo, el gobierno equilibró el presupuesto con emisión del papel moneda que respaldó pignorando las rentas de aduanas. Intentó una reducción de gastos mediante la disminución de los empleados públicos, redujo el Ejército en un 20% y ordenó poner en venta dos buques de Guerra. La depreciación de la moneda inició una caída libre. El cambio de pesos por dólares se estabilizó por ese año en 450%. 106 Estos son hechos sobre los que no existe mayor discusión, la cuestión controvertible es la trascendencia de los mismos en los sucesos de la guerra. Autores como David Bushnell, por ejemplo, opinan que es exagerado el alcance que se le da al factor externo como motor explicativo del proceso interno colombiano. 107 En torno a esta polémica, parece que la cuestión que se discute va más allá del papel coyuntural desempeñado por las oscilaciones en la agricultura de exportación del café en la Guerra de los Mil Días. El asunto de fondo se relaciona con la teoría del capitalismo dependiente o “paradigma dependentista” como explicación exclusiva del atraso colombiano. Al respecto tampoco hay acuerdo entre los economistas del país. A grandes 104 Charles W. Bergquist, op.cit ., págs. 3-19. Un planteamiento similar sobre los efectos de la crisis económica mundial en la suerte del liberalismo radical del siglo XIX en A. López Michelsen y C. Restrepo Piedrahita, El presidencialismo excesivo. La superstición codificada , cit., págs. 9-10. 105 Charles W. Bergquist, op.cit ., págs. 3-19; igualmente, Jaime Jaramillo Uribe, Ensayos de historia social , Bogotá, Alfaomega, 2001, págs. 219-218. 106 Los datos son tomados de Rafael Pardo Rueda, op.cit., pág. 340. 107 Charles W. Bergquist , op.cit., pág. viii. rasgos, se puede identificar una línea liderada por José A. Ocampo, según el cual el carácter de “periferia secundaria” de Colombia frente a los grandes centros imperialistas arrastra una desventaja permanente para la acumulación nacional de capital que perdería excedentes a favor de los países centrales. 108 La otra posición respecto de este tema crucial de la historia económica y constitucional del país, y que aquí se comparte, es la de Salomón Kalmanovitz (antiguo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional) según el cual, la explicación de lo sucedido es más compleja y debe tener en cuenta que en esos años el país permaneció como una sociedad rural y agraria (similar - pero no idéntica- a las sociedad feudal europea), esto es, bajo un sistema económico precapitalista en donde las fuerzas de trabajo de la mayoría de la población no eran libres, no estaban individualizadas, no alcanzaban a conformar un mercado y, por el contrario, se encontraban atadas a las haciendas, a las parcelas familiares o al taller familiar. Por consiguiente, la producción y el consumo se basaban en el dinero, el ganado, las tierras o las personas dependientes. 109 Asimismo, el uso del poder se gestionaba mediante redes tejidas por los lazos de parentesco. Existía un sistema de haciendas en donde la explotación de los arrendatarios tuvo lugar por medios extraeconómicos: era el peonaje por deudas, que imperó hasta los años treinta del siglo XX y que se respaldaba en una disposición de policía en virtud de la cual un obrero podía ser reclamado para que fuera a pagarle los “avances” al patrón. Además, los grandes propietarios colombianos gozaban de la propiedad privada de la tierra y su ambición fue el monopolio del territorio que lograron mediante títulos que obtuvieron gracias a su poder político y económico. Al mismo tiempo, el poder de los ganaderos y comerciantes se encontraba arbitrado por un régimen político nacional y regional que operaba para garantizar el sometimiento del campesinado, pero los enfrentamientos entre los mismos potentados debilitaron el poder coercitivo del sistema político sobre la población. A esto se agregaron las presiones externas que ejerció el mercado mundial para imprimir movilidad a la actividad económica. Las amenazas inglesas, por ejemplo, para la liberación de los esclavos y la comercialización de la producción condujeron a que la población detentara una mayor 108 Según Ocampo, el comercio exterior sería la clave del movimiento económico colombiano durante el siglo XIX y de un desarrollo económico insuficiente del país durante el siglo XX. Y, por tanto, toda su suerte estaría sometida a las leyes de la competencia internacional y dependería menos de la propia organización social y regional de la producción. El trabajo donde José Antonio Ocampo sostiene esta hipótesis es: Colombia y la economía mundial 1830-1910 , Bogotá, Tercer Mundo, 1984. Aquí se cita desde la crítica hecha al mismo por Salomón Kalmanovitz en La encrucijada de la sinrazón y otros ensayos , cit., pág. 93. 109 Según Kalmanovitz el comercio exterior no puede explicar por si sólo los problemas del desarrollo económico puesto que habría que demostrar que existían en Colombia todas las condiciones internas para la acumulación y que, por tanto, la vinculación externa fue la que impidió que se diera la misma, pero esa demostración no es hecha por José A. Ocampo, véase Salomón Kalmanovitz, La encrucijada de la sin razón y otros ensayos, cit., págs. 97-98. Otros autores, como A. López Michelsen, en 1968 ponían el énfasis al hecho de la importación de instituciones extrañas que se produjo con la independencia. Según este autor el problema de fondo estuvo en la importación del liberalismo manchesteriano que trajo la anarquía y el despotismo. El gran error colombiano en suma fue el abandono del Estado intervencionista propio de la época colonial, véase A. 80 El final de la Gran Guerra se debió a dos acontecimientos claves: la revolución soviética rusa que implicó el abandono por Rusia, y la entrada de los Estados Unidos en el conflicto que desequilibró la balanza a favor del pacto surgido entre la alianza franco- rusa de 1893, la Entente Cordiale franco-británica de 1904 y el acuerdo anglo-ruso de 1907 como respuesta a la Triple Alianza liderada por Alemania. 125 En el verano de 1918 se verificaron los últimos ataques de Alemania y sus aliados que se encontraban prácticamente en la impotencia militar y económica. El 11 de noviembre de 1918 la guerra concluyó con la derrota definitiva de Alemania y sus socios. Y en 1919 se firmó en París el Tratado de Versalles en virtud del cual los países vencedores impusieron una serie de condiciones a los vencidos: • La entrega a Francia de las provincias de Alsacia y Lorena y un pequeño territorio de Bélgica. • Al pueblo de Schleswig se le dio la libertad de escoger su ciudadanía danesa o alemana. • Alemania debía ceder su territorio polaco. • Dantzig pasa a ser ciudad libre e independiente. • Alemania pierde sus posiciones coloniales • Se forma el nuevo Estado de Checoslovaquia con Bohemia y Moravia y el reino de Yugoslavia con Croacia, Camida, Eslavonia, Bosnia y Herzegovina con lo que se altera todo el mapa de Europa. • Asimismo, en el tratado de 1920 Turquía cedería a Grecia la mayor parte de Tracia e islas del mar Egeo. Y abandonó la soberanía de Egipto, Chipre y Kurdistán, pero se le permitió continuar en Constantinopla. También perdió las provincias de Armenia, Mesopotamia, Siria, Palestina y el Hedjaz. • Por su parte, Japón recibió los derechos sobre los territorios que antes tenía Alemania sobre la parte de China y las islas del Pacífico. • Finalmente, se creó la Liga de las Naciones. 125 Ibídem. 1.1.e.- Cotejo de los efectos. La Guerra de los Mil Días, al igual la guerra entre Estados, supuso un enorme sacrificio humano, económico y político. En cuanto a las pérdidas en vidas humanas durante muchos años se consideró como la más cruenta de las guerras colombianas. 126 Hay quienes llegaron a sumar 180.000 muertos, además de no saberse cuantos miles de lisiados, desplazados o perjudicados hubo. No obstante, se debe tener presente que, así como ocurre en los conflictos mundiales, hubo una gran dificultad para obtener datos fiables sobre el número de víctimas. 127 En el aspecto económico la guerra se financió de una forma muy gravosa para la economía del país, puesto que el gobierno decretó la autorización a la junta de emisión para emitir y poner a disposición del gobierno las cantidades necesarias para el restablecimiento del orden público. Así que en poco más de dos años se emitieron más de mil millones de pesos, lo que llevó al cambio extranjero a la descomunal cifra de 18.900% en octubre de 1902. Por supuesto, los precios de los víveres y artículos de primera necesidad se desbordaron hasta el punto de que se decretó la importación de víveres desde 1901 hasta 60 días después de la terminación de la guerra. Por su parte, las haciendas cafeteras se vieron agobiadas aún más por la interrupción de los transportes, el encarecimiento de los fletes, el reclutamiento forzoso de trabajadores para formar los ejércitos o el abandono de los campos para eludir aquel reclutamiento. En fin, al concluir las hostilidades el país quedó arruinado y agotado. Con una economía cafetera agobiada tanto por la crisis externa como por el propio conflicto, con un sistema de transporte, que ya era precario, desvertebrado casi por completo, las finanzas públicas, el cambio exterior y la circulación monetaria deshechas y los precios totalmente sobrepasados. 128 En el nivel geopolítico, a pesar de todas estas calamidades habría una consecuencia aún más grave de la guerra: la desmembración del Estado colombiano -como en las guerras mundiales- porque la debilidad en que quedó desembocaría en la separación de la provincia de Panamá que era a la sazón la más moderna y conectada a la economía global. 129 En efecto, el final de la Guerra de los Mil Días significaría el comienzo de la expansión de los Estados Unidos en la tierra y economía colombianas. Tal como se había mencionado, los Estados Unidos intervinieron en el desenlace de la guerra con su flotilla 126 Jesús Antonio Bejarano, “El Despegue Cafetero (1900-1928)”, en José Antonio Ocampo (comp.), Historia Económica de Colombia , cit., págs. 231-280. 127 Algunos investigadores cuestionan la naturaleza extremista de esta guerra. M. Deas sospecha del mito de la intensidad del conflicto por la falta de evidencias, ver M. Deas, “Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia”, cit. 128 Salomón Kalmanovitz, op.cit ., págs. 222-223; José Antonio Ocampo, op.cit ., págs. 232-233. 129 Rafael Pardo, op.cit., pág. 363. 82 de buques instalados en el Canal de Panamá, incidente que finalizó con la firma del Tratado de Wisconsin el 21 de noviembre de 1902. Pues bien, en septiembre de 1902 el encargado de negocios de Colombia en los Estados Unidos, Tomás Herrera había suscrito con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Hay, un tratado sobre el canal de Panamá. 130 Este tratado debía ser aprobado por el Senado colombiano, pero fue rechazado de plano por ser violatorio de la soberanía nacional ya que otorgaba una franja de tierra a través del istmo. Y como respuesta los Estados Unidos presionaron, con violación de todos los compromisos internacionales adquiridos hasta entonces, y lograron la separación Panamá el 3 de noviembre de 1903 y la posterior construcción con financiación norteamericana del canal interoceánico considerado como el más importante de Occidente y que fue usufructuado por los Estados Unidos hasta 1999, con la complacencia de los dirigentes colombianos . 131 En el plano político interno, la derrota en la guerra significó la tercera y final capitulación del proyecto liberal en aquellos postulados programáticos que lo distinguieron en el siglo XIX. Después de la guerra, la nueva generación liberal y algunos sobrevivientes del radicalismo cambiaron sus ideas de librecambio y federalismo por los de la centralización política, la unidad de la legislación, la paz religiosa y la conveniencia del sistema concordatario, el proteccionismo económico y la restricción de ciertas libertades como la de imprenta. 132 No obstante, es notable en estos años el surgimiento del liberalismo social que lideró uno de los grandes derrotados de la Guerra de los Mil Días como fue el mítico general Rafael Uribe Uribe. Después de la guerra convertido en parlamentario propugnaba por un socialismo hecho desde arriba. Según Uribe Uribe toda Hispanoamérica había sido víctima de las enseñanzas de Adam Smith. Un liberalismo económico que Europa había abandonado desde que buscó la vía del Estado para alcanzar el progreso. En Colombia, decía Uribe Uribe, el interés privado es egoísta y transitorio y sólo el Estado que es perpetuo puede representar los intereses perpetuos de la sociedad. De manera que su socialismo se inscribía dentro del intervencionismo de Estado. Uribe Uribe pensó que el Estado podía limitar al capitalismo para evitar la lucha abierta pues no le atraía la posibilidad de otra guerra y para prevenir el socialismo de la calle había que hacer socialismo de Estado. 133 El discurso de Uribe Uribe era de una clarividencia admirable para un personaje de esta época, en un país en donde la palabra socialismo atemorizaba tanto a las gentes de caudal como a los campesinos. Hasta entonces ni siquiera las gentes 130 Fernando Correa, Republicanismo y reforma constitucional, 1891-1910 , Medellín, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, 1996, págs. 58-61 y Eduardo Lemaitre, Rafael Reyes . Caudillo, aventurero y dictador, Bogotá, Intermedio, 2002, págs. 178-180. 131 Luis Emiro Valencia, El pensamiento económico de Jorge Eliécer Gaitán , Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1998, págs. 39-50. 132 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914 , tomo I, Bogotá, Tercer Mundo, 1988, págs. 172-173. bien pensantes colombianas querían ver la labor que había realizado el Estado en Europa como impulsor del progreso. 134 Uribe Uribe sería asesinado el 15 de Octubre de 1914 y su muerte inició en el siglo XX la estela de crímenes por razones políticas, padecida principalmente por los líderes de ideas socialistas y de izquierda, que hace parte substancial de la historia de la guerra en el siglo XX colombiano. Por otra parte, con la derrota por la vía de las armas el liberalismo quedó huérfano y debilitado. En la plataforma del 1º de Julio 1917 presentada por la Dirección Nacional del liberalismo (Nemecio Camacho, Fabio Lozano y Luis de Greiff) se notaría la ausencia de la energía de Uribe Uribe, pues no se reflejaría una idea precisa de los fines del Estado, ni una política orgánica del desarrollo, además de que no abordarían el problema de la reforma agraria, ni se pronunciarían sobre la línea que debía seguirse en las relaciones internacionales, a pesar de que la guerra europea había revolucionado los presupuestos sobre los que venía operando la humanidad y de que los Estados Unidos emergían de ella como los señores de la tierra. 135 Con todo, la gran lección que había dejado la Guerra de los Mil días y la crítica situación económica que ella provocó fue que, para avanzar económicamente, el país necesitaba la paz. Los pueblos pequeños como el colombiano ante las grandes economías dominantes requerían de la unión y el progreso, pues el poder en el mundo moderno se expresaba no tanto en armas como en el Producto Nacional Bruto. La nueva mentalidad se manifestó primero en el hecho de que en 1904 los conservadores y los liberales antioqueños se pusieron de acuerdo en torno a fórmulas dirigidas a cambiar las instituciones. Pero el cambio de ideas en los liberales se confirmó definitivamente con la elección del general conservador Rafael Reyes para Presidente de la República durante el sexenio 1904-1910 a quien se le encomendó, con grandes expectativas, la recuperación del país y quien adoptó como lema de su gobierno el de “Paz y Progreso”. 136 Rafael Reyes se había convertido en un patriarca conservador gracias a su triunfo sobre las tropas liberales en la “batalla de enciso” del 15 de marzo de 1895 con la que se puso fin a la revuelta liberal de dos meses en la guerra civil de 1895. Pero también los liberales habían sido seducidos por Reyes pues, como Ministro de Gobierno en la administración de Miguel Antonio Caro, se mostró amigo de dar representación a las minorías con lo que beneficiaba ampliamente a los liberales que estaban vencidos. 137 Lastimosamente, después de haber sido elegido democráticamente para el período que se inició en 1904, el general Reyes traicionaría a sus electores y, se 133 Ibídem. 134 Ibídem , págs. 247-252. 135 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934 , tomo II, Bogotá, Tercer Mundo, 1990, pág. 16. 136 Ibídem, págs. 239 y 240. 137 Francisco J. Herrera, 7 Huellas. Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, Bochica, 1981, págs. 20-21. 84 convertiría, más pronto que tarde, en el primer “dictador constitucional” del siglo XX colombiano. Por su parte, la Primera Guerra Mundial causó, como no podía ser de otra manera, un impacto horroroso en la humanidad: para los franceses e ingleses ésta fue la guerra más terrible y traumática del siglo. En ella perdieron la vida 1.6 millones de soldados franceses, 800.000 británicos y 1.8 millones de alemanes. Y los Estados Unidos perdieron a 116.000 soldados pese a que los ejércitos norteamericanos sólo lucharon durante un año y medio y solamente en el Frente Occidental. 138 Como si el coste en vidas humanas fuera poco, la experiencia de la Gran Guerra contribuyó no sólo a brutalizar la guerra misma sino también la política. Al terminar la guerra, algunos veteranos, como Adolf Hitler, que habían vivido la experiencia de la muerte desarrollaron un sentimiento de superioridad que definiría la actitud de los grupos ultraderechistas de posguerra. De otro lado, los políticos de los países democráticos comprendieron las graves consecuencias electorales del baño de sangre y por ello adoptarían en la Segunda Guerra Mundial una actitud dubitativa que permitió el triunfo alemán en el Frente Occidental. Y a largo plazo, los gobiernos democráticos justificaron el desprecio absoluto de la vida de las personas de los países enemigos en la obligación de salvar las vidas de sus ciudadanos. Un ejemplo de esta actitud fue años más tarde el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, como medio para salvar vidas de estadoudinenses, si bien, los Estados Unidos desearon impedir igualmente que la Unión Soviética reclamara un botín importante tras la derrota del Japón. La guerra destruyó y arruinó tanto a vencedores como vencidos, precipitó a los países derrotados a la revolución y a los vencedores a la bancarrota. Francia quedó casi completamente desangrada y su debilidad sería manifiesta en la Segunda Guerra Mundial cuando fue aplastada por Hitler. Gran Bretaña nunca volvió a ser la misma. Por otra parte, la victoria total ratificada por una paz impuesta que establecía unas durísimas condiciones, dio al traste con las escasas posibilidades que existían de restablecer una Europa estable, liberal y moderna. Europa necesitaba el reintegro de Alemania en la economía europea cuyo peso en la misma era tal que sin ella era imposible recuperar la estabilidad. Sin embargo, esta realidad no fue considerada por los vencedores. 139 De entre las consideraciones que guiaron los diferentes tratados de paz que se firmaron, el de Versalles es el más conocido, y que fueron impuestos por las potencias vencedoras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia) sobresalen los proyectos superpuestos de salvar al mundo del bolchevismo y la reestructuración el mapa de Europa. Para enfrentar a la Rusia revolucionaria la maniobra consistió en aislarla tras un cordon sanitaire de estados anticomunistas (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania) 138 Eric Hobsbawm, op.cit ., pág. 34. 139 Ibídem, págs. 37-39. constituidos con territorios de la antigua Rusia hostiles a Moscú. El intento de prolongar el aislamiento hacia el Cáucaso, sin embargo, fracasó porque Rusia llegó a un acuerdo con Turquía que odiaba los imperialismos británico y francés. En cuanto a las zonas correspondientes al antiguo imperio austrohúngaro hubo también reestructuración. Austria y Hungría se convirtieron en apéndices alemán y magiar respectivamente. Serbia fue ampliada para formar una nueva Yugoslavia al fusionarse con Eslovenia, Croacia y Montenegro. Y se creó un nuevo país que fue Checoslovaquia surgida de la unión del antiguo núcleo industrial del imperio de los Habsburgo con las zonas rurales de Eslovaquia y Rutenia, que antes eran parte de Hungría. También se ampliaron Rumania Polonia e Italia. Alemania fue declarada única responsable de la guerra y de sus consecuencias, por lo que se le impusieron muy duras condiciones de paz, con el fin de mantenerla en condiciones de debilidad. Además de las amputaciones territoriales, se le impidió poseer una flota importante, se le prohibió contar con fuerza aérea y se redujo considerablemente su ejército, se le impusieron enormes reparaciones económicas de los costos de la guerra, se ocupó militarmente una parte de la zona occidental del país y se le privó de todas las colonias de ultramar que fueron a parar a manos de británicos, franceses y en menor medida de los japoneses. 140 En suma, en cuanto al precio de la guerra existen diferencias evidentes por razón de la envergadura de los dos conflictos cotejados: la Primera Guerra Mundial involucró a los países más poderosos de principios del siglo XX y, por tanto, la magnitud de sus consecuencias para el conjunto de la humanidad son, desde un punto de vista cuantitativo, incomparables con la Guerra de los Mil Días. No obstante, cualitativamente es en los efectos de las dos guerras en donde se encuentran sus mayores proximidades. Tal como se ha visto, en cuanto al impacto sobre la humanidad -las dos guerras- produjeron enormes pérdidas en vidas y otro tanto de heridos y refugiados. El sufrimiento, el dolor, la humillación padecida por las víctimas de ambas conflagraciones fue un daño totalmente injusto e irreparable. Este coste humano unido a los enormes destrozos en las economías de los países involucrados fueron de unas proporciones tan considerables que sus secuelas se extendieron a todo lo largo del siglo XX. En Colombia el desarrollo industrial, político, social y cultural que se logró alcanzar con posterioridad a esta guerra siguió siendo muy limitado hasta el punto que hacia 1930 y 1931 se desencadenó un ola de violencia política que desembocaría en una guerra de exterminio por razones políticas y religiosas que se recrudeció gravemente en 1950 (La Violencia). En el ámbito internacional el padecimiento humano fue igualmente ignominioso y ni los pueblos ni los Estados lograron superar a mediano plazo la situación creada, además de que los leoninos acuerdos de paz, impuestos por los vencedores, muy pronto fueron abortados con lo que sobrevino la Segunda Guerra 140 Ibídem. 86 Mundial. No obstante, la tragedia padecida por la humanidad produciría un fuerte impacto en el ámbito en la civilización occidental tal como se revisará en el capítulo siguiente. CAPÍTULO II FACTORES DE LA CULTURA CONSTITUCIONAL EN LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 88 II. FACTORES DE LA CULTURA CONSTITUCIONAL EN LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 2.1.- Reflexiones previas sobre la tesis (inadecuada) de la relación de causalidad entre los textos constitucionales y las guerras 2.2. La guerra colombiana vista como el resultado de un sistema complejo de factores de orden cultural . 2.2.1.- Derecho Constitucional de la cultura, cultura constitucional y factores de la misma en la guerra . 2.2.1.a.- La guerra entre los partidos políticos tradicionales: estrategia de adscripción social para la consolidación del bipartidismo. Excursus . Origen de los partidos liberal y conservador: la tesis (débil) del enfrentamiento entre Bolívar y Santander. 2.2.1.b.- Las amplias facultades gubernativas para limitar las libertades. 2.2.1.c.- La pena de muerte. 2.2.1.d.- La confusión de los poderes entre el Estado y la Iglesia católica. 2.2.1.e.- La drástica limitación de la libertad de pensamiento y de la libertad religiosa: la “cristianización de la República”. 2.2.1.f.- Los atentados al principio de igualdad ante la ley: la promoción oficial del hispanismo mal entendido (racismo, clasismo y nacionalismo católico) contribuyó a la fragmentación de la nación. 2.2.1.g.- La inobservancia efectiva del principio de separación de poderes: el presidencialismo extremado. 2.2.1.h.- El uso y abuso de la figura del estado de sitio. 96 “(…) los hechos referentes al orden público demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a las que tienen que encarar. (…) su rediseño resulta una medida necesari a para que las causas de perturbación no continúen agravándose.” 155 Es cierto que en el proceso de promulgación de la Constitución de 1991 hubo diferencias muy notables respecto del que se verificó en 1886, entre otras, la pluralidad en la conformación de la Asamblea Constitucional que, por primera vez en la historia del país, incluyó a representantes de las comunidades indígenas y a líderes de antiguos grupos guerrilleros reinsertados a la vida civil. No obstante, existió una proximidad ideológica entre las justificaciones de los, por lo demás, irregulares -auténticas mutaciones- procesos constituyentes de finales del siglo XIX y de finales del siglo XX. De la misma manera, la analogía de los argumentos se puede ver reflejada en trabajos recientes de Derecho Constitucional en los cuales se mantiene que la nueva Constitución es el producto de los graves problemas sociales a que había dado lugar la república reaccionaria consagrada en la Constitución de 1886: “La Constitución de 1991 es hija de la más grande crisis nacional de los últimos treinta años (…). Con la nueva Constitución se pone fin a la República autoritaria y reaccionaria consagrada constitucionalmente y se inaugura –es lo esperado- la República moderna, el estado de derecho democrático burgués. Tal es el significado más profundo de la transformación constitucional que estamos viviendo.” 156 En forma semejante se puede leer, en otra obra de Derecho Constitucional de finales de la década de los 90, que la Constitución de 1991 ha sido necesaria para solucionar el problema del conflicto civil: “La tradición civilista, el respeto al Derecho como instrumento para encauzar la vida política que ha sido tradicional en Colombia encontró en la Constitución [de 1991] un instrumento idóneo para superar los problemas por los que ha atravesado el país. La aceptación social del significado de la Constitución, las bondades del Derecho como solución de conflictos y principalmente como mecanismo de rechazo a la justicia privada, legitiman al contenido constitucional. ” 157 En fin, Hernando Valencia Villa, autor de Cartas de batalla , uno de los mejores trabajos que se conocen sobre las conexiones entre el constitucionalismo colombiano y la guerra, parece ubicarse en esta línea de interpretación “causalista” cuando afirma: orden público (…) Parágrafo. El gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad.” 155 Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 54 de 9 de junio de 1987, Ponente, Hernando Gómez Otálora. 156 Así se expresa Ricardo Sánchez, Decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia en 1992, en el prólogo al libro de Diego Uribe Vargas, La Constitución de 1991 y el ideario liberal , cit., pág. 9. 157 Humberto Sierra Porto, Concepto y tipos de ley en la Constitución Colombiana , Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 31. “Cada una de las constituciones del siglo XIX fue la consecuencia de una guerra y la causa de otra. Cada una de las reformas del siglo XX ha sido la consecuencia de un conflicto y la causa de otro”. 158 Asimismo, expresa Valencia Villa: “a lo largo de tres cuartos de siglo, los códigos políticos batallan entre sí y a través de ellos el país batalla contra sí mismo y contra su pueblo” . 159 A pesar de compartir ampliamente el planteamiento crítico que hace H. Valencia Villa del constitucionalismo colombiano y, específicamente, del reformismo constitucional en su, por lo demás, soberbia investigación, aquí se juzgan inconvenientes, en general, las argumentaciones que insinúan la existencia de una relación causal directa -así sea en sentido metafórico-, entre Constitución y guerra, principalmente, porque este tipo de enfoques, al simplificar una realidad que es, en sí misma, muy compleja, pueden contribuir a reforzar la opacidad que caracteriza estos temas. Tal como se planteó en el Capítulo Preliminar con respecto al fenómeno de la guerra , aquí se descartan las explicaciones “causalistas” en la medida en que ellas parecen significar la existencia de una causa única o suficiente. Ahora ese pensamiento se proyecta hacia el estudio de las relaciones entre esos dos extremos que interesan aquí como son los de Constitución y guerra . Con esta intención, conviene recordar que en el pensamiento contemporáneo la noción de causalidad entró en una profunda crisis, especialmente desde la teoría de la relatividad y del principio de indeterminación y, en este sentido, la causalidad ha ido cediendo ante la noción de sistemas o de reducción de la complejidad. En efecto, la causalidad fue abandonada a mediados del siglo XX, puesto que con la teoría cuántica surgió una nueva ciencia física basada en principios orgánicos y ecológicos, según la cual, el mundo no es un mecanismo compuesto de piezas básicas y regido por leyes y fuerzas inmutables sino un todo unificado, un sistema dotado de una gran flexibilidad interna y que, en forma análoga a un organismo, se caracteriza por las interconexiones entre sus unidades separadas. 160 De tal manera que hoy el universo se puede ver como formado, tanto en el ámbito físico, como el biológico o el social, por múltiples redes plurales. 161 Pero también los sistemas jurídicos se han visto afectados por dicho cambio de paradigma científico. Por esta razón, en los tiempos actuales es aconsejable enfocar lo jurídico, y su relación con otros sistemas, desde una visión que, como bien se ha dicho, permita al jurista descender del paraíso de los conceptos para contemplar el fenómeno jurídico no como un simple sistema cerrado de normas sino también como un conjunto de 158 Hernando Valencia Villa, Cartas de batalla , cit., pág. 149. 159 Ibídem. 160 Mark Duffield, op,cit., págs. 37-38. 161 Ernesto Grün, op.cit. 98 relaciones entre normas, medidas y comportamientos. 162 Con ayuda de estos presupuestos se puede orientar el problema concreto que se aborda en este trabajo hacia la búsqueda de las interrelaciones entre, por una parte, el sistema global de relaciones e intereses del que es parte la guerra interna y, por el otro, el sistema de articulaciones y comportamientos que conforman, igualmente, el ordenamiento jurídico colombiano. Sistemas de relaciones, intereses, articulaciones y comportamientos cuyo denominador común consiste en hacer parte de la cultura de una sociedad dada. 2.2. La guerra colombiana vista como el resultado de un sistema complejo de factores de orden cultural. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior aquí no se considera útil atribuir el origen único de la guerra colombiana al enfrentamiento partidista por las disposiciones constitucionales. Tal vez sea más provechoso intentar demostrar que, dado que la guerra global es un fenómeno que resulta de un amplio e intrincado sistema de aspectos propios de la cultura o civilización de una sociedad dada, la guerra interna se puede entender, igualmente, como resultado del funcionamiento interconectado de un complejo sistema de aspectos culturales, unos específicos de Colombia y otros comunes a la sociedad occidental actual. Y, dentro de ese entramado de elementos culturales que han influido directa o indirectamente en los conflictos armados de Colombia (ya sean particulares o generales), es posible identificar algunos factores pertenecientes a la cultura jurídica y, específicamente, a la cultura constitucional. Esos elementos de la cultura jurídica que inciden en la guerra interna no consisten exclusivamente en los textos, conceptos e instituciones constitucionales individualmente considerados sino que incluyen, también, por una parte, el pensamiento filosófico-jurídico (explícito o tácito) que ha contribuido a mantener la estabilidad del sistema por más de dos siglos y, por otra parte, el funcionamiento real del mismo, esto es, las costumbres o prácticas constitucionales (muchas veces criticables) tales como el uso abusivo de la figura del estado de sitio o el reformismo constitucional, entre otros. En otras palabras y en forma sintética se puede formular la siguiente hipótesis: en la guerra colombiana han influido factores de una cultura que en muchos casos podría considerarse anti-constitucional, si se parte de un concepto moderno de Constitución. Ahora bien, si se sugiere la intervención de factores culturales de orden constitucional, en primer lugar, procede esclarecer, aunque sea en forma sumaria, lo que se entiende aquí por “cultura constitucional” de la misma manera que en el Capítulo Preliminar se explicó la utilización de la voz “cultura”. Aquí se apela a la idea de “cultura constitucional” para separar, por razones metodológicas, los elementos de la cultura jurídica de una sociedad 162 Ibídem. que se refieran a los aspectos específicamente constitucionales. Como puede suponerse, por cultura jurídica se entiende aquella serie de elementos de orden jurídico que confluyen en asentar la identidad de una sociedad dada. El autor alemán y actual catedrático de Derecho Público en la Universidad de Bayreuth, Peter Häberle defiende, por ejemplo, la existencia de seis elementos de la cultura jurídica europea que se presentan aquí resumidamente: a) el conocimiento de la historicidad de su Derecho , cuya existencia sobrepasa más de 2.500 años, con fundamento filosófico en Grecia, con el discernimiento jurídico de los romanos y con el aporte de los judíos y del cristianismo; b) la cientificidad, la dogmática jurídica; c) La independencia de la jurisprudencia sometida a la ley y al derecho; d) la neutralidad del Estado en materia de cosmovisiones y la libertad religiosa; e) la diversidad puesto que existe una pluralidad de derechos nacionales (países de tradición romana, por un lado, Gran Bretaña y Alemania, por el otro) pero también la unidad ; f) la particularidad y la universalidad puesto que algunos principios como los derechos humanos reclaman “universalidad” pero no pueden pasarse por alto las diferencias con los Estados Unidos o Europa oriental, por ejemplo. 163 Dentro de esos rasgos jurídicos culturales se pueden identificar algunos típicamente constitucionales. 2.2.1.- Derecho Constitucional de la cultura, cultura constitucional y factores de la misma en la guerra. Según P. Häberle hay una relación especialmente cercana entre Constitución y cultura que se traduce concretamente en el Derecho constitucional de la cultura. Por ejemplo, la protección internacional del patrimonio cultural como el convenio de la UNESCO o el Convenio Cultural Europeo de 1954. En el Derecho constitucional alemán también se pueden identificar cláusulas generales referentes al Estado cultural, por ejemplo, en Baviera, artículo 3º, párrafo 1º: “Baviera es un Estado de derecho, social y cultural”, o la frase en el artículo 40, párrafo 1º. “La cultura contribuye a hacer consciente la relación de los seres humanos con sus semejantes, con el medio ambiente y con la historia”. Asimismo, el federalismo cultural en Suiza y en Alemania, y la educación de adultos (art. 35, Constitución de Bremen, 1947). En materia de derechos fundamentales, la libertad de religión o la libertad artística y científica valen como libertades culturales profundamente unidas. Porque, según Häberle, la tríada compuesta por religión, ciencia y arte funda la sociedad abierta, permite que broten nuevos recursos para el desarrollo del Estado constitucional y hace que la tesis de la Constitución como cultura sea comprensible para los ciudadanos. Otros campos del Derecho Constitucional de la cultura mencionados son el federalismo vivamente experimentado en Alemania y Suiza (federalismo cultural) y el 163 Peter Häberle, Constitución como cultura , cit., págs. 65-78. 100 regionalismo de las entidades territoriales autónomas españolas. El federalismo y el regionalismo significan la cobertura estatal para la diversidad cultural de un pueblo mientras que la protección nacional del patrimonio cultural significa la salvaguarda de la producción cultural en sí misma. Igualmente, es muy afortunada, por ejemplo, la Constitución de Guatemala que consagró el derecho a la “identidad cultural” (Art. 58). Pero la tesis de la “Constitución como cultura” implica una idea mucho más amplia que la regulación de la cultura por parte de los textos de una Constitución. Dicha propuesta significa, según Häberle, entender la Constitución no sólo como un orden dirigido a juristas para ser interpretado conforme a reglas. Es decir, que la Constitución no sea sólo un código normativo, sino también la expresión de un nivel de desarrollo cultural, un instrumento de la representación cultural autónoma de un pueblo, reflejo de su herencia cultural. Las Constituciones vivas son, por tanto, marcos de referencia cultural para la reproducción, así como para la recepción y para la acumulación de informaciones, experiencias y vivencias. Como lo expresara H. Heller: “la Constitución es forma impresa que se despliega viviente”. Por lo demás, la idea de cultura constitucional también ha sido empleada para la analizar la del Estado portugués contemporáneo. 164 Pero la Constitución es cultura con muchos niveles y diferenciaciones. 165 Ciertamente, en la idea de Constitución como cultura confluyen las diferentes experiencias culturales de un sociedad. Por tanto, en la noción de “cultura constitucional” pueden ser comprendidas, también, las costumbres o prácticas de un pueblo con repercusión constitucional aunque las mismas puedan tener implicaciones negativas o ser consideradas rezagadas en comparación con los valores o tradiciones de sociedades más desarrolladas. Es en este sentido que, tal como se anunció en el Capítulo preliminar, aquí se acuña la noción “factores de la cultura constitucional en la guerra”, en adelante “factores constitucionales de la guerra”, referida al conjunto interconectado no sólo de instituciones y textos sino también de discursos, planteamientos filosóficos así como costumbres o prácticas constitucionales que, en la medida de su alcance, tanto en el desencadenamiento como en la prolongación de la guerra, podrían considerarse incluso anti-constitucionales, pero que, pese a ello, no se puede negar u ocultar que hacen parte de la auténtica cultura jurídica del país. En este orden de ideas, la posición aquí adoptada defiende un esclarecimiento suficientemente explícito del papel que la concepción de la guerra como caos, y de la Constitución, como pacto necesario para asegurar la paz, han desempeñado en el discurso constitucional y político colombiano. Puesto que, en el caso concreto de este país, tales nociones han sido inveteradamente manipuladas –en el siglo XIX y en el siglo XX- por los partidos políticos (liberal y conservador) para legitimar sus prácticas de contención, por 164 José Ignacio Lacasta-Zabalza, Cultura y gramática del Leviatán portugués , Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1988, pág. 23. 165 Peter Häberle , op.cit. , págs . 75-68. medio de la fuerza y en muchos casos del crimen de Estado o “guerra sucia”, de los procesos necesarios de modernización del Estado, del Derecho, de la sociedad y de la cultura en general. En el siglo XX, esas reformas y trasformaciones culturales fueron impulsadas –primordialmente- por los sectores populares emergentes o por los líderes o partidos simpatizantes de las ideas socialistas o de izquierdas desde finales de los años veinte y en los años treinta del siglo pasado. No obstante, esos movimientos han sido víctimas de la regresión política que se verificó, con una nueva vitalidad, desde finales de la década de los cuarenta tal como lo ha desvelado la labor de historiadores y sociólogos. Y, si bien es cierto que con la Constitución de 1991 se produjeron cambios significativos que permitieron una actualización del sistema constitucional especialmente en materia de derechos fundamentales, no lo es menos que en su promulgación se reprodujo, por ejemplo, la costumbre recurrir a la fuerza (estado de sitio) para convocar la realización de reformas constitucionales (algunas muy avanzadas en este caso). Por otra parte, tal como lo ha subrayado Luis Villar Borda, en el siglo pasado el país pareció haber vivido de espaldas respecto de las grandes corrientes modernizadoras del pensamiento jurídico occidental salvo algunos períodos originales pero efímeros (los años treinta cuando se introducen las doctrinas de León Duguit y Hans Kelsen). 166 Y, concretamente, autores como, por ejemplo, Ferdinand Lasalle, quien llamó suficientemente la atención sobre la necesidad de que los factores reales de poder de una sociedad dada se transformen para que pueda darse una Constitución realmente vinculante de esos poderes y, por tanto, moderna. Dijo Lasalle: “He ahí, pues, señores, lo que es, en esencia, la Constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. (…) Se cogen esos factores reales de poder , se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita , y a partir de ese momento,…, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho .(…) En casi todos los Estados modernos vemos apuntar , (…), la tendencia de darse una Constitución escrita.(…) esa aspiración peculiar de los tiempos modernos , (…), sólo puede provenir, (…), de que en los factores reales de poder imperantes dentro del país se haya operado una transformación (…) si estos factores de poder siguieran siendo los mismos, no tendría razón ni sentido que esta sociedad sintiese la necesidad viva de darse una nueva Constitución . Se acogería tranquilamente a la antigua (…). ” 167 O, pensadores como el segundo R. von Ihering, quien con gran sabiduría desveló que la antinomia de lucha y Derecho solo es aparente porque la primera no es un elemento defectuoso del segundo sino una parte integrante de su naturaleza. Y que, por tanto, hizo ver la legitimidad de la lucha por el Derecho, es decir, la necesidad del esfuerzo enérgico y constante por el reinado de la justicia .Puesto que la finalidad del Derecho es la paz pero el medio para conseguirla es la lucha, una lucha contra la arbitrariedad: 166 Luis Villar Borda, Ética, Derecho y Democracia , Bogotá, Gustavo Ibáñez, 1994, pág. 22. 167 Fernando Lasalle , ¿Qué es una Constitución?, Madrid, Cenit, 1931, págs. 65-66 y 74-75. 102 “ aquí se habla de la lucha del derecho contra la injusticia. (…) La lucha no es, pues, un elemento extraño al derecho; antes bien, es una parte integrante de su naturaleza y una condición de su idea. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban, (… ). 168 Asimismo, Ihering denunció cómo la destrucción por el Estado, mediante leyes injustas, del sentimiento del derecho, del sentimiento civil que es la auténtica fuerza de un pueblo, es la más hábil estratagema para garantizar el reino de la arbitrariedad: “ No existe para un Estado que quiere ser considerado como fuerte e inquebrantable en el exterior, bien más digno de conservación y de estima que el sentimiento del derecho en la Nación. Este es uno de los deberes más elevados y más importantes de la Pedagogía política. El buen estado y la energía del sentimiento legal del individuo constituyen la fuente más fecunda del Poder y la garantía más segura de la existencia de un país. (…) Destruir en el campesino la libertad personal acrecentando sus impuestos y gabelas; colocar al habitante de las ciudades bajo la tutela de la policía, (…), encadenar el pensamiento del escritor por medio de leyes injustas; repartir los impuestos según capricho y obedeciendo al favoritismo y a la influencia, son principios tales, que un Maquiavelo no podría inventarlos mejores para matar en un pueblo todo sentimiento civil, toda fuerza, y asegura al despotismo una tranquila conquista.” 169 Teorías que –entre otras- deberían haber sido más difundidas y discutidas localmente, especialmente en las facultades de Derecho, porque hubieran podido servir para elevar la comprensión y, de esta forma, impulsar una visión más crítica -en los círculos jurídicos- del manejo dado al problema de la guerra interna por parte de los titulares del poder político colombiano. Y que, sin embargo, han pasado casi sin pena ni gloria para un sector importante de las instituciones transmisoras del saber y del conocimiento jurídico del país. Ciertamente, pocos constitucionalistas colombianos, entre ellos el anteriormente citado H. Valencia Villa, han reaccionado en contra del tratamiento marginal que abogados y juristas le han dado a la guerra interna. Ello se ha debido a varias razones, entre otras, a la incapacidad para pensar el conflicto colombiano como un problema concerniente a las asignaturas de la carrera de Derecho. El Derecho Público Interno, en cuanto articulado por el principio de soberanía interior, suele, en cuanto presupone fáctica y normativamente la paz, no hablar de la guerra. En el ámbito del derecho público interno no hay, en general, guerra sino delito. Desde su perspectiva, la paz -correlato de la guerra- suele ser denominada, más bien, orden público y a los conflictos armados internos se los suele llamar “perturbaciones del orden público”. En la medida en que la guerra es la negación del Estado, el derecho público interno prefiere ignorarla pese a su realidad fáctica. Frente a la existencia de la guerra, el Derecho Público Interno tiende a sustituir la interacción de los enemigos por la ficción de la simple acción criminal. 170 168 Rudolph von Ihering, La lucha por el derecho , cit., pág. 60. 169 Ibídem , págs. 115-116. 170 Ivan Orozco Abad, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y Derecho en Colombia , Bogotá, Temis, 1992, págs. 233-235. En cuanto al Derecho Constitucional, específicamente considerado, que se podía haber ocupado de la guerra desde las perspectiva de la relación entre fuerza y Derecho, el mismo se ha concebido tradicionalmente como una asignatura meramente descriptiva de las instituciones, ajena o complaciente con las ingerencias ideológicas, económicas y sociales en la legalidad política. Y el Derecho Internacional Público, pese al carácter central que tradicionalmente ha ocupado el jus in bello en el derecho de gentes, también ha eludido por completo el Derecho de los conflictos armados que, surgido de la experiencia y del conocimiento de la guerra, busca, en cuanto aplicable a los conflictos no internacionales, devolverle al Derecho su capacidad funcional y valorativa de respuesta. 171 Por otro lado, la Filosofía del Derecho podía haberse ocupado de la guerra y de la paz como problema ético y haber profundizado, por ejemplo, en las tesis de Kant sobre “la paz perpetua” o en las críticas de Hegel al Derecho Internacional y en sus tesis sobre la necesidad permanente de los ejércitos, etc. Pero, la Filosofía del Derecho, que en Colombia se construyó al abrigo de las grandes corrientes de la Filosofía pura, hasta los años treinta fue estudiada como Derecho Natural y estuvo dominada por las concepciones iusnaturalistas y neotomistas y por un estilo escolástico ocupado principalmente de cuestiones metafísicas. 172 En los años treinta, no obstante, con Luis Eduardo Nieto Arteta se introdujo en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional la figura de Kelsen con sus teorías sobre el Derecho y el Estado en oposición a las concepciones iusnaturalistas. 173 Y en los años cuarenta apareció el cultivo universitario generalizado de la filosofía enmarcada dentro de corrientes contemporáneas como la fenomenología y la teoría pura del Derecho. Pero, como la universidad colombiana ha estado sometida, en particular la universidad pública, al control político de los gobiernos de turno, no ha habido una autonomía suficiente para el filósofo. Y, de hecho, en la década de los cincuenta ese control político desvirtuó el trabajo filosófico en la universidad por razones eminentemente ideológicas puesto que se propuso regresar al pensamiento escolástico, alegándose que en él estaban las raíces de la identidad cultural. 174 En todo caso, lo cierto es que ni la Filosofía ni la Historia del Derecho ni, mucho menos, la Sociología Jurídica han sido tradicionalmente estimadas como asignaturas centrales de la carrera de Derecho. Aun cuando los programas adoptados en la década de 1930 (decreto 1563 de agosto de 1934) incluían para el primer curso una asignatura con el sugerente nombre de “Filosofía del Derecho Constitucional”, este tipo de materias no han sido consideradas básicas en los planes de estudios jurídicos (y pese a que con la reforma 171 Ibídem ; Hernando Valencia V., La justicia de las armas , prólogo de Fernando Savater, Bogotá, Tercer Mundo, 1993, págs. 23-25. 172 Sobre estos aspectos véase Jaime Jaramillo Uribe, “Etapas de la Filosofía en la historia intelectual colombiana” en El ensayo en Antioquia , prólogo de Jaime Jaramillo Escobar, Medellín, Alcaldía de Medellín, 2003, http://www .biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/8/8_694673843.pdf, última visita, 27/05/06. 173 Luis Villar Borda, Kelsen en Colombia , Bogotá, Temis, 1991, págs. 14-21. 174 Ruben Sierra M. (comp.), La filosofía en Colombia. Siglo XX , Bogotá, Procultura, 1985, págs. 9-14. 104 de 1970 -decretos 970, 971, 1390 y 1931- realizada por Fernando Hinestroza como ministro de Educación se le dio un fuerte impulso a la investigación jurídica). 175 Es más, desde los años sesenta, con la aparición de las facultades de Ciencias Sociales, especialmente las de Sociología, se restringió aún más la finalidad de los estudios de Derecho y terminó por imponerse una tendencia a la formación de expertos en conocimientos estrictamente técnico-jurídicos que se complementó muy bien con la idea del Derecho como una profesión liberal cuyo objetivo es el ejercicio a través del litigio o de la actividad política. 176 Por ende, el país ha atravesado en estos campos por una larga etapa de predominio del pragmatismo -en su vertiente más mediocre de empirismo que busca una utilidad inmediata- y de un consecuente abandono de la Filosofía Jurídica y la Teoría General del Derecho, consideradas como reflexiones estériles. Aunque con la Constitución de 1991, debido a la adopción de un amplio catálogo de derechos fundamentales y a la consignación positiva de múltiples principios éticos, se ha experimentado un despertar del interés por la Filosofía del Derecho. 177 En consecuencia, la guerra y, específicamente, sus relaciones con el desarrollo del Derecho Constitucional no ha sido un asunto del que se ocuparan los estudios de Derecho -de forma seria-. Ello no ha impedido, no obstante, que en los discursos políticos e incluso jurídico-constitucionales se haya recurrido, también en el siglo XX y para justificar la promulgación de la Constitución de 1991, tal como se ha visto, a la asociación de las causas de las guerras con el reformismo constitucional. Por último, es oportuno precisar igualmente que la preocupación por las prácticas discursivas, a que se ha hecho referencia, hace parte de la inquietud principal por el papel que ha desempeñado, particularmente, el Derecho Constitucional en la cultura jurídica del país. Ya que el análisis que se hace en este trabajo intenta contribuir con la crítica que -pese a todo- un sector de juristas ha venido realizando recientemente sobre ese “mutismo culpable” del Derecho en relación con la situación de guerra que aqueja a los colombianos. 178 La aportación que se pretende hacer en este trabajo empieza –de acuerdo con la perspectiva histórica elegida- por analizar el discurso sobre la (supuesta) relación causal directa entre la Constitución de 1886 y la Guerra de los Mil Días. Al respecto, es preciso puntualizar que ni la discusión partidista respecto de los textos constitucionales ni la 175 Carlos A. Cortés, Teorías críticas y enseñanza del Derecho en Colombia. Reconceptualización teórica y trabajo académico , Maestría en teorías críticas del Derecho y la democracia en Iberoamérica, Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía, Inédito (s.n.f.), págs. 41-49. 176 Ibídem , pág. 43. 177 Luis Villar Borda, Etica , Derecho y Democracia, cit., págs. 21-23. Paradigma del interés reciente por la Filosofía del Derecho es la obra de Diego Eduardo López, Teoría impura del Derecho. La transformación de la cultura jurídica latinoamericana , Prólogo de Duncan Kennedy, Bogotá, Legis, 2004. aplicación que hizo el gobierno de Núñez y Caro de la Constitución de 1886 pueden ser juzgados –rigurosamente- como los únicos o decisivos aspectos que intervinieron en el desencadenamiento de aquella guerra. Hacer claridad sobre este hecho no impide, sin embargo, considerar que la Constitución o los procesos constitucionales si han tenido que ver con la guerra, esto es, que entre las distintas circunstancias que influyeron en la misma hubo algunas que alcanzaron una dimensión constitucional y que aumentaron el grado de complejidad de su análisis. Efectivamente, gracias al florecimiento historiográfico de los años 60 -intensificado en los años 70 del siglo XX- el espectro de ingredientes de las guerras ha sido ampliado. 179 Los estudios históricos y sociológicos sobre las guerras del siglo XIX y concretamente sobre la Guerra de los Mil Días han servido para proponer aquí como factores con repercusión constitucional (sin pretensiones de ser exhaustivos), además del mencionado bipartidismo, los siguientes: la restricción de las libertades y la pena de muerte; el programa de “cristianización” de la República; el hispanismo entendido como racismo y nacionalismo católico; y, finalmente, el presidencialismo extremado y el abuso del estado de sitio. Es obligado, no obstante, comenzar por la revisión de la tradicional confrontación entre los partidos políticos. 178 De entre los trabajos que se han consultado aquí véase de Hernando Valencia V., Cartas de batalla , cit. y La justicia de las armas , cit.; asimismo, Iván Orozco A., Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y Derecho en Colombia , cit.; AA.VV., De las armas a la política , prólogo de Daniel Pécaut, Bogotá, Tercer Mundo, 1999. 179 Rafael Pardo, op.cit ., págs. 383-388. 112 disolución de la Convención de Ocaña de 1828 pues la minoría bolivariana se retiró. Posteriormente Bolívar recibió un comunicado en el que se le nombraba supremo dictador de Colombia, cargo que él asumió con la amargura que se desprendía de su proclama: “¡Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo!”. 200 De esta forma quedó sin vigor la Constitución de 1821, se apagó la Gran Colombia y comenzó el fin del continentalismo buscado por Bolívar. Porque, a pesar del Congreso Admirable que, presidido por el Mariscal Sucre en el mes de enero de 1830, pondría fin a la dictadura y proclamaría la Constitución Política de 1830 con grandes proyecciones para la Gran Colombia, ésta se aplicó únicamente en el territorio de la Nueva Granada. Así, con la derrota de las ideas continentales y revolucionarias del Libertador triunfó el liberalismo importado de Europa. Este liberalismo fue el que se vertió posteriormente a las Cartas constitucionales. En ellas el origen del poder público se radicaba sólo teóricamente en el pueblo porque el ejercicio efectivo de la soberanía le correspondió desde siempre a los representantes (legisladores y Presidente). Así, lo que ocurrió en realidad fue que se entregó permanentemente el gobierno “a unas minorías criollas”. 201 De acuerdo con los anteriores argumentos y conforme a los acontecimientos políticos sobre el fin de la Gran Colombia, se refuerza la tesis según la cual los dos partidos políticos tradicionales tuvieron su origen en la división del liberalismo de Santander. Porque al fracaso de las tesis continentales de Bolívar en la Convención de Ocaña le sucedieron el asesinato de Sucre, la conspiración septembrina contra el propio Bolívar, su enfermedad y posterior muerte -prácticamente abandonado por sus antiguos seguidores- en la quinta San Pedro Alejandrino (Santa Marta, 17 de diciembre de 1830). Y después del ocaso personal del Libertador no hay evidencia de que sus planes continentales y sus ideas sobre los fines sociales del Estado hubieran sido rescatadas y defendidas a la manera de programa de un partido político colombiano. 202 Más bien, parece que la facción bolivariana integrada por sectores aristocráticos y militaristas recuperó exclusivamente las ideas sobre el ejecutivo fuerte y la dictadura. Estas nociones, vaciadas del contenido bolivariano, esto es, sin los fines humanos y confederales que propugnaba el Libertador, pero sí bajo la 200 El 27 de agosto de 1828, Bolívar decretó la dictadura el “Decreto que debe servir de Ley Constitucional del Estado hasta el año de 1830”, en el cual consideró “Que el pueblo (…) me ha encargado de la Suprema Magistratura para que consolide la unión del Estado, restablezca la paz interior y haga las reformas que se consideren necesarias”; “Que el voto nacional se ha pronunciado unánime en todas las provincias” y que “Después de una detenida y madura deliberación he resuelto encargarme, (…) del Poder Supremo de la República, que ejerceré con las denominaciones de Libertador Presidente que me han dado las leyes y los sufragios públicos”; véase Indalecio Liévano Aguirre, op.cit ., págs. 424-427. 201 Ibídem. 202 Por esta razón, quizás, no resulte tan extraño que Colombia brille por su ausencia en ese singular proceso político que ha aparecido actualmente en América Latina denominado “la revolución bolivariana” en el que se destaca Venezuela pero que, si se entiende como “la inclusión y movilización en las esferas públicas de los tradicionalmente excluidos”, va desde México a Argentina y Uruguay, de Nicaragua a los países andinos centrales y de Venezuela a Brasil, véase a este respecto el artículo de Raúl Morodo, “Venezuela, ¿hacia una democracia avanzada?”, El País , 6/1/2006. sombra de su prestigio, pudieron ser muy útiles para imponer tendencias simplemente autoritarias y despóticas. Un punto de vista que parece confirmarse, también, cuando al avanzar en el tiempo se comprueba que en el Virreinato de la Nueva Granada –hoy Colombia- lo que se perpetuó fue la concepción liberal de las revoluciones francesa y norteamericana. Se produjo así, como bien lo ha expresado el profesor de Derecho y político colombiano Apolinar Díaz Callejas, un “transplante más o menos mecánico y lírico de textos y lecturas (…) de los enciclopedistas, de Juan Bautista Say, Trace, Bentham, Espronceda, Zorrilla, Víctor Hugo, Lamartine, Saint-Pierre, Dumas, Saint-Simón, etc.” a una sociedad en la que convivían “las formas feudales, la encomienda, el latifundio, los resguardos indígenas, el comerciante, el hacendado, el artesano, el agricultor, el peón, el minero junto con los burócratas, militares y señores del poder colonial español.” 203 Asimismo , después de la desaparición de Bolívar, en el país quedó latente un federalismo entendido como separatismo. Estos hechos parecen explicar los constantes vaivenes doctrinales y programáticos de uno y otro partido. Los conservadores apoyaron un Estado federalista y los liberales fueron partidarios de uno centralizado, y, tal parece, que todo ello fue determinado por las circunstancias del momento en la lucha por el control del poder. Así, hubo notables líderes liberales que defendieron programas fuertemente conservadores y antifederalistas 204 . El ejemplo paradigmático de tales costumbres políticas es, nada menos, quien fuera cuatro veces Presidente de la República: Rafael Núñez. El prototipo de la trayectoria política de Núñez enlaza perfectamente las anteriores reflexiones con el enfrentamiento bipartidista que facilitó el ascenso de Miguel Antonio Caro y desembocó finalmente en la Guerra de los Mil Días. Núñez, en su juventud había participado en las filas liberales en la guerra de los Supremos (1840-1841). En la década del cuarenta del siglo XIX se distinguió como un extremista radical, perteneció a la Sociedad Democrática de Cartagena de Indias integrada por obreros y liberales radicales y fundó el periódico La Democracia . En el año de 1880 asumió la Presidencia de los Estados Unidos de Colombia como liberal independiente. Pero en 1884 se declararía totalmente contrario al federalismo, se enfrentaría con los liberales radicales y ganaría otra vez la Presidencia en una coalición con los conservadores. Así logró implantar su programa concebido como “la política del orden y de la libertad”, “la política de la justicia fundada en la práctica religiosa y leal de las instituciones” según sus propias palabras. 205 Este es el ejemplo, por excelencia, que es útil para reforzar otra tesis, ésta sí correcta, del norteamericano David Bushnell, según la cual la característica general de los partidos políticos colombianos en el siglo XIX era que “los federalistas confesos, si llegaban al poder, tendían a moderar su propio federalismo” 203 Apolinar Díaz Callejas, op.cit . 204 Ibídem. 205 Indalecio Liévano Aguirre, Rafael Núñez , cit., págs. 35, 117 y 251. 114 mientras que los centralistas, cuando estaban en la oposición, se quejaban de la excesiva concentración del poder en manos del gobierno nacional. 206 Ahora bien, los conservadores tampoco dejaron de abogar por un estado liberal de derecho, constitucional y representativo. Lo que los diferenciaba era la declaración de las libertades en términos menos absolutos y el fortalecimiento del Ejecutivo frente a los demás poderes. Y nuevamente un ejemplo de ello fue lo sucedido en la Constitución de 1886. En ella se guardaron todas las apariencias de la soberanía popular, de las libertades políticas e incluso de la separación de poderes, al tiempo que se fortalecía el Ejecutivo nacional, se limitaban la libertades y se reforzaba el orden social mediante una alianza estrecha con el poder eclesiástico. En cuanto a la política económica, tampoco había grandes diferencias entre liberales y conservadores en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Aun cuando hubo discrepancias relativas a la disyuntiva entre proteccionismo y libre cambio, no se produjo una alineación de partido en torno de estas políticas sino un enfrentamiento de facciones de los dos partidos. En realidad los dos partidos liderados por las élites sociales y económicas aparecían grosso modo favorables a la libre empresa y al laissez-faire . Sin grandes diferencias de fondo entre los partidos políticos, adquiere bastante sentido la teoría según la cual la guerra fue motivada por el botín de las arcas públicas o por el status que conferían los altos cargos y, en definitiva, por la conservación de la hegemonía de cada partido. Estos hechos se conectaban directamente con el electoralismo, que caracterizó el tercer cuarto del siglo XIX, en el que se vivió en una campaña electoral casi continua. Otro rasgo paradójico de la cultura política colombiana: el ejercicio de un derecho principal en democracia como es el de elegir y ser elegido desembocaba en la guerra porque las derrotas electorales, la mayoría de las veces, no eran aceptadas de forma pacífica. De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que la Guerra de los Mil Días fue, en parte, una guerra típica del siglo XIX pues en ella intervino el enfrentamiento partidista, del tipo descrito, esto es, como el instrumento más eficaz empleado para la perpetuación en el poder de los partidos políticos. Con todo, hay otros elementos, de gran calado, que también entraron en juego en esta guerra y que tuvieron repercusión constitucional. 206 David Bushnell, op.cit ., pág. 36. 2.2.1.b.- Las amplias facultades gubernativas para limitar las libertades. La Constitución de 1886 defendida por el gobierno de Núñez y Caro ha gozado de un enorme prestigio en el país en amplios círculos no sólo políticos y jurídicos, sino también entre los historiadores. Sobre ella se ha afirmado por prominentes personajes: “La expedición de la Carta de 1886 constituye el acontecimiento político más significativo de la historia de Colombia ”. 207 Asimismo, Indalecio Liévano Aguirre -excelente historiador colombiano- sintetiza de forma ejemplar la concepción de la “venerable” Carta como causante directa de grandes bienes para los nacionales de este país: “La Constitución de 1886, fue, pues, como el cimiento fundamental sobre el cual se construyó la nacionalidad colombiana, la cual hasta la fecha de su expedición, tuvo una existencia caótica que únicamente se manifestaba por violentos balbuceos, por infructuosas tentativas de organización, siempre fallidas pero siempre costosamente cruentas. En cambio después de ella quedaron solucionados los problemas fundamentales de la Nación, y el país comenzó a vivir como un todo organizado, (…).” 208 Lamentablemente, no parece que la regulación de los derechos y libertades sea el fundamento de la estupenda reputación de la Constitución de 1886. Ciertamente , en el Título III se declaraban los “derechos civiles” y las “garantías sociales”. Es de observar que los textos de este título parecen, prima facie , inspirados en el catálogo de derechos proclamados por la Revolución Francesa. Por ejemplo, en relación con los derechos de libertad, en el 86 se prohibía la esclavitud, se consagraba el habeas corpus, el derecho al juez ordinario así como los principios de legalidad de la pena y de retroactividad de la ley penal más favorable, al tiempo que se prohibía la prisión por deudas. 209 Asimismo, se garantizaban la propiedad privada y los derechos adquiridos con justo título, la propiedad artística y literaria, el destino de las donaciones y la libre enajenación de los bienes raíces y se prohibía la pena de confiscación. 210 Respecto a la libertad de pensamiento, se prohibía 207 El que así se expresó es el expresidente Belisario Betancur, en “Hacia una biografía de la Carta de 1886”, Academia Colombiana de Historia, Complemento a la historia de Colombia. Antecedentes de la Constitución de Colombia de 1886 , Prólogo de Abel Cruz Santos, vol. III, Bogotá, PLAZA & JANES, 1988, pág. I. 208 Ibídem , pág. V. 209 Constitución de la República de Colombia, 4 de agosto de 1886, Art. 22.- “No habrá esclavos en Colombia.(…)” ; Art. 23.- “Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes. En ningún caso podrá haber detención, prisión, ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial.”; Art. 26.- “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia criminal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”; Art. 28.- “Aún en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex post-facto , sino con arreglo a la ley, orden o decreto en el que previamente se haya prohibido el hecho y determinado la pena correspondiente. (...)” 210 Ibídem , Art. 31.- “Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de 116 que las personas fueran molestadas por sus creencias religiosas, se permitía el ejercicio de todos los cultos, se garantizaba la libertad de prensa en tiempo de paz y la inviolabilidad de la correspondencia. 211 Se instauraba la libertad de ocupación u oficio y se declaraban los derechos de reunión y asociación. 212 Ahora bien, pese a estas ampulosas declaraciones, si se hace una lectura afinada de los textos se puede ver que las mismas contrastaban con las amplias facultades de limitación a las libertades que estos mismos textos constitucionales otorgaban al Gobierno. Según el Presidente Rafael Núñez los recortes a las libertades se justificaban por cuanto un ejercicio absoluto de los derechos individuales podía conducir a la guerra como había ocurrido en el siglo XIX en Colombia. Estos hechos debían tenerse en cuenta tanto para la regulación de la libertad de prensa, como para el otorgamiento de libertades políticas. Decía Núñez: “La intemperancia de la prensa puede producir -y ha producido con frecuencia- la guerra civil. (…) ni el habeas corpus -que es la prominente forma de la libertad política- ha sido, ni es, en ninguna parte, ilimitado. Él es particularmente excluido de la esfera de acción de los reglamentos de policía, de los colegios y de los cuarteles. Él, además, está sujeto a suspensión para devolver a la sociedad el orden público turbado.(…) El derecho individual está, por tanto, necesariamente subordinado al derecho social, porque es este derecho común la causa, el origen y la sanción del otro ” 213 una ley expedida por motivos de utilidad pública resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer requieren plena indemnización, con arreglo al artículo siguiente.”; Art. 32.- “En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad, en todo o en parte, sino por pena o apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificar la expropiación.”; Art. 33.- “En caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización.(…)”; Art. 34.- “No se podrá imponer pena de confiscación.”; Art. 35.- “Será protegida la propiedad literaria y artística, (…).”; Art. 36.- “El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para objetos de Beneficencia o de Instrucción pública no podrá ser variado ni modificado por el legislador.”; Art. 37.- “No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, ni obligaciones irredimibles.” 211 Ibídem , Art. 39.- “Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia”; Art. 40.- “Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.” Art. 42.- “La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.” 212 Ibídem , Art. 44.- “Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremios de maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares.”; Art. 46.- “Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas.”; Art. 47.- “Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.”; Art. 49.- “Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes por razones de utilidad común.” Pues bien, las ideas del “filósofo del Cabrero” encontraron clara expresión constitucional en las autorizaciones que, para la disminución de las libertades, se contemplaron en la Constitución de 1886. Por ejemplo, los derechos a la libertad de locomoción y a la inviolabilidad del domicilio podían ser cercenados por una simple orden de “autoridad competente”, no siendo obligatoria, por tanto, la orden de un juez. El Presidente y sus ministros tenían, por tanto, la facultad de detener, aún en tiempos de paz, a personas sospechosas -según su criterio- de perturbar el orden público. 214 Asimismo, en el artículo 27 se otorgaba al Legislador la potestad de autorizar a las autoridades administrativas y militares para imponer penas sin juicio previo. 215 Además, no se contemplaban derechos como los de asociación y manifestación ni mucho menos el derecho a la huelga. Y, si bien, se reconocía el de reunión, al mismo tiempo, se otorgaba competencia a las autoridades para disolver todo tipo de congregación que degenerara en asonada, tumulto e incluso que simplemente obstruyera las vías públicas. 216 También, se le atribuía a la ley la competencia para restringir la libertad de prensa fundándose en conceptos tan ambiguos como el “orden social” o la “tranquilidad públicas”. Otro tanto ocurría con la libertad de cultos, pues se exigía que estos no fuesen contrarios “a la moral cristiana”. La moral era un concepto que, además, podía emplearse para limitar la libre ocupación, pues los oficios debían ser “honestos” y las autoridades podían inspeccionar la “moralidad” de las empresas y profesiones. El derecho de asociación podía, en fin, ser recortado por ser “contrario a la moralidad”. 217 213 Rafael Núñez, “El Renacimiento y los derechos individuales”, en Escritos Políticos , cit., págs. 89-97. 214 Constitución de la República de Colombia, 4 de agosto de 1886, Art. 23.- “Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente , con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.(…).”; Art.26.-“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia criminal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”; Art. 28.- “Aún en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex post-facto , sino con arreglo a la ley, orden o decreto en el que previamente se haya prohibido el hecho y determinado la pena correspondiente. Esta disposición no impide que aún en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública. ” 215 Ibídem , Art. 27.- “La anterior disposición no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley: 1.º Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arresto a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo. 2.º Los jefes militares, los cuales podrán imponer pena incontinenti, para contener una insubordinación o motín militar, o para mantener el orden hallándose enfrente del enemigo. 3.º Los capitanes de buque, que tienen no estando en puerto la misma facultad para reprimir los delitos cometidos a bordo.” 216 Ibídem, Art. 46.-“Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas.” 217 Ibídem , Art. 40.-“Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.”; Art. 42.- “La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.”; Art. 44.-“Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin 118 Tampoco la otrora sacrosanta propiedad privada quedaba inmune ante la autoridad gubernamental en la Constitución del 86, pues se contemplaba la expropiación forzosa por orden de autoridad administrativa y sin previa indemnización, en caso de guerra. 218 Ni los derechos políticos se libraron de las restricciones porque se consagraba un régimen censatario respecto de los derechos de ciudadanía y de sufragio. La ciudadanía se otorgaba sólo a los colombianos varones mayores de 21 años que acreditaran medios de subsistencia quienes podrían elegir directamente concejales y diputados. Y, los ciudadanos que reunieran requisitos de instrucción o de patrimonio podrían elegir directamente representantes a la cámara y votar por los electores quienes eran los encargados de sufragar para Presidente y Vicepresidente. 219 Además, se declaraba expresamente la irresponsabilidad de los funcionarios electos respecto de las promesas hechas a sus electores . 220 Con todo, en la Constitución de 1886 se incluiría un texto mucho más peligroso que todas las anteriores excepciones: aquel en virtud del cual se restablecía la pena de muerte. necesidad de pertenecer a gremios de maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares.”; Art. 47.-“Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.”; Art. 49.-“Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes por razones de utilidad común”. 218 Ibídem , Art. 42.- “La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.”; Art. 33.- “En caso de guerra y sólo para atender el restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización (…)”. 219 Ibídem , Art. 15.- “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia”; Art. 172.-“Todos los ciudadanos eligen directamente Concejeros municipales y Diputados a las asambleas departamentales.”; Art. 173.- “Los ciudadanos que sepan leer y escribir o tengan una renta anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos, votarán para electores y elegirán directamente representante.”; Art. 174.-“Los electores votarán para Presidente y Vicepresidente de la República”. Art. 175. Los Senadores serán elegidos por las asambleas departamentales,(…)”; Art. 176.-“ Habrá un elector por cada mil individuos de población. Habrá también un elector por cada distrito cuya población no alcance a mil almas”. 220 Ibídem , Art. 179.- “El sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato ni confiere mandato al funcionario electo.” Esta disposición contrasta hoy día con los artículos de la Constitución de 1991 que regulan el voto programático y la revocatoria del mandato, así: Constitución Política de Colombia, Art. 40.- “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 4.º Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.”; Art. 259.- “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.” 2.2.1.c.- La pena de muerte. La medida más alarmante de la Constitución del 86 en materia de derechos individuales recayó sobre el derecho a la vida: la pena de muerte, que había sido abolida en la Constitución de Ríonegro de 1863, se restablecía así: “ Art.29.-Sólo impondrá el legislador la pena capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos (…): traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército.” Se abandonaba, por tanto, el principio de respeto a la vida y dignidad humanas por parte del Estado. 221 Esta decisión también fue justificada por el Presidente Núñez quien para ello acudió a la noción de “naturaleza de las cosas” en los siguientes términos: “ El restablecimiento de la pena capital –para determinados crímenes atroces- se ha verificado, no tanto por ministerio de la Constitución, sino por el curso natural de las cosas. (…) En Colombia, sin medios preventivos de alguna eficacia, y con medios represivos a todas luces insuficientes, el ensayo de la abolición ha producido los más perniciosos efectos. (…) Cuando existía pena de muerte los asesinatos eran tan raros, que ejecuciones capitales tenían carácter de acontecimiento. La abolición de la pena de muerte es sin duda un desideratum filosófico, como lo son tantas otras bellas cosas; pero no es lícito al legislador ejercitar a favor de los malos una filantropía que pone en peligro constante la vida de los buenos. El liberalismo se desacredita y provoca profundas reacciones, cuando se resuelve en amenaza de los grandes intereses sociales . ” 222 Así, mientras se expedía un nuevo código criminal, en el artículo transitorio de la Constitución del 86 clasificado con la letra J se dispuso la aplicación del Código Penal del Estado de Cundinamarca -que contemplaba la pena de muerte-, en caso de juzgar a individuos responsables de los delitos mencionados en el artículo 29 arriba reproducido. Posteriormente se expidió la Ley 19 de 1890, que sería el Código Penal de la Regeneración, y que definió los delitos señalados en la Constitución. De entre tales definiciones llama la atención por su ambigüedad, la definición del delito de “asalto en cuadrilla de malhechores” el cual implicaba la reunión de tres o más individuos para cometer de común acuerdo delitos contra las personas o las propiedades. A finales de los años veinte, la ambigüedad de este tipo penal le serviría al jefe militar de la provincia de Santa Marta para ordenar disparar a la multitud reunida en la plaza, en la conocida como “la matanza de las bananeras.” 221 Ibídem , Art. 30.-“No habrá pena de muerte por delitos políticos. La ley los definirá.” 222 Rafael Núñez, “El Renacimiento y los derechos individuales”, cit., págs. 94-95. 120 Núñez tenía, además, una preocupación especial por el delito de rebeldía. Pensaba que el rebelde no podía ser titular de derechos precisamente por haberse colocado por fuera de la Constitución: “ Para el rebelde (…) sería facilitarle el triunfo (…) el otorgarle derechos constitucionales que presuponen el respeto a la Constitución. Sería el mayor contrasentido reconocerle esos derechos (…). El rebelde no tiene, en realidad, legítimo status normal, puesto que él mismo se subleva contra el régimen que da vida a ese status. ” 223 Sin embargo, a pesar de lo que decía Núñez, para entonces el delito de rebelión como tipo privilegiado de delito político debería haber quedado amparado por lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución del 86, según el cual no habría pena de muerte para los delitos políticos. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir a partir de 1886 fue un cambio radical en relación con el status de que habían gozado los delitos políticos en el siglo XIX. En la mitad del siglo XIX, especialmente, la figura de la rebelión estuvo enmarcada en la dinámica de las guerras civiles entre liberales y conservadores. Además, en la Constitución de Rionegro de 1863 se había introducido el Derecho de gentes. Así, el rebelde era concebido a la sombra del “beligerante” figura propia de los conflictos armados entre Estados. Pero en el siglo XX comenzaron a usarse los tipos penales como el de rebelión, como marco global para criminalizar la protesta civil y la oposición política no armada. 224 De esta forma, el Estado se ha valido de la falta de claridad en la definición del status del rebelde, para perseguir como delito las acciones de protesta política o social. Así serían perseguidos los obreros socialistas en los años 20, los campesinos que emergían como nuevos actores, los indígenas que luchaban por la tierra. La estrategia del gobierno, consistente en atacar a la oposición política basándose en la ambigüedad del delito político, se manifestó muy bien en la Guerra de los Mil Días, cuando los sucesivos gobiernos de la Regeneración como el de Miguel Antonio Caro, entre otros, se negaron sistemáticamente a reconocer como beligerantes o rebeldes a los liberales que habían iniciado la revuelta, lo que permitió la ejecución sumaria de los capturados, hizo imposible los primeros acuerdos de paz propuestos por los liberales y contribuyó a la trágica prolongación de la guerra. En resumen, para Núñez el tratamiento de los problemas de orden público y de la delincuencia requerían de la reestructuración de la organización política y el fortalecimiento de la autoridad y los medios de control social. Estas reformas se concretaron en la Constitución del 86 en la cual se buscó, por lo demás, cohesionar la sociedad sobre la base de la moralidad católica. 223 Ibídem , pág. 97. 224 Alejandro David Aponte, “Delito político, estrategias de defensa jurídica, derecho penal y derechos humanos en Colombia: una reflexión crítica.”, en Pensamiento Jurídico , No. 6, Universidad Nacional de Colombia, 1996, págs. 69-92. 2.2.1.d.- La confusión de poderes entre el Estado y la Iglesia católica. En la Constitución de l886 se instauraron privilegios a favor de la religión e Iglesia católicas. En el preámbulo se volvió a la invocación de Dios como “fuente suprema de toda autoridad”. 225 Y el artículo 38 declaraba a la religión católica como “elemento esencial del orden social” así: “La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la nación : los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social.” Al mismo tiempo se otorgaba personalidad jurídica a la Iglesia católica. Pero el grado de poder que se le confirió a la Iglesia se reflejaba, ante todo, en dos aspectos: en primer lugar, en el artículo 50 se decía que las leyes determinarían lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Pero en el artículo 56 se le daba al Gobierno la facultad para celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica que definieran las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica. Lo que se tradujo en el Concordato suscrito el 31 de diciembre de 1887 en el cual se le concedió a la Iglesia católica el control del estado civil de las personas, facultad que pasaría a formar parte del sistema jurídico interno mediante la Ley 35 de 1886 -aprobatoria del Concordato-. En segundo lugar, a la Iglesia se le encargaba el deber de velar por la educación pública, previsión que armonizaba con aquellas que garantizaban la libertad de conciencia, siempre que no se “atentara” contra la “moral cristiana”. 226 De esta manera en el 86 se reinstala en la Constitución la confusión entre los poderes del Estado y de la Iglesia católica, uno de los elementos claves que intervino en la Guerra de los Mil Días y que persistirá en las guerras de los años treinta (regional ) y de los años cuarenta y cincuenta (La Violencia). Por lo demás, el papel de control social que se le otorgó a la Iglesia se manifestará claramente en las restricciones a la libertad de pensamiento y la libertad religiosa. 225 Constitución de la República de Colombia, 4 de agosto de 1886 , preámbulo: “En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad . Los delegatarios de los Estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente. Vista la aprobación que impartieron las municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 1.º de diciembre de 1885. Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos, la siguiente Constitución Política de Colombia. ” 226 Ibídem , Art. 41.- “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica.”; Art. 53.- “La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores, y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica sin necesidad de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, (…), podrá igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio que la presente Constitución le reconoce.”; Art. 56.-“El Gobierno podrá celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica a fin de arreglar las cuestiones pendientes, y definir y establecer las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica.” 128 las tendencias de la historiografía continental. Los historiadores del siglo XIX influidos por las doctrinas darwinistas y racistas europeas aceptaron directa o indirectamente la superioridad de la raza blanca. No fue por ello extraño que las contribuciones indígenas y negras a la formación nacional y la supervivencia de la población negra e indígena fueran consideradas como un handicap para el desarrollo de la civilización en sus territorios. El mito del hombre blanco llegó a estar tan arraigado en el siglo XIX que incluso el tipo español y latino llegó a ser subestimado y de esa idea se nutrió la corriente de pensamiento anti-hispanista. Unas y otras tendencias se reflejaron, igualmente, en las discusiones constitucionales colombianas. Uno de los episodios más ilustrativos sobre el alcance que tuvo la ideología de la superioridad blanca en Colombia se presentó en el curso del debate que sobre el sufragio universal tuvo lugar en el seno del Consejo Nacional de Delegatarios convocado por Rafael Núñez para discutir las bases de la Constitución de 1886 aprobadas por el Ejecutivo. En el proyecto de Constitución de Caro se establecía el sufragio universal para la formación de ciertas corporaciones públicas y las elecciones indirectas para otras (art. 163-173 del proyecto). A ello se opuso el delegatario conservador José María Samper pues, según este constituyente, las bases del derecho de elegir y ser elegido se debían radicar en la ilustración y en la raza. El discurso de Samper no deja lugar a dudas sobre el enfoque prejuicioso y discriminatorio adoptado por un destacado líder político e historiador del Derecho colombiano de finales del siglo XIX: “las leyes, y más que éstas la Constitución, que es la ley de las leyes, deben ser (…) adaptables al país en que van a regir.(…). Nuestra sociedad se compone de razas distintas (…). Tenemos, en primer lugar, el blanco de origen español, que es por naturaleza de imaginación ardiente, de temperamento nervioso, intolerante por lo mismo que es ambicioso de gloria y de mando, dado a pleitear, altivo en el poder, aristocrático y jactancioso de su origen, caballeroso y aficionado a las cosas grandes y heroicas, y muy adicto a sus tradiciones. “En contraposición tenemos al negro de origen africano, que es fuerte para el trabajo, fiel en sus afectos, fecundo para la procreación, indolente, supersticioso en religión, de instintos groseros y sin noción alguna del derecho. “Y, por último, tenemos al indio puro, con caracteres que lo distinguen notablemente de los dos tipos anteriores. El indio es paciente y pasivo, desconfiado y pérfido, frugal en la comida pero intemperante en la bebida. Reserva y disimula sus emociones y aun laborioso, como carece de imaginación, no ejercita su laboriosidad sino en aquello que necesita para poner en juego el trabajo físico y las facultades imaginativas. Puede decirse que esta raza degradada y deprimida se ha estancado y petrificado, pues el indio de hoy es el mismo que encontró Quesada en tiempo de la conquista. Incapaz de civilización, no sabe leer ni el catecismo, ni tiene conciencia de su derecho, y carece hasta del instinto más fuerte en todos los hombres, el de la curiosidad de su Dios, del cual sólo sabe que existe por que el cura se lo ha dicho. Menos tiene, ni puede tener, la curiosidad de conocer las instituciones y los intereses del país, ni sus propios derechos y deberes políticos y sociales. “De la mezcla de estas tres razas resultan otros matices, el más interesante de los cuales es el del mulato, resultado del cruzamiento del blanco y el negro. Como corre por sus venas en abundancia la rica sangre española, es inteligente, de imaginación viva e inquieta, revoltoso, audaz y altivo, ingobernable, capaz de aprenderlo todo con facilidad, pero sin seriedad en sus 243 Ibídem. propósitos. El mestizo ha dado días de gloria a la patria, tanto en la guerra de la independencia como en las luchas civiles; ha enriquecido la literatura del país con preciosas páginas, y por último, ha llegado a sentarse bajo el solio presidencial de la República. “Pero conceder el derecho de sufragio a los individuos de la segunda y tercera, que son los que forman la mayoría de Colombia, equivaldría a condenarlos desde ahora a no tener nunca un buen gobierno, serio y respetable, y a vivir en una zambra permanente.” 244 La descarnada perspectiva racista del anterior análisis de J.M. Samper no mereció, no obstante, cuestionamiento alguno por parte de los demás constituyentes y ni siquiera por parte de su mayor contradictor como lo era, a la sazón, Miguel Antonio Caro. Aunque es cierto que en estos debates Caro se opuso radicalmente a las limitaciones al sufragio derivadas de la instrucción o de la riqueza y criticó las tesis sobre las elecciones indirectas. 245 Pero, al mismo tiempo, afirmó que la universalidad del sufragio “no existe” pues en la práctica bastaba que el sufragio fuese suficientemente “amplio” para que pudiera ser considerado auténticamente “popular”. 246 Asimismo, más que un derecho, el sufragio debía ser concebido, según Caro, como una función política que el legislador confiere a quienes tengan aptitud para ejercerla. Dicha función podía ser, por tanto, restringida, aun cuando sólo por “motivos generales de aptitud y moralidad”. 247 Según la concepción de Caro, por tanto, el origen del poder no estaba en el ciudadano sino en el Estado. El sufragio no era así expresión del poder originario sino ejercicio de un mandato del Estado. En todo caso, esa variedad y riqueza étnicas -de la realidad sociológica de la nación colombiana- que se desveló en el discurso de José María Samper, con un tono francamente prejuicioso tal como se ha visto, fue eficazmente ocultada. Y las posibilidades de su expresión político-jurídica fueron restringidas mediante instituciones consagradas en la Constitución del 86 tales como los requisitos para la adquisición de la ciudadanía, el sufragio censatario y los conceptos de unidad de la nación y el centralismo político. En el título II de la Constitución del 86 se establecieron las condiciones definitorias de la nacionalidad, los requisitos para acceder a la ciudadanía y las prerrogativas y obligaciones inherentes a la calidad de ciudadano. La ciudadanía se definió -según los cánones de la ideología demo-liberal- en términos de condiciones para el ejercicio del poder. El presupuesto de la ciudadanía se radicó en la calidad de nacional colombiano. El carácter de ciudadano implicaba la pertenencia a la nación. Ella suponía la forma como el individuo se vinculaba al espacio físico y cultural colombiano. La Constitución acudió a los siguientes factores primarios: el nacimiento, el parentesco y la voluntad de pertenencia 244 Este discurso lo pronunció José María Samper, en los debates sobre el proyecto de la Constitución de 1886 en el Consejo Nacional Constituyente, sesión del día 2 de Junio de 1886. Véase Academia Colombiana de Historia, Complemento a la historia de Colombia. Antecedentes de la Constitución de Colombia de 1886 , vol. III , cit., págs. 297-298. 245 Ibídem, págs. 173-174. 246 Miguel Antonio Caro, “Sufragio”, en Obras completas. Estudios constitucionales y jurídicos, primera serie, tomo VI , cit., págs. 165-174. 130 (Art.8). La nacionalidad fue, así, el fundamento de la ciudadanía. El artículo 15 contempló los criterios para establecer la ciudadanía: el sexo, la edad y la capacidad para atender a la subsistencia material. La selección de estos criterios se enmarca también en el horizonte de la filosofía demo-liberal. Ni los menores ni las mujeres eran considerados seres con posibilidad para la razón plena, por tanto la mujer no era reconocida para la ideología liberal ni para el constituyente colombiano, como sujeto de derechos políticos ni como sujeto activo de derechos civiles. La ciudadanía se reservaba exclusivamente a los varones, quienes, al cumplir la edad fijada por la ley, podían incorporarse a la vida política. El tercer requisito de la ciudadanía era la capacidad para atender a la subsistencia y su establecimiento se inspira en el concepto del hombre en estado de naturaleza, en el cual el individuo goza de unos derechos naturales que son la libertad y la propiedad. Al pasar a la sociedad civil estos derechos deben ser protegidos por el Estado y, por tanto, el trabajo y la propiedad, que de él resulta, se convierte en factor determinante de la ciudadanía. De tal manera que, en la sociedad colombiana de 1886, esta limitación de la ciudadanía excluyó a un número considerable de la población desposeída de los medios de subsistencia. Los requisitos de la ciudadanía marginaron, primero que todo, a la mujer y luego a los desposeídos, entre los cuales se contaba la población negra e indígena que durante la colonia no pudo ser propietaria al ser esclava y con la independencia y la abolición de la esclavitud tampoco podía acceder fácilmente a la propiedad puesto que pasó a ingresar la gran masa de trabajadores que fueron explotados, más que remunerados, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. De forma que la universalidad para el ejercicio del poder, tan apreciada por Rafael Núñez, se reducía en la Constitución del 86 a los varones poseedores de recursos materiales y culturales básicos para subsistir según los parámetros de la sociedad capitalista ilustrada. 248 Por otra parte, las prerrogativas de la ciudadanía expresaron la posibilidad para ser sujeto activo en el ejercicio de los derechos políticos. El artículo 18 estableció la ciudadanía como requisito indispensable para elegir y ser elegido. En el título XVII se establecieron los alcances y limitaciones que el ciudadano colombiano tenía para el ejercicio de la función electoral. El constituyente escogió un sistema mixto: para la elección de las corporaciones públicas regionales -consejos municipales y asambleas departamentales- se estableció la elección popular directa; voto directo y calificado para elegir representantes y 247 Ibídem, pág. 167. 248 En estos aspectos se sigue de cerca el valiente y excepcional pero, al parecer, poco difundido, trabajo de la profesora colombiana de filosofía del Derecho Ligia Galvis, Filosofía de la Constitución colombiana de 1 886, Editado por Lucía Esguerra, Bogotá, 1986, págs. 177-199. Sobre esta obra, aquí se comparte la opinión de H. Valencia Villa quien la considera como un “análisis filosófico sistemático del código político de Núñez y Caro” que “pone en evidencia la racionalidad profundamente autoritaria y reaccionaria” de dicho estatuto; “uno de los pocos ejemplos de filosofía del Derecho que pueden mostrarse en nuestro medio” que presta un “señalado servicio: el de la crítica independiente y profesional. En una sociedad adocenada todavía por la retórica del reformismo normativo, dicho servicio es una tarea de salud pública”, véase Hernando Valencia Villa, “La verdad de la Constitución”, en Boletín Cultural y Bibliográfico, Número 13, Volumen XXIV, http:www.lablaa.org/blaavirtual/boleti3/bol13/verdad.htm , última visita, 13/05/2005. electores; para los cargos de Presidente, vicepresidente y senadores, se acogió el sistema de elección indirecta. El alcance del sufragio universal fue el siguiente: sufragio directo y calificado para elegir representantes a la Cámara y electores; sufragio universal indirecto para elegir los senadores y, sufragio calificado e indirecto para elegir Presidente y Vicepresidente. Así, la forma de elección de las máximas autoridades del país constituyó una limitación de gran importancia para el ejercicio de la democracia. En efecto, los miembros de las asambleas electorales y los representantes a la Cámara debían ser elegidos por los ciudadanos que supieran leer y escribir y que tuvieran rentas y propiedades inmuebles. El Presidente de la República y el vicepresidente eran elegidos por las asambleas electorales. En esta forma de participación del individuo la elección de sus autoridades más representativas quedaba reducida a la minoría ilustrada poseedora de los medios de producción quienes, por lo demás, eran mayoritariamente criollos de piel blanca. Este sistema significó, para la sociedad colombiana tal como estaba conformada en 1886, la negación de la esencia del espíritu liberal, por cuanto la garantía de su participación quedó restringida a aquellos grupos que podían acceder a la educación y a las fuentes de subsistencia emanada del trabajo o de las rentas, población que no comprendía ni a negros ni a indígenas. En ese momento el pueblo colombiano tenía pocas posibilidades para la cultura, por carencia de recursos e inexistencia de escuelas y de centros de instrucción suficientes. 249 Finalmente, el constituyente de 1886 estableció clara y expresamente en el artículo 179 que el sufragio se ejercería como función constitucional. En consecuencia, los que elegían no imponían obligaciones al elegido ni le conferían mandato alguno. El ciudadano participaba en calidad de funcionario elector cuya misión terminaba con el depósito del sufragio en las urnas con lo cual se concluía igualmente la participación del individuo en el manejo del Estado. Con la consideración del sufragio como función se eliminó, por ende, la naturaleza democrática de las instituciones. Por tanto, en cuanto al sufragio, la Constitución del 86 no participó –realmente- de las características del racionalismo demo- liberal puesto que en ella estuvo ausente la idea central de la doctrina liberal ortodoxa, según la cual, cogito ergo sum , privilegio depositario de la autonomía, la responsabilidad y la libertad. 250 Por otra parte, el aspecto político de la nación fue el centro de la controversia constitucional que enmarcó la Constitución de 1886 y se concretó en la polémica entre los partidarios del centralismo y los defensores de la continuidad del federalismo. Finalmente se impuso la modalidad sugerida por el Presidente Núñez del centralismo político y la descentralización administrativa. El Regenerador defendía la necesidad de reconstruir la unidad de la nación como único medio para eliminar las colisiones entre los Estados y la 249 Ligia Galvis, op.cit. , págs. 177-199 . 250 Ibídem. 132 inestabilidad de la administración pública. Y su defensa encontró respuesta en el artículo primero de la Constitución en el cual se reconstruye la unidad nacional bajo la forma de república unitaria. Así lo expresó Núñez en los debates del Consejo Nacional Constituyente: “La proclamación de la soberanía nacional es la primera muestra de la resurrección de este cuerpo político que se llama Patria. Ya no hay república disminuida; ya no hay soberanos coexistentes; la nación es una y una es la autoridad ”. 251 En consecuencia, la proclamación de la soberanía nacional que contempló el artículo 2 de la Constitución del 86 fue ante todo expresión de negación del federalismo y la definición del nuevo régimen, en el cual, el Estado federal cede su independencia al Estado centralizado; las entidades territoriales autónomas desaparecen y se consagra la unidad política. De forma que, la definición de nación involucró la de soberanía y la unificación del país a través de la centralización del poder. Y se desplegó en tres aspectos: la división territorial, la conformación de las entidades de carácter administrativo, y la expresión del interés general que debía ser protegido por el Estado. Estos aspectos fueron definidos en el título primero –la nación y el territorio-, en el título XVII –de la administración departamental y municipal- y en el título XIV sobre el Ministerio Público. La centralización política no excluía, en la formulación de Núñez, la descentralización en la administración. Dicha descentralización se fundamentaba en la división general del territorio en unidades regionales y municipales, a través de las cuales se debía llevar la gestión gubernativa. Además de que permitía aglutinar la población en unidades sociológicas simples. Los departamentos, las entidades territoriales y los municipios se organizarían según el modelo de la administración central. Los gobernadores, comisarios y alcaldes serían agentes del Presidente. Las asambleas departamentales y los concejos municipales serían corporaciones administrativas aunque elegidas por el voto de los ciudadanos. La descentralización administrativa significaba, por tanto, la subordinación de los gobernadores y alcaldes al poder central y la eliminación del poder legislador que anteriormente poseían los Estados. El carácter administrativo de las asambleas y consejos municipales contribuyó fuertemente, a la postre, a la pérdida de la identidad regional y al perecimiento de la creatividad regional y municipal. En la Constitución de 1886 se traicionó –igualmente- el concepto liberal clásico de soberanía, según el cual, la soberanía es del pueblo en virtud del poder que el individuo transfiere a la comunidad. El individuo es el soberano originario porque él es la presencia real de la autonomía y de la capacidad y vocación para el poder. Por tanto en la ideología demo-liberal no es la nación, es el pueblo o la sociedad civil , a quien el individuo delega su poder, el depositario del poder general, y, por consiguiente, es él quien se erige en voluntad soberana. Pero en la Constitución del 86 251 Diario Oficial, Relación de debates del Consejo Nacional de Delegatarios , Imprenta Nacional, año XXII, Bogotá, Junio 3 de 1886, págs. 545-546. la soberanía está determinada por tres factores: primero, el tránsito del federalismo al centralismo: segundo, el individuo y su relación con la estructura general de la Constitución y la soberanía; tercero, la divinidad como factor de poder político, tal como aparece en el preámbulo, en el artículo 38 y en el título IV. Los fundamentos de la Constitución del 86 parten de la necesidad de anteponer dos entidades de poder por encima de la soberanía individual y popular: el poder de la divinidad reconocida como origen y fundamento de toda existencia, y el poder del Estado, único depositario de la potestad temporal. Por eso la conciencia religiosa se impone como el referente apodíctico de todo poder. 252 El mensaje de Miguel Antonio Caro a Ezequiel Rojas en su epístola del 31 de julio de 1868 es fiel testigo de esta concepción: “ Todo legislador justo empieza a ejercer su poder en nombre de Dios, es decir, en cumplimiento de una ley ya existente; desenvuelve sus ideas organizadoras a la luz de los principios de orden y del bien general, es decir, a la luz de una razón ya existente; y en fin, limita su poder allí donde le detiene el ejercicio de los derechos individuales, derechos ya existentes; Dios le da el poder, le guía y pone límites. ” 253 De otro lado, los textos de la Constitución de 1886 a que se ha hecho referencia hicieron parte fundamental del proyecto –más amplio- de la Regeneración realizado durante el gobierno Núñez y Caro, el cual, en términos culturales significó el establecimiento de unos principios, determinados por la Iglesia católica, para el diseño de mecanismos que, por una parte, restringieran la circulación de ideas incorrectas e inmorales y, por la otra, fortalecieran el hispanismo como guía para la reflexión sobre la identidad nacional. 254 Estos mecanismos fueron la ley de prensa que estableció la censura, la inspección eclesiástica de los periódicos liberales, los reglamentos de los colegios, el control sobre los textos escolares, etc.. El hispanismo de la Regeneración se esbozó como oposición a la “visión afrancesada del liberalismo radical” y como conservación de un tejido colonial en la que se encontraban los fundamentos de la nación: la religión, el idioma, la raza, etc. Con el ascenso conservador al poder, se produjo tanto un rechazo a la producción intelectual liberal, socialista y radical como un apego al sector recalcitrante de la Iglesia. 255 El hispanismo, de la forma como fue oficialmente invocada, fue el instrumento de rechazo a lo nuevo, a lo liberal o lo radical y una propuesta que estaba vinculada a formas de control social. Desde la Regeneración y durante la Hegemonía Conservadora se hicieron frecuentes las actividades que giraban en torno a la exaltación del nexo histórico con España. Uno de los acontecimientos más importantes fue la conmemoración del IV centenario de la llegada de los españoles a América, momento en el cual se inauguró el teatro Colón y se realizaron una serie de actos políticos y culturales. La Academia 252 Ligia Galvis, op.cit., págs. 177-199. 253 Ibídem. 254 Miguel A. Urrego, op.cit., págs. 46-63. 134 Colombiana de Historia se creó bajo la Hegemonía Conservadora y el pasado colonial fue un tema privilegiado. Los actos de celebración se caracterizaron por ser actividades apologéticas que resaltaban la importancia de la tradición, el idioma y, por supuesto, la religión, dentro de una evidente felicidad por hacer parte de una raza de origen español. Asimismo, el resurgir del hispanismo coincidió, paradójicamente, con la coyuntura de consolidación de las burguesías y con una época en la que el continente estaba siendo removida por el positivismo. Ello fue posible porque los ideólogos de la Regeneración no estuvieron vinculados plenamente con la imagen de progreso de los positivistas. El positivismo en Colombia no se expresó en la incorporación de los científicos al Estado ni en la apología de la ciencia experimental ni en la lucha contra la escolástica o el rechazo a la presencia de la Iglesia en la educación, cosa que sí se presentó, por ejemplo, en países como México. Por el contrario, la moral fue el valor central considerado como la esencia que permitía la vigencia de la nación. 256 Este pensamiento fue crucial en la Guerra de los Mil Días, ya que el partido conservador y la Iglesia insistieron, a lo largo del siglo XIX, en que los liberales radicales empleaban las bajas pasiones del pueblo para el logro de sus fines e igual cosa hacían los enemigos de la religión. Esta idea se mantendría a lo largo del siglo XX. 257 Para impedir la disolución de la nación por medio de la corrupción de las costumbres y la cultura se elevó a la categoría de incuestionable a un tipo específico de intelectual: el conservador católico. De forma que el proceso de constitución del Estado nacional en Colombia se caracterizó, además de la ya mencionada centralidad de la Iglesia en la concepción del orden social y político, por una reacción clasista y racista de lo popular, y por la consolidación del “cachaco” (conservador, católico y de origen Bogotano) como prototipo nacional. 258 Por tanto, la pregunta por el origen no generó el tipo de reflexiones filosóficas o literarias que se presentaron en países como México o Puerto Rico. Esta particularidad de la historia cultural colombiana es el resultado del largo período de dominación conservadora y de la manera como se resolvieron las contradicciones entre el bipartidismo colombiano: por medio de la guerra. Una guerra, que a diferencia del caso mexicano, no generó un bando vencedor ni ha dado lugar a una depuración que hubiera permitido crear las condiciones para una reconstitución simbólica de la nación. La toma de Panamá, por ejemplo, al final de la Guerra de los Mil Días, no generó ninguna reacción gubernamental que se pueda resaltar, tampoco se movilizó la población contra el golpe imperialista. Pero, además, la ausencia de reflexión continua sobre la identidad nacional, fue expresión de la fragilidad intelectual para generar mitos de integración. Los intelectuales colombianos eran 255 Ibídem. 256 Mi guel Ant onio Ca ro, “ Reli gión y p oesí a”, e n Obras completas , vol. III, Bogotá, Imprenta Nacional, 1945, pág. 307. 257 Ibídem. orgánicos, militantes del partido liberal o conservador, y trabajaban en las tareas que les asignaba la militancia, y no respondieron a la coyuntura regional. Esta situación se debió a que el factor religioso fue suficiente para entender la existencia de la nación. Además, en este período, bastó con resaltar el nexo cultural con España y cultivar las formas consagradas para realizar la esencia nacional y el encuentro y fortalecimiento de las raíces. Así, lo predominante a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue la preocupación por la herencia hispánica y, además, por el fortalecimiento de la idea de la capital del Estado central, Bogotá, como una ciudad cultivada. Y en el fondo de esa preocupación por mantener las formas establecidas, la pureza del lenguaje y la búsqueda de inspiración y orientación en los pensadores españoles, del tipo de Menédez y Pelayo, estaba la concepción de la pertenencia a la raza española como definitoria de la nación. Además, en el proyecto de la Regeneración la nación se concibe exclusivamente para el centro, para el altiplano “cundiboyacense” que era católico y conservador. El centralismo fue, por tanto, político y cultural. Con el poder concentrado en Bogotá, le fue más fácil al gobierno reproducir en el terreno cultural un mito que no tenía ninguna posibilidad de contribuir a la integración de la nación: el de Bogotá como la Atenas suramericana, el cual se fundaba en otra ficción: el “cachaco” bogotano como la encarnación en un tipo regional de la esencia nacional. En el caso colombiano, a diferencia de otros países en los que, por ejemplo, se rescató el pasado indígena y se articuló a mitos fundacionales de la nación, no se elaboró una reflexión filosófica o política ni se recreó simbólicamente la nación, simplemente se recurrió a una imagen (la tradición hispánica y el bogotano) que expresaba los valores de una elite y que dejaba por fuera una gran parte de la cultura real del país. Las virtudes del bogotano fueron exaltadas permanentemente, su dominio del lenguaje, su cultura, refinamiento y virtudes morales. La circulación de este tipo de prejuicios iba asociada con campañas del gobierno para el mejoramiento de la raza. Así hicieron carrera figuraciones de carácter discriminatorio como la pretendida debilidad cultural, social y política de las comunidades prehispánicas. Se afirmaba que Colombia tenía pocas posibilidades de llegar a ser una nación civilizada debido a la mezcla de razas y a las condiciones climáticas y geográficas. 259 Por ende, lo característico en la Colombia de los años que precedieron inmediatamente a la Guerra de los Mil Días fue un discurso político, jurídico y cultural fundado en la exclusión: mientras el liberalismo es un pecado y lo mestizo, indio y negro es inferior, el conservatismo, la moral católica y la pureza de la raza es lo que puede salvar al país. Un discurso como éste fue fomentado e implementado de manera férrea desde el gobierno durante los años de la llamada “Hegemonía Conservadora” y puede contribuir a explicar el hecho de que las contradicciones se comenzaran a resolver por el uso de la violencia. 258 Miguel A. Urrego, op.cit ., págs. 46-63. 259 Ibídem , págs. 58-76. 136 Verdaderamente, en Colombia uno de los caminos escogidos para la conquista de la autonomía fue la disidencia política en cuyos inicios se constató también el carácter resquebrajado de la nación. Porque la guerra comenzó como un enfrentamiento entre las clases altas con exclusión de las clases populares. El rasgo clasista de la oposición liberal estuvo presente, incluso, en el pensamiento del mítico Rafael Uribe Uribe-máximo conductor liberal de la Guerra de los Mil Días- para quien el conflicto colombiano se debía exclusivamente a la confrontación de dos estereotipos sociales, a saber, por un lado, los nobles hacendados cafeteros –del cual él hacía parte- que eran hombres virtuosos y trabajadores que contribuían al progreso mediante el desarrollo de la agricultura de exportación y, por el otro, los hacendados señoriales de las mesetas frías, herederos de su riqueza, así como los tipos de las ciudades que vivían de la intriga y de las transacciones deshonestas. Para el caudillo liberal la solución de los males estaba en un gobierno que se compusiera de hombres del grupo social al cual él pertenecía . 260 En definitiva, los textos de la Constitución del 86 estuvieron lejos de consagrar el principio de igualdad ante la ley que impide la discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión política u origen. Si bien, en el artículo 19 se dispuso que las autoridades de la república eran instituidas para la protección de todas las personas residentes en el país, y que en el artículo 22 se abolió formalmente la esclavitud, en otra serie de disposiciones dispersas se consagraron instituciones que posibilitaban formas discriminación o exclusión. Estas medidas normativas hicieron parte de la política gubernamental de promoción del hispanismo como señal de superioridad social y racial que contribuyó decisivamente a la fractura social originaria que intervino en la Guerra de los Mil Días: aunque los líderes liberales que lideraron la guerra, pertenecían a las elites, ellos fueron hábilmente señalados por el gobierno de Núñez y Caro como parte de esos sectores inferiores y excluidos de la sociedad que eran los pecadores, indios, mestizos y negros. Las graves limitaciones a los derechos de libertad y la promoción oficial de prejuicios racistas que favorecieron el origen profundamente fraccionado de la nación no fueron, con todo, los únicos elementos que entraron en juego en esta guerra. Un destacado papel en el 260 Rafael Uribe Uribe, uno de los grandes mártires del partido liberal colombiano. Nacido en una familia de hacendados liberales del sur de Antioquia. En 1885 sirvió como Coronel en el malogrado ejército revolucionario. Enfrentado a la insubordinación no dudó en disparar al cabecilla de los amotinados por lo que fue encarcelado por el gobierno conservador victorioso. Antes de la guerra de 1885 había ejercido Derecho en Medellín y enseñado Leyes y Economía Política en la Universidad de Antioquia. En 1884 fundó y dirigió El Trabajo , un periódico dedicado a la propagación de información industrial y agrícola que fue cerrado por razones políticas por el gobernador de Antioquia. La más notable de sus empresas privadas fue su hacienda cafetera “Gualanday” avaluada en 80.000 pesos en 1897. A comienzos de la década de 1890 Uribe Uribe se trasladó a Bogotá donde desempeñó un papel activo en el liberalismo y trabajó como administrador de las grandes propiedades cafeteras cundinamarquesas. En Bogotá redactó el Memorial enviado al Congreso contra el impuesto a la exportación de café. Cuando estalló la revuelta de 1895 Uribe Uribe asumió un importante papel en la campaña militar de Cundinamarca. Estuvo preso en Cartagena después de la derrota de los liberales en 1895. Salió de la cárcel convertido en héroe de su partido y en 1896 fue elegido al Congreso donde se convirtió en el principal vocero de desarrollo de la misma debe otorgarse a otra institución característica del constitucionalismo de este país, el presidencialismo reforzado. 2.2.1.g.- La inobservancia efectiva del principio de separación de poderes: el presidencialismo extremado . El principio de la separación de poderes fue conservado sólo formalmente en la Constitución de 1886. El Congreso sería bicameral compuesto por el senado, que se integraría por tres miembros de cada departamento elegidos por las asambleas seccionales, y por la cámara de representantes de elección popular. Para la elección del Presidente de la República se establecía un sistema de sufragio indirecto y restringido, según el cual, únicamente los electores miembros de las asambleas electorales podían votar. 261 Por su parte, la rama jurisdiccional se encabezaba por la Corte Suprema de Justicia, conformada por magistrados vitalicios escogidos por el Presidente de la República, al igual que los magistrados de los Tribunales Superiores. 262 En realidad las facultades presidenciales habían sido sólidamente endurecidas en desmedro del Parlamento, puesto que además de que en el Presidente se reunían las competencias de Jefe del Estado y de Gobierno, se le otorgaron otra serie de facultades que lo colocaban en una posición muy por encima de los restantes poderes públicos. Así, el período presidencial se extendía considerablemente a 6 años, los funcionarios con jurisdicción y mando, tales como ministros y gobernadores, eran de libre la oposición. A fines de 1898 pronunció un dramático discurso que lo lanzó a la jefatura de la facción belicista del partido liberal. Cfr. Charles Bergquist, op.cit ., págs. 61 y 93. 261 Constitución de la República de Colombia, 4 de agosto de 1886 , Art. 174.- “Los electores votarán para Presidente y Vicepresidente de la República.”; Art. 176.-“Habrá un elector por cada mil individuos de población. Habrá también un elector por cada distrito cuya población no alcance las mil almas.”; Art. 177.- “Las asambleas electorales se renovarán para cada elección presidencial, y los individuos que fueren declarados miembros legítimos de tales asambleas no podrán ser separados del ejercicio de sus funciones sino por fallo judicial (…)”; Art. 114.- “El Presidente de la República será elegido por las Asambleas electorales, en un mismo día, y en la forma que determine la ley, para un período de seis años.” 262 Ibídem , Art. 60.- “Ejercen el poder judicial la Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito, y demás tribunales y juzgados que establezca la ley, (…)”; Art. 119.- “Corresponde al Presidente de la República, en relación con el Poder Judicial. 1º.-Nombrar los magistrados de la Corte Suprema; 2º.-Nombrar los magistrados de los Tribunales Superiores, de ternas que presente la Corte Suprema; 3º.- Nombrar y remover los funcionarios del Ministerio Público (…)”; Art. 151.- “Son atribuciones de la Corte Suprema: 1.ª- Conocer de los recursos de casación (…); 3.ª- Dirimir las competencias que se susciten entre dos o más tribunales de distrito; 2.ª- Conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la nación o que constituyan litigio entre dos o más departamentos. 4.ª- Decidir definitivamente sobre la exequibilidad [constitucionalidad] de actos legislativos que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales; 5.ª- Decidir (…), sobre la validez o nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieren sido suspendidas por el gobierno o denunciadas ante los tribunales por los interesados como lesivas de derechos civiles ; 6.ª- Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren sido acusados ante el Senado (…) conforme al artículo 97; 7.ª- Conocer de las causas que (…) se promuevan contra los agentes diplomáticos y consulares de la república, los Gobernadores, los magistrados de los tribunales de justicia, los comandantes o generales en jefe de las fuerzas nacionales y los jefes superiores de las oficinas principales de Hacienda de la nación: 8.ª- Conocer de 144 III. REPERCUSIONES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 3.1.- Impacto de la I Guerra Mundial en la cultura jurídica occidental 3.2. Resonancias de la Primera Guerra Mundial en Colombia . 3.2.a.- Implicaciones políticas y geopolíticas 3.2.b.- Alcances económicos 3.2.c.- La revolución mundial y la huelga en las compañías bananeras Excursus: “La masacre de las bananeras” 146 3.- REPERCUSIONES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 3.1.- Impacto de la I Guerra Mundial en la cultura jurídica occidental . El corolario más visible de la Primera Guerra Mundial en la civilización occidental y en el ámbito del Derecho fue la promoción de las instituciones internacionales generales y comunes que hasta entonces habían sufrido un ambiente hostil. En efecto, hasta antes de la Gran Guerra los Estados eran reacios a aceptar la existencia de una organización y jurisdicción con autoridad superior. En la práctica funcionaban los tratados multilaterales que se contraponían entre sí en la medida en que se extendía su aplicación en aras de los intereses particulares y de cláusulas secretas. Un estado de cosas tal fue especialmente conflictivo en materia de ambición y competencia colonial y desembocó en una guerra generalizada. La Primera Guerra Mundial, desde este punto de vista, se vio favorecida por la situación en que se encontraba el Derecho Internacional, de su existencia precaria y de su cuestionamiento por la sociedad internacional. Pero, asimismo, la tragedia de la guerra hizo comprender que la confianza exclusiva del Derecho en el Estado comportaba en definitiva una pérdida del Derecho mismo. 273 De forma que, la repercusión más evidente de la I Guerra Mundial en el Derecho Internacional del siglo XX fue la firma de los tratados entre los países vencedores y las naciones derrotadas. De entre ellos se destacó la Resolución de la Conferencia de París sobre la creación de la Sociedad de Naciones y el Pacto de la Sociedad de Naciones para impedir una nueva guerra mundial promocionado por Thomas W. Wilson (1856-19249) Presidente de los Estados Unidos reelegido en 1916. Se trató de una asociación de Estados independientes (originariamente 45 países ) con la cual se buscaba la seguridad colectiva que garantizara la integridad de todos los Estados, el arbitraje de los conflictos internacionales mediante negociaciones públicas pues se rechazó la práctica de negociaciones de “diplomacia secreta” y el desarme. Dicho Pacto se anexó como parte integral de los diferentes tratados de paz y entró en vigor cuando se firmó el Tratado de Versalles. 274 El 18 de enero de 1919 los representantes de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial se reunieron en la denominada Conferencia de París, bajo la dirección del Comité de los cuatro: el presidente estadounidense Wilson, el premier británico Lloyd George, el primer ministro francés Clemenceau y Orlando, el jefe del ejecutivo italiano. Los representantes de los derrotados no fueron invitados a la Conferencia de Paz, por tanto, los 273 Bartolomé Clavero, Diritto della Società Internazionale , Milano, Jaka Book, 1995, pág. 37. 148 acuerdos negociados entre los vencedores se concretaron en diversos tratados de paz que les fueron presentados a los vencidos como hechos consumados. Alemania fue declarada responsable del conflicto lo que le significó importantes pérdidas territoriales y enormes reparaciones de guerra que se concretaron en el Tratado de Versalles firmado por los representantes de la recién constituida República de Weimar el 28 de junio de 1919. Por su parte el presidente Wilson de los Estados Unidos había logrado que la Conferencia de París aprobara la creación de una Sociedad de Naciones con el objetivo de mantener la paz y proteger a los pequeños países ante las grandes potencias. No obstante, el “principio de seguridad colectiva” que comprometía a los Estados Unidos y demás países en la defensa de la seguridad de todos los miembros de la Sociedad y que fue impulsado por el demócrata Wilson no fue aceptado por el Senado de los Estados Unidos. Finalmente Wilson fue derrotado en las elecciones de 1920 y con el triunfo del republicano Harding triunfó también la oposición a la ratificación de los Tratados de Paz y del Pacto de la Sociedad de las Naciones. A la negativa de los Estados Unidos se sumó la prohibición de ingreso a otra gran potencia como era la URSS que fue aceptada en 1924 sólo para ser expulsada de nuevo en 1939. Posteriormente se retiraría Alemania después del ascenso de Hitler al poder y Japón en 1933 y finalmente Italia en 1936. De esta manera se hizo patente la debilidad de la Sociedad de las Naciones que desde sus comienzos estuvo lejos de contar con la suficiente fortaleza política y militar para garantizar la paz entre unos estados en los que permanecía inalterada la ambición de hegemonía mundial . Las condiciones de paz impuestas por las potencias sobrevivientes, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia consagrada en varios tratados respondieron a cinco consideraciones principales: Primero, el control del régimen bolchevique revolucionario de Rusia dedicado a la subversión universal. Segundo, el control de Alemania. Tercero, reestructurar el mapa de Europa para debilitar a Alemania y para llenar el vacío dejado por el hundimiento de los imperios ruso, austrohúngaro y turco. El Presidente Wilson, defendió, en relación con la reestructuración del mapa, el principio de crear Estados nacionales étnico-lingüísticos , experiencia que resultó desastrosa como lo atestiguan los conflictos nacionales del continente en los años noventa. El Próximo Oriente se reorganizó con criterios imperialistas, se repartió entre Gran Bretaña y Francia, excepto en el caso de Palestina, donde el gobierno británico había prometido establecer una patria nacional para los judíos, esta sería otra secuela gravemente problemática de la Primera Guerra Mundial. 275 Colombia fue país invitado a acceder al Pacto de la Sociedad de Naciones e ingresó efectivamente el 10 de enero 1920. En ella desempeñó un papel destacado el delegado 274 Eric Hobsbawm, op.cit ., págs. 39-40. 275 Ibídem. Alfonso López Pumarejo – quien sucedería en la Presidencia de la República a Enrique Olaya Herrera y conduciría la llamada “Revolución en Marcha” a partir de 1934- cuando la Sociedad de las Naciones, frente al desequilibrio mundial provocado por la I Guerra Mundial, consideró que la grave situación económica conllevaba serios peligros para la paz mundial e intentó diversas soluciones que evitaran la quiebra y la disolución de los países pobres latinoamericanos y africanos. 3.2. Resonancias de la Primera Guerra Mundial en Colombia. Si bien es cierto que la alineación en las guerras mundiales de un pequeño país, como lo era Colombia a principios del siglo XX, solamente podía tener un carácter simbólico en un ámbito internacional controlado por grandes potencias, las dos grandes conflagraciones internacionales con sus consecuencias geopolíticas y económicas conllevaron fuertes impactos a nivel interno. 3.2.a- Implicaciones políticas y geopolíticas. En materia política la Primera Guerra Mundial solamente preocupó a los líderes del país cuando los Estados Unidos intervinieron con la declaratoria de guerra a Alemania en 1917. Dada la proximidad del país de norte, Colombia debía adoptar una posición oficial que, sin embargo, no se presentaba inicialmente como evidente a favor de los Aliados debido a la situación específica de las relaciones entre Colombia y los americanos. En efecto, cuando sobrevino la Primera Guerra Mundial estaba todavía muy reciente la experiencia de la intervención abusiva de los Estados Unidos en la Guerra de los Mil Días e incluso se estaba negociando la indemnización a favor de Colombia por la separación del departamento de Panamá. 276 En estos años gobernaba el país el Presidente conservador José Vicente Concha (1914-1918) a quien le correspondía resolver sobre la alineación colombiana en la guerra pero quien finalmente no adoptó ninguna decisión y se dedicó, de un lado, a solventar la crisis por el asesinato de ex general de la Guerra de los Mil Días, Rafael Uribe Uribe, y del otro a solucionar exclusivamente los problemas económicos surgidos como consecuencia de la Gran Guerra. En relación con el asesinato de Uribe Uribe es preciso tener en cuenta que el legendario general después del fin de la guerra empezó a defender unas ideas familiarizadas con el socialismo de Estado y tales pensamientos provocaban desde entonces mucho temor en todos los sectores de la clerical sociedad colombiana. Uribe Uribe había regresado de las misiones diplomáticas encargadas durante la Presidencia del general Rafael Reyes y fundó 276 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934 , tomo II, cit, pág. 17. 150 un partido político denominado “Bloquismo”, pero entre los liberales se le achacaba desde la pérdida de la guerra hasta el sostenimiento de la dictadura de Rafael Reyes. Y se desató un ambiente profundamente hostil contra su persona tanto en la prensa conservadora como en la republicana y la liberal radical. El asesinato fue cometido el 15 de octubre de 1914 y los autores materiales del crimen fueron dos humildes artesanos que confesaron haber culpado al general de la dificultad para encontrar trabajo porque “solamente los de su partido político” eran los que empleaba el gobierno. Asimismo, manifestaron que Uribe sólo ocupaba a los obreros y al pueblo “cuando había una guerra” pues ellos no eran para él “sino carne de cañón”. La autoría intelectual de este crimen fue muy discutida y, como sucedería posteriormente con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán a finales de los años cuarenta, en el seno del partido liberal se responsabilizó a los conservadores mientras que, por el otro lado, se intentó hacer pasar a los asesinos como liberales a pesar de que había constancia de su afiliación al conservatismo. En todo caso, nunca se comprobó la existencia de autores intelectuales pues los que le dieron muerte en ningún tiempo confesaron haber tenido algún cómplice. 277 El Presidente Concha se concentró, por otra parte, en conjurar la crisis fiscal que se avecinaba con motivo de la guerra europea y por esta razón tomó medidas como la reducción de los sueldos y subvenciones así como la supresión de empleos públicos. Sin embargo, su gobierno no consideró siquiera la necesidad de hacer un pronunciamiento sobre la guerra. Ahora bien, en el seno de los partidos políticos y en la prensa escrita si se discutió el asunto. Hubo quienes llamaron la atención sobre las consecuencias económicas por la posible restricción de los créditos abiertos en los Estados Unidos. Otros analizaron las diversas alternativas posibles: la alianza con Alemania era descartada porque los puertos y ciudades colombianas podrían ser atacados y arrasados por los Estados Unidos, pero la alineación con estos últimos tampoco parecía posible por el mencionado incidente diplomático de la separación de Panamá. Se concluía entonces que la conducta más indicada era la neutralidad pese a la debilidad del país para mantenerse en esta posición. En todo caso, entre los liberales colombianos pesaba mucho la desconfianza hacia los Estados Unidos debido a que el Senado norteamericano no había aprobado aún el Tratado de 6 de abril de 1914 que finalizaba el conflicto sobre Panamá pues con los intereses petroleros de por medio se quería sacar partido de la cuestión pendiente con Colombia. El líder liberal Enrique Olaya Herrera, quien sería Presidente de la República en 1930, consideró entonces deshonroso para el país la propuesta que hizo Bolivia en ese momento para que, en una Conferencia Panamericana, se adoptara una política de defensa común respecto de los 277 Manuel Arteaga y Jaime Arteaga, Historia Política de Colombia , II, Bogotá, Intermedio, 1993, págs. 522- 526. alemanes a cuya cabeza estarían los Estados Unidos. Los liberales en la oposición exigían al gobierno conservador que no cediera ante las presiones de los norteamericanos para que Colombia participara en la guerra. Olaya Herrera expresó sus temores con gran clarividencia: una vez finalizada la Gran Guerra era muy dudoso que quedara como lección “el respeto hacia el derecho de los débiles”, por el contrario, una vez terminado el conflicto europeo se desencadenarían nuevos conflictos que teñirían “de sangre los mares asiáticos y americanos así en el Atlántico como en el Pacífico” y los Estados Unidos “libres de toda traba, sin el menor peso moral que los detenga” pondrían “su mano de usurpador, según el consejo de Rooselvet, [Teodoro] sobre los territorios cuya apropiación les señale su conveniencia.” 278 No obstante, la posición de Olaya Herrera respecto de los Estados Unidos cambiaría significativamente en los años treinta cuando, después de haber desempeñado en ese país funciones diplomáticas, y una vez elegido Presidente de la República, se convertiría en un aliado declarado de los norteamericanos. En cambio, una posición muy decidida desde el principio a favor de los Aliados fue la de los llamados Autonomistas antioqueños pues para ellos la amenaza pangermanista de dominación universal ponía en peligro el principio de las nacionalidades. En El Correo Liberal de Medellín, que era el periódico de los Autonomistas, se declaró que era tiempo de dar por terminadas las recriminaciones a los norteamericanos pues, con el Presidente Wilson, la política internacional de su país había alcanzado una dimensión idealista que era la predominante. Por lo tanto, cuando se inició la presidencia de Marco Fidel Suárez (1918-1922) se esperó que el gobierno abandonara la neutralidad y la política oficial del país en esta primera guerra fue orientada por el partido conservador. Los liberales se pronunciaron de forma clara a favor de los Aliados y en la prensa liberal y republicana e incluso en un periódico conservador, El Nuevo Tiempo , se hacían frecuentes declaraciones de apoyo a Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Al final de la guerra, los liberales reprocharon al gobierno conservador no haber preparado al país para la paz y hacían énfasis en la carencia de incentivos para traer el capital y el trabajo extranjeros. El año de 1918 fue trascendental pues con la terminación de la guerra mundial comenzó la inserción de Colombia en la órbita norteamericana y el tránsito del país agrícola al país industrial. El momento era difícil porque con la conflagración mundial se había dislocado el comercio exterior por la parálisis de las importaciones y exportaciones con lo que se trastornó la organización fiscal. 279 Por otra parte, hay dos grandes consecuencias de la Gran Guerra que es preciso tener especialmente en cuenta por su repercusión en Colombia: la primera en el tiempo fue la revolución como constante mundial en la historia del siglo y, de manera particular, la 278 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934 , tomo II, cit., pág. 18. 279 Ibídem, págs. 19-22. 152 revolución rusa de 1917 y, la segunda, sería la crisis económica mundial y la Gran Depresión. Aunque tal vez sea mejor empezar por referirse a estos últimos aspectos. 3.2.b.- Alcances económicos de la guerra y de la Gran Depresión . Durante los años en los que el Occidente desarrollado permaneció en guerra el más evidente efecto económico en Colombia fue la aceleración del crecimiento económico y el avance de la industria que ya se había iniciado. Este fenómeno se debió a la disminución de las importaciones provenientes de Europa y a una mayor protección de la industria nacional. Puesto que, como no llegaban géneros de fuera, los industriales del país se intensificaron su trabajo para atender la demanda interna. Así, capitales que antes se dirigían al comercio exterior tomaron el camino de la industria: por ejemplo, la inversión en industria textil al empezar la guerra era aproximadamente de tres millones y en 1920 era de 10 millones de pesos. No obstante, en la industrialización también intervino decididamente el fortalecimiento del Estado, el surgimiento de un banca nacional como palanca de apoyo al proceso exportador y a la acumulación privada de capitales, así como la diferenciación social con el surgimiento de comerciantes, capitalistas, trabajadores asalariados y capas medias y la división del trabajo a nivel internacional y nacional. 280 En efecto, entre el fin de la Guerra de los Mil días (1902) y el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1912) se emprendió el desarrollo económico para superar medio siglo de guerras civiles, con la idea de que “el progreso traería la libertad.” Así, los gobiernos posteriores a la Guerra de los Mil Días se comprometieron a no recurrir a la violencia. 281 La expansión de la economía se fundó en dos actividades principales, la producción cafetera y la industria. En cuanto a la primera, con la colonización antioqueña del occidente del país la pequeña producción parcelaria logró prosperar. Entre 1906 y 1931 fueron concedidas en Antioquia y Caldas tierras a los pequeños productores y ello sirvió de sustento a la producción cafetera en las zonas de colonización. 282 En cuanto a la industria, después de 1905 se fomentó la refinación del petróleo, se fundaron nuevos ingenios azucareros y fábricas de bienes de consumo (Valle del Cauca y Bogotá). Pero el hecho más notable fue el despegue de la industria textil y de un núcleo empresarial en Antioquia. 283 Pese a ello, la industrialización no fue un fenómeno general, por el contrario, fue muy acentuada en la zona occidental del país y especialmente en la región andina, la costa norte y un poco menos en la región 280 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación , cit., pág. 294. 281 Ibídem , Las instituciones colombianas en el siglo XX , Bogotá, Alfaomega, 2001, pág. 15. 282 Con la producción parcelaria, se introdujo un mayor impacto del café sobre el mercado interno de bienes y servicios; se permitió una mayor resistencia de la estructura productiva cafetera a las fluctuaciones de los precios internacionales; se creó una red de consumidores urbanos y se respaldó la constitución de una red de ferrocarriles de enormes beneficios para la ampliación del mercado. Todo ello, a pesar de que la expansión de la frontera agrícola se había basado en la ocupación de las tierras públicas con el consecuente fortalecimiento del latifundio, Jesús Antonio Bejarano, “El despegue cafetero (1900-1928)”, en José Antonio Ocampo (comp.), Historia económica de Colombia , cit., págs. 231-280. pacífica, mientras que en la zona oriental (Orinoquía y Amazonía) se conservó el sistema de haciendas. Así pues, el rasgo más notable del conjunto de la economía colombiana hacia 1920 era el peso de la estructura agraria caracterizada por la diversidad de formas de explotación de la fuerza de trabajo y agobiada por bajos niveles de productividad y por casi ningún nivel de incorporación de tecnología. 284 En un primer momento, los precios internacionales del café se deprimieron al tornarse más difícil el tráfico con Europa y por lo mismo las importaciones colombianas de Europa decayeron intensamente. Pero con el avance de la situación de guerra, Colombia obtuvo un superávit de comercio apreciable: en 1915 llegaron a Colombia $ 3.000 millones en monedas de libras esterlinas que contribuyeron a satisfacer las inmensas necesidades de circulante pues aún no existía un banco nacional que garantizara dinero suficiente para la circulación de mercancías y capitales. Pero, en todo caso, lo más importante fue que el conflicto bélico por el que atravesaba el mundo hizo ver en Colombia la ausencia de mecanismos financieros que protegieran al país frente a las suspensiones y oscilaciones bruscas de su comercio internacional. Por ello se discutió con vigor la creación de un banco emisor. Al igual que en la Guerra de los Mil Días, durante la Gran Guerra se hizo patente que la mono-exportación colocaba al país en una situación muy vulnerable, y condicionaba la suerte de la actividad estatal debido a que el grueso de sus ingresos fiscales provenían del arancel externo a las importaciones. A la postre, por eso mismo, se estableció el impuesto al ingreso personal en 1919. En una fase más avanzada del conflicto internacional la posición económica de Colombia se deterioró relativamente: las depreciaciones de las monedas de los contendientes mayores y en particular la de los Estados Unidos, las mismas dificultades para importar y el alto nivel de las exportaciones, además de la prohibición de comerciar oro decretada por la mayoría de los países, condujeron a una revaluación apreciable del peso en 1919 que amenazó la ruina de los cafeteros pues estos percibían menos ingresos monetarios por cada vez mayores cantidades de grano exportado al tiempo que el precio internacional disminuía. 285 Y, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, la importación se disparó de nuevo pero esta vez fueron los norteamericanos los beneficiados pues llegaron a ocupar el 60% del mercado colombiano cuando antes de la guerra dominaban tan solo el 15% del mismo. 286 283 Ibídem. 284 A ello se le añadía la industrialización centrada básicamente en el sector textil de Antioquia y algunos bienes de consumo corriente, un también incipiente desarrollo ferrocarrilero que vinculaba sólo tangencialmente al mercado de productos diferentes del café, Ibídem, pág. 256. 285 Ibídem , págs. 257-259. 286 De todas maneras, la industrialización colombiana avanzó durante las dos primeras décadas del siglo XX y, no solamente fue vigorosa en Antioquia sino que fue importante en Bogotá, Cundinamarca y la Costa Atlántica en donde se instalaron industrias de producción de cerveza y textiles. Este desarrollo industrial, aunque no contó con demasiados subsidios directos por parte del Estado, fue favorecido sin duda por las medidas proteccionistas, las políticas de fomento y la ampliación del mercado gracias a la construcción de vías y al mejoramiento de las condiciones financieras del país, José Antonio Ocampo, op.cit ., págs. 249-255. 256 históricos de los distintos países y negando su actuación (…). Ese fenómeno social es la masonería. (…) La característica del judío es que no tiene patria (…) Es iluso pretender que un judío, aún después de muchas generaciones se asimile; ¡no se asimila! (…) la enseñanza de la historia es que cuando el fenómeno se presenta no hay sino dos soluciones: o la entrega de la nación o la expulsión de los judíos. El judaísmo que es un sistema de dominación universal (…) necesita una política...Entonces apareció en el mundo la doctrina comunista. “El comunismo es una creación judaica... Judíos fueron los promotores (…); sus filósofos, sus expositores; no hay en la fundación de la teoría comunista influencia de inteligencia que provenga de otra parte; todo nació de allí. (…) como tiene grandes halagos para los proletarios y los desposeídos, quitándoles la fe en cosas sublimes, se las concreta a cosas materiales…entonces el judaísmo por detrás del comunismo, obtiene la dominación que sin ese intermedio no tendría. (…) La masonería es una creación típicamente judaica. (…). En un libro, que se llama “La verdad israelita”…se dice: “El espíritu de la masonería es el espíritu del judaísmo en sus creencias más fundamentales (…) ¿Para que ha creado el judaísmo la masonería? ¡Para influir de una manera decisiva en la marcha del mundo! (…) ¿Simplemente influencia política, por el apetito de dominación? No. El judaísmo significa una oposición radical… al catolicismo; (…) Es una tenacidad anticatólica y anticristiana, el judaísmo es eso…y la masonería siguiendo esas instrucciones es también eso (…). La masonería es la oposición y el combate implacable (…) contra el catolicismo.” 484 Finalmente, dos hechos concretos constituyen fuertes indicios de la relación directa de Laureano Gómez con la España franquista y con Francisco Franco: El 4 de febrero de 1942 el periódico lopista El liberal publicó una revelación del Diario Popular (periódico del partido comunista que existió entre 1942 y junio de 1946) de un documento encontrado por la policía de La Habana que constituía una prueba de que Laureano Gómez pidió auxilio a Franco para una revolución y de que el Generalísimo le ofreció “cuanto gustara”. Y, después de 1953, cuando Laureano Gómez tuvo que exiliarse debido a la implicación su gobierno en La Violencia y al derrocamiento de que fue objeto por parte del dictador Rojas Pinilla, su lugar de exilio final fue España, en pleno régimen de Franco, donde permaneció más de un año. Y fue en esa época en la que se redactaron las declaraciones de Sitges y Benidorm en las que quedó consagrada la esencia del pensamiento conservador y católico de Laureano Gómez. Declaraciones que sentaron las bases de la tregua que firmaron los dos partidos tradicionales colombianos y que elevaron luego al régimen constitucional conocido como Frente Nacional en virtud del cual se alternaron durante dieciséis años los liberales y los conservadores en la jefatura del Estado y del gobierno, así como en toda la administración pública del país dado el carácter rígidamente centralista de la misma. De otra parte, la influencia del fascismo en Latinoamérica se manifestó igualmente en regímenes como el Estado Novo (Nuevo Estado) del brasileño Getulio Vargas de 1937- 1945. Y Argentina apoyó claramente al Eje antes y después de que Perón ocupara el poder en 1943 y en algunos países, también en Colombia, el Ejército había sido organizado según el sistema alemán o entrenado por cuadros alemanes. Y ello se explica principalmente 484 Ibídem. porque las conquistas imperialistas de Estados Unidos a costa de España en 1898, la revolución mexicana y el desarrollo de la producción del petróleo y de los plátanos hizo surgir un antiimperialismo antiyanqui en la política latinoamericana. Esta tendencia se vio reforzada por la afición norteamericana a realizar operaciones de desembarco de marines durante el primer tercio del siglo. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la antiimperialista APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) con ambición de extenderse por toda América Latina, aunque sólo se implantara en el Perú, intentó que sus fuerzas fuesen entrenadas por cuadros del antiyanqui Sandino en Nicaragua. Además, en la década de 1930, Estados Unidos, debilitado por la Gran Depresión, no parecía una potencia tan poderosa. Y los cambios introducidos por Franklin D. Roosevelt se interpretaron erróneamente como un signo de debilidad. En resumen, en los años treinta América Latina no se sentía inclinada hacia el norte mientras que el fascismo parecía ser el modelo que debía imitarse para alcanzar la modernidad asociada a la riqueza y a la grandeza. 485 Con todo, Hobsbawm ha puntualizado que, si bien hubo líderes que reconocían abiertamente su deuda intelectual con Mussolini y Hitler, las actividades y logros políticos de esos hombres fueron muy diferentes a las del fascismo. Como ejemplo de estos casos, cita el presidente de la Bolivia revolucionaria -surgido de la revolución de 1952- que nacionalizó las minas de estaño y dio al campesinado indio una reforma agraria radical, quien admitió según Hobsbawm en una conversación privada su deuda con el fascismo. Igualmente Perón cuyo apoyo principal fue la clase obrera y su maquinaria política era una especie de partido obrero organizado en torno al movimiento sindical. Y Getulio Vargas en Brasil también fue apoyado por la clase obrera urbana a la que él le había prestado su protección social a cambio de su apoyo político. Así que hubo una gran diferencia entre los regímenes fascistas europeos que aniquilaron los movimientos obreros y los dirigentes latinoamericanos que fueron en gran parte creadores del movimiento obrero. Las masas que movilizaron no eran, como sucedió con al nazismo y al fascismo originalmente agrario, las temerosas de lo que pudieran perder sino las que nada tenían que perder. Y los enemigos no fueron extranjeros (aunque hubiera un contenido antisemita innegable en los peronistas y grupos políticos argentinos), sino “la oligarquía”, los ricos, la clase dirigente local. Hobsbawm nuevamente insiste en incluir dentro de este tipo de líderes latinoamericanos, que el estima deudores intelectuales de Hitler y Mussolini, a Jorge Eliécer Gaitán; pero mientras en el caso de Víctor Paz Estenssoro basa su afirmación en una “conversación privada” (argumento débil para una obra histórica), cuando se refiere a Gaitán no menciona ninguna fuente directa ni indirecta. 486 En todo caso, parece ser que el historiador británico no estima necesario distinguir abiertamente entre, de un lado, los líderes latinoamericanos representativos del populismo que efectivamente 485 Eric Hobsbawm , op.cit ., pág. 140. 486 Ibídem. 258 simpatizaron con los planteamientos básicos del fascismo y, del otro, aquellos que, si bien practicaron el populismo, se destacaron por su proximidad con el socialismo de izquierdas. En párrafos anteriores se ha explicado que los planteamientos básicos del fascismo fueron el antiliberalismo, el antijudaísmo y el anticomunismo sumados a una ideología de violencia irracional. Por tanto, para la historia de Colombia es de una gran importancia dejar suficientemente esclarecido que Jorge Eliécer Gaitán no comulgó con esta ideología. En efecto, en el caso de Gaitán se trata, nada menos que de un personaje ilustre del pensamiento jurídico moderno y del constitucionalismo social del siglo XX colombiano que defendió siempre la justicia y el progreso de la sociedad por las vías democráticas y pacíficas. Por esta razón se insiste en los argumentos mediante los cuales se ha desvirtuado la imagen de fascista que algunos grupos políticos colombianos le endilgaron. Una imagen que, sin embargo, no se sostiene si se aplica al estudio de su biografía un mínimo de rigor histórico. 487 En resumen, el retroceso del liberalismo que sufrió Europa en el período de entreguerras es un antecedente trascendental de la Segunda Guerra Mundial. Ese “salto atrás” se debió a diversos factores entre los cuales se destaca la crisis económica mundial que sobrevino después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo un especial alcance en América Latina y en la caída casi automática de sus gobiernos liberales. En el desplome del liberalismo intervinieron un conjunto de fuerzas de derechas integradas por los reaccionarios de viejo cuño, la Iglesia y el fascismo cuyo nexo de unión fue el odio común a la Ilustración, la Revolución Francesa, la democracia y el comunismo ateo. De entre estas corrientes reaccionarias se destacó el fascismo que, a pesar de su conocido extremismo, llegó al poder por las vías constitucionales-gracias al apoyo del viejo régimen-en los dos Estados declaradamente fascistas ( Italia y Alemania) .Y debió su éxito -fuera de Europa- a la posición de potencia mundial de Alemania. En América Latina el fascismo ejerció una poderosa influencia debido precisamente al poderío de Alemania. Pero, también el populismo identificó ampliamente a la política latinoamericana de la segunda posguerra, dentro del cual hubo líderes de derecha, otros de tendencia fascista y muchos inclinados al socialismo de izquierdas o al marxismo. En Colombia hubo dos personajes políticos representativos del populismo, Laureano Gómez y Jorge Eliécer Gaitán. El primero, de tendencias abiertamente reaccionarias, se identificó públicamente con el nacional catolicismo, el antiliberalismo, el antijudaísmo, el anticomunismo y la antimasonería de Francisco Franco. Y, el segundo, que criticó abiertamente el fascismo, luchó denodadamente, hasta antes de que fuera asesinado en oscuras circunstancias, por hacer que Colombia avanzara hacia una sociedad más justa. Con estas últimas precisiones se agota la revisión de aquellos antecedentes de la II Guerra Mundial que se han estimado procedentes para la tarea de ver sus repercusiones en 487 Consultar la biografía de Gaitán de Alberto Zalamea, op.cit . Colombia, ahora se continuará con el estudio de algunos de sus aspectos básicos y de sus implicaciones en este país. 5.3.- Los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y el afianzamiento de la derecha colombiana. Como es bien sabido, la Segunda Guerra Mundial se inició apenas veinte años después de la llamada Gran Guerra y se desarrolló entre 1939 y 1945. La situación internacional que se había creado con el desenlace de la Primera Guerra Mundial era inestable tanto en Europa como en el Extremo Oriente. En Alemania campeaba un gran resentimiento como consecuencia de lo que se llamó la imposición, “el diktat” de Versalles. La noción de haber perdido la guerra por la traición de los demócratas, socialistas y judíos que habían protagonizado la revolución proletaria de noviembre de 1918 se propagó entre los ámbitos ideológicos de la derecha alemana. Pero, en general todos los partidos alemanes, desde los comunistas hasta los nacionalsocialistas coincidían en acusar el tratado de Versalles como injusto. Por su parte, Japón e Italia también estaban inconformes con los acuerdos de la I Guerra. Japón con su considerable fuerza militar y naval era la potencia más formidable del Extremo Oriente y por ello se creía con más derechos territoriales que los que se le habían concedido. Italia aunque había obtenido importantes anexiones territoriales en los Alpes, en el Adriático y en el mar Egeo, no logró todo lo que se la había prometido por los aliados y, además, con el triunfo del fascismo que era también imperialista se reforzó la hostilidad italiana. 4 8 8 La causa inmediata de la segunda conflagración internacional fue la agresión de las tres potencias descontentas -no obstante estar vinculadas por diversos tratados desde mediados de los años treinta-: la invasión japonesa de Manchuria en 1931, la invasión italiana de Etiopía en 1935, la intervención alemana e italiana en la guerra civil española de 1936- 1939, la invasión alemana de Austria a comienzos de 1938, la mutilación y la ocupación de lo que quedaba de Checoslovaquia por Alemania en marzo de 1939 y las exigencias de Alemania frente a Polonia. Sin embargo, a la Sociedad de las Naciones también se le pueden achacar responsabilidades por no actuar contra Japón ni efectivamente contra Italia en 1935. A Gran Bretaña y Francia por no haber respondido a la denuncia unilateral del Tratado de Versalles por parte de Alemania ni a la ocupación militar de Renania en 1936, por su negativa a intervenir en la guerra civil española a pesar de la colaboración italiana y alemana a favor del levantamiento contra el legítimo régimen republicano, por su no reacción contra la Ocupación de Austria así como por haber aceptado el chantaje alemán con respecto a Checoslovaquia (el “acuerdo de Munich” de 1938). Igualmente se puede 488 Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial en Eric Hobsbawm, op.cit ., págs. 44-50. 260 responsabilizar a la URSS por el pacto firmado entre Hitler y Stalin en agosto de 1939 mediante el cual se suspendió la oposición rusa a Hitler. La suerte en contra de Hitler y sus aliados se resolvió como consecuencia de dos decisiones consideradas militarmente disparatadas: la invasión de Rusia y la declaratoria de guerra a los Estados Unidos. Por una parte, los rusos iniciaron una contraofensiva que les permitió penetrar profundamente en el territorio del Reich y a partir de ese momento los aliados atacaron también por el oeste, desencadenándose una ofensiva general simultánea en todos los frentes. Finalmente, tras la muerte de Hitler, y la caída de Berlín, el ejército alemán capituló sin condiciones el 7 de mayo de 1945. Entre tanto, Japón continuaba la lucha que alcanzó incluso a las islas japonesas. Y el territorio metropolitano sufrió terribles bombardeos aéreos hasta que el 6 de agosto de 1945 fue arrojada sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Poco después, la ciudad de Nagasaki sufrió la misma suerte y el 15 de agosto el Gobierno japonés capituló. 4 8 9 Las guerras del siglo XX se diferenciaron profundamente de los conflictos del siglo XIX por las proporciones inconcebibles que alcanzaron tanto las movilizaciones de población combatiente como los costos en vidas humanas. Por estas razones (entre otras) la Segunda Guerra Mundial significó el paso definitivo de la guerra masiva a la guerra total. La denominación de guerra masiva hace referencia, inicialmente, al hecho de que en el siglo XX comenzó a ampliarse formidablemente la implicación de toda la sociedad en la guerra. Primero que todo, evidentemente, por los altos porcentajes de población movilizada que, en la I Guerra estuvo entre el 12 y el 17% de la población masculina y en la II Guerra alcanzó en todos los países al 20% de la población activa total. Pero el carácter masivo también tiene que ver con los grandes esfuerzos exigidos a la economía de los países implicados que debió ser sustentada por la población no beligerante; a la enorme necesidad de mano de obra y a la exigencia una producción intensiva en todos los órdenes y no solamente de municiones y proyectiles. Ahora bien, con la Segunda Guerra Mundial se dio un paso irreversible a la guerra total porque fue una lucha hasta el final y sin límite alguno. Ciertamente, además de ser una guerra de ideologías, el segundo conflicto bélico mundial significó una lucha por la supervivencia para países como Polonia y las partes ocupadas de la Unión Soviética así como para la nación judía. Asimismo, los países involucrados ya habían aprendido que el Estado debía controlar totalmente la economía, pues la economía no podía seguir funcionando como en tiempo de paz, sino que era necesario que el Ministerio de Hacienda dirigiera y planificara toda la economía. 490 489 Ibídem, pág. 47-49. 490 Paradójicamente, en esta segunda conflagración internacional las economías de guerra planificadas de los estados democráticos occidentales tales como Gran Bretaña y los Estados Unidos fueron muy superiores a la de Alemania, pese a su tradición en la administración burocrática racional. Al terminar la guerra la destrucción material era mayor en Alemania que en los restantes países beligerantes de Occidente, entre otras razones, porque Alemania no se preocupó como Inglaterra por conseguir la igualdad en la distribución del sacrificio y la justicia social, Ibídem , págs. 51-55. Por otra parte, las pérdidas en vidas humanas de la Segunda Guerra Mundial son incalculables pues en esta oportunidad las bajas civiles fueron tan importantes como las militares y las peores matanzas se produjeron en lugares en los que no había nadie que pudiera registrarlas. Según las estimaciones -que de todas formas se hacen- las muertes causadas directamente por la II Guerra fueron de tres a cinco veces superiores a las de la Gran Guerra y supusieron entre el 10 y el 20% de la población total de la URSS, Polonia y Yugoslavia y entre el 4 y el 6% de la población de Alemania, Italia, Austria, Hungría, Japón y China. Solamente Francia y Gran Bretaña tuvieron un porcentaje de bajas muy inferior al de la Primera Guerra, pero en los Estados Unidos fueron más elevadas. En todo caso, las bajas de los territorios soviéticos se han calculado en diversas ocasiones en 7, 11, 20 o incluso 30 millones, y todas estas muertes se agregan a la muy conocida matanza de unos 6 millones de judíos a manos de los nazis. En todo caso las cifras totales de pérdidas en vidas humanas causadas en la II Guerra Mundial, que se ha cifrado en 50 millones de muertos, son siempre aproximadas. 491 En materia de desplazados la comparación entre la I y la II Guerra revela igualmente el profundísimo deterioro humano. Efectivamente, la Gran Guerra y la revolución rusa supusieron el desplazamiento forzoso de millones de personas: un total de 1.3 millones de griegos fueron repatriados a Grecia desde Turquía; también fueron repatriados 400.000 turcos y 200.000 búlgaros y por último, 2 millones aproximados de rusos se quedaron sin hogar. En fin, el período de 1914-1922 generó entre 4 y 5 millones de refugiados. Pese a lo gravísimo de estos hechos lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial sobrepasó ampliamente lo imaginable. Se ha estimado que en mayo de 1945 había en Europa alrededor de 40.5 millones de desarraigados. Unos 13 millones de alemanes fueron expulsados de las zonas del país anexionadas por Polonia, de la URSS, de Checoslovaquia y de regiones del sureste de Europa. Por otra parte, la descolonización de la India en 1947 creó 15 millones de refugiados sin contar con los 2 millones de personas que murieron en la guerra civil que siguió. La guerra de Corea produjo unos 5 millones de coreanos desplazados. Asimismo, 1.3 millones de palestinos fueron registrados en las Naciones Unidas como refugiados a raíz del establecimiento de Israel.En resumen, con razón se afirma que la catástrofe humana de la Segunda Guerra Mundial es la mayor de la historia. Pero el más deplorable de los efectos de esta guerra en el conjunto de la humanidad es que la matanza, la tortura y el exilio masivo parecen experiencias rutinarias que ya no perturban a nadie.Según el dictamen de Hobsbawm, que aquí se comparte, la evaluación de la impronta de las guerras en la humanidad desvela una escalada de brutalidad, inhumanidad y barbarie. Este juicio se estima acertado porque se basa en la comprobación de que al comenzar el siglo XX la tortura había sido eliminada oficialmente en toda Europa occidental y, sin embargo, después de 1945 se incrementó la utilización de la tortura al 491 Ibídem , pág. 34. 262 menos en una tercera parte de los estados miembros de las Naciones Unidas, entre los que figuran algunos de los más antiguos y civilizados. Pero, de igual forma, en las guerras totales, propias del siglo XX, la población civil pasó a ser el blanco principal de la estrategia. Y a diferencia de las guerras dieciochescas, caballerescas o aristocráticas, las guerras del siglo XX parecen no haber tenido límites, ni reglas, ni normas. También contribuyó a este estado de cosas la impersonalidad de la guerra debida principalmente al avance tecnológico que permitió cometer las mayores crueldades mediante mecanismos que facilitaron decisiones remotas y la invisibilidad de las víctimas. Las guerras mundiales del siglo XX concluyeron con el derrumbamiento y la revolución social en extensas zonas de Europa y Asia, y ambas dejaron a los países beligerantes exhaustos y debilitados, con la excepción de los Estados Unidos, que terminaron sin daños, enriquecidos y consolidados como la auténtica potencia mundial, entre otras razones por la circunstancia evidente de que las guerras no tuvieron lugar en territorio norteamericano. La Segunda Guerra Mundial, sin embargo, dio paso a la edad de oro del sistema económico capitalista y de la democracia política occidentales. Finalmente, una de las consecuencias más significativas de la Segunda Guerra Mundial fue el desplazamiento de la guerra hacia el Tercer Mundo. 4 9 2 El alcance político general de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial en Colombia consistió en el reforzamiento de las tendencias antidemocráticas de la derecha colombiana. Dados los hechos reseñados de la Guerra Civil Española, el liberalismo ideológico fue visto por los conservadores como la antesala del caos y el fin de la civilización .Y, tanto la consolidación del franquismo en España como la caída de Francia a manos de los nazis en junio de 1940 contribuyeron a afianzar esas ideas, sin contar que con la posterior invasión de Rusia por Alemania se creyó que la victoria del Eje estaba cerca. Desde que comenzó el conflicto europeo el 1 de septiembre de 1939 en el país se inició el debate sobre la posición que debía tomar Colombia en la guerra. Pero esta polémica, de gran calado en cuanto a la política internacional, rápidamente se fue doluyendo en el contexto del enfrentamiento bipartidista que define históricamente la política colombiana. Aparte de que la situación de Colombia estuvo fuertemente determinada por la intervención de los Estados Unidos en el conflicto. Cuando se inició la II Guerra Mundial el liberal Eduardo Santos, sucesor de López Pumarejo, llevaba un año en el gobierno. Y los conservadores se habían unido bajo el liderazgo de Laureano Gómez, quien había salido fortalecido gracias a su papel en la denuncia de los sucesos de los crímenes de Gachetá contra varios campesinos conservadores -reseñados cuando se trató sobre la guerra civil española-, además de que los intereses conservadores en elecciones de febrero y octubre de 1939 también impulsaban a la avenencia interna del partido. 492 Ibídem , págs. 57-60. Inicialmente el gobierno liberal había decidido conservar la neutralidad respecto del conflicto europeo. Y Laureano Gómez, al principio, se mostraba a favor de esta posición del país e incluso se manifestó expresamente en contra de una posible alianza de Colombia con los Estados Unidos. El 2 de septiembre en El Siglo , Gómez aseguraba que una eventual entrada de los americanos a la guerra no podía modificar la condición neutral de Colombia. Los Estados Unidos, por su parte, buscaban fortalecer su presencia en América Latina pensando en la guerra contra el fascismo o en una paz negociada en la que el nuevo orden mundial incluyera la hegemonía de los Estados Unidos en las Américas. En América Latina, Roosevelt aplicó la política del “Buen Vecino” y las tropas norteamericanas fueron retiradas de Nicaragua y Haití con la promesa de evitar la intervención militar en los asuntos domésticos de las naciones hemisféricas. Sin embargo, los vínculos comerciales aumentaron: de un lado, los productos manufacturados buscaban mercado en la región y, del otro, los productos agrícolas y minerales eran enviados al norte a través de empresas subsidiarias norteamericanas. En Colombia, el banano y el petróleo estuvieron especialmente controladas por las corporaciones norteamericanas mientras los Estados Unidos eran el mercado más importante para el café. Durante la década de los treinta las relaciones entre Estados Unidos y América Latina crecieron en importancia geopolítica. Los Estados Unidos necesitaban defender sus intereses económicos y militares para mantener su hegemonía en la región. Pero Alemania trataba de establecer sus propios vínculos por las mismas razones que los Estados Unidos. Inversiones en tecnología y finanzas por parte de empresas alemanas crecieron en la región. Para los Estados Unidos, las relaciones entre Alemania, Brasil y el Cono Sur fueron causa especial de alarma porque existían partidos fascistas fuertes y el gobierno autoritario de Getulio Vargas en Brasil se mostraba demasiado a favor del Eje. 493 Y respecto de Colombia había un interés especial por parte de los norteamericanos, no solamente por los recursos estratégicos que tenía (principalmente petróleo y platino) sino también por su ubicación cerca del Canal de Panamá y por la existencia de la aerolínea alemana SCADTA –Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo-. Esta aerolínea tenía aviones y pilotos alemanes a su servicio y el temor del gobierno norteamericano tenía que ver con la potencialidad de la compañía para bombardear el Canal de Panamá en caso de guerra. Para representar los intereses de los Estados Unidos en Colombia, el gobierno norteamericano había escogido como su embajador a un buen conocedor de América Latina, Spruille Braden, quien presentó sus credenciales al presidente Santos el 15 de febrero de 1939. Cuando empezó la Gran Depresión, Braden apoyó a Roosevelt en su campaña presidencial en 1932 y desempeñó un papel clave en las negociaciones que terminaron la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y estaba convencido de la 493 Thomas J. Williford, op.cit ., pág. 132. 264 existencia de una gran conspiración de “quintacolumnistas” que promovía en Colombia el sabotaje y la propaganda pro-Eje. Antes del comienzo de la guerra en septiembre de 1939, Braden empezó el proceso contra SCADTA y logró la toma de la aerolínea por parte de personal norteamericano en junio de 1940. Con el presidente Eduardo Santos mantuvo buenas relaciones mientras que a Alfonso López -que estaba para entonces en campaña presidencial para la reelección- lo consideraba poco amigo de los Estados Unidos especialmente en asuntos económicos. Sin embargo, se dio cuenta que podía trabajar con los liberales y obtuvo una serie de pactos secretos entre los Estados Unidos y Colombia sobre bases militares, permisos de tránsito y comercio de platino. 494 Los liberales siempre estuvieron a favor de la cooperación con los Estados Unidos como expresión de apoyo a las democracias mundiales que estaban amenazadas por el fascismo. Hay que recordar que los periódicos liberales El Tiempo , El Espectador , La Razón y El Liberal publicaban artículos de agencias norteamericanas de centro-izquierda. Y que la división de opiniones entre la prensa liberal y conservadora sobre la Guerra Civil Española fue muy aguda y se mantuvo hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos neutrales colombianos estuvieron a favor de actitudes democráticas como la de Roosevelt cuando ayudó al Reino Unido antes del 7 de diciembre de 1941. Pero el gobierno de Santos tuvo problemas con la oposición en Colombia, similar a la de Roosevelt con los aislacionistas norteamericanos, pudo aceptar unos pocos refugiados republicanos provenientes de España pero no admitió su inmigración masiva ni tampoco la de los judíos perseguidos por los nazis. Laureano Gómez y otros miembros del partido conservador y de la Iglesia se sintieron ultrajados durante la Guerra Civil Española por la persecución a la Iglesia. Y pensaban que los alemanes e italianos habían ayudado a Franco, por eso, para muchos de la derecha colombiana Hitler era preferible a Roosevelt. De entre los argumentos esgrimidos por la derecha en contra de los norteamericanos se cuentan el mencionado episodio del “robo de Panamá”, el nacionalismo económico y la diferencia de culturas. Laureano Gómez desde muy temprano en su carrera política atacó los contratos con las multinacionales y trataba a los negociantes colombianos como “vende patrias”. En 1912 había atacado el plan para arrendar las minas de esmeraldas a un consorcio europeo. En 1936 se criticó la llamada “concesión Barco” en su diario El Siglo . Pero, el nacionalismo de Gómez se manifestó en materia de los negocios de minas y petróleo y no en la explotación del banano porque no quería situarse al lado de los sindicalistas “bolcheviques”. Desde1936 con el surgimiento del nacionalismo derechista en Colombia, el nacionalismo económico se fue tornando más a favor de los alemanes que de los yanquis. Las inversiones y empresas alemanas parecían menos imperialistas que las norteamericanas. Gómez y las derechas estaban de acuerdo con el concepto de diferencia cultural entre los saxoamericanos y los latinos, mencionados 494 Ibídem. por el ensayista uruguayo José Enrique Rodó en el libro Ariel (1900) en el que se contrasta el supuesto materialismo de los estadounidenses con el pretendido espiritualismo de los latinoamericanos. Esas diferencias se basaban en las tesis de la espiritualidad individual del protestantismo y en las tradiciones colectivistas de la Iglesia Católica. La Iglesia en Colombia apoyó estas tesis porque se sentía amenazada puesto que durante los gobiernos liberales aumentaron las actividades proselitistas de los misioneros protestantes norteamericanos. El arzobispo Perdomo en una carta pastoral condenó la cultura norteamericana y en la provincia se registraron varios actos de violencia inspirados por curas militantes. 495 Al gobierno norteamericano le interesaba afianzar sus amistades en la región y por tanto estuvo dispuesto a negociar con sus opositores. El embajador Braden logró apaciguar el antiamericanismo de Laureano Gómez primero privadamente y luego por medio de acciones económicas directas contra El Siglo . No obstante, para Gómez un ataque a la política internacional del país le era muy útil en la política interna puesto que los liberales en vista de la proximidad de las elecciones se encontraban enfrentados. Eduardo Santos estaba a favor de los Estados Unidos y de la causa democrática. Era francófilo y sin duda había sido influenciado de una manera distinta a la de Gómez por la caída de Francia. Pero Santos se veía obligado a ser cauteloso en sus relaciones con los Estados Unidos tanto por el antiamericanismo de Gómez como por los posibles ataques de López Pumarejo en la campaña electoral para los comicios de 1942, aunque en privado López estaba a favor de las políticas internacionales de Santos. De manera que, además de que a mediados de 1940 las victorias alemanas y la propaganda derechista y nazi habían animado a Gómez en sus ataques antiyanquis, la división de los liberales entre lopistas y santistas le dio un nuevo aire al conservatismo desde que se suspendió definitivamente la estrategia de la abstención electoral. A Gómez el antiamericanismo le servía para cohesionar a los conservadores y para debilitar la administración de Eduardo Santos. 496 Por otra parte, la Embajada Norteamericana y del Departamento de Estado de los Estados Unidos veían a Colombia como un hervidero de actividades nazis de manera que intervinieron en los asuntos de Colombia sin miramientos, fue así como agentes del FBI actuaron libremente en el territorio nacional. Según el Embajador norteamericano en Bogotá, el auge del nazismo en Latinoamérica se debió al interés de Hitler por provocar golpes de Estado que distrajeran la atención de los Estados Unidos y así perdiera concentración en su ayuda a Inglaterra. Y era verdad que el nazismo había ganado bastante terreno en Colombia, incluso se había creado el partido nazi colombiano cuyo fundador fue Emil Prüfert quien sólo sería expulsado del país en 1942. Entre los miembros del partido nazi se contaban altos mandos del Ejército colombiano y se inspiraban en el 495 Ibídem , págs. 133-139. 496 Ibídem , págs. 140-142. 272 problema de la subversión y el espionaje internos. Mediante el decreto de 19 de diciembre de 1941 se facultó a la Policía Nacional para disolver clubes y asociaciones cuyas actividades fueran presuntamente contrarias al orden público, establecer limitaciones estrictas al movimiento de los ciudadanos extranjeros, y reubicar a individuos potencialmente peligrosos en alguna parte del país bajo estrecha vigilancia. El 20 de diciembre de 1941, las autoridades cerraron la oficina de la agencia de noticias Transocean en Bogotá y detuvieron a unos siete empleados, entre ellos al jefe de la oficina. Luego un decreto del 29 de enero de 1942 suspendió la naturalización de colombianos nacionalizados que se creía estaban involucrados en “actividades hostiles al orden público y la seguridad nacional”. El ministro de educación cerró los colegios alemanes y, como precaución especial, prohibió la fijación en las paredes de los colegios de retratos de mandatarios extranjeros con la excepción del Papa. Tres restaurantes extranjeros fueron clausurados a comienzos de 1942 porque se encontraban peligrosamente cerca de instalaciones militares; y varios cientos de diplomáticos y ciudadanos particulares del Eje fueron expulsados del país. Medidas adicionales adoptadas en enero de 1942 establecían controles sobre los capitales pertenecientes a ciudadanos de países del Eje o de países ocupados por el Eje, los cuales, en ciertos casos, serían colocados bajo una administración de fideicomiso supervisada por el gobierno. Uno de los propósitos de éste último procedimiento era “colombianizar” las firmas comerciales de propiedad del Eje, al menos durante la guerra, de modo que pudieran ser retiradas de las Listas Negras de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Desde julio de 1941 la embajada norteamericana comenzó a publicar su “Lista Negra” de sospechosos con los cuales se prohibió a las firmas y ciudadanos particulares norteamericanos hacer negocios. Este procedimiento afectó a Colombia puesto que compañías establecidas en este país fueron incluidas en la Lista Negra desde el mismo comienzo y su número fue en aumento hasta llegar a más de 400 firmas e individuos. 503 Y en enero de 1942 se tomaron, por el gobierno colombiano, medidas adicionales dictadas mediante decretos de carácter extraordinario y que establecían controles sobre los capitales pertenecientes a ciudadanos de países del Eje o de países ocupados por el Eje, los cuales, en ciertos casos, serían colocados bajo una administración de fideicomiso supervisada por el gobierno. Por otra parte, tales disposiciones sobre los bienes de los supuestos nazis fueron acompañadas del confinamiento en el Hotel Sabaneta en Fusagasugá departamento de Cundinamarca (un peculiar campo de concentración a la inversa). 504 503 David Bushnell, Eduardo Santos y la política del Buen Vecino 1938-1942 , Bogotá, El Áncora, 1984, págs. 128-131. 504 Estos ambiguos y poco explorados episodios de la historia reciente que “destruyeron familias”, “trastocaron vidas”, “arruinaron destinos” han sido rescatados recientemente por jóvenes novelistas colombianos. En efecto, Los informantes es el relato de la vida de una mujer, Sara Guterman, judía alemana que huyó de Alemania y llegó en 1938 -transportada en un bimotor boeing de la compañía aérea alemana SCADTA- a Duitama (Cundinamarca) donde su padre había comprado una pequeña fábrica de quesos. En la narración de sus recuerdos salen a la luz las El experimento de la reclusión de los ciudadanos alemanes residentes en Colombia en la Segunda Guerra Mundial –similar a la de los japoneses en los Estados Unidos- fue una muestra -en este caso caricaturesca- de las decisiones disparatadas que podía tomar un gobierno supuestamente soberano y respetuoso del Derecho y de la legalidad. Puesto que, sin previa investigación judicial y con apoyo en la abyecta práctica de la delación, basada en las listas de la embajada americana, se recluía forzosamente a los ciudadanos alemanes en un hotel que, por otra parte, se parecía más a un veraneadero de la "riviera francesa" que a una cárcel de prisioneros de guerra. 505 Este estado de cosas se agravó cuando la guerra llegó hasta el territorio colombiano después de terminado el período presidencial de Santos, cuando ya había sido reelegido Alfonso López Pumarejo. El 23 de junio de 1943 cerca de la Isla de Providencia, un submarino alemán, a pesar de estar izada la bandera colombiana y no ser esta nación parte armada en el conflicto, ametralló y hundió la goleta Resolute , pequeña embarcación de cincuenta y dos toneladas, que hacía cabotaje entre las islas de San Andrés y Providencia y el Continente. Seis colombianos inermes fueron ametrallados y asesinados por los nazis. Al parecer el ataque alemán se debió a que el dueño de la goleta negociaba con los submarinos alemanes la venta de comida y petróleo y el incidente fue producto de una retaliación por un mal negocio. Pero algunos tripulantes pudieron salvarse cuando se oyó el ruido de un avión y el submarino agresor se dio a la fuga, de forma que llegaron a la Isla de San Andrés e informaron al Gobierno central. El propietario de la goleta fue incluido en la lista negra publicada por la embajada estadoudinense en febrero de ese mismo año. El gobierno colombiano sospechaba de las andanzas del ciudadano alemán protagonista de este episodio pero prefirieron presentar el hundimiento como resultado de formas en que la guerra mundial e inicialmente europea invadió la vida de quienes estaban al otro lado del mar Atlántico. Y en una de esas evocaciones aparece el oscuro asunto de las listas negras a las cuales se habían opuesto los liberales de derecha como Juan Lozano y Lozano:“Una semana después, a Margarita le devolvieron la carta en el mismo sobre que ella había usado. (…) El secretario personal de Lozano lamentaba que los senadores no pudieran ser de ninguna ayuda, (…) todo el mundo los buscaba a ellos, todo el mundo buscaba a los que se hubieran opuesto a las listas en el Senado, y hubo una época en que Santos se cansó de enviar recados, de dar referencias, de hablar bien de los alemanes para que los sacaran de las listas. Margarita llegó cuando la palanca estaba desgastada. (…) Los Dresser estuvieron de malas. Llegaron tarde, simplemente. Si todo esto hubiera pasado en el 41, cuando lo de las listas era nuevo y no era tan radical y la gente hacía cosas para echar atrás las inclusiones injustas, la cosa habría sido distinta (…). La respuesta llegó por otro medio: fue la notificación de que al viejo Konrad lo iban a confinar en el Hotel Sabaneta, en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, hasta que terminara la guerra, por considerar que tenía lazos con propagandistas afiliados al gobierno del Tercer Reich, y puesto que los informes permitían considerar que su desempeño cívico y profesional podía llegar a ser perjudicial para la seguridad del hemisferio. Con toda esa pompa, con toda esa prosopopeya se lo dijeron, y dos días después lo pasaba a recoger un bus de la Escuela General Santander”, ver Juan Gabriel Vásquez, Los informantes , Madrid, Alfaguara, 2004, pág. 43. 505 Así lo narra el novelista Vásquez: “Ese día en el Hotel Sabaneta fue una de las experiencias más curiosas de mi vida. Era un lugar de lujo, (…). Había una piscina grandísima, (…) era un veraneadero de la riviera francesa. Como los hombres pasaban la mayor parte del tiempo solos, no tenían inconveniente en echarse al sol casi en cueros, (…). Ese día el sitio estaba lleno, imagínate ciento y pico familias en un hotel al que normalmente no le cabían más de cincuenta. (…) nadie hubiera dicho que estos tipos eran prisioneros de guerra. Pero eso es lo que eran ¿no?. Prisioneros de guerra echados al sol. Prisioneros de guerra comiendo pollo asado sobre una manta, un picnic envidiable. Prisioneros de guerra caminando con sus hijos y sus esposas por unos caminitos de piedra de lo más pintoresco. Prisioneros de guerra haciendo ejercicio en el gimnasio.” Ibídem , págs. 163-164. 274 una grave crisis internacional y no como un posible ajuste de cuentas entre negociantes de dudosa reputación. Así, en represalia hizo más severas las normas sobre administración fiduciaria y congelación de los bienes de los súbditos alemanes, italianos y, en general, de las naciones del eje en Colombia. Y los liberales se aprovecharon del incidente para desacreditar a los conservadores y aliarse mas sólidamente con los Estados Unidos. 506 Luego, a raíz del incidente de la embarcación colombiana los liberales reclamaron la declaratoria colombiana de guerra contra Alemania. Pero las medidas tomadas contra los súbditos del Eje despertaron las críticas de la oposición conservadora. Laureano Gómez aliado con algunos liberales acusó al Gobierno de perseguir a los ciudadanos alemanes para robarles sus bienes. Posteriormente se revelaría el oportunismo de Gómez porque cuando el Presidente López finalmente derogó los decretos dictados por Santos, con respecto a los bienes de los alemanes, italianos y japoneses, Laureano Gómez fue el primero en ver también en estas medidas un ánimo corrupto del gobierno. 507 Finalmente, en marzo de 1944, durante la segunda presidencia de López, el destroyer Caldas de la Marina colombiana puso en fuga un submarino alemán con lo cual se sintió vengada la inicial agresión alemana a Colombia. 508 De otro lado, al igual que ocurrió con el primer conflicto internacional, la II Guerra Mundial produjo efectos inmediatos en la situación económica de Colombia para entonces ya era bastante delicada. Cuando estalló la guerra en 1939, Eduardo Santos llevaba un año gobernando a Colombia y su ministro de Hacienda era Carlos Lleras Restrepo (quien sería Presidente de la República en los años sesenta). Santos y Lleras enfrentaron la situación económicamente adversa mediante la adopción de medidas que se orientaron a la búsqueda de alternativas para superar las dificultades del mercado internacional. En este mercado disminuyeron considerablemente las exportaciones colombianas hacia Europa y los Estados Unidos y se limitaron las importaciones de algunos productos necesarios para el país y ello hizo necesario fomentar las industrias básicas. En relación con la deuda pública el arreglo sobre la misma había concluido justo cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando se acordó reducir los intereses y establecer un fondo para amortizar anualmente parte del capital mediante el sistema de compras en el mercado abierto. Como el gobierno norteamericano estaba interesado en clarificar la posición de Colombia en las alianzas bélicas intervino en las negociaciones a favor del país y ante el comité de tenedores de bonos colombianos. El gobierno colombiano decidió, por su parte, aprovechar estas circunstancias para obtener nuevos créditos del recién creado 506 David Bushnell, op.cit. , págs. 166-169. 507 Manuel Arteaga, Jaime Arteaga, op.cit, págs. 557-558. 508 Ibídem. Banco de Exportaciones e importaciones de los Estados Unidos (El país obtuvo un préstamo por US $12 millones en 1938) 509 En 1940 sobrevino la peor crisis cafetera de la época generada por la virtual desaparición de la demanda europea, en agosto de 1940 las cotizaciones del café colombiano habían llegado a uno de los peores niveles de la historia. (US 7.5 c/lb). Tanto la magnitud de la crisis como los intereses políticos llevaron a los Estados Unidos a propiciar el Acuerdo Interamericano del Café que se firmó en noviembre de 1940. En el caso colombiano, la cuota asignada representaba el 80% de las exportaciones promedio del país en los cinco años anteriores y cerca del 20% de la cuota total asignada para el primer año ( 1940-1941). Así empezaron a recuperarse los precios del grano y finalmente se estabilizaron en julio de 1941. Después de la entrada de los Estados Unidos en la guerra mundial el 7 de diciembre de 1941 el gobierno norteamericano fijó unos precios máximos para evitar una ola alcista a causa de la guerra, estos precios se mantuvieron invariables hasta después de terminado el conflicto bélico. Pero, pese al alza en los precios del café en 1941, los términos de intercambio del país permanecieron relativamente deprimidos durante los años de la guerra. En definitiva con la entrada de los Estados Unidos en el conflicto bélico mundial las importaciones experimentaron dificultades que tuvieron profundas implicaciones en Colombia. El problema esencial fue la dificultad para importar debido tanto al racionamiento impuesto por Estados Unidos a muchos productos durante los años críticos como a la utilización para fines militares de la flota mercante de ese país, además de la campaña submarina alemana de 1942-1943 que hacía peligroso el comercio marítimo. Los años de 1942 y 1943 fueron especialmente espinosos y obligaron al gobierno colombiano a racionar algunos bienes importados. La dificultad para importar trajo como consecuencia una elevada acumulación de reservas internacionales que al ser cambiadas a la moneda nacional por intermedio del Banco de la República produjeron una elevada cantidad de dinero líquido en circulación (inflación) al tiempo que escaseaban insumos básicos. El ambiente económico era, por tanto, de inflación, recesión y crisis y para superarlo el gobierno puso en práctica un plan que se desarrolló en tres fases: durante los últimos meses de la Presidencia de Eduardo Santos se estableció un impuesto a las ventas y se modificó el impuesto a la renta. 510 El presidente López Pumarejo, durante su segunda Presidencia, fue consciente de los problemas que traería para el país la II Guerra Mundial, pero las medidas que tomó al respecto fueron criticadas tanto por empresarios como por trabajadores. Sin embargo, López, en su mensaje al Congreso Nacional en las sesiones extraordinarias del 22 de enero de 1945, manifestó su preocupación por la distracción de los colombianos respecto de las repercusiones de la guerra en el país porque él sabía que Colombia no podía 509 José Antonio Ocampo, “Crisis mundial y cambio estructural (1929-1945)”, en José Antonio Ocampo (comp.), Historia económica de Colombia , págs. 281-330. 276 permanecer al margen de la crisis mundial. Su discurso es una excelente síntesis de las repercusiones que, en el campo económico, trajo la guerra mundial para el país: “Los colombianos se resistieron con espiritu optimista a examinar la seriedad de la situación que a mi juicio comenzaba a afectarnos, y prevaleció en todos ellos el concepto de que Colombia era una afortunada excepción en la catástrofe militar, económica y política del mundo, y que habría de salir indemne a la crisis universal. La mayor parte de las medidas restrictivas y previsoras que el Gobierno comenzó a tomar, (…) fueron juzgadas como un torpe deseo de oponerse al enriquecimiento de los grandes industriales y de estorbar en su actividad al hombre de trabajo. Si la guerra no se hubiera prolongado más allá de las expectativas de los mismos que estaban dirigiéndola, tal vez hubiésemos salido de esta emergencia sin muchos quebrantos. Pero la guerra podía prolongarse y la inflación proveniente del desequilibrio de la balanza de pagos internacionales acelerar el alza del costo de la vida a los extremos actuales y aun peores. Podía ocurrir que la campaña contra la inflación desarrollada por los Estados Unidos y por todos los países beligerantes afectara el valor de nuestros artículos de exportación, por el racionamiento y la fijación de precios, y que si nosotros no seguíamos una línea semejante de lucha contra el inflacionismo, ejerciendo la intervención del Estado sobre las industrias y el comercio, la producción del café se hiciera día a día más costosa y el precio exterior continuara estacionario, como ha sucedido. Podía ocurrir, y ha ocurrido, que algunas rentas descendieran y entráramos en una crisis fiscal que no pudiera ser resuelta sino con nuevos impuestos o cuantiosas operaciones de crédito, y escogimos el segundo camino como el de menor resistencia, como el menos inconveniente para una economía débil que no puede ser gravada en la misma proporción que la industria norteamericana o británica en tiempo de guerra.” 511 Pese a lo dicho en materia impositiva, en la segunda administración de López Pumarejo se estableció un plan fiscal más ambicioso que el realizado por Eduardo Santos, el cual incluía una elevación del impuesto a la renta en un 35% y un ahorro forzoso en Bonos de Defensa Económica Nacional. 512 Estas medidas fueron acertadas para controlar la inflación pero afectaron muy desigualmente a los contribuyentes: el peso del aumento del impuesto recayó en las liquidaciones privadas de la renta que fueron afectadas en un 50% mientras que a los otros sectores, por ejemplo, las compañías de seguros o a las empresas industriales solo lo fueron en un 10%. 513 A comienzos de 1943 se controló más ampliamente la entrada de divisas, se autorizaron depósitos en moneda extranjera en los bancos y se eliminaron sobrecostos a las importaciones. Igualmente se adoptó una medida intervencionista muy favorable para los consumidores como fue el control estatal de los precios. En 1944 se consolidó, mediante la Ley 35, el recargo del 35% al impuesto a la renta, se mejoró el abastecimiento de insumos, comenzó la reactivación de la economía y se desaceleró la acumulación de reservas. Otra de las consecuencias económicas más visibles de la Segunda Guerra Mundial fue el fortalecimiento de un gremio privado como la Federación Nacional de Cafeteros. Esta 510 Ibídem. 511 Alfonso López Pumarejo, op.cit ., pág. 611. 512 Ibídem , pág. 303-304. 513 Los porcentajes han sido tomados de José Antonio Ocampo, op.cit ., pág. 304. empresa había adquirido el doble carácter de instrumento de presión del sector cafetero y de entidad paraestatal puesto que el Presidente de la República fue investido con la facultad de elegir a su gerente. En 1940 se creó el Fondo Nacional del Café cuyo objetivo fue apoyar la retención de la cosecha de café dado el Acuerdo Interamericano y el pacto de cuotas. En los años de finalización de la guerra el Fondo Nacional del Café, como los precios internacionales comenzaron a subir y el impuesto a las exportaciones se volvió muy cuantioso, acumuló un patrimonio de $ 88 millones que equivalían a más de la mitad de los ingresos del gobierno de la época. 514 En síntesis, en materia económica la Segunda Guerra Mundial significó un gran desajuste para Colombia pues primero perdió los mercados cafeteros, luego sobrevino el desempleo, los problemas en las importaciones, la inundación de refugiados europeos. El ingreso nacional descendió a medida que el café caía en el mercado de Nueva York. Luego, cuando el grano se recuperó y las demandas de guerra de los aliados absorbieron todas las materias primas, el país padeció un proceso inflacionario de triple vía: la financiación deficitaria del presupuesto nacional, la escasez de materiales y de bienes de consumo importados y la acumulación de dólares. 515 Y las principales consecuencias de las medidas tomadas por los gobiernos liberales para solucionar estos problemas fueron en primer lugar, el enriquecimiento a posteriori del gremio cafetero hasta el punto de alcanzar ingresos cercanos al total de ingresos del Estado y, en segundo lugar, mayores cargas para los ciudadanos individualmente considerados porque el aumento del impuesto a la renta, que se había establecido para superar la crisis, se convirtió luego en una medida permanente. No obstante, las dificultades económicas de la población se contrarrestaron, parcialmente, con una medida intervencionista de carácter social como fue el control gubernativo de los precios de los artículos de primera necesidad. Pero las dificultades que tuvo que afrontar el gobierno de López Pumarejo en los años de guerra fueron numerosos y muy variados, además de lo ya señalado, se sucedieron repetidas huelgas que el gobierno reprimió con firmeza y continuo así ahondando su distanciamiento con las clases populares; en el Congreso de la República se verificó un altercado armado entre dos parlamentarios; asimismo los parlamentarios liberales se entretuvieron en la disputa por la candidatura presidencial para el período de 1946 a 1950 y lanzaron prematuramente en 1943 al entonces ministro de relaciones exteriores Gabriel Turbay quien se enemistó con el Presidente y tuvo que renunciar; los parlamentarios llamados “lopistas” fueron dejando sólo en el camino al Presidente en los momentos más difíciles; en el nivel local el ambiente estaba igualmente enrarecido, en algunas asambleas departamentales (por ejemplo en la del Magdalena y de Boyacá ) los liberales se prestaron a maniobras fraudulentas para despojar a los conservadores y liberales coalicionistas de 514 Ibídem, págs. 308-309. 515 Vernon Lee F., op.cit ., pág. 76. 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