Drogodependencia y educación social: un análisis crítico de la guerra contra las drogas y la intervención de los educadores sociales

1 FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID DROGODEPENDENCIA Y EDUCACIÓN SOCIAL: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EDUCADORES SOCIALES TRABAJO FIN DE GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL AUTOR/A: MARÍA DE LA PISA GARCÍA TUTOR: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HUERTA 2 RESUMEN: En el presente documento se analiza el origen e impacto de las políticas prohibicionistas a través de datos e información objetiva recopilada de agencias gubernamentales o literatura científica de autores especializados en la temática. Se ahonda en el estudio de la adicción: factores que la precipitan, su relación con experiencias vitales, índices de adicción en distintos países y sus políticas… Además, se abordarán los distintos tipos de tratamientos que existen para la misma, y algunas alternativas de tratamiento que o bien se han realizado en los inicios de la lucha contra las drogas, o bien han sido resultado de la modificación de la política prohibicionista. Se estudiará también el papel del educador social como herramienta de inclusión comunitaria y apoyo terapéutico para la minimización del propio consumo o de los daños asociados. Por último, se proponen otras alternativas legislativas aplicadas en otros países como Portugal y Holanda, analizando sus índices de éxito en relación a los objetivos de las mismas, y aproximándome a un caso hipotético de la reacción social o posibles cambios susceptibles bajo una legislación totalmente legalizadora. ABSTRACT: In this document, the origin and impact of prohibitionist policies are analyzed through data and objective information collected from governmental agencies or scientific literature by specialized authors in the subject. The study delves into addiction: the factors that precipitate it, its relationship with life experiences, addiction rates in different countries, and their policies. Additionally, the various types of treatments available for addiction and some alternative treatments that have either been implemented in the early stages of the fight against drugs or have resulted from the modification of prohibitionist policies will be discussed. The role of the social educator as a tool for community inclusion and therapeutic support to minimize consumption itself or the associated harms will also be examined. Finally, other legislative alternatives applied in countries such as Portugal and the Netherlands are proposed, analyzing their success rates in relation to their objectives, and approaching a hypothetical case of social reaction or possible changes under a fully legalized legislation. PALABRAS CLAVE: Adicción, drogas, prohibicionismo, lucha contra las drogas, educación social 3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 4 2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 9 3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 10 4. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 11 5. CÁPITULO 1: LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS ................................................... 12 5.1. EL TRASFONDO MORAL DEL PROHIBICIONISMO ......................................... 12 5.2. EL TRASFONDO ECONÓMICO DEL PROHIBICIONISMO ................................ 13 6. CAPÍTULO 2: LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS ............................................................................................................................... 15 6.1. DELINCUENCIA ................................................................................................... 15 6.2. CORRUPCIÓN POLICIAL Y NARCOTRÁFICO .................................................. 17 6.3. SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS JURÍDICOS Y SOCIALES ................................................................................................. 19 6.4. LOS PAÍSES PRODUCTORES Y SU ESTIGMATIZACIÓN ................................. 21 6.5. LA DEMOCRATIZACIÓN DE NARCOTRAFICO: MAFIAS................................ 23 7. CAPÍTULO 3: LA ADICCIÓN ....................................................................................... 26 7.1. EL TRASFONDO DE LAS ADICCIONES ............................................................. 26 7.2. EXPERIENCIAS ACTUALES PARA TRATAR EL CONSUMO DE DROGAS .... 30 7.3. LAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS ADICTOS .................................................................................................................. 33 7.4. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS .............. 35 8. CAPÍTULO 4: LAS POSIBILIDADES DE REGULACIÓN: DESPENALIZACIÓN, DESCRIMINALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN .................................................................... 38 8.1. LA DESCRIMINALIZACIÓN: PORTUGAL.......................................................... 39 8.2. LA DESPENALIZACIÓN: HOLANDA .................................................................. 40 8.3. LA LEGALIZACIÓN: UNA HIPÓTESIS ............................................................... 42 9. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 47 10. BIBIOGRAFÍA ........................................................................................................... 52 11. ANEXOS .................................................................................................................... 58 ANEXO 1: EL ORIGEN DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS ................................. 58 ANEXO 2: USO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LAS DROGAS ..................... 60 ANEXO 3: ANTES DEL PROHIBICIONISMO ................................................................. 62 ANEXO 4 EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN DE ÉXITO ............................................. 64 4 1. INTRODUCCIÓN No podemos definir el término “droga” de una manera exacta y universal, se trata de un concepto que ha ido variando a lo largo del tiempo y que ha estado muy vinculado con la situación de legalidad en un momento determinado de la historia, además de verse influido por estigmas sociales o principios básicos de cada sociedad. De esta manera, podremos encontrar múltiples definiciones con diferentes matices que irán moldeando dicho significado. Para el desarrollo de este documento he tratado de buscar la definición más objetiva posible, abstrayéndome de las influencias del marco legal y moral. Puesto que debemos de tener en cuenta que el aspecto legal no es el único factor que puede influir en el desarrollo de este concepto, también el campo científico que utilicemos como referencia y la sociedad a la que queramos aplicar la definición pueden ser determinantes para la comprensión de la misma. Teniendo esto en cuenta podemos guiarnos por la definición dada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2018, entiende “droga” como: “Término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental; en farmacología significa toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos.” Aunque es importante tener en cuenta el primer significado desde la perspectiva médica, para una mejor comprensión de este documento debemos guiarnos por la definición farmacológica. En resumen, esta definición entiende las drogas como simples sustancias ya sean de origen sintético o natural que mediante los procesos de asimilación biológica pueden alterar el funcionamiento rutinario de nuestro organismo causando distintas alteraciones. Por otro lado, también nos proporciona la definición de “Estupefaciente”, término el cual no utilizaré puesto que suele hacer referencia a sustancias formadas por opioides, pero el uso corriente de la palabra es bastante impreciso y tiene una fuerte vinculación con las sustancias ilegalizadas independientemente de su origen farmacológico (UNODC, 2018). El uso adecuado de estos conceptos es importante, de lo contrario pueden llevar a una confusión y al entendimiento erróneo de las ideas principales. La siguiente dicotomía que debemos tener presente y hacer especial hincapié para su diferenciación, es entre “adicción” y “dependencia a las drogas”. A simple vista pueden parecer sinónimos pero su diferenciación es crucial para comprender los patrones de consumo y, en general, la situación de los consumidores en la lucha contra las drogas. La adicción se manifiesta cuando hay un consumo de sustancias prolongado y reiterativo en el tiempo, lleva a la repetida intoxicación provocando en la persona un impulso de volver a consumir 5 la sustancia en cuestión. Se caracteriza por la dificultad que tiene el consumidor para detener o modificar de forma voluntaria el consumo y, además, adopta una actitud que le lleva a la obtención de la droga de cualquiera de las formas. Por otro lado, la dependencia se refiere al conjunto de procesos de carácter cognitivo, fisiológico y comportamental de distinta intensidad (según la sustancia y el caso específico), en los cuales el consumo de la sustancia psicoactiva se convierte en una de las prioridades más importantes de la persona. Se caracteriza por la ausencia de control sobre el consumo debido a que sigue manteniendo esta conducta a pesar de los notorios efectos negativos. Esta dependencia se da cuando el organismo queda “enganchado” a una sustancia química o droga en concreto, está estrechamente vinculado con el síndrome de abstinencia presente ante la ausencia de consumo. Engloba síntomas de variada intensidad, normalmente aparece cuando se ha estado consumiendo altas dosis (UNODC, 2018). Si hablamos de adicción es algo muy diferente, está más relacionado con la dependencia psicológica resultado de la búsqueda de las sensaciones que provocan la sustancias (Hari, 2015). Esta clara diferenciación la evidenció un experimento muy significativo desarrollado en Reino Unido por autores del grupo Cochrane. Consistía en estudiar la dependencia de 41,509 participantes al tabaco, de media todos los participantes tenían un consumo alto (unos 15 cigarrillos al día). Este experimentó inicio con el objetivo de clarificar la efectividad de los parches de nicotina. Muchas de las consecuencias negativas del tabaquismo están relacionadas con el daño que causa no solo a los pulmones, también a la laringe, lengua, dientes y garganta. Es por ello que creían que, si la adicción únicamente dependía de la necesidad física del organismo a la nicotina, todas estas consecuencias negativas se podrían mitigar con el uso de parches de nicotina, que proporcionarían la sustancia adictiva al organismo sin dañar el resto de órganos. Esta teoría que respalda la base de la adicción en la dependencia física es llamada la Teoría Farmacológica de la Adicción. Esta teoría se vio desfasada a la luz de los resultados de este experimento. Únicamente el 17% de los participantes pudieron dejar de fumar con la sustitución de los parches. Revelando que hay otros factores que influyen en el desarrollo de la adicción y no únicamente el enganche biológico o dependencia. Esto se puede aplicar no solo al tabaco, también a las sustancias psicoactivas, debemos estudiar el resto de factores y causas psicológicas que precipitan la adicción de una persona en concreto. Del mismo modo que el consumo prolongado no tiene por qué llevar obligatoriamente al desarrollo de una dependencia. Para comprender esto utilizaré el caso del alcohol. En España los datos nos muestran que el alcohol (también considerado una sustancia psicoactiva) es una de las drogas más consumidas entre jóvenes y adultos. La Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España EDADES realizada en 2019/20 nos constata que la población de entre 15 a 64 años, el 63% ha consumido alcohol en el último mes, este tipo de consumo es el relacionado con los ambientes de ocio y fiesta, más popular entre jóvenes los fines de semana. 6 Sin embargo, EDADES utilizó en 2019/20 la llamada escala AUDIT, cuyo objetivo es identificar el tipo de consumo que es considerado de riesgo y que se podría entender como dependencia. Los resultados fueron que únicamente el 5,2% presenta un patrón de consumo de riesgo. De la misma forma que ocurre con el alcohol y el tabaco, los estudios nos muestran que de la población que prueba alguna sustancia ilegal en algún momento de su vida, solo el 10% desarrolla una dependencia con dicha sustancia (Hari, 2015). A pesar de esto, España al igual que otros países lleva años participando en la lucha contra las drogas con el fin de crear una sociedad libre del consumo ilegal y de los problemas asociados al mismo. Para hacernos una idea de las dimensiones de la problemática que estamos tratando debemos acudir a algunos datos. Según el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones en 2022 y el Informe Europeo de las Drogas y Toxicomanías de ese mismo año, el consumo de sustancias ilegales en nuestro país es mucho más alto que en resto de Europa, especialmente entre los más jóvenes. Aunque socialmente el tabaco y el alcohol está más normalizado, se trata de dos sustancias especialmente dañinas para la salud, que tienen las primeras posiciones de consumo en nuestro país con un 39% y 76% respectivamente, les sigue el cannabis con un 10.7% que asciende a 22.2% en el caso de los menores, mientras que la media europea se sitúa en 7.7%, se trata de una diferencia sustancial que refleja la situación de España respecto de la política antidroga. En el caso de la cocaína los datos son realmente preocupantes, mientras Europa tiene un consumo medio de 1.2%, en España el consumo medio es de 2.4%, en el caso de los menores, el consumo desciende levemente con un 2,1%. Es decir, doblamos el consumo medio, España se ha convertido en uno de los principales países europeos que consume y compra esta sustancia. Otro de los datos que nos debería alertar de la situación de nuestro país es el caso de las drogas de síntesis, se trata de sustancias de origen sintético que debido a su composición y mezcla tienen efectos negativos sobre la salud muy agudos, además de ser clasificadas como el tipo de sustancia más adictiva junto a la heroína. El consumo medio europeo de anfetaminas es de 0.7%, en adultos españoles se sitúa en 0.6% pero en menores asciende hasta 0.9%. En el caso del éxtasis en Europa está situado en 0.9%, en adultos de España está en 0.8% pero de nuevo, el consumo en menores sube hasta el 1.2%. Por último, la heroína en Europa está en el 0.1% al igual que en España, excepto en población joven de entre 14 y 18 años que la media está en 0.4%. En general podemos ver que en nuestro país tenemos patrones de consumo muy alarmantes, concretamente en caso de los jóvenes con sustancias que conllevan grandes riesgos para la salud como las anfetaminas y la heroína. Si miramos las cifras de consumo de forma longitudinal en el tiempo, tampoco son muy optimistas, La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2023 advirtió que “A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento de 23% con respecto a la década anterior. Por su parte, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta los 39.5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años.” 7 Debemos tener en cuenta que tanto en España como en la mayoría de países fuera y dentro de Europa, el consumo, trafico, producción, venta y transporte de cualquier sustancia catalogada como estupefaciente está prohibido por la ley y acarrea una sanción económica o privativa de libertad dependiendo del caso. Esta norma viene recogida en el Código Penal Español, en el artículo 368: “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos”. Lo que nos lleva a tener dos consecuencias directas de esta normativa. Por un lado, al adoptar la postura prohibicionista tenemos un gran volumen de condenas relacionadas con delitos de drogas, aunque estos datos son difíciles de calcular y no son exactos, un estudio realizado por UNAD: la red de atención a las adicciones especializada en realizar estudios en colaboración con otras entidades en el campo de las adicciones durante 2003, afirmaba que aproximadamente entre el 70% y el 80% de los presos están en privación de libertad por delitos relacionados con drogas. El caso de Estados Unidos es todavía más señalado, se trata de uno de los propulsores de la lucha contra las drogas. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos nos da una perspectiva bastaste similar, alrededor de un 65% de los presos son diagnosticados con un trastorno a raíz de un problema de consumo. Por otro lado, existe otro 20% que, aunque no reúnen todas las pautas para ser diagnosticados, afirman que se encontraban intoxicados por alguna sustancia en el momento del delito. En España durante 2021 se produjeron alrededor de 36.4908 delitos relacionados con drogas (European Monotoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, 2023), lo que me lleva al segundo factor: el coste de persecución y tramitación judicial de dichos delitos. Aunque no podemos calcular el gasto que supone estos delitos con exactitud, podemos tomar como referencia la inversión prevista para ello en los Presupuestos Generales del Estado en 2024, documento en el cual se decreta, por una parte, 108.468.000,89 euros para la persecución de estos delitos, que incluye sueldos del funcionariado, gastos de operaciones, recursos… Por otro lado, tenemos la parte destinada a tratamiento y sensibilización reflejado en el Plan Nacional sobre Drogas que cuenta con un presupuesto de 15000.111,84 euros Esto haría un total de 195.468.111,84 euros, este dato es aproximado y únicamente hace referencia al presupuesto de un año. La lucha contra las drogas lleva en práctica más de 100 años lo que genera una inversión mucho más elevada, aun así, nos podemos hacer una idea de todos los recursos que se invierten para los escasos resultados que da esta política. 8 En el caso de Estados Unidos, durante 2007 el coste del consumo de drogas ilegales fue superior a 193.000 millones de dólares, incluyendo tanto costes directos como los indirectos, generalmente se tienen en cuenta los tres ámbitos principales: salud, delincuencia y productividad. Este cálculo tiene en cuenta los homicidios, hospitalizaciones, tratamientos, víctimas de crímenes, encarcelamientos, coste judicial… (National Drug Intelligence center, 2011). A pesar de ello, dentro de esta inversión solo el 10% está vinculado con la inversión en tratamientos de corte psicológico para tratar las drogodependencias mientras que el otro 90% forma parte de la persecución e investigación de estos delitos (Specter, 2011) Aunque a simple vista nos pueda parecer una gran inversión y gasto nacional, la realidad es que el negocio del tráfico es capaz de movilizar miles de millones anuales. Al ser un movimiento económico ilegal existen muchos obstáculos que impiden saber a ciencia cierta cuál es la cantidad exacta de dinero que se mueve en esta economía, pero sí que existen algunos datos. Según el Homeland Department en Estados Unidos, asegura que la media se sitúa en unos 19.000 y 29.000 millones de dólares anuales, mientras que en España en 2022 se contabilizaron alrededor de 8.222 millones según el periódico Público. Naciones Unidas estimó el negocio de la compra y venta de droga como la tercera industria más rentable, solo superada por el petróleo y la armamentística (UNODC, 2016). Dejando de lado los costes capitales, los costes humanos que supone este negocio son también demasiado altos. En Estados Unidos se alertó de más de 106.000 muertes por sobredosis en 2021, incluyendo muertes por intoxicación, intoxicación no intencionada, suicidios, homicidios e intoxicaciones indeterminadas. Esto supone un aumento de 106.000 muertes desde 2019 a 2021, por lo que podemos entender que se trata de un fenómeno que va en aumento con el pasar de los años (NIDA, 2023). En el caso de España las muertes son considerablemente más bajas, se estima que desde 1983 hasta 2020 hubo un total de 18.718 muertes relacionadas con drogas, sin tener en cuenta las defunciones por problemas vinculados al consumo como las cardiopatías (Observatorio Español sobre las Drogas y las Adicciones, 2022). En el tráfico de drogas hay un grado muy elevado de violencia, es cierto que hay una parte de esta violencia cometida a manos de los consumidores con el objetivo que sustentar su consumo, pero estos casos solo configuran el 2% de la violencia producida en el tráfico (Golstein, 1984). La gran oleada de violencia producida respecto a las drogas se da a manos de las mafias que producen, distribuyen y venden estas sustancias. Llevan a cabo secuestros y asesinatos de civiles indiscriminadamente que nos dejan titulares como los siguientes: “Continúa la violencia entre 'narcos' en Cádiz: un clan secuestra en plena calle a un hombre y después quema el coche” El Mundo, “La Audiencia de Sevilla inicia el juicio contra los siete acusados del secuestro y asesinato de una familia por un ajuste de cuentas de drogas” El diario de Sevilla. “Los narcos se abonan el secuestro de la Costa del sol” El País, “Más de cinco mil personas se manifiestan en Barbate para reclamar ayuda contra los narcos” La voz de Galicia. “Batalla que las bandas de narcotraficantes libran por el control de la droga ha dejado cinco víctimas en solo dos 9 meses” Málaga hoy, “Según ha sabido El Confidencial, al británico le cortaron la comisura de los labios y le obligaron a gritar hasta desgarrarse la cara en los extremos” El Confidencial. Este y muchos más son ejemplos del grado de criminalidad que rodea el tráfico de drogas que va haciendo mella en las sociedades a medida que la situación se agrava. El informe de 2023 sobre el índice global de criminen organizado realizado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime sitúa a España con una puntuación de 5,90 que solo es superada por Serbia, Ucrania, Rusia e Italia, suponiendo esto un aumento de 0.12 en comparación con el anterior informe y superando la media mundial (5,03). En resumen, estamos tratando con un problema complejo que depende de muchos factores socioeconómicos pero que no parece verse influido por la políticas antidrogas e inversiones capitales para erradicarlo, de hecho, como hemos podido ver, la mayoría de los datos apuntan hacía un aumento de este fenómeno. El consumo personal sobre todo entre jóvenes es cada vez más popular con sustancias de alto riesgo y aunque estas conductas están penadas, los altos casos de sobredosis debería ser una razón de alarma. Por otra parte, las mafias siguen causando estragos en nuestra sociedad y aportando millones a la economía subterránea que lidera uno de los grandes negocios ilegales a nivel mundial. Por todo ello, he resaltado la figura del educador social, puesto que he considerado la educación como una de las herramientas más eficaces para la modificación de la problemática. Su papel se estudiará aplicado a los diferentes estadios de la adicción y los distintos países con sus correspondientes políticas. Sin embargo, se hace especial hincapié en la intervención comunitaria y el fortalecimiento de las herramientas de la persona con la que se trabaja, pues atañe a uno de los factores determinantes respecto a la reducir o potenciar las conductas adictivas, es decir, el contexto. 2. JUSTIFICACIÓN Cuando hablamos de la lucha contra las drogas generalmente nos referimos al conflicto que se da en la mayoría de las sociedades modernas con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, o como las llamamos normalmente: drogas. Este conflicto involucra desde la lucha personal de las personas que han desarrollado una dependencia con alguna sustancia para deshacerse de este vínculo, hasta estrategias políticas internacionales, pasando por diversas campañas educativas, creación de estereotipos, tratamientos o métodos educativos para combatirlas. La adicción a las drogas es un fenómeno con una alta complejidad dependiente de diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales... Lo que implica la necesidad de un estudio en profundidad y extenso sobre la materia que no solo se centra en el individuo en sí, también en las percepciones sociales que se tienen sobre las drogas en su consumo. Pues una droga se definirá a 16 relación con el uso de drogas, pero cuando se aborda el tema con un mayor rigor científico se constata que ni la mayor parte de los que se drogan delinquen, ni la mayor parte de los que delinquen se drogan” (Muñoz y Díez, 2003) No obstante, dada la literatura social existente sobre este tema, podemos encontrar tres hipótesis que plantean explicaciones distintas de la relación entre estos sucesos. La primera de ellas, plantea las drogas como principal causa de delincuencia. Como base afirma que el alto precio de las drogas ilegales unido a dependencia de los consumidores acarrea que estos últimos se vean abocados a cometer actos delictivos para poder mantener el consumo. Por el contrario, la segunda hipótesis dicta que es la delincuencia la que precede al consumo, esto es, que el contexto sumado a las relaciones sociales de riesgo conduce al consumo de drogas. Finalmente es la tercera la que se aproxima a un conjunto de las anteriores: el consumo y la delincuencia no son causa-consecuencia si no que son simultaneas en cierto tipo de ambientes e individuos (Pozo, 2014) El inconveniente principal es que todas las hipótesis han recibido algún tipo de respaldo empírico de forma que no hay una respuesta concluyente (Otero-López, 1997). No existe ninguna evidencia unánime sobre el vínculo entre droga y delincuencia por lo que no podemos fijar una base firme para explicar estos fenómenos. Por otro lado, sí que existen sucesos o causas referidas al ámbito de las drogas que acaban por dar lugar a un acto criminal. La primera de ellas es la delincuencia funcional, hace referencia a la delincuencia producida a razón de conseguir las sustancias. Cuando el precio de la droga en el mercado ilegal es demasiado alto, los consumidores recurrirán a robos, prostitución, o cualquier hecho ilegal que les dé como resultado dinero para comprar la droga, esto quiere decir que, “el toxicómano no es delincuente porque toma drogas, es delincuente porque no la toma” (Lamo de Espinosa, 1993). Si nos fijamos en los datos disponibles centrados en el consumo de drogas en individuos detenidos o recluidos como se hizo mención en el primer apartado, veremos confirmado este hecho. La peligrosidad de este asunto es que puede que se esté distorsionando la asociación entre las drogas y delincuencia cuando en realidad el factor central es la situación económica de los adictos (Pozo,2014) Cuando los delitos de tráfico y venta de sustancias son cometidos por personas que no consumen, hace referencia a la delincuencia relacional puesto que el único fin de la misma es lucrativo, facilitando que el tráfico de drogas y distribución siga fluyendo. Finalmente, el tipo de violencia menos extendido es la delincuencia inducida por drogas, se da cuando una persona que ha consumido drogas se involucra en actividades delictivas a causa de la alteración de consciencia, principalmente delitos de violencia, dada la pérdida de razonar y valorar sus actos. (Muñoz,2011) Por otra parte, es un poco contradictorio el vínculo entre la venta o distribución y las drogas, puesto que la venta en sí ya es un acto criminal, por lo tanto, no debe circunscribirse a la relación entre consumo de drogas y comisión de delitos. Además, si hacemos un análisis de las anteriores categorías nos daremos cuenta de que la causa principal es la situación de ilegalidad de estas sustancias, no 17 podemos debatir esta relación sin pasar primero por un repaso a conciencia de las leyes referentes a las drogas (Poza 2014). Pero todo esto dependerá de la sustancia en cuestión, por ejemplo, mientras que, al tabaco, una sustancia con un alto grado de adicción física, se puede adquirir con normalidad y su venta o distribución no es causa ni consecuencia de ningún delito, la venta de éxtasis o heroína si lo es. En este debate el eje está en la situación legal de la sustancia de la que estemos hablando, solo las sustancias ilegales son las productoras de delitos. Son solo las ilegales las que son castigadas por la opinión pública y relacionadas como causantes de problemas sociales tales como la delincuencia o el deterioro de la salud pública. “Afirmar que las drogas son las causantes de estos fenómenos a razón de alterar la conducta o porque determinar la búsqueda de recursos para el consumo no agota la gama de interpretaciones de la relación” (Poza,2014). Son varios los análisis que defienden que la relación entre los dos fenómenos depende de la legalidad de las sustancias, es decir, si el cultivo, elaboración o distribución de drogas no estuviera fuera del marco legal los datos sobre el índice de delincuencia, procesos judiciales o condenas disminuirían su volumen considerablemente. Además, al estar la venta prohibida, la compra de estas sustancias obliga al consumidor a acudir al mercado negro para su adquisición. La ilegalidad de estas sustancias condiciona al mercado al alza de precios (o al corte de las sustancias con otros productos dañinos para la salud), que llevan al consumidor a actos delictivos al no tener capital suficiente. En resumen, la venta de drogas acaba por ser un negocio especialmente rentable tanto como para que se empleen todo tipo de recursos en el control del “mercado” o su seguridad (delincuencia organizada, corrupción) (Poza,2014) 6.2. CORRUPCIÓN POLICIAL Y NARCOTRÁFICO Hace dos años dos mandos de la Policía Nacional eran condenados a 15 años de prisión por liderar una banda de narcotráfico en España (El País, 2022). En ese mismo año se descubre a dos policías nacionales y un guardia civil escoltando un camión con no menos de 22 millones de euros en cocaína (El mundo,2022), mientras Asuntos Internos trataba de calmar la situación, cae el mayor entramado policial formado por más de 8 agentes procedentes de distintos cuerpos al servicio de un narcotraficante que comerciaban con unas ganancias de 525 millones de euros (El País, 2022). Finalmente, en 2024 se detiene al mando policial destinado en la embajada española de Colombia por su implicación en el narcotráfico (El país, 2024) La corrupción en el mercado ilegal de drogas no se puede entender como una sucesión de titulares informativos, se trata de un suceso automático y estructural que afecta gravemente a los gobiernos, sociedades, organismos internacionales y atañe a los niveles más altos de las esferas judiciales, policiales, política o de administración (esglobal,2022) 18 Según Europol, durante 2017 aproximadamente un tercio de los grupos internaciones participantes en el crimen organizado están presentes en la Unión Europea, haciendo esta actividad “más extendida que el crimen organizado contra la propiedad, el tráfico ilícito de inmigrantes, la trata de personas, el fraude en el ámbito de los impuestos especiales o cualquier otra actividad ilícita”. Este fenómeno acaba por poner en peligro el gobierno democrático y el estado de derecho, según la ONUDD, “la riqueza y el poder de algunas organizaciones de narcotráfico pueden superar la capacidad de los gobiernos locales, lo que les permite comprar su protección a los agentes de la ley, las instituciones de justicia penal, los políticos y el sector empresarial” (UNODC, 2017) Por esta razón la debilitación de los gobiernos se contempla tanto como una consecuencia como un factor subyacente causante del problema. Sin embargo, esto no es nada nuevo, ya en los inicios de la política prohibicionista con Anslinger al mando, una investigación desarrollada por el Servicio de Impuestos Internos demostró que la agencia de Harry era un centro neurálgico de corrupción, como diría el historiador John McWilliams: “En realidad la agencia era el mayor proveedor de heroína de Estados Unidos y el mejor protector de semejante mercancía” (McWilliams, 1949) Los narcotraficantes sacan partido del sistema de corrupción mediante diversos medios, que o bien les benefician para escapar del sistema de justicia o para asegurarse el éxito de sus operaciones. Por una parte, existe la colaboración directa que consiste en, como en algunos de los ejemplos anteriormente citados, agentes de la policía forman parte de la organización criminal aceptando sobornos a cambio de “hacer la vista gorda” con el paso de mercancías o ignorando las sustancias en los controles aduaneros. Cuando los agentes filtran información sensible a los narcotraficantes, hablamos de la fuga de información sensible, esta forma de corrupción es de gran utilidad para las organizaciones criminales permitiéndoles esquivar y anticiparse a las operaciones policiales que tienen por objeto acabar con la venta ilegal. Este tipo de corrupción está muy relacionado con la impunidad y protección que se da dentro de las fuerzas policiales que acaba por garantizar la protección judicial a los dirigentes de las organizaciones, es decir, desvían, evitan las investigaciones o influyen a nivel judicial para evitar condenas (Transparency, 2021). La corrupción se sitúa en muchas ocasiones no en individuos concretos si no en organizaciones o instituciones enteras que colaboran activamente en el narcotráfico, es lo que se llama complicidad institucionalizada, supone un gran obstáculo para la erradicación de este mercado. En algunas ocasiones podemos encontrar infiltración en las instituciones de control, los narcos se pueden mezclar en las fuerzas policiales para proteger su negocio y chafar operaciones e investigaciones (Transparency, 2021) Para entender la relación entre drogas y corrupción es necesario un análisis profundo, no podemos entenderlo como el producto de decisiones de narcotraficantes y funcionarios con una moral 19 criticable, sino como la consecuencia directa de las relaciones entre el Estado y la economía sumergida. Esto es un síntoma de un problema más profundo y arraigado en las sociedades y regímenes políticos, el deterioro de las instituciones y la desconfianza social. “Declarar la producción, el consumo y el comercio de drogas como actividades ilegales es una decisión política que toman los gobiernos” (esglobal,2022). En realidad, el narcotráfico tiene un gran impacto en las economías, es capaz de crear empleos, proveer de grandes bienes y servicios a los que el Estado no puede acceder. En definitiva, crear beneficios económicos que pueden conllevar que países enteros dependan de esta actividad para sobrevivir, esto ocurre sobre todo en los países productores como Colombia o México, además de ser una fuente de corrupción de grandes dimensiones (esglobal,2022). Como ya he mencionado en párrafos anteriores, los datos de corrupción no son claros, pero la organización Transparencia Internacional publica anualmente el índice de percepción respecto a la corrupción. Este ranking sitúa a algunos países productores de sustancias como la heroína y cocaína líderes en la puntuación: México con 138 puntos, Afganistán 172 junto con Guinea Bissau, Colombia 99, Marruecos con 73 y España con 41. ( Transparency, 2019) No podemos saber qué porcentaje de corrupción es responsable del tráfico de drogas, pero la organización ha dejado constancia de la fuerte relación en los casos más acusados como Guinea Bissau (gran nudo de trafico situado en África) y Afganistán, poniendo de manifiesto la conexión entre ambos fenómenos (esglobal,2022) 6.3. SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS JURÍDICOS Y SOCIALES Según los datos aportados por las administraciones policiales y judiciales la gran parte de las intervenciones se centran en el inicio de causas judiciales menores que tienen que ver con la tenencia para consumo personal y no en el tráfico o comercio de drogas a gran escala. Como consecuencia, hay un crecimiento de la población carcelaria progresivo y continuo que acaba por ser una responsabilidad social y una inversión de recursos a todos los niveles (CELS, S.F). Por ejemplo, según Datos de la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación de la Argentina, entre los años 2010 y 2012 las detenciones llevadas a cabo por la Policía Federal en materia de drogas se configuran de la siguiente manera: la mitad de los procedimientos (49%) se situaron dentro de las operaciones de “prevención policial”, es decir, procedimientos basados en la sospecha de los agentes sobre la comisión de un delito y solo el 2% se realizó con una orden judicial. 20 El riesgo de que el mayor grupo de detenciones se hagan bajo la causa de sospecha es que la aplicación de las leyes antidroga se convierta en un justificante para procedimientos policiales ya realizados, configurando una herramienta de vigilancia sobre determinados grupos sociales. Como es en el caso de Estados Unidos, entre 2001 y 2010 hubo más de 8 millones de arrestos concernientes a la marihuana, un 88% fue por posesión, de estos arrestos por posesión la tasa de personas negras detenidas es de 716 cada 100.000 habitantes, sin embargo, los arrestos de personas blancas son de 192 cada 100.000. En otras palabras, entre 2001 y 2010 esta diferencia racial ascendió un 32.7%, mientras que los arrestos a personas blancas se mantienen constantes, los arrestos a personas negras han pasado de 537 por cada 100.000 en 2001 a 716 por 100.000 en 2010. (ACLU, 2013) De hecho, los datos nos revelan que independientemente de la época, del 40% al 50% de los hombres negros de entre quince a treinta y cinco años están en prisión, libertad condicional o pendientes de sentencia por delitos de drogas (DeGrandpre, 2006) Estos últimos casos son muy señalados puesto que los datos hacen sospechar de un abuso de la prisión preventiva en materia de drogas. Por ejemplo, en Ecuador, México y Perú las detenciones preventivas son obligatorias si el delito tiene que ver con drogas, independientemente de que sea mayor o menor, incluso en Brasil, cuya ley antidrogas de 2006 declaraba ilegal la puesta bajo fianza y la sustitución de penas de prisión por penas alternativas, hasta que la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas disposiciones (Cels, S.F). Esto también ocurre con los países europeos, en España durante 2020 se registró que, del total de la población reclusa, un 16% está en régimen preventivo, es decir, 9.105 personas. Jordi NievaFenoll, catedrático en Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona declaró que “existe claramente un abuso de la prisión provisional, aunque no solo en España”. Nieva-Fenoll critica que “a pesar de que existen otras medidas alternativas a la prisión para asegurar la presencia de un reo para que no vuelva a delinquir, por tradición histórica se recurre por defecto a la prisión preventiva, que debería ser la última medida a adoptar” (La Marea, 2020) Además, las personas que están condenadas por delitos de drogas suelen ser los eslabones más bajos del narcotráfico. Colombia, por ejemplo, solo un 2 % del total de presos por delitos de sustancias son mandos medios y altos, lo que quiere decir que el 98% son personas de muy bajo rango o que no se ha podido probar una participación significativa en la red de narcotráfico (CELS, s.f). La aplicación de las políticas prohibicionistas trae consigo varios daños colaterales que llevan a pensar que el margen de error es demasiado amplio y puede llegar a ser contraproducente. Otro de los problemas asociados a esta política es el quebrantamiento de la normativa regional e internacional de los derechos humanos, normas fundamentales para mantener el bienestar y seguridad de la población en general, esto es algo que se ha visto amenazada en no pocas ocasiones. Por ejemplo: 21  El derecho a la vida (Artículo 4, CADH): Como ya se ha mencionado anteriormente la ola de violencia a causa de las mafias y su lucha por los mercados y territorios deja un reguero de víctimas que es prácticamente incalculable. En países productores como Colombia, Perú o Guatemala la población convive con constantes peleas de bandas que se cobran vidas de terceros. La ilegalización convierte el narcotráfico en una actividad extremadamente rentable, algo que alimenta la cadena de tráfico y hace difícil su erradicación (CELS, s.f).  El derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación (Artículos 1 y 24, CADH) : Como se ha hecho referencia en párrafos anteriores, los datos sobre detenciones son especialmente alarmantes, señalan directamente una discriminación a las personas negras puesto que aunque a lo largo del tiempo las detenciones a personas blancas se han mantenido estables, las detenciones a personas negras incrementan significativamente. No debemos olvidar tampoco el origen moral de la lucha contra las drogas: la creencia de que los extranjeros eran los principales consumidores y tenían una estrategia para desmontar el control del país (CELS, s.f).  El derecho a la presunción de inocencia (Artículo 8.2, CADH) y la libertad como regla durante el proceso (Artículo 7, CADH): Estos artículos se ven quebrantados con el uso indebido de la prisión preventiva, aunque en Europa no es tan acusado, en países como Bolivia, Brasil, Ecuador, México y Perú la ley es estricta: cualquier persona vinculada con un delito de drogas afronta directamente la prisión preventiva mientras la situación jurídica alcanza una resolución (CELS, s.f). 6.4. LOS PAÍSES PRODUCTORES Y SU ESTIGMATIZACIÓN Durante los noventa, los países situados en América Latina sufrieron un proceso de inserción del sistema prohibicionista. Aquellos situados en la región andina clasificados como productores de droga como Bolivia, Perú o Colombia fueron víctimas de una gran estigmatización y juicios morales, que acabó por señalarles como los culpables de la lucha contra las drogas. El problema principal estaba en que la estrategia para acabar con el consumo de drogas se centraba en acabar con su producción, sin reparar en la complejidad del proceso ni en lo que ello conllevaba: la evolución de las redes de distribución, blanqueamiento de capitales y aumento de la actividad criminal (Samper, 2016). Para comprender esto me remito al ejemplo de Bolivia, su economía hasta finales de la década de los 80 se basaba en la compra-venta de estaño, pero el precio de este mineral cayó en picado y resultaba imposible sacar rentabilidad de ello a causa de la aparición de un nuevo sintético que estaba cambiando el sistema productivo del país: La cocaína (Meerman, 2009). Tanto fue así que la gran 22 demanda de los americanos por esta sustancia provocó que cientos de familias mineras dedicadas al estaño migraran hacia zonas de cultivo de coca. No hay que olvidar que en esta época la guerra contra las drogas llevaba ya un largo recorrido, por lo que Washington empezó a presionar contra el gobierno boliviano con el llamado Plan Dignidad Boliviano, cuyo objetivo era la quema masiva de plantaciones de coca. A pesar de una notoria oposición de los campesinos quienes ya sospechaban de la inviabilidad de los programas sustitución de los cultivos a largo plazo (Samper,2016). Los resultados de este plan en el país fueron fatídicos. La estrategia de quema acabó costando a la economía de Bolivia 500 millones de dólares anuales (Lederbur, 2002) además de provocar graves y continuos abusos de los derechos civiles y humanos sobre la población, la estigmatización de todo un país y el abandono de Estados Unidos, quién nunca cumplió su promesa de la sustitución de cultivos. En este punto quiero resaltar la importancia de la diferencia entre la cocaína y la hoja de coca y la necesidad entender la cocaína como una sustancia independiente al origen natural, pues toma un papel importante en la historia del país, su uso tiene múltiples aplicaciones que no deben ser castigadas como pasta de dientes, champú o incluso fines medicinales como es morfina local (Samper,2016). Otro caso significativo que representa el fracaso de esta política es el de Colombia, país que se ha visto obligado a sufrir un alto coste humano y capital traducido en millones de dólares en la tarea imposible de acabar con todos los cultivos. Además, como agravante, la venta ilegal de drogas alimentó el problema desde los ochenta y aumentó las ganancias de grupos armados que actúan al margen del Estado, provocando que se tuviera que negociar la paz con la Habana. (Samper,2016) Es bastante sencillo apreciar que cuando se aplican las dinámicas de erradicación masiva de cultivos, los cultivos desaparecen solo momentáneamente pues como he mencionado, el mercado de drogas ilícitas se rige por la ley de los vasos comunicantes, lo que quiere decir que estos cultivos vuelven a aparecer en otras zonas geográficas. En 1996 Colombia estaba produciendo 300 toneladas de cocaína, en 2008 su producción se dobló, a pesar de que la política de cultivos llevaba en vigor desde 2002 y en 2005 había alrededor de 140.000 hectáreas cultivadas (Diario El Tiempo, 2008). Para Colombia esto supuso grandes costes, se calcula que el país invirtió en la lucha contra las drogas el 2% de su PIB aproximadamente, convirtiéndose en la mayor reforma agraria de los últimos 50 años. El costo humanitario es casi imposible de calcular, pero sabemos que ha causado un daño irreparable en muchas familias que cuentan con seres queridos fallecidos o cientos de policías asesinados. A esto se suma el aumento de corrupción en las grandes esferas del Estado que acaba por dificultar la instauración de una democracia sólida. (Samper, 2016) “En el problema mundial de las drogas, se observa que ha primado la posición de las grandes potencias, basada en una serie de prejuicios morales en nombre de los cuales, se ha mantenido una estrategia con enormes costos para los países periféricos, en particular para los latinoamericanos” (Samper,2016) 23 6.5. LA DEMOCRATIZACIÓN DE NARCOTRAFICO: MAFIAS Si el Estado no puede o no quiere controlar el mercado de drogas, alguien se encarga de ello. Las mafias configuran una pieza central en la guerra contra las drogas, son simultáneamente el objetivo principal de esta guerra y los más interesados en ella. Estas organizaciones criminales conforman figuras monopólicas respaldadas por un alto grado de violencia, la razón de esto es sencilla: en el mercado ilegal no hay normas ni leyes, por lo que las mafias han creado las suyas. Es decir, han creado su propia jurisdicción territorial con códigos propios, han configurado castigos para que su norma se haga cumplir y reaccionan atípicamente a las señales del mercado (Kopp, 2003). Estas normas sirven para asegurar su supervivencia dentro del mercado, por ejemplo: No matarás a tu proveedor. No moverás ficha (es decir, no hablarás con la policía) si te atrapan. No te meterás en líos cuando portes nuestra bandera (Hari,2015) “Si uno no puede recurrir a la ley para defender su posesión más valiosa —su alijo de droga—, entonces ha de asegurarse por todos los medios de que los demás le profesen respeto y se mantengan fuera de su territorio.” (Hari,2015) De esta forma consiguen menguar las acciones de las autoridades en su nicho de mercado para asegurar su propia permanencia en el mismo. Lo que implica que las mafias están sobradamente preparadas para hacer frente a los ciclos económicos causantes de las campañas represivas y pueden actuar con rapidez en el mercado a través del poder intimidante o disuasivo. Sin embargo, los narcotraficantes menores que operan en este mismo mercado son menos racionales y con frecuencia son “sacrificados” en el nombre de los grandes carteles para su propio mantenimiento. En otras palabras, el alto grado de represión “echa” del mercado a los narcotraficantes noveles mientras refuerza a los tradicionales, los cuales acaban por obtener más ganancias, puntos de venta y formas de distribución. (Friedman, 2000). De esta forma el narcotráfico queda reducido al control de unas pocas organizaciones criminales debido a que el monopolio genera menos costes económicos que la competencia (Samper, 2011) Pero el mayor beneficio del mercado de las drogas se da en el momento de su distribución al por menor, el campesino cultivador apenas recibe un 1% de beneficios del precio al que sale la droga al mercado, mientras que el exportador le corresponde un 12% (Samper,2011). Al igual que las mafias tienen leyes y normas de comportamiento para producir, también lo tienen para distribuir, un ejemplo muy claro es la llamada Ley de Hierro: cuando una droga se vuelve ilegal resulta mucho más complicado y arriesgado transportarla por lo que los narcos prefieren transportar la sustancia que provoque el mayor efecto y cuyo embalaje ocupe el menor espacio posible (Hari, 2015). Para comprender esto me remitiré al caso de la Ley Seca. Todo tipo de alcohol está ilegalizado, independientemente de que tuvieran alta o baja graduación. La mayoría de personas solo quieren “entonarse” un poco, las personas que beben compulsivamente hasta la intoxicación son 24 relativamente pocas, pero cuando las bebidas de poca graduación no están disponibles serán muchos los que opten por licores más fuertes, siempre es mejor eso que nada. Por lo cual, la prohibición acaba reduciendo el mercado a la sustancia más potente posible (Hari,2015) Antes de la Ley Seca, la bebida más popular en Estados unidos era la cerveza, pero en cuanto se ilegalizó el alcohol, los licores de alta graduación pasaron a constituir el 90 % del total de las ventas, cuando antes solo llegaban al 40 %. Es decir, que la forma en que la gente respondía al cambio era sustituyendo las bebidas suaves por otras más fuertes. (Hari,2015) Esto ocurre de la misma manera con las sustancias ilegales. Esto queda reflejado en el Informe Europeo sobre Drogas de 2022, explica que los problemas asociados a las drogas en Europa y fuera de Europa se basan principalmente en una continua innovación dentro del mercado, que da lugar a una gran disponibilidad global de sustancias cada vez más diferentes y a menudo de gran potencia y pureza. Mientras que los precios se mantienen estables la pureza aumenta, por ejemplo, la pureza en la cocaína oscila entre el 31% y el 80% en 2020, la mitad de los países europeos registraron una media de entre el 54% y el 68%, pero se ha registrado una tendencia al alza en los últimos diez años, y en 2020 alcanzó un nivel de pureza en un 40% superior al del 2010. A pesar de que las organizaciones y sus intermediarios puedan influir en las campañas prohibicionistas, su actuación no es libre. Tienen la posibilidad de aprovecharse de la característica inelástica de su mercado, trasladando al consumidor el mayor precio resultado de dichas campañas, pero como se ha visto en apartados anteriores, aunque se considere una medida prohibicionista de éxito, no suele afectar mucho al precio final de la sustancia. Otra posibilidad es recurrir a mezclas de sustancias alterando la pureza y calidad de la droga con un mayor riesgo para el consumidor. “Para entenderlo imaginemos lo que sucedería si cada vez que quisiéramos bebernos una botella de vino no supiéramos si su contenido de alcohol es del 8 o del 80 % [o] si cada vez que nos tomáramos una aspirina no supiéramos si es de 5 o de 500 miligramos” (Benavie, 2009) La evidencia nos muestra un alto abanico de adulterantes que van cambiando a lo largo del tiempo, pero como se ha mencionado, con tendencia a decrecer con el paso de los años. Algunos adulterantes registrados son altamente peligrosos para salud y están relacionados con el incremento de las sobredosis y las muertes por envenenamiento agudo (por ejemplo, el fentanilo en la cocaína o heroína, adulterantes en el MDMA y LSD) otros adulterantes se relacionan con complicaciones en la salud tras un uso continuado de los mismos en personas genéticamente predispuestas. Wood et al. (2011) evidenció una alta concentración de MDMA distribuida en forma bimodal en 101 muestras de tabletas de éxtasis incautadas por las autoridades en Reino Unido: 20 a 40 mg y 60 a 80 mg de MDMA por tableta respectivamente. Todas las muestras contenían 41 menos de 100 mg de MDMA, planteando la alerta sobre las adulteraciones y sus posibles efectos sobre la salud de los consumidores. (Pascale, Da Matta Chasin, Giancotti, & Hynes, 2019). Durante los últimos años han sido muchas los países que presentan drogas con una alta cantidad de adulterantes con un grado 25 de toxicidad intrínseco tales como 2CB, ketamina (EMCDDA, 2016). Reportes sobre los efectos tóxicos agudos serían manifestados posteriormente. Por ejemplo, el caso reciente de la cocaína adulterada en Argentina que se cobró 23 víctimas mortales y cientos de hospitalizaciones (BBC, 2022). En estas condiciones no es raro que el prohibicionismo – en términos de rentabilidad de política públicano esté teniendo éxito. Las mafias atienden a una racionalidad similar a los grandes conglomerados del mercado legal, la diferencia se sitúa en que ellos utilizan instrumentos como la violencia y corrupción para consolidar sus mercados, monopolio y fidelidad de sus consumidores (Samper,2011) La violencia asociada a las mafias es cada vez mayor y de más gravedad, por lo que se ha convertido en la forma primordial de regular estos mercados. El tráfico de sustancias dialoga a su vez con otros mercados ilícitos como el tráfico de armas, las peleas territoriales, corrupción y debilitamiento de los pilares democráticos, especialmente de la policía, justicia, y gobierno. Por otra parte, las respuestas de los Estados cuya base es el enfrentamiento mediante el combate policial y militar se han vuelto rutinarios y colaboran con el aumento de la violencia. (CELS, s.f) Durante los últimos años se han producido cambios en la localización de la producción, así como en la distribución y tránsito de drogas como respuesta a la persecución estatal. Como consecuencia, muchas comunidades locales se han visto afectadas por la violencia de este proceso, ampliando la conflictividad a otras regiones. El caso de Colombia es representativo, es un país que hace décadas que vive marcado por la violencia y por la lucha frontal entre el Estado y mafias. Durante los ochenta y parte de los noventa esta violencia se tradujo en secuestros, homicidios y atentados dinamiteros. En estos años se alcanzó la tasa de asesinatos más alta: 81 homicidios cada 100.000 habitantes (Torres, 2003) y en Medellín la proporción de homicidios con arma de fuego aumentó de 40% en 1979 a 76% en 1985 (Reid,2013). En el caso de México la guerra contra las drogas ha provocado alrededor de 70 mil homicidios y graves consecuencias para las integridad, libertad y seguridad de sus ciudadanos. A partir de 2006 hubo un refuerzo en las Fuerzas Armadas respecto a las políticas de seguridad, a su vez múltiples instituciones públicas de seguridad comenzaron a contratar como titulares a militares activos o retirados (Acosta,2012) En 2021 se registró que 50.000 militares tenían responsabilidades de seguridad pública. De esto podemos entender que los militares se han asumido hace tiempo como responsables de la seguridad del país y como consecuencia, hay un aumento de las quejas en contra de las fuerzas ramadas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Más de 5.000 quejas por torturas y maltratos, más de 22.000 víctimas de desaparición forzada (Steimberg,2013) y más de 280.000 personas desplazadas por la violencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2015) 32 Otra gran iniciativa que comprobó la funcionalidad de este proceso se desarrolló en Suiza por la política Ruth Dreithfuss. Se trata de un programa de prescripción de heroína, era la última opción para aquellas personas que ya no tenían más recursos. Por esta razón, había unos requisitos concretos para entrar: ser mayor de edad, haber participado en por lo menos tres programas de desintoxicación sin éxito y tener carnet de conducir. Si uno de los pacientes demanda una dosis más alta no tiene más que pedirla y se le suministrará, por este motivo cuando los adictos entraban al programa querían dosis más altas, pero en los meses siguientes eran muchos los que dejan de demandar la sustancia y mantienen sus dosis estables (Csete, 2010) El personal médico de este programa relata que “La mayoría quiere seguir reduciendo su consumo” (Hari,2015). Si a un adicto de los más enganchados le ofreces la posibilidad de recibir drogas controlando su dosis sin recurrir a actos delictivos, la experiencia apunta a una reducción progresiva, no se trata de una alternativa al abandono de drogas, sino un camino para dejarlas en el futuro (Hari,2015). El objetivo es que la persona vaya reconstruyendo su vida gradualmente de forma que pueda volver a tener factores que mejoren su contexto (relaciones personales, pequeños placeres cotidianos, un puesto de trabajo) Cuando lo logre, cada vez habrá menos espacio en su vida para la heroína, a la larga el adicto habrá estabilizado tanto su contexto que no le hará falta la heroína para desinhibirse. De todos modos, los pacientes pueden estar en el programa todo el tiempo que deseen, aunque la media es el alta a los tres años y para entonces solo el 15% consume a diario. (Hari, 2015). Los beneficios de este programa no solo tienen un impacto en el número de adictos, también tuvo un impacto social destacable: las zonas públicas como parques y estaciones antes ocupadas por adictos ahora estaban limpias, las calles estaban más seguras, pues los delitos de robos de vehículos habían descendido un 55% y los atracos y robos un 80% desde el comienzo del programa (Ribeaud, 2004). En 1985 Suiza registraba un 68% de infectados de VIH por consumo intravenoso, pero en 2009 la cifra descendió al 5%, la cantidad de muertes anuales entre los adictos descendió extraordinariamente, además, la proporción de aquellos con trabajo estable se triplicó y había un 100% de personas con hogar (Uchtenhagen et al., 1999). Una tercera parte de los solicitantes de prestaciones sociales dejaron de pedirlas y un 94,7% de participantes del programa declararon estar menos dispuestos a vender drogas (Hari,2015). Esto supone también una ventaja económica, este programa tuvo un coste de alrededor de 35 francos suizos por paciente y día, pero también supuso un ahorro de 44 francos en relación con los gastos de arrestos, juicios y condenas (Hari,2015) 33 7.3. LAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS ADICTOS Como ya he expuesto en apartados anteriores, la evidencia científica señala el contexto como el principal factor para el desarrollo de las drogodependencias, es por ello que las sociedades deben tener como objetivo hacer de ellas un lugar abierto y seguro que sea capaz de ofrecer recursos para aquellas personas que sufren la estigmatización y el rechazo social. El fenómeno del consumo y por consiguiente de las drogodependencias, no se pueden analizar cómo hechos aislados que responden a los deseos del consumidor como única causa, es la relación entre el contexto, la cultura, las interaccione sociales, predisposiciones genéticas, traumas…. La sociedad es el contexto general que rige la vida de los individuos, su funcionamiento, valores y cultura serán un factor determinante para el índice de consumidores activos de la misma, por este motivo las experiencias comunitarias de reinserción como modificación del contexto tienen un valor significativo cuando hablamos de drogodependencias. El ejemplo de Vancouver retrata como el apoyo y la coordinación comunitaria puede influir en la calidad de vida de los adictos. En Downtown Eastside un adicto llamado Bud inició una organización “VANDU” (Red de Consumidores de Drogas del Área de Vancouver) formada por adictos organizados que luchaban por la instauración de medidas de protección hacía los drogodependientes: Charlas de los bomberos para la reanimación, patrullaje de los adictos en busca de personas que necesiten asistencia médica… Bajo los lemas “Nada sobre nosotros sin nosotros” y “Tenemos derechos inalienables: el derecho a la vida, a la salud y a ser tratados como seres humanos. Ustedes nos están privando de esos derechos. Y ahora pedimos que nos sean devueltos” se manifestaron en el parque Oppeinheimer utilizando cruces símbolo de las personas fallecidas a causa de las sobredosis. (Hari,2015) Finalmente, el gobierno de Vancouver cedió y se abrió la primera sala de consumo supervisado en América del Norte, aunque esta medida no sería sino la primera de una política de mayor alcance destinada a proteger a los adictos, con personal especializado, control de las drogas, limpieza, ayuda psicológica y tratamiento médico, además de una sala de desintoxicación si así lo desean. Vancouver tiene hoy una de las políticas más avanzadas en política de drogas. En 2012 se manifestaron los resultados de una década de avance en la política de drogas: La esperanza de Downtown Eastside había aumentado significativamente. Globe and Mail basándose en los datos de la Oficina Forense de la Columbia Británica, afirmaba que se estaba experimentando un decrecimiento de las muertes en un 80% (The Globe and Mail, 2008), no se había experimentado algo así desde los finales de las grandes guerras. En ese mismo año el Tribunal Supremo de Canadá reconocía en una sentencia los derechos de los adictos a la vida y por ello, las salas de consumo seguras son estrictamente necesarias, derecho legal que no puede ser clausurado. 34 No es necesario viajar al extranjero para ver este tipo de iniciativas, en España en 1986 aparece el movimiento “Madres contra la Droga”. En el momento en el que aparece la heroína y la cocaína en España se dispara el índice de consumo en una sociedad que no sabía nada sobre el tratamiento de drogodependencias: parte del personal sanitario evitaba o rechazaba atender a los adictos, los adictos que delinquían se encontraban con la seguridad del Estado y el sistema penal, además de un rechazo tajante por parte de los ciudadanos. Tanto el gobierno como las organizaciones privadas ofrecían escasos recursos a los adictos. Como diría una de las madres “Es que antes no había nada [para los toxicómanos] (...). Nada, no había nada: cárcel, palizas (...)”. Es cuando surge Madres contra la droga en los barrios obreros de las grandes ciudades, formado por madres y familiares de personas adictas. A nivel estatal, las madres demandaban más medios para el tratamiento, programas de desintoxicación y rehabilitación, políticas facilitadoras de empleo para la reinserción, servicios sanitarios especializados, programas de prevención en los jóvenes y medidas para la mejora de vida para aquellos que no podían o querían abandonar el consumo (programas de metadona) (Fernández, 2001) Sin embargo, estas madres no solo querían mejoras en las políticas públicas, también el reconocimiento y apoyo social que ayudara a mitigar la exclusión social a la que se enfrentaban sus hijos, como relataban: “Que, aunque los chicos estén drogadictos, son personas”. Así como la denuncia de los abusos e irregularidades cometidas contra los adictos, como el hostigamiento, amenazas, intimidación y violencia física. El rechazo de la ciudadanía imposibilita la rehabilitación de los dependientes (Fernández, 2001), por ejemplo, en otoño de 1998, casi la mitad (46%) de los españoles de edad comprendida entre 15 y 24 años declaraba que no le gustaría tener como vecino a un drogodependiente (Elzo et al., 1999). Años después podemos ver los resultados de esta lucha, actualmente el sector público ofrece a las personas adictas muchos más servicios: tratamientos de desintoxicación, prestaciones sanitarias, ayuda psicológica, medidas de inserción… Estos y otros programas existen en buena parte por la denuncia de la organización, si bien los adictos también se han involucrado para visibilizar la problemática, Madres contra la droga fue el inicio de una revolución social que consiguió en unos años caracterizados por la incertidumbre, la ayuda a un colectivo en el que nadie pensaba. En cuanto al reconocimiento social, hoy en día las madres continúan sus denuncias hacía aquellas personas que tratan la problemática desde el sector público, puesto que se siguen albergando actitudes hostiles hacía los adictos. Actualmente, podemos considerar que ha habido una modificación en la actitud social, pero se siguen registrando abusos que hace que sea necesario continuar por este camino de lucha social. (Fernández, 2001) 35 7.4. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS A la vista del carácter complejo tanto de las drogodependencias como de la lucha contra las drogas, es necesario evitar caer en simplificaciones cuando se va a abordar dicho fenómeno. Esto conlleva asumir que no solo estamos tratando con unas sustancias causantes de determinados efectos, sino que también debemos tener en cuenta a las personas que las consumen y que tienen unas expectativas sobre los efectos de la misma. Y esos individuos están en constante relación con el entorno social que las rodea, donde se mezclan con los distintos elementos políticos, económicos y culturales. De esta forma, el problema de las drogodependencias es un problema multiforme y cambiante con el tiempo e historia, impulsado en parte por la cultura y las representaciones e imaginarios sociales. (Narezo et al, 2014) Si tomamos consciencia entonces de que las intervenciones en el campo de las drogodependencias tienen una dimensión social, es cuando debemos hablar de la Educación Social. Esta solo puede ser explicada a partir de factores tan determinantes como el contexto social, la aparición de políticas sociales, la cultura predominante, economía… (Petrus, 1997). Es importante resaltar que el campo de trabajo de la educación social no está únicamente limitado a la escuela o también llamada Educación Formal, sino que engloba todos los procesos educativos, independientemente de la institución donde tenga lugar: empresas, familia, educación para adultos, centros de protección, centros de capacitación, asociaciones laborales o comunitarias, centros de recreación, medios de comunicación, comunidades terapéuticas… (Bedriñana, 2006) Sin embargo, no se trata de algo nuevo, la Educación Social tiene una larga trayectoria en el tratamiento de las drogodependencias, en España concretamente ya se registraba la presencia de educadores sociales en centros de tratamiento durante los 70. La Educación Social fusiona tres profesiones ya existentes anteriormente: animación sociocultural, educación para adultos y educación especializada, en esta última es donde se engloba el tratamiento de las drogodependencias. Ámbito el cual sigue siendo una clave de actuación de la Educación Social una vez consolidada como titulación (Bas-Peña, 2014). Realmente resulta poco discutible la relación de la Educación Social y el abordaje de las adicciones, como ya se ha visto en apartados anteriores, una de las consecuencias más señaladas de la problemática es el aislamiento y la exclusión social de los individuos. Estas consecuencias demandan un acompañamiento y una tarea socioeducativa básica (SixtoCostoya & Olivar Arroyo, 2018) teniendo en cuenta los objetivos presentes en la definición de Educación Social de ASEDES (2007): En primer lugar, la incorporación del individuo de la educación a la diversidad de las redes sociales, es decir, el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, en segundo lugar, la promoción social y cultural entendida como la adquisición de nuevas perspectivas educativas, de ocio y participación social. 36 En España la presencia de educadores social está ampliada a todos los espacios de atención a personas en riesgo de exclusión, especialmente en los recursos residenciales o semiresidenciales, programas de actuación en la comunidad, prevención, tratamiento y reinserción. Incluyendo el trabajo en contextos cotidianos y en contextos controlados en el caso de las Comunidades Terapéuticas, mediante estrategias socioeducativas orientadas a la incorporación social para superar los problemas asociados al consumo (SixtoCostoya & Olivar Arroyo, 2018). La actuación de los educadores en las adicciones está muy vinculada a la legalidad de las mismas, así como a la concepción que tenga la sociedad del consumo. Por ello, en países con otra legislación los educadores tienen además de los mencionados, otros objetivos distintos. En el caso ya estudiado de Portugal (véase anexo 4), los educadores son una pieza esencial en la prevención del consumo, puesto que se entiende el consumo como un fenómeno social que deriva en una problemática en la salud de los ciudadanos, pero la solución lejos de venir de políticas represivas del Estado está en manos del tejido social a través de la concienciación de que se puede superar la adicción y asumir modelos de vida y conducta saludables. En el caso de Canadá, el educador social funciona como figura potencial del desarrollo comunitario. Esto quiere decir que desempeña una función “no formal”, o es lo mismo, fuera del contexto estrictamente educativo. Es lo que podríamos denominar “educador de calle” puesto que trabaja en un ámbito no reglado en el que no tiene por objetivo el aprendizaje académico, sino que la meta principal es conseguir el mayor grado se socialización de las personas con las que se está trabajando (Bas et al.,2014). De este modo se trata de dar respuesta a demandas y necesidades sociales, previniendo, mitigando o corrigiendo procesos que lleven a la exclusión social, mientras simultáneamente potencia procesos de inclusión y participación social (González et al., 2017) Esto incluiría hacer un seguimiento de las personas con drogodependencia, identificar las necesidades a las que hay que dar respuesta mediante una atención individualizada e iniciar procesos que eviten que caigan en la marginación social, y por tanto, en el asentamiento del consumo. El papel del educador social en este caso se centraría en reforzar el contexto de las personas, acompañándoles en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de una vivienda digna y sobretodo reforzando los vínculos sociales sanos que funcionen como apoyo y factor protector respecto al consumo: potenciando la relación con familiares, amigos, asociaciones o en su comunidad. Además, también contemplaría la atención individualizada sobre las necesidades sociales de la persona a tratar, en continuo contacto con otros profesionales que pueda ofrecer una atención generalizada en el proceso de socialización. Todo ello articulando una acción socioeducativa de potenciación sobre las capacidades individuales tales como la autonomía, con la disponibilidad de recursos de carácter públicos y de implicación comunitaria, es decir, mediante las herramientas esenciales de la Educación Social. (Martínez & Lázaro, 2003) 37 Esta acción socioeducativa supone asumir que el consumo de drogas es parte del funcionamiento social, y a partir de ello identificar y tratar los conflictos que conlleva el consumo: Efectos sobre la salud pública, romper estereotipos, tomar conciencia de que la adicción es algo que se puede superar… A pesar de las diferencias que pueda haber entre las funciones de los educadores en el tratamiento de drogodependencias, las funciones generales se podrían resumir en las siguientes:  Educación y concienciación: Proporcionar información realista y precisa sobre la realidad del consumo, así como los posibles riesgos que se afrontan y formas saludables de hacerlo.  Creación de un entorno seguro y libre de juicios: Fomentar la confianza y la comunicación abierta con la persona que se trabaja, así como destruir estereotipos que ahonden la situación de exclusión en la que se pueda encontrar el individuo. Lo que acaba por brindar un espacio seguro para tratar los problemas subyacentes a la adicción.  Detección temprana y referencia adecuada: La detección temprana de conductas de riesgo que puedan derivar en un problema de adicción es parte de la prevención y deben ser atendidas con la mayor eficacia posible mediante el apoyo y tratamiento necesario en cada caso.  Promoción de habilidades de afrontamiento: Es necesario dotar a las personas de habilidades de afrontamiento eficaces contra el estrés, emociones impulsivas o decisiones prematuras que la puedan llevar a caer en el consumo.  Colaboración con otros profesionales: Es necesario el trabajo integral y colaborativo con otros profesionales para abordar la problemática desde todas las perspectivas que puedan ayudar a dar una respuesta eficaz.  Involucramiento de las redes sociales y la comunidad: Al mantener unidas y reforzadas las redes sociales de la persona construimos una red de apoyo que colabora en gran medida con la integración social y la ausencia de estigmatización por parte de la comunidad, garantizando así el cuidado y atención en los distintos entornos.  Fomento de actividades saludables y alternativas: Promover la participación activa en actividades de ocio saludable que brinden alternativas positivas a las conductas adictivas y que puedan servir de apoyo para la reducción del consumo. (Unir, 2023) 38 8. CAPÍTULO 4: LAS POSIBILIDADES DE REGULACIÓN: DESPENALIZACIÓN, DESCRIMINALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN El largo recorrido del prohibicionismo además de sus notables consecuencias ya expuestas, ha provocado que los científicos y las sociedades en general, adopten un clima de opinión que asume el fracaso del modelo punitivo que domina el control internacional de drogas. La creciente corriente que se posiciona como favorable a algún tipo de regulación ha conseguido importantes avances intelectuales y mediáticos, como es el uso de algunas sustancias psicoactivas en el ámbito médico, concretamente en el campo de la salud mental (Gamella, 2011) Un ejemplo de esto, son los nuevos usos de la ketamina como medicamento disociativo aprobado por la FDA para el uso en depresiones resistentes a tratamiento. Los científicos siguen investigando otras drogas psicodélicas y disociativas para su uso en trastornos mentales (NIDA, 2024). En el caso de Australia, no solo se permite el tratamiento con ketamina, también se ha acreditado el uso de la psilocibina y el MDMA para el tratamiento los trastornos depresivos y el estrés postraumático (BBC News Mundo, 2023). Lo que ejemplifica el constante progreso de las distintas leyes que regulan el uso y presencia de las drogas en las sociedades, admitiendo así parte de los beneficios de las mismas mediante la aplicación controlada en casos donde pueden ser tremendamente beneficiosas para la calidad de vida de las personas. Sin embargo, es preciso reconocer que existen otras zonas del sistema mundial donde la prohibición está profundamente arraigada y se percibe como exitosa, además, muchas de estas zonas son importantes actores en la política internacional (China, Rusia, Irán, Arabia Saudí, entre otros) Lo que hace prácticamente imposible el desplazamiento del debate a términos internacionales, el simple planteamiento de la cuestión se traduce en ya una traición y casi una contribución al deterioro colectivo. Lo que nos da una pista sobre el enfrentamiento con el que se vive la cuestión (Gamella, 2011) Mientras, en Europa parecería que estamos en un momento adecuado para abordar el debate, después de décadas viviendo los problemas derivados de las drogas ilegales y una situación donde existe parte de consenso y no hay ningún asunto especialmente urgente en este sentido, a pesar de un creciente índice de consumo sobre todo en el caso del cannabis y la cocaína, y un endurecimiento en la situación del tabaco. Este tema parece tener hoy una muy baja rentabilidad política, brilla por su ausencia en las agendas de los grandes partidos políticos (Gamella, 2011) Aún con esta situación los científicos en la materia han valorado cuatro opciones para la gestión del consumo de drogas: El mantenimiento del sistema punitivo imperante a nivel mundial, la 39 despenalización del consumo, la descriminalización de las drogas y el consumo, ambas basadas en reducir el consumo y controlar parte de la demanda. Y, por último, la legalización de la producción y el comercio de las drogas psicoactivas. En los párrafos siguientes estudiaré la viabilidad y el éxito de su aplicación de cada una de los modelos a excepción del modelo prohibicionista ya que ha sido analizado a lo largo de todo el documento. 8.1. LA DESCRIMINALIZACIÓN: PORTUGAL La descriminalización se da cuando un país mantiene sus leyes restrictivas sobre drogas, pero ya sea a través de nuevas regulaciones o un cambio en su política sustituye las infracciones penales por infracciones administrativas, trabajos en servicio de la comunidad o tratamiento (Fundación Beckley, 2004). En este modelo se da un papel especial a las políticas públicas que invierten en tratamiento de las drogodependencias y en la prevención de las mismas, especialmente dentro del contexto escolar (Gamella, 2011) Se entiende que el consumo de drogas dentro de las sociedades a pesar de ser una infracción, es inevitable, por lo que hay que separar entre la oferta y la demanda para evitar las privaciones de libertad a personas con una dependencia. En sustitución ofrecerles un servicio o tratamiento que pueda ayudarles a superar su situación, además, mediante este modelo se evita la criminalización y etiquetación de los consumidores. Portugal es uno de los pocos países que tiene una ley de descriminalización, dicha ley estipula una cantidad determinada de cada sustancia que una persona puede portar sin ser considerado tráfico de drogas. Por norma general, se puede considerar suficiente para consumo propio en un periodo de 10 días, esta cantidad varía según la droga en cuestión: 25 gramos de cannabis, 5 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína, 1 gramo de heroína, 10 pastillas de LSD o éxtasis. Es importante remarcar que estas cantidades límite son referenciales y no vinculantes, es decir, aunque una persona porte una cantidad inferior a la estipulada por la ley, es tarea de la policía determinar la intención de la persona. Por ejemplo, si se sorprende a alguien vendiendo cualquier sustancia a pesar de ser una cantidad legal, se considera delito (Domosławski, 2012). Bajo la nueva estrategia, la compra, posesión y consumo de drogas ilícitas han sido degradados, pasando de ser considerados delitos a ser infracciones administrativas. Aunque las personas que trasgredan la ley vendiendo sustancias, consumiendo o portando una cantidad superior a la estipulada, serán remitidos en un plazo de 72 horas a uno de las veinte Comisiones para la Disuasión del Uso de Drogas locales repartidos por todo el país. En ese momento la policía ya no tiene poder para arrestar a los usuarios, aunque pueden requisar la droga encontrada, tomar datos y enviar esta información a la CDT, esta comisión está formada por educadores y trabajadores sociales, consejeros legales y profesionales de la medicina respaldados por un equipo de expertos técnicos. 40 Ellos valoran la situación y el tipo de sanción en función de: el tipo de doga, el nivel de uso (adicción, habitual u ocasional), si el consumo fue en público o en privado y las condiciones económicas de la persona. Estas sanciones se pueden traducir en servicios comunitarios, multas administrativas, suspensión de licencias profesionales y amonestaciones. La CDT también recomienda el tratamiento o la educación pertinente (Fundación Beckley, 2004). Los resultados de esta política son esclarecedores, en contra de lo que se pueda pensar, con estas regulaciones el consumo medio ha decrecido, los índices de consumo de drogas de Portugal son mucho menores que la media europea. Por ejemplo, el porcentaje de personas que han consumido cannabis en el último mes de edades comprendidas entre 15 y 34 años en 2022: España se sitúa en un 19.1%, Italia 20.9 %, Francia 21.8%, Luxemburgo 23,3% mientras la media es 27.3%, Portugal se sitúa en 11% (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022). En el ámbito de la salud, los diagnósticos de VIH relacionados con el consumo de drogas han decrecido considerablemente desde la aplicación de las nuevas leyes, además, las muertes por sobredosis en España en 2019 fueron 546, en Francia 465, en Italia 308, en Bélgica 148 mientras que en Portugal se reducen a 72. (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022). En cuanto al crimen podemos ver también un efecto positivo de esta política. La proporción de delincuentes relacionados con las drogas en la población penal portuguesa (que se define como aquellos que cometieron delitos bajo la influencia de drogas y / o para financiar su consumo de drogas) también se redujo, del 44% en 1999, a poco menos de 21% en 2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) 8.2. LA DESPENALIZACIÓN: HOLANDA En la despenalización el uso de drogas para uso personal sigue siendo un delito, pero una reforma legislativa u otras políticas estipulan sanciones mínimas, como periodos reducidos de privación de libertad o sanciones penales al encarcelamiento (Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas). En ocasiones, la diferenciación entre la despenalización y la descriminalización no es tajante y da lugar a confusiones al usarse ambos términos de forma indistinta. Según el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT): La “Descriminalización” implica la eliminación de una conducta o actividad de la esfera del derecho penal. La prohibición sigue siendo la norma, pero las sanciones por el consumo (y sus actos preparatorios) ya no caen dentro del marco de la ley penal. [Por el contrario], la “despenalización” se refiere a la relación de la sanción penal dispuesta por la ley. En el caso de las drogas, y del cannabis en particular, la despenalización generalmente implica la eliminación de penas privativas de la libertad. Es el caso de la política holandesa, se centra en disuadir el consumo de droga y reducir los riesgos que conlleva tanto para la persona como para su entorno y la sociedad en general. Hay un marco de ilegalidad en cuanto al consumo, tráfico, tenencia, venta, transporte o manipulación de cualquier tipo de droga, sin embargo, esta política diferencia entre las drogas “blandas” (cannabis) y 41 “duras” (anfetaminas, cocaína, heroína, éxtasis…). La tenencia de más de 0.5 gramos de drogas duras supone un delito grave mientras que la tenencia de menos de 5 gramos de cannabis a pesar de ser un delito, no es perseguido. Así como el cultivo para consumo propio que no supere las 5 plantas, pero se actúa severamente contra el cultivo a gran escala (Ministerio holandés de Asuntos Exteriores, 2008) Holanda también ha regulado espacios de consumo de cannabis controlado llamados coffeshops, se trata de establecimientos de hostelería en los cuales la venta de alcohol es ilegal, y bajo condiciones estrictas, se regula la venta de cannabis a pesar de ser un acto punible legalmente. Si se cumplen las condiciones legales la venta de cannabis en estos establecimientos no se considera objeto de persecución policial. Un coffeshop que cumpla las restricciones legales no puede vender una cantidad mayor de 5 gramos por día y cliente, tampoco puede vender otras sustancias que no sean cannabis, incluido el alcohol, no se permite causar molestias a la vecindad, ni la venta o entrada a los menores de 18 años. “La venta de cannabis continúa siendo punible. Si los propietarios de coffeeshops contravienen las normas mencionadas, se adopta una medida administrativa (cierre del establecimiento) o se los procesa judicialmente. Con respecto a los coffeeshops en los cuales se cumplan estas normas, no se interviene según la directriz del Ministerio Fiscal contra un stock de hasta 500 gramos” (Ministerio holandés de Asuntos Exteriores, 2008) En cuanto a las penas por transgredir la ley holandesa, si una persona con una dependencia es detenida por tenencia o criminalidad relativa al consumo, en la comisaría se contacta con asistentes sociales. La relación entre la policía y la justicia, por un lado, y la ayuda al consumidor, por otra, son rasgos esenciales de la política de Holanda. Las drogas que los agentes encuentren siempre serán incautadas, aunque sea una cantidad para el consumo personal. A las personas que incumplan la ley se les ofrece la oportunidad de decidir si quieren someterse a tratamiento o una pena de prisión (o una multa administrativa según el caso), es necesario mencionar que para acceder a la opción de tratamiento la persona debe cumplir ciertas condiciones (motivación, controles de drogas, seguimiento…), de no ser así se procede al ingreso en prisión. (Ministerio holandés de Asuntos Exteriores, 2008) Esto ha tenido un impacto muy positivo en los índices de consumo de drogas, Holanda hizo un estudio comparativo en los años 2005 y 2006 para ver los impactos de la nueva política midiendo el porcentaje de personas que tenían un consumo de cannabis en el último mes: España al igual que Italia se situaba en un 11%, Francia en un 9%, mientras que en Holanda de reduce a un 5%(Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2007). Así se determinó el porcentaje de consumidores problemáticos (no solo de cannabis) entre 2001 y 2005: Reino Unido 10,2%, España 8,2%, Italia 7,9% mientras que Holanda únicamente un 3,1% (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2007). Lo que nos lleva a concluir que las políticas flexibles en cuanto al consumo regulado no llevan a un aumento del consumo descontrolado, de hecho, vemos como tiene uno de los índices más bajos de consumo y problemáticas derivadas del mismo. 48 venta o fabricación hace que tanto consumidores como vendedores sigan vendiendo y consumiendo, pero sin ser percibidos por los gobiernos, lo que retira a los mismos de algún control sobre estas actividades. Este control es delegado en toda aquella persona que esté dispuesta a asumir los riesgos que conlleva la realización de dichos actos con un gran incentivo de lucro. Pues en términos económicos se trata de una demanda que no está cubierta por la oferta legal, de manera que es el mercado sumergido quién estipula las reglas de “control” sobre estas transacciones, lo que incluye precios de las sustancias, formas de conseguirlo, calidad, formas de organización de los vendedores, formas de cobro, de fabricación… Esto hace pensar en los riesgos que conlleva, se trata de un mercado motivado por el beneficio de los fabricadores y vendedores, lo que deja a los consumidores en un segundo plano. Por una parte, los fabricantes harán todo lo posible por mantenerse en el mercado enfrentándose a sus competidores, al no haber intervención estatal, los métodos como la violencia, extorsión o tortura, están “permitidos”. Además, al no contemplarse estás actividades en el marco legal, no se puede recurrir a demandas, denuncias o cualquiera de las intervenciones relativas al mercado, la única forma de mantener estas actividades alejadas de sus competidores se limita a los métodos contrarios a la ley. La venta y fabricación de drogas constituye uno de los mercados más lucrativos de todo el mundo junto el petróleo y las armas, lo que conforma un motor para que, a pesar de los esfuerzos de persecución y castigo por parte de las autoridades, siempre aparezcan personas dispuestas a correr los riesgos de las mismas. Al ser una industria con tanto beneficio, hay partes del sistema de seguridad gubernamentales que se ven involucradas en ello, dando información, siendo laxos en los controles aduaneros, infiltrándose… Todo ello complica enormemente que el sistema punitivo llegue a las personas responsables de estas actividades, pues como se ha mencionado en este documento, los datos revelan que solo un 2% de las personas imputadas por tráfico o tenencia son altos y medios cargos de la cadena de narcotráfico. Se trata de un mercado que cuenta con muchos medios para poder esquivar el sistema de control, pues la demanda no decrece en ningún momento, ni bajo el aumento de precio ni con el decrecimiento de la calidad de los productos como ocurre en los mercados legales. Sumado a esto, los programas de persecución afectan muy escasamente en la proporción de producto y su precio que finalmente se manifiesta en el mercado, debemos tener en cuenta la teoría de los vasos comunicantes, si se hace presión en un punto geográfico donde existe una amplia oferta de drogas, este se desplazará a otro punto donde las presiones gubernamentales no sean tan acusadas, puesto que es un tipo de oferta muy flexible y con mucho margen de actuación en cuanto a sus distribuidores y fabricación. En este sentido, si se observa el funcionamiento del mercado ilícito de drogas nos daremos cuenta de que el sistema de persecución tiene una base poco sólida, pues su principio es la persecución de la oferta para acabar con la demanda, contraviniendo las leyes económicas básicas que rigen cualquier actividad. 49 De esta manera, las mafias van afianzando su poder, hasta tener similares o más medios que el Estado contra el que están actuando, desencadenando una espiral de violencia cuyas consecuencias se materializan en la población del territorio. El hecho de que estas organizaciones tengan el poder suficiente como para extorsionar a un gobierno hace pensar en las grietas de la política punitiva, pues los gobiernos son los encargados de velar y proteger a la población, si pueden ser condicionados por las demandas de las organizaciones criminales, el Estado de derecho y las seguridades de los ciudadanos se ven amenazados gravemente y se sume al territorio en una lucha frontal entre ambos bandos que tiene difícil resolución, pues cada acción violenta es respondida por el otro con otra acción de una violencia superior. Por otra parte, tenemos a los consumidores, quienes sustentan el sistema de venta de drogas ilícitas. Estos se ven inevitablemente vulnerables a los cambios que las organizaciones hagan sobre todo lo concerniente a las sustancias: pureza, precio, cortes con sustancias tóxicas. Realmente no tienen ninguna certeza de que lo que están consumiendo sea el producto deseado, en la mayoría de las ocasiones los productos tienen una proporción de pureza alterable, que se mezcla con productos muy dañinos para el consumidor o incluso con otras sustancias de mayor potencia que el consumidor no deseaba, esto genera intoxicaciones, problemas de salud a largo plazo, infecciones o problemas mayores en algunos casos. Sabemos el peso del contexto en la adicción supera a las predisposiciones genéticas, especialmente la relación entre el consumo y las experiencias negativas a una edad temprana, si el consumidor ya está en una posición de notable desventaja frente a los vendedores, sumado a la percepción que se tiene de su vinculación con los delitos, las prisiones, o lo mal visto, esto lleva a que se materialicen los procesos de exclusión y aislamiento social que acaban por crear un contexto aún más desfavorable para estas personas y agudizando la marginación social a la que se enfrentan. Este rechazo social unido al correspondiente discurso social respecto a las drogas, deja a este colectivo enfrentado con el resto de la sociedad, pues el deterioro de sus vínculos sociales, rutina o trabajo, dificulta la conformación de relaciones sanas que puedan mejorar su entorno. De esta forma, muchos adictos únicamente se relacionan con otros adictos, ya que es el único colectivo que les acepta, de esta manera, se retroalimentan los patrones de consumo y aislamiento. Tras más de cien años de política prohibicionista, hoy sus efectos se manifiestan y están sujetos a evaluación, debemos cuestionarnos si las razones políticas y morales que sustentaron la instauración de esta política siguen hoy vigentes. El miedo social, campañas de medios de comunicación, o estereotipos fueron algunos de esos factores, aunque actualmente las sociedades han avanzado y la mayoría de ellas han dejado atrás estos viejos argumentos, sigue habiendo un reflejo de los mismos: la masificación de las cárceles, la exclusión social, índices de personas negras encarceladas, falsa información sobre drogas… En este debate, es casi imposible no hacer juicios éticos, pues como ya se ha hecho mención, una parte de los argumentos de impulso respecto la política prohibicionista fueron de carácter moral. 50 A pesar de ello, los datos señalan un fracaso severo del prohibicionismo: índices de consumo, facilidad para conseguir drogas en los jóvenes, índices de abandono de los programas… apuntan directamente hacía la necesidad de una modificación legislativa. Tanto prohibicionistas como legalizadores tienen un objetivo común: mantener las drogas bajo control y evitar que problemas como la drogodependencia se conviertan en un fenómeno general. La diferencia principal entre ambas posturas es la aceptación o no de que las drogas no van a desaparecer de nuestras sociedades, por lo tanto, este control ahora de las organizaciones criminales, debe ser devuelto al poder gubernamental para que velen por los derechos y bienestar de los consumidores e impulsen procesos de reinserción basados en la reducción de daños y riesgos mediante información objetiva y realista sobre las drogas. Es importante que sean los propios consumidores quienes decidan reducir o eliminar su consumo por sí mismos, ellos tienen el derecho de decidir sobre su salud y los riesgos que toman, la imposición de una sola postura en relación al consumo de drogas lleva a la criminalización de los consumidores. Si el poder de las actividades en relación a las drogas reside en el Estado, provocaría la reducción significativa o eliminación de algunos problemas derivados de la política punitiva, además, se tendría un mayor conocimiento sobre estas sustancias (efectos, composición, calidad, formas de consumo, formas de prevención, población vulnerable al consumo…). Esta postura no está alejada de la realidad, ya en los inicios del prohibicionismo se comenzaron a ver propuestas basadas en estos argumentos, posteriormente, países enteros como Holanda o Portugal han sido capaces de poner en práctica nuevas reformas. Según los objetivos de cada territorio, se han decantado por la despenalización o la descriminalización, ya sea por medio de la separación entre vendedores o consumidores o por el control del consumo de alguna sustancia. De cualquier modo, han logrado mantener índices de consumo y criminalidad muy por debajo de la media europea donde impera el sistema prohibicionista, aunque durante todo el documento he hecho referencia a estos índices de consumo como herramienta orientativa para saber el éxito o fracaso de las políticas de drogas, debemos tener en cuenta que en estos países no solo tienen un menor consumo, también tienen un consumo más seguro. Cuentan con herramientas de inserción social y control sobre estas sustancias que otorgan seguridad al consumidor y de recursos necesarios para la reducción del consumo en caso de que así lo desee. La sustitución de la persecución, castigo e imposición por la aceptación, prevención y educación crea una sociedad mucho más concienciada con los peligros de las drogas. Sea descriminalización como despenalización (y puede que algún día la legalización), ambas apuestan por la educación como pieza central para la prevención del consumo, entienden que deben ser profesionales de la divulgación los que se encarguen de esta tarea, en el caso de Portugal, son los educadores sociales quienes llevan a la práctica técnicas de prevención localizadas fuera del contexto formal. 51 La pertinencia de la educación social en la drogodependencia resulta poco discutible, se trata de uno de los campos de trabajo más comunes de esta profesión. La educación social trata las drogodependencias en todos sus aspectos, por un lado, en la prevención dentro y fuera del marco formal. Esto se puede dar mediante charlas educativas en las escuelas, divulgando información sobre drogas en contextos donde hay un riesgo de consumo (fiestas, festivales, discotecas) o creando plataformas de información accesible para las familias, lo que se pretende conseguir con estas actividades es difundir información objetiva a aquellos colectivos propensos al consumo experimental, de esta forma, la persona a la que se traslada esta información podrá tomar sus propias decisiones y asumir los riesgos que crean conveniente, además, si la persona decide consumir, sabrá los efectos que produce, teniendo mucho más control sobre sí misma. Otro de los objetivos a trabajar de la educación social en el campo de las drogodependencias es la reducción de daños y riesgos, esto va especialmente dirigido a personas que ya tienen un hábito de consumo elevado, cuando la persona no está preparada para enfrentarse al absentismo, el objetivo que se plantea es reducir el consumo o que el consumo se haga de manera segura, algunos ejemplos de esto son los programas de metadona o de intercambio de jeringuillas pero también se puede dar en el contexto informal con personas jóvenes ayudándoles a que consuman de manera segura evitando riesgos incensarios, como es por ejemplo, los programas de test de pureza situados en algunos festivales, fiestas o conciertos. El absentismo es otra de las metas en las que también interviene la educación social, sin embargo, esto es menos común, pues se necesitan de otros profesionales como psicólogos, psiquiatras, incluso médicos para esta tarea. La función del educador social se basa en el seguimiento y acompañamiento individualizado de la persona, ayudando a hacer trámites necesarios (ofertas de empleo, estudios, alquiler de vivienda) y rutinas para la creación de una rutina sana que impulse el abandono del consumo. Esto se da en comunidades terapéuticas, personas en concreto que acuden a centros de desintoxicación o programas específicos ya sean formales o no formales. Sim embargo, la tarea principal de la educación social en este ámbito es la modificación del contexto, evitando factores de riesgo que puedan desencadenar en un problema de consumo. La creación de vínculos sociales sanos, un papel activo en la comunidad, la creación de una rutina favorable y la autonomía de la persona, son esenciales para el bienestar de los consumidores y la prevención del consumo. La educación social utiliza recursos que tienen por objetivo dotar a la persona de las herramientas necesarias para que sea ella misma la que logre una estabilidad vital que le permita mantener el consumo fuera de los límites problemáticos y mejore su calidad de vida. Esto también implica un cambio de paradigma en como la sociedad ve las drogas y a los consumidores, dejando atrás la etiqueta de criminalidad en la que en ocasiones se les clasifica, y pasando a un pensamiento más global y flexible que no les reduzca al consumo. Son también personas de valor que tienen la capacidad de aportar sus actitudes a la sociedad igual que el resto de miembros. Especialmente teniendo en cuenta los orígenes y explicaciones de las adicciones, no podemos esperar 52 que sean los procesos de aislamiento y estigmatización aquellos que den con la solución para la erradicación del consumo de drogas. 10. BIBIOGRAFÍA Acosta., M. (2012). 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ANEXO 4: EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN DE ÉXITO Los primeros programas de prevención estaban basados en la creencia de que el adolescente no tenía una información fiable sobre los efectos negativos de las drogas y por eso, proporcionarle esa información daría con la solución. Se insistía en los efectos negativos y argumentos de tipo moralista. En general, ponía en práctica la política del miedo, se trata del modelo que más se ha mantenido en el tiempo. Conforme fue pasando el tiempo y el fracaso de estos programas se hizo evidente, los programas se comenzaron a centrar en la falta de personalidad de los alumnos, haciendo hincapié en los valores y la autoestima, sin embargo, el índice de éxito de estos programas también ha sido decepcionante y han denotado un alto grado de deficiencia (Plan Nacional sobre Drogas, 1996). Actualmente, los programas de prevención se basan en gran parte en la divulgación, pero todavía hay graves carencias en el sistema. Un estudio realizado por Bellver y García analizó los programas de prevención en España y las conclusiones fueron pesimistas, identificaron una insuficiencia global de los recursos y medios, inestabilidad del personal-clave, discontinuidad en las iniciativas, iniciativas basadas en el voluntarismo, deficiencias metodológicas, y dificultades de coordinación entre otras. Si hablamos de prevención efectiva es necesario hablar del caso de Portugal, se trata de un país donde el consumo de drogas está despenalizado 3 desde 2001, por lo que las políticas de prevención son radicalmente distintas. De las políticas de prevención está a cargo el Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), quienes para iniciar un plan global de prevención realizaron en 2005 un diagnostico que identificaría las áreas y grupos sociales más vulnerables, entonces, a partir de este 3 Se tratará esta cuestión más adelante en el apartado “Descriminalización” 65 estudio emprendieron medidas preventivas que incluyen tanto actividades universales de educación como otros esfuerzos concretados. (Domosławski, 2012) Por ejemplo, existe una unidad de educadores sociales 4 presentes en bares, discotecas, y festivales que se mezclan con los jóvenes para hablar del consumo de drogas, estos equipos intentan disuadir a quienes ya están consumiendo, dándoles información de los posibles riesgos sobre la salud. También identifican los casos de consumo prolongado y se les induce a la búsqueda de tratamiento. El IDT ha optado por estas actividades localizadas y discretas en vez de campañas a gran escala, que según estudios en Norteamérica pueden generar curiosidad en las personas e inducirlas a experimentar. (Domosławski, 2012) “Las medidas de prevención sólo son efectivas cuando son sistemáticas y no acciones que ocurren una única vez”, “Las acciones episódicas son un desperdicio de tiempo y dinero”, comentan los miembros del equipo de prevención. También existen líneas telefónicas gratuitas y páginas webs para padres y jóvenes que quieren recibir información sobre drogas asequible (Domosławski, 2012) En general, existe una evidencia que respalda las medidas dirigidas a la prevención en el inicio del consumo de drogas o al menos retardar ese consumo, especialmente entre jóvenes de entre 15 y 19 años que ha decrecido significativamente después de 2001, manifestando el éxito de estas medidas. Además, se ha demostrado que los estudiantes consideran que es fácil hacerse con drogas, pero la mayoría opinan que se trata de una conducta de riesgo elevado, son los resultados de los continuos esfuerzos en información y educación (Domosławski, 2012) Por otro lado, las tasas de reincidencia son un éxito, solo 395 de 4.981 o sea, el 7,9% reinciden en el consumo. El consumo de heroína se ha mantenido estable desde las nuevas políticas lo que sugiere que está “bajo control” pero lo que sí que ha disminuido son las personas infectadas por VIH debido a la distribución de información sobre el consumo mediante inyección y el programa de intercambio de agujas y jeringuillas (Domosławski, 2012) 4 Se profundizará en ello en el siguiente apartado “La educación social en la guerra contra las drogas”