Análisis y modelización de la evolución de patrones globales y regionales en los conflictos socio ambientales. Aplicación a la Amazonia Ecuatoriana

ANÁLISIS Y MODELIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE PATRONES GLOBALES Y REGIONALES EN LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES. APLICACIÓN A LA AMAZONÍA ECUATORIANA. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYABARCELONA TECH DOCTORADO EN SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍAS Y HUMANISMO Directores: Martí Rosas Casals Daniel Orellana Vintimilla LINA PITA MERINO Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad (IS.UPC) Programa de Doctorado en Sostenibilidad, Tecnologías y Humanismo Tesis doctoral Análisis y Modelización de la evolución de patrones globales y regionales en los Conflictos Socio Ambientales. Aplicación a la Amazonía Ecuatoriana. Lina Pita Merino Barcelona, Septiembre de 2019 Directores: Martí Rosas Casals (Sustainability Measurement and Modeling Lab - SUMMLab, (UPC – BarcelonaTech)) Daniel Orellana Vintimilla (LlactaLAB – Ciudades Sustentables, F. Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca) ii Portada: “Manifestación” L.Pita Merino, 2016 Todas las imágenes contenidas en esta tesis son de elaboración propia, a menos que se indique lo contrario. iii Dedicado a todas las voces de la resistencia. iv Agradecimientos El trabajo a continuación fue elaborado para la obtención del título de Doctorado en Sostenibilidad, programa perteneciente al Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (IS.UPC). Este programa fue cursado gracias a la beca otorgada por el Estado Ecuatoriano a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), actualmente a cargo del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Estar tanto tiempo lejos de donde nací, de los mares, selvas, montañas, cielos estrellados, sabores, y claro, de mi familia y amigos, me ha cambiado de tantas maneras que muchas veces ya no sé quién era antes de esta aventura. Sin embargo, recuerdo perfectamente ciertos momentos que poco a poco me trajeron hasta aquí. Ni siquiera sabía exactamente lo que estaba buscando cuando llegaba la inspiración por pedacitos, desde un libro, una noticia, un recuerdo en la selva, una conversación entre vinos mientras nos cerraban el bar con la Blanca, las ganas de seguir construyéndome y finalmente, una clase casi incomprensible del máster que despertó a mi conspiradora interior. Grandes responsables fueron quienes me hicieron creer que esto era posible, apoyaron el hombro y me dieron finalmente el empujón. Martí, sé que no sabías lo que vendría cuando aceptaste dirigir esta tesis pero agradezco el momento en el que confiaste en mí sin pensarlo mucho. Además de haberme inspirado con ideas y teorías, has sido más que un director y profesor. Gracias por haberme levantado siempre que estuve abajo. Daniel, gracias también por ser inspiración y por tu enorme paciencia y disponibilidad a pesar de las limitaciones de la distancia. Agradezco también la valiosa colaboración de Karina Gibert para la realización del análisis de minería de datos. A Susana Marcos por la revisión parcial del texto y a Matthieu Le Quang por sus valiosos comentarios y sugerencias. Sin el aporte de la información disponible en la plataforma EJAtlas, esta investigación no hubiera sido posible, por lo que hago un reconocimiento especial al equipo de Ejolt y EnvJustice por haber conseguido canalizar el conocimiento proveniente del activismo ambiental hacia el análisis científico. Agradezco también a los revisores del documento, Gloria Ardaya Salinas y Marc Pons, por sus valiosas aportaciones; y a los miembros del tribunal por su participación. v Emocionalmente ha sido un proceso muy duro que he conseguido llevar adelante gracias a tantos amigos que estuvieron de mil formas diferentes. Sin las excursiones a bibliotecas y las sobremesas con Ioanna, Fátima, Lorena, Ginevra y Oriol, este camino hubiera sido mucho más difícil y solitario. Gracias a mi familia por sostenerme a cada momento, sobre todo a mis padres que han creído en mí, incondicionalmente, los llevo siempre en mi corazón. A Marcela y Emiliano, gracias por esas locas y alegres sobrinas que me animan a seguir adelante; y a Tere y a Jaume, gracias por ser sostén y ejemplo para mí y toda la familia. Finalment, Gràcies Enric per tantes coses: la teua saviesa, consells, massatges antiinsomni, putxeros, truites, sucs de taronja, i sobretot, per aguantar-me, pel teu amor i la teva locura. Gràcies per ser el meu company en la doble aventura d'escriure una tesi mentre criem al petit tresor que se'ns va creuar en el camí. Aquest alegre i xafat trosset de gent que ens va convertir en un equip i ens manté el somriure passi el que passi. vi Resumen El presente documento constituye una aproximación conceptual y empírica al problema de los Conflictos Socio Ambientales (CSA) en Ecuador mediante una evaluación de 51 casos, distribuidos en todo el territorio ecuatoriano, comprendidos entre los años 1977 y 2014. El principal motivo de preocupación concerniente al avance de los CSA, tanto en Ecuador como a nivel regional y global, es el incremento de las actividades extractivas que mantienen el sistema económico mundial. Las áreas más ricas en recursos naturales lucrativos como por ejemplo el gas, el petróleo, los bosques, minerales, fuentes de agua y tierras agrícolas son las más expuestas al choque de intereses entre las industrias extractivas y las poblaciones locales. En el caso de los países en desarrollo, países constantemente endeudados como Ecuador, las necesidades económicas inmediatas imperan sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos. En respuesta, el activismo ambiental, liderado en muchos casos por organizaciones indígenas, es un factor clave para identificar y denunciar la destrucción ecológica. De su éxito depende en gran parte, la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas que podrían garantizarnos a todos un futuro más sostenible. Dada la complejidad del tema, el análisis de CSA requiere involucrar diversas ramas de la ciencia, sobre todo en relación a los principales campos de estudio de la sostenibilidad: medio ambiente, sociedad y economía. La evaluación se hará tomando en cuenta el conjunto de casos como un solo sistema complejo mediante la implementación y adaptación de metodologías de minería de datos y análisis de redes complejas. Las metodologías propuestas en el presente trabajo permiten realizar combinaciones y comparaciones simultáneas de datos cuantitativos y cualitativos. Nuestro propósito es contribuir al estudio y la comprensión de este tipo de fenómenos, a través de la identificación de patrones y tendencias no identificables mediante otro tipo de métodos comúnmente utilizados para este fin, como son el estudio individual de casos y la estadística clásica. Con el objeto de conseguir una mejor interpretación de los resultados, realizamos en primer lugar un repaso teórico en torno a los CSA y una reseña contextual en torno al caso del Ecuador específicamente (Capítulo 1). Después de presentar los datos que procesaremos desde las fuentes, el contexto específico y la forma en la cual están organizados (Capítulo 2), utilizaremos técnicas de minerías de datos para realizar un análisis estadístico que integre todos los datos disponibles y nos permita vii proponer un nuevo método de tratamiento de datos aplicado a los CSA (Capítulo 3). Para el caso del análisis de actores, la evolución temporal de su conectividad y las características particulares de cada grupo (o tipo de actores), se utilizará el análisis de redes complejas que nos permitirán descifrar el comportamiento de los mismos en toda su complejidad (Capítulo 4). Finalmente, revisaremos los resultados obtenidos, algunos casos de CSA en Ecuador después del período de estudio y la propuesta de un método que integre los resultados de los capítulos 3 y 4 para lograr una comprensión más profunda y una posible aplicación en modelos predictivos típicos de la dinámica de sistemas (Capítulo 5). Gracias al aporte metodológico propuesto en esta tesis y al nuevo conocimiento obtenido con respecto al fenómeno de los CSA en Ecuador, pretendemos reivindicar el papel fundamental de los movimientos ambientalistas en la lucha por preservar los recursos naturales y, en consecuencia, su contribución a la sostenibilidad global. Esta reivindicación es un llamado de atención, tanto a la sociedad civil como a los entes gubernamentales, por su falta de implicación u omisión ante la defensa del medio ambiente. xiv 1 Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 1 Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto “Como Robbins (2012) señala, una mina, una represa o una carretera en la selva no son objetos aislados sino sitios conectados donde fluye el valor, donde ocurre la acumulación, y las injusticias se expanden” (Temper et al. 2015)1 El auge vertiginoso de los Conflictos Socio Ambientales (CSA) es una de las consecuencias más visibles del avance del choque de intereses entre el extractivismo provocado por la urgencia financiera inmediata de las economías endeudadas y la resistencia de activistas y poblaciones locales en la lucha por preservar los recursos naturales para su subsistencia. A medida que continúa aumentando la población humana, estos recursos están cada vez más amenazados por el aumento del consumo y el desarrollo industrial. Si a esto se le suma la ausencia o negligencia de las instituciones de gobernanza (Dietz et al. 2003), las poblaciones más vulnerables se ven obligadas a reaccionar por medio del conflicto. Esta dinámica pone en evidencia la relación desigual entre los países más ricos y los más empobrecidos, ostentando los primeros los mayores niveles de consumo y ubicándose los segundos en las regiones con las mayores reservas de recursos naturales. La abundancia de recursos en los países pobres y su comercialización hacia los más ricos crea relaciones asimétricas entre estados marcadas por la hegemonía y la subordinación (Fontaine 2010). La constante presión generada por el consumo de los países ricos promueve la privatización de los bienes comunales, el extractivismo y el ecocidio en los países empobrecidos bajo el consentimiento de estados locales con democracias débiles y fuertes dependencias económicas (Lynch et al. 2018). Los impactos del cambio climático global agravan esta situación de desigualdad, ya que los mayores emisores de gases de 1 Traducción de la cita original: “As Robbins (2012) points out, a mine, a dam, or a road in the forest are not isolated objects but connected sites where value flows, where accumulation occurs, and injustices expand.” Tomado de: (Temper et al. 2015). 2 Capítulo 1 efecto invernadero, otra vez los países ricos, son los países que corren menores riesgos ante los eventos catastróficos previstos a medio y largo plazo (Burke et al. 2015). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), al menos el 40% de los conflictos internos de cada país en los últimos 60 años estuvieron relacionados con la explotación de recursos naturales, los cuales tienen el doble de probabilidad de volverse a producir que otro tipo de conflictos (UNRIC 2013). La violencia relacionada con estos conflictos continúa también en aumento, sobre todo en Latinoamérica y el sudeste asiático. Según un informe de Global Witness para el año 2014, los asesinatos de activistas ambientales de los últimos años aumentaron en relación a las industrias extractivas como hidroeléctricas, minería, agro-negocios y recursos forestales, en la mayoría de casos teniendo las disputas por el acceso a la tierra como telón de fondo. Los grupos indígenas fueron los más afectados, con un 40% del total de asesinatos en aquel año (Global Witness 2015). Sin embargo, esos asesinatos representan sólo el final de la cadena de violencia. Por cada asesinato, otros cientos de activistas sufren amenazas a su integridad, criminalización, persecución y otras formas de violencia por parte de la misma estructura social que los ha discriminado históricamente (i.e., indígenas, campesinos y obreros) (Butt et al. 2019). El territorio de los países amazónicos representa una de las regiones ecológicas más importantes de Latinoamérica y del mundo debido a la diversidad de sus ecosistemas, la mega biodiversidad y el endemismo, así como su amplia variedad de recursos en el subsuelo, incluyendo minerales, petróleo y acuíferos. Frente a la actual demanda de recursos, esta gran riqueza ha sido también llamada “la maldición de la abundancia” (Acosta 2009). La amenaza no sólo pesa sobre el equilibrio de los ecosistemas y las poblaciones locales, sino también sobre el desarrollo económico y estabilidad política de la región, teniendo incluso un impacto en el cambio climático global (Ross 2003). Según el informe de Global Witness de 2012, entre los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales se encontraban Brasil, Perú y Colombia; tres países amazónicos al igual que Ecuador (Global Witness 2012). Este último, más pequeño y hasta hace poco relativamente aislado del extractivismo a gran escala, comparte su historia y algunas particularidades con sus vecinos Amazónicos como los altos niveles de desigualdad, la presencia de comunidades indígenas ancestrales en áreas afectadas por actividades extractivas, y economías nacionales débiles y dependientes. Ante la crítica situación relacionada al tema, el 4 de marzo de 2018, 15 países de la región (entre ellos Ecuador), firmaron el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 3 el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como el Acuerdo Escazú. Dicho acuerdo es un intento por remediar el desamparo legal de los activistas y la justicia ambiental, pero debe ser ratificado por todos los países participantes para entrar en vigencia; hecho que continúa pendiente en la mayoría de los casos (CEPAL 2018; Sierra Praeli 2018). Históricamente, Ecuador y toda Latinoamérica son el resultado de más de medio siglo de desposesiones, dominación y sometimiento de las poblaciones ancestrales que se iniciaron durante la colonización (Gallegos-Anda 2016a). Estos procesos de expropiación de los territorios y los recursos continúan sucediendo por la ya mencionada presión del mercado global (Fontaine 2010). Ecuador también comparte características con otros vecinos de la región como Bolivia, Argentina y Venezuela en cuanto a su reciente evolución política y económica. En las últimas décadas, estos países han pasado de modelos neoliberales a modelos de desarrollo post-neoliberal o progresistas donde la exportación de materias primas ha continuado ganando terreno como principal componente del presupuesto del Estado (Riggirozzi y Grugel 2009; Latorre et al. 2015; Leifsen et al. 2017). Específicamente en Ecuador, desde que inició el boom petrolero en la década de 1970, la economía del Estado empezó la dependencia extrema en su exportación (Leifsen et al. 2017). Los beneficios que se obtendrían de la explotación fueron utilizados políticamente para generar grandes expectativas de desarrollo que no llegaron materializarse del todo. Además del descontento de la población por la insatisfacción de las necesidades básicas, sobre todo en zonas rurales y entre comunidades desfavorecidas (Fontaine 2010), el deterioro gradual del medio ambiente como fuente de subsistencia y la expropiación de los territorios han sido la razón principal del aumento del nivel de conflictividad, sobre todo en la zona de la Amazonía, la frontera norte y la costa del Pacífico (Stavenhagen 2006). Adicionalmente, en los últimos años, el país entró en una nueva fase extractivista mediante la apertura a actividades como la minería a gran escala y los grandes proyectos hidroeléctricos. Esto ha propagado los escenarios propicios para nuevos conflictos ya que, si bien es cierto que estos han estado condicionados sobre todo por factores exógenos como la evolución del mercado internacional y la deuda externa (Fontaine 2010), el contexto social en el cual se desarrollan es cada vez más complejo. Al igual que en otros países de la región, el Estado ecuatoriano, en función de los intereses empresariales, ha utilizado cada vez más los recursos públicos para reprimir las protestas e incluso perseguir y criminalizar a los líderes activistas (Amnistía Internacional 2012). Por 4 Capítulo 1 el contrario, los movimientos sociales y activistas, en especial provenientes de organizaciones indígenas, han conseguido frenar parcialmente la rápida expansión de la frontera extractivista gracias a la experiencia, la sólida organización social y la aplicación de estrategias efectivas (Gallegos-Anda 2016b; Mainville 2018; Anderson 2019) 2. Actualmente las organizaciones dedicadas a la justicia ambiental, al igual que en otras luchas, utilizan cada vez más herramientas mediáticas, acciones pacíficas e instrumentos legales con efectos favorables a sus intereses (Stephan y Chenoweth 2008; Lynch et al. 2018). En estos momentos se dan en Ecuador las condiciones para que las tensiones entorno a la explotación de recursos continúen aumentando. Es por ese motivo que deben implementarse cambios que promuevan un uso más sostenible de los recursos, y que garanticen la supervivencia de las poblaciones más vulnerables. El caso de Ecuador demuestra que los CSA son fenómenos claves en la identificación y análisis crítico de las políticas ambientales perjudiciales para el bien común (Dietz et al. 2003). De igual manera, el análisis de estos conflictos constituye una fuente de conocimiento vital para quienes lideren nuevas luchas y acciones para exponer y detener la destrucción del medio ambiente, el agotamiento de los recursos y el colapso de los ecosistemas. 1.1 Objetivo general, objetivos específicos y metodología El objetivo principal de este trabajo de investigación es desentrañar los patrones y tendencias de los CSA como sistemas complejos, así como analizar si dicha información es aplicable a modelos explicativos y/o predictivos para este tipo de sistemas. Más allá del estudio de cada caso individual, el análisis de conjunto puede exponer las relaciones entre diferentes conflictos y formas de movilización, así como sus impactos, redes de actores y resultados para la justicia ambiental. Para conseguir este objetivo, proponemos un aporte metodológico aplicable a otros casos y escalas, adaptando el análisis estadístico y el de las ciencias de la complejidad. Paralelamente, consideramos imprescindible expandir la literatura que consigue relacionar el conocimiento adquirido desde el activismo social y ambiental con la investigación científica, lo que se conoce como “acción participativa e investigación colaborativa” (Bacon et al. 2013), de manera que el activismo siga tomando la 2 Ver casos relacionados a Sarayacu (Capítulo 2), Sinangoe y Waroani Resiste (Capítulo 5) Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 5 relevancia que le corresponde por su valioso aporte a la justicia ambiental y a la sostenibilidad global. Las controversias que surgen respecto a la conservación y el desarrollo sostenible están relacionadas con el desconocimiento sobre la complejidad de los fenómenos que relacionan a la sociedad con el medio ambiente. Esta falta de conocimiento es una de las principales razones del pobre compromiso político con el patrimonio natural y social que pone en peligro la subsistencia de las próximas generaciones, especialmente la de las comunidades indígenas ancestrales (Orta-Martínez et al. 2007). Tal degradación tiene también un impacto negativo en los intereses de los estados a largo plazo (Holland et al. 2014). Por lo tanto, los CSA requieren ser analizados y comprendidos mediante herramientas multidisciplinares (Funtowicz y Ravetz 1991) que permitan analizar sus patrones y dinámicas de una manera accesible, que sustente el desarrollo de políticas de conservación y sostenibilidad económica. Surge entonces la necesidad de enriquecer la literatura científica relacionada al tema más allá de las aproximaciones ya existentes desde la sociología ambiental, la ecología política, la justicia ambiental y la economía ecológica, entre otras. El presente documento constituye una aproximación conceptual y empírica a la cuestión de los CSA en Ecuador mediante el análisis de 51 casos dispersos a lo largo del territorio y con diversas causas y efectos. El periodo de estudio está comprendido entre 1977 y 2014. Los datos utilizados fueron recogidos de noticias, literatura relacionada y páginas web, la mayor parte disponible en la plataforma en línea EJAtlas (EJAtlas 2015). La complejidad de la materia hace necesario involucrar diversas ramas de la ciencia como la sociología, la ecología y la estadística, pero sobre todo se enmarca dentro de los principales campos de estudio de la sostenibilidad: medio ambiente, sociedad y economía. La evaluación se ha realizado tomando en cuenta el conjunto de casos como un sólo sistema complejo mediante la implementación y adaptación de metodologías de análisis estadístico que permitan combinar y comparar datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente. A continuación presentamos los objetivos específicos de esta tesis: • Justificar la importancia de la elección del tema de los CSA dentro del contexto global, regional y específicamente para el caso del Ecuador. • Demostrar la pertinencia de la aplicación de metodologías de análisis desde las ciencias de la complejidad y la minería de datos. 6 Capítulo 1 • Proponer una forma de complementar los resultados de los dos tipos de metodologías propuestas gracias a una combinación de los mismos. • Evaluar la aplicabilidad de dichos resultados al ciclo adaptativo como ejemplo de modelo predictivo de dinámica de sistemas. • Crear una base de datos unificada que contenga el conjunto de casos a analizar y toda la información disponible sobre su descripción y actores involucrados. • Explicar las causas de los principales tipos de conflictos para el caso del Ecuador dentro de su contexto histórico, político, social y ambiental. • Distinguir patrones y tendencias dentro del conjunto de casos analizado que permitan distinguir similitudes y diferencias relevantes para su caracterización y posterior evaluación. • Determinar la posible existencia de información no evidente que sea relevante en las relaciones entre los diferentes actores para la comprensión de los CSA a partir del análisis de redes. • Descubrir las dinámicas temporales de dichas redes y cómo ello puede complementar o confirmar el conocimiento ya existente dentro del contexto histórico. • Definir si existen características en la forma como se configuran los CSA y sus actores que influyan en los resultados y respuestas del Estado o la opinión pública. 1.2 Estructura de la tesis Con la finalidad de proporcionar al lector las herramientas contextuales para comprender manejo, análisis e interpretación de datos en esta tesis, ésta fue dividida en cinco capítulos. El primer capítulo presenta un acercamiento teórico a la materia, primero hacia el conflicto social en general y segundo a los CSA más específicamente. A continuación, abordamos las aproximaciones relacionadas más relevantes como la conexión de los CSA con el cambio climático y sus posibles efectos, la crisis civilizatoria y el agotamiento de los recursos provocados por el ser humano, y presentamos la ciencia de la complejidad como conjunto de herramientas útiles para analizar los CSA. Esta última constituye el preámbulo de la metodología propuesta en los siguientes capítulos, en los que buscaremos identificar patrones y características comunes en el conjunto de casos. Con respecto al contexto ecuatoriano, se revisan los momentos históricos más representativos dentro del período de Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 7 estudio y se describen tres de las actividades más conflictivas en el país: el petróleo, la minería y la gestión del agua. El segundo capítulo presentamos el conjunto de datos que serán posteriormente analizados. Describimos también cómo fue obtenida, organizada y procesada la información para obtener una sola base de datos principal. Finalmente, realizamos un repaso de los casos y de las categorías a las que pertenecían según sus actividades económicas. Algunos de los casos más relevantes son descritos al detalle con información correspondiente al periodo de estudio, complementándola con hechos posteriores que permiten al lector obtener un criterio más amplio sobre la evolución de los mismos. En el tercer capítulo pasamos al análisis mediante herramientas de minería de datos. A modo de introducción presentamos la metodología desarrollada y las herramientas utilizadas. A esto siguen los pasos correspondientes al proceso de descubrimiento de conocimiento de una base de datos, incluyendo la adaptación de la base de datos original y el pre-procesamiento de los datos gracias a los cuales obtenemos los primeros resultados de un análisis estadístico básico. Según la información obtenida, pasamos a la minería de datos propiamente dicha y la interpretación de resultados. El capítulo cuarto presenta el proceso de aplicación del análisis de redes complejas a los actores de los CSA en nuestra base de datos. A partir de una introducción hacia la complejidad de sistemas desde los diversos tipos de redes y las métricas comúnmente utilizadas, presentamos el proceso de construcción de nuestras redes de actores. En este capítulo exploramos los vínculos entre casos de CSA a través de los tipos de actores y las características la evolución temporal de las redes analizadas dentro del período de estudio. El quinto y último capítulo se dedica a formular una visión integrada de todo el trabajo realizado durante esta investigación. En esta sección cotejamos los resultados de los análisis de los capítulos 3 y 4 para complementar ambos análisis. Los resultados de esta combinación de resultados nos permiten plantear la posibilidad de utilizar la modelización de sistemas complejos para el análisis de CSA, formular las conclusiones pertinentes a esta tesis y proponer futuras líneas de trabajo. 8 Capítulo 1 1.3 El conflicto social "El conflicto es el tábano del pensamiento. Estimula nuestra percepción y nuestra memoria. Fomenta la investigación. Sacude nuestra pasividad de ovejas, incitándonos a observar y a crear... El conflicto es el sine qua non de la reflexión y la inventiva." (Dewey 1922) La palabra “conflicto” proviene de la palabra latina conflictus que significa choque o colisión. En el ámbito de las ciencias sociales existe una vasta discusión sobre su significado, función, intensidades, posibles orígenes y resultados. Las bases teóricas del concepto se remontan a la filosofía griega, sobre todo con Heráclito (540-489 a. C.) y Platón (427-347 a. C), cuando se plantearon los dilemas de la complejidad social como inherentes a la naturaleza humana y se establecieron por primera vez debates sobre el tema desde el punto de vista filosófico y antropológico. Más adelante, el debate será retomado por Hobbes, Hegel, Weber y Marx (entre otros) como respuesta a la apología de la violencia e instrumentalización del poder desarrollados por Maquiavelo (Colombres 1982; Guerrero 1999). Lo que está claro es que, a diferencia del sentido de conflicto a secas, estamos hablando de grupos sociales en confrontación con un claro impacto en una sociedad. Para Hobbes, la sociedad está conformada por elementos contradictorios en los que se dan abusos de poder por una parte de ésta que se justifican en beneficio del equilibrio del conjunto y son parte del cambio constante. Para Marx, en cambio, los conflictos se relacionan directamente con el poder en la lucha de clases y por lo tanto la confrontación no tiende a equilibrar la superestructura social, sino que agudiza la estratificación sobre una base económica. Al mismo tiempo, la revolución es una clave indispensable para mantener un balance entre la clase obrera y los grupos que mantienen el poder. Por otra parte, Weber consideraba que las disputas en el corazón de la sociedad emergen cuando existe una intención de imponer la voluntad de unos sobre la resistencia de otros sin que sea imprescindible usar la violencia. En la década de los años 30, el tema sería retomado desde el enfoque funcionalista de la mano de Émile Durkeim, Talcott Parsons y Herbert Spencer, entre otros. El funcionalismo proponía estudiar a las sociedades como sistemas complejos en su contexto temporal, analizando detenidamente cada una de las diferentes partes que conforman un todo integrado, funcional y armónico (Spencer 1896; Parsons 1968; Durkheim 1982). Desde este punto de vista, los conflictos pueden y deben ser regulados por las mismas partes de la Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 9 sociedad y sus códigos de conducta de acuerdo con el momento histórico. Según los funcionalistas, la estratificación social, junto con la desigualdad que presupone, son el precio de la estabilidad del conjunto (Guerrero 1999). 1.4 Teoría del conflicto y pensamiento contemporáneo A partir de los años 50 se publicaron diversos análisis del fenómeno de los conflictos que iban más allá de considerarlos una patología, como habían hecho hasta entonces Parsons y otros funcionalistas. Estos autores tendían a percibir las consecuencias del conflicto como disruptivas, disociativas y disfuncionales. Uno de los puntos más importantes del cambio de pensamiento fue la valorización de su poder transformador. Inspirado por las teorías de Georg Simmel, Lewis Coser fue uno de los precursores de esta nueva línea de pensamiento con la publicación de “The functions of Social Conflict” en 1956 (Coser 1956). Las teorías de Simmel se basaban en una concepción de la sociedad desde los acontecimientos microscópicos y su impacto a nivel macro. La sociedad es concebida como una red compleja de relaciones interconectadas entre individuos que interactúan impulsados por sus deseos y necesidades. Según esta teoría, las estructuras superindividuales como el estado, el clan o el sindicato contienen patrones de comportamiento y formas de asociación particulares que deben ser estudiadas en correspondencia con sus períodos históricos y entornos culturales. Para que una sociedad exista, los individuos tienen que concebir la estructura desde su propia imaginación y consciencia. Por lo tanto, la sociedad no es un factor externo sino una representación cultural de la gente que la compone. Los individuos son autónomos y capaces de generar nuevas normas, así como también el producto de la propia historia. Simmel fue uno de los pocos de su época que entendían el conflicto como componente crucial para la estabilidad de las relaciones sociales. En los años 30, Carl Shmitt también afirmó que el conflicto era inherente al ámbito político, de la misma forma que lo político era propio de la naturaleza humana (Schmitt 2007). Según Simmel, no existe relación interpersonal posible sin confrontaciones, de la misma forma que es fundamental en las relaciones la presencia de la camaradería frente a conflictos externos. La presencia de los conflictos tiene el poder de fortalecer los vínculos sociales, la identidad, la dignidad, la autoestima y constituye además es una vía de escape a los sentimientos negativos (Simmel 1955; Coser 1956, 1977). 16 Capítulo 1 nucleares y de contaminación que causan los depósitos de basura y residuos tóxicos enviados directamente a países pobres (Acción Ecológica 2002). A nivel de explotación de bienes, existe un patrón generalizado de intercambio desigual en el que empresas multinacionales se dedican a la extracción de recursos en escenarios poco regulados por los gobiernos locales, dejando detrás territorios devastados. Las consecuencias son asumidas por las poblaciones locales, quienes están incrementando su resistencia a través de los conflictos. Desde los países industrializados se percibe a los países en desarrollo como deudores con una enorme deuda financiera, mientras que ha sido precisamente el progreso de los países ricos el que ha causado una gran devastación ambiental fuera de sus territorios y a costa de la vulneración de derechos de otros. La pregunta entonces es: “¿Quién debe a quién?” (Goeminne y Paredis 2010). Uno de los problemas ambientales más importantes es el cambio climático, principio del concepto de justicia climática. El primer documento en el que se menciona fue escrito en 1999 y publicado por CorpWatch en un evento de la Haya un año después (Martínez-Alier et al. 2014; Temper et al. 2015). La idea de justicia climática consiste básicamente en suprimir las causas del calentamiento global para permitir que humanos y otras especies podamos seguir viviendo en la Tierra. Esto implicaría reducir radicalmente las emisiones de carbono, así como el envenenamiento y contaminación de los procesos de producción y distribución. Esta corriente propone también brindar apoyo desde los países industrializados a las comunidades afectadas por fenómenos naturales propios del cambio climático como huracanes, inundaciones y sequías. Las críticas de la justicia climática se centran en la industria de las energías fósiles como la mayor responsable del calentamiento global, haciendo un llamado a limitar su consumo. Sólo de esta forma se puede construir un sistema menos desigual e injusto entre el Norte y el Sur (Bruno et al., 1999). Resulta imprescindible mencionar al extractivismo y neo-extractivismo en el lenguaje de análisis de los CSA ya que es comúnmente utilizado por varios autores en referencia a los impactos de las industrias extractivas a gran escala, sobre todo en el contexto latinoamericano (Acosta 2009, 2013, 2017; Gudynas 2009, 2013; Ortiz 2011; Svampa 2013, 2019; Burchardt 2014; Villalba-eguiluz y Etxano 2017; Fransoi 2017). El extractivismo hace referencia al modelo de desarrollo orientado al crecimiento económico en base a la sobreexplotación de materias primas para la exportación (Burchardt 2014). Gudynas (2013, p. 2) define el extractivismo como “un caso particular de extracción de recursos naturales, intensa o en altos volúmenes, destinados a la exportación, sin procesar o con Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 17 procesamiento limitado”. Por ejemplo, el 50% de las actividades mineras y petroleras están destinadas para la exportación sin (o con un mínimo) procesamiento industrial. Es importante recalcar que extractivismo no es lo mismo que “industria extractiva”, ya que esta última se enfoca solamente en las actividades a gran escala y cuyos impactos provocan un evidente rechazo por parte de las comunidades locales. Dependiendo de si cumplen con las características señaladas de producción, exportación e impacto, otros emprendimientos como los monocultivos, pesquerías y casos por el estilo se incluirían en la definición. En la mayoría de los casos, los proyectos extractivistas deben ser impuestos a las poblaciones en complicidad con el Estado y bajo diferentes grados de violencia. El extractivismo se ha extendido por todo el continente, no por la demanda interna sino a causa de la globalización (Gudynas 2009, 2013). A diferencia del extractivismo clásico en el que el papel del Estado es secundario y los beneficios económicos se esperan obtener de manera indirecta, el neo-extractivismo7 o “nuevo extractivismo progresista” se caracteriza por una mayor presencia del Estado a varios niveles. A partir de la crisis financiera global del año 2008 y de la nueva configuración política y económica en varios países latinoamericanos surgió la necesidad de redefinir al extractivismo clásico (Svampa 2019), .La corriente progresista o de la nueva izquierda, contrariamente a las expectativas que había generado en ciertos sectores de población como los ambientalistas, se abrió paulatinamente a la instauración de un nuevo modelo de desarrollo basado en los beneficios económicos a corto plazo generados por las industrias extractivas a gran escala. En algunos casos se produjo la participación de empresas estatales o mixtas, mientras que en otros se dieron mayores controles sobre la producción y las regalías. En cualquier caso, unos y otros agudizaron la relación de dependencia del presupuesto estatal a los caprichos del mercado internacional (Gudynas 2013). La conexión de la crisis económica global con el neo-extractivismo se evidencia en las reformas políticas que promueven la extracción de materias primas y las redes de circulación, así como en las variaciones de los precios en las bolsas internacionales (Svampa 2019). Mientras tanto, los controles ambientales a dichas actividades y las consultas ciudadanas no vieron avances significativos a pesar de las regulaciones, puesto que la supervisión continuó siendo deficiente frente al constante aumento de la presión 7 La primera mención al neo-extractivismo se presentó en una mesa redonda convocada por CAAP y FLACSO. Quito, julio de 2009 (Gudynas 2009, 2013) 18 Capítulo 1 sobre los recursos y el territorio por parte del libre mercado global (Gudynas 2013). El neoextractivismo está asociado a la imposición por la fuerza y a la manipulación de las formas de participación popular con el fin de controlar la resistencia. La criminalización y persecución al activismo es un síntoma de la pérdida de la democracia (Svampa 2019). Existen argumentos que afirman que los CSA no son sólo el resultado de las fuerzas motoras con fines de lucro impulsadas por el desarrollo económico, sino que también suelen corresponder a la incertidumbre sobre las nuevas tecnologías y sus riesgos. Existen además otros factores sociales que suelen ir asociados a este tipo de conflictos como el problema de la desigualdad de género. Las diferencias con respecto a estatus, acceso al conocimiento y sobre todo en cuanto a la remuneración económica hacen que la percepción entre hombres y mujeres sea diferente. Muchas veces las mujeres son más activas en la defensa de la naturaleza, ya que ésta suele ser su fuente más directa de supervivencia (Martinez-Alier et al., 2010). La diversidad de factores implicados en los CSA actuales y sobre todo en el contexto latinoamericano, da cuenta de que no sólo es el resultado de un “extractivismo depredador” sino que también es la consecuencia de un escenario social más complejo (Delgado Ramos 2013). El auge de los CSA en el mundo es muchas veces concebido como una reivindicación y reafirmación de la identidad cultural y política, sobre todo indígena, contra la distribución desigual de la riqueza y los impactos producto de la explotación de los recursos y el territorio (Orta-martínez y Finer 2010). 1.6 Aproximaciones al análisis de CSA Las diferentes aproximaciones al análisis de los CSA intentan desentrañar las dinámicas de cambio y anticiparse a sus consecuencias a corto y largo plazo en diversos escenarios. La tarea es compleja y requiere marcos conceptuales y metodologías integradoras que puedan combinar el conocimiento proveniente de diversas ciencias, pero también de diversos tipos de sabiduría como la ancestral y la proveniente del activismo ambiental y social (Martinez- Alier 1987). A nivel más cualitativo, los CSA se han integrado como causa y consecuencia de la llamada crisis civilizatoria, íntimamente ligada a la superación de los diferentes límites biofísicos planetarios (Barnosky et al. 2012). El concepto de crisis de civilizatoria aglutina un conjunto de crisis de diversa índole y a diferentes niveles, como el económico, financiero, social, ecológico, cultural, alimentario, energético, hídrico, político y moral (Álvarez Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 19 Cantalapiedra 2011; Daiber y Houtart 2012; Riechmann 2015). Su importancia radica en la necesidad inminente de “enfatizar que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural” (Vega Cantor 2009). Esta noción cuestiona de manera profunda los fundamentos y los valores con los que se ha construido la sociedad capitalista como el productivismo, el consumismo y sobretodo la relación utilitarista del ser humano con la naturaleza. Las diversas crisis en cuestión están interconectadas y se alimentan unas a otras, siendo el calentamiento global la más significativa por su nivel global, su influencia sobre las demás y su relación estrecha con la con la dependencia generalizada de la quema de recursos fósiles (petróleo, gas y carbón) (Le Quang 2015). A esto se suma que los recursos naturales no renovables, como los combustibles fósiles, tienen límites físicos que actualmente se aproximan a su pico máximo (Prior et al. 2012). Lo mismo sucede con la gran mayoría de los minerales que se utilizan en las nuevas tecnologías y para la generación de energía renovable La escasez de reservas ha obligado a las empresas transnacionales a explorar lugares cada vez más alejados y profundos, llegando a territorios en los cuales el capital es aún desconocido (Harvey 2014). Una de las consecuencias de estas incursiones en nuevos territorios es el aumento de los CSA a nivel mundial. Estas crisis son cada vez más profundas. La huella geológica del ser humano es tan importante que ha surgido un nuevo fenómeno que algunos autores llaman el antropoceno (Bonneuil y Fressoz 2013). Este neologismo creado por Paul Crutzen al inicio de los años 2000 (Crutzen 2007) para explicar cómo las actividades de humanas en relación con la naturaleza y sus ciclos de reproducción han influenciado en ella hasta el punto de la entrada en un nuevo periodo geológico. El ser humano se ha convertido por tanto en una fuerza geológica capaz de transformar el clima y los ciclos geoquímicos del planeta. Hay quienes critican este concepto por equiparar a todos los seres humanos frente al cambio climático a pesar de que existen muchas desigualdades entre países y clases sociales. Estos últimos se refieren al capitalismo fósil como el principal responsable, y llaman a este nuevo periodo como el capitaloceno (Malm 2017). Volviendo al tema de la deuda ecológica, se puede ver en la Fig. 1.1 que la mayor parte de países con mayor déficit ecológico8 se encuentra en el hemisferio norte y los países con mayor biocapacidad se ubican en torno a la línea ecuatorial, siendo estos últimos los más vulnerables a los efectos del cambio climático por su ubicación (Burke et al. 2015; Seaman 2015). 20 Capítulo 1 Fig. 1.1 Mapa mundial de deuda ecológica en relación de la bio-capacidad en el año 2013. Países en rojo utilizan más recursos de los que poseen mientras que los países en verde poseen un superávit8. Fuente: Global Footprint Network (2019) Las aproximaciones cuantitativas a los CSA se han venido relacionando en los últimos años con el cambio climático y su potencial de dañar radicalmente ecosistemas, agricultura y la habitabilidad de países enteros (Bruno et al. 1999). Como todo tema vinculado a la protección ecológica, separar los impactos climatológicos de la lucha por la democracia, la libertad y la justicia es casi imposible. Esta íntima relación con los conflictos tiene un amplio alcance en la investigación que va desde la teoría del colapso de las civilizaciones (Tainter 1988; Diamond 2006), hasta el análisis de la relación entre cambio climático y seguridad nacional e internacional (Homer-Dixon 1991; Homer-Dixon et al. 1993). En este sentido, las tensiones ecológicas se traducen en mayor inestabilidad política y en el aumento de los conflictos armados, lo que lleva a impredecibles consecuencias sobre el sistema económico mundial (George 2001). 8 Traducción del texto: “Un déficit ecológico ocurre cuando la Huella Ecológica de una población excede la biocapacidad del área disponible para esa población. Un déficit ecológico nacional significa que la nación está importando biocapacidad a través del comercio, liquidando activos ecológicos nacionales o emitiendo desechos de dióxido de carbono a la atmósfera. Existe una reserva ecológica cuando la biocapacidad de una región excede la Huella Ecológica de su población.” Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 21 Según Homer-Dixon (1991), el cambio climático puede provocar una multiplicidad de conflictos tanto a nivel de guerras o terrorismo interno, como de disputas diplomáticas y comerciales. Puede constituir tanto su causa directa como parte de un entramado más complejo. Cualquier conflicto puede agudizarse a causa del clima, especialmente en relación a las siguientes causas: • Un posible cambio de en la distribución de poder entre los Estados. • Un aumento en las disparidades sociales entre el Norte y el Sur. • La configuración de nuevas rutas de comercio, sobre todo marítimas. • Las migraciones masivas o “refugiados ambientales”. • Las disputas por el cada vez más escaso acceso al agua. • El deterioro de la producción agrícola por falta o exceso de lluvias. Estas tensiones tienen más probabilidades de germinar en los países empobrecidos, ya que además de su vulnerabilidad social y económica, son unos de los más afectados por los efectos del calentamiento global tales como sequías, inundaciones, aumento de los niveles del mar, aumento de las temperaturas del agua superficial del mar, o niveles altos de radiación solar (Homer-Dixon 1991; Bruno et al. 1999). A medida de que los efectos del calentamiento avancen, se prevé una reducción de la producción agrícola, con la consiguiente crisis económica y desplazamientos masivos de población que podrían llevar a la rotura de relaciones sociales y diplomáticas (Wesselbaum y Aburn 2019). Las disputas sucederían a nivel de países, regiones, etnias y grupos insurgentes, todos ellos con repercusiones en la seguridad de los países ricos. En definitiva, el aumento de tensiones puede desencadenar un escenario global cada vez más violento y con menores capacidades de desarrollar soluciones (Homer-Dixon 1991). La asociación entre el cambio climático y sus impactos a nivel socio ambiental está ampliamente documentada. Un ejemplo de análisis cuantitativo que propone verificar dicha relación es el que estudia la correspondencia directa del cambio climático provocado por el fenómeno del Niño (ENSO)9 a nivel planetario, con patrones globales de conflictos civiles en el período comprendido entre 1950 y 2004 (Hsiang et al. 2011). El estudio muestra que las probabilidades de aparición de nuevos conflictos se duplican entre los 9 ENSO por sus siglas en inglés: El Niño/Southern Oscillation. Fenómeno cíclico relacionado con los cambios a gran escala de los centros de presión de retroalimentación del sistema climático del Pacífico Oriental (ciclos de 3 a 7 años). Los eventos extremos son poco comunes y se relacionan a la fase cálida, el Niño, siendo su opuesto conocido como La Niña (Denkinger y Vinueza 2014) 22 Capítulo 1 años del “Niño” comparados con los de la “Niña”. Se presume que el Niño ha influenciado un 21% de conflictos durante el período, demostrando que la estabilidad de las sociedades modernas se relaciona estrechamente con el clima a nivel global. Las variaciones del ENSO tienen un fuerte impacto en las zonas próximas al Pacífico Oriental y la costa pacífica de América del Sur, incluidas las Islas Galápagos. Sin embargo, su influencia llega al resto del planeta de manera indirecta. Los últimos eventos extremos ocurrieron en 1982-1983 y 1997-1998 (Denkinger y Vinueza 2014). Entre los impactos más generales del Niño se encuentran el aumento de las precipitaciones y de las temperaturas tanto en la superficie como en el mar. A los eventos catastróficos como inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos, deterioro de las vías de transporte, plagas y pérdida de cultivos se suman el aumento del nivel del mar, un oleaje más fuerte y el aumento del estrés térmico en las aguas marinas que afectan fuertemente a toda la cadena alimenticia (Vinueza et al. 2006). Los efectos sobre la economía local añadidos a la alteración a nivel psicológico de la población por causa de unas condiciones ambientales alteradas del ENSO pueden desencadenar el comportamiento agresivo generalizado, facilitando la aparición de conflictos durante la aparición del fenómeno (Fig. 1.2) (Hsiang et al. 2011). Fig. 1.2 Riesgo de conflictos asociados al ENSO: Anual Conflict Risk (ACR) % Vs ENSO extreme warm anomalies (NINO3) (Hsiang et al. 2011) Con respecto al cambio climático, las predicciones sobre sus efectos coinciden muchas veces con los efectos temporales del ENSO pero con mayor alcance, duración y además el Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 23 incremento paulatino de eventos catastróficos impredecibles como huracanes y ciclones. El aumento de los niveles del mar, inundaciones y sequías afectarían a pobres y ricos, afectando a la agricultura y al comercio y propagando hambre y enfermedad. A pesar de que el calentamiento global no discrimina entre unos y otros, los países o grupos más vulnerables no tienen la misma capacidad de adaptación. Las poblaciones directamente dependientes de la agricultura, la pesca y los servicios forestales corren el riesgo de perder completamente su sustento y formas de vida. La justicia climática necesita de la emergencia inminente de un movimiento de base suficientemente poderoso que concentre los esfuerzos a nivel mundial en este sentido (Bruno et al. 1999). En el caso de Latinoamérica, un incremento de tan solo 2ºC provocaría la inundación de las zonas costeras bajas de Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Argentina, Uruguay y el norte de Brasil, destruyendo grandes extensiones de tierras pobladas, fértiles y acuíferos subterráneos. Si no existen medidas que protejan la seguridad alimentaria y prevean el desplazamiento masivo de las poblaciones costeras, el escenario podría ser catastrófico para toda la región, más aún si se suma la desertificación de otras zonas agrícolas, también relacionadas al efecto de las lluvias y el calentamiento global, como sucede ya en el norte de Chile y Argentina (Stern 2007; Linck y Weemaels 2010). El pasado 25 de enero de 2019, la Agencia EFE publicó un llamado de atención de la ONU sobre los riesgos de conflictos armados provocados por los desastres ambientales asociados al calentamiento global10. Según declaraciones durante el Consejo de Seguridad de la ONU, dichos riesgos son una realidad vigente y no un problema a futuro, por lo cual es urgente tomar medidas para proteger a los más vulnerables. Lastimosamente EE.UU. y Rusia, dos potencias mundiales con gran responsabilidad en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, continúan evadiendo la vinculación del cambio climático con el aumento de desastres naturales de los últimos años. Ambos países siguen desalineados con la idea de calificarlo como un “multiplicador de riesgos”. En este sentido, Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) declaró que "Por si solos, los desastres vinculados al clima, los conflictos y la inseguridad amenazan la 10 Según el Marco de Acción de Hyogo, los desastres se definen como: “evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación ambiental. Las amenazas/peligros incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación ambiental y amenazas tecnológicas)”. Tomado de: (ONU 2015) 24 Capítulo 1 seguridad y el desarrollo humano. Pero su convergencia puede llevar a un impacto catastrófico" (EFE 2019). Entre 2005 y 2015, se atribuyen a dichos desastres más de 700.000 muertes en todo el mundo y alrededor de 23 millones de damnificados. Las mujeres, niños y personas en situaciones vulnerables suelen ser afectados de manera desproporcionada. La mayoría de fenómenos están relacionados con el cambio climático y están aumentando en frecuencia e intensidad. En este sentido, la ONU promovió en el año 2015 la continuación del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres para el periodo 2015-2030 (ONU 2015). Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), solo en el año 2018 17 millones de desplazamientos a nivel mundial estuvieron relacionados con desastres naturales por efectos del cambio climático (Fig. 1.3) (IDMC 2019). El Banco Mundial calcula en 140 millones de personas las potencialmente desplazadas por las mismas razones en los próximos 30 años (Kumari Rigaud et al. 2018; Pinto 2019). Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 25 Fig. 1.3 Fuente: Nuevos desplazamientos en 2018: Desglose por conflicto, violencia y desastres. (IDMC 2019; Pinto 2019). 1.6.1 Una aproximación desde el marco conceptual de la complejidad Un marco conceptual es una herramienta analítica con varias variaciones y contextos. Se puede aplicar en diferentes categorías de trabajo donde se necesita una imagen general y se utiliza para hacer distinciones conceptuales y organizar ideas (Rapoport 1985). Los marcos conceptuales sólidos capturan algo real y lo hacen de una manera fácil de recordar y 32 Capítulo 1 modernización y un crecimiento económico anual de 7.2% que duró hasta la caída de los precios del petróleo 10 años después. Durante la crisis consiguiente, las presiones del mercado externo resultaron en la caída del crecimiento al 2.3%, depreciación de la moneda, privatizaciones de las empresas públicas y la implementación de políticas para atraer inversión extranjera (Leifsen et al. 2017; World Bank Group 2018). Desde entonces, las actividades petroleras empezaron a causar impactos considerables en el medio ambiente y condiciones de vida de la población amazónica, en su mayoría indígena (Stavenhagen 2006). La década de los 70 culminó con el retorno a la democracia después de siete años de gobiernos militares entre 1972 y 1979. La transición fue posible gracias a un acuerdo entre civiles y militares que se materializó en dos procesos democráticos: una consulta popular y la elección presidencial de Jaime Roldós Aguilera. El nuevo proyecto de Constitución culminado en 1979 fue la clave para las transformaciones políticas y sociales que ocurrieron en las dos siguientes décadas (Verdesoto 2014; Gallegos- Anda 2016a; Verdesoto y Ardaya 2019), y que permitieron por primera vez la participación de organizaciones indígenas en la política y la administración pública (Hidalgo 2019). • La transición a la democracia (1979 - 1995). En este lapso transcurrieron 5 períodos presidenciales, de los cuales 4 terminaron el mandato correspondiente dentro de un escenario de transformación13. Verdesoto (2014 y 2019), denomina a este período como el “régimen de partidos” (1979-1995). En éste, los protagonistas provenían de distintas vertientes ideológicas y organizativas con tendencias de centro-izquierda (1979-1981; 1981-1984; 1988-1992) y de derecha neoconservadora y neoliberal (1984-1988 y 1992-1996). Durante este período democrático ocurrieron dos enfrentamientos bélicos con Perú: el primero en 1981, con graves consecuencias económicas para el país y el segundo en 199514. Las tendencias generales de esta época estuvieron marcadas por la incapacidad de generar un orden nuevo basado en la redistribución de recursos y por la introducción masiva 13 Jaime Roldós Aguilera, el primer presidente del regreso a la democracia, murió en un accidente aéreo rodeado de una amplia polémica a los dos años de gobierno en 1981 (más información en el documental La muerte de Jaime Roldós (Sarmiento y Rivera 2013)). 14 El conflicto conocido como la Guerra del Cenepa ocurrió entre enero y febrero de 1995 pero la firma definitiva de la paz ocurrió en 1998. El motivo era la zona no delimitada de frontera entre ambos países en la cordillera del Cóndor (Verdesoto 2014). Actualmente se trata de un área de gran interés por sus recursos minerales en el subsuelo. Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 33 de instrumentos de desregulación durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (Verdesoto 2014). A pesar de los intentos de reactivar la economía, este período se caracterizó por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Los más afectados por los incentivos estatales al sector privado, en especial al petrolero, fueron los grupos indígenas amazónicos, quienes llegaron a ser desplazados de sus territorios a causa de la contaminación (Valdivia 2007; Leifsen et al. 2017). Ante esto, los movimientos indígenas se transformaron en actores protagónicos por su capacidad movilizadora en rechazo al orden establecido desde inicios de los 90 (Fontaine 2010). A las debilidades institucionales, de representación política y del sistema económico existentes, se sumó la configuración de redes internacionales de movimientos sociales fácilmente accesibles que consolidaron la influencia política de estos movimientos locales, en especial de la CONAIE15 (Gallegos-Anda 2016a). En 1995, el 56% de la población vivía en la pobreza; de la cual un 76% se encontraba en áreas rurales. A nivel regional, Ecuador tenía un coeficiente Gini16 de 0.57, ubicándolo como el tercer país con peor distribución de ingresos después de Brasil y Paraguay (Larrea 2004). Esta crisis configuró el escenario para la inestabilidad política y económica de los años siguientes. 15 La CONAIE fue conformada en 1986 a partir de la primera organización indígena del Ecuador, el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas (CONACINE) de 1980. Se trata de la organización indígena más grande del país que nació con el fin de defender la dignidad y los derechos de las diversas nacionalidades, pueblos, comunidades, centros, federaciones y confederaciones indígenas. La CONAIE surgió de la agrupación de tres organizaciones indígenas de la costa, sierra y Amazonía: Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Costa del Ecuador (COICE), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENAIE) (Gallegos-Anda 2016a). Su participación en las diversas luchas por la identidad, los territorios y el medio ambiente, ha ido aumentando paulatinamente su importancia en el plano político. La primera movilización masiva, en 1990 consolidó su capacidad organizativa y permitió que sus demandas llegaran a los entes gubernamentales. En 1995 entró al escenario político con el partido Pachakutic que cobró relevancia en 2002 gracias a su apoyo a la elección del presidente Lucio Gutiérrez. Sin embargo, tanto la alianza como Gutiérrez duraron poco tiempo en el poder. Desde el período de gobierno de Rafael Correa hasta la actualidad, la lucha de la CONAIE ha estado sobre todo enfocada en la defensa de los territorios contra el avance de las industrias mineras y petroleras (CONAIE 2019). Las principales movilizaciones convocadas por esta organización fueron en julio de 1990, abril de 1992, junio de 1994, enero y febrero de 1997, enero de 2000 y enero de 2001 (De la Torre 2006). Muchos de estos levantamientos culminaron en mesas de negociación, e incluso en un caso de derrocamiento presidencial (2000). (Verdesoto 2014) 16 El coeficiente de Gini fue creado por Corrado Gini en 1912. Se utiliza comúnmente para medir la desigualdad de los ingresos de un país, pero es aplicable a cualquier forma de distribución desigual en donde 0 representa la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta desigualdad (Gonzalez- Abril et al. 2010). 34 Capítulo 1 • La inestabilidad política y crisis financiera de finales de los 90 (1996 - 2006). También llamado la “crisis general e inestabilidad” por Verdesoto (2014 y 2019), este segundo período democrático se caracterizó por una grave crisis política. Entre 1996 y 2005 los levantamientos populares condujeron al derrocamiento de tres presidentes de la república (Fontaine 2010). Desde 1996, los gobiernos populistas de diversa índole provocaron la pérdida de formalidad en la política y en consecuencia, la degradación de los roles y responsabilidades de los partidos (Verdesoto 2014). La fuerte crisis financiera internacional de 1998, sumada a la caída de los precios del petróleo y la devastación causada por el fenómeno del Niño (el más fuerte del siglo XX, ver apartado 1.6) agravaron la delicada situación social y económica del país. Durante los dos años siguientes, parte del sistema financiero nacional tuvo que ser rescatado por el Estado en un feriado bancario que tuvo como desenlace la dolarización de la economía17 en el año 2000. La gran inflación y la profunda crisis se evidenciaron en un nuevo vertiginoso deterioro de las condiciones de vida de la población. Entre 1998 y 1999, la pobreza urbana había pasado del 36% al 65% y el desempleo, del 8% al 17% (Larrea 2004). Uno de los efectos más importantes de la crisis fue la emigración masiva hacia el exterior. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) y otros organismos como el Banco Central del Ecuador (BCE), en el año 2007 alrededor de 1 millón 600 mil ecuatorianos residía en EE.UU., España, Italia y otros países latinoamericanos. Del total, un 65% habría salido entre 2002 y 2007; principalmente con el objetivo de buscar trabajo (Maldonado et al. 2010; Ruiz y Iturralde 2013). El caos característico de este período tuvo un impacto importante en la opinión pública, incentivando aún más la lucha popular y el cambio social (Latorre et al. 2015). • El nuevo gobierno progresista de Rafael Correa18 2007 – 2009. Al igual que en otros países de la región, en Ecuador se consolidó la idea de renovación a 17 A finales de 1999 más de la mitad de los principales bancos cerró o fue transferida al Estado. En enero del 2000, se concretó la dolarización oficial de la economía; medida que desencadenó un paro nacional y la caída del presidente Jamil Mahuad. (Larrea 2004). 18 Rafael Correa fue presidente constitucional del Ecuador durante tres periodos continuos que en total sumaron 10 años. La primera toma de posesión fue el 15 de enero de 2007, la segunda el 10 de agosto de 2009 (a mitad del periodo a causa de las elecciones adelantadas por cambios en la Constitución del año 2008) y la tercera fue el 24 de mayo de 2013. El gobierno de Correa culminó el 24 de mayo de 2017 y fue sucedido por su primer vicepresidente, Lenin Moreno. Los lineamientos iniciales de su gobierno (calificado como “neopopulista” (Verdesoto 2014)) en relación al manejo de Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 35 través del partido político de Alianza País (AP). Su llegada coincidió con la subida del precio del petróleo que según el World Bank, entre 2001 y 2012 se multiplicó por diez, alcanzando un 17% del PIB en 2012 (World Bank Group 2018). Este crecimiento se produjo en gran parte gracias al aporte económico de los migrantes que partieron durante la crisis previa a su mandato, y que enviaban remesas a sus familiares. Desde la instauración de su gobierno en 2007, Correa reforzó el control sobre las operaciones petroleras e inició la renegociación de contratos, que se consolidó en 2010, con la intención de replantear la repartición de las utilidades entre las empresas privadas y el Estado. Su objetivo era aumentar el presupuesto nacional y mejorar la redistribución de la riqueza nacional (Ospina 2009a; Escobar 2010; Gudynas 2010; Svampa 2013). Durante este período el gobierno convocó a una consulta popular que dio paso a la formación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución durante el año 2008 (Verdesoto 2014). Entre otras medidas, la nueva agenda implicó el aumento del gasto público, el control de los ingresos del petróleo y más adelante la recuperación de la minería a gran escala (Leifsen et al. 2017). • Neo-extractivismo y "Sumak Kawsay" (2009-2014). Los últimos años del período de estudio se caracterizan por la contradicción entre el aumento de la presión sobre los recursos naturales debido a los precios brutos globales y un marco legal y político creado para protegerlos. Por primera vez, bajo el concepto de Sumak Kawsay19, la nueva Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoció la los recursos naturales fueron cambiando a causa del desfase provocado por el elevado nivel de gasto público frente a la caída de los precios del petróleo y de las remesas de los migrantes. En principio Correa consiguió cambiar el modelo económico tradicional gracias a políticas de redistribución de la riqueza que potenciaron al sector público. La nueva Constitución del año 2008 dio prioridad en materia de derechos a garantizar mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de la población por sobre los intereses del capital (Buen Vivir), aun cuando esto también significaba para el gobierno que las organizaciones y movimientos sociales de base ya no hacían falta para representar la voluntad del pueblo (Boelens et al. 2015). A partir del desfase en el presupuesto del estado, Correa adaptó su discurso y facilitó abiertamente el desarrollo del extractivismo dando paso a la minería a gran escala y comprometiendo los recursos petroleros a China, principal prestamista de su gobierno. Ante este escenario, el gobierno recortó el gasto público y recrudeció la represión y criminalización de los medios de comunicación no alineados (Boelens et al. 2015; Encyclopaedia Britannica 2019) y de los movimientos sociales, ecologistas e indígenas opuestos al extractivismo. Actualmente existe una orden de prisión preventiva sobre Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos en la adjudicación de contratos con el Estado y financiación irregular de su movimiento político Alianza País (AP) (BBC 2019). 19 El concepto de Sumak Kawsay (Buen Vivir) incluido en la constitución de 2008 es posiblemente la mejor interpretación de las demandas presentadas por los movimientos sociales de Ecuador y 36 Capítulo 1 naturaleza plurinacional e intercultural del Estado, comunidades e individuos, así como su derecho a vivir en un ambiente saludable preservando sus formas de vida ancestrales y reconociendo los derechos de la Naturaleza (República del Ecuador 2008). Sin embargo, una nueva caída de los precios del petróleo junto con el aumento progresivo del gasto público forzó un nuevo endeudamiento, esta vez con China20. Esta nueva relación comercial favoreció la expansión de la economía extractiva mediante concesiones mineras a gran escala (Riofrancos 2017), el compromiso de la mayor parte del petróleo de los próximos años (Schneyer y Medina Mora Perez 2013) y la adjudicación de grandes obras de infraestructura como represas eléctricas y redes viales. Los nuevos triunfos electorales del partido político de Correa en 2009 y 2013 consolidaron una mayoría parlamentaria con suficiente poder para comprometer los recursos nacionales (Escribano 2013) mientras que se reprimía a las organizaciones sociales opuestas a las actividades extractivas (Ospina 2009a; Latorre et al. 2015; Zorrilla 2017). En consecuencia, la democracia se vio severamente afectada por las políticas represivas21. Incluso con la intención de redistribuir la riqueza de una manera más equitativa, el gobierno de Correa fue descrito como desarrollista, neo-extractivista y nacionalista (Ospina 2009a; Escobar 2010; Gudynas 2010, 2013; Svampa 2011, 2013; Latorre et al. 2015). 1.7.1 Impactos en la Amazonía Ecuatoriana La importancia de la Amazonía a nivel planetario radica en su excepcional biodiversidad y su función reguladora del clima y calidad del aire por ser un enorme sumidero de gases de Latinoamérica desde los años 80 en defensa de los derechos sociales, económicos y culturales (Gallegos-Anda 2016a). 20 China, como nueva potencia mundial, cumple un papel protagónico en la configuración geopolítica que promueve al neo-extractivismo sobre toda Latinoamérica. Durante la crisis financiera global, se presentó como nuevo socio comercial de la región con grandes inversiones en infraestructura, industrias extractivas y grandes préstamos (Casey y Krauss 2018). Los gobiernos progresistas del momento intentaron promover esta relación como una nueva oportunidad para recuperar la autonomía con respecto a los EE.UU., pero en realidad, terminó siendo una potenciación del extractivismo y de la reprimarización de las economías latinoamericanas (Svampa 2019). 21 Algunos autores señalan una relación inversa entre democracia y extractivismo (Svampa 2019) o democracia y abundancia de recursos naturales en institucionalidades débiles (Ross 2003; Fontaine 2010). La pérdida de gobernabilidad democrática es uno de los factores desencadenantes de CSA y de conflictos sociales en general. Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 37 efecto invernadero. La macro cuenca hidrográfica del río Amazonas es la más grande del mundo, por lo que constituye también una de las fuentes de agua dulce más importantes a nivel global (Linck y Weemaels 2010). Sin embargo, a nivel local la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) es percibida como una reserva de recursos a ser explotados y con un gran potencial para la asegurar la soberanía energética (López et al. 2013). El choque de intereses entre la conservación y el uso o explotación de los recursos está desarrollando procesos sociales, económicos y demográficos complejos y a múltiples escalas espaciales y temporales (Bilsborrow et al. 2004; Mena et al. 2006). Las políticas orientadas a favorecer la extracción petrolera y la colonización son las principales amenazas a nivel social y ambiental. Los habitantes ancestrales, adaptados al entorno durante cientos de años, están siendo desplazados y bajo en riesgo de desaparecer junto con toda la diversidad cultural de los diversos grupos étnicos (Mena et al. 2011). Paralelamente, que la cobertura vegetal y los cuerpos de agua están siendo degradados por la deforestación, la apertura de vías, los cambios en el uso del suelo y la contaminación (López et al. 2013). La RAE, también conocida a nivel local como “el Oriente” (Bilsborrow et al. 2004) está conformada por 6 de las 24 provincias (Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe) y abarca cerca de la mitad del territorio nacional. Sin embargo, entre los ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), Ecuador tiene sólo un 1,5% de los 7,8 millones de km2 de la macro cuenca. Esta pequeña parte de la región es la más densamente poblada con 740 mil de los 33 millones del total de habitantes, entre los cuales se encuentran 10 de los 385 pueblos indígenas (RAISG 2012; López et al. 2013). Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, una tercera parte de la población amazónica se autodefine como indígena, mientras que el resto corresponde a colonos provenientes de la costa y la sierra, e incluso de Colombia. La mayoría de la población indígena pertenece a la etnia Kichwa con un 51%, seguidos por los Shuar con el 32%. De las nueve nacionalidades indígenas amazónicas ecuatorianas, los Kichwa, Shuar y Waorani (o Huaorani) ocupan el 42,13% del total del territorio y el 73.34% de las tierras indígenas. El 26,66% restante se divide entre los grupos menos numerosos de los Siona, Secoya, Ai Cofán (López et al. 2013), Shiwiar y Zápara (Chisaguano 2006). La tasa de crecimiento poblacional es particularmente alta a causa de una alta tasa de fertilidad y la constante migración. Según datos encuestados, en el año 2000 la tasa de fertilidad total era de 5,5 mientras que la del resto del país era de 3,4. En la zona norte de la Amazonía la población 38 Capítulo 1 creció un 8% entre 1974 y 1982; 6% entre 1982 y 1990 y 4% de 1990 a 2001 (Bilsborrow et al. 2004). A partir del descubrimiento de petróleo en 1967 al norte de la región, varias familias de colonos inmigraron atraídas por las posibilidades de trabajo relacionado a las actividades petroleras e incentivadas por políticas estatales de colonización y reforma agraria que promovían la ocupación de tierras aisladas con fines agrícolas. Fue sobre todo a partir de 1973, durante el gobierno militar de Rodríguez Lara, que el aval del estado para la colonización de la Amazonía inició la ocupación de Morona Santiago y Napo, seguidos de Sucumbíos y Pastaza (Gondard y Mazurek 2001). La incidencia de dicho incentivo se acentuó en 1977 con la Ley de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana y la creación del Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE) (Ruiz Mantilla 2000). La falta de planificación previa de las políticas de colonización, como si se tratara de tierras deshabitadas, además de significar un traslado de la pobreza rural desde zonas deterioradas como ciertos valles andinos y bosques secos del litoral (López et al. 2013), provocó una gran falta de ordenamiento territorial, destrucción de los ecosistemas y conflictos con los habitantes ancestrales (Ruiz Mantilla 2000). Durante la década de los 70, una primera ola de migrantes extranjeros de origen colombiano se instaló en la provincia fronteriza de Sucumbíos (Amazonía Norte) atraída por la nueva industria petrolera. Más adelante cruzaría la frontera un número más importante de desplazados a causa de nuevas situaciones de precariedad, fumigaciones a los campos de coca y sobre todo violencia. Durante el censo nacional del año 2001, se habrían registrado 51.000 colombianos residiendo en Ecuador. Sólo entre el año 2000 y mediados del 2003, Ecuador registraba 16.100 solicitudes de refugio. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, las solicitudes de refugio pasaron de un promedio de 60 al año durante la década de los 90, a 413 (78.2% de los cuales de origen colombiano) en el año 2000 y 6.270 (99.6% colombianos) en 2002. En términos porcentuales, la cifra aumentó en 12.630% entre enero del 2000 y enero del 2003. Se calcula que una mínima parte de los desplazados habría solicitado formalmente el estatus de refugiado y que entre ellos, solo la mitad lo habría conseguido (Ahumada Beltrán y Moreno Durán 2004). La explicación de este dramático desplazamiento hacia el Ecuador, en especial hacia la Amazonía Norte, estaría en las consecuencias de la implementación del Plan Colombia en Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 39 1999 y la Iniciativa Regional Andina (IRA) en 200222. La iniciativa del Plan Colombia fue ideada por el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton y el de Colombia, Andrés Pastrana, con el fin principal de combatir el narcotráfico y los grupos insurgentes. Sin embargo, la estrategia más controvertida por sus impactos fue la fumigación aérea de las plantaciones de coca con glifosato en la frontera colombo-ecuatoriana, que fue la zona más afectada por albergar zonas aisladas y aptas para los cultivos ilícitos. Lejos de erradicar el problema del narcotráfico, la crisis social y humanitaria ya existente por los enfrentamientos entre militares, insurgentes y paramilitares se vio fuertemente agravada provocando enormes masas de desplazamientos forzados transfronterizos. Estos últimos afectaron en su mayoría a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Además de la crisis humanitaria de los desplazados, la fumigación de los cultivos de coca ha tenido un fuerte impacto en la salud de la población ecuatoriana en la frontera, los campos agrícolas, el ganado, fuentes de agua y el equilibrio ecológico de la selva (más información en el caso “Fumigación Aérea Plan Colombia, Capítulo 2) (Ahumada Beltrán y Moreno Durán 2004). El principal impacto de la ocupación de nuevas tierras fue la deforestación. Los nuevos habitantes necesitaban demostrar la intención de hacer producir la tierra talando la vegetación mientras se beneficiaban de la venta de madera. A continuación surgieron las plantaciones de plátano, maíz, yuca, café, palma africana y cacao, además de grandes extensiones dedicadas a la ganadería (Gondard y Mazurek 2001). La apertura de vías de acceso a los nuevos terrenos agrícolas y sobre todo para las actividades petroleras continúa incentivando la deforestación desde entonces (Mena et al. 2006). Ecuador es el país amazónico que registra la mayor densidad de carreteras de toda la región, con 37,5 km/km2 (RAISG 2012). Según un muestreo geográfico de fincas ocupadas en la zona norte de la RAE, la cobertura forestal se habría disminuido en un 100% en 1970; 59% en 1990 y 45% en 1999 (Bilsborrow et al. 2004). En el año 2012 la superficie agraria estaba dedicada en un 56,6% a la agricultura, 10% a la ganadería, 30% a terrenos agrícola-ganaderos y 1,4% a actividades forestales o agroforestales; todas ellas con un nivel de productividad y 22 La IRA fue concebida para complementar al Plan Colombia incluyendo incentivos económicos a los demás países afectados indirectamente como Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Panamá y Bolivia. Mientras que en Colombia se desplegaba una intervención militar contra los carteles del narcotráfico y grupos insurgentes, los países vecinos, o recibían a los desplazados, o a los mismos grupos rebeldes que se desplazaban fácilmente por las fronteras, sobre todo amazónicas. El interés estadounidense por contener el tráfico de drogas en la región andina, a su vez ponía en peligro la estabilidad política y social de importantes proveedores de petróleo como Venezuela y Ecuador; y las relaciones comerciales con la región de la cual era el principal socio comercial (Ahumada Beltrán y Moreno Durán 2004). 40 Capítulo 1 rentabilidad muy pobres (RAISG 2012). A nivel continental, Ecuador registró la tasa anual más alta de deforestación de la región con un 2,5% entre 1986 y 1996; y 1,8% de 1996 a 2002 (Mena et al. 2006). Además de la afectación sobre la biodiversidad terrestre, la deforestación y el cambio de uso del suelo tuvieron un impacto importante en los cuerpos de agua y su funcionalidad (López et al. 2013). La capa de suelo fértil amazónica es muy fina y no puede recuperar sus propiedades inmediatamente después de una siembra, por lo que también ha sufrido pérdidas irreparables en perjuicio de todos sus ocupantes, nuevos y tradicionales. Los cultivos de subsistencia iniciales se fueron transformando en cultivos comerciales de carácter intensivo. La constante inmigración continúa agravando el proceso de subdivisión y fragmentación de las tierras (Bilsborrow et al. 2004; Mena et al. 2011). Como ya se ha mencionado, las actividades relacionadas a la extracción de petróleo constituyen una de las mayores amenazas para la Amazonía. Actualmente Ecuador es el país con mayor superficie de bloques petroleros en explotación dentro de la cuenca del Amazonas. En 2010, el 21% del territorio de la RAE estaba dedicado a la explotación; sin embargo este porcentaje se había incrementado al 58% para el año 2013 incluyendo bloques asignados (29,8%), para licitación (7,3%) y sin asignación (21,4%) (Fig. 1.9). Las cuatro ciudades principales (Lago Agrio, Coca, Sacha y Shushufindi) emergieron como consecuencia del asentamiento de campamentos, pozos, estaciones, oleoductos, poliductos y sus correspondientes vías de acceso (López et al. 2013). La construcción de vías constituye una apertura incontenible hacia los territorios indígenas, quienes forzados a formar parte de la “civilización” (Kimerling 2013) enfrentan una serie de nuevas amenazas como epidemias contra las cuales carecen de inmunidad, pérdida de territorios, de zonas de caza y exposición a la contaminación. Todas estas consecuencias son potencialmente letales, sobre todo para aquellos en aislamiento voluntario (Orta-martínez y Finer 2010; López et al. 2013). Se presume que el contacto forzado por la irrupción de la industria petrolera significó la desaparición de los Tetetes23; y la disolución por aculturación y desplazamiento tanto de los Tukano con Sionas y Secoyas, como de los Barbacoano con los Cofán (López et al. 2013). 23 Existe poca literatura sobre la existencia de los Tetetes ya que se trataba de un grupo pequeño de indígenas Tucano del norte de la Amazonía Ecuatoriana. Al no aceptar ser contactados y sometidos, su exterminio fue atribuido a los misioneros y petroleros que llegaron en los 70 y previo a eso, a los recolectores de caucho (Wasserstrom et al. 2011). Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 41 Resulta evidente que los impactos sociales, culturales y ambientales que desencadena la industria petrolera son irreversibles (Orta-martínez y Finer 2010). Actualmente, a pesar de la declaración de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) en la zona del Parque Nacional Yasuní (PNY) en 1999, los últimos Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) se enfrentan al riesgo de desaparecer a raíz de los conflictos internos causados por la presión sobre su territorio (más detalles sobre los PIAV y la ZITT en los casos del Yasuní ITT y el bloque petrolero Armadillo en el Capítulo 2). Los derechos de los indígenas de la Amazonía empezaron a ser tomados en cuenta a partir del año 1998 cuando se reconoció formalmente por primera vez su naturaleza multicultural, así como algunos de los derechos colectivos de los indígenas en la convención por los derechos indígenas y pueblos tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1989; Kimerling 2013). Por otro lado, la protección del medio ambiente tomó relevancia legal con la declaración de los Derechos de la Madre Naturaleza en la Constitución del 2008 y la declaración de la plurinacionalidad e interculturalidad del estado Ecuatoriano basándose en el Sumak Kawsay o Buen Vivir (República del Ecuador 2008)24. De hecho, el Ecuador no sólo reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho dentro de su Constitución 25 (Gk 2019), sino que también reconoce su derecho a la restauración 26 y a ser protegida por el Estado27. Otros aspectos importantes son el manejo del concepto de Naturaleza o Pachamama como una sintonía entre la percepción 24 Art. 250 “El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak Kawsay.” (República del Ecuador 2008) 25 Art. 71 “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” (República del Ecuador 2008) 26 Art. 72 “En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.” (República del Ecuador 2008) 27 Art 73 “EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.” (República del Ecuador 2008) 48 Capítulo 1 todas las comunidades posiblemente afectadas por la explotación33. Sin embargo, según el Decreto 124734 que regula la ejecución de la consulta previa emitido el mismo año, no existe un proceso claro que garantice el consentimiento de la población en base al conocimiento sobre los posibles impactos de las actividades extractivas como consta en la Constitución del Ecuador y en el Convenio 169 de la OIT, del cual Ecuador es parte desde 199935. El Convenio se limita a “garantizar el acceso a la información sobre el plan o programa que eventualmente podrían ser desarrollados; y, brindar legitimidad, seguridad y certeza jurídica a las políticas tendientes al aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país” (Mazabanda, 2013, p.6). De esta forma, el Decreto en cuestión es un instrumento legal que omite el derecho de los pueblos indígenas a tomar la decisión final sobre el uso de su territorio. De hecho, según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos, durante la consulta previa de 2012, solo un 39% de las comunidades afectadas participó en la consulta (Mazabanda 2013). Resulta triste ver un mapa petrolero de la Amazonía ecuatoriana, tanto por las casi nulas áreas restantes (partes de dos áreas protegidas) como por los números de los bloques que reemplazan los nombres reales (Fig. 1.6 y Fig. 1.7). Esta pérdida tiene un gran significado ya que simboliza la negación de una historia y una identidad milenaria (Maldonado y Almeida 2006). 33 Art 57. numeral 7: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.” (República del Ecuador 2008) 34 Decreto 1247: Reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos (Correa D. 2012) 35 Convenio 169 de la OIT: del Art. 13 al Art. 19 sobre los derechos indígenas sobre sus territorios; y los Art. 6, 15, 17, 22, 27 y 28 sobre las distintas hipótesis en las cuales debe ser aplicada la consulta previa libre e informada (OIT 1989; CorteIDH 2012). Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 49 Fig. 1.6 Mapa de Bloques Petroleros en Ecuador Continental. Fuente: Secretaría de Hidrocarburos (SH 2015). Fig. 1.7 Leyenda del Mapa de Bloques Petroleros Fig. 1.8 (SH 2015) 50 Capítulo 1 Desde los inicios de la era petrolera, la contaminación y la desposesión de territorios asociadas a esta actividad generaron conflictos evidenciados en paros y protestas protagonizadas principalmente por las organizaciones indígenas amazónicas. En general, estas manifestaciones de resistencia terminaban con la represión violenta de las fuerzas del Estado y a partir de ahí aparecían los intentos de negociación que intentaban compensar a la población, sobre todo con obras de infraestructura. Los incumplimientos de estas obras generaban nuevos paros y por ende, nuevas negociaciones del mismo estilo. Actualmente, esta metodología no parece haber cambiado demasiado, aunque durante el gobierno de Rafael Correa, la inversión en obras de compensación fue mucho más alta y se manejó directamente desde el Estado. Las inversiones en megaproyectos como redes de carreteras, conjuntos habitacionales (Ciudades del Milenio36), hospitales y Escuelas del Milenio transformaron radicalmente la Amazonía, aunque los beneficios reales para la población sigan siendo fuertemente cuestionados por la mala planificación (Wilson y Bayón 2017). 1.7.3 Minería “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Aún siguen esas barbaridades de oponerse a la minería y a la extracción petrolera” Rafael Correa – Enlace Ciudadano 299 – 01 de diciembre de 2012 (El Comercio 2012) Al final del período de estudio en 2014, los conflictos relacionados con la minería, principalmente metálica, comenzaron a tomar la relevancia que los caracteriza actualmente. La explotación minera a gran escala aún no se había iniciado, pero las comunidades indígenas y campesinas ya empezaban a resistirse a la intrusión de las empresas mineras en sus territorios. Dos años después, la minería será la principal amenaza de la era post-petróleo por ser considerada de interés público para la economía del Estado. El “giro” permitido por el nuevo Mandato Minero de 2015 durante el gobierno 36 Wilson y Bayón (2017) se muestran críticos hacia dichas ciudades, a las que definen como “la demostración del sinsentido”. Según los autores, “las ciudades no fueron planificadas para ser habitadas, lo que hace que estén parcialmente despobladas, con una gran cantidad de infraestructura que la población no sabe para qué sirve. Sin embargo, lograron su objetivo: deslumbrar a las comunidades indígenas que se oponían a la explotación petrolera.” (Wilson y Bayón 2017, p.15). Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 51 de Rafael Correa reabrió el catastro minero después de 8 años de cierre. En 2018, el 15% del territorio nacional estaba concesionado o en proceso de concesión a empresas mayormente transnacionales, sobre todo en zonas de páramo, bosques húmedos tropicales y selva amazónica (Solíz Torres et al. 2018)37. La historia de la minería a gran escala en Ecuador comenzó en los años 90 del siglo pasado con la primera apertura a los inversionistas norteamericanos. Las leyes mineras de 1991, 2000 y 2001 suavizaron las condiciones fiscales para nuevas concesiones en un débil marco legal. Este período, estuvo caracterizado por una “hemorragia de concesiones” que abarcó cerca del 20% del territorio continental (Acosta 2009). En la década de los 90, empresas de diversos orígenes patrocinadas por el Banco Mundial y con apoyo de agencias de desarrollo multi y bilaterales como la canadiense Placer Dome, la estadounidense Newmont, la australiana BHP Billiton, la inglesa Rio Tinto o la francesa Cogema. Estas agencias descubrieron yacimientos tanto en el norte como en el sur, particularmente en la cadena montañosa de Cóndor. Para finales de los 90, las zonas identificadas con “alto potencial” geológico fueron paulatinamente abandonadas por las grandes empresas, posiblemente a causa de las variaciones de precios en mercados internacionales. Durante el siguiente período, entre el 2001 y el 2008, la gran mayoría de empresas con concesiones mineras fueron empresas juniors de origen canadiense, dedicadas exclusivamente a la exploración y a la especulación financiera en la bolsa de valores (Acosta 2009; Sacher 2018; Solíz Torres et al. 2018). Durante esta primera etapa de concesiones surgieron los primeros CSA vinculados a la minería y en gran parte apoyados por la CONAIE (Latorre et al. 2015). Tanto las poblaciones indígenas como campesinas, apoyadas por Organizaciones de Justicia Ambiental, comenzaron la resistencia directa a la entrada de las empresas mineras. Los conflictos que adquirieron relevancia durante ese período están de nuevo vigentes en la actualidad. Los más relevantes son: Íntag contra el proyecto Junín de Ascentant Copper en Imbabura; Molleturo y Portete contra los proyectos Río Blanco de International Minerals Corporation (IMC) y Quimsacocha de Iamgold en Azuay; El Pangui, Tundayme y San Juan Bosco contra los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos de Corriente Resources en la cordillera del Cóndor; y el proyecto Fruta del Norte de Aurelian Resources, en la misma cordillera. La etapa en cuestión se caracterizó por fuertes movilizaciones contenidas por el Estado aliado a las empresas mineras, quienes desplegaron fuertes dispositivos de 37 Datos posteriores al período de estudio comprendido entre 1977 y 2014. 52 Capítulo 1 represión violenta con intervención de la fuerza pública y de grupos paramilitares (Svampa et al. 2009; Amnistía Internacional 2012; CAJAR et al. 2018; Sacher 2018). El “Mandato Minero” de abril de 2008 emitido durante el segundo año del gobierno de Rafael Correa resultó ser una interrupción temporal en el vertiginoso auge previo a su llegada. Con la intención de recuperar el control sobre el sector, la nueva ley sirvió entre otras cosas para crear una empresa estatal, exigir una serie de garantías para proteger las fuentes de agua, revocar sin ninguna compensación todas las concesiones que estuvieran todavía sin inversión, en reservas naturales protegidas y aquellas concedidas a exfuncionarios públicos. Al evitar la especulación alrededor de las concesiones, también se ahuyentaron algunas de las empresas junior (Sacher 2018). La Ley de Minería fue aprobada a pesar de que su contenido debía ser sometido a una consulta previa por parte de las comunidades que serían afectadas y este requisito no se cumplió. De esta forma se dio paso a la minería a gran escala, estableciendo los requisitos que las empresas debían cumplir para operar, incluso dentro de áreas protegidas. Al igual que en el caso anterior, la Ley de Aguas – también de gran relevancia para la minería - fue propuesta en agosto de 2009 sin haber realizado la consulta previa y socialización de la información correspondientes (Amnistía Internacional 2012). Después de una aplicación parcial del mandato, el porcentaje de territorio concedido se redujo del 20% al 12,2% (Acosta 2009). A partir de la Ley de Minería de 2009, que sería posteriormente reformada en 2011 (RAISG 2012) y 2013 (Gallegos Silva 2013; López et al. 2013; Asamblea Nacional 2013), la presión sobre los recursos minerales y los habitantes locales volvió a ser efectiva (Fig. 1.8 y Fig. 1.9). Hasta ese momento, los grandes proyectos estaban en fases previas a la explotación y representaban un riesgo potencial. Sin embargo, el alza de precios en los mercados internacionales significó que la minería se transformara en la nueva fuente prioritaria de ingresos para el presupuesto público. Esto se sumó a que las concesiones mineras se habrían comprometido a China, el nuevo prestamista estatal (Leifsen et al. 2017). La entrada de capitales chinos, en reemplazo de otros inversionistas internacionales (especialmente norteamericanos) cambió las dinámicas hacia un panorama muy diferente al anterior (Sacher 2018). Al final del período de estudio, el marco legal siguió siendo débil en términos de protección de la naturaleza y los derechos civiles. Aunque el art. 313 de la Constitución reconoce a la minería como recurso estratégico, el art. 4017 prohíbe la extracción de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles a menos que sea un requisito especial Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 53 del Presidente y una declaración previa de interés nacional en la Asamblea Nacional. Contrariamente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, no existe una regulación específica para consultas previas o participación social. Solamente se reconoce la obligación de respetar los requisitos legales para la preservación del medio ambiente, la garantía de respetar los derechos civiles de las comunidades locales (acceso suficiente a información sobre posibles impactos) y el pago de impuestos. Según el art. 87 de la Ley de Minería, el Estado es el único responsable de los procesos participativos y la consulta social (RAISG 2012). El gobierno de Correa se dedicó a promover la figura de “consulta social” a las comunidades afectadas, en lugar del concepto reconocido internacionalmente de “Consentimiento Previo Libre e Informado” (CLPI)38 (Sacher 2018). Instrumentos legales posteriores como el Decreto Presidencial 16 de junio del 2013 y el Código Orgánico Integral Penal de 2014, sirvieron para criminalizar el activismo de algunos de los líderes comunitarios anti-minería. Estas prácticas, también calificadas como “abusos de poder”, se han utilizado eficazmente para amedrentar a las poblaciones con el fin de someterla ante los megaproyectos (Acosta 2009; CAJAR et al. 2018; Sacher 2018). Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)39, Ecuador y Bolivia registran un alto grado de criminalización y bajo grado de violencia, en comparación con los casos de Colombia y Perú que sí contienen altos grados de violencia (Betancourt 2016; CAJAR et al. 2018). Entre 2009 y 2014, los 3 asesinatos en Ecuador de defensores del territorio y el medio ambiente estaban relacionados a los proyectos mineros: José Tendetza, líder Shuar que mantenía la lucha contra el proyecto Mirador, fue torturado y asesinado en diciembre del 2014 con indicios que vinculaban a la empresa ECSA (Ecuadorriente S.A.); Bosco Wisuma, maestro Shuar, participaba de un levantamiento contra la aprobación de la Ley de Aguas del gobierno de Correa cuando fue abatido por perdigones durante la fuerte represión policial (2009); y por último Freddy Taish, también de origen Shuar, murió por un disparo mientras pescaba durante una operación militar contra la minería ilegal en noviembre del 38 “El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés).” (ONU 2007) 39 El OCMAL fue conformado a partir de un encuentro realizado en Oruro - Bolivia en 2007 por más de 40 organizaciones sociales de América Latina. Su principal objetivo es la defensa de las comunidades y poblaciones afectadas por los impactos de la minería. Constituye un espacio para la investigación y exploración de trabajo conjunto, campañas e intercambio de información (OCMAL 2019). Esta organización forma parte del proyecto EJAtlas. 54 Capítulo 1 2013 (Vera Puebla et al. 2013; CAJAR et al. 2018). Las movilizaciones protagonizadas por las comunidades indígenas en contra de la Ley de Minería y la Ley de Aguas durante el año 2009 desencadenaron la persecución e incluso varias detenciones y enjuiciamientos a líderes indígenas bajo cargos como sabotaje y terrorismo (Amnistía Internacional 2012). Actualmente, la minería a gran escala es la actividad extractiva más cuestionada de Latinoamérica. No existe ningún proyecto en el todo el territorio que no haya desencadenado un conflicto latente entre las comunidades contra las empresas y el Estado. Según el OCMAL, en el año 2013 se registraron 184 conflictos mineros contra 253 comunidades en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, de los cuales 5 eran transnacionales (Svampa 2013). Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 55 Fig. 1.8 Mapa de proyectos de minería, bloques petroleros, territorios indígenas, proyectos hidroeléctricos y áreas protegidas. Fuente: http://protectecuador.org/portfolio/maps/ 56 Capítulo 1 Fig. 1.9 Leyenda del Mapa de proyectos de minería, bloques petroleros, territorios indígenas, proyectos hidroeléctricos y áreas protegidas. Fuente: www.protectecuador.org A pesar de que los impactos en el medio ambiente sean igual de devastadores en los casos de la minería industrial regulada y la minería ilegal 40 , la segunda acarrea otras consecuencias asociadas a la ilegalidad que pueden desembocar en situaciones aún más críticas. Esta extracción no controlada de recursos minerales tuvo un gran repunte desde el alza de los precios del oro y las nuevas regulaciones al sector en el año 2008 (Agencia EFE 2018b), mismas que dificultaron la legalización de los mineros artesanales. Si bien es cierto que la criminalización de la minería ilegal es utilizada políticamente para justificar la legitimidad de la minería legal (Acción Ecológica 2012), los casos críticos en Ecuador dan cuenta del enorme problema socio ambiental que significa en algunos casos. La zona fronteriza con Colombia es particularmente crítica por la participación de las mafias del narcotráfico y la falta de control (se presume que la minería ilegal puede llegar a ser incluso más rentable que el narcotráfico (Riofrío 2017)). En este caso, a los daños 40 Se presume que el deterioro del medio ambiente por la falta de controles ambientales de las mineras ilegales a pequeña escala se equipara al de la minería legal por la magnitud de materiales procesados a gran escala. Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 57 ecológicos se suman la violencia y el control sobre el territorio de los grupos armados (Agencia EFE 2018b). Se calcula que en Ecuador existen unos 500 puntos afectados, dispersos en varias provincias. Entre estos, 166 son considerados de alta conflictividad y están ubicados en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Las zonas más contaminadas con esta actividad son San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, Imbabura (La Merced de Buenos Aires) y Zamora Chinchipe (río Nangaritza) (Infobae 2019). Cabe resaltar que la minería artesanal ha existido en Ecuador desde mucho antes del período incaico, que supone el sustento para muchas comunidades del Ecuador ante la ausencia de alternativas, y que por lo tanto, requiere una atención especial del Estado muy distinta a la persecución actual (Acción Ecológica 2012). La complejidad del tema merece sin duda ser analizado a profundidad, sin embargo, en el presente trabajo, no se incluirán casos relacionados con la minería ilegal ya que la información necesaria para el tipo de análisis que realizaremos no es accesible o no está suficientemente documentada. 1.7.4 Agua Al igual que en los casos del Petróleo y la Minería, los momentos trascendentales en la historia de la gestión del agua en el Ecuador dependen de los giros políticos y la gobernanza. Los gobiernos neoliberales de la década de los 90 dirigieron las reformas referentes al agua en favor a las exigencias del mercado nacional e internacional; y en perjuicio de los derechos e intereses de los colectivos indígenas y campesinos. En este contexto se formaron diversas organizaciones de usuarios del agua que reclamaban una participación autónoma en la gestión. A partir del gobierno de Rafael Correa en 2007 se produjo un cambio radical sobre todo en cuanto al control y la gestión de los recursos, entre ellos el agua, que prometía ser una ruptura radical con el pasado neoliberal (Boelens et al. 2015). La nueva Constitución del año 2008 declara en el Art. 318 que el agua es “patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescindible del estado”; además de que se prohíbe toda forma de privatización. En el mismo artículo, la gestión del agua queda exclusivamente en manos públicas o comunitarias, siendo obligatorio el requisito de autorización por parte del Estado para el aprovechamiento con fines 64 Capítulo 1 cuencas hidrográficas. La Amazonía ecuatoriana posee 3 unidades en el 55% de su territorio: los distritos de las cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Santiago (López et al. 2013) La Amazonía es la cuenca de agua más grande del mundo. Se encuentra sostenida por unos 1000 ríos; cruza 9 países y es responsable de una quinta parte del total del agua dulce que desemboca en los océanos. Solo el volumen de descarga de agua del río Amazonas es mayor que los ríos Missouri-Mississippi, Nilo y Yangtze juntos. Su ciclo hidrológico proporciona un sistema enorme y complejo de acuíferos y cuerpos de agua subterránea en casi 4 millones de km2 en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Al igual que otras tres macro cuencas transnacionales en América del Sur (el río La Plata y el lago Titicaca), la Amazonía tiene planes administrativos específicos y sistemas de gestión integrados. El 2018 marcó el cuadragésimo aniversario de la firma del Tratado de Cooperación Amazónica y los 30 años de creación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). A través de su Secretaría Permanente, la organización coordina los procedimientos y la ejecución de decisiones sobre dimensiones políticas y diplomáticas para operaciones estratégicas y técnicas. El Tratado y sus planes estratégicos incluyen entre sus temas principales: mejorar las condiciones de navegación para mejorar la comunicación interestatal, el desarrollo económico, la preservación de los ecosistemas, la gestión integrada del agua, la gestión y conservación de los bosques y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como la promoción de la investigación científica y el intercambio de conocimientos (Linck y Weemaels 2010; OTCA 2018). En definitiva, el agua es un recurso natural en disputa en todas las sociedades (Sasso R 2009). En el caso de América Latina, los dilemas en la gestión del agua son el reflejo de conflictos más amplios sobre la autoridad y la legitimidad entre el Estado y la población civil. Intentar controlar desde un ente central un fenómeno complejo y plural como el de la gobernanza del agua genera resistencia y conflictos, sobre todo en las zonas de captación. El control de la gestión depende entonces de la capacidad del Estado de imponer su voluntad, es decir controlar la rebelión de los grupos de usuarios y la sociedad en general (Boelens et al. 2015). La presión sobre los recursos hídricos se incrementa constantemente a causa del desarrollo y el crecimiento exponencial de la demanda. Sin embargo, existen temas que necesitan ser regulados para garantizar el uso responsable y que siguen sin ser efectivos. El fenómeno de la “apropiación del agua” (water grabbing) en los países en desarrollo, producto de la Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 65 transición agraria de la agricultura de subsistencia a la agricultura comercial a gran escala, tiene implicaciones hidrológicas poco analizadas desde esta perspectiva. Es necesaria la utilización de conceptos como “agua virtual” y “huella hídrica” para comprender y proteger las fuentes de agua frente a las dinámicas de la globalización (Rulli y D’Odorico 2013; Martínez-Alier et al. 2014; Dell’Angelo et al. 2018). Las represas hidroeléctricas materializan una manera particular de utilización, transformación y apropiación del agua, al mismo tiempo que transforman el valor del agua como bien público a una mercancía de la cual se benefician solo quienes la administran y la consumen (Sasso R 2009). En el caso del agua destinada a las centrales hidroeléctricas, el concepto de “apropiación del agua” ya ha sido utilizado para el análisis de otros casos como los de Tailandia y Turquía (Islar 2012; Matthews 2012; Dell’Angelo et al. 2018). Por otro lado, la dependencia de la energía hidroeléctrica contiene altos riesgos asociados a los impactos sobre las cuencas, tanto para las poblaciones residentes en las cercanías como para el medio ambiente. Desde los años 70, cuando empezó el auge hidroeléctrico en América de Sur, se ha conformado varios grupos de resistencia frente a los impactos ambientales y sociales. Entre los más conocidos se encuentran el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil que surgió del desplazamiento de 70.000 personas del área destinada a la represa Sobradinho; el Movimiento Ríos Vivos en Colombia y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) (Linck y Weemaels 2010; Martínez-Alier et al. 2014; Del Bene et al. 2018). En este contexto, la energía hidroeléctrica, a pesar de ser renovable y supuestamente sostenible, puede originar situaciones de violencia causada por la resistencia de las poblaciones y la respuesta del Estado en alianza con las compañías que no sólo reprime sino que intenta deslegitimar la lucha y la pluralidad de las comunidades en resistencia. (Del Bene et al. 2018). 1.8 Conclusiones • Resulta imprescindible entender que los conflictos en general son parte de las relaciones sociales y han tenido históricamente un potencial renovador y transformador en las sociedades. No sólo son disruptivos, disociativos y disfuncionales, sino que son una importante fuente de conocimiento y aprendizaje sobre los desequilibrios existentes en las relaciones de poder y el acceso a los recursos dentro de las estructuras sociales. 66 Capítulo 1 • Específicamente, los CSA son fenómenos producidos por la resistencia local frente a la privación, despojo y deterioro de los territorios y los recursos naturales de los cuales depende su subsistencia. Estos procesos ocurren por efecto de actividades económicas extractivas e intensivas sobre territorios ricos en recursos y habitados generalmente por poblaciones discriminadas, como las comunidades indígenas, negras y las campesinas. • El interés científico por los fenómenos socio ambientales es relativamente reciente y por lo tanto todavía no existe un amplio abordaje del tema desde una perspectiva multidisciplinar, como la de la ciencia de la sostenibilidad. Hasta el momento, aproximaciones como la sociología ambiental, la ecología política, la economía ecológica y la justicia ambiental han desarrollado la teoría y terminología relativa a los CSA, pero pueden y deben ser complementadas desde otros enfoques. • La revisión histórica del contexto político, social y económico regional y ecuatoriano, en especial dentro del período de estudio, nos permiten comprender el escenario en el cual se desarrollaron los CSA analizados en este trabajo. De esta forma seremos capaces de interpretar mejor los resultados posteriores de acuerdo al marco normativo y otros factores determinantes. • De igual manera, los apartados dedicados específicamente al contexto socio ambiental en la Amazonía y con respecto a las actividades económicas más conflictivas como el petróleo, la minería y la gestión del agua, resultan imprescindibles para definir la pertinencia del trabajo realizado en esta tesis. • La falta de consciencia de la población civil con respecto al origen y mantenimiento de los recursos es una causa fundamental del pobre compromiso institucional y civil con respecto a la sostenibilidad de su consumo así como de falta de apoyo a las luchas por la defensa de los recursos que ocurren en las zonas rurales. • El análisis y la modelización de la evolución de patrones globales y regionales en los conflictos socio-ambientales es una necesidad justificada por la complejidad del sistema en el que se desarrollan y por las consecuencias que tienen en otros fenómenos globales como el cambio climático. Este sistema implica muchos actores y factores en permanente evolución y relacionados entre sí de múltiples formas. Conflictos Socio Ambientales en Ecuador – Complejidad y Contexto 67 1.9 Referencias Acción Ecológica (2002) Deuda ecológica. http://www.accionecologica.org/deudaecologica Acción Ecológica (2012) Frente al debate: minería artesanal y minería a gran escala. In: Minería. http://www.accionecologica.org/mineria/160-boletines/1585-frente-al- debate-mineria-artesanal-y-mineria-a-gran-escala Acción Ecológica (2015) Análisis de la Ley de Aguas. Llamada Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua. In: ¿Qué es el agua? El agua es un derecho Acción Ecológica (2019) Quiénes somos. http://www.accionecologica.org/iquienes-somos. Accessed 24 jun 2019 Acosta A (2009) La maldición de la abundancia. Comité Ecuménico de Proyectos CEP; ABYA-YALA, Quito, Ecuador Acosta A (2013) Extractivism and Neoextractivism:Two sides of the same curse. 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Una base datos para los CSA en Ecuador Con el objetivo de disponer de una base de datos que contenga el amplio conjunto de detalles sobre las características generales y particulares de los CSA en Ecuador, este capítulo está dedicado al proceso de creación de la misma. Presentaremos a continuación las fuentes de información utilizadas, el proceso de recolección de datos, la organización y la adaptación del material de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. Nuestra intención es procurar que cada caso esté descrito de la forma más detallada posible, de una manera homogénea, y que además permita la comparación entre todos los tipos de conflicto y situaciones posibles. Todos los datos incluidos en la base de datos mencionada y su organización pueden ser consultados en los anexos a este capítulo y en el enlace que conduce al repositorio de archivos de este trabajo de investigación1. A continuación presentaremos la principal fuente de información utilizada, la plataforma del EJAtlas y el proceso de recolección de datos en una sola matriz principal que será utilizada en los análisis de los capítulos siguientes. Haremos también una descripción actualizada de algunos de los casos más emblemáticos de cada categoría con información posterior al período de estudio comprendido entre 1977 y 2014. Esto último tiene por objeto proveer herramientas para una mejor comprensión de la evolución de cada caso descrito. 2.1 Recopilación de datos y principales fuentes: Ejolt, EnvJustice y EJAtlas La decisión de utilizar la información disponible en la web del Global Atlas of Environmental Justice (EjAtlas) (EJAtlas 2015) sobre los CSA en Ecuador y la Amazonía 1 El repositorio de archivos correspondiente a esta tesis contiene los anexos en formato digital que serán mencionados en el texto de aquí en adelante. Referentes a este Capítulo, los archivos son: “BBDD Casos EJAtlas” y “BBDD Completa” (ambos en formato Excel). Para acceder a ellos, ir al siguiente link: https://summlabbd.upc.edu/PitaMerino/TesisDoctorado/ 84 Capítulo 2 fue tomada después de una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre el tema. Se evaluó también la información obtenida en medios de comunicación y redes sociales y se concluyó que EjAtlas era la mayor y mejor fuente de información sobre el tema. En principio, intentamos acceder directamente a la base de datos del EJAtlas – en su momento a cargo del proyecto Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT) (EJOLT 2015)- mediante algún tipo de acuerdo con sus coordinadores. Sin embargo, después de realizar el contacto, aquello no fue posible. Ante la circunstancia, realizamos una migración de datos de 49 casos directamente del EJAtlas en el año 2014. Actualmente, la plataforma contiene 63 casos, es decir, 14 más que los que fueron recogidos en este trabajo2. El trabajo de recopilación de casos, al cual se sumaron dos más que fueron recogidos personalmente mediante noticieros nacionales, se completó durante el año 2016. Por lo tanto, el periodo analizado en este trabajo para los 51 CSA se encuentra entre el año 1977, la fecha de inicio más antigua entre todos los casos recogidos, y el año 2014, correspondiente a la última actualización disponible en el momento de la descarga de información. El proyecto EJAtlas fue lanzado en 2014 con auspicio de la oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Bruselas con unos 920 casos de CSA (Temper et al. 2015). Entre 2011 y 2015, el EJAtlas fue desarrollado por el proyecto EJOLT respaldado por la Comisión Europea como parte del programa FP7 3. El objetivo de este último fue analizar y comprender el fenómeno de los CSA desde la perspectiva de la justicia ambiental. Una de sus funciones principales fue la discusión y recopilación de datos en casos de CSA para lo cual colaboraron 23 organizaciones académicas y de justicia ambiental de todo el mundo (EJO) integradas por científicos, activistas, expertos en derecho y salud ambiental, ecología política y economía ecológica. Entre ellas se encuentran el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Oilwatch, el Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA), World Rainforest Movement, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) y Acción Ecológica de Ecuador. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de un equipo de investigadores del Institut de Ciència y Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Clapp 2012; EJOLT 2015; Temper et al. 2015; Del Bene 2018). 2 Fecha de visita: 10 de junio de 2019 3 7th Framework Programme for Research and Technological Development Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 85 A partir de junio de 2016, el EJAtlas continúa en desarrollo por el proyecto de investigación EnvJustice auspiciado por la Unión Europea a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés). Al igual que en el caso anterior, la coordinación es realizada desde el ICTA-UAB por el equipo liderado por el profesor Joan Martínez-Alier (EnvJustice 2019). A la fecha de la última actualización de este texto4, el EJAtlas contenía 2.878 casos registrados alrededor del mundo (como se puede ver en la Fig. 2.1). El EJAtlas es una plataforma de libre acceso que permite conectar la investigación académica y el conocimiento que proviene directamente de las luchas de Justicia Ambiental liderada por activistas y comunidades locales desde la perspectiva de la economía ecológica, el intercambio ecológico desigual, la deuda ecológica y el metabolismo social. Este mapa interactivo recoge cada caso de CSA en base a las principales actividades económicas que los generan (también llamados conflictos ecológico-distributivos (Martínez-Alier 2012)) y las formas de movilización que delatan la resistencia o el conflicto. Estas últimas incluyen casos legales, campañas, peticiones, reuniones, manifestaciones, boicots, huelgas, amenazas, desobediencia civil, violencia colectiva y otras formas de acción (Temper et al. 2015)). La plataforma documenta detalladamente aspectos varios como los impactos económicos, socioculturales, ambientales y en la salud; los actores involucrados y niveles de crisis en base a tipos de movilización y sus consecuencias. La mayor parte de casos documentados se relaciona con la extracción industrial de recursos naturales como petróleo, gas y minería, la apropiación de tierras, la gestión del agua y la eliminación de desechos (EJOLT 2015; Temper et al. 2015; Del Bene 2018; EnvJustice 2018, 2019). Con algunas zonas mejor representadas que otras, los tipos de conflicto más presentes en el EJAtlas están relacionados a la extracción industrial de recursos naturales (petróleo, gas y minería), adquisición de tierras, gestión del agua y manejo de residuos (Temper et al. 2015). Todos los casos están geo-localizados y los usuarios disponen de varios tipos de filtro correspondientes a las variables relevantes que describen cada caso. Esto permite visualizar conjuntos de conflictos según el interés aplicando incluso varios filtros a la vez (ej: país + tipo de conflicto + impactos ambientales). Como podemos ver en la Fig. 2.1, los tipos de conflicto están clasificados según las commodities en 10 categorías principales (Temper et al. 2015): 4 Fecha de última visita: 6 de septiembre de 2019 86 Capítulo 2 • Nuclear (Nucleares) • Mineral Ores and Building Extractions (Minerales y Material de Construcción) • Waste Management (Gestión de Residuos) • Biomass and Land Conflicts (Biomasa y Conflictos de Tierras) • Fossil Fuels and Climate Justice/Energy (Combustibles Fósiles y Justicia Climática/Energía) • Water Management (Gestión del Agua) • Infrastructure and Built Environment (Infraestructuras y Entorno Construido) • Tourism Recreation (Recreación Turística) • Biodiversity Conservation Conflicts (Conservación de la Biodiversidad) • Industrial and Utilities Conflicts (Industriales y de Servicios) Fig. 2.1 Captura de Pantalla del EJAtlas (6 de septiembre de 2019). (EJAtlas 2015) Este proyecto es único por cuanto consigue que la colaboración entre ambientalistas de toda índole y científicos desarrolle de manera organizada la “ciencia con la gente” o la “ciencia de la movilización activista” (Activism Mobilizing Science - AMS) (Funtowicz y Ravetz 1991; Conde 2014; Temper et al. 2015). De esta forma funciona a la vez como fuente de conocimiento y como herramienta de lucha en un tema de gran importancia actual pero poco comprendido, sobre todo por los entes gubernamentales de todo el mundo. El sistema, diseñado para la recolección y organización de la información, permite “describir, Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 87 analizar, comparar e interpretar” conjuntos de casos de manera cuantitativa y cualitativa (EJOLT 2015; Temper et al. 2015). Por esta razón, el análisis realizado en este trabajo retoma los lineamientos utilizados en el EJAtlas como base para creación de una base de datos propia. 2.2 Organización de la información Como podemos ver en el formulario de la base de datos del EJAtlas, detallado en la Tabla 2-1, la información se organiza según categorías (primera columna) dentro de las cuales se detallan los elementos correspondientes a cada una (segunda columna). Dentro de la primera categoría están los datos básicos que identifican a cada caso como el nombre asignado, la ubicación, el área del proyecto y la población afectada. A continuación se encuentran los orígenes de conflicto en una la primera clasificación según las actividades económicas (ver tipo de conflicto en 1er nivel en la Tabla 2-1), y un segundo nivel de origen que permite concebir con mayor claridad el contexto. En este nivel secundario se especifican más al detalle las causas del conflicto como serían la deforestación, la apropiación de tierras, la contaminación en diferentes niveles, etc. Para completar esta información contextual se enumera también al detalle una serie de bienes comerciales específicos de las actividades que provocan el conflicto, como el oro, el petróleo y los productos agrícolas. A continuación se registran los datos del proyecto y los actores involucrados, como las compañías, los entes estatales y las EJO (Tabla 2-1). Los detalles del conflicto se describen de acuerdo a la intensidad más alta registrada, el inicio del conflicto de acuerdo a la fase del proyecto (previo a la ejecución, durante o posterior), el tipo de movilizaciones que evidencian la resistencia y las características principales de los grupos que la protagonizan. Se registra también el año en el que comienza el conflicto, más no el año en el que finaliza. Esto sucede sobretodo porque este tipo de conflictos (mientras el recurso existe, la amenaza continúa latente) suelen solo desactivarse por un tiempo y vuelven a aparecer dependiendo sobre todo de los eventos políticos. Según la organización del EJAtlas, los impactos del conflicto se dividen en 3 categorías: impactos ambientales; impactos económicos y sociales (incluidos impactos políticos) e impactos sobre la salud de las personas. Estos a su vez se separan entre impactos visibles (es decir ya presentes) y potenciales, dado que muchos ocurren en etapas previas a la 88 Capítulo 2 ejecución del proyecto. Por último se presentan los resultados de los conflictos como pueden ser la paralización del proyecto, los acuerdos alcanzados o, en situaciones más extremas, desplazamientos forzados y criminalización de la protesta. Categorías Elementos en cada categoría Datos básicos • Nombre del conflicto • País • Localidad • Provincia • Precisión de la ubicación (ALTA a nivel local, MEDIA a nivel regional y BAJA a nivel nacional) • Área del proyecto en hectáreas • Tipo de población (urbana, semi-urbana y rural) Origen del conflicto • Tipo de conflicto 1er nivel (ej: nucleares, minería de minerales y material de construcción, gestión de residuos, biomasa y conflictos de tierras, combustibles fósiles y justicia climática/energía, gestión del agua, etc.) • Tipo de conflicto 2do Nivel (ej: exploración de minería metálica, procesamiento de minerales, relaves de minas, rellenos sanitarios, tratamiento de residuos tóxicos, vertederos no controlados, apropiación de tierra, plantaciones, explotación y extracción maderera, deforestación, etc) • Descripción del conflicto • Bienes comerciales específicos (ej: cemento, carbón, productos químicos, café, cobre, maíz, algodón, petróleo crudo, diamantes, residuos, servicios ecosistémicos, energía eléctrica, etc.) Detalles del proyecto y actores • Detalles del proyecto • Volumen de inversiones en USD$ • Número de personas afectadas directamente • Nombres de las compañías o empresas • Actores o entidades gubernamentales • Origen de las compañías • Instituciones internacionales y financieras • Organizaciones de Justicia Ambiental (EJO) Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 89 Categorías Elementos en cada categoría Movilización y conflicto • Intensidad del conflicto (alto, medio, bajo o latente según su máximo estado histórico) • Inicio de conflicto según el avance del proyecto (posterior, durante, previo o latente) • Fecha de inicio del conflicto y fecha final (si existe) • Grupos en movilización (ej: mineros artesanales, grupos discriminados, campesinos, pescadores, comunidades indígenas, obreros industriales, trabajadores informales, etc.) • Formas de movilización (ej: bloqueos, boicots, marchas, huelgas, ocupación de instalaciones, campañas mediáticas, demandas legales, sabotajes, etc.) Impactos medioambientales (Visibles o Potenciales) • Definición del impacto (ej: contaminación del aire, pérdida de biodiversidad, desertificación/sequía, contaminación genética, calentamiento global, contaminación de suelo, etc.) Impactos a la salud (Visibles o Potenciales) • Definición del impacto (ej: accidentes, exposición a riesgos complejos desconocidos o inciertos, desnutrición, problemas mentales como el estrés, depresión y suicidio, en relación a la violencia y al alcoholismo, etc.) Impactos económicos y sociales (Visibles o Potenciales) • Definición del impacto (ej: aumento de la corrupción, desplazamientos, aumento de la violencia y el crimen, desempleo, pérdida de sustento, militarización, violaciones de los derechos humanos, etc.) Resultados • Estado del proyecto ( propuesto/fase de exploración, aprobado/planificado, en ejecución, en operación, parado y desconocido) • Resultados y respuestas del conflicto (ej: compensaciones, corrupción, fallo judicial a favor o en contra, criminalización de activistas, muerte, rehabilitación/restauración de área, cambios institucionales, migraciones y desplazamientos, represión, etc.) • Triunfo para las EJO (sí o no) Fuentes y materiales • (Normas/leyes, referencias, web links, webs relacionadas) Datos de contacto • (Nombre, institución, otra información) Tabla 2-1 Elaboración propia según el formulario de la base de datos del EJAtlas (EJAtlas, 2015; Temper et al., 2015) 96 Capítulo 2 las de Texaco en la Amazonía norte. Desde inicios de los 90, el movimiento indígena nacional se convirtió en un actor de gran importancia en el contexto político; a la vez que la sociedad civil empezó a adquirir la conciencia colectiva en los temas ambientales que dio impulso a varias organizaciones de justicia ambiental (Chávez et al. 2002) como Fundación Pachamama (1997)10, Ecociencia (1989)11, CEDENMA (1988)12 y Acción Ecológica (1986) (Acción Ecológica 2019). Las comunidades Shuar y Achuar - a través de sus federaciones y con el apoyo de otras organizaciones indígenas como la CONAIE y la CONFENAIE, y ONG dedicadas a la justicia ambiental - rechazaron la entrada de la explotación petrolera con movilizaciones, ocupación del territorio, expulsión de aliados a las empresas, campañas internacionales y dos recursos legales: uno con respecto a la ausencia de consulta previa libre e informada reconocida tanto por leyes nacionales como internacionales (i.e., OIT); y el otro sobre el recurso de amparo constitucional que condenaba y vetaba los intentos de acercamiento a los individuos y sus organizaciones sin la debida y legítima autorización de la asamblea de la Federación (Grunwald et al. 2006). Entre las lecciones aprendidas a partir de este conflicto, estarían el fortalecimiento interno de las Federaciones Shuar frente a los ataques perpetuados por las empresas para debilitar y disolver las estructuras de base; y el reconocimiento, dentro del Ordenamiento Jurídico, de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que producen algunas “estrategias de relaciones comunitarias” (Chávez et al. 2002). Casos relacionados: Bloque petrolero 23 en Sarayacu (SARAYACUOILBLOCK23) 10 En el año 2013 la Fundación Pachamama, organización dedicada a la justicia ambiental, fue disuelta y sus oficinas allanadas por disposición del Ministerio del Ambiente. Las causas fueron las supuestas “acciones de injerencia a políticas públicas atentando (…), contra la seguridad interna del Estado y a la paz pública.” Esta organización fue perseguida durante el gobierno de Rafael Correa al igual que la ya mencionada Acción Ecológica en su intento de neutralizar a las organizaciones que lideraban la defensa de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas. En 2017, durante el gobierno de Lenin Moreno, se restituyó la personería jurídica de la organización (Pachamama 2019). 11 La Fundación EcoCiencia tiene como misión promover la conservación de la diversidad biológica mediante investigación científica y recuperación del conocimiento tradicional. Su trabajo se desarrolla a través de alianzas con los gobiernos seccionales locales, municipios, consejos provinciales, ONGs locales y organizaciones comunitarias o de base (EcoCiencia 2019). 12 La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) se conformó con la intención de representar y agrupar las demandas políticas de las EJO ecuatorianas (CEDENMA 2019). Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 97 Fig. 2.2 Mapa de bloques petroleros - Novena Ronda. Fuente: (Chávez et al. 2002) 2.3.1.2 Bloque petrolero 23 en Sarayacu (SARAYACUOILBLOCK23) El bloque petrolero 23 estaba ubicado en la provincia de Pastaza al norte del bloque 24, también en conflicto con los pueblos Shuar y Achuar a partir de la 8va y 9na Rondas Petroleras (ver Fig. 2.2). Las 200.000 hectáreas concesionadas primero a Atlantic Richfield Company (ARCO) en 1996 y después a la Compañía General de Combustibles (CGC) (Argentina) (Cultural Survival 2007), se superponían un 65% al territorio Sarayacu, legalmente propiedad de la comunidad Kichwa desde el año 1992, como parte de las 264.625 hectáreas otorgadas por el Estado a las comunidades del Río Bobonazo (CorteIDH 2012).Este territorio de unas 135.000 hectáreas habitado por 120.000 personas, corresponde a una de las comunidades Kichwa más grandes del país en cuanto a población y extensión territorial. Bloques Concesionados Ishpingo, Tiputini y Tambococha Novena Ronda 98 Capítulo 2 Las incursiones de los trabajos de exploración iniciaron sin ninguna consulta previa ni consentimiento por parte de las comunidades y se repitieron durante varios años hasta que en el 2002 los Sarayaku se declararon en emergencia paralizando todas las actividades, se movilizaron y establecieron “campamentos de paz y vida” en medio de la selva para protegerla. La escalada de represión, persecución, violencia y la militarización del territorio para proteger los intereses de la CGC (CorteIDH 2004; Stavenhagen 2006; CEJIL y ACT 2016), condujeron a la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por pedido de los dirigentes comunitarios (Vera 2013). Sin embargo, gracias a la protección militar la empresa consiguió abrir caminos; deforestar destruyendo el hábitat de fauna, árboles y plantas de valor sagrado; y sobre todo sembrar 1.400 kilos de explosivos pentolita en 467 perforaciones (Acción Ecológica 2006) que hoy continúan inhabilitando parte del territorio y poniendo en riesgo la vida humana. Después de varias denuncias ante las autoridades ecuatorianas, en el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado Ecuatoriano debía salvaguardar las condiciones de vida del pueblo Sarayaku estableciendo medidas provisionales de protección ante el riesgo inminente contra su integridad (CorteIDH 2004). Dichas medidas no fueron debidamente implementadas por el Estado, por lo cual la CorteIDH ratificó la sentencia en el año 2012 y además lo sentenció a cumplir con una indemnización monetaria; retirar los explosivos de la capa superficial del territorio; consultar previamente al Pueblo Sarayaku conforme a los estándares internacionales en el eventual caso de querer reiniciar cualquier actividad extractiva en su territorio; y establecer mecanismos efectivos de consulta previa a pueblos indígenas y tribales en casos futuros (CorteIDH 2012). Gracias a la victoria legal, los Sarayacu mantuvieron sus tierras y forma de vida demostrando el poder de la lucha organizada y el enorme trabajo de difusión y alianzas con ONG internacionales frente a los abusos estatales y corporativos sobre sus derechos y su propia subsistencia. A pesar de que el Estado no ha cumplido con todas las medidas de reparación que figuraban en la sentencia, se estableció un precedente jurídico internacional para los pueblos indígenas de las Américas (CEJIL y ACT 2016; Gallegos- Anda 2016)13. 13 Más información en la entrevista a Patricia Gualinga, dirigente de Sarayacu: “Resistencia. Secretos del Yasuní.” (Vera 2013) Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 99 2.3.1.3 Bloque Armadillo – indígenas en aislamiento voluntario (ARMADILLOOILBLOCKVOLUNTARYISOLATION) El bloque Armadillo (o bloque 55) se encuentra al sur de la provincia de Orellana y es parte de la expansión de la frontera petrolera hacia el área central de la Amazonía ecuatoriana propuesta durante la X Ronda Petrolera del año 2011. A pesar de ser parte de una serie de nuevos campos que contienen un bajo volumen de reservas (9 millones de barriles) y un alto potencial de impactos sociales, culturales y ambientales; el Estado había decidido promover la exploración y explotación poniendo en riesgo la supervivencia del clan Armadillo de filiación Tagaeri Taromenane que permanecía en aislamiento voluntario (Narváez 2012; Ruiz y Iturralde 2013). Como ya fue mencionado en el capítulo anterior, en el año 1999, el Estado designó una zona de protección para los PIAV llamada la ZITT14 que fue posteriormente delimitada en año 2007. Sin embargo, según testimonios de los Waorani (otro grupo étnico), los Tagaeri y Taromenane se movían fuera de esos límites (Finer et al. 2008; López et al. 2013) . De hecho, se atribuyen al clan Armadillo las muertes de un maderero en 2008 dentro del área del bloque y una mujer colona con sus dos hijos en 2009. Según se puede ver en la Fig. 2.3, el área donde han sido avistados está fuera de la ZITT (Narváez 2012). Según el “Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos en Aislamiento” del Ministerio del Ambiente en 2010, el inicio de actividades petroleras pondría en riesgo de muerte tanto a los grupos de los cuales se tenía registro en la zona (se trata de familias nómadas que utilizan áreas de selva de manera estacionaria) como a los obreros petroleros, colones y otros grupos como los Waorani (Narváez 2012; Vera 2014). La irrupción de las actividades de exploración y prospección petrolera es generadora de grandes tensiones por el uso del territorio y expone a los pueblos aislados al exterminio por contagio de enfermedades; ante lo cual podrían entrar en la categoría de genocidio y etnocidio15. Si se diera el caso, el Estado sería el responsable frente a la justicia nacional e internacional (Narváez 2012). Actualmente, el bloque Armadillo está a cargo de Petroamazonas (Ruiz y Iturralde 2013). Casos relacionados: Parque Nacional Yasuní – ITT (YASUNINATIONALPARKITT) 14 Más información sobre la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) en el caso relacionado al Yasuní-ITT 15 Más información en la entrevista a Eduardo Pichilingue, activista: “Apariencias. Secretos del Yasuní.” (Vera 2014) 100 Capítulo 2 Fig. 2.3 Mapa síntesis: Parque Nacional Yasuní (YNP por sus siglas en inglés), Reserva Indígena Waorani (WER por sus siglas en inglés), Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) y bloques petroleros. Fuente: (Pappalardo et al. 2013) 2.3.1.4 Parque Nacional Yasuní – ITT (YASUNINATIONALPARKITT) El conflicto relacionado al Parque Nacional Yasuní surge entre organizaciones dedicadas a la justicia ambiental (EJO) contra el Estado a raíz del fracaso de la iniciativa Yasuní-ITT en agosto del 2013. Esta política pública propuesta en el año 2007 por el entonces ministro de Energía y Minas Alberto Acosta durante el Gobierno de Rafael Correa, consistía en mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras lindantes al Parque Nacional Yasuní a cambio de una compensación monetaria internacional. Las reservas de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, conocidas como el bloque ITT o bloque 43 estaban calculadas en unos 846 millones de barriles y representaban un 20% de las reservas del país (Temper et al. 2013; Le Quang 2016; Wilson y Bayón 2017). La iniciativa promovida en un inicio por Acosta con el respaldo de Acción Ecológica consiguió Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 101 materializarse gracias a la firma de un fideicomiso con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en agosto del 2010, mediante el cual se esperaba recuperar la mitad los ingresos que resultarían de la explotación: 3.600 millones de dólares en un plazo de 13 años (Espinosa 2013; Temper et al. 2013; Carrión 2016). Después de 3 años de la creación del fideicomiso, la iniciativa había conseguido 13.3 millones de dólares en efectivo y compromisos por 116 millones más; lo cual aparentemente no fue suficiente para cumplir con las expectativas económicas del gobierno. Según declaraciones del Correa, “el mundo” había fallado puesto que los discursos ecologistas de los países ricos no correspondían con la falta de apoyo que había recibido la iniciativa (Mena E 2013). A raíz del fracaso de la iniciativa, varias organizaciones de justicia ambiental empezaron una lucha que continúa hasta la fecha de terminación de este trabajo. El movimiento más sobresaliente al liderar la oposición contra esta decisión del gobierno fue un grupo de jóvenes llamados los Yasunidos16. Estos, fueron apoyados por otras organizaciones con largo recorrido como Acción Ecológica. En octubre de 2013, la Asamblea Nacional autorizó la explotación, a través de la Declaración de Interés Nacional. A partir de ahí, los Yasunidos desplegaron una campaña a nivel nacional para la recolección de las firmas necesarias para impulsar una consulta popular que permitiera a la ciudadanía pronunciarse a favor o en contra del proyecto. Apoyados por la ciudadanía en general, los Yasunidos consiguieron superar la cifra mínima (584.000, correspondientes al 5% del padrón electoral (BBC 2014)) en un corto tiempo y en abril del 2014 entregaron más de 750.000 firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Al mes siguiente, Domingo Paredes como representante del CNE, anunció que solo se validaron 359.761 firmas y que por lo tanto no procederían con la consulta (Constante 2014)17. 16 Los Yasunidos son actualmente uno de los movimientos sociales más permanentes y activos. El grupo fue conformado en agosto del 2013 (Yasunidos 2018), sobre todo por jóvenes provenientes de diversas organizaciones de ambientalistas, artistas, ciclistas urbanos, etc., y otros que se sumaron de manera independiente. Algunos de ellos fueron inicialmente incentivados por el mismo gobierno a defender el PNY mientras duró el proyecto Yasuní-ITT. El colectivo nació a partir del anuncio del presidente Correa de poner fin a la iniciativa. Los Yasunidos se definían a sí mismos como un grupo apartidista pero “con una profunda demanda política” de rechazo al modelo extractivista (Mena E. 2014). 17 Posteriormente al período de estudio, en agosto del 2018, la Defensoría del Pueblo de Ecuador pidió disculpas públicas al colectivo Yasunidos por la falta de actuación oportuna frente a la denuncia de irregularidades en el proceso presentada por el colectivo y pidió al CNE realizar una auditoría al reconocimiento de firmas bajo supervisión de los Yasunidos (Agencia EFE 2018). Actualmente, la organización continúa la lucha con la campaña “Defiende tu firma” que actualmente consiste en movilizaciones periódicas frente a las instalaciones del CNE acompañados por artistas y grupos musicales. El pasado 15 de agosto de 2019, las Yasunidas (mujeres pertenecientes al colectivo) realizaron una ocupación simbólica y pacífica de las instalaciones del CNE para exigir que 102 Capítulo 2 El PNY es una área protegida de 982.000 hectáreas creada en 1979 bajo registro oficial que junto con la Reserva Étnica Waorani fue declarado Reserva del Hombre y la Biosfera en 1989 por la UNESCO (ver Fig. 2.3) (Ruiz Mantilla 2000; Finer et al. 2009; Bass et al. 2010). Este parque es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, sobre todo en cuanto a anfibios, reptiles, aves, murciélagos y árboles. Una parte considerable de su diversidad incluye un importante número de especies entre mamíferos, anfibios, aves y plantas endémicas en peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) (IUCN 2019), ostentando varios récords mundiales como la mayor cantidad de especies de anfibios y reptiles a nivel de paisaje; el mayor recuento de especies de insectos por unidad de superficie (100.000 especies que corresponden al mismo número de insectos de toda América del Norte); y el promedio más alto de especies de árboles y arbustos por hectárea18. Gracias a la amplitud de su territorio y sus características biogeográficas, el Yasuní es crucial para mantener las condiciones de humedad selvática frente al avance de la sequía inducida por el calentamiento global en la región amazónica oriental (Bass et al. 2010). A pesar de que la reserva del Yasuní es una mezcla compleja donde se superponen un área protegida, el territorio oficialmente Waorani y la ZITT, las leyes ecuatorianas no excluyen ninguna de ellas de una posible extracción petrolera ya que todos los recursos que se encuentran bajo la superficie son propiedad del Estado (Kimerling 2016). En el caso del territorio Waorani19, no existe una norma clara que garantice el cumplimiento para realizar una consulta previa según los estándares de la OIT y los límites de la ZITT que fueron creados para proteger a los pueblos ocultos es constantemente manipulado con el fin de permitir la explotación (De Marchi et al. 2013). Como se puede ver en la Fig. 2.3, los bloques petroleros 14, 15, 16, 20, 31 y el ITT se encuentran dentro de los límites del PNY, y en el área de influencia de la ZITT (Ruiz Mantilla 2000). A pesar de que el CSA relacionado a explotación petrolera en el Yasuní se popularizó gracias al activismo, existen importantes conflictos dentro del territorio con altos índices de violencia. Esto se debe a la presión por uso del territorio provocada por la intrusión de las petroleras, los colonos y los madereros ilegales en tierras ocupadas ancestralmente por se tratara el tema de la consulta popular. A pesar de no haber conseguido su propósito, recibieron el apoyo de la ciudadanía y transmitieron su mensaje a través de los medios (Espinosa R. 2019). 18 Sólo 1 hectárea contiene unas 655 especies de árboles, más que en el territorio continental de Estados Unidos y Canadá juntos) (SCY 2013) 19 Para conocer más sobre los Waorani: https://waoresist.amazonfrontlines.org/explore Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 103 varios grupos indígenas, la mayoría de filiación Waorani o Huaorani, entre los cuales se encuentran los últimos pueblos en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenane. También conocidos como “Aucas”, los “Waos” son pueblos guerreros que vivían sobre todo de la caza y poseían grandes conocimientos sobre la selva (Vera 2007; Pappalardo et al. 2013; Temper et al. 2013; Kimerling 2016). Estos grupos recolectores y escasamente agrícolas ocuparon durante siglos un amplio territorio que consideraban suyo y que lograron proteger (Cabodevilla y Aguirre 2013); en especial de la entrada de los extractores de caucho que afectó a gran parte de los amazónicos hasta 1920 (Finer et al. 2009). Antes de ser contactados, se registraron 4 grandes grupos compuestos por varios clanes familiares waorani (Piyemoiri – Nihuairi, Guikitairi, Wepeiri y Baihuairi), entre los cuales varios clanes decidieron mantenerse aislados para conservar su forma de vida tradicional (Cabodevilla y Aguirre 2013; Narváez et al. 2019). Desde finales de los años 60, varios grupos fueron desplazados de las zonas de explotación luego de ser contactados por misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (SIL o SIL/WBT) por sus siglas en inglés) de origen estadounidense, con el apoyo del gobierno ecuatoriano y la logística proporcionada por la Texaco. Este contacto forzado y discriminatorio se valió de la manipulación desde una superioridad cultural para conseguir que algunos grupos Waorani se abrieran de manera pacífica a ser reubicados sin saber que perderían derechos sobre sus tierras y la vida digna según su cultura y sus costumbres. Los misioneros de SIL establecieron un “protectorado” en una pequeña área al occidente del territorio Waorani (un 10% del territorio tradicional) donde terminaron por ubicar a casi el 80% del total de la población (Finer et al. 2009). El resto, que correspondía a los 3 grupos que ocupaban el área del Yasuní, se negaron a todo contacto y fueron confinados en áreas cada vez más estrechas (Kimerling 2016). Actualmente, los pueblos ocultos se mantienen haciendo uso del territorio de manera estacionaria y cíclica. Los movimientos estacionarios dependen de la disponibilidad de ciertos alimentos y los cíclicos de dinámicas sociales tradicionales (Narváez et al. 2019). Entre los eventos violentos registrados desde entonces se encuentran el asesinato del misionero capuchino español Alejandro Labaka al intentar contactar con los Tagaeri en 1987 (Finer et al. 2009); la matanza de unas 30 personas entre mujeres y niños del clan Taromenani en manos de un grupo de Waoranis en el año 200320; y otro supuesto hecho 20 Más información en el documental TAROMENANI, El exterminio de los pueblos ocultos.(Vera 2007). 104 Capítulo 2 similar en el año 2013 por el cual 7 Waos fueron apresados y dos niñas secuestradas quedaron al cuidado de la justicia ecuatoriana (Barreto 2014). Los motivos detrás de estos hechos estarían estrechamente relacionados con diversos factores. Entre ellos se encuentran la ocupación de un territorio cada vez más estrecho; el interés económico provocado por el comercio ilegal de madera y las petroleras; pero sobre todo la debilidad e incapacidad institucional del Estado para proteger la vida de los pueblos ocultos implementando normas que eviten más enfrentamientos violentos entre ellos y que garanticen su derecho a la autodeterminación (Cabodevilla y Aguirre 2013). A raíz de la resistencia al contacto, las disputas entre clanes y la presión ejercida por organizaciones de justicia ambiental, el Estado ha dado varios pasos en materia de legislación que no han sido del todo efectivos en cuanto a la conservación de la naturaleza y la protección de los Waoranis, en especial de los grupos ocultos. Además de la creación del Parque Nacional Yasuní (PNY) y la Zona de Protección Waorani (ZPW), el Estado creó por Decreto Ejecutivo las zonas intangibles del ZITT y el Cuyabeno-Imuya en el año 1999 como “espacios protegidos de gran importancia cultural y biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido al alto valor que tienen para la Amazonía, el Ecuador, el mundo y las presentes y futuras generaciones”21. La ZITT, que tenía como prioridad tutelar los derechos territoriales de los PIAV, debía ocupar parte del territorio del PNY y la ZPW, pero sus límites no fueron oficialmente definidos hasta el año 2007 22 (De Marchi et al. 2013). Durante los 8 años que pasaron entre una fecha y otra, el Estado otorgó concesiones petroleras dentro del área, complicando severamente su ejecución (Cabodevilla y Aguirre 2013). Adicionalmente, gracias a una sentencia de la CIDH relacionada al conflicto protagonizado por los indígenas Sarayacu, en el mismo año se creó el Plan de Medidas Cautelares a favor de los PIAV (CIDH 2006) y se formuló la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario (Cabodevilla y Aguirre 2013). Al año siguiente, en 2008, la nueva Constitución Ecuatoriana incluyó en sus reformas la prohibición de cualquier actividad extractiva dentro de los territorios de los PIAV, advirtiendo que cualquier violación de los derechos de estos pueblos se puede considerar un etnocidio (República del Ecuador 2008). 21 Decreto Ejecutivo 552, publicado en el Registro Oficial, Suplemento 121 del 2 de febrero de 1999. 22 Decreto Ejecutivo 2187, publicado en el Registro Oficial Registro Oficial Nº 552 el 3 de enero del 2007. Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 105 La creación de ZITT en 1999 se debió a la presión de los organismos internacionales por proteger a los pueblos ocultos ante el avance de la explotación petrolera y sus efectos colaterales. Sin embargo, esta misma figura ha permitido dejar abierta la posibilidad de intervenir en el resto del PNY y no ha evitado que las amenazas continúen adentrándose en el territorio causando enfrentamientos violentos entre clanes, en especial durante los ocho años que pasaron entre la creación de la ZITT y la definición de sus límites territoriales 23 (Maldonado y Almeida 2006; Finer et al. 2008). Hasta la declaración del Decreto Ejecutivo Nº 751 el 21 de mayo de 201924, el área de la ZITT comprendía 758.051 hectáreas dentro del territorio Waorani y el PNY, con una zona de amortiguamiento perimetral (o zona de protección) de 10km. A partir de este último decreto, se aumentaron 60.450 hectáreas a la ZITT pero cambiaron las condiciones de protección del área de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento pasó de ser una “zona adicional a la zona intangible” (donde están prohibidas las actividades extractivas) a un área sujeta a restricciones y regularización de actividades petroleras por parte del Estado, en parte dentro del Plan de Manejo del PNY. De esta forma, se podrá permitir la perforación de nuevos pozos dentro de los bloques ya concesionados (43, 31, 16, 14 y 17) y los ubicados al sur, aún sin adjudicar (83, 84 y 87) (ver el análisis espacial del decreto Nº 751 en la Fig. 2.4) (Narváez et al. 2019). La delimitación de la ZITT mediante la colocación de hitos es también un tema controvertido y ampliamente analizado. En primer lugar, la presencia de letreros en medio de la selva no puede impedir la incursión de madereros ilegales (principal amenaza actual) ni garantizar la libre circulación de los PIAV (Bonilla y Proaño 2006). Los puntos señalados no correspondían a los registros de presencia de los PIAV, ni consideraron sus dinámicas de movilidad permanente (Vera 2014; Narváez et al. 2019). En segundo lugar, la delimitación carece de consistencia técnica por la imposibilidad de aplicar líneas rectas o figuras geométricas entre puntos sobre un plano (como aparece en varios planos oficiales) sobre un terreno geográfico extremadamente complejo. Esto genera una diversidad de interpretaciones que debilitan el valor legal de dichos planos y pone en peligro la aplicación de normativas dedicadas a proteger la forma de vida de los PIAV (De Marchi et al. 2013; Pappalardo et al. 2013). 23 La delimitación consiste en 17 puntos definidos por pares de coordenadas métricas, unidos entre ellos por segmentos rectilíneos o a través de trayectos (trazados) naturales como los cauces de los ríos (Pappalardo et al. 2013). 24 Hechos posteriores al periodo de estudio del presente trabajo (1977-2014) 112 Capítulo 2 están relacionados también a las disputas por el territorio de manera indirecta. Los asesinatos son cuantificables y sirven para identificar a las poblaciones más expuestas a constantes amenazas, violencia, criminalización y restricción de la libertad (Fig. 2.5) Fig. 2.5 Asesinatos de activistas ambientales por sector/actividad en 2014. Elaborado a partir de: (Global Witness 2015) A continuación presentamos una descripción del caso referente a la fumigación aérea en la frontera colombiana por tratarse del más importante en esta categoría. Su trascendencia radica en los graves impactos que causó en el medioambiente y la salud de la población (incluidos los animales de granja); pero sobre todo por la magnitud del área que fue afectada. 2.3.2.1 Fumigación Aérea Plan Colombia (AERIALFUMPLANCOLOMBIA) Un año después de la implementación del Plan Colombia en 199926 para la erradicación de las plantaciones de coca, se iniciaron las fumigaciones aéreas con pesticidas (glifosato específicamente) en los departamentos fronterizos de Putumayo y Caquetá (Colombia) 26 Más información en el sub apartado 1.5.1 Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 113 (Maldonado et al. 2002). Este acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia, fue presentado como un “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” a pesar de que implicaba dar comienzo a una persecución violenta contra el narcotráfico que perjudicaría gravemente a varias de las zonas más deprimidas de Colombia y Ecuador (Ahumada Beltrán y Moreno Durán 2004). En el año 2001 un primer grupo de campesinos de varias comunidades de la provincia de Sucumbíos (General Farfán, Nueva Loja, Pacayacu, Dureno y Tarapoa) presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de Lago Agrio por daños y pérdidas de cultivos y animales a causa de las fumigaciones. El año siguiente, varias comunidades fronterizas denunciaron que tras las fumigaciones, además de lo ya mencionado, padecieron enfermedades de la piel, de ojos, respiratorias y calenturas. Según un muestreo de análisis de sangre realizado por una comisión de verificación conformada por una decena de EJO locales (i.e., Acción Ecológica, ALDHU, CEDHU, EcoCiencia, INREDH, etc.), la población fronteriza estaba expuesta a una mayor afectación cromosómica por efecto de las fumigaciones que aumentaba el riesgo de padecer cáncer, mutaciones y malformaciones congénitas. (Maldonado et al. 2002). Las denuncias ecuatorianas contra la empresa Dyncorp, encargada de las fumigaciones, llegaron a una corte en Washington. Sin embargo, doce años después del inicio del proceso en 2013, la corte falló a favor de Dyncorp dejando desamparada a la población afectada (EJAtlas 2016a). En el año 2006, el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, incluyó en su informe al Plan Colombia como una de las mayores amenazas para los 6 pueblos indígenas de la frontera ecuatoriana: Awá y Quechua en los Andes y Cofán, Siona, Secoya y Quechuas en la Amazonía (Stavenhagen 2006). La violación a los derechos sociales, económicos y culturales provocada por esta iniciativa, afecta de manera particular a los pueblos indígenas amazónicos a causa de su estrecha relación con el territorio y la naturaleza (Maldonado et al. 2002). Con todos estos antecedentes, en el año 2008 el Estado ecuatoriano presentó una demanda contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En 2013, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para controlar las fumigaciones pero las poblaciones de la frontera no fueron atendidas y continúan sufriendo los impactos de los pesticidas en el suelo. En el año 2015 quedaron suspendidas definitivamente las fumigaciones con glifosato ante la alerta de riesgo emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (EJAtlas 2016a). Actualmente en EE.UU., existen alrededor de 11.200 juicios contra el glifosato de marca Roundup, propiedad de la empresa Monsanto (el mismo que fue utilizado en las fumigaciones del Plan Colombia). Entre 114 Capítulo 2 estos, existen ya dos casos en los que la justicia ordenó compensar a dos hombres enfermos terminales de cáncer por varios millones de dólares (BBC 2019). 2.3.3 Gestión del agua La base de datos contiene 8 casos relacionados con la gestión del agua entre los cuales 5 corresponden a proyectos hidroeléctricos (ver listado de casos en la Tabla 2-5). Estos conflictos tienen una concentración especial en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. Sin embargo, la frontera hidroeléctrica está viviendo una gran expansión en Ecuador y toda la Región, por lo cual esta categoría tendrá mayor importancia en el futuro (Miranda 2019). Según el estudio comparativo de 220 casos CSA a nivel global recogidos en el EJAtlas sobre la relación entre represas y violencia, existe un impulso a nivel global hacia este tipo de generación energética. No obstante, surgen controversias sobre sus beneficios a causa de los graves impactos sociales y ecológicos relacionados. La tendencia general de la resistencia por parte de las poblaciones locales y los activistas es no violenta, pero existe un patrón generalizado de represión, criminalización, persecución e incluso asesinatos de activistas. Al igual que en los conflictos generados por otras actividades extractivas, los impactos sociales y ecológicos de las hidroeléctricas resultan ser también formas indirectas de violencia, alcanzando niveles aún más críticos cuando están involucradas las poblaciones indígenas (Del Bene et al. 2018). Gestión del agua Nombre del caso (Nomenclatura en la base de datos) • Proyecto represa Baba (BABADAMPROJECT) • Industria Florícola Pedro Moncayo (CUTFLOWERSPEDROMONCAYO) • Hidroeléctrica Daule-Peripa (DAULEPERIPAHYDROPOWER) • Jimbitono contra la minería y la hidroeléctrica (JIMBITONOMININGANDHYDROPOWER) • Proyecto multipropósito Quevedo – Vinces (QUEVEDOVINCESMULTIPURPOSEP) • Represa Río Grande (RIOGRANDEDAM) • Canal de riego en Tabacundo (TABACUNDOCANALWATER) • Privatización de agua en Guayaquil (WATERPRIVATISATIONGUAYAQUIL Tabla 2-5 Lista de casos en la categoría de Gestión del Agua Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 115 Para una mejor comprensión de la situación específica de Ecuador, presentamos a continuación dos de los casos más conocidos dentro de esta categoría: el proyecto represa Baba y la represa Hidroeléctrica de Daule-Peripa. 2.3.3.1 Proyecto represa Baba (BABADAMPROJECT) Al igual que en varios casos ya descritos, el conflicto que surgió de la construcción del Proyecto Multipropósito Baba (PMB) tiene que ver con la falta de socialización y consulta previa a las poblaciones afectadas por las obras. En 2002, los habitantes de la parroquia Patricia Pilar supieron por rumores sobre la intención de construir la represa y a partir de allí comenzaron a organizar la resistencia por la defensa del medio ambiente del cual dependía su subsistencia. La construcción del proyecto, también llamado Proyecto Quevedo-Vinces, fue declarada como Prioridad Nacional por el gobierno de Lucio Gutiérrez en el año 2004, muy a pesar de las organizaciones sociales que mantenían su oposición en medio de la represión y el desengaño. El discurso progresista de Rafael Correa resultó ser una decepción más ya que, contrariamente a lo que se esperaba, este también defendió al proyecto. Correa se valió de un contexto de emergencia nacional para justificar las obras que servirían para contener las inundaciones, empero que esa no era la finalidad del proyecto. El caso del PMB es un ejemplo de la controversia sobre la sustentabilidad y la energía limpia generada por las hidroeléctricas que han promovido los gobiernos de turno para promover la construcción (Sasso R 2009). 2.3.3.2 Hidroeléctrica Daule-Peripa (DAULEPERIPAHYDROPOWER) La represa Daule Peripa es parte del proyecto multi-propósito Jaime Roldós Aguilera, la obra de infraestructura más grande del Ecuador en los últimos 40 años. La construcción realizada entre 1982 y 2006 requirió de unos 248 millones de dólares provenientes de varios préstamos internacionales (Gerebizza y Manes 2008). El área inundada por el embalse es de unas 34 mil hectáreas en un territorio que afecta a cuatro provincias: Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas. Tiene una capacidad de almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos (CELEC EP 2019). Este territorio era tradicionalmente utilizado para la agricultura por su alta fertilidad y productividad. A partir de la inundación, cerca de 15.000 campesinos de 8 centros poblados fueron desplazados de sus tierras y 63 comunidades más quedaron aisladas. Se calcula que unas 116 Capítulo 2 50.000 personas fueron afectadas directa o indirectamente por el proyecto, gran parte de las cuales continúa viviendo en situaciones de extrema pobreza, sin acceso a servicios básicos, sin asistencia sanitaria y cultivando tierras degradadas de muy bajo rendimiento (Gerebizza y Manes 2008). En el año 2004 comenzó el proceso de organización para exigir al Estado atención y compensación por los daños sufridos (EJAtlas 2019) 2.3.4 Minerales y materiales de construcción Los 11 casos recogidos en esta categoría y mencionados en la Tabla 2-6, corresponden a conflictos por la extracción minera de minerales; ninguno de ellos se relaciona a la extracción de materiales de construcción. Por lo tanto, haremos un repaso general del tema que complemente la información ya presentada en el capítulo anterior y una síntesis de algunos de los casos más significativos. La historia de los conflictos relacionados a la minería es más reciente que la petrolera. Antes del año 1991 ni siquiera existía una legislación específica al respecto, sólo la Ley de Control y Prevención de la Contaminación de 1976 que contenía algunas normas generales. Los 11 conflictos presentados en este trabajo son un avance de una nueva época extractivista en la que el Estado se ha abierto definitivamente a la explotación minera a gran escala. Nos enfrentamos entonces, a un nuevo escenario que pone nuevamente en riesgo a las poblaciones tradicionales (comunidades indígenas, campesinas y negras), las fuentes de agua y la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas (Yaya et al. 2017). Sólo en la cordillera del Cóndor existen actualmente 3 proyectos en ejecución: Mirador, Panantza-San Carlos y Fruta del Norte (ver ubicación en la Fig. 2.6). De hecho, el primer proyecto de gran envergadura del país es Mirador, cuyo contrato se firmó en el año 2012 y se inauguró en 2015, un año después del final del periodo de estudio de esta tesis. Al año siguiente se inauguró el proyecto Río Blanco al mismo tiempo que se firmó el contrato de Fruta del Norte con la compañía Lundin Gold Corp. Poco después los proyectos de Llumiragua y San Carlos ubicados en Imbabura y Morona Santiago entraron en fase de exploración avanzada. Ya en el año 2017 se dieron a conocer nuevas reservas en la Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 117 provincia de Imbabura donde el proyecto Cascabel sería incluso más grande que Mirador (Teijlingen et al. 2017)27. Minerales y materiales de construcción Nombre del caso (Nomenclatura en la base de datos) • Curipamba Sur - Bolívar (CURIPAMBASUR) • Fruta del Norte (FRUTADELNORTE) • Iamgold - Quimsacocha (IAMGOLDQUIMSACOCHA) • Minería en Intag (INTAGMINING) • Minería IMC en Molleturo - Río Blanco (IMCMOLLETURO) • Minería Lowell en territorio Shuar (LOWELLMININGSHUARTERRITORY) • Proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor (MIRADORCORDILLERADELCONDOR) • Minería en Panantza - San Carlos (PANANTZASANCARLOS) • Minería en Parque Nacional Podocarpus (PODOCARPUSNATIONALPARKMINING) • Minería de Zinc Río Tinto – Molleturo (RIOTINTOZINCMOLLETURO) • Minería en Pacto (PACTOMINING) Tabla 2-6 Lista de casos en la categoría Minerales y Materiales de Construcción Desde el impulso a los proyectos mineros a gran escala durante el gobierno de Rafael Correa empezó una nueva fase más intensa de conflictos, en los cuales las luchas por el territorio, impactos, recursos y derechos laborales se volvieron más visibles gracias a la manifiesta resistencia. La mayoría de estos, son posteriores al período de estudio del presente trabajo. Sin embargo podremos analizar el inicio de la nueva etapa megaminera. Sólo desde el año 2010, la mayor parte de dirigentes y líderes indígenas criminalizados por su actividad se relacionaron a proyectos mineros, entre los cuales resaltan los Shuar pertenecientes a la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH) que fueron reprimidos, encarcelados y enjuiciados como consecuencia de su lucha. El fenómeno de la criminalización está en aumento en la región y lamentablemente es cada vez más utilizado en el Ecuador para contener la resistencia intimidando a la población (Amnistía Internacional 2012; Zorrilla 2017; Dinatale 2018). Cabe resaltar que la violencia en relación a la minería es más alta que en el resto de CSA en Ecuador puesto que ya cuenta con el asesinato, todavía impune, de 3 líderes Shuar de la cordillera del Cóndor: Bosco 27 Hechos posteriores al período de estudio (1977-2014). 118 Capítulo 2 Wisuma (2009), Freddy Taish (2013) y José Isidro Tendetza (2014) (Yaya et al. 2017). Aun así, el presidente Rafael Correa se dedicó a justificar semanalmente (durante los enlaces ciudadanos de cada sábado durante su gobierno) la persecución y la violencia que enfrentaban los líderes activistas desde los mismos entes del Estado. “[...] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los izquierdistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno (…). Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quien está detrás de todo esto” (Declaraciones del presidente Rafael Correa, el 2 de Diciembre de 2007) (Chérrez 2012) Las movilizaciones más multitudinarias, durante las cuales la represión del Estado fue particularmente agresiva y terminó con varias detenciones, fueron entre el año 2008 y el 2010 en contra de la aprobación de la Ley de Minería y la Ley de Aguas. El 20 de enero de 2009, 12.000 personas participaron del “el día de movilización por la vida” por la defensa del agua (Amnistía Internacional 2012). Tanto los mecanismos de apropiación de tierras (ya sea de manera legal, mediante chantajes, fraudulentos y forzados), como la falta de consulta previa, criminalización de la protesta y demás formas de represión tienen características generalizadas que muchas veces desembocan en violencia física por la intervención de la fuerza pública al servicio de las empresas (Amnistía Internacional 2012; Yaya et al. 2017). El manejo inadecuado de los conflictos provoca la restricción y violación de derechos, alimentando más aún más el descontento y la violencia (PADH 2011). Presentamos a continuación la síntesis actualizada de algunos de los casos más conocidos: 2.3.4.1 Fruta del Norte (FRUTADELNORTE) Este proyecto fue parte del fuerte impulso que tomó la minería durante el Gobierno de Rafael Correa entre los 6 proyectos megamineros declarados como prioritarios para el Estado. El proyecto se ubica sobre todo en la provincia Zamora Chinchipe y una parte en Morona Santiago, al sur de la Amazonía ecuatoriana en la frontera con Perú. El proyecto, que en su inicio estuvo a cargo de la canadiense Kinross, comprende 36 concesiones de propiedad de Aurelian Ecuador S.A., subsidiara de la compañía china Lundin Gold desde Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 119 2013. En un área de unas 86.000 hectáreas, Fruta del Norte es considerado uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grande y de mayor ley promedio28 del mundo con un recurso mineral indicado de aproximadamente 23,5 millones de toneladas de oro a ser explotado en 15 años (Solíz Torres 2017). Al igual que en los casos de Mirador , Río Blanco y Quimsacocha, Fruta del Norte ocupa zonas dentro de áreas protegidas, incumpliendo todos con el Mandato Minero de 2008 (Plan V 2017). La población local entró en conflicto en el año 2012 cuando el proyecto estaba todavía en manos de Kinross. En ese año, ocurrió el primer desalojo de la comunidad de San Antonio, la cual desapareció junto con la quema de su única escuela. Sin embargo, fue a partir de la entrada de Lundin Gold en el año 2015 (posterior a nuestro periodo de estudio) que la presión sobre el territorio se volvió más agresiva forzando a la población a migrar por el cierre de escuelas, la pérdida de empleos por el cambio de propietarios y el mayor control del Estado a la pequeña minería. Sin alternativas de supervivencia, el territorio se fue vaciando sin necesidad del uso de la fuerza (Solíz Torres 2017). Una parte de la población se vio obligada a formar parte de las actividades mineras, lo cual sirvió como argumento para justificar la presencia de la empresa a pretexto de dinamizar la economía de la zona (Molina 2018) y eliminar definitivamente toda posibilidad de resistencia. El rápido desarrollo del proyecto fue cuestionado por diversas irregularidades que constan en un informe de la Contraloría de febrero del año 2016 donde se analizó detalladamente el proceso comprendido entre enero del 2009 y mayo del 2015. Entre los hallazgos se encontraron los siguientes (Solíz Torres 2017; Plan V 2017)29: o La falta de documentación de procesos administrativos como licencias ambientales (solo 9 concesiones contaban con licencia ambiental) y permisos concedidos para el uso de agua (solo 6 de las 36 concesiones tenían permiso de SENAGUA) o La falta de coordinación entre la Agencia de Regulación y Control Minero y Ministerio del Ambiente que se delataba en la definición imprecisa de la magnitud del proyecto. El número de concesiones especificado en documentos oficiales variaba entre 36 y 39. o En el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto la definición de límites de la concesión El Zarza era inconsistente, sobre todo en el área protegida Refugio de 28 Medida que describe el grado de concentración de los minerales presentes el material rocoso de un yacimiento. 29 Posterior al período de estudio (1977-2014). 120 Capítulo 2 Vida Silvestre El Zarza que también estaba afectada por la concesión Colibrí. En este caso existió una manipulación injustificada de los límites de la reserva por parte del Ministerio del Ambiente para beneficio de la empresa o Se emitió la licencia ambiental para la fase de exploración avanzada en 5 concesiones localizadas dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor. o Existían 1.124 nacimientos de agua en la zona donde se encuentran las concesiones, incumpliendo de nuevo el Mandato Minero 2008 A pesar de la gravedad del análisis realizado por la Contraloría, el 14 de diciembre de 2016, Rafael Correa firmó el contrato para explotación minera y se inició la explotación en enero de 2017. A partir de ahí también se intensificó la condena de gran parte de los pobladores que fueron cada vez más afectados por los impactos de la actividad y los abusos de la empresa a través de la dependencia económica (Solíz Torres 2017). Durante el 2018 se construyeron dos túneles para acceder al yacimiento y la extracción de oro debía empezar a finales del año 2019 (Molina 2018). Como podemos ver en este caso, el conflicto en torno a este proyecto es cada vez más complejo. Dado que nuestro período de estudio termina en el año 2014, los hechos más críticos no formarán parte del análisis. Sin embargo, esta información posterior a nuestro período, es de gran utilidad para la comprensión del contexto general y la interpretación de resultados. 2.3.4.2 Iamgold - Quimsacocha (IAMGOLDQUIMSACOCHA) y Molleturo – Río Blanco (IMCMOLLETURO). Los proyectos Quimsacocha (Kimsacocha, hoy Loma Larga) y Río Blanco se ubican en el sur de la Cordillera Occidental de los Andes, dentro del Macizo del Cajas. Entre los 2.760 y 3.960 metros de altura. El valor principal del sistema hídrico del Cajas es que tiene uno de los complejos de páramos más grandes del país, de donde nacen los principales ríos que abastecen a los cantones Cuenca, Girón, San Fernando y Santa Isabel en la provincia del Azuay; y otras áreas de las provincias de Cañar y Guayas. El descubrimiento de los yacimientos en esta zona en la década de los 90 atrajo a corporaciones transnacionales como la australiano-inglesa Río Tinto y COGEMA-Tvx-Newmont de Canadá. Sin embargo, las concesiones fueron posteriormente otorgadas a dos empresas canadienses de menor tamaño: la International African Mining Gold Corporation (IAMGOLD S.A.) en Quimsacocha y la International Minerals Corporation (IMC) en Río Blanco (Torres 2018). Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 121 Según un informe pericial para ambos proyectos que fue encargado en 2016 por 16 organizaciones de Azuay en colaboración con Alerta Minera Canadá y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente de los EE.UU., la falta de supervisión establecida para el cumplimiento de regulaciones y mitigación de impactos se enfrenta a la poca viabilidad financiera en ambos proyectos, por lo que se recomienda su cancelación (Kuipers 2016). Además de los impactos inherentes a la minería, en estos casos el riesgo mayor se relaciona a destrucción de hábitats y del ecosistema de páramo de cuya integridad dependen la recarga de agua, regulación hídrica y la captura de carbono (Kuipers 2016). Existen pues, razones suficientes para la cancelación de ambos proyectos puesto que la misma Constitución del 200830 y el Mandato Minero del mismo año limitan las actividades que puedan afectar las nacientes de aguay en áreas protegidas31 (Isch 2019). IAMGOLD - Quimsacocha (IAMGOLDQUIMSACOCHA) Quimsacocha, hoy llamado proyecto Loma Larga, está a unos 30 km al suroeste de Cuenca. Actualmente consiste en 3 concesiones sobre un área de unas 8.000 hectáreas: Cerro Casco y Río Falso (originalmente en el proyecto Quimsacocha) y Cristal. Las concesiones ocupan el Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, Sunsun-Yanasacha, El Chorro y Jeco (Torres 2018). En el año 2012, el proyecto pasó a manos de INV Metals y actualmente ya se encuentra en fase de producción. Según el estudio de factibilidad del año 201832 se estimó una tasa de producción de unas 3,000 toneladas por día y un promedio anual de producción de oro de 206,000 onzas (INV Metals 2019). Se calcula que durante 12 años se explotarán los yacimientos estimados en 3.3 millones de onzas de oro, 22.7 millones de onzas de plata y 143.3 millones de onzas de cobre (El Telégrafo 2019a). En total se extraería unos 14 millones de toneladas de material rocoso de la zona de páramo y se producirían 12 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, lo mismo que 4.800 piscinas olímpicas (Isch 2019). 30 Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua” (República del Ecuador 2008). 31 Art. 3.- “Se declara la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua” (Mandato Minero 2008). 32 Posterior al período de estudio (1977-2014). 128 Capítulo 2 2005 se realizaron las exploraciones que confirmaron el yacimiento y se instalaron varios campamentos. En el año 2006 el Comité de Defensa de la Vida la Soberanía de Panantza, conformada por indígenas Shuar y campesinos, destruyó 3 de los campamentos de EXSA. A partir de ese momento, siete familias Shuar ocuparon el territorio de Nankintz para defender activamente su territorio (Geografía Crítica 2016). Al igual que en el caso del proyecto Mirador, la empresa EXSA fue adquirida por el conglomerado chino CRCC- Tongguang Investment Co. Ltd, a través de la subsidiaria Explorcobres en el año 2010 y con una vigencia de 25 años (Astudillo 2016). Posteriormente al año 2014, ya fuera de nuestro período de estudio, la conflictividad ha ido escalando con hechos cada vez más extremos. A partir de agosto del 2016, los enfrentamientos entre los Shuar y las fuerzas del Estado ha sido una constante. En esa fecha ocurrió el primer desalojo forzado de la comunidad de San Carlos de Panantza en manos de un grupo de militares y policías (Astudillo 2016). En noviembre del mismo año, los comuneros de Nankints se tomaron uno de los campamentos y fueron desalojados violentamente dos días después por militares y policías (Márquez 2016). Poco después fue declarado el estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago pero los enfrentamientos continuaron. Varios Shuar fueron detenidos, incluido el dirigente Agustín Wachapá. De los 6 detenidos durante los enfrentamientos, 5 fueron acusados por la muerte de un policía durante los enfrentamientos. Entre ellos, 4 fueron liberados en enero del 2017, a excepción de Wachapá (Castillo 2017), quien salió en libertad condicional en marzo del mismo año. Actualmente el Pueblo Shuar Arutam espera la respuesta de una acción de protección en contra de EXSA por la reparación integral y suspensión del proyecto, alegando que la entrega de la concesión no fue previamente consultada y que afecta a unas 13.000 de 47 comunidades (Agencia EFE 2019). 2.3.5 Categorías aisladas En este apartado presentamos un conjunto de conflictos de categorías minoritarias por contener pocos casos en cada una. A parte del caso del corredor Manta-Manaos, estos conflictos restantes tienen relativamente poco impacto y poca difusión mediática. El listado correspondiente a las categorías aislados se encuentra en la Tabla 2-7. Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 129 Tipo de conflicto 1º nivel Nombre del caso (Nomenclatura en la base de datos) Conservación de la Biodiversidad • Sangre de drago – biopiratería (DRAGONSBLOODTREEBIOP) • Camaronera en Muisne (SHRIMPFARMINGMUISNE) Infraestructura y construcción • Corredor Manta-Manaos (MANTAMANAUSCORRIDOR) Industriales y de Servicios • Pesquera Polar en Salango (SALANGOPESQUERAPOLAR) • Fábrica de azúcar de caña La Troncal (SUGARCANELATRONCAL) Gestión de residuos • Porcícola Crecult (CRECULT) Tabla 2-7 Lista de conflictos en categorías aisladas En la categoría de Conservación de la Biodiversidad se encuentran dos casos muy distintos entre ellos puesto que el uno corresponde a un intento de apropiación de una resina natural utilizada por los indígenas amazónicos como medicina para varias afecciones por parte de una farmacéutica (EJAtlas 2014); y el otro fue el resultado de la defensa del ecosistema de manglar de Muisne en la provincia de Esmeraldas. En este último, la población que dependía del ecosistema como forma de sustento se enfrentó a las empresas camaroneras que pretendían destruirlo para la construcción de piscinas (EJAtlas 2016b). 2.3.5.1 Corredor Manta-Manaos (MANTAMANAUSCORRIDOR) El corredor Manta-Manaos fue otro de los “proyectos emblemáticos” del gobierno de Rafael Correa aunque fuera ideado a finales del siglo XX (Wilson y Bayón 2016, 2017). Desde el año 2000, este proyecto forma parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) (Coordinadora Antiirsa 2016). Esta iniciativa se enfoca directamente en brindar las facilidades de transporte a los circuitos globalizados de producción de toda Sudamérica y consiste en 10 ejes de integración, entre los cuales consta el corredor Manta Manta-Manaos como parte del eje Amazónico. Se puede ver la magnitud del corredor a nivel continental en el mapa de la Fig. 2.7. En el año 2007, el presidente brasileño Luis Ignacio (Lula) da Silva, por medio de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo, asignó 600 millones de USD para la financiación del proyecto. Hasta el año 2010, habían sido construidos 810 kilómetros de nuevas 130 Capítulo 2 carreteras en el Ecuador y se había invertido en los nuevos aeropuertos de Manta, Latacunga y Tena. Sin embargo, la ilusión por la nueva infraestructura que traería el desarrollo a las áreas antes aisladas, pronto se vio empañada por los escándalos de corrupción en la contratación de las obras (Wilson y Bayón 2017). Más allá, el proyecto vincula áreas petroleras y mineras estratégicas en Ecuador con otras altamente conflictivas en Perú y Colombia, por lo que constituye un nuevo factor de riesgo para las áreas estratégicas del país (Bonilla 2010). El desarrollo de las obras fue afectado por la expulsión de la constructora Odebrecht en el año 2008, que protagonizó años después uno de los escándalos internacionales más grandes de la década. En el año 2009 la compañía Hutchinson de Hong-Kong abandonó la concesión del puerto de Manta. Después de sufrir una serie de contratiempos causados por la oposición de poblaciones locales y la falta de financiamiento a lo largo del trayecto de la carretera y demás infraestructuras, actualmente el proyecto sólo funciona parcialmente. Además de los conflictos sociales, existen todavía contratiempos relacionados a la transitabilidad como vías demasiado angostas para el transporte pesado, geografía muy accidentada en el cruce de la cordillera y la difícil navegabilidad del río Napo (Wilson y Bayón 2017). Entre los costos ambientales y sociales del proyecto se encuentran: a) el inminente impacto negativo sobre las reservas biológicas de Limoncocha, Llanganates, PNY, Cuyabeno, Parque Nacional Sumaco y el Napo Galera; b) las nuevas colonizaciones en áreas naturales o en territorios indígenas con todos sus efectos secundarios como la deforestación y la contaminación; c) el deterioro de los cuerpos de agua por la movilización de material de construcción, descargas de aguas servidas y cortes en la conectividad de los ríos; y d) el desplazamientos forzados de los pueblos tradicionales (Bonilla 2010). Un ejemplo del impacto en las comunidades causado por el paso de carreteras es el caso de la localidad La Providencia en la que, a pesar de contar con un plan urbano de regeneración ambicioso, la comunidad Nueva Vida tuvo que paralizar las obras para pedir veredas y parterres que permitieran atravesar la carretera de forma segura. Este levantamiento en Nueva Vida fue reprimido violentamente por la fuerza pública sin atención a sus demandas. La construcción mal planificada de la vía, inaugurada en 2014, provocó inundaciones y humedad en las viviendas, intransitabilidad peatonal, destruyó la red de agua potable y provocó una avalancha de especulación sobre los terrenos que terminó excluyendo a la población local (Wilson y Bayón 2017). Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 131 Fig. 2.7 Corredor Manta-Manaos. (Google Earth). Fuente: (Bonilla 2010) 2.3.5.2 Porcícola Crecult (CRECULT) En el año 2011 los habitantes del cantón Pedro Vicente Maldonado denunciaron la contaminación del agua, el aire y los suelos, por las descargas directas al río Achotillo de material fecal de origen animal. La responsable, la granja porcícola de la empresa Crecult, tenía la capacidad de criar unos 9.000 cerdos y producir cerca de 80 m3 de excremento por día. Ante la denuncia, los ejecutivos de la empresa iniciaron un proceso de persecución a los comuneros denunciantes e incluso se produjeron enfrentamientos con el gobierno local que apoyaba la denuncia. Ante estos hechos, la Secretaría Nacional del Agua emitió un informe en el que se comprobaron los efectos de la contaminación por coliformes fecales, aceites, aluminio y amoniaco. El Ministerio del Ambiente declaró a la empresa culpable por daño ambiental e impuso una sanción económica de 52.000 USD además de la suspensión de la licencia ambiental. Sin embargo, el principal denunciante Marco Chiriboga, enfrentó una persecución judicial y amenazas por los ejecutivos de la empresa durante varios años, mientras que la empresa continuó sus operaciones (Radio Primavera FM, 2013; Reina y Guzmán 2011; Alomía 2012). 132 Capítulo 2 2.4 Conclusiones • Los conflictos de tierras concernientes a la gestión de bosques, plantaciones, agricultura, camaroneras y otras industrias relacionadas al uso del suelo, son más importantes de lo que considerábamos al inicio de esta investigación. De hecho, esta categoría de CSA es la segunda con mayor número de casos en Ecuador, lo cual explica la concentración de casos en las zonas fronterizas como la provincia de Esmeraldas, donde no predominan las actividades mencionadas en el capítulo 1 como principales responsables de los conflictos (i.e., petróleo, minería y gestión del agua). • En este mismo sentido, vemos que la relevancia de otras regiones del Ecuador en el tema de los CSA es equiparable a la Amazonía Norte (i.e., la mencionada provincia de Esmeraldas). • Según la evolución de los casos descritos al detalle en este capítulo, resulta difícil ver un final a este tipo de fenómenos. Incluso cuando el resultado sea positivo para la justicia ambiental, como en el caso de la explotación petrolera de Sarayacu, en el que se consiguió expulsar a la empresa y sentar un referente jurídico, la amenaza continúa latente mientras existan los recursos en el subsuelo y la economía estatal dependan principalmente de la exportación de materias primas. • Para el caso de los conflictos mineros, los hechos posteriores al período de estudio que hemos mencionado al detalle, desvelan una reciente escalada de la conflictividad. Por lo tanto, los resultados que obtendremos más adelante serán solo una muestra de lo que realmente ha sucedido en los últimos años a partir de la apertura hacia la megaminería. Lo mismo sucede con los CSA relacionados con la gestión del agua. • Si comparamos los casos de minería con los concernientes a combustibles fósiles, que son mucho más antiguos, veremos que existen importantes diferencias que podrían ser explicadas por encontrarse en distintos momentos evolutivos. En resumen, la información que hemos conseguido obtener gracias a la revisión detallada de casos ha cumplido con enriquecer el conocimiento necesario para un mejor manejo de los datos disponibles y una interpretación de resultados adecuada al contexto. Como complemento a este capítulo, hemos incluido en anexos un listado de impactos ambientales, a la salud y socioeconómicos respectivos a las actividades específicas de extracción petrolera, represas hidroeléctricas y minería. Esta recopilación fue realizada Organización de la información. Una base datos para los CSA en Ecuador 133 paralelamente a la descripción de casos con el propósito de complementar la información presentada y poder utilizarla en un trabajo futuro. 134 Capítulo 2 2.5 Referencias Acción Ecológica (2019) Quiénes somos. http://www.accionecologica.org/iquienes-somos. Accessed 24 jun 2019 Acción Ecológica (2006) Sarayaku. Pueblo digno que exige respeto a sus derechos. In: Alerta Verde no 145. http://www.oilwatchsudamerica.org/docs/sarayaku.pdf Acción Ecológica (2018) El laudo arbitral de la haya en el caso Chevron/Texaco ordena al Estado ecuatoriano violar los derechos humanos!! Debe ser repudiado!! In: Lunes 10 septiembre 2018. http://www.accionecologica.org/component/content/article/2325- -el-laudo-arbitral-de-la-haya-en-el-caso-chevrontexaco-ordena-al-estado- ecuatoriano-violar-los-derechos-humanos-debe-ser-repudiado. Accessed 2 may 2019 Acción Ecológica (2001) El OCP no cumple ni los estándares ambientales del Banco Mundial. 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In: Ecologist. https://theecologist.org/2018/jun/05/how-environmental- justice-movement-transforms-our-world Escribano G (2013) Ecuador ’ s energy policy mix : Development versus conservation and nationalism with Chinese loans. Energy Policy 57:152-159. doi: 10.1016/j.enpol.2013.01.022 Espinosa C (2013) The riddle of leaving the oil in the soil — Ecuador ’ s Yasuní-ITT project 240 Capítulo 4 • ¿Qué características comparten los diferentes conjuntos de redes del mundo real y por qué? • ¿Cómo surgieron estas características? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo y por qué? • ¿Cómo afectan estas propiedades a la transmisión de la información (o enfermedad u otro tipo de comunicación) y a su difusión en la propia red? • ¿Qué nivel de resiliencia tienen las redes cuando parte de sus elementos componentes desaparecen o fallan, ya sea por error o ataque premeditado? Para responder a estas preguntas se han desarrollado modelos estructurales, dinámicos y evolutivos de redes reales. Aunque estos modelos pueden explicar algunos de los fenómenos más importantes observados en las redes, todavía hay un largo camino por recorrer en la comprensión de los muchos sistemas en red que nos rodean. En la actualidad existen una considerable cantidad de modelos de redes que permiten cuantificar la complejidad de sistemas reales, y a su vez explicar algunas de sus características fundamentales (Newman 2010a). De entre ellos, los modelos de grafo aleatorio, de mundo pequeño o de red libre de escala, son los más destacados por su enorme fecundidad (i.e., capacidad para ser aplicados a sistemas de muy diversa índole). • Modelo de red aleatoria. Probablemente el modelo de red más antiguo y más investigado sea el de red binomial aleatoria o grafo aleatorio (Bollobás 2001). El modelo se inicia con un conjunto de 𝑁𝑁 nodos y sin enlaces. Con probabilidad de conexión 𝑝𝑝 cada par de nodos queda conectado con un enlace, proceso que genera una red aleatoria. El mayor descubrimiento de este modelo fue que muchas propiedades de estos grafos, como la aparición de árboles1, ciclos2 o un componente gigante3, surge repentinamente al cruzar un determinado valor umbral. De las métricas resultantes, una de las más importantes es la distribución de grado. En el estudio de grafos y redes, el grado 𝑘𝑘 de un nodo en una red es el número de conexiones que tiene con otros nodos. Por lo tanto, la distribución de grado 𝑝𝑝(𝑘𝑘) es la probabilidad de este grado en toda la red. Para grafos aleatorios, en el límite de 𝑁𝑁 elevado, esta probabilidad es binomial (i.e., distribución de Poisson) y esta transición de la hablamos con anterioridad ocurre cuando el grado promedio de la red 〈𝑘𝑘〉 cruza el umbral de 〈𝑘𝑘〉= 1. 1 Un grafo conectado sin un ciclo es un árbol. Un árbol tiene el mismo número de enlaces que nodos, más uno. Si se elimina un enlace, el grafo deja de estar conectado. Si se establece un nuevo enlace entre dos nodos, se crea un ciclo (ver nota inferior). 2 Una cadena donde el nodo inicial y el final es el mismo y que no usa más de una vez el mismo enlace. 3 En una red, un "componente" es un grupo de nodos que están conectados entre sí, directa o indirectamente. Entonces, si una red tiene un "componente gigante", eso significa que casi todos los nodos son accesibles desde casi todos los demás. Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 241 • Modelo de red mundo-pequeño (in. small-world). Una pregunta surge inmediatamente cuando el modelo anterior se usa para explicar redes del mundo real, y es si las redes del mundo real son realmente aleatorias o no. En 1998, la incapacidad del modelo aleatorio para explicar las características estructurales de tres redes del mundo real, una del ámbito de la biología (la red neuronal del gusano C. elegans), de la tecnología (la red eléctrica) y una social (el grafo de colaboración entre actores de cine), motiva la creación y definición del modelo de mundo-pequeño (Watts y Strogatz 1998). Las redes mundo pequeño presentan características peculiares que las alejan de las explicadas mediante el modelo aleatorio. Estas están relacionadas con dos propiedades estructurales conocidas como la longitud de camino promedio (in., average path length) y el coeficiente de agrupamiento (in., clustering coefficient). La longitud de camino promedio〈𝑑𝑑〉 se define como el número de aristas en el camino más corto entre dos nodos, promediado sobre todos los pares de nodos de la red. El coeficiente de agrupamiento 𝐶𝐶 se define como sigue. Supongamos que un vértice 𝑣𝑣 tiene 𝑘𝑘𝑣𝑣 vecinos; entonces a lo sumo pueden existir 𝑘𝑘𝑣𝑣(𝑘𝑘𝑣𝑣−1)2 ⁄ conexiones entre ellos (esto ocurre cuando todos los vecinos de 𝑣𝑣 están conectados a cualquier otro vecino de 𝑣𝑣). Sea 𝐶𝐶𝑣𝑣 la fracción de estas conexiones que actualmente existen. Entonces 𝐶𝐶 se define como el promedio de 𝐶𝐶𝑣𝑣 para todos los 𝑣𝑣.4 Para las tres redes reales analizadas, se observaron fuertes desviaciones respecto de una red aleatoria pero también respecto de una red perfectamente ordenada (tipo retícula). En particular, mientras que 〈𝑑𝑑〉 era aproximadamente del mismo orden de magnitud que el correspondiente a una red aleatoria (con mismos 𝑁𝑁 y 〈𝑘𝑘〉), 𝐶𝐶 era órdenes de magnitud mayor, con valores característicos de una red de tipo retícula. Sin entrar en detalles en el modelo propiamente, las investigaciones subsiguientes llegaron a demostrar que la estructura de estas redes reales estaba a medio camino entre la aleatoriedad y el orden, de manera que mantenían una gran conectividad local (característica de la retícula ordenada) pero presentaban a su vez algunas conexiones “a larga distancia” entre nodos (característica de las redes aleatorias) que reducían enormemente la longitud de camino promedio del sistema (Watts 1999). Dado que este modelo tiene sus raíces en los sistemas sociales, donde la mayoría de las personas son amigas de sus vecinos inmediatos pero suelen tener a su vez uno o dos amigos que están a una gran distancia, cuando la red (social en este caso) presenta esta estructura a medio camino entre el orden y la aleatoriedad, se denominan redes mundo-pequeño. 4 Para las redes sociales, estas métricas tienen significados intuitivos: 〈𝑑𝑑〉 es el número promedio de amistades en la cadena más corta que une a dos personas; 𝐶𝐶𝑣𝑣 refleja la medida en que las amistades de 𝑣𝑣 son también amistades entre ellas, de manera que 𝐶𝐶 mide la exclusividad de un círculo de amistades típico. 242 Capítulo 4 • Modelo de red libre de escala (in., scale-free network). Curiosamente, a pesar de que las redes mundo-pequeño se sitúan a medio camino entre las redes aleatorias y las retículas, su distribución de grado se explica matemáticamente por la misma distribución binomial utilizada para el modelo de grafo aleatorio. La única diferencia reside en la varianza: no existe para una red en retícula ideal, mientras que tiene un valor típico para un grafo aleatorio. Sucede que los autores que inicialmente investigaron el fenómeno mundo-pequeño en redes, nunca pensaron en determinar la distribución de grado real de esas redes. Si así lo hubiesen hecho, habrían notado que las distribuciones de sus redes estaban lejos de ser binomial, Poisson o incluso gaussianas. De hecho, no solo las tres redes anteriores, sino muchas redes en el mundo real tienen distribuciones de grado que no se parecen en nada a una distribución de Poisson. En cambio, sus valores de grado son muy heterogéneos, y siguen, en muchos casos, distribuciones de probabilidad de tipo potencial (Barabási y Albert 1999). Una distribución de probabilidad de grado de tipo potencial no presenta un “pico” para su valor promedio 〈𝑘𝑘〉. En vez de esto, comienza en su valor máximo y luego disminuye progresivamente, con un exponente característico 𝛾𝛾, hasta el infinito siguiendo un decaimiento de tipo 𝑝𝑝(𝑘𝑘)∝𝑘𝑘𝛾𝛾. Por eso también se les llama redes libres de escala, ya que no hay una escala característica para su valor promedio (es decir, aunque 〈𝑘𝑘〉 existe, en los casos en que 𝛾𝛾≥2, los cuales son una mayoría en redes reales, la varianza es infinita). Por otro lado, la tasa a la cual una función potencial decae es mucho más baja que la de una función normal (o exponencial en general), lo que implica una probabilidad mucho mayor de eventos extremos y raros, caracterizados por nodos con valores de 𝑘𝑘, por ejemplo, extremadamente altos. Estos nodos, llamados en inglés hubs, juegan un papel determinante para la conectividad global de la red. Mediante su presencia, la red puede, por lo general, mantener sus funciones aunque la mayoría de los nodos que no están tan conectados desaparezcan o fallen en sus funciones. Por el contrario, cuando estos hubs desaparecen, la capacidad de la red para transmitir información y seguir con sus funciones también desparece de manera abrupta, así como su conectividad global (Albert et al. 2000). El modelo de red libre de escala intenta explicar el origen de la distribución de grado de tipo potencial mediante dos mecanismos genéricos comunes en muchas redes reales: el crecimiento de la misma a medida que pasa el tiempo (mediante la inclusión de nuevos nodos en la red) y la unión preferencial (que permite unir estos nodos a otros ya existentes con probabilidad proporcional al grado de estos últimos). Las redes libres de escala parecen generalizadas en el mundo real: WWW, Internet, infraestructuras, redes sociales, redes celulares y un largo etc., presentan esta Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 243 característica y permiten ser estudiadas y entendidas mediante este fructífero modelo (Barabási 2002; Boccaletti et al. 2006). Los sistemas socioambientales surgen como objetos naturales de estudio bajo el marco conceptual de los sistemas complejos en general, y de las redes complejas en particular. Son sistemas compuestos por múltiples y diversos elementos, agregados a diferentes escalas, espaciales y temporales, actores tales como personas físicas, organizaciones, agrupaciones, etc., conectados mediante eventos y/o conflictos momentáneos o de larga duración, o relaciones permanentes de amistad, pero también de confrontación. Cada uno de estos elementos se puede analizar de manera individual, como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Pero es el análisis de la agregación de estos elementos y la forma en que se conectan, la que puede generar nueva información útil para comprender las dinámicas, en este caso, de los CSA. 4.2 Construcción de las redes de CSA y proceso de análisis El proceso de construcción de nuestra red considera a las partes interesadas (in., stakeholders) conectadas a conflictos si las primeras participan en los segundos. En conjunto tenemos 379 actores, clasificados en cuatro clases principales: entidades gubernamentales, compañías (privadas y estatales), instituciones internacionales y financieras, y organizaciones de justicia ambiental (EJOs) (ver Anexo 4.6.1 y “BBDD Actores”5). En dicha representación (Fig. 4.1, centro), llamada red bipartita (o red de dos modos), no hay conexiones que vinculen casos directamente a otros casos (o partes interesadas que se relacionen directamente a otras partes interesadas). Aunque una red bipartita ofrece una representación completa de una red formada por dos tipos de nodos, una red más conveniente es la que muestra conexiones directas entre nodos de un solo tipo. Realizar una proyección ponderada solamente hacia los conflictos (Fig. 4.1, izquierda) o solamente hacia las partes interesadas (Fig. 4.1, derecha) genera proyecciones de modo único, más útiles que la forma bipartita de dos modos (Newman 2010b). Cada proyección da como resultado un grupo de nodos conectados entre sí donde cada enlace entre dos nodos i, j en la red proyectada tiene un peso 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 igual al número de nodos comunes de los nodos compartidos en común (ver definición de peso más adelante). En el ejemplo de la Fig. 4.1, los conflictos 3 y 5 comparten dos partes interesadas (es decir, C y D), por lo que el peso de la arista que los conecta es igual a dos. De manera similar, las partes interesadas C y D están presentes en estos dos mismos conflictos mencionados (es decir, 3 y 5), por lo que el peso de la arista es también igual a dos. 5 https://summlabbd.upc.edu/PitaMerino/TesisDoctorado/ 244 Capítulo 4 Fig. 4.1 Ejemplo de grafo bipartito aplicado a actores como partes interesadas (in., stakeholders) y los casos o conflictos (centro), y las correspondientes proyecciones de modo único para conflictos (izquierda) y partes interesadas (derecha). El ancho de la arista representa el peso del enlace (es decir, nodos compartidos comunes del otro tipo). Históricamente, la evolución y evaluación de la importancia de un nodo en una red se han asociado al cálculo de medidas estructurales y topológicas conocidas por el nombre de métricas o medidas de centralidad (Newman, 2010). En este trabajo, cuantificamos la evolución de las características estructurales de las redes utilizando las siguientes métricas de uso generalizado en la literatura: • Grado promedio (in., average degree) y distribución de grado (in., degree distribution). Una medida de centralidad fundamental para un nodo es su grado (in., degree) 𝑘𝑘𝑖𝑖, representando este el número de conexiones o aristas que el nodo 𝑖𝑖 tiene con otros nodos (i.e., sus primeros vecinos). Para una red no dirigida con 𝑁𝑁 nodos (i.e., tamaño de la red), el grado promedio se define como: 〈𝒌𝒌〉 = 𝟏𝟏 𝑵𝑵�𝒌𝒌 𝒊𝒊 𝑵𝑵 𝒊𝒊=𝟏𝟏 = 𝟐𝟐𝑳𝑳 𝑵𝑵 (1) donde 𝐿𝐿 es el número total de conexiones o aristas. La distribución de grado 𝑝𝑝𝑘𝑘 proporciona la probabilidad de que un nodo seleccionado de manera aleatoria tenga 𝑘𝑘 conexiones. Dado que 𝑝𝑝𝑘𝑘 es una probabilidad, debe ser normalizada, esto es ∑𝑝𝑝𝑘𝑘= 1 ∞ 𝑘𝑘=1 . Para una red dada de tamaño 𝑁𝑁, la distribución de grado es el histograma normalizado 𝑝𝑝𝑘𝑘=𝑁𝑁𝑘𝑘 𝑁𝑁, donde 𝑁𝑁𝑘𝑘 es el número de nodos de grado 𝑘𝑘, y su Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 245 distribución de grado acumulada 𝑃𝑃𝑘𝑘 es la probabilidad de que un nodo de la red escogido de manera aleatoria tenga 𝑘𝑘 o más conexiones. • Densidad. La densidad de una red 𝜌𝜌 es la fracción de enlaces presentes sobre la mayor cantidad de enlaces posibles. La mayor cantidad de enlaces presentes en una red 𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 sería la que permitiría que todos los nodos estuvieran conectados con todos los demás. Esto es: 𝑳𝑳𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴=�𝑵𝑵 𝟐𝟐� = 𝑵𝑵(𝑵𝑵−𝟏𝟏) 𝟐𝟐 (2) De manera que la densidad puede expresarse como: 𝝆𝝆=𝑳𝑳 𝑳𝑳𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴=𝟐𝟐𝑳𝑳 𝑵𝑵(𝑵𝑵−𝟏𝟏) (3) • Grado ponderado (in., weighted degree). También conocido como fuerza de un nodo (in., strength), el grado ponderado se define como la suma de los pesos adscritos a las conexiones que pertenecen a este nodo en cuestión (Barrat et al. 2004). Esta medida queda formalizada de la manera siguiente: 𝒔𝒔 𝒊𝒊 =�𝒘𝒘 𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑵𝑵 𝒊𝒊 (4) donde 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 es mayor que 0 si el nodo 𝑖𝑖 está conectado al nodo 𝑗𝑗, y el valor representa el peso de la conexión (ver Fig. 4.1). • Coeficiente de agrupamiento (in., clustering coefficient). El coeficiente de agrupamiento local captura la cantidad de primeros vecinos de un nodo que son, al mismo tiempo, primeros vecinos entre ellos (Watts y Strogatz 1998). Para un nodo 𝑖𝑖 con grado 𝑘𝑘𝑖𝑖, el coeficiente de agrupamiento local se define como: 𝑪𝑪𝒊𝒊=𝟐𝟐𝑳𝑳𝒊𝒊 𝒌𝒌𝒊𝒊(𝒌𝒌𝒊𝒊−𝟏𝟏) (5) donde 𝐿𝐿𝑖𝑖 representa el número de conexiones entre los 𝑘𝑘𝑖𝑖 vecinos del nodo 𝑖𝑖. En este caso, utilizaremos el coeficiente de agrupamiento promedio de la red 〈𝐶𝐶〉 definido como: 〈𝑪𝑪〉 = 𝟏𝟏 𝑵𝑵�𝑪𝑪 𝒊𝒊 𝑵𝑵 𝒊𝒊=𝟏𝟏 (6) 246 Capítulo 4 • Longitud de camino promedio (in., average path length) y diámetro (in., diameter). En una red no dirigida, dos nodos 𝑖𝑖 y 𝑗𝑗 están conectados si hay un camino entre ellos en el grafo. Un camino es una ruta que recorre los enlaces de la red, cuya longitud representa la cantidad de enlaces que contiene el camino. El camino más corto 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 entre los nodos es el que tiene el menor número de enlaces. La longitud de camino promedio, indicada como 〈𝑑𝑑〉 es el camino más corto en promedio entre todos los pares de nodos en la red. El diámetro de la red, indicado como 𝐷𝐷, es el camino corto más largo en la red. • Centralidad de intermediación (in., betweenness centrality). Para cada par de nodos en un grafo conectado, existe al menos una ruta más corta entre los nodos, de manera tal que el número de enlaces por los que pasa el camino (para grafos sin ponderar) o la suma de los pesos de los enlaces (para grafos ponderados) se minimiza. La centralidad de intermediación de un nodo 𝑖𝑖 es el número de estos caminos más cortos que pasan a través del mismo y que conectan los nodos 𝑠𝑠 y 𝑡𝑡, dividido por el número total de caminos cortos que conectan 𝑠𝑠 y 𝑡𝑡 (Barrat et al. 2004). Esta medida se formaliza de la siguiente manera: 𝒃𝒃 𝒊𝒊 =�𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒊𝒊) 𝒅𝒅𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒔𝒔≠𝒊𝒊≠𝒔𝒔 (7) donde 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 es el número total de caminos cortos que nacen en el nodo 𝑠𝑠 y acaban en el nodo 𝑡𝑡, y 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑖𝑖) es el número de estos caminos que pasan a través del vértice 𝑖𝑖. Esta medida de centralidad no da importancia al número de conexiones del nodo en particular, sino a la capacidad de un nodo de actuar como enlace entre grupos de nodos conectados entre sí, esto es de estar “en medio” de caminos cortos. • Centralidad de proximidad (in., closeness centrality). Se calcula como la suma de la longitud de las rutas más cortas entre el nodo y todos los demás nodos del grafo. Así, cuanto más central es un nodo, más cerca está de todos los demás nodos (Bavelas 1950). Esta medida se formaliza de la siguiente manera: 𝒄𝒄 𝒊𝒊 =𝑵𝑵−𝟏𝟏 ∑𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 (8) donde todas las variables ya han sido introducidas con anterioridad. Para descubrir y comprender la estructura a gran escala de las diferentes proyecciones, hacemos uso de los algoritmos de detección de estructuras de comunidad o modularidad (in., modularity). Los algoritmos de modularidad tienen como objetivo detectar la aparición de Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 247 grupos de nodos densamente conectados, con solo conexiones más dispersas con otros grupos. La capacidad de detectar tales grupos tiene una importancia práctica, ya que los grupos dentro de las redes sociales pueden corresponder a unidades sociales o comunidades con intereses, afecciones o tendencias similares, con diferentes grupos de nodos que realizan diferentes funciones con cierto grado de independencia (Girvan y Newman 2001). Aquí utilizamos el algoritmo desarrollado por M.E.J. Newman (Newman 2006) que supera significativamente los algoritmos de propósito general en términos de calidad de resultados y velocidad de ejecución. Red unipartita Métricas COM EJO GOV INS Nodos 46 51 51 16 Aristas únicas 53 632 476 15 Componentes conexas (CCs) 25 4 2 7 CCs con un único nodo 19 3 1 4 CCs con más de un nodo 6 1 1 3 Número máximo de nodos en CC 14 48 50 5 Número máximo de aristas en CC 43 632 476 7 Para la CC de mayor tamaño: 〈𝑘𝑘〉 6.14 26,3 19,0 2.8 𝐷𝐷 4 3 4 2 〈𝑑𝑑〉 1,42 1,44 1,67 0,92 𝜌𝜌 0,05 0,49 0,37 0,12 〈𝐶𝐶〉 0,34 0,85 0,82 0,61 Grafo aleatorio (con datos de la CC de mayor tamaño): 〈𝑑𝑑〉𝑟𝑟 2.11 1,20 1,33 2.69 〈𝐶𝐶〉𝑟𝑟 0.13 0,52 0,37 0.18 Tabla 4.1 Métricas globales de las diferentes redes obtenidas. 4.3 Métricas globales Dado que nuestro interés radica en analizar como los diferentes actores participan en los diferentes CSA, nuestro objetivo aquí es el de analizar cómo estos conflictos quedan vinculados a partir de los diferentes actores, y qué tipo de estructura presenta la red de CSA así construida. En este sentido, las diferentes proyecciones de la red bipartita (esto es, formada por actores y casos) permiten establecer resultados globales para comparar cuatro redes de CSA conectados a partir de los siguientes tipos de actores (Tabla 4.1): 248 Capítulo 4 • Compañías privadas y estatales (COM) • Entidades de justica ambiental (EJO) • Entidades gubernamentales (GOV) • Instituciones internacionales y financieras (INS) 4.3.1 Red de conflictos según compañías privadas y estatales (COM) Esta red se obtiene a partir de la proyección de las diferentes compañías sobre los diferentes conflictos, de manera que los conflictos quedan conectados si entre ellos interviene una (como mínimo) y la misma compañía. El peso de la conexión entre conflictos vendrá determinado por el número de compañías que participan en ellos. Esta proyección unipartita presenta 46 nodos y 53 aristas únicas, las cuales están dividas en 25 Componentes Conexas (CC),6 de las cuales 19 constan de un solo nodo. Es decir, un 41% de los conflictos están relacionados con tan solo una compañía. El resto de CC, en este caso 6 grupos, tiene un tamaño mayor que 1 (ver la representación gráfica de la red en la Fig. 4.2). De todos los grupos se destaca el G1, el cual contiene 14 conflictos, todos ellos relacionados con el ámbito de la minería y explotación de crudo de petróleo (a excepción de GuadalitoChiquita relacionado al cultivo de palma). Destacan, a su vez en este grupo, los conflictos “BabaDamProject” y “QuevedoVinces”, conectados a partir de 7 compañías comunes, entre las cuales se destacan compañías relacionadas con las infraestructuras hidroeléctricas y la gestión de agua en general y para la industria del papel en particular como: • Cartopel • Hidrolitoral E.P. • IPAC S.A. • Negocios industriales S.A. - Nirsa • OAS S.A. • Papelera Nacional S. A. • Wong Grupo El conflicto “MantaManausCorridor” presenta el grado y la centralidad de intermediación más elevados, indicando su posición central en relación con las infraestructuras para el transporte y comercialización de recursos, sobre todo provenientes de las industrias extractivas. 6 En teoría de grafos, un grafo 𝐺𝐺 se denomina conexo si, para cualquier par de vértices 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 en 𝐺𝐺, existe al menos un camino (esto es, una sucesión de vértices adyacentes que no repita vértices) de 𝑢𝑢 a 𝑣𝑣. Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 249 Fig. 4.2 Componentes conexas de tamaño mayor que uno, presentes en la proyección unipartita de conflictos vinculados entre ellos a partir de compañías privadas. El tamaño del nodo corresponde a su grado: un mayor tamaño implica un mayor número de conexiones con otros conflictos. El número mostrado en las conexiones corresponde al número de compañías privadas que participan en los dos conflictos simultáneamente. (Figura creada con NodeXL Basic7) Del resto de grupos, cabe destacar el G4, vinculado a la industria maderera, e indirectamente a la industria del papel, con la compañía Durini en dos de los conflictos localizados en la provincia de Esmeraldas, como hemos visto la primera que más CSA acumula; y el G3, vinculado a la industria minera. 4.3.2 Red de conflictos según entidades de justica ambiental (EJO) Esta red se obtiene a partir de la proyección de las entidades de justicia ambiental sobre los diferentes conflictos, de manera que los conflictos quedan conectados si entre ellos interviene una (como mínimo) entidad de justicia ambiental. El peso de la conexión entre conflictos vendrá determinado por el número de entidades de justicia ambiental que 7 https://www.smrfoundation.org/nodexl/ 256 Capítulo 4 Grupo Tamaño Conflicto ( 𝒌𝒌>𝟐𝟐𝟐𝟐 ) Proporción de conflictos con 𝒌𝒌>𝟐𝟐𝟐𝟐 en grupo 1 15 WATERPRIVATISATIONGUAYAQUIL (52) PUNGARAYACUOILBLOCK (43) PACTOMINING (37) OILEXPLOITATIONLIBERTADOR (36) IAMGOLDQUIMSACOCHA (28) GUADALITOCHIQUITA (27) FRUTADELNORTE (26) 0.46 2 12 SUGARCANELATRONCAL (50) SHRIMPFARMINGMUISNE (49) SALANGOPESQUERAPOLAR (47) PUERTOEBANOSHRIMPFARMING (42) PODOCARPUSNATIONALPARKMINING (41) 0.41 3 9 RIOGRANDEDAM (45) PANANTZASANCARLOS (38) MIRADORCORDILLERADELCONDOR (34) MANTAMANAUSCORRIDOR (33) 0.44 4 8 YASUNINATIONALPARKITT (53) TABACUNDOCANALWATER (51) SARAYACUOILBLOCK23 (48) PETROECUADORGUITLYORELLANA (40) OCPHEAVYCRUDEOILPIPE (35) LOWELLMININGSHUARTERRITORY (32) JIMBITONOMININGANDHYDROPOWER (31) IMCMOLLETURO (29) 1.00 5 6 RIOTINTOZINCMOLLETURO (46) QUEVEDOVINCESMULTIPURPOSEP (44) PERENCOGUILTY (39) INTAGMINING (30) 0.66 Tabla 4.2 Proporción de conflictos con mayor conectividad presentes en los diferentes módulos constituyentes de la red GOV. Si tenemos en cuenta ahora el peso de las diferentes conexiones mediante el grado ponderado 𝑠𝑠 y comparamos las distribuciones acumuladas de grado y grado ponderado para esta red (ver Fig. 4.5, en naranja), podemos observar que, similarmente a la red EJO, mientras que para valores de 𝑘𝑘<25, ambas distribuciones son coincidentes (esto es, no existen diferencias entre las conexiones y sus pesos), es de nuevo en la cola de la distribución (esto es, para 𝑘𝑘>25), donde se acumulan, a su vez, la mayor cantidad de entidades gubernamentales vinculadas simultáneamente a dos o más conflictos: observamos como los valores de 𝑘𝑘 y 𝑠𝑠 se separan, aumentando este último hasta 𝑠𝑠≥52, así como las respectivas 𝑃𝑃(𝑘𝑘) y 𝑃𝑃(𝑠𝑠). A diferencia del caso EJO, la pendiente es menor, hecho que implica una distribución de probabilidad de pesos más homogénea. Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 257 Cabe comentar, por último, que a pesar de que los valores promedio de diámetro 〈𝑑𝑑〉 y coeficiente de agrupamiento 〈𝐶𝐶〉 difieren poco de 〈𝑑𝑑〉𝑟𝑟 y 〈𝐶𝐶〉𝑟𝑟, correspondientes un grafo aleatorio generado con el mismo número de conexiones y nodos que la red original (Tabla 4.1), de nuevo la distribución de grado no se ajusta a la de un grafo aleatorio, la cual presenta un comportamiento sigmoideo. Como en el caso anterior (red EJO) este resultado nos lleva a pensar que los mecanismos de generación de esta red podrían no ser triviales sino fruto de la complejidad del fenómeno, en este caso social y ambiental, que aquí estamos estudiando. Fig. 4.7 Componentes conexas de tamaño mayor que uno, presentes en la proyección unipartita de conflictos vinculados entre ellos a partir de instituciones financieras. El tamaño del nodo corresponde a su grado: un mayor tamaño implica un mayor número de conexiones con otros conflictos. El número mostrado en las conexiones corresponde al número de entidades financieras que participan en los dos conflictos simultáneamente. (Figura creada con NodeXL Basic) 258 Capítulo 4 4.3.4 Red de conflictos según instituciones (INS) La red obtenida a partir de la proyección de las instituciones sobre los diferentes conflictos, de manera que los conflictos quedan conectados si en ellos interviene una misma institución financiera, ofrece menores posibilidades de análisis. Esto es así porqué, como podemos ver (Tabla 4.1) esta red unipartita está formada por 16 nodos y 15 aristas únicas, y se divide en 7 CC, 4 de las cuales constan de un solo nodo. El número máximo de nodos y aristas en alguna de las 3 CC restantes es de 5 y 7, respectivamente (ver gráfico en la Fig. 4.7). Es revelador, a pesar de esto, que la conexión con mayor peso de esta red (𝑤𝑤= 2) coincida con un grupo de conflictos vinculados claramente con la gestión del agua. En este caso, las instituciones financieras implicadas son: • Inter-American Development Bank (IADB) • World Bank (WB) Fig. 4.8 Dinámica de aparición de los conflictos mediante histograma (naranja) e histograma acumulado (en gris). Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 259 4.4 Evolución temporal de los conflictos La aparición de nuevos conflictos socio-ambientales en Ecuador presenta oscilaciones a lo largo del siglo XX, pero es a principio del siglo XXI cuando presentan el repunte más significativo (Fig. 4.8). Este resultado se corresponde con el análisis del capítulo 3 sobre la fecha de inicio de los conflictos que fue descrita según su contexto con mayor detalle9. Sin embargo, cabe señalar que esta característica puede ser debida, por una parte, a que cada vez se documentan más y mejor los conflictos ambientales, y por otra a la mayor sensibilidad social acerca de estos problemas en los últimos años. Aunque desde el año 2007 parecen haber disminuido, esto no quiere decir que los conflictos ya existentes hayan desaparecido. Por lo general sucede lo contrario ya que la presión sobre los recursos sigue aumentando con el tiempo y los momentos de repunte responden a los cambios en las políticas de estado con respecto a la explotación de estos. Hemos visto ya, que no necesariamente tienen que ver con el tipo de gobierno, sino con factores externos como las exigencias del mercado. En cualquier caso, la dinámica temporal de los conflictos afecta, a su vez, la dinámica temporal de las diferentes redes de actores y de cómo los diferentes conflictos han acabado siendo relacionados por la participación de sus partes interesadas, sean estas EJOs, organizaciones gubernamentales, entidades financieras o compañías privadas. La evolución temporal de las medidas de centralidad (en valor medio) para las dos redes de mayor tamaño presentadas en los apartados anteriores (estas son, red EJO y red GOV) y para sus respectivas Componentes Gigantes (CG), se muestra en la Fig. 4.9. • Porcentaje de nodos de CG. Podemos observar una transición abrupta a partir del año 1985, con una caída sutil del porcentaje de nodos alrededor del año 1995. Esta transición abrupta, desde un conjunto de nodos desconectados a una componente gigante que contiene un porcentaje elevado de los nodos de la red, es una característica en las redes aleatorias y sucede analíticamente para valores de 〈𝑘𝑘〉≥1 . En este caso, corresponde con el momento en que el grado medio de la red llega a este valor. • Densidad. Podemos observar como a medida que las redes crecen, la densidad de ambas sigue un comportamiento diferente. Mientras que la red GOV presenta una densidad que disminuye con el tiempo, la red EJO sigue un camino contrario a partir del año 1995, a partir del cual el aumento de conflictos lleva asociado un aumento aun mayor de agentes EJO. 9 Este repunte coincide con el pico correspondiente al año 2000 que fue descrito en el capítulo anterior según su contexto. 260 Capítulo 4 • Grado medio. De manera similar al caso anterior, en el año 1995 observamos una clara separación en las dinámicas individuales de las dos redes analizadas, sufriendo la red EJO una clara densificación con un aumento mucho más notable de grado promedio que la red GOV. Podemos observar también como el momento en que el grado medio de la red llega a 〈𝑘𝑘〉≥1, es el momento en que surge la CG de ambas redes. Esta característica sugiere que, efectivamente, el surgimiento de la CG puede ser explicado por el modelo de grafio aleatorio. • Coeficiente de agrupamiento. También en este caso, en el año 1995 observamos una notable separación en las dinámicas individuales de las dos redes analizadas. En este caso, el valor de agrupamiento promedio (recordemos que esto significa el número de triadas existentes en la red) aumenta más en la EJO que en la GOV. Cabe comentar que la distribución de frecuencias del coeficiente de agrupamiento presenta una significativa presencia de valores unidad, dando a esta red una característica cola larga,10 hecho que se traduce en valores medios que estadísticamente se deben tomar con cierta precaución. En cualquier caso, un mayor valor de agrupamiento implica una mayor conectividad local, esto es un aumento de la densidad de la red de conflictos y mucha más facilidad de encontrar conflictos vinculados en tríadas, pero mayor en el caso de la red EJO, quizás sugiriendo mayor cantidad de dinámicas locales en esta red. • Longitud de camino característica y diámetro. También en este caso, en el año 1995 observamos una notable separación en las dinámicas individuales de las dos redes analizadas. En este caso, la longitud de camino característica (que, recordemos, es el promedio de aristas que debemos recorrer para llegar de un nodo a otro) disminuye en mayor cantidad en la red EJO que en la GOV, hecho que muestra de nuevo esta mayor densificación temporal de la primera. Esta característica se muestra en un comportamiento parecido del diámetro (que, recordemos, es el camino corto más largo que deberíamos recorrer para conectar los dos nodos más alejados entre sí). 10 En teoría de probabilidades, las distribuciones de cola larga (o pesada) son distribuciones de probabilidad cuyas colas no están limitadas exponencialmente. Es decir, tienen colas más pesadas que la distribución exponencial. Un ejemplo de estas es la función potencial, 𝑝𝑝(𝑘𝑘)∝𝑘𝑘𝛾𝛾, de la cual hablamos en la sección 4.1.1. Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 261 Fig. 4.9 Evolución temporal de medidas de centralidad promedio para las componentes gigantes de las redes GOV (negro) y EJO (blanco). 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1975 1985 1995 2005 2015 % de nodos en CG Año 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1975 1985 1995 2005 2015 Densidad en CG Año 0 5 10 15 20 25 30 1975 1985 1995 2005 2015 Grado medio <k> en CG Año 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1975 1985 1995 2005 2015 Coef. agrupamiento medio <C> en CG Año 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 1975 1985 1995 2005 2015 Long. camino media <d> en CG Año 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 1975 1985 1995 2005 2015 Diámetro D en CG Año 0 5 10 15 20 1975 1985 1995 2005 2015 Coef. Intermediación medio <b> en CG Año 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1975 1985 1995 2005 2015 Proximidad media <c> en CG Año 262 Capítulo 4 • Coeficiente de intermediación. De manera similar, el año 1995 es el punto de partida de las diferentes dinámicas de EJO y GOV. En este caso, los valores de 〈𝑏𝑏〉 disminuyen para la red EJO en comparación con los de GOV, en concordancia con el proceso de densificación y con la homogeneización de estos valores cuando no existen nodos que actúan solamente de conexión entre componentes de una misma red. Cabe comentar que la distribución de frecuencias del coeficiente de intermediación presenta también una significativa presencia de valores elevados, dando a esta red una característica cola larga, hecho que se traduce en valores medios que estadísticamente se deben tomar con cierta precaución. • Proximidad. Por último, los valores de proximidad no ofrecen una tendencia separada entre EJO y GOV. Cabe comentar que es esta una medida que no suele proporcionar una capacidad de distinción muy elevada al generar valores de orden de magnitud muy pequeño a medida que las redes aumentan de tamaño. 4.5 Sumario de resultados • Si bien el análisis en profundidad del estudio de caso produce valiosos aportes analíticos, existe la necesidad de desarrollar herramientas innovadoras para que estos análisis puedan trascender los casos individuales e identificar patrones y relaciones entre los casos y las perspectivas de los actores. En este sentido, el análisis de redes complejas aplicado a este sistema se presenta como una herramienta de este tipo. • Las diferentes medidas de centralidad utilizadas para caracterizar las redes presentadas en este capítulo permiten diferenciar las estructuras topológicas de las mismas y detectar, en general, aquellos grupos que las distinguen. Son de utilidad las distribuciones de grado y grado ponderado, de carácter bimodal y capaces de segregar dos tipos de grupos de conflictos en función de su importancia. En este sentido, la firma estadística de estas distribuciones no se ajusta a la de un grafo aleatorio, resultado que nos lleva a pensar que los mecanismos de generación de esta red podrían no ser triviales. El desarrollo de un modelo explicativo para esta característica se deja como trabajo futuro. • De entre todas las redes consideradas, las redes GOV y EJO son las que presentan una mayor conectividad a todos los niveles, demostrado a partir de la existencia de una componente conexa gigante que domina la red. Existe, sin embargo, una gran diferencia entre ellas en relación con su modularidad. Si bien en la red EJO no existe una modularidad clara que permita separar grupos de conflictos, en el caso de la red Redes de actores en los conflictos socio-ambientales de Ecuador 263 GOV, esta modularidad sí que existe y es evidente. Este hecho puede sugerir dos tipos de comportamientos diferentes para estos actores hacia los conflictos, siendo las entidades gubernamentales las que de manera más clara actúan en función de sus intereses. En cambio, las EJO tienen una actuación más global, también demostrada con la diferencia entre las distribuciones de grado y de grado ponderado. • En relación a la dinámica de estas redes, traducida en la evolución temporal de sus medidas de centralidad promedio, se puede observar una diferencia en la emergencia de la red EJO respecto de la red GOV a partir del año 1995. A partir de esta fecha, los procesos de densificación de la red EJO son mucho más intensos que para la red GOV, demostrándose así la mayor implicación de la sociedad civil en la defensa del medio ambiente y su participación en todos los conflictos. El desarrollo de un modelo explicativo para esta característica temporal se deja como trabajo futuro. 264 Capítulo 4 4.6 Referencias Albert R, Jeong H, Barabasi A, Barabási A-L (2000) Error and attack tolerance of complex networks. Nature 406:378-382. doi: 10.1038/35019019 Barabási A-L (2002) Linked. The New Science of Networks. Perseus Publishing, Cambridge, MA Barabási A-L, Albert R (1999) Emergence of Scaling in Random Networks. Science (80- ) 286:509-512 Barrat A, Barthélemy M, Pastor-Satorras R, Vespignani A (2004) The architecture of complex weighted networks. Proc Natl Acad Sci U S A 101:3747-52. doi: 10.1073/pnas.0400087101 Bavelas A (1950) Communication Patterns in Task‐Oriented Groups. 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𝐼𝐼𝑖𝑖 corresponderá a la suma de los 𝑚𝑚 valores numéricos correspondientes a los 𝑗𝑗 indicadores utilizados para cada CSA (en nuestro caso 𝑗𝑗= 2 y 1≤𝑚𝑚≤4): 𝐼𝐼𝑖𝑖=� 𝑚𝑚𝑗𝑗 𝑛𝑛 𝑗𝑗=1 (5.1) Precisión de la ubicación Valor numérico asociado Intensidad del conflicto al nivel más alto Valor numérico asociado Alta (Local) Media (Regional) Baja (Estatal) 1 2 3 Alta Media Baja Latente 4 3 2 1 Tabla 5-1 Indicadores utilizados para evaluar el índice de impacto de los CSA en Ecuador y su valor numérico. Lo primero que podemos percibir en la Fig. 5.1 es que existe una mayoría de conflictos con un alto índice de impacto y una baja conectividad (burbujas situadas por debajo del eje horizontal de conectividad media). De hecho, todos los casos con mayor índice de impacto están en esta zona1. Más allá de esto, el grueso de los conflictos de la clase 2 (lado izquierdo del eje k) se ubica en la zona de baja conectividad. Esto sugiere que los CSA de la clase 2 tienen esencialmente menor conectividad que los de la clase 1. En rasgos generales, recordemos que los conflictos de la clase 2 estaban mayormente causados por las actividades mineras y la gestión del agua, que tendían a ser más recientes y aparecer en etapas más tempranas que los de la clase 1. Este comportamiento puede granularse de manera aún más fina si realizamos la misma clasificación, pero observando ahora, la conectividad de los CSA en las dos redes más conectadas analizadas en el Capítulo 4: la red EJO (organizaciones de justicia ambiental) y 1 Caso Chevrón-Texaco (CHEVRONTEXACO), fumigación aérea del Plan Colombia (AERIALFUMPLANCOLOMBIA), proyecto multipropósito Quevedo-Vinces (QUEVEDOVINCESMULTIPURPOSEP) y bloque Armadillo – indígenas en aislamiento voluntario (ARMADILLOILBLOCKVOLUNTARYISOLATION). Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 273 273 la red GOV (entidades gubernamentales). El gráfico correspondiente a la red EJO (Fig. 5.2) fue obtenido a partir de la proyección de las diferentes organizaciones de justicia ambiental sobre los diferentes conflictos, de manera que los conflictos quedan conectados si entre ellos interviene como mínimo una organización de justicia ambiental. El mismo procedimiento fue utilizado para la red GOV (Fig. 5.3), a partir de la proyección de las entidades gubernamentales sobre los diferentes conflictos. Fig. 5.2 Mapa de CSA según pertenencia a clúster/clase (eje de abscisas, izquierda correspondiente a clase 2 y derecha correspondiente a clase 1) y grado 𝑘𝑘 (eje de ordenadas) para la red EJO. El tamaño de la burbuja corresponde al impacto del conflicto (ver texto principal para explicación de su cálculo). Las flechas negras indican un aumento de la conectividad con respecto a la red global y las flechas naranja indican lo contrario. Como muestra la figura de burbujas correspondiente a la red EJO Fig. 5.2, se puede ver una tendencia más definida hacia un alineamiento que parte de conflictos con mayor impacto y menor conectividad (parte inferior izquierda de los ejes de coordenadas) hasta conflictos con menor impacto y mayor conectividad (parte superior derecha de los ejes de coordenadas) hecho que se traduce en un significativamente mayor coeficiente de correlación lineal (𝑅𝑅2≅0.25) de los CSA unidos por EJO, que en el caso global anterior 274 Capítulo 5 (𝑅𝑅2≅0.15) presentado en la Fig. 5.1. Sólo en los casos del conflicto por el Parque Nacional Yasuní y la extracción petrolera en Dayuma, la conectividad aumentó (las burbujas se desplazaron hacia arriba). Los casos del bloque petrolero Pungarayacu y de los proyectos mineros Fruta del Norte y Quimsacocha presentan una menor conectividad que en la red global. Se puede ver una concentración de casos entre el cruce de ejes y hacia los sectores correspondientes a la clase 1 que compararemos en el siguiente gráfico con respecto a la red GOV (Fig. 5.3). Cabe señalar que los desplazamientos de las burbujas sólo pueden suceder de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de acuerdo a la conectividad, puesto que su ubicación hacia la izquierda y derecha está definida por el valor asignado dentro de cada clúster o clase. En este sentido, los resultados sugieren que las EJO centrarían sus esfuerzos en actuar, sea por incapacidad o desconocimiento del hecho, en conflictos de menor impacto. Fig. 5.3 Mapa de CSA según pertenencia a clúster (eje de abscisas, izquierda correspondiente a clase 2 y derecha correspondiente a clase 1) y grado 𝑘𝑘 (eje de ordenadas) para la red GOV. El tamaño de la burbuja corresponde al impacto del conflicto (ver texto principal para explicación de su cálculo). Las flechas negras indican un aumento de la conectividad con respecto a la red global y las flechas naranja indican lo contrario. Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 275 275 Si realizamos el mismo análisis pero ahora con la red GOV de entidades gubernamentales (Fig. 5.3) un cambio notable aparece. Se puede observar una mayor dispersión (𝑅𝑅2≅0.04) en los 4 sectores que en los casos de las Fig. 5.1 y Fig. 5.2. Es decir, muchos de los conflictos se han desplazado en el eje de ordenadas hacia una mayor conectividad. Tres de los casos que se encontraban concentrados en torno al cruce de ejes señalados en la Fig. 5.2 se han desplazado hacia la parte superior de mayor conectividad, y uno de ellos, el caso de Chevrón-Texaco, incluso cruzó el eje horizontal que divide los sectores según 〈𝑘𝑘〉. Esto sugiere que las entidades gubernamentales, en general tienen una mayor presencia en los conflictos que las EJO. Otro de los casos que pasó del sector menos conectado al mayor, fue el del proyecto minero de la compañía Lowell en territorio Shuar. Por el contrario, solo el conflicto de Jimbitono contra los proyectos mineros e hidroeléctricos pasó del sector con mayor conectividad al menor. Los conflictos de la clase 2 continúan dentro de la zona de menor conectividad. Los resultados de las comparaciones entre los tres gráficos referentes a los CSA según su pertenencia a cada clase, la conectividad de las redes y el índice de impacto, dan a entender que los conflictos de mayor impacto por su alcance geográfico y la intensidad del conflicto no son necesariamente los que reciben más atención por parte de los actores. Esta tendencia se intensifica en el caso de las EJO, donde estas parecen carecer de la suficiente capacidad de reacción frente a los conflictos más intensos. Los entes gubernamentales también presentan una conectividad menor para los CSA de la clase 2 (petróleo y tierras), pero se encuentra más presentes que las EJO en los conflictos de la clase 1 (minería y agua). En este sentido, los resultados sugieren que los actores GOV son capaces de centrar sus esfuerzos en actuar de manera más efectiva en conflictos de mayor impacto, ya sea por interés o por capacidad humana y/o económica. La interpretación de estos resultados podría mejorar si desarrollamos un índice de impacto más complejo, que sea capaz de integrar otras características como los tipos de EJO involucradas y su poder de influencia. Otro factor que podría explicar la baja implicación general de los actores en los conflictos de la clase 2 es el hecho de que en general, son conflictos más recientes que los de la clase 1. Éstos últimos han luchado por más tiempo y pueden haber conseguido una mayor participación de los actores durante el proceso. En este caso, la falta de presencia de los actores de la clase 2, podría responder a causas evolutivas. Con esto concluimos que para una mejor comprensión del fenómeno de la conectividad de los actores y los resultados que se obtienen a partir de las movilizaciones, 276 Capítulo 5 este análisis sugiere una pauta diferente para el desarrollo de formas de entender los conflictos que permitan identificar nuevas estrategias en el ámbito de la justicia ambiental. 5.1.1 Ciclo adaptativo y sostenibilidad En el Capítulo 1 hablamos del ciclo adaptativo (Fig. 1.4) como marco de referencia para el estudio de la sostenibilidad asociada a los sistemas complejos, pues permitía integrar el conflicto y el cambio, al considerar los conceptos de resiliencia y gestión adaptativa (Gunderson y Holling 2001). Las metodologías propuestas en este trabajo de investigación y los resultados obtenidos permiten sugerir una dinámica particular para los CSA en Ecuador. En particular, los resultados de la evolución de las medidas de centralidad para las redes EJO y GOV presentadas en el Capítulo 4 parecen sugerir un sistema que ha transitado por la primera fase del ciclo adaptativo, esto es, la de crecimiento o explotación (𝑟𝑟), y que se dirige a la de conservación (𝐾𝐾), a partir del aumento progresivo de la conectividad del sistema. Son los resultados presentados en las figuras anteriores (Fig. 5.1, Fig. 5.2 y Fig. 5.3) los que deberían permitir intuir el sentido de la evolución del sistema en el eje vertical, relacionado con el aumento progresivo del potencial de realización del sistema. A partir del análisis de las mismas, parece que entran en contradicción, como hemos visto, las dinámicas de los diferentes agentes presentes en la red de CSA, con lo que el potencial global de realización del sistema (i.e., de solucionar o resolver los conflictos) debería quedar disminuido. Si esto fuera así, estaríamos llegando al inicio de la fase Ω, de colapso o descarga, preparativa de la fase 𝛼𝛼 de reorganización, la cual permite el surgimiento de un nuevo ciclo una vez se ha desechado todo aquello innecesario del anterior (𝑥𝑥). Que el surgimiento de este nuevo ciclo sea o no favorable a los intereses de las EJO dependerá de en qué situación se llegue a la fase de descarga y de qué actores dominen finalmente la conectividad del sistema. Por este mismo concepto de ciclo adaptativo, que el surgimiento de este nuevo ciclo sea o no favorable a un futuro más sostenible en Ecuador, dependerá de cómo la sociedad civil, principal actor, aunque muchas veces pasivo, de los CSA, sea capaz de dominar la conectividad del sistema. Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 277 277 5.2 Información complementaria y trabajo a futuro 5.2.1 Casos no incluidos en la BBDD y posteriores al período de estudio. Durante el tiempo que transcurrió el desarrollo de este trabajo, los CSA en Ecuador siguieron siendo tema de gran actualidad en las noticias y en las redes sociales. Aparentemente, después del periodo de estudio surgieron nuevos conflictos y otros ya existentes se agudizaron, como se puede ver en las descripciones de casos del capítulo 2. Algunos de los casos recogidos después (algunos presentes actualmente en el EJAtlas) pero que no figuran en el análisis de este trabajo (a excepción del PERENCOGUILTY) son: • Bloques petroleros 7 y 21. Estos bloques se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Yasuní y en parte dentro del territorio Huaorani. El bloque 21 ocupa también una parte de la Reserva de la Biosfera Sumaco. Las comunidades afectadas son huaoranis, kichwa y algunos colonos. El bloque 7 fue licitado en 1985 a British Petroleum, pero en 1990 pasó a manos de Oryx (EE.UU.) y en 1998 quedó en manos de Kerr McGee (EE.UU.) que terminó fusionada con Oryx. En 1994 el bloque 21 fue adjudicado a la misma empresa que el 7 y posteriormente ambos bloques terminaron a cargo de Perenco (Francia) en el año 2001. El paso de estas empresas dejó un elevado rastro de contaminación que terminó en una fuerte resistencia de los pueblos indígenas, apoyados por EJOs locales como Acción Ecológica, Organización Global 2000 y la Oficina de Derecho ambiental. En el año 2010, los bloques 7 y 21 pasaron a manos de PETROAMAZONAS EP (Maldonado 2006; EJAtlas 2016). Este conflicto se encuentra lejos de terminar, ya que el 30 de mayo de 2019, alrededor de 1000 comuneros de 72 comunidades se tomaron las instalaciones del campo Yurallpa en el bloque 21, paralizando las actividades de Petroamazonas a causa de los últimos derrames y la impavidez de la empresa y las autoridades frente al problema (información extraída de redes sociales). • En el caso de PERENCOGUILTY correspondiente a la contaminación provocada por la compañía Perenco en el bloque 22 o bloque Payamino, una corte de justicia dictaminó la responsabilidad de la compañía y fue obligada a remediar la zona además de una compensación económica a un grupo de campesinos. Este caso fue considerado un triunfo para las EJO, pero no terminó ahí. En 2018, el Ministro de Hidrocarburos anunció la subasta de 16 concesiones entre las cuales se encontraba el bloque 22, ya que supuestamente se había realizado la consulta previa en el año 278 Capítulo 5 2012. Estos territorios se superponen a territorios de los pueblos Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar y Sápara y contienen bosques primarios con elevados niveles de biodiversidad. En consecuencia, los Waorani afectados por el bloque 22 demandaron al Estado por haberlos engañado con la supuesta consulta que no había cumplido con un mínimo de requisitos para que los asistentes pudieran comprender lo que estaba por suceder. Los argumentos de los indígenas fueron probados en el juicio y la Corte Provincial de Pastaza falló en su favor el pasado mes de mayo de 2019. Con este dictamen, el Ministerio de Hidrocarburos no puede proceder con la licitación de ninguna de las concesiones contenidas en la subasta anunciada en 2018 en un territorio amazónico de 200.000 hectáreas (Morán 2019). Este triunfo no hubiera sido posible sin una combinación de factores como: la determinación de los Waorani, en especial de las mujeres como Nemonte Nenquino, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pastaza, la sólida organización comunitaria respaldada por la Confeniae, Conaie y Coica2, y el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de las EJO como la organización Amazon Frontlines3 que sustentó la demanda a nivel legal y con difusión mediática. De hecho, el caso fue conocido mundialmente gracias a la campaña Waorani Resistance4 o Resistencia Waorani que consiguió un gran apoyo nacional e internacional a través de una recolección de firmas y fue ampliamente difundido por medios a nivel mundial como BBC, Mongabay, Al Jazeera, AJ +, Reuters y The New Yorker (Amazon Frontlines 2019). El pasado 11 de julio el fallo de la Corte Provincial de Pastaza fue ratificado después de que el Ministerio del Ambiente intentó detener la sentencia mediante una apelación presentada a principios del mismo mes (Agencia AFP 2019). 2 La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) fue conformada en Lima en 1984 por organizaciones indígenas de Perú, Colombia. Ecuador, Bolivia y Brasil (COICA 2018) 3 Amazon Frontlines es actualmente una organización dedicada a la justicia ambiental en el oeste de la Amazonía (Ecuador, Colombia y Perú). Está compuesta por un grupo multidisciplinar de activistas dedicados a apoyar la lucha de los pueblos indígenas para defender sus derechos y el territorio. Esta organización nació del proyecto ClearWater dedicado desde el año 2011 a proveer de sistemas de agua a las comunidades indígenas Cofán, Secoya, Siona y Waorani afectadas por la contaminación de las actividades petroleras. Actualmente estas comunidades conforman la Alianza Ceibo (Amazon Frontlines 2019). 4 https://waoresist.amazonfrontlines.org/about/ Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 279 279 • Piatúa Resiste. A través de la campaña Resistencia Waorani, se difundió en redes sociales la campaña Piatúa Resiste5. Esta lucha está liderada por la comunidad Kichwa de la comunidad Santa Clara y se centra en la defensa del río Piatúa, clave para su supervivencia y una de las mayores fuentes hídricas del Corredor Ecológico Llanganates Sangay en la provincia de Pastaza. La construcción del proyecto hidroeléctrico Piatúa a cargo de la empresa Genefran SA empezó en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, con una inversión de 57 millones de USD. Según los pobladores, el proceso de consulta previa no fue realmente una consulta sino una socialización con poca o casi ninguna información sobre el proyecto y sus impactos, y con una escasa participación de los comuneros. La resistencia empezó a tomar forma a raíz de un bloqueo de vías en noviembre de 2018. A partir de ese momento, la comunidad Kichwa consiguió difundir su lucha con la ayuda de las redes sociales y llevar el caso a instancias legales. Sin embargo, el pasado 20 de junio de 2019 la acción de protección presentada por los indígenas fue negada por un juez en Pastaza. Actualmente la decisión fue apelada y se encuentra a la espera de una resolución por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Judicatura de Pastaza (Jimbo 2018; PiatuaResiste 2019; Ecuadorinmediato 2019). • Coca Codo Sinclair. El conflicto o conflictos generados por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se desarrolla a diversas escalas. Las controversias van desde la resistencia de las comunidades afectadas, como la comunidad Kichwa de Playas del Río Tigre que ha perdido su medio de sustento por la degradación del río y teme enfermar por consumo de agua contaminada (FIDH et al. 2018), hasta escándalos de corrupción a nivel de altos cargos del gobierno en la adjudicación del contrato de construcción (Casey y Krauss 2018). Este caso está mencionado en un informe elaborado por 21 EJOs para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de China en noviembre de 2018 ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra) (Dinatale 2018). El informe denuncia la violación de derechos humanos contra las poblaciones indígenas en 18 proyectos por parte de compañías chinas en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. En Ecuador, la Coca Codo Sinclair es uno de los 8 proyectos acusados de incumplir con el derecho a la consulta previa; de no proporcionar garantías de acceso y protección de tierra y viviendas dignas; de 5 https://www.piatua.org/inicio 280 Capítulo 5 avasallamiento a las poblaciones y finalmente de falta de parámetros mínimos en las condiciones de trabajo (FIDH et al. 2018). Además de los impactos socioambientales de la obra, existe un alto riesgo asociado a la cercanía del volcán Reventador que se encuentra en erupción constante desde el siglo XVI. En 1987, un terremoto provocado por el volcán destruyó una parte importante del oleoducto. En esa época un proyecto más pequeño para la hidroeléctrica ya existía y fue desechado por el riesgo volcánico. Durante el gobierno de Rafael Correa varios proyectos de hidroeléctricas se reactivaron por la intención de cambiar la matriz energética del país a fuentes más renovables. La presión motivó a omitir los riesgos de la construcción de la obra, al igual que la necesidad de comprobar el uso sostenible del agua. Casi 30 años después del proyecto inicial, no se han realizado nuevos estudios de disponibilidad con el fin de acelerar el proceso de adjudicación. Varios altos cargos del gobierno (un ex vicepresidente, un ex ministro de electricidad y un ex funcionario anticorrupción) responsables de la adjudicación han sido acusados de recibir sobornos asociados a grandes obras como la Coca Codo Sinclair. El trabajo de fiscalización de la obra también fue investigado ya que en 2018, dos años después de la inauguración, aparecieron miles de grietas causadas por la mala calidad del hierro utilizado, así como una obstrucción del embalse por lodo y restos de vegetación (Casey y Krauss 2018). • Indígenas Cofán de Sinangoe. Finalmente presentamos un caso exitoso para la justicia ambiental que ha sentado un importante precedente y que nos servirá para sustentar las conclusiones finales. El 22 de octubre de 2018, los indígenas amazónicos Cofán de Sinangoe, ganaron la batalla legal que habían emprendido en contra del Estado para impedir 52 concesiones mineras sobre 32.000 hectáreas de su territorio y que afectarían al río Aguarico, uno de los principales ríos de la RAE (Mainville 2018). El territorio Sinangoe se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca, una de las áreas más biodiversas del planeta. Los Cofán conviven allí con más de 3.725 especies de plantas, 650 especies de aves y 50 especies de mamíferos (Riofrío 2018). Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 281 281 Desde el año 2017, gracias a la organización comunitaria y el apoyo de Amazon Frontlines y la Alianza Ceibo6, se iniciaron labores de monitoreo del territorio. Cada dos semanas salían unas 70 personas en grupos conformados por 7 o 15 individuos a realizar excursiones que podían durar hasta 5 días. Gracias al apoyo externo, a las excursiones se sumaron el uso de cámaras trampa, drones e imágenes satelitales. Paralelamente se realizaron campañas dedicadas a la concientización de las poblaciones aledañas sobre los impactos mineros. Sólo durante los 3 primeros meses de monitoreo, se registraron alrededor de 50 invasiones donde se realizaba minería ilegal y cacería no autorizada por la comunidad. Sinangoe está dentro un área protegida donde supuestamente está prohibida la minería, sin embargo, el Estado había anunciado la intención de entregar concesiones mineras dentro de la misma. La figura de “parque” o “área protegida” fue teóricamente creada para la conservación de las áreas de interés ecológico, pero ha sido utilizada frecuentemente para desconocer el derecho al territorio de las comunidades ancestrales y acceder a la explotación sin realizar siquiera una consulta previa (Riofrío 2018). Ante esta situación, durante el mismo año 2017, los Cofán de Sinangoe elaboraron una “ley propia” para regular las actividades en su territorio. En ella se prohibieron técnicas de pesca y cacería destructivas y la minería de cualquier tipo. Esta ley está amparada por el derecho de autodeterminación reconocido por el Estado ecuatoriano y entes de derecho internacionales, como ya ha sido mencionado anteriormente (Riofrío 2018). Gracias a la documentación recopilada durante el monitoreo del territorio realizado por los mismos indígenas y la estrategia legal, la Corte Provincial de Sucumbíos dispuso la suspensión de todas las concesiones mineras en el territorio y la remediación ambiental por los impactos ya causados (Medina 2018; Mainville 2018). Este fallo histórico a favor de la justicia ambiental demuestra la importancia de desarrollar estrategias efectivas y claras para conseguir detener el avance extractivista. 6 Ver pie de página sobre Amazon Frontlines. 288 Capítulo 5 en los CSA de Ecuador. La participación del Estado a través de sus instituciones presentó en general un tipo de implicación muy dirigido hacia intereses específicos, mientras que las EJO demostraron un interés más global al participar en todo tipo de conflictos. Gracias a este análisis descubrimos que el año 1995 marcó un cambio importante en la configuración de ambas redes puesto que a partir de ahí las EJO adquirieron mayor importancia, a diferencia de las GOV que no registraron cambios importantes. Este resultado coincide con el relato histórico del Capítulo 1 donde explicamos la relevancia y consolidación de los movimientos sociales, ambientalistas e indígenas del Ecuador durante los 90. Concluimos que según los resultados obtenidos, sobre todo del análisis de clúster, que se comprueba la hipótesis planteada al inicio de este capítulo sobre la efectividad de las estrategias pacíficas y diversas aplicadas en los conflictos en general. Anteriormente ya hemos mencionado que el escenario social ha venido cambiando y ahora es más complejo por la resistencia organizada. Durante este trabajo hemos visto cómo las estrategias utilizadas en algunos casos han conseguido detener o ralentizar el avance extractivista. Como ejemplo podemos referirnos a los casos de Sarayacu (descripción en el Capítulo 2), la campaña Waorani Resiste en el caso de PERENCOGUILTY (descripción en el Capítulo 2 y ampliación en el segundo punto del sub apartado 5.2.1) y los indígenas Cofán de Sinangoe (último punto del sub apartado 5.2.1). En estos 3 casos, los recursos legales estratégicos, la utilización de la tecnología para el monitoreo del territorio, las alianzas con otras organizaciones, el apoyo de las EJO locales e internacionales y la amplia difusión mediática, han logrado importantes victorias legales bajo la presión de la opinión pública nacional e internacional. Además de garantizar la supervivencia de las comunidades indígenas amazónicas, se ha conseguido proteger ecosistemas, la calidad del agua de los ríos, fortalecer la cohesión social y sentar un precedente jurídico crucial para otros casos de CSA. No obstante, según la información obtenida y considerando el constante aumento del número de casos, comprobamos que el Ecuador sigue la tendencia general de la región latinoamericana hacia la reprimarización de la economía. Es decir, lejos de intentar disminuir la dependencia económica en las exportaciones de materias primas, la presión por obtener beneficios a corto plazo continúa obligando al Estado a expandir las fronteras extractivas hacia territorios cada vez más vulnerables y escenarios cada vez más complejos. Entender adecuadamente estos escenarios, puede optimizar las estrategias de los actores para obtener resultados acordes a sus intereses. Hemos visto que el potencial de transferencia de conocimiento de las EJO, se encuentra aún deficiente según Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 289 289 comprobamos en la baja conectividad de la red con respecto al impacto de los conflictos (Fig. 5.2). Este es uno de los factores que necesitan más atención por parte de los grupos en resistencia frente a nuevos desafíos. En cuanto a la actuación del Estado, coincidiendo con otros autores (Bebbington y Bebbington 2009), concluimos que la deslegitimación de las luchas y la represión violenta de las mismas, lejos de eliminarlas, aumentan el descontento, el miedo y el desespero de las poblaciones. Esta combinación de sentimientos negativos puede tener efectos impredecibles sobre la estabilidad política y social. El comportamiento represivo por parte del gobierno parte del hecho que los conflictos se conciben como problemas por resolver y no como reflejos de las carencias de sistema. Cambiar esta percepción podría atenuar el aumento de las tensiones y prevenir una escalada de violencia como ha sucedido en países vecinos. Con respecto a la metodología planteada en esta tesis, concluimos que hemos cumplido con demostrar el potencial de las ciencias de la complejidad, desde la aplicación de la minería de datos y las redes complejas, para identificar patrones, tendencias y dinámicas no evidentes. Estas herramientas nos han permitido hacer una descripción detallada de los CSA en Ecuador así como de las principales causas, tipos de movilización, actores, impactos y resultados, entre otros factores. Las diferencias y similitudes identificadas en los dos grandes grupos obtenidos del análisis de clúster nos han permitido comparar y descifrar la relación entre diversos factores y cómo estos parecen influir en los resultados de los conflictos. La integración de estos resultados con los del análisis de redes complejas nos ha permitido explorar en la relación entre el impacto de los conflictos, las características según el grupo al que pertenecen y la implicación de los actores. Finalmente, rescatamos una de las afirmaciones con respecto a los conflictos sociales expuestos en el Capítulo 1: la reivindicación de los conflictos se basa en su capacidad de buscar el equilibrio en las relaciones de poder. En el caso del ámbito socio-ambiental, los conflictos representan también las fuerzas que conservan y protegen los recursos naturales de los que depende la subsistencia de todo tipo de vida en el planeta. Las decisiones dirigidas hacia el uso sostenible de los recursos están a tiempo de redirigirse, así como el apoyo ciudadano a las luchas por preservar los recursos naturales. Mientras los estados mantengan su indiferencia ante los reclamos de la justicia ambiental, opinamos que la mejor forma de resistir ante las fuerzas depredadoras del sistema, en todas las escalas (vecinales, locales, estatales, regionales, etc.), es a través de la materialización de las luchas. Ante esto, que no basta con manifestar resistencia de forma individual, sino que es imprescindible mantener (e incluso recuperar) nuestra condición como seres sociales en lo 290 Capítulo 5 que a la empatía, la solidaridad y, sobre todo, la capacidad de organización se refiere. Con respecto a los conflictos en general, abogamos por la unidad en torno a las causas comunes y por la justicia ambiental en particular, porque sepamos buscar alianzas y estrategias que nos transformen en una sola fuerza. La esperanza por transmitir unas condiciones de vida a las próximas generaciones, lo más justas y dignas posibles, depende ahora de la gente común, más que en quienes sostienen el poder. En este sentido, esta investigación demuestra que los movimientos sociales, y en especial las organizaciones indígenas, son el ejemplo a seguir sobre cómo mantener la lucha por preservar la supervivencia de la comunidad como una sola entidad, y de la naturaleza que la alberga y la sustenta. Esta relación íntima con el medio y entre individuos es la clave de la unión, la empatía y la solidaridad necesarias para quienes hemos perdido el contacto directo y cotidiano con la naturaleza y nuestros semejantes. Conclusiones. La reivindicación de la resistencia 291 291 Referencias Agencia AFP (2019) Gobierno recurre un fallo que veta ingreso de petroleras a zonas waorani. In: El Comer. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-recurre- fallo-petroleras- waorani.html?fbclid=IwAR0W50GNf_TXvR_IT9CtC1ERZEzLRV3cXaG0S4SLNUg5 qzN4eStgh_KQhD4 Amazon Frontlines (2019) Our Rainforest Is Not For Sale. In: Waorani Resist. https://waoresist.amazonfrontlines.org/. Accessed 15 jun 2019 Bebbington A, Bebbington DH (2009) Actores y ambientalismos : conflictos socioambientales en Perú. Íconos Rev. Ciencias Soc. 117-128 Buskens VW (2002) Social networks and trust. Kluwer Academic Publishers Butts CT (2000) An axiomatic approach to network complexity. 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ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Kichwa: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (Movimiento de los indígenas del Ecuador)) EDA Exploratory Data Analysis (Métodos de Análisis exploratorio de Datos) EIA Estudio de Impacto Ambiental 294 EJAtlas Global Atlas of Environmental Justice EJO Environmental Justice Organizations (Organizaciones de Justicia Ambiental) EJOLT Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidad y Comercio) EMBI Emerging Markets Bonds Index (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) ENSO El Niño/Southern Oscillation (Fenómeno del Niño) EPU Examen Periódico Universal ERC European Research Council (Consejo Europeo de Investigación) FDA Frente de Defensa de la Amazonía FEINCE Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador FICSH Federación Indígena de Comunidades Shuar FIDH Federación Internacional por los Derechos Humanos FINAE Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz (Fundación Oswaldo Cruz) FIPSE Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador FOISE Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos FP7 7th Framework Programme for Research and Technological Development (Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico) GOV Entidades gubernamentales HTML HyperText Markup Language (lenguaje de Marcas de Hipertexto) IADB Inter-American Development Bank (Banco Interamericano de Desarrollo) IAMGOLD International African Mining Gold Corporation (Corporación Internacional Africana de Minería de Oro) ICTA Institut de Ciència y Tecnologia Ambientals (Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales) ICWRGC International Centre for Water Resources and Global Change (Centro Internacional de Recursos Hídricos y Cambio Global ) IDE Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) IDMC Internal Displacement Monitoring Centre (Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos) IIRSA Infraestructura Regional Sudamericana IMC International Minerals Corporation (Corporación Internacional de Minerales) INCRAE Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador INEFAN Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre INREDH Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INS Instituciones internacionales y financieras IRA Iniciativa Regional Andina ITT Ishpingo, Tambococha y Tiputini IUCN International Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) MAB Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimiento de Afectados por las Presas) MAPDER Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos OCMAL Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina OCP Oleoducto de Crudos Pesados OISE Organización Indígena Secoya del Ecuador OIT Organización Internacional del Trabajo (International Labor Organization ILO) OMS Organización Mundial de la Salud ONG Organización no Gubernamental 295 ONU Organización de las Naciones Unidas OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OXFAM Oxford Committee for Famine Relief (Comité de Oxford para el alivio de la hambruna) PADH Programa Andino de Derechos Humanos PIAV Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario PIB Producto Interno Bruto PMB Proyecto Multipropósito Baba PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PPD Programa de Pequeñas Donaciones RAE Región Amazónica Ecuatoriana RAISG Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada SENAGUA Secretaría Nacional del Agua SH Secretaría de Hidrocarburos SIL Summer Institute of Linguistics (Instituto Lingüístico de Verano) SIL/WBT Summer Institute of Linguistics and Wycliffe Bible Translators (Instituto Lingüístico de Verano y Traductores de la Biblia Wycliffe) SODENA Sociedad de Defensa de la Naturaleza SOTE Sistema de Oleoducto Transecuatoriano TBI Tratado Bilateral de Inversión UAB Universitat Autònoma de Barcelona (Universidad Autónoma de Barcelona) UDAPT Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) UNEP United Nations Environment Programme (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) UNRIC The United Nations Regional Information Centre (Centro Regional de Información de las Naciones Unidas) WB World Bank (Banco Mundial) WER Waorani Ethnic Reserve (Reserva Indígena Waorani) WWW World Wide Web (Red Mundial) YNP Yasuni National Park (Parque Nacional Yasuní) ZITT Zona Intangible Tagaeri Taromenane ZPW Zona de Protección Waorani