Valoración del Riesgo en Adolescentes Infractores (VRAI)

www.andavira.com VALORACIÓN DEL RIESGO EN ADOLESCENTES INFRACTORES (VRAI) VALORACIÓN DEL RIESGO EN ADOLESCENTES INFRACTORES (VRAI) José Antonio Gómez-Fraguela Olalla Cutrín Lorena Maneiro COORDINADORES VALORACIÓN DEL RIESGO EN ADOLESCENTES INFRACTORES (VRAI) EVALUACIÓN ESTRUCTURADA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 1.ª edición: Santiago de Compostela, 2019 © Andavira Editora, S. L. Vía de Édison, 33-35 (Polígono do Tambre) 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) www.andavira.com · [email protected] © polo texto: os autores Deseño de cuberta: Dixital 21, S. L. Impresión: Tórculo Comunicación Gráfica, S. A. Impreso en España · Printed in Spain Reservados todos os dereitos. Non se permite a reprodución total ou parcial desta obra, nin a súa incorporación a un sistema informático, nin a súa transmisión en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ou outros) sen autorización previa e por escrito dos titulares do copyright. 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Depósito legal: C 812-2019 ISBN: 978-84-120260-5-4 VALORACIÓN DEL RIESGO EN ADOLESCENTES INFRACTORES (VRAI) EVALUACIÓN ESTRUCTURADA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Coordinadores José Antonio Gómez-Fraguela Olalla Cutrín Lorena Maneiro Autores José Antonio Gómez-Fraguela Olalla Cutrín Lorena Maneiro M.ª Ángeles Luengo Paula Villar Estrella Romero Laura López-Romero Jorge Sobral 7 ÍNDICE PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 9 Justicia de menores .......................................................................................... 9 FUNDAMENTOS DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO .......... 13 Evolución y desarrollo de la valoración del riesgo ........................ 13 Enfoques teórico-prácticos de la valoración del riesgo .............. 16 Instrumentos de valoración del riesgo en población juvenil .. 19 PROTOCOLO VRAI ............................................................................................. 23 Proceso de elaboración .................................................................................. 23 Estructura general ........................................................................................... 28 Componentes y factores integrados ..................................................... 32 Factores de riesgo históricos ......................................................................... 32 H1-H2. Historia previa de actos antisociales (violentos y no violentos) ..... 32 H3. Inicio precoz de la violencia ........................................................... 34 H4. Fracaso en intervenciones previas .................................................... 36 H5. Historia de violencia en el hogar .................................................... 37 H6. Maltrato infantil........................................................................... 39 H7. Historia delictiva de padres o cuidadores ......................................... 41 H8. Separación temprana de padres o cuidadores ................................... 43 H9. Bajo rendimiento escolar ................................................................ 45 H10. Rechazo del grupo de iguales normativo ........................................ 47 Factores de riesgo psicosociales ................................................................... 49 PS11. Delincuencia en el grupo de iguales ............................................. 49 PS12. Escasas habilidades parentales ..................................................... 51 PS13. Falta de apoyo social ................................................................... 55 8 PS14. Entorno marginal ...................................................................... 57 Factores de riesgo individuales .................................................................... 59 I15. Actitudes violentas ........................................................................ 59 I16. Problemas de consumo de sustancias ............................................... 61 I17. Ira/hostilidad y Agresión reactiva-proactiva ..................................... 63 I18. Asunción de riesgos/impulsividad ................................................... 65 I19. Falta de empatía/dureza emocional ................................................ 67 I20. Narcisismo ................................................................................... 69 I21. Problemas de concentración/hiperactividad .................................... 71 I22. Baja colaboración en la intervención .............................................. 73 I23. Bajo interés o compromiso escolar/laboral ........................................ 74 I24. Intereses de ocio no estructurado ..................................................... 76 Factores de protección ................................................................................... 79 P25. Comportamiento prosocial ............................................................ 79 P26. Amistades prosociales .................................................................... 80 P27. Habilidades de afrontamiento ....................................................... 82 Otros factores relevantes ............................................................................... 85 O28. Ideación suicida/intentos de suicidio ............................................. 85 O29. Falta de expectativas de futuro ..................................................... 87 O30. Deseabilidad social ...................................................................... 88 CONCLUSIONES ................................................................................................... 91 REFERENCIAS .......................................................................................................... 93 APÉNDICE .................................................................................................................. 119 9 PRESENTACIÓN Justicia de menores La concepción de una justicia penal de menores diferenciada de la que se aplica a los adultos surge en los países occidentales a finales del siglo XIX. El primer tribunal de menores se constituyó en Chicago en 1899 y rápidamente comenzaron a aparecer iniciativas similares en otros países occidentales. En España, la creación de este tipo de tribunales empezó a debatirse seriamente en torno a 1910, aunque no fue hasta 1918 cuando D. Avelino Montero Ríos presentó el proyecto para la instauración de los Tribunales para menores. El citado proyecto daría lugar a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños, promulgada en noviembre de 1918, siendo Bilbao la primera ciudad donde se creó este tribunal en 1920 (Fernández-González, 1999). Los avatares políticos posteriores dificultaron la extensión de estos tribunales así como las normas que los regulaban, no siendo hasta 1948 cuando se aprobó el texto refundido de la ley de Tribunales Tutelares de Menores. Esta norma tenía una concepción eminentemente paternalista, con un énfasis en la reeducación del menor y una escasa consideración por el respeto de sus derechos. Además, las decisiones tomadas por estos tribunales abarcaban un amplio margen de discrecionalidad, cuyas competencias eran atribuidas tanto en casos de delitos o faltas como en casos de conductas que podían ser consideradas irregulares, tales como prostituirse, ser licenciosos, vagos y vagabundos (art. 9.1.C) e, incluso, ante situaciones de desprotección Presentación Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 16 Enfoques teórico-prácticos de la valoración del riesgo La valoración del riesgo ha evolucionado paralelamente al desarrollo de instrumentos y herramientas que tratan de proporcionar una visión lo más precisa posible del perfil de riesgo de los individuos. Estos instrumentos pretenden identificar aquellos factores de riesgo relevantes en cada caso y, en función de ello, estimar la probabilidad de llevar a cabo conductas antisociales o delictivas (Scurich, 2016). Por factor de riesgo se entiende toda aquella variable que correlaciona positivamente con una determinada consecuencia o resultado (Andrews y Bonta, 2010b). Los factores de riesgo pueden clasificarse en factores estáticos (factores históricos y, por tanto, no modificables) y factores dinámicos (susceptibles de cambios significativos a lo largo del tiempo) (Andrews y Bonta, 2010b). Una vez seleccionados e identificados, los factores de riesgo deben ser combinados para generar una estimación del riesgo del individuo (Scurich, 2016). Sin embargo, el debate acerca de la efectividad de los diferentes métodos de valoración del riesgo ha estado presente a lo largo de los últimos años, dando lugar a nuevos enfoques y perspectivas de evaluación (Yang, Wong y Coid, 2010). Según la información proporcionada por los diferentes instrumentos, los objetivos planteados y la metodología empleada para su consecución, Andrews, Bonta y Wormith (2006) identificaron cuatro generaciones dentro del campo de la valoración de riesgo. Durante la primera generación de valoración del riesgo, la toma de decisiones se basaba en juicios clínicos no estructurados, asistemáticos y subjetivos, en base a la información obtenida por el evaluador a través de historias clínicas, entrevistas y tests. La recogida de información no se regía por procesos estandarizados, sino por el propio juicio discrecional del evaluador, condicionado, a su vez, por el tipo y nivel de formación así como por sus propias características personales y hábitos profesionales (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Este enfoque carecía de instrumentos estandarizados de evaluación y ha sido ampliamente criticado por sus bajos niveles de acuerdo entre Fundamentos de la valoración del riesgo 17 jueces, su escasa validez predictiva y su débil justificación teórica (Borum, 1996; Grove, Zald, Lebow, Snitz y Nelson, 2000). Estas limitaciones dieron paso a una segunda generación de la valoración del riesgo, caracterizada por un enfoque de evaluación actuarial. El enfoque actuarial parte de la premisa de que la probabilidad de ocurrencia de una determinada conducta puede ser estimada a partir de una serie de datos estadísticos (Heilbrum, Yasuhara y Shah, 2010). Se trata de un enfoque formal y estructurado que cuenta con herramientas diseñadas para predecir la reincidencia a través de la combinación de una serie de factores, los cuales pueden ser cuantificados o evaluados en cierta medida (Yang et al., 2010). El debate acerca de la eficacia del método actuarial, en detrimento del método de juicio clínico, ha generado numerosas investigaciones con el fin de dilucidar el papel de cada uno de ellos en la predicción de la reincidencia. Diversos meta-análisis y revisiones sistemáticas han señalado que el método actuarial proporciona una mayor precisión en la predicción, en comparación con el método de juicio clínico no estructurado (e.g., Ægisdóttir et al., 2006; Andrews et al., 2006; Hanson y Morton-Bourgon, 2009; Singh y Fazel, 2010). No obstante, los instrumentos actuariales pertenecientes a la segunda generación están mayoritariamente compuestos por factores de riesgo estáticos, ligados al desarrollo evolutivo del sujeto (sexo, edad, historia de abandono o maltrato, etc.) y a su historia delictiva pasada (infracciones y delitos previos) y, por tanto, no pueden ser modificados. Si bien se ha constatado empíricamente que la historia delictiva es uno de los predictores más robustos de la violencia futura y la reincidencia general, las escalas basadas en estos predictores han recibido duras críticas. Una de las principales críticas se centra precisamente en la ausencia de factores dinámicos y la imposibilidad de cuantificar los cambios temporales en el nivel de riesgo, cuestión fundamental para su tratamiento (e.g., Hanson y Thornton, 2000). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 18 Las críticas a los instrumentos de evaluación del riesgo puramente actuariales han llevado al desarrollo de una tercera generación de la valoración del riesgo. Esta generación de instrumentos trata de superar dichas limitaciones con el propósito de obtener información para el manejo del riesgo y la planificación de las intervenciones. Los instrumentos incluyen factores de riesgo basados en evidencia empírica, que contribuyen al establecimiento de modelos de predicción, e incorporan, además, los factores de riesgo dinámicos (Andrews y Bonta, 2010b). Estos factores adquieren relevancia cuando el objetivo de la evaluación no es estrictamente la predicción, sino la gestión del riesgo a través del desarrollo de intervenciones que contribuyan a la reducción de dicho riesgo y a la prevención de la reincidencia (Gendreau, Little y Goggin, 1996). Tal como algunos autores han planteado, los factores estáticos tienen una mayor utilidad en la evaluación del nivel de riesgo global, mientras que la evaluación de los factores dinámicos contribuye a la identificación de objetivos de intervención, además de proporcionar una estimación del nivel de cambio en los índices de riesgo (por ejemplo, tras finalizar la intervención) (Spanjaard et al., 2016). Este tipo de instrumentos parecen especialmente adecuados para ser utilizados en contextos en los que el objetivo de reinserción prime sobre otros objetivos (como la seguridad ciudadana o el castigo). Este es el caso de España, donde la Constitución Española en su artículo 25.2 establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social…”. Esta orientación es, si cabe, más relevante en el campo de intervención con menores, pues la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor, siguiendo las directrices internacionales del buen trato a los menores, establece el interés superior del menor como principio rector que debe guiar cualquier intervención en la que se vean involucrados. Aun así, una cuarta generación del riesgo ha surgido tratando de combinar los enfoques clínico y actuarial para dar lugar a un enfoque basado en el juicio clínico estructurado (Andrés-Pueyo y Echeburúa, Fundamentos de la valoración del riesgo 19 2010). Los instrumentos pertenecientes a esta generación están diseñados para integrar el proceso de gestión del riesgo y servir de guía para el establecimiento de los objetivos del tratamiento y el desarrollo de la intervención. Como señalan Andrews et al. (2006), la principal meta de los instrumentos de la cuarta generación es poner de manifiesto la necesidad de utilizar tratamientos eficaces y facilitar la supervisión clínica, de forma que las medidas que se tomen con los infractores sirvan, realmente, para prevenir la reincidencia. Para ello, se combinan aspectos de juicio clínico como la realización de entrevistas, uso de datos de archivo u otras fuentes, con información obtenida a través de las guías estructuradas de valoración del riesgo, características del enfoque actuarial (Heilbrum et al., 2010; Yang et al., 2010). Por tanto, la toma de decisiones es llevada a cabo a través de la evaluación estructurada de los factores de riesgo, que se complementa con el juicio clínico del evaluador (Andrews y Bonta, 2010a). No obstante, a pesar de las ventajas que presumiblemente plantea el método de juicio clínico estructurado con respecto al juicio clínico no estructurado y a los métodos actuariales, la complejidad del proceso y la falta de formación de los evaluadores en el campo han dado lugar a resultados inciertos (Fazel, Singh, Doll y Grann, 2012), y en ocasiones no ha supuesto una mejora en la predicción (Andrews et al., 2006; Hanson y Morton-Bourgon, 2009; Singh y Fazel, 2010). Incluso en ese caso, el juicio clínico estructurado, además de proporcionar una valoración del riesgo, proporciona información útil para el desarrollo de estrategias de intervención y tratamiento (Singh, Grann y Fazel, 2011). Instrumentos de valoración del riesgo en población juvenil A pesar de que el enfoque de la valoración del riesgo surgió inicialmente para su aplicación en adultos internos en instituciones penitenciarias y psiquiátricas, rápidamente su uso fue considerado en poblaciones de infractores de menor edad, principalmente adolescentes en el sistema de justicia juvenil (Howell, 2003; Schwalbe, 2007). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 20 La adolescencia es un período de cambios que afectan a diversas áreas a nivel cognitivo, físico, psicosocial y emocional (e.g., Cauffman y Steinberg, 2012). Estos cambios en el desarrollo están, a su vez, estrechamente ligados a los patrones conductuales emergentes durante el período adolescente, incluyendo una mayor propensión hacia la asunción de riesgos, agresión y violencia (e.g., Borum, 2017; Steinberg, 2008). Desde la perspectiva de la valoración del riesgo, se plantea que estas conductas problemáticas o antisociales pueden ser predichas en cierta medida en función de la consideración de diversos factores estáticos y dinámicos (Bonta y Andrews, 2017). Teniendo en cuenta los cambios en el desarrollo acontecidos en la etapa adolescente, diferentes instrumentos de valoración del riesgo han sido desarrollados con el fin de adaptar las estrategias de intervención a esta población (Spanjaard et al., 2016). Desde una perspectiva evolutiva, se propone que el impacto de los diferentes factores dinámicos varía a lo largo del desarrollo y, por tanto, es probable que estos factores ejerzan un efecto diferencial en función de la edad del individuo. Por tanto, a la hora de desarrollar los instrumentos de valoración del riesgo es importante tener en cuenta aquellos dominios, factores o características que son relevantes según la etapa del desarrollo de la población objetivo (Spanjaard et al., 2016). Diversas revisiones y meta-análisis han identificado tres instrumentos de evaluación de riesgo como los que mejores indicios de validez predictiva poseen con muestras de población adolescente (SAVRY, PCL-YV e YLS/CMI) (e.g., Fazel et al., 2012; Hilterman, Nicholls y van Nieuwenhuizen, 2014; Olver, Stockdale y Wormith, 2009). El Structured Assessment of Violence Risk for Youth (SAVRY; Borum, Bartel y Forth, 2002) [Evaluación estructurada de riesgo de violencia en jóvenes], traducido al castellano por Hilterman y Andrés Pueyo (2008), constituye uno de los primeros protocolos de estimación del riesgo de violencia en adolescentes de entre 12 y 18 años. Este instrumento sigue el formato de una de las primeras guías de valoración del riesgo desarrolladas para su implementación en adultos, el HCR20. La concepción de riesgo del SAVRY destaca por la importancia Fundamentos de la valoración del riesgo 21 de los factores de riesgo dinámicos y la consideración de diversos factores de protección, así como las interacciones recíprocas entre los diferentes factores a lo largo del período de desarrollo (Borum, Lodewijks, Bartel y Forth, 2010; Borum y Verhaagen, 2006). Este protocolo está compuesto por un total de 24 ítems referentes a los factores de riesgo que se dividen en tres categorías (i.e., históricos, individuales y sociales o contextuales), además de 6 factores de protección. Cada uno de los factores es evaluado en base a un rango de puntuaciones entre 0 y 2 en función del grado de presencia y/o adecuación a cada individuo. Por tanto, la presencia de un mayor cúmulo de factores contribuye a un mayor nivel de riesgo de violencia en el/la menor, que se codifica como alto, medio o bajo según la puntuación obtenida. El SAVRY incluye un manual que recoge las especificaciones que deben ser consideradas a la hora de valorar la presencia de cada factor de riesgo y protección, así como ciertas indicaciones que guían la aplicación de las puntuaciones. Todo ello contribuye a la determinación del nivel de riesgo, realizada por el examinador en base a su juicio clínico y a la información obtenida sobre los diferentes factores. El Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV; Forth, Kosson y Hare, 2003) [Inventario de Psicopatía: Versión para jóvenes] es la versión para adolescentes de uno de los instrumentos más utilizados y de mayor validez en la predicción de la violencia, el PCL-R (Hare, 1991). Al igual que su homónimo para adultos, este instrumento consta de 20 ítems que deben ser puntuados en función de la información obtenida a partir de una entrevista semiestructurada y de los datos de archivo. En función de las descripciones y especificaciones proporcionadas, el evaluador establece una puntuación en una escala de 0 a 2 para cada uno de los rasgos según su grado de adecuación al individuo. A pesar de que la versión juvenil de la escala no proporciona un punto de corte para el diagnóstico clínico, siguiendo los criterios de población adulta, una puntuación en la PCL: YV mayor o igual a 30 sería indicadora de psicopatía. Este instrumento mide una agrupación de rasgos que podría dividirse en dos grandes conglomerados o factores. El primer factor —definido Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 22 por egocentrismo, insensibilidad y falta de remordimiento— describe una constelación de rasgos de personalidad característicos de la faceta afectiva de la psicopatía. El segundo factor —etiquetado como “Estilo de vida crónicamente inestable y antisocial”— hace referencia a diversos descriptores conductuales caracterizados por una propensión al aburrimiento y baja tolerancia a la frustración, problemas de conducta en la infancia, falta de planificación a largo plazo, comportamiento irresponsable y antisocial, etc. No obstante, para garantizar la efectividad de este instrumento, el PCL: YV debe ser aplicado por un evaluador experto, ya que requiere un conocimiento profundo de la concepción de los diferentes rasgos que componen el constructo. El Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI; Hoge y Andrews, 2002) es la versión para jóvenes del Level of Service Inventory-Revised (LSI-R; Andrews y Bonta, 1995, 2003). Al igual que su homólogo, este instrumento está compuesto por un total de 42 ítems, agrupados en 8 dominios (historia delictiva, familia/estilos educativos, educación/empleo, relaciones con los compañeros, abuso de sustancias, ocio/diversión, personalidad/conducta y actitudes), que el evaluador responde en función del grado en que cada uno de ellos describe al joven. El YLS/CMI fue diseñado incialmente para ayudar a los profesionales en la evaluación del riesgo y las necesidades de los jóvenes delincuentes, con el fin de contribuir a la estimación del riesgo de reincidencia y a la planificación de la intervención. La principal diferencia entre el YLS/CMI y otros instrumentos de características similares es que las valoraciones proporcionadas están explícitamente relacionadas con la toma de decisiones. Para ello, el manual incorpora información sobre la valoración de las puntuaciones o rangos específicos que deberían guiar la intensidad y la naturaleza del tratamiento en cada caso. El Inventario de Gestión e Intervención con Jóvenes (IGI-J) es la versión en español del YLS/CMI (Garrido, López y Silva, 2006). Este instrumento permite establecer una clasificación de los jóvenes en tres niveles en función de su riesgo de reincidencia en cada uno de los ocho factores (bajo, medio y alto), y proporciona además una puntuación de reincidencia general según el nivel de riesgo (bajo, medio, alto y muy alto). 23 PROTOCOLO VRAI Proceso de elaboración El Protocolo VRAI ha sido diseñado como un protocolo estructurado, y actualmente informatizado, de valoración del riesgo de reincidencia. Este protocolo pretende servir de guía a los profesionales encargados de la evaluación e intervención con jóvenes infractores, además de favorecer la toma de decisiones por parte de los agentes pertenecientes al sistema de justicia de menores, tanto en relación a las medidas a considerar como en el desarrollo y adaptación de las actuaciones reeducativas. Por tanto, además de contribuir a la evaluación de los diferentes factores de riesgo, el Protocolo VRAI constituye una herramienta útil para la toma de decisiones en cuanto a objetivos, diseño, implementación y evaluación de las intervenciones educativas de mayor efectividad con menores infractores. La investigación que dio lugar al desarrollo del actual Protocolo VRAI se remonta al año 2008. En ese año se estableció un convenio de colaboración entre tres entidades: el grupo de investigación UDIPRE (USC), la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar (Xunta de Galicia) y la Fundación Camiña Social, dedicada a la gestión de centros y programas destinados a la atención, tratamiento y reinserción de menores en conflicto social en la Comunidad Autónoma de Galicia (España). En el marco de este convenio, el grupo UDIPRE llevó a cabo el primer estudio piloto. Para ello, se seleccionaron tres instrumentos ya existentes (el SAVRY, el IGI-J y el PCL-YV) y se elaboró un cuestionario específico para los técnicos. Este cuestionario Protocolo VRAI Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 24 estaba compuesto por un total de 81 preguntas referidas a 17 factores de riesgo relacionados con la conducta antisocial y la probabilidad de reincidencia (e.g., características del vecindario, relaciones familiares, grupo de amigos, consumo de drogas, etc.). Además, se elaboró un cuestionario de autoinforme dirigido a los adolescentes compuesto por escalas breves, algunas existentes y previamente validadas y otras elaboradas ad hoc en función de los objetivos. El primer estudio piloto contó con una muestra constituida por 85 menores con medidas judiciales de distinta naturaleza en la Comunidad Autónoma de Galicia. Del total de jóvenes, 47 contaban con medidas de internamiento y 38 se encontraban en cumplimiento de medidas de libertad vigilada. Complementariamente, un grupo de 202 estudiantes de último ciclo de secundaria fue evaluado utilizando las diferentes escalas de autoinforme. Este primer estudio piloto dio lugar a la elaboración del Protocolo VRAIG (Valoración de Riesgo en Adolescentes Infractores Gallegos) (véase Villar, Luengo, Gómez-Fraguela, Sobral y Romero, 2010). El Protocolo VRAIG se desarrolló como una herramienta de recogida sistemática de información siguiendo a su vez las directrices de los instrumentos SAVRY, PCL-YV e IGI-J. Para su elaboración, se tuvieron en consideración diferentes factores de riesgo y protección relevantes en la predicción de la conducta antisocial, lo cual permitió objetivar y precisar la información necesaria para la valoración de dichos factores. El análisis de la validez retrospectiva de los factores de riesgo evaluados con el VRAIG evidenció índices de validez adecuados, sugiriendo que el protocolo podría considerarse una herramienta válida para: a) registrar y puntuar los factores más importantes en la predicción del riesgo y b) conocer los factores dinámicos más relevantes para el diseño de intervenciones que favorezcan la integración de los menores en riesgo (Villar et al., 2010). El Protocolo VRAIG constituyó la base para la elaboración de un protocolo más actualizado, sistematizado y adaptado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación: el Protocolo VRAI Protocolo VRAI 25 (Protocolo de la Valoración del Riesgo en Adolescentes Infractores) (véase Luengo, Cutrín y Maneiro, 2015). La elaboración del Protocolo VRAI se enmarca dentro del proyecto de investigación “Validación de un protocolo informatizado de valoración y gestión del riesgo en menores infractores” (financiado por la DGICYT, Ministerio de Economía y Competitividad, 2012-2014). Este proyecto, coordinado entre tres universidades españolas (USC, Universidad de Valencia y Universidad de Castilla la Mancha), planteaba como objetivo principal el desarrollo de un protocolo informatizado que pudiera ser incorporado a la práctica profesional, tanto en el ámbito del sistema de justicia como en el de protección de menores. La muestra utilizada en esta fase del estudio procedió de dos Comunidades Autónomas de España (Galicia y Andalucía) e incluía menores en cumplimiento de medidas en centros de justicia juvenil y en centros de acogimiento residencial de protección a la infancia y adolescencia. Además, se contó con una muestra de estudiantes de educación secundaria que fue evaluada en la parte autoinformada del Protocolo VRAI. La muestra definitiva estuvo constituida por 340 menores de centros de justicia juvenil, 150 menores en centros de acogimiento residencial y 656 adolescentes en centros de educación secundaria. En este marco, el Protocolo VRAI se desarrolló como un instrumento informatizado que permitiese la sistematización de la recogida y la valoración de los datos y, por tanto, la gestión del riesgo. Asimismo, el VRAI como instrumento informatizado supuso una iniciativa que respondía al creciente interés por la utilización de herramientas informáticas en la evaluación psicológica. Al respecto, se ha constatado que tal informatización aumentar la eficiencia en el manejo de los datos e incluso mejora la validez de las medidas cuando se pregunta por contenidos sensibles para el evaluado (Feigelson y Dwight, 2000). En los últimos años, la evidencia ha destacado los beneficios de la informatización en aquellos campos en los que la emisión de juicios y la toma de decisiones es una parte fundamental de la labor profesional (Lichtenberger, 2006). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 32 Componentes y factores integrados Factores de riesgo históricos • H1-H2. Historia previa de actos antisociales (violentos y no violentos) La manifestación de actos antisociales en el pasado es uno de los predictores más robustos de la conducta antisocial y delictiva (Andrews y Bonta, 2010b; Borum y Verhaagen, 2006; Herrenkohl, Lee y Hawkins, 2012). Una amplia evidencia ha demostrado que la existencia de conductas antisociales previas se relaciona de forma positiva con la implicación del joven en actividades antisociales y delictivas en un futuro. Así, la implicación en diversas conductas antisociales, como el robo, la venta de drogas o las expulsiones de la escuela, se relaciona fuertemente de forma positiva con la manifestación posterior de conductas violentas y no violentas (Hemphill, Toumbourou, Herrenkohl, McMorris y Catalano, 2006; Mulder, Brand, Bullens y van Marle, 2010). Asimismo, evidencia previa ha encontrado que la versatilidad delictiva, o en otras palabras la implicación en una variedad de conductas delictivas, se asocia con una mayor probabilidad de reincidencia (Schubert, Mulvey y Pitzer, 2016). No obstante, otros estudios no han encontrado relación entre la manifestación conductas antisociales no violentas, como el consumo de sustancias, y la comisión de conductas violentas posteriores (Derzon, 2001). Este resultado refleja la existencia de distintas vías y/o manifestaciones de la conducta antisocial. Es decir, el comportamiento no violento o encubierto (e.g., hurto, absentismo escolar, consumo de sustancias) y el comportamiento violento o manifiesto (e.g., robo con intimidación, agresión física, agresión verbal) parecen mostrar trayectorias distintivas de desarrollo y cronificación (Burt, 2012; Loeber, Burke y Pardini, 2009). Generalmente se ha propuesto que la presencia de conductas violentas predice la implicación en conductas antisociales y delictivas más graves y persistentes, mientras que las conductas antisociales no Protocolo VRAI 33 violentas se han relacionado con conductas antisociales futuras de menor gravedad (Derzon, 2001; Herrenkohl, Catalano, Hemphill y Toumbourou, 2009; Monahan, Steinberg, Cauffman y Mulvey, 2009). No obstante, también se ha propuesto que las conductas antisociales encubiertas pueden cronificarse progresando hacia patrones conductuales más violentos y agresivos (Farrington y Ttofi, 2015; Loeber et al., 2009), especialmente si comienzan a edades tempranas. En suma, la conducta antisocial previa constituye un potente factor de riesgo de la conducta antisocial posterior, especialmente en el caso de la conducta violenta previa ya que ésta se asocia a mayores niveles de severidad de los actos delictivos, persistencia temporal, estabilidad contextual y versatilidad delictiva posterior. Codificación En el VRAI se valoran separadamente la historia de violencia previa y la historia de actos previos no violentos, a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Para la evaluación de la historia de violencia previa se utilizan 8 ítems: 5 ítems relativos a conductas delictivas violentas (e.g., agresión/violencia física) y 3 ítems relativos a otras conductas antisociales violentas (e.g., peleas con iguales). En cuanto a la historia de actos no violentos, se utilizan 10 ítems: 6 ítems relativos a conductas delictivas no violentas (e.g., hurto) y 4 ítems relativos a otras conductas antisociales no violentas (e.g., escaparse de casa sin permiso). En ambos factores, historia de actos violentos e historia de actos no violentos, se utiliza la misma codificación. Para codificar los actos constitutivos de delito, los técnicos valoran los ítems en función de la comisión de los actos y la gravedad de los mismos (no - sí, menos grave - sí, grave). Para la codificación de las conductas antisociales no constitutivas de delito, los técnicos valoran de forma dicotómica la comisión de dichas conductas (no - sí). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 34 Jóvenes Los adolescentes informan de la comisión previa de conductas antisociales violentas y no violentas en los últimos 12 meses a través de la versión reducida del Cuestionario de Conducta Antisocial (CCA; dos Santos, Luengo, Gómez-Fraguela, Holanda y Meneses, 2019; Luengo, Otero, Romero, Gómez-Fraguela y Tavares-Filho, 1999). La historia de violencia previa se evalúa a través de la escala de conductas agresivas (6 ítems; e.g., “Pelearse con otra persona a golpes”). La historia de actos no violentos se evalúa a través de la escala de conducta contra normas (6 ítems; e.g., “Pasar la noche fuera de casa sin permiso”), la escala de robo (6 ítems; e.g., “Coger algo de clase sin permiso y con la intención de robarlo”) y la escala de vandalismo (6 ítems; e.g., “Prender fuego a algo: una papelera, una mesa, un coche, etc.”). Todas las escalas presentan ítems con cuatro alternativas de respuesta en los que los adolescentes especifican la frecuencia con que han emitido ciertas conductas (nunca - 1 o 2 veces - algunas veces - bastantes veces). Estas alternativas de respuesta se codifican, respectivamente, de 0 a 3. • H3. Inicio precoz de la violencia La manifestación de conductas agresivas y violentas en la infancia se ha asociado con una mayor disposición a desarrollar conductas antisociales en la adolescencia y la adultez temprana; del mismo modo que la implicación temprana en actividades delictivas se ha presentado como un importante predictor de la delincuencia posterior (Andrews y Bonta, 2010b; Assink et al., 2015). La evidencia demuestra que solo un pequeño porcentaje de los individuos que presentan conductas antisociales en la infancia llegan a ser delincuentes en la edad adulta (Moffitt, 2018). No obstante, la mayoría de los adultos implicados en actividades delictivas, especialmente si son conductas graves o violentas, han tenido un inicio temprano en comportamientos antisociales. En este sentido, los individuos que manifiestan un inicio precoz de conductas agresivas presentan una trayectoria característica de desarrollo de la conducta antisocial. A diferencia de los jóvenes que inician su carrera antisocial en la adolescencia, los Protocolo VRAI 35 niños con trayectorias antisociales de inicio temprano presentan en su comportamiento antisocial mayor continuidad temporal, mayor estabilidad contextual y mayor variabilidad en su repertorio conductual (Bonta y Andrews, 2017; Dodge y Pettit, 2003; Moffitt, 2006). Se ha comprobado, además, que la severidad, persistencia y cronificación en la conducta antisocial y delictiva es mayor cuando se manifiestan conductas agresivas y violentas a edades tempranas (Broidy et al., 2003; Lacourse et al., 2002; Tibbetts, 2009). Por tanto, el inicio precoz de la conducta antisocial y violenta se ha asociado fuertemente a carreras delictivas más crónicas y persistentes, mayor versatilidad delictiva, la comisión de delitos más graves y violentos, y mayores niveles de reincidencia (López-Romero, Romero y Andershed, 2015; Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington y Wikström, 2002). Además, estos sujetos presentan mayor desadaptación social general y más problemas conductuales en la edad adulta, como problemas psicológicos, financieros o laborales (Huesmann, Dubow y Boxer, 2009; Moffitt, Caspi, Harrington y Milne, 2002; Sentse, Kretschmer, Haan y Prinzie, 2017). Codificación En el VRAI se evalúa el factor inicio precoz de la violencia a través de información proporcionada por los técnicos de los centros. Técnicos Los técnicos deben informar de la edad a la que los menores han cometido las conductas antisociales registradas con anterioridad, ya sean violentas o no violentas. Estas edades se codifican según las conductas se presenten: antes de los 10 años, entre los 10 y los 12 años, y después de los 12 años. Además, los técnicos valoran la presencia de conductas problemáticas en la infancia a través de dos ítems (“¿Alguna de estas conductas se presentó antes de los 10 años?” y “¿Ha tenido problemas de conducta en la infancia en el contexto familiar o escolar?”) que se codifican de forma dicotómica (no - sí). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 36 • H4. Fracaso en intervenciones previas El fracaso en intervenciones previas, entendido como el incumplimiento de una sentencia judicial o la falta de adherencia a intervenciones de tratamiento, se ha relacionado con un peor pronóstico en el desistimiento de la conducta antisocial (Borum et al., 2006). El meta-análisis de Landenberger y Lipsey (2005) ha constatado que la existencia de intentos previos de tratamiento se relaciona significativamente con la reducción de la reincidencia delictiva. No obstante, esta relación se ve reducida si los fracasos y abandonos en dichos intentos previos se tienen en cuenta. Además, se ha comprobado que uno de los predictores más fuertes de la reincidencia grave y violenta es la manifestación de conductas antisociales durante la intervención o tratamiento asignado al joven infractor (Mulder et al., 2010). Asimismo, la presencia de actitudes negativas hacia la autoridad se ha relacionado con una mayor implicación en conductas antisociales (Beerthuizen, Brugman y Basinger, 2013; Tarry y Emler, 2007). Otros estudios han mostrado de forma similar que la presencia de actitudes negativas hacia la autoridad está asociada con la implicación en conductas delictivas más graves y violentas, como la vinculación a una banda criminal (Alleyne y Wood, 2010; Alleyne, Wood, Mozova y James, 2016). Además, la ausencia de actitudes y creencias con respecto a la legitimidad de la ley se asocia con una mayor probabilidad de reincidencia (Schubert et al., 2016). Codificación En el VRAI se evalúa el factor de fracaso en intervenciones previos a través de información proporcionada por los técnicos de los centros. Técnicos Para la evaluación del fracaso o incumplimiento del menor en las intervenciones previas, los técnicos han de responder a dos ítems. A través del ítem “¿El/la joven ha incumplido alguna de las medidas o sentencias judiciales que le han sido impuestas?”, los técnicos valoran la presencia de incumplimientos en medidas previas de forma dicotómica (no - sí). A través del ítem “¿Ha mostrado falta Protocolo VRAI 37 de colaboración en intervenciones de tratamiento previas? (tanto las de régimen cerrado como intervenciones ambulatorias o en medio abierto)”, los técnicos valoran la falta de colaboración en intervenciones previas utilizando tres alternativas de respuesta (no consta - no - sí). • H5. Historia de violencia en el hogar La familia es uno de los contextos más destacados en las clasificaciones internacionales sobre factores de riesgo de conducta antisocial en población adolescente (e.g., Bonta y Andrews, 2017; Farrington, 2005). El microsistema familiar constituye el primer agente socializador en la vida de las personas, de ahí que los procesos implicados en las interacciones entre los miembros de la familia afecten necesariamente al desarrollo psicosocial de los adolescentes (e.g., Bronferbrenner y Morris, 2006; Collins y Steinberg, 2008). Los factores de riesgo familiares engloban no solo los estilos de crianza o las relaciones filio-parentales, sino también todas aquellas interacciones agresivas o violentas que tengan lugar entre los miembros de la familia, así como determinados acontecimientos relacionados con la delincuencia o el abuso de sustancias por parte de los progenitores o cuidadores. Las relaciones agresivas o violentas entre los miembros de una familia, tanto entre los progenitores o cuidadores como de éstos hacia otro miembro de la familia, tienen un impacto negativo en los menores expuestos. La conceptualización de la violencia familiar hace referencia a cualquier “acto u omisión por parte de personas que conviven juntas como familia y que ocasiona graves perjuicios a otros miembros de la misma. Estos perjuicios pueden implicar daños físicos o emocionales, así como la violación de los derechos o libertades de otros miembros de la familia” (Wallace y Roberson, 2015, p.4). Dentro el ámbito de la predicción del riesgo en adolescentes, las tipologías de violencia en el entorno familiar que mayor atención han recibido han sido la exposición a violencia doméstica y el maltrato infantil (Kassis, Artz, Scambor, Scambor y Moldenhauer, 2013). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 38 La exposición a la violencia doméstica ocurre no solo cuando los niños presencian directamente la violencia, sino también cuando intervienen, son conscientes de ella o experimentan las consecuencias de abuso físico o sexual que ocurre entre sus figuras parentales (Edleson, 1999). Así, se ha observado que los jóvenes que han sido expuestos a episodios violentos entre sus figuras parentales en la infancia presentan más problemas de conducta, agresividad, conducta antisocial, delincuencia y consumo de sustancias en la adolescencia (e.g., Howell, Barnes, Miller y Graham-Bermann, 2016; Huang, Vikse, Lu y Yi, 2015; Maneiro, Gómez-Fraguela y Sobral, 2016), resultados que han sido corroborados por diferentes revisiones sistemáticas (Evans, Davies y DiLillo, 2008; Kitzmann, Gaylord, Holt y Kenny, 2003; Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith y Jaffe, 2003). A su vez, se ha planteado la hipótesis de una posible transmisión intergeneracional de la violencia, la cual refiere un incremento de la violencia de pareja en aquellos jóvenes que han sido expuestos a violencia doméstica entre sus figuras parentales (e.g., Cui, Durtschi, Donnellan, Lorenz y Conger, 2010; Narayan, Englund, Carlson y Egeland, 2014). Codificación En el VRAI se evalúa la presencia de violencia en el hogar a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Para la evaluación de la presencia de violencia en el hogar se presentan 3 ítems: “¿Ha presenciado el menor malos tratos en la familia (entre los padres o de éstos hacia alguno de los hermanos del/de la joven)?”, “¿Ha presenciado el/la adolescente algún tipo de insultos, humillaciones o amenazas en la familia (entre los padres o de éstos hacia alguno de los hermanos del/de la joven)?”, y “Debido a esos episodios violentos ¿Ha necesitado alguno de los progenitores (o los hermanos) algún tipo de atención médica, intervención policial o acogimiento en un centro de protección?”. Los técnicos deben valorar mediante cuatro alternativas de respuesta la presencia y la Protocolo VRAI 39 frecuencia de la violencia familiar (nunca - 1 o 2 veces - algunas veces - muchas veces) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Jóvenes Los adolescentes informan de la presencia de violencia en el hogar a través de la escala de violencia familiar del Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ; Organización Mundial de la Salud). Los adolescentes deben valorar la presencia y la frecuencia de la violencia en el hogar a través de 3 ítems [“Se gritaban e insultaban entre ellos”, “Se pegaban entre ellos (agresiones físicas, golpes, patadas, etc.)”, “Se agredían entre ellos con objetos (palos, botellas, cuchillos…)”] utilizando cuatro alternativas de respuesta (casi nunca - pocas veces - bastantes veces - muchas veces). Estas alternativas se codifican de 0 a 3, respectivamente. • H6. Maltrato infantil El maltrato infantil se define como toda forma de violencia que se perpetra contra un menor de edad, (Centro Reina Sofía, 2011). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el maltrato infantil incluye todas las actuaciones que directamente causen o puedan incrementar el riesgo de daño para la salud, desarrollo o dignidad del niño, o que puedan poner en peligro su supervivencia, y que tienen lugar dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Dentro de la categoría de maltrato infantil se incluyen cuatro tipos de maltrato: el maltrato físico, definido como el uso intencional de la fuerza física contra un menor (e.g., cortes, patadas, puñetazos) (Norman et al., 2012); el maltrato psicológico o emocional, referente a todas aquellas actitudes o actuaciones por parte de las figuras parentales que amenazan la seguridad emocional, la aceptación o autonomía del menor (Manly, Cichetti y Barnett, 1994); la negligencia, tanto la falta de supervisión y la carencia en proporcionar un adecuado apoyo emocional, como la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas del menor así como los cuidados médicos y educativos (Logan-Greene y Jones, 2015); y, por último, el abuso sexual, Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 40 considerado como todo aquel acto que involucra al menor en alguna actividad sexual no consentida (Norman et al., 2012). El maltrato infantil constituye una de las amenazas contextuales de mayor riesgo para el desarrollo psicosocial de los menores (Cicchetti, 2013). La victimización de maltrato en la infancia se ha relacionado con una gran variedad de consecuencias negativas, incluyendo conducta antisocial, delincuencia, violencia y consumo de sustancias (e.g., Braga, Gonçalves, Basto-Pereira y Maia, 2017; Fitton, Yu y Fazel, 2018; Malvaso, Delfabbro y Day, 2015). Además, se ha observado una elevada prevalencia de jóvenes en el sistema de justicia juvenil que habían sido víctimas de maltrato en la infancia (e.g., Silva, Graña y González-Cieza, 2014; Vidal et al., 2017; Widom, 2014). A pesar de que gran parte de las investigaciones ha centrado su interés fundamentalmente en el estudio de los efectos del maltrato físico (Fitton et al., 2018), la evidencia empírica ha destacado efectos perjudiciales de la totalidad de las tipologías de maltrato. Específicamente, los hallazgos muestran índices elevados de conductas de tipo externalizante, delincuencia, conducta antisocial y consumo de sustancias en aquellos jóvenes que habían sido víctimas de maltrato físico (e.g., McGrath, Nilsen y Kerley, 2011; Widom y Wilson, 2015), maltrato emocional (e.g., Silva et al., 2014), negligencia (e.g., LoganGreene y Jones, 2015; Ryan, Williams y Courtney, 2013) o abuso sexual en la infancia (e.g., Braga et al., 2017; Watts y McNulthy, 2013). Algunos autores han sugerido además un posible efecto acumulativo de las diferentes tipologías de maltrato que contribuye al incremento del riesgo de conductas antisociales y delictivas (e.g., Baglivio et al., 2016; Logan-Greene, Nurius, Hooven y Thompson, 2015). Codificación En el VRAI se evalúa la presencia de maltrato en la infancia a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Protocolo VRAI 41 Técnicos Para la evaluación del factor relativo al maltrato infantil los técnicos deben responder a 4 ítems (e.g., “¿Ha sufrido el adolescente algún tipo de maltrato físico durante su infancia?”) acerca de la presencia de maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual o trato negligente al menor durante su infancia. A través de estos ítems los técnicos valoran la presencia y la gravedad de dichos actos mediante cuatro alternativas de respuesta (no - sí, con gravedad baja - sí, con gravedad media - sí, con gravedad alta), que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Jóvenes Los menores pueden informar de haber sufrido malos tratos en su infancia a través las escalas integradas en el Childhood Trauma Questionnaire (Bernstein et al., 2003). Mediante 4 escalas los adolescentes pueden informar de la presencia en su infancia de: negligencia física (4 ítems; e.g., “Se aseguraban de que fueras al colegio”), negligencia afectiva (2 ítems; e.g., “Sentías que te querían”), abuso emocional (3 ítems; e.g., “Sentías que te odiaban”) y abuso físico (3 ítems; e.g., “Te castigaban con un cinturón, palos u otros objetos duros”). Estos ítems presentan una escala de respuesta de 4 alternativas (casi nunca - pocas veces - bastantes veces - muchas veces), que se codifica de 0 a 3, respectivamente. Las escalas de negligencia se codifican de forma inversa. • H7. Historia delictiva de padres o cuidadores Entre los factores relacionados con la familia de origen que pueden incrementar el riesgo de conductas antisociales o delictivas en la adolescencia se encuentra la delincuencia familiar. Al respecto, existe evidencia que demuestra una cierta transmisión intergeneracional de la delincuencia; es decir, la probabilidad de llevar a cabos actos antisociales o delictivos se incrementa en aquellos individuos procedentes de familias en las que algún miembro ha llevado a cabo previamente actos violentos o criminales (e.g., Farrington, 2011; Frisell, Lichtenstein y Långström, 2010). Estos hallazgos contribuyen a Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 48 2006; Light y Dishion, 2007). El proceso de asociación con iguales delincuentes ha llegado a describirse como el segundo paso en una secuencia que empieza con el rechazo del grupo de iguales. De este modo, se ha relacionado el rechazo de los iguales en la infancia con la posterior vinculación del adolescente con amigos antisociales, lo que, a su vez, se relaciona con la manifestación de conductas antisociales y consumo de sustancias (Chen, Drabick y Burgers, 2015). No obstante, se ha encontrado que si bien el rechazo de los iguales y la agresividad en la infancia son ambos predictores de un pobre ajuste en la adolescencia, la agresividad es el predictor más consistente de problemas de externalización, mientras que el rechazo de los iguales está más relacionado con problemas de internalización (Coie, Lochman, Terry y Hyman, 1992; Pedersen et al., 2007). Codificación En el VRAI se evalúa el rechazo de los iguales en la infancia a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Para la evaluación del rechazo de los iguales se utilizan 2 ítems: “¿Sabe si el/la menor ha sido rechazado en la infancia por sus iguales?” y “¿Ha sido marginado por sus compañeros?”. Los técnicos informan de la existencia de conductas de rechazo en la infancia mediante tres alternativas de respuesta (no me consta - no - sí). Jóvenes Los adolescentes informan del rechazo sufrido en la infancia por sus iguales a través de una versión de la escala de problemas con los iguales del Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), validado en población adolescente española (Ortuño-Sierra, Chocarro, FonsecaPedrero, Riba y Muñiz, 2015). Mediante esta escala de 5 ítems (e.g., “En mi infancia era una persona solitaria”, “En mi infancia otra gente de mi edad se metía conmigo o se burlaba de mí”) los adolescentes informan de haber sufrido rechazo social en la infancia utilizando 4 Protocolo VRAI 49 alternativas (casi nunca - pocas veces - bastantes veces - muchas veces), que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Dos de los ítems se codifican de forma inversa (i.e., “En mi infancia tuve algún/a buen/a amigo/a” y “Por lo general en mi infancia caía bien a la otra gente de mi edad”). Factores de riesgo psicosociales • PS11. Delincuencia en el grupo de iguales La influencia que el grupo de iguales antisocial ejerce sobre la conducta de los jóvenes es uno de los factores de riesgo más fuertemente relacionado con la implicación en conductas antisociales en la adolescencia (Bonta y Andrews, 2017; Farrington, Ttofi et al., 2009; Monahan, Steinberg y Cauffman, 2009). Se ha sugerido que la influencia del grupo de iguales sobre la conducta antisocial adolescente está determinada por varios factores como la intensidad y la estabilidad de la asociación con los iguales o la proporción de amigos desviados integrados en el grupo (Eassey y Buchanan, 2015; Kreager, Rulison y Moody, 2011; Laursen, Hafen, Kerr y Stattin, 2012). La evidencia ha constatado que las conductas desviadas y delictivas del grupo de amigos influyen directamente sobre la implicación de los adolescentes en una amplia diversidad de conductas antisociales. Así, el comportamiento antisocial dentro de los grupos de iguales se ha asociado directa y fuertemente con la frecuencia de conductas antisociales no violentas y consumo de sustancias (e.g., Burt y Klump, 2009; Cutrín, Maneiro, Sobral y Gómez-Fraguela, 2019a; Snyder, Schrepferman, Bullard, McEachern y Patterson, 2012), así como con conductas violentas más severas (e.g., Dishion, Véronneau y Myers, 2010; Farrington, Ttofi et al., 2009; Herrenkohl et al., 2012). Los iguales antisociales desempeñan un papel importante con respecto a la cronificación de la trayectoria antisocial de los adolescentes. Diversos estudios han indicado que los adolescentes vinculados a iguales antisociales presentan mayores probabilidades de mostrar Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 50 conductas antisociales y delictivas con mayor frecuencia y cada vez más severas (e.g., Henry, Tolan, Gorman-Smith y Schoeny, 2012; van Ryzin y Dishion, 2013). Por otra parte, se ha encontrado que el consumo de sustancias en el grupo de iguales se asocia con el consumo de sustancias en los adolescentes en mayor medida que con otros tipos de comportamiento problemático (e.g., Luengo et al., 2008; Monahan, Rhew, Hawkins y Brown, 2014; Tompsett, Domoff y Toro, 2013). Asimismo, se ha propuesto que la vinculación del joven con un grupo antisocial puede aumentar la probabilidad de verse involucrado en conductas poco saludables, como mantener relaciones sexuales de riesgo o la maternidad prematura (Dishion, Ha y Véronneau, 2012; Lansford, Dodge, Fontaine, Bates y Pettit, 2014). No obstante, esta influencia antisocial no es unidireccional sino que existe una relación recíproca entre la conducta problemática y la elección del tipo de amigos. Así, la asociación con iguales desviados parece reforzar la conducta problemática aumentando la implicación en conductas delictivas, a la vez que la propia manifestación de conductas disruptivas y la participación en actividades delictivas parece relacionarse con una mayor tendencia a seleccionar amistades antisociales (Brook, Brook, Rubenstone, Zhang y Saar, 2011; Burk, van der Vorst, Kerr y Stattin, 2012; Dishion et al., 2010). Codificación En el VRAI se evalúan las actividades delictivas realizadas por el grupo de iguales a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Para la evaluación de la delincuencia en el grupo de iguales de los jóvenes, los técnicos responden al ítem “¿Sale a menudo con amigos que estén implicados en actividades delictivas?” de forma dicotómica (no - sí). Además, los técnicos valoran el grado en que el menor establece relación con amistades antisociales indicando cuántos de sus amigos son delicuentes (ninguno - casi ninguno - algunos - la Protocolo VRAI 51 mitad - bastantes - casi todos - todos). Estas alternativas se codifican de 0 a 6, respectivamente. Jóvenes Los adolescentes informan de la presencia de conductas antisociales en su grupo de iguales a través de la subescala de conducta antisocial integrada en la Escala de Amigos Desviados (Cutrín, Maneiro, Sobral y Gómez-Fraguela, 2019c). Los adolescentes valoran la frecuencia con la que sus mejores amigos presentan conductas antisociales o se involucran en actividades delictivas mediante 8 ítems (e.g., “Tienen problemas con sus padres/madres por no obedecer”, “Se meten en peleas o pegan a otros chicos/as”). Estos ítems presentan cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. • PS12. Escasas habilidades parentales Conflicto familiar Los resultados encontrados en diversas investigaciones muestran que un elevado nivel de conflicto familiar o conflicto filio-parental se asocia de forma significativa con el incremento de conductas antisociales y delictivas de los adolescentes (Derzon, 2010; Hoeve et al., 2009; Pardini, Waller y Hawes, 2015). El aumento del nivel de conflictividad en las relaciones familiares es común durante la pre-adolescencia, volviendo a niveles previos según avanza la adolescencia (Collins y Laursen, 2004; Collins y Steinberg, 2008). Sin embargo, cuando la conflictividad aumenta por encima de los niveles considerados normativos, las relaciones conflictivas podrían influir en la idoneidad y la eficacia de las prácticas parentales (Krishnakumar y Buehler, 2000; Simons-Morton, Chen, Hand y Haynie, 2008), llevando a una resolución de problemas inadecuada y a un incremento problemático del conflicto familiar. De esta manera la evidencia ha demostrado que un excesivo conflicto familiar está significativamente relacionado con el aumento de la Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 52 manifestación de conductas antisociales en los jóvenes (Burt, McGue, Krueger y Iacono, 2005; Farrington, Ttofi et al., 2009; Klahr, McGue, Iacono y Burt, 2011). La negatividad expresada y la frustración, la ira y las críticas hacia el hijo se han asociado con un incremento de la conducta antisocial en éste (Hoeve et al., 2009; Larsson, Viding, Rijsdijk y Plomin, 2008). Numerosos estudios evidenciaron cierta relación entre el conflicto inter-parental y diferentes síntomas externalizantes, problemas de conducta y delincuencia en los menores (Benson, Buehler y Gerard, 2008; Cummings, Davies, Schermerhorn, Goeke-Morey y Cummings, 2006). Además, los niños y niñas que conviven en familias disfuncionales muestran unos índices mayores de delincuencia que aquellos que pertenecen a familias funcionales (Haas et al., 2004; Juby y Farrington, 2001). Conocimiento parental La supervisión ha sido una variable familiar ampliamente relacionada con la conducta antisocial de los adolescentes. Este constructo hace referencia a las estrategias socializadoras por parte de los padres, incluyendo el establecimiento de normas y límites, la aplicación de sanciones, la exigencia de responsabilidades, la monitorización o el conocimiento parental (Kerr y Stattin, 2000; Laird, Marrero y Sentse, 2010; Oliva, 2006). La supervisión estrecha es frecuentemente recomendada como una medida de prevención de los problemas de conducta adolescentes (Simons-Morton et al., 2008). Numerosos estudios han analizado la relación entre la supervisión parental y las conductas problemáticas de los menores, incluyendo violencia y delincuencia, hallando una relación significativa negativa entre ambas variables (Hoeve et al., 2009; Johnson, Giordano, Manning y Longmore, 2011). Específicamente, el escaso conocimiento que los padres tienen de las actividades y amistades de sus hijos se ha relacionado fuertemente con la manifestación de conductas antisociales y delictivas en la adolescencia (Eaton, Krueger, Johnson, McGue y Iacono, 2009; Johnson et al., 2011; Kerr, Stattin y Burk, 2010). El nivel de conocimiento puede derivarse de tres fuentes de información: la autorrevelación Protocolo VRAI 53 adolescente, la solicitación parental y el control parental (Kerr y Stattin, 2000; Stattin y Kerr, 2000). No obstante, diversos estudios han indicado que la autorrevelación adolescente es el predictor más robusto del conocimiento parental, en comparación con la petición de información y el control de los padres (Cutrín, Maneiro, Sobral y Gómez-Fraguela, 2019b; Kerr et al., 2010; Racz y McMahon, 2011). Apoyo familiar El apoyo familiar, entendido como el comportamiento parental que hace al hijo sentirse cómodo, aceptado y aprobado, puede ser representado en un rango de conductas como aceptación, afecto, apego, calidez, comunicación e intimidad (Hoeve et al., 2009; Huver, Otten, de Vries y Engels, 2010). En general, un estilo parental basado en el apoyo está relacionado con menos problemas de conducta, delincuencia y violencia (Buck y Dix, 2014; Lahlah, van der Knaap, Bogaerts y Lens, 2014; Zheng y Cleveland, 2013). La evidencia ha indicado que la implicación positiva del padre y la madre con los hijos se asocia con un menor índice de problemas de conducta en los menores (Bosmans, Braet, van Leeuwen y Beyers, 2006; Reitz, Deković y Meijer, 2006). Asimismo, las relaciones afectivas caracterizadas por la calidez emocional se relacionan de forma inversa con el comportamiento antisocial en los menores (Goldstein, Davis-Kean y Eccles, 2005). Por el contrario, la falta de apego hacia el cuidador principal es considerado como un factor de riesgo en la aparición de problemas de conducta en los jóvenes (Levy y Orlans, 2000). El estudio meta-analítico de Hoeve et al. (2012) ha demostrado que la falta de relaciones de apego con los padres, y especialmente con la madre, se relaciona con la presencia de conductas delictivas en la adolescencia. Por otro lado, se ha encontrado que la disciplina parental severa (Benson et al., 2008; Burnette, Oshri, Lax, Richards y Ragbeer, 2012) y el rechazo o falta de aceptación de alguno de los progenitores influyen significativamente sobre la conducta antisocial de los adolescentes (Hoeve et al., 2009; Krishnakumar, Buehler y Barber, 2003). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 54 Codificación En el VRAI se evalúan las escasas habilidades de los padres para educar, utilizando como indicadores la presencia de conflicto y la ausencia de conocimiento parental y apoyo familiar. La evaluación de este factor se realiza a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Para la evaluación de la falta de habilidades parentales para educar, los técnicos han de responder a dos bloques diferenciados de ítems. En el primero se presentan 3 ítems que evalúan la calidad de las relaciones familiares y la capacidad de los padres para controlar el comportamiento de los hijos (“¿Ha tenido o tiene malas relaciones con su padre?”, “¿Ha tenido o tiene malas relaciones con su madre?”, “¿Sus padres han tenido problemas para controlar su comportamiento?”). Los técnicos deben informar de la existencia de estos problemas de forma dicotómica (no - sí). El segundo bloque está formado por 10 ítems mediante los cuales los técnicos valoran las habilidades educativas parentales positivas (e.g., “Establecían normas educativas mínimas para el niño/a”, “Dialogaban con el niño”) y las habilidades educativas parentales negativas (e.g., “Le dejaban solo en casa sin que éste tuviese edad para ello”, “Se relacionaban con el niño/a a gritos, amenazas o riñas”). Estos ítems presentan cinco alternativas de respuesta (no consta - nunca - algo - bastante - siempre), que se codifican de 0 a 3. Jóvenes Los adolescentes informan de las habilidades educativas parentales a través de tres escalas que evalúan el nivel de conflicto, conocimiento y apoyo en el ambiente familiar. Todas ellas presentan ítems con cuatro alternativas de respuesta (casi nunca - pocas veces - bastantes veces - muchas veces), que se codifican de 0 a 3, respectivamente. La escala de conflicto familiar está basada en la versión abreviada del Conflict Behavior Questionnaire (CBQ-20; Robin y Foster, 1989) y está constituida por 7 ítems mediante los cuales los adolescentes valoran la Protocolo VRAI 55 presencia de conflictos en el ámbito familiar (e.g., “Nos cuesta estar de acuerdo”, “Las conversaciones que tenemos me sacan de quicio”). Por otra parte, los adolescentes valoran el nivel de conocimiento parental a través de la versión española de la escala de Kerr y Stattin (2000) (Cutrín et al., 2019b), que está compuesta por 8 ítems (e.g., “Saben qué haces en tu tiempo libre”, “Saben a dónde vas cuando sales con tus amigos/as”). Por último, los adolescentes evalúan el nivel de apoyo parental a través de la escala de afecto y comunicación de Oliva, Parra, Sánchez-Queija y López (2007), que está constituida por 8 ítems (e.g., “Me siento apoyado y comprendido por ellos”, “Si tengo algún problema puedo contar con su ayuda”). Los valores bajos en las escalas de conocimiento parental y apoyo parental son indicativos de presencia de riesgo. • PS13. Falta de apoyo social La ausencia de apoyo social ha sido identificada como un factor de riesgo de la conducta antisocial adolescente (e.g., Bender y Lösel, 1997). El apoyo social hace referencia a todos aquellos recursos o provisiones de la comunidad y las redes sociales, incluyendo las relaciones íntimas y de confianza, así como la valoración que hace el individuo sobre ellos (e.g., Gottlieb y Bergen, 2010; Lin, 1986). La definición de apoyo social abarca una serie de conceptos referentes a la integración social, la red social o el propio contenido de las interacciones sociales (House, Landis y Umberson, 1988). De este modo, se incluyen dentro de esta denominación diferentes estratos del contexto social que hacen referencia, en líneas generales, a la integración en la comunidad, la vinculación con familia, amigos o compañeros, o las relaciones íntimas que implican un sentimiento de compromiso (Gracia y Herrero, 2006). Sin embargo, es necesario establecer una distinción entre el apoyo social recibido y el apoyo social percibido. El primero hace referencia al conjunto de interacciones y provisiones específicas de apoyo objetivas que se producen entre los diferentes miembros de la red social, mientras que el segundo se refiere a la valoración que el propio individuo realiza sobre estas provisiones e interacciones (e.g., Cohen, Underwood y Gottlieb, 2000; Vangelisti, 2009). Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 56 La relación entre la falta de apoyo social y la subsecuente implicación en conductas antisociales o delictivas ha tratado de explicarse en base a la Teoría del apoyo social (Cullen, 1994). Esta teoría sugiere que el riesgo de delincuencia se reduce en aquellos individuos que conviven en entornos que proporcionan más apoyo. En esta línea, se ha planteado que el apoyo tanto de familiares como de amigos amortigua el efecto de determinados factores de riesgo (e.g., Anderson, Donlan, McDermott y Zaff, 2015) y contribuye a la disminución del riesgo de conductas violentas a través del sentimiento de aceptación en el grupo de iguales normativo, la reducción de la frustración y una percepción de apoyo general (e.g., Dodge y Pettit, 2003). Asimismo, se ha comprobado que la vinculación y la percepción de apoyo de un adulto socialmente integrado, como un profesor o un vecino, se relaciona con un menor consumo de sustancias y una menor implicación del joven en conductas delictivas no violentas (Zimmerman, Bingenheimer y Notaro, 2002). Por consiguiente, algunos autores consideran que la falta de figuras de apoyo estables y positivas en el entorno social dificulta un adecuado ajuste y favorece la aparición de conductas antisociales (Chu, Saucier y Hafner, 2010; Makarios y Sams, 2013). No obstante, en ocasiones el apoyo social recibido no ejerce un efecto directo, sino que es la percepción de apoyo social la que influye significativamente sobre la implicación en actividades delictivas, violencia o consumo de sustancias (e.g., Méndez y Barra, 2008; Musitu y Cava, 2003). Codificación En el VRAI se evalúa el apoyo social de los adolescentes a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Valores bajos en esta variable son indicativos de presencia de riesgo. Específicamente en este factor, la presencia de puntuaciones extremadamente altas es un indicativo de que la red de apoyo social se puede considerar un factor de protección. Protocolo VRAI 57 Técnicos Para evaluar la red de apoyo social del menor, los técnicos aportan información a través de 3 ítems acerca del apoyo personal que el menor recibe en diferentes contextos: la escuela, la familia y la comunidad (“¿Cuenta el/la adolescente en su entorno con personas adultas socialmente integradas dispuestas a ofrecerle apoyo y soporte emocional?”). Los técnicos deben señalar la calidad de estas relaciones en un rango de 3 alternativas de respuesta (no - sí, pero superficial - sí, estable e intenso), que se codifican de 0 a 2. A través de un cuarto ítem (“¿Tiene una relación estable y fuerte al menos con un adulto?”) los técnicos valoran de forma dicotómica la presencia o ausencia de vínculos psicosociales de apoyo (no - sí). Jóvenes Los adolescentes informan de su red de apoyo psicosocial a través de una escala basada en la escala de Friborg, Hjemdal, Rosenvinge y Martinussen (2003), compuesta por 7 ítems con cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) (e.g., “Cuento con personas que me apoyan cuando tengo problemas”, “En mi entorno hay personas que realmente se preocupan por mí”). Estas alternativas de respuesta se codifican de 0 a 3, respectivamente. • PS14. Entorno marginal El entorno marginal se ha presentado como un factor de riesgo relevante para el desarrollo de problemas conductuales. Los términos empleados para definir la desventaja social presente en una comunidad han sido diversos, tales como marginación, pobreza o estatus socio-económico, dando lugar a multitud de inconsistencias en la literatura (Cutrín, Gómez-Fraguela, Maneiro y Sobral, 2016). Una de las variables contextuales que más interés ha recibio ha sido el estatus socioeconómico. Desde la tradición sociológica clásica se ha hecho referencia a una relación directamente proporcional entre la probreza o bajo estatus socioeconómico y la manifestación de conductas violentas y antisociales la adolescencia (Farrington, Loeber y Berg, 2012; Murry, Berkel, Gaylord-Harden, Copeland-Linder y Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 64 reactiva, caracterizada por arrebatos de ira y ausencia de control ante un estresor externo o provocación, y la agresión proactiva, definida por una orientación hacia la consecución de objetivos y conductas principalmente instrumentales que no requieren ni provocación ni sentimientos de ira (e.g., Barker, Tremblay, Nagin, Vitaro y Lacourse, 2006). A pesar de que la agresión reactiva y proactiva están estrechamente relacionadas, diversos estudios han mostrado evidencias en relación a la validez de constructo que sugieren una independencia entre ambas (e.g., Dodge y Coie, 1987; Rieffe et al., 2016). Asimismo, diversas características individuales y de personalidad predicen patrones conductuales reactivos o proactivos de modo diferencial. Específicamente en relación a los Cinco Grandes (i.e., Amabilidad, Responsabilidad, Extraversión, Neuroticismo y Apertura a la experiencia), se ha observado que el predictor más robusto de la agresión reactiva es el relativo a la faceta de Amabilidad en sentido negativo (e.g., Dinić y Wertag, 2018). Esta faceta captura los indicadores de ira e impaciencia y que representa el polo opuesto de la hostilidad (Ashton, Lee y de Vries, 2014). Por tanto, los individuos con altas puntuaciones en hostilidad parecen tener una mayor tendencia hacia conductas agresivas de tipo reactivo, mientras que la agresión proactiva parece estar determinada por la presencia de otros factores. Codificación En el VRAI se evalúa la presencia de problemas en el manejo del enfado a través de información proporcionada por los propios menores mediante autoinforme. Jóvenes Para evaluar la presencia de problemas en el manejo de la ira y de atribuciones hostiles, los adolescentes responden a una escala basada en la escala de hostilidad del SCL-90-R (Derogatis, 2002) compuesta por 6 ítems (e.g., “Me irrito o enfado con facilidad”, “Grito o tiro cosas a menudo”). Los adolescentes valoran su capacidad para controlar la ira y manejar el enfado a través de cuatro alternativas Protocolo VRAI 65 de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Adicionalmente, los jóvenes deben responder a una escala basada en el Cuestionario de agresión reactiva-proactiva de Raine et al. (2006), validado en población adolescente española (Andreu, Peña y Ramírez, 2009). Los adolescentes señalan en qué medida se ven involucrados en conductas agresivas de forma proactiva (12 ítems; e.g., “He destrozado algo para divertirme”, “He usado la fuerza física para conseguir que otros hagan lo que yo quiera”) o reactiva (11 ítems; e.g., “He reaccionado furiosamente cuando otros me han provocado”, “He llegado a pegar a alguien al verme ridiculizado”). Estos ítems presentan cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. • I18. Asunción de riesgos/impulsividad La impulsividad constituye una dimensión de personalidad central en las teorías etiológicas de la criminalidad y la delincuencia (e.g., Gottfredson y Hirschi, 1990; Hare, 1991; Moffitt, 1993). La impulsividad se caracteriza por un déficit en el autocontrol conductual personal, así como por una incapacidad en la demora, inhibición y falta de consideración de las consecuencias futuras (e.g., Ivanov et al., 2011; Lynam, 2011). La investigación al respecto muestra que las dimensiones de personalidad caracterizadas por un déficit en el control de impulsos y la desinhibición conductual influyen significativamente sobre el desarrollo de los problemas de conducta, delincuencia y conducta antisocial adolescente (e.g., Jolliffe y Farrington, 2009; Lynam, 2011; Romero, Luengo y Sobral, 2001; Sobral, Romero y Marzoa, 2000). Estos resultados han sido confirmados en diversos meta-análisis (Jones, Miller y Lynam, 2011; Miller y Lynam, 2001; Pratt y Cullen, 2000). Asimismo, se ha observado una influencia significativa de la impulsividad y la falta de autocontrol sobre el consumo de sustancias y otras conductas de riesgo (Lejuez et al., 2010; Littlefield, Stevens y Sher, 2014). Un porcentaje cada vez mayor de investigaciones sugiere que la impulsividad no constituye una dimensión unitaria de personalidad, sino que se trata de un constructo de naturaleza multidimensional Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 66 (e.g., Cloninger, Przybeck y Svrakic, 1991). Whiteside y Lynam (2001) identificaron cuatro facetas de personalidad asociadas a conductas de tipo impulsivo: Urgencia, (ausencia de) Premeditación, (ausencia de) Perseverancia y Búsqueda de Sensaciones. La urgencia, posteriormente denominada urgencia negativa, hace referencia a la tendencia a experimentar impulsos intensos, generalmente bajo condiciones de afecto negativo. La Premeditación se refiere a la tendencia a pensar o reflexionar sobre las consecuencias de un acto antes de llevar a cabo la acción. La Perseverancia refleja la habilidad de un individuo para permanecer centrado en una tarea que implica dificultad o aburrimiento. Por último, la conceptualización de la Búsqueda de Sensaciones incorpora dos aspectos: por un lado, una tendencia a perseguir y disfrutar de actividades excitantes y, por otro, una apertura a nuevas experiencias que pueden o no ser peligrosas (Whiteside y Lynam, 2001). Posteriormente se incluyó una nueva dimensión denominada Urgencia Positiva que hace referencia a la tendencia a actuar de forma precipitada en estados de afecto positivos (Cyders y Smith, 2007). Los estudios llevados a cabo con muestras de adolescentes o preadolescentes muestran efectos diferenciales de las distintas facetas de impulsividad sobre la aparición de conductas antisociales o delictivas (e.g., Maneiro, Gómez-Fraguela, Cutrín y Romero, 2017; Pihet, Combremont, Suter y Stephan, 2012; Urben, Suter, Pihet, Straccia y Stephan, 2015). Igualmente, se han observado relaciones significativas de las diferentes facetas sobre el consumo de alcohol y otras drogas (e.g., Coskunpinar, Dir y Cyders, 2013; Fischer, Settles, Collins, Gunn y Smith, 2012), así como sobre la cantidad de alcohol consumida (Robinson, Ladd y Anderson, 2014) y los problemas derivados del consumo de sustancias (Settles et al., 2012). Codificación En el VRAI se evalúa el grado de asunción de riesgos y la impulsividad a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Protocolo VRAI 67 Técnicos Los técnicos deben responder a la cuestión “El/la adolescente ¿ha realizado alguna vez locuras o cosas peligrosas para divertirse?” para evaluar la presencia de asunción de riesgos e impulsividad en la personalidad del menor de forma dicotómica (no - sí). Jóvenes Los adolescentes informan de la presencia de rasgos de personalidad impulsivos respondiendo a las cinco subescalas integradas en la versión abreviada del UPPS-P (Cándido, Orduña, Perales, Verdejo-García y Billieux, 2012), validado previamente en relación a la conducta antisocial adolescente en contexto español (Maneiro et al., 2017). Los adolescentes deben valorar la presencia de rasgos de urgencia negativa (4 ítems; e.g., “Cuando me siento rechazado, digo cosas de las que luego me arrepiento”), urgencia positiva (4 ítems; e.g., “Cuando estoy muy feliz, veo bien dejarme llevar por mis deseos o darme algún capricho de más”), premeditación (4 ítems; e.g., “Antes de implicarme en un nuevo proyecto me gusta informarme sobre qué puedo esperar de él”), perseverancia (4 ítems; e.g., “Soy una persona que siempre deja el trabajo hecho”) y búsqueda de sensaciones (4 ítems; e.g., “Me gustan las experiencias y sensaciones nuevas y excitantes”). Estas escalas presentan cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Las escalas de premeditación y perseverancia se codifican de forma inversa. • I19. Falta de empatíal La empatía es definida como la habilidad para entender y compartir el estado emocional de los otros (Cohen y Strayer, 1996). Esta conceptualización pone de manifiesto la naturaleza multidimensional del constructo, reflejando un componente cognitivo y un componente emocional (e.g., Marshall y Marshall, 2011; van Lagen, Wissink, van Vugt, van der Stouwe y Stams, 2014). La empatía cognitiva es considerada como la habilidad para comprender los sentimientos y emociones de otras personas, mientras que la empatía afectiva es Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 68 la capacidad para compartir ese estado emocional y experimentar sentimientos similares a los de la otra persona (e.g., Van Lagen et al., 2014). Los hallazgos al respecto han evidenciado una fuerte asociación entre la empatía cognitiva y la delincuencia, mientras que la empatía afectiva se ha asociado débilmente con las conductas delictivas (e.g., Férriz, Sobral y Gómez-Fraguela, 2018; Jollife y Farrington, 2004; van Langen et al., 2014). En general los individuos caracterizados por bajos niveles de empatía presentan un riesgo mayor de desarrollo de conductas de tipo externalizante, como agresión y delincuencia (Marshall y Marshall, 2011; Mulder et al., 2010). La empatía constituye, a su vez uno de los componentes fundamentales de la dureza emocional es considerada como el constructo principal de la faceta afectiva de la psicopatía (Frick y White, 2008), que se caracteriza por un afecto superficial y falta de empatía (Hare y Neumann, 2008), así como por insensibilidad emocional, ausencia de sentimientos de culpa y falta de preocupación hacia los demás (Muñoz y Frick, 2012). De este modo, aunque los conceptos relativos a la empatía y la dureza emocional están estrechamente vinculados, pueden también considerarse en términos opuestos (Zych, Ttofi y Farrington, 2016). Es decir, los índices elevados de dureza emocional predicen conducta antisocial y delincuencia mientras que son los niveles bajos de empatía los que se relacionan más fuertemente con estas conductas (e.g., López-Romero, Romero et al., 2015). La dureza emocional se ha considerado, a su vez, como uno de los predictores más robustos de los patrones antisociales de mayor severidad y persistencia (e.g., Frick, Ray, Thornton y Kahn, 2014; López-Romero, Gómez-Fraguela y Romero, 2015), dando lugar a la inclusión de un especificador para los trastornos de conducta -“con emociones prosociales limitadas”- en la última versión del DSM (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) (Salekin, 2015). Codificación En el VRAI se evalúa el nivel de empatía a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Protocolo VRAI 69 Técnicos Para la evaluación del nivel de empatía del menor, los técnicos aportan información a través de 2 ítems: “¿Asume la responsabilidad de sus actos?” y “¿Siente remordimiento o se arrepiente de su mal comportamiento?”. Los técnicos valoran el grado en que el adolescente presenta esos comportamientos utilizando tres alternativas de respuesta (nada - poco - mucho) que se codifican de 0 a 2. Jóvenes Los adolescentes informan de su nivel de empatía a través de la versión breve de la Basic Empathy Scale (Joliffe y Farrington, 2006), adaptada previamente a contexto español (Oliva et al., 2011). Los jóvenes informan a través un total de 9 ítems de la presencia de rasgos de empatía afectiva (4 ítems; e.g., “Los sentimientos de los demás me afectan con facilidad”, “Me pongo triste cuando veo a gente llorando”) y de empatía cognitiva (5 ítems; e.g., “Cuando alguien está deprimido suelo comprender cómo se siente”, “Puedo notar cuándo están contentos los demás”). Los ítems presentan cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Los valores bajos en esta variable son indicativos de presencia de riesgo. • I20. Narcisismo Entre las predisposiciones individuales que mayor interés ha generado en relación con la empatía y la dureza emocional se encuentra el narcisismo (Hepper, Hart, Meek, Cisek y Sedikides, 2014; Herrington, Barry y Loflin, 2014). El narcisismo constituye uno de los determinantes principales de la faceta interpersonal del constructo de psicopatía (Hare y Neumann, 2008), la cual se ha relacionado fuertemente con la conducta antisocial y el consumo de sustancias en adolescentes (e.g., Bergstrom y Farrington, 2018; Colins, Noom y Vanderplasschen, 2012; Muñoz, Kimonis, Frick y Aucoin, 2013). Además, tal como han planteado Paulhus y Williams (2002), el narcisismo es uno de los tres componentes principales que definen la denominada tríada oscura de la personalidad, la cual define un Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 70 patrón de personalidad socialmente aversivo que se asocia fuertemente con la conducta antisocial (e.g., Maneiro, López-Romero, Gómez-Fraguela, Cutrín y Romero, 2019), criminalidad y delincuencia (e.g., Flexon, Meldrum, Young y Lehman, 2016), agresión (e.g., Vize, Lynam, Collison y Miller, 2018) y consumo de sustancias (e.g., Flexon et al., 2016). El propio constructo de narcisismo de forma independiente se ha asociado, a su vez, con un amplio rango de consecuencias psicosociales negativas en la adolescencia. Así, los individuos caracterizados por rasgos narcisistas de personalidad han evidenciado índices más elevados de delincuencia (e.g., Barry, Grafeman, Adler y Pickard, 2007; Barry y Wallace, 2010) y agresión proactica y reactiva (e.g., Barry, Pickard y Ansel, 2009; Thomaes, Bushman, Stegge y Olthof, 2008). Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el interés por el estudio de las diferentes dimensiones de la personalidad narcisista, así como la relación de cada una de ellas con la conducta antisocial y la delincuencia. De este modo, se establece una diferencia entre el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. El narcisismo grandioso hace referencia a los individuos caracterizados por falta de modestia, egocentrismo, autopercepción inflada de valía personal y arrogancia. Por su parte, el narcisismo vulnerable describe a individuos inmersos en sí mismos, desconfiados, ansiosos y frágiles a nivel psicológico (Miller, Lynam, Hyatt y Campbell, 2017). La investigación al respecto evidencia efectos tanto del narcisismo grandioso como del narcisismo vulnerable sobre la agresión reactiva y proactiva (e.g., Lobbestael, Baumeister, Fiebig y Eckel, 2014), aunque sugiere que el narcisismo grandioso puede influir en mayor medida sobre determinadas tipologías agresivas, como agresión conductual global y agresión proactiva (Lobbestael et al., 2014). Codificación En el VRAI se evalúa el narcisismo a través de información proporcionada por los propios menores mediante autoinforme. Protocolo VRAI 71 Jóvenes Los adolescentes informan de la presencia de rasgos de personalidad narcisistas a través de la versión española abreviada del Youth Psychopathic traits Inventory (YPI; Orue y Andershed, 2015). Los jóvenes valoran en qué media presentan sentimientos de grandiosidad y capacidad para manipular a los demás mediante 6 ítems (e.g., “Puedo engañar a los demás utilizando mi sonrisa y mi encanto personal”, “Estoy destinado a convertirme en una persona conocida, importante e influyente”) utilizando cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho). Estas alternativas se codifican de 0 a 3, respectivamente. • I21. Problemas de concentración/hiperactividad Los problemas de concentración e hiperactividad implican un déficit en el control y mantenimiento de la atención, inquietud motora y conductas impulsivas, interfiriendo habitualmente en las actividades del joven. El DSM-5 (APA, 2013) reconoce dos dominios específicos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en función de la presencia de diferentes síntomas: por un lado la desatención y, por otro, la hiperactividad-impulsividad. Los hallazgos evidencian índices mayores de delincuencia, incluyendo mayor variedad de conductas delictivas, edades de inicio más tempranas y severidad de la delincuencia, así como una mayor prevalencia de abuso de sustancias, en jóvenes que habían sido diagnosticados de TDAH en la infancia (Lee, Humphreys, Flory, Liu y Glass, 2011; Sibley et al., 2011). Se ha observado que el grupo caracterizado por déficit de atención con hiperactividad se relaciona fuertemente con el riesgo de consumo de sustancias y presenta un índice mayor de conducta antisocial y encarcelamientos en la edad adulta (Bihlar, Jokinen, Bölte y Hirvikoski, 2013; Tam, Adinof, Nakonezny, Winhusen y Riggs, 2012). Asimismo, se ha encontrado que los delincuentes con TDAH reinciden más rápido y muestran índices más elevados de reincidencia en comparación con los delicuentes que no presentan este trastorno Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 72 (Philipp-Wiegmann et al., 2018). Becker y McCloskey (2002) analizaron los problemas de atención de forma aislada encontrando que únicamente los varones con problemas de este tipo tienen una mayor probabilidad de mostrar problemas de conducta y posteriormente delincuencia en la adolescencia. Por su parte, Hawkins et al. (2000) estudiaron la hiperactividad de forma independiente y encontraron relaciones significativas con la conducta antisocial. No obstante, el TDAH presenta una alta comorbilidad con otros trastornos del desarrollo, la personalidad o el comportamiento. Al respecto, los estudios han mostrado que los jóvenes que presentan simultáneamente TDAH y trastorno de conducta muestran niveles más elevados de conducta delictiva y peores consecuencias derivadas de los actos delictivos (Mordre, Groholt, Kjelsberg, Sandstad y Myhre, 2011; Sibley et al., 2011). Codificación En el VRAI se evalúa la presencia de problemas de concentración e hiperactividad a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Los técnicos aportan información acerca de la presencia de problemas de conducta derivados de falta concentración o hiperactividad a través del siguiente ítem: “Actualmente, ¿se han detectado en el/la joven problemas de atención, concentración o inquietud reseñables que le dificulten desempeñar adecuadamente sus obligaciones dentro del centro?”. Los técnicos señalan la presencia de este tipo de problemas utilizando tres alternativas de respuesta (no me consta - no - sí). Jóvenes Los adolescentes informan de la presencia de problemas de concentración e hiperactividad (e.g., “No puedo permanecer quieto mucho tiempo”, “Me distraigo con facilidad, me cuesta concentrarme”) a través de la escala de hiperactividad de la versión española del SDQ (Ortuño-Sierra et al., 2015). Esta escala de 5 ítems presenta cuatro Protocolo VRAI 73 alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Dos de los ítems se codifican de forma inversa (i.e., “Tengo buena concentración” y “Pienso las cosas antes de hacerlas”). • I22. Baja colaboración con la intervención Por colaboración con la intervención se entiende la motivación por participar, el reconocimiento de los riesgos, las expectativas de cambio o la adherencia al programa de tratamiento (Borum et al., 2006). Como se ha planteado en el factor Fracaso en intervenciones previas, la manifestación de conductas antisociales durante la intervención o tratamiento asignado a los jóvenes delincuentes se ha presentado como un potente predictor de la reincidencia grave y violenta (Mulder et al., 2010). Se ha encontrado específicamente con muestras de delincuentes sexuales que los reincidentes presentan más problemas conductuales y más dificultades de colaboración durante la supervisión, siendo las actitudes y el comportamiento de los delincuentes durante el periodo de seguimiento los factores más fuertemente relacionados con la reincidencia (Hanson y Harris, 2000). Asimismo, estudios previos han demostrado que la falta de cumplimiento de las normas y las tareas establecidas en la intervención, así como de los objetivos establecidos en la misma, se presentan con mayor frecuencia en los jóvenes que reinciden frente a los que no reinciden (Contreras, Molina y Cano, 2017). Por otra parte, se ha considerado que mantener una actitud positiva hacia la autoridad y hacia las intervenciones es un factor de protección ante el desarrollo y mantenimiento de los problemas de conducta y la reincidencia en conductas delictivas. Además, se ha encontrado que aquellos jóvenes que nunca han delinquido presentan actitudes hacia padres, profesores y policías más positivas que aquellos jóvenes delincuentes (Levy, 2001). Por tanto, la presencia de actitudes positivas hacia las intervenciones y hacia las figuras de autoridad se asocia con una menor manifestación de problemas de conducta en los jóvenes. Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 80 y pública a conseguir un objetivo o un beneficio personal y no a ayudar altruistamente a otros. Codificación En el VRAI se evalúa el comportamiento prosocial de los adolescentes a través de información proporcionada por los propios menores mediante autoinforme. Jóvenes Los adolescentes informan de la presencia de comportamientos prosociales durante los últimos 12 meses a través de una escala basada en la escala de prosocialidad de la versión española del SDQ (OrtuñoSierra et al., 2015). Esta escala presenta 5 ítems (e.g., “Ayudar a alguien si está enfermo, disgustado o herido”, “Tratar bien a los niños/ as más pequeños/as”) y cuatro alternativas de respuesta en los que los adolescentes especifican la frecuencia con que se han implicado en conductas prosociales (nunca - 1 o 2 veces - algunas veces - bastantes veces). Estas alternativas de respuesta se codifican, respectivamente, de 0 a 3. • P26. Amistades prosociales Los vínculos que se establecen en contextos convencionales prosociales en la infancia y la adolescencia son indispensables para inhibir la aparición o compensar la presencia de conductas desviadas y favorecer la prevención de comportamientos problemáticos (Lösel y Farrington, 2012). Así, estar integrado en un grupo de iguales convencional estable, cohesionado y extenso dificulta la comisión de actividades delictivas, actuando las amistades positivas como modelo de conducta prosocial (Brown et al., 2005; Burt y Klump, 2014). En este sentido, tener amistades positivas duraderas y una red de amistades positivas cohesiva y densa, reduce la participación del sujeto en actividades delictivas (Haynie, 2002), ya que la asociación con compañeros que desaprueban las conductas antisociales disminuye la probabilidad de cometer actos violentos y delictivos (Hawkins et al., 1998). Protocolo VRAI 81 Por otra parte, la presencia de apoyo positivo y estable en contextos sociales más amplios (e.g., la escuela, el trabajo, el vecindario) se ha asociado con una menor implicación en comportamientos antisociales y delictivos (Shantz et al., 2013; Zimmerman et al., 2002). Asimismo, se ha planteado que tener una amplia red de relaciones prosociales puede incluso atenuar la influencia que la vinculación con un grupo de iguales antisociales ejerce sobre la conducta delictiva del adolescente (Kaufmann, Wyman, Forbes-Jones y Barry, 2007). No obstante, la vinculación con un grupo de iguales prosocial no solo incide en el adolescente a nivel conductual, sino también a nivel socio-cognitivo, ya que la implicación con este tipo de amigos favorece el desarrollo de actitudes y creencias prosociales (Brown et al., 2005) y de habilidades sociales, como la asertividad o la cooperación (Criss, Shaw, Moilanen, Hitchings e Ingoldsby, 2009). Codificación En el VRAI se evalúa la implicación prosocial de los adolescentes a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Para evaluar la implicación prosocial, los técnicos responden a dos ítems acerca del tipo de amistades y relaciones que mantienen los menores. Respondiendo de forma dicotómica (no - sí) al ítem “¿Tiene amigos que no están involucrados en actividades delictivas?”, los técnicos valoran la existencia de amistades convencionales y prosociales. Además, evalúan la extensión de la red de amigos prosociales a través de siete alternativas de respuesta (ninguno - casi ninguno - algunos - la mitad - bastantes - casi todos - todos) que se codifican de 0 a 6, respectivamente. Jóvenes Los adolescentes informan de su implicación con amigos prosociales a través de una escala 8 ítems utilizada en estudios previos (Cutrín et al., 2019c). Los adolescentes evalúan la frecuencia con la que sus Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 82 mejores amigos muestran conductas o actitudes prosociales (e.g., “Van bien en sus estudios”, “Respetan la opinión de otras personas aunque sea diferente a la suya”) mediante cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho). Estas alternativas se codifican de 0 a 3, respectivamente. • P27. Habilidades de afrontamiento La exposición a eventos vitales estresantes contribuye a la aparición de numerosos problemas en los adolescentes, entre los que se encuentra la conducta antisocial y la delincuencia (Eitle y Turner, 2002; Kim, Conger, Elder y Lorenz, 2003; Seiffge-Krenke, 2000). Sin embargo, se ha planteado que no son los eventos vitales estresantes, sino la percepción de los menores y la capacidad de afrontamiento ante tales circunstancias, los que predicen un mejor o peor ajuste. La capacidad de adaptación al estrés se refiere a la forma en que los individuos regulan sus emociones, piensan de modo constructivo, modulan su repertorio conductual, controlan su activación y actúan en diferentes contextos para afrontar las fuentes de estrés (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen y Wadsworth, 2001; Seiffge-Krenke, 2013). La evidencia al respecto ha encontrado que el estrés percibido se relaciona de forma positiva con los problemas de conducta y violencia en los adolescentes (Hampel y Petermann, 2006; Shek y Tang, 2003). Por otro lado, se ha puesto de manifiesto una relación negativa entre los estilos de afrontamiento adaptativos y la conducta antisocial en la infancia y adolescencia, así como una asociación positiva entre un estilo de afrontamiento desadaptativoevitador y los problemas de conducta en los jóvenes (Carlo et al., 2012; Gómez-Fraguela, Luengo, Romero, Villar y Sobral, 2006). Las caracterísiticas de personalidad resilientes se encuentran estrechamente relacionadas con las habilidades y estilos de afrontamiento. Así, la resiliencia implica procesos de superación y afrontamiento positivo adaptados a las dificultades del entorno que ayudan a reducir el riesgo de consecuencias negativas asociadas a las actividades y conductas de riesgo (Fergus y Zimmerman, 2005; Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick y Sawyer, 2003). Se ha encontrado que los Protocolo VRAI 83 jóvenes con altos niveles de resiliencia no suelen involucrarse en actividades antisociales o delictivas y disminuyen la probabilidad de desarrollo de conductas problemáticas en la adultez (Bartol, 2006; Glowacz y Born, 2015; Lee et al., 2013). Además, los jóvenes delincuentes institucionalizados que presentan características resilientes son menos propensos a manifestar cualquier tipo de psicopatología y son más capaces de adaptarse a la vida en la institución (Born, Chevalier y Humblet, 1997). Codificación En el VRAI se evalúan las habilidades de afrontamiento de los adolescentes a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Los técnicos deben responder de forma dicotómica (no - sí) a dos ítems acerca de la presencia de ciertas características individuales de los menores: “¿Presenta un alto sentido de auto-eficacia (ej. Que él puede hacer algo para cambiar cosas en su vida)?” y “¿Presenta una personalidad resiliente (afrontar positivamente las dificultades, saber dónde buscar ayuda profesional o apoyo)?”. Jóvenes Los adolescentes informan de su capacidad para enfrentarse a las dificultades y al estrés percibido a través de las Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS; Frydenberg y Lewis, l996), validadas previamente en contexto español en relación al consumo de sustancias adolescente (Gómez-Fraguela et al., 2006). Los adolescentes evalúan su capacidad para utilizar estrategias de afrontamiento para resolver problemas (5 ítems; e.g., “Cuando tengo un problema me concentro en resolverlo”, “Cuando me enfrento a un problema intento considerar distintos puntos de vista”), estrategias de afrontamiento positivo (4 ítems; e.g., “Me fijo en los aspectos positivos de la vida”, “Suelo estar contento de cómo me van las cosas”) y estrategias de no afrontamiento (5 ítems; e.g., “Ante los problemas me quedo Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 84 paralizado”, “Con frecuencia pienso que no tengo forma de hacer frente a mis problemas”). Estas escalas presentan cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Protocolo VRAI 85 Otros factores relevantes • O28. Ideación suicida/Intentos de suicidio La evidencia ha propuesto que resulta relevante para la gestión del riesgo de los adolescentes infractores tener en cuenta si en su historia existen intentos de suicidio o conductas autolesivas. Dado que los intentos de suicidio y las conductas autolesivas están fuertemente vinculados en jóvenes delincuentes (Acero, Escobar-Córdoba y Castellanos, 2007; Kenny, Lennings y Munn, 2008), ambas conductas de riesgo han de tenerse especialmente en cuenta en estos jóvenes. Un estudio reciente ha indicado que aquellos adolescentes delincuentes enviados a casas de acogida incrementan por diez sus conductas de intentos de suicidio (Mallett, DeRigne, Quinn y Stoddard-Dare, 2012). Por tanto, en este tipo de contextos se debe tener especial cuidado con la gestión de estas conductas. La historia de intentos de suicidio se ha asociado específicamente con la manifestación de conductas de agresividad reactiva, no estando relacionada, sin embargo, con la agresividad proactiva (Swogger, Walsh, Maisto y Conner, 2014). Hallazgos de estudios previos sugieren que dicha relación está modulada por las características de personalidad y la historia previa de salud mental del joven. Así, se ha encontrado que aquellos adolescentes delincuentes que presentan problemas clínicos de ansiedad o depresión, presentan mayores niveles de conductas autolesivas o suicidas (Mallett et al., 2012; Taylor, Kemper, Loney y Kistner, 2006). Asimismo, se ha encontrado que la presencia de ciertas características del estilo de vida (como la falta de preocupación o la rebeldía) se relacionan con una mayor ideación suicida e intentos de suicidio en jóvenes delincuentes institucionalizados en centros de menores (Heirigs, DeLisi, Fox, Dhingra y Vaughn, 2018). Este estudio también ha mostrado que la presencia de inmunidad ante el estrés como característica de personalidad se asocia con menores niveles de ideación suicida e intentos de suicidio. Por tanto, la presencia de ideación autolesiva o suicida, así como de conductas Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 86 autolesivas e intentos de suicidio, debe ser tenida en cuenta en este tipo de población juvenil. Codificación En el VRAI se evalúan los intentos de autolesión o suicidio a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Los técnicos deben informar de la existencia de intentos previos de suicidio o autolesión de forma dicotómica (no - sí): “¿Tiene el/la joven antecedentes de autolesión o intento de suicidio?”. De existir intentos previos, los técnicos deben valorar la gravedad de dichos comportamientos a través de dos ítems, usando el mismo formato de codificación (no - sí): “Los antecedentes podrían definirse como autolesiones leves (que no requirieron atención médica) o gestos de suicidio para llamar la atención pero sin la intención clara de suicidarse” y “Los antecedentes podrían definirse como autolesiones graves o intentos reales de suicidio”. Jóvenes Los adolescentes deben responder a una escala de 7 ítems, específicamente desarrollada para el Protocolo VRAI, para valorar la presencia de ideaciones autolesivas o suicidas (e.g., “A veces me gustaría estar muerto”, “Algunas veces he pensado que no vale la pena vivir”). Los adolescentes valoran la presencia de dichos pensamientos y sentimientos en una escala de cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifica de 0 a 3, respectivamente. Por otra parte, los adolescentes informan de la presencia general de problemas emocionales (e.g., “A menudo estoy preocupado/a”, “A menudo me siento triste, desanimado o con ganas de llorar”) a través de la escala de 5 ítems de la versión española del SDQ (Ortuño-Sierra et al., 2015). Esta escala presenta cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) que se codifican de 0 a 3, respectivamente. Protocolo VRAI 87 • O29. Falta de expectativas de futuro La orientación de futuro se refiere a la representación cognitiva que los individuos realizan de su futuro como una aproximación multicomponente de lo que serán sus contextos vitales más relevantes. En el caso de los adolescentes estos contextos son la educación superior, la carrera laboral y la formación de una familia (Seginer, 2008). El proceso de formación de la perspectiva de futuro engloba tres componentes: el motivacional, con valores, expectativas y autocontrol para el cumplimiento de objetivos; el cognitivo, con esperanzas y miedos; y el conductual, con conductas de exploración y de compromiso con la opción de futuro. La evidencia ha planteado que, si bien los jóvenes infractores institucionalizados son capaces de articular expectativas simples con respecto a su futuro, la mayoría de ellos tienen dificultades para relacionar el aspecto cognitivo (i.e., esperanzas y miedos) con estrategias concretas para alcanzar los objetivos futuros (Clinkinbeard y Zohra, 2011). La adecuada adaptación del adolescente en la edad adulta depende, en parte, de una perspectiva global de futuro orientada hacia objetivos instrumentales de crecimiento en los contextos vitales (Clinkinbeard, 2014; Seginer, 2008). La evidencia ha mostrado al respecto que la falta de expectativas positivas de futuro parece ser un factor de riesgo para el mantenimiento de este tipo de conductas problemáticas y, a la inversa, la existencia de una orientación positiva de futuro parece ser un factor de protección. En este sentido, Monahan et al. (2009) han encontrado que aquellos adolescentes con bajo nivel de comportamiento antisocial, así como los adolescentes que desisten de su carrera delictiva, muestran significativamente una mayor orientación de futuro, en comparación con los delincuentes persistentes. En la misma línea, Benda (2001) ha encontrado que la presencia de expectativas de éxito en el futuro distingue entre los no reincidentes y los reincidentes, mostrando una relación positiva con la desistencia en las carreras delictivas de los jóvenes. Otros estudios han relacionado la orientación positiva de futuro con una significativa disminución en la manifestación de conductas violentas (Stoddard, Zimmerman y Bauermeister, 2011), y con una disminución de la participación en Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 88 conductas delictivas, tanto violentas como no violentas (Herrenkohl, Tajima, Whitney y Huang, 2005). Codificación En el VRAI se evalúan las expectativas de futuro de los adolescentes a través de información proporcionada por los técnicos de los centros y por los propios menores mediante autoinforme. Técnicos Los técnicos deben responder a 4 ítems relacionados con las perspectivas de futuro de los menores (e.g., “¿Está motivado para prepararse para ganarse la vida fuera del centro?”, “¿Se esfuerza por dar los pasos necesarios para capacitarse para realizar ese trabajo?”). Los técnicos señalan si están presentes motivaciones, cogniciones y conductas relacionadas con una orientación positiva de futuro mediante un formato de respuesta dicotómico (no - sí). Jóvenes Los adolescentes informan de las expectativas que poseen de futuro a través de una escala de 14 ítems basada en el factor Trabajo y educación de la escala Future Expectations Scale for Adolescents (McWhirter y McWhirter, 2008) y en la escala de Iovu, Hărăguș y Roth (2018). Los jóvenes deben valorar a través de cuatro alternativas de respuesta (nada - algo - bastante - mucho) 10 ítems referidos a expectativas realistas y positivas de futuro (e.g., “Lograré lo que quiero hacer con mi vida”, “Mi trabajo me dará la oportunidad de sentirme orgulloso de mí mismo”) y 4 ítems referidos a expectativas negativas de futuro (e.g., “Me veré involucrado en problemas o actividades delictivas”, “Probablemente tendré problemas económicos y financieros”). Las alternativas de respuesta se codifican de 0 a 3, respectivamente. • O30. Deseabilidad social Las medidas autoinformadas para evaluar los factores relacionados con la conducta antisocial y delictiva han sido ampliamente utilizadas en este campo de investigación. Los datos no oficiales proporcionados Protocolo VRAI 89 por los propios jóvenes a través de autoinformes pueden representar con mayor precisión el comportamiento problemático real de los adolescentes en comparación con otras fuentes de información (Menard, Bowman-Bowen y Lu, 2016). Especialmente en aquellos casos en los que el comportamiento antisocial de los adolescentes no es grave y no se detecta por el sistema judicial u otros observadores, los autoinformes pueden ser la única forma de obtener información sobre la conducta (Burt, 2012; Krohn, Thornberry, Gibson y Baldwin, 2010). No obstante, a pesar de que la utilidad, fiabilidad y validez de las medidas autoinformadas se ha verificado empíricamente (Auty, Farrington y Coid, 2015; Emmert, Carlock, Lizotte y Krohn, 2017), los autoinformes plantean ciertos problemas derivados de los sesgos de respuesta e imagen que deben ser controlados. Uno de los sesgos más comunes y estudiados en el campo de la investigación del comportamiento es el relacionado con la deseabilidad social (Podsakoff, MacKenzie, Lee y Podsakoff, 2003). Esto es, los individuos desean ser socialmente aceptados y por ello pueden mostrar una tendencia a contestar a las preguntas seleccionando aquellas respuestas que son socialmente consideradas positivas o deseables en su contexto, independientemente de sus creencias, emociones o comportamientos reales (Ferrando y Chico, 2000). De este modo, la información aportada puede no ser del todo fiable y, como consecuencia, los resultados pueden verse alterados y mostrar relaciones espurias u ocultar relaciones significativas (Podsakoff et al., 2003). Concretamente, la evidencia ha mostrado que los delincuentes que presentan puntuaciones más bajas en deseabilidad social presentan significativamente una mayor probabilidad de reincidencia, especialmente de reincidencia violenta (Mills, Loza y Kroner, 2003). Por todo ello, la deseabilidad social es una variable que debe ser evaluada y controlada cuando se utilizan medidas autoinformadas. Codificación En el VRAI se han introducido diversos ítems entre las escalas de autoinforme respondidas por los jóvenes para evaluar y controlar el efecto de la deseabilidad social. Valoración del riesgo en adolescentes infractores (VRAI) 96 Braga, T., Gonçalves, L. C., Basto-Pereira, M. y Maia, Â. (2017). 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Técnicos Jóvenes FACTORES HISTÓRICOS Historia previa de actos antisociales violentos Riesgo moderado Alto riesgo Historia previa de actos antisociales no violentos Alto riesgo Alto riesgo Inicio precoz de violencia Bajo riesgo Fracaso en intervenciones previas Riesgo moderado Historia de violencia en el hogar Bajo riesgo Bajo riesgo Maltrato infantil Bajo riesgo Riesgo moderado Historia delictiva de padres o cuidadores Bajo riesgo Separación temprana de los padres o cuidadores Riesgo moderado Bajo rendimiento escolar Alto riesgo Alto riesgo Rechazo del grupo de iguales normativo Bajo riesgo Bajo riesgo FACTORES PSICOSOCIALES Delincuencia en el grupo de iguales Alto riesgo Alto riesgo Escasas habilidades parentales Bajo riesgo Riesgo moderado Falta de apoyo social Bajo riesgo Factor protector Entorno marginal Alto riesgo Apéndice 121 Técnicos Jóvenes FACTORES INDIVIDUALES Actitudes antisociales Alto riesgo Consumo de sustancias Bajo riesgo Bajo riesgo Ira / Hostilidad Bajo riesgo Asunción de riesgos / impulsividad Alto riesgo Bajo riesgo Falta de empatía Riesgo moderado Bajo riesgo Narcisismo Bajo riesgo Problemas de concentración / hiperactividad Bajo riesgo Riesgo moderado Baja colaboración con la intervención Factor protector Bajo interés o compromiso escolar / laboral Bajo riesgo Bajo riesgo Intereses de ocio no estructurado Bajo riesgo FACTORES DE PROTECCIÓN Comportamiento prosocial Presente Amistades prosociales Ausente Presente Habilidades de afrontamiento Ausente Ausente OTROS FACTORES RELEVANTES Ideación suicida / intentos de suicidio Bajo riesgo Bajo riesgo Falta de expectativas de futuro Riesgo moderado Alto riesgo Deseabilidad social Bajo riesgo