La República en los pueblos: Conflicto, radicalización y exclusión en la vida política local durante la Segunda República española, 1931-1936

Francisco Cobo Romero y Francisco de Paula Garrido Rodríguez La república en los pueblos CONFLICTO, RADICALIZACIÓN Y EXCLUSIÓN EN LA VIDA POLÍTICA LOCAL DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) La república en los pueblos F. Cobo Romero y F. de Paula Garrido Rodríguez La mayoría de los estudios existentes sobre la Segunda República española ha menospreciado la importancia que adquirió la vivencia de la política en los municipios de extensas comarcas agrícolas del sur peninsular. Asimismo, los intensos conflictos sociales, políticos, culturales y religiosos que se desencadenaron entre los distintos grupos sociales en su pugna por el control de los ayuntamientos han sido en parte pasados por alto. la república en los pueblos estudia el proceso de radicalización y de exclusión política del adversario que se produjo en una importante proporción de localidades agrícolas del sur español, suscitado por las profundas discrepancias y las irreconciliables posiciones que, en torno al ejercicio del poder local y la resolución de los conflictos laborales, sostuvieron tanto patronos como jornaleros. En tal sentido, los representantes políticos e ideológicos de la izquierda y la derecha que se vieron enfrentados en una incesante lucha por el poder municipal caminaron por la senda de la mutua descalificación, la incomunicación y la incomprensión, debilitando los canales del diálogo o de la pacífica resolución de sus diferencias. Francisco Cobo Romero es Catedrático de Universidad de Historia Contemporánea. Ha sido investigador y profesor visitante en la London School of Economics de Londres, la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y el European University Institute de Florencia. Ha centrado su investigación en el análisis de los procesos de politización del campesinado español en una perspectiva europea comparada. Entre sus principales publicaciones se encuentran los siguientes libros: Franquismo y posguerra en Andalucía oriental (en colaboración con la profesora Teresa María Ortega López), 2005; Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía, 2004; Por la reforma agraria, hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialista durante la II República y la Guerra Civil, 2007; ¿Fascismo o democracia? Campesinado y política en la crisis del liberalismo europeo, 1870-1939, 2012; La tierra para quien la trabaja. Los Comunistas, la sociedad rural andaluza y la conquista de la democracia (1956-1983), 2016, en colaboración con María Candelaria Fuentes Navarro; La Segunda República Española, 2015, en colaboración con los profesores González Calleja, Martínez Rus y Sánchez Pérez y Fascismo y Modernismo. Política y Cultura en la Europa de entreguerras, 1918-1945, 2016, en colaboración con Del Arco Blanco y Hernández Burgos. Francisco de Paula Garrido Rodríguez ha cursado los estudios del Grado de Historia en la Universidad de Granada. Ha llevado a cabo la elaboración de su Trabajo de Fin de Máster mediante un exhaustivo estudio de la evolución política del municipio de Motril durante la Segunda República Española. Es autor de la biografía de la benefactora granadina María Zayas, una figura dedicada a la labor filantrópica y al mecenazgo. Actualmente prepara su Tesis Doctoral, centrada en el análisis de los poderes locales en el mundo rural de la Andalucía de entreguerras. COMARES HISTORIA Francisco cobo romero Francisco de Paula Garrido rodríGuez LA REPÚBLICA EN LOS PUEBLOS Conflicto, radicalización y exclusión en la vida política local durante la Segunda República española (1931-1936) Granada, 2021 Fotografía de cubierta: Plaza principal de Montefrío (Granada) a comienzos del siglo xx Maquetación y diseño de cubierta: Virginia Vílchez Lomas © Francisco Cobo Romero y Francisco de Paula Garrido Rodríguez © Editorial Comares, 2021 Polígono Juncaril C/ Baza, parcela 208 18220 Albolote (Granada) Tlf.: 958 465 382 www.comares.com • E-mail: [email protected] facebook.com/Comares • twitter.com/comareseditor • instagram.com/editorialcomares ISBN: 978-84-1369-190-9 • Depósito Legal: Gr. 773/2021 Impresión y encuadernación: comares COMARES HISTORIA Director de la colección: Miguel Ángel del Arco Blanco envío de ProPuestas de Publicación Las propuestas de publicación han de ser remitidas (en archivo adjunto de Word) a la siguiente dirección electrónica: [email protected]. Antes de aceptar una obra para su edición en la colección «Comares Historia», ésta habrá de ser sometida a una revisión anónima por pares. Los autores conocerán el resultado de la evaluación previa en un plazo no superior a 90 días. Una vez aceptada la obra, Editorial Comares se pondrá en contacto con los autores para iniciar el proceso de edición. La edición del presente libro se ha beneficiado del Proyecto de Investigación titulado: «La derrota del franquismo. Diccionario de la oposición democrática en la Andalucía rural (1958-1977)», MD-L3-EXPTE.6, financiado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y cuya investigadora principal es la Dra. D.ª Teresa María Ortega López. sumario indice de FotoGraFías ..................................................... ix aGradecimientos ........................................................ xi introducción ........................................................... 1 Primera Parte EL CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL, IDEOLÓGICO Y LEGISLATIVO DE LA VIDA POLÍTICA LOCAL EN LA SEGUNDA REPÚBLICA Capítulo 1 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura el súbito derrumbe del ciclo exPansivo Posbélico ................................ 19 la Gran dePresión y la contracción Generalizada de las economías euroPeas ........... 22 una mención exPlícita a la evolución del sector aGrario .......................... 31 a modo de balance ...................................................... 39 Capítulo 2 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil alGunos Planteamientos introductorios ....................................... 45 la intensiFicación del conFlicto rural y la crisis del sistema oliGárquico liberal ........ 48 la rePública, la conFlictividad aGraria y la Fractura de la sociedad rural ............ 52 la Fortaleza de los jornaleros y la derechización del camPesinado Familiar ............ 65 la FraGmentación Política de la sociedad rural ................................. 69 la reacción Patronal durante el seGundo bienio ................................. 74 el año 1936. la decantación GolPista de la burGuesía aGraria ...................... 80 VI la república en los pueblos Capítulo 3 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques las PrinciPales Fuerzas Políticas al inicio del réGimen rePublicano ................... 91 los Primeros comPases del réGimen ........................................... 98 los socialistas ......................................................... 105 el sindicalismo aGrario socialista y el camPesinado Familiar ........................ 117 los anarquistas ......................................................... 124 el centro-izquierda burGués ............................................... 128 la derecha católico-aGraria ............................................... 134 Capítulo 4 los ayuntamientos, las leyes laborales y las luchas aGrarias la reGulación leGislativa de los Poderes municiPales ............................. 139 la reForma aGraria y la leGislación laboral .................................. 142 los ayuntamientos y la reGlamentación de los mercados del trabajo rural ............. 147 los jurados mixtos y las bases del trabajo aGrícola ............................. 162 las leyes de laboreo Forzoso y de colocación obrera ........................... 168 seGunda Parte LA REPÚBLICA EN LOS PUEBLOS. LA VIDA POLÍTICA LOCAL EN CINCO MUNICIPIOS ANDALUCES Capítulo 5 antequera. la radicalización jornalera de un enclave latiFundista antequera, un centro latiFundista Generador de una intensa actividad Política .......... 175 la ediFicación del Precario idilio Político entre radicales y socialistas ................ 178 la insatisFacción de los socialistas Frente al carácter conciliador de los radicales ...... 187 la aGudización del cisma entre radicales y socialistas ............................ 193 el realineamiento de los conservadores y el arrinconamiento de los socialistas ......... 206 la exPulsión de los socialistas de la vida Política local ........................... 212 el reGreso de los socialistas al control del ayuntamiento ......................... 217 el manejo Partidista del Poder local y la radicalización del socialismo ............... 224 Capítulo 6 monteFrío. un arquetíPico modelo aGrario de división social y Fractura Política monteFrío, un modelo de exPansión aGrícola y Fractura social ...................... 227 la lleGada de la rePública ................................................ 229 los socialistas en el Poder. el Gobierno absoluto de antonio blanco ruiz ............. 235 antonio mira jiménez: un nuevo socialista al Frente del Poder local ................. 241 las derechas vuelven a detentar el Poder local................................. 248 la irruPción del Frente PoPular ............................................ 252 el uso Partidista del Poder local y la Fosilización de las actitudes Políticas ............ 255 VII sumario Capítulo 7 motril. el ParadiGma de la radicalización de las izquierdas motril, un imPortante enclave aGrícola e industrial ............................. 257 el cambio de réGimen ..................................................... 259 los socialistas y la Personalidad carismática de narciso González cervera ............ 261 el ayuntamiento secuestrado ............................................... 267 el Gobierno conciliador de josé del rosal y caro ............................... 271 las derechas en el Poder. el Gobierno local bajo emilio moreu díaz ................. 274 narciso González cervera reGresa a la alcaldía................................ 276 una izquierda radicalizada y un ayuntamiento Fracturado ......................... 279 Capítulo 8 Pinos Puente. un bastión socialista enFrentado a la intransiGencia Patronal Pinos Puente, un Pueblo de la veGa Granadina beneFiciado Por el auGe remolachero ....... 281 el 14 de abril y la lleGada de la rePública .................................... 284 el socialismo en el Poder y el rechazo Patronal a la leGislación laboral .............. 288 el debilitamiento de la estrateGia socialista en el manejo del Poder local ............. 295 las derechas reconquistan el Poder municiPal .................................. 310 los socialistas: desde el exilio Político al control del Gobierno local ................ 315 una Patronal intransiGente Frente a un ayuntamiento al servicio de los jornaleros ....... 317 Capítulo 9 santa Fe. la Política local al servicio de los trabajadores y los jornaleros santa Fe, el éxito de un modelo aGrícola intensivo y mercantilizado ................. 319 el desPertar de las exPectativas de obreros y jornaleros .......................... 320 la tibia mediación de la alcaldía en las relaciones laborales aGrícolas ............... 323 un alcalde socialista al servicio de los intereses jornaleros ....................... 328 la reconquista conservadora del Poder local .................................. 339 la lleGada del Frente PoPular ............................................. 345 un ayuntamiento en deFensa de los intereses jornaleros ........................... 349 conclusiones .......................................................... 351 Fuentes y biblioGraFía ................................................... 355 indice de FotoGraFías Plaza de San Sebastián. Antequera, comienzos del siglo xx ......................... 175 Procesión religiosa. Montefrío, comienzos del siglo xx. Fuente: Fondo Azpiazu, Archivo Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ............................... 229 Jornaleros realizando labores de la zafra. Motril, años 30 del siglo xx ................. 261 Campesina de Pinos Puente. Comienzos del siglo xx ............................. 287 Plaza de la Libertad. Santa Fe, comienzos del siglo xx ............................ 327 aGradecimientos En el tiempo empleado en la elaboración del presente libro, los autores han contraído una larga serie de deudas, si bien todas ellas de naturaleza estrictamente intelectual, académica y afectiva. La factura de la obra que el lector tiene en sus manos remonta sus orígenes a los debates en torno al papel desempeñado por la conflictividad campesina en los procesos políticos que derivaron en la intensa fragmentación de la sociedad rural, la derechización de una importante porción del campesinado familiar y la emergencia de un amplio frente patronal opuesto a la pervivencia del régimen de la Segunda República. Las discusiones sostenidas en torno a los orígenes agrarios de la guerra civil han enriquecido nuestros planteamientos al respecto de tan decisivo argumento. En cierto modo, los precedentes inmediatos del presente estudio se encuentran en la colaboración académica sostenida con Eduardo González Calleja, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez, cuyo resultado se plasmó en la publicación, hace tan sólo algunos años, de una ambiciosa obra que trataba de analizar los caracteres revestidos por el régimen democrático de la Segunda República Española. Allí se avanzaron algunos de los planteamientos defendidos en este libro, sobre todo los relacionados con la intensidad del conflicto agrario y sus inmediatas repercusiones sobre la deriva crecientemente antidemocrática de la gran patronal rural instalada en extensas regiones agrícolas del mediodía español. Las jornadas de trabajo y reflexión compartidas en el seno de diversos encuentros académicos que tuvieron lugar en las Universidades de Granada, Pablo de Olavide de Sevilla, Autónoma de Barcelona, Valencia, Complutense de Madrid, Lleida, Pública de Navarra, Santiago de Compostela, Zaragoza, Córdoba, Salamanca, Jaén e Internacional de Andalucía en su sede Antonio Machado de Baeza, así como en el Centro de Estudios Andaluces, la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, el Humanities Research Institute de la Universidad de Leeds y el Department of History and Civilization del European University Institute de Florencia, permitieron el adecuado refinamiento de muchas XII la república en los pueblos de las hipótesis sostenidas en esta nueva investigación que ahora ve la luz. Queremos dedicar la publicación de este nuevo libro al profesor Paul Preston, de la London School of Economics, recientemente nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, como prueba de nuestro infinito agradecimiento y reconocimiento académico, pues muchas de las ideas sostenidas en el presente estudio se encuentran íntimamente relacionadas con sus esclarecedoras aportaciones acerca de las causas que motivaron el derrumbe de la Segunda República y el desencadenamiento de nuestra más trágica y reciente guerra civil. Asimismo, queremos agradecer a las siguientes personas el aporte intelectual que nos han brindado y el rico acervo de conocimientos que nos han permitido compartir, ayudándonos a comprender mejor los entresijos de la sociedad rural española y europea del primer tercio del siglo xx. Los debates sostenidos, entre otros, con Paul Preston, Sebastian Balfour, Enzo Traverso, Édouard Lynch, Miguel Ángel del Arco Blanco, Antonio Herrera, Helen Graham, Miguel Cabo Villaverde, Teresa María Ortega López, Ismael Saz, Eduardo González Calleja, Manuel González de Molina, Salvador Cruz Artacho, Francisco Acosta Ramírez, James Simpson, Francisco Sánchez Pérez, Ana Martínez Rus, Peter Anderson, Javier Rodrigo, Ferran Gallego, Francisco Morente, Heinz-Gerhard Haupt, Stephen A. Smith, Alejandro Quiroga, Alan Knight, Marta Petrusewicz, Eduardo Sevilla Guzmán, Ángel Duarte, Emilio Majuelo, Lourenzo Fernández Prieto, Teresa Carnero, Carlos Gil Andrés, Claudio Hernández Burgos, Ángela Cenarro, Julián Sanz Hoya, Francisco Romero Salvadó, Conxita Mir, Angel Smith, Romain Bonnet, Ricardo Robledo, Julián Casanova, David Martínez López, Diego Caro Cancela, Enrique Montañés Primicia, José Miguel Lana Berasain, Ana Aguado y Aurora Bosch, contribuyeron de una manera decisiva a perfilar nuestros argumentos, permitiéndonos alcanzar una visión panorámica mucho más enriquecedora del devenir histórico de las luchas campesinas y sus notabilísimas repercusiones sobre el cambio político y la dificultosa defensa de la democracia en la España de los años treinta. A lo largo de los últimos años, el panorama historiográfico y la bibliografía especializada en el análisis de la Segunda República española se han visto profusamente enriquecidos, gracias, sobre todo, a la rica aportación llevada a cabo por un conjunto de especialistas que, mediante el empleo de modernos y novedosos instrumentos teóricos y analíticos, nos han transportado hacia una visión más esclarecedora de las causas que precipitaron el rápido derrumbe de la experiencia democrática española de la primera mitad de los años treinta del siglo xx, para dar paso a la súbita irrupción de la guerra civil como acontecimiento supremo que acabó desembocando en la instauración de la dictadura franquista. Tan decisivos planteamientos han suscitado un prolongado debate entre estudiosos que, a la postre, nos ha permitido clarificar algunas cuestiones relacionadas con las verdaderas causas que provocaron el súbito final del régimen republicano. Sin pretender ahondar en los argumentos empleados por unos y por otros, el presente libro pretende contribuir al esclarecimiento de las 6la república en los pueblos cias de Córdoba, Jaén, Almería, Granada y Málaga durante el periodo 1918-1920. 12 Asimismo, junto a la creciente polarización existente en la sociedad rural andaluza, comenzaron a hacerse perceptibles, desde los comienzos del siglo xx, intensas fracturas en el seno del campesinado mismo. Tales fracturas fueron el resultado de que los modestos labradores comenzasen a adoptar posiciones cercanas a las defendidas por la gran patronal agraria, sobre todo a la hora de rentabilizar sus pequeños fundos. El fenómeno de segmentación interna del campesinado comenzó, pues, a dibujarse con nitidez desde el denominado trienio bolchevique de 1918-1920. De manera paralela al fenómeno de modernización agraria y laboral descrito, tuvo lugar en las provincias andaluzas una profunda remodelación de los comportamientos políticos y electorales. Desde los comienzos del siglo xx, tanto los republicanos 13 como los socialistas venían pugnando por una verdadera democratización de los poderes locales. A través de la mencionada estrategia pretendían la moralización de la vida política municipal, así como la conversión de los ayuntamientos en instancias de representación de los intereses del campesinado pobre, los jornaleros y los sectores populares. En su apuesta por la movilización política de la sociedad rural, los socialistas se atrajeron el apoyo de una gran cantidad de jornaleros y braceros agrícolas del sur peninsular. La creciente sensibilización política de los jornaleros se vio acompañada por un ascendente interés, localizado entre los pequeños propietarios y arrendatarios, por las cuestiones de la política estatal, y por su participación en las disputas electorales. En medio de una economía agraria progresivamente mercantilizada, los precios de mercado alcanzados por las cosechas dependían, en multitud de ocasiones, de las decisiones políticas adoptadas desde el Estado en torno a la fijación de los aranceles, la regulación de los salarios agrícolas, la duración de la jornada laboral, o la imposición tributaria sobre la propiedad rústica. Todas estas circunstancias propiciaron la suscitación de un interés en alza por las luchas políticas nacionales. 14 Pero sería sobre todo a partir del trienio bolchevique cuando se pusiese de manifiesto la definitiva segmentación interna del campesinado andaluz. Las tensiones en aumento descritas para el ámbito laboral tuvieron su reflejo, asimismo, en un divergente comportamiento político entre los diferentes segmentos de la población campesina. 12 Antonio M. calero amor, «Movimiento obrero y sindicalismo», en A. M. Bernal (dir.), Historia de Andalucía, vol. 8 (Barcelona: Planeta, 1983), pp. 121-177 1983; Manuel tuñón de lara, Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo xx. Jaén (1917-1920), Sevilla (1930-1932) (Madrid: Siglo XXI, 1978); Paloma biGlino, El socialismo español y la cuestión agraria, 1890-1936 (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986). 13 Antonio lóPez estudillo, Republicanismo y anarquismo en Andalucía. Conflictividad social agraria y crisis finisecular (1868-1900) (Córdoba: La Posada, 2001). 14 Francisco cobo romero, «Labradores y granjeros ante las urnas. El comportamiento político del pequeño campesinado en la Europa Occidental de entreguerras», Historia Agraria, 38 (2006), 47-73. 7 introducción En síntesis, lo que aconteció en la sociedad rural andaluza del periodo de los años de la Gran Guerra hasta el inicio de la dictadura del general Primo de Rivera fue decisivo en el proceso de politización del mundo rural. 15 La creciente vinculación de las economías agrarias de los modestos labradores a la obtención del beneficio a través del mercado, los convirtió en extremadamente sensibles a las variaciones experimentadas por los costos de producción. La sindicación de los jornaleros del sur fue su respuesta básica ante la necesidad de fortalecimiento de sus posiciones en el mercado laboral. Con ella perseguían la obtención de mejoras salariales con las que hacer frente a la carestía de la vida, o a las fuertes elevaciones de precios de los productos de primera necesidad. Los partidos políticos de izquierda, y de manera fundamental el PSOE, aprovecharon esta fuerte corriente de sindicación jornalera espontánea para ahondar en la sensibilización política de los trabajadores agrícolas en general. La politización en alza de los jornaleros, indujo al reforzamiento de la politización de los pequeños propietarios y arrendatarios. Sin embargo, estos últimos casi siempre oscilaron hacia su integración en las organizaciones profesionales o políticas del conservadurismo, el tradicionalismo o el catolicismo, hegemonizadas por los ricos hacendados agrícolas. 16 La acentuación de las tensiones sociales en la agricultura andaluza se vio agudizada por la irrupción de una coyuntura económica especialmente adversa. Debido a las consecuencias inflacionarias de la neutralidad española en la Gran Guerra, se recrudecieron las reclamaciones de aumento salarial exigidas por extensos grupos de jornaleros ubicados en la práctica totalidad de las provincias andaluzas. El periodo transcurrido entre los años 1918 y 1920 resultó trascendental en la historia reciente del movimiento campesino andaluz. Los desajustes económicos de posguerra, y la elevación del precio de los principales productos de subsistencia provocada por la neutralidad española durante la I Guerra Mundial, arrastraron a una vasta legión de jornaleros del sur de la península ibérica hacia un imparable deterioro de sus condiciones de vida. Sobre tierras andaluzas, el impulso experimentado por la agricultura capitalista, sustentada sobre la presencia de una masiva y empobrecida mano de obra jornalera mal pagada, se unió a la paulatina incorporación de las explotaciones de multitud de pequeños propietarios y medianos labradores a los circuitos del mercado. 17 El fenómeno últimamente descrito hizo posible la multiplicación de las 15 Salvador cruz artacho (coord.), El Trienio Bolchevique. La influencia de la revolución rusa en Andalucía (Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2018). 16 Ángeles González, Á., «La construcción de un mito. El trienio bolchevique en Andalucía», en M. González de Molina y D. Caro Cancela (eds.), La utopía racional. Estudios sobre el movimiento obrero andaluz (Granada: Eug, 2001), pp. 175-219, 2001, pp. 204-205; Juan José castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1979). 17 Manuel González de molina y Miguel Gómez oliver (coords.), Historia contemporánea de Andalucía, op. cit., pp. 233-237. 8la república en los pueblos relaciones contractuales y laborales sostenidas entre jornaleros y modestos propietarios o arrendatarios. En una coyuntura tan intensamente inflacionista como la de la inmediata posguerra, no tardaron en proliferar las desavenencias entre todos ellos. Además, en medio de una agricultura tradicional y escasamente mecanizada, las ganancias de los grandes propietarios dependían del mantenimiento de salarios extremadamente bajos. De ahí que las inaplazables peticiones de aumento salarial, exigidas por una clase jornalera cada vez más fuertemente sindicalizada, tropezasen con la contumaz negativa del empresariado agrícola. Para colmo de males, las tensiones laborales en aumento, y la expansión de los conflictos huelguísticos del periodo 1918-1920, pronto se entrelazaron con la influencia ejercida por la sensación de derrumbe del «viejo mundo burgués», avizorado tras el súbito desplome de los imperios centrales y el estallido de la revolución rusa. En medio de un contexto fuertemente cargado de connotaciones psicológicas y proclamas políticas que anunciaban el «definitivo ocaso» del «orden liberal y capitalista», las organizaciones socialistas y anarquistas que habían alcanzado un rotundo éxito en la sindicación de los jornaleros andaluces iniciaron una vasta campaña de agitación social. 18 La formidable movilización huelguística que vivieron los campos del mediodía español en esos mismos años, acabó convirtiendo a miles de jornaleros y campesinos pobres en protagonistas indiscutidos del proceso de descomposición del régimen político de la Restauración. Los ecos de la revolución soviética de 1917, y las hondas repercusiones anímicas y emocionales inducidas por la expropiación de las tierras de la nobleza a beneficio del campesinado ruso, despertaron un intenso flujo de esperanzas y expectativas entre los braceros y asalariados agrícolas de las regiones más meridionales de la península ibérica. Un testigo directo de la onda de agitación sindical a la que venimos haciendo referencia —el insigne agrarista don Juan Díaz del Moral—, llegó a denominar tan estremecida coyuntura como el trienio bolchevique. 19 El miedo sentido por la burguesía agraria y la oligarquía rural al estallido de una hipotética revuelta de tan profundas repercusiones como la registrada en el «país de los soviets», desencadenó una virulenta campaña propagandística, que acabó por equiparar los conflictos huelguísticos, y las reivindicaciones laborales de los jornaleros, con los síntomas inequívocos de la temida revolución social. 20 Lo único y verdaderamente cierto fue que, desde 1918 18 Juan díaz del moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (Madrid: Alianza Editorial, 1979), pp. 270-274. 19 Juan díaz del moral, Historia de las agitaciones campesinas, op. cit., p. 265. 20 instituto de reFormas sociales, Información sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba (Madrid: Sucesores de M. Minuesa, 1919), pp. 19, 95 y 98; José Luis martín ramos, Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931 (Madrid: Siglo XXI, 2008), pp. 71-72. 9 introducción en adelante se desencadenó, en la práctica totalidad de las provincias del mediodía español —pero con una desacostumbrada potencia en las de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla—, una poderosa oleada de movilizaciones y protestas, que estuvo casi exclusivamente orientada hacia la mejora de los salarios y las condiciones laborales vigentes en la agricultura. No obstante, en medio de un ambiente tan convulso, algunos dirigentes del sindicalismo jornalero de signo socialista y anarquista, llevados por una especie de «euforia colectiva», anunciaron el inicio de una auténtica «aurora roja y revolucionaria». 21 Según tales dirigentes, lo que aconteció fue un verdadero «despertar», que no solamente acabaría con el dominio de los odiados patronos, sino que asimismo instauraría un nuevo orden político, moral y social. 22 Esta «nueva era» estaría instalada sobre el reparto de la tierra, el reconocimiento de la capacidad negociadora de los sindicatos jornaleros, o el establecimiento de pactos laborales altamente beneficiosos para los trabajadores agrícolas y los obreros del campo. Tras el paréntesis significado por la dictadura primorriverista, la Segunda República reforzó el papel determinante ejercido por los poderes municipales en todo lo relacionado con la asignación de los recursos productivos, el reparto de las contribuciones entre los diferentes estratos sociales de la población local, el control del orden público y, muy especialmente, la imposición a la patronal agraria del obligatorio cumplimiento de unas nuevas normas reguladoras de los mercados laborales que beneficiaban particularmente a las clases jornaleras. el nuevo PaPel de los ayuntamientos bajo el régimen rePublicano De alguna manera, los decretos y leyes reformistas de regulación del mercado laboral y de la contratación de la mano de obra, redactados a medida que discurrían los meses iniciales del primer bienio republicano, colmaron en muy buena medida las esperanzas depositadas en el nuevo régimen democrático por importantes colectivos de jornaleros y campesinos pobres. Pero lo más importante es que las medidas reformistas de los primeros gobiernos republicanos confirieron al conjunto de los trabajadores agrícolas e industriales un acentuado protagonismo en las relaciones laborales. En este sentido, otorgaron a los jornaleros y los campesinos más pobres la posibilidad de hacer prevalecer sus criterios sobre aquellos otros sostenidos por las representaciones patronales, sobre todo en las discusiones previas a la elaboración de las Bases de Trabajo reguladoras de las distintas faenas agrícolas. Pero de igual manera, confirieron 21 Antonio M. calero amor, «Movimiento obrero y sindicalismo», en A. M. Bernal (dir.), Historia de Andalucía, vol. 8 (Barcelona: Planeta, 1983), p. 149; Juan díaz del moral, 1979, Historia de las agitaciones campesinas, op. cit., pp. 270-274. 22 Francisco J. romero salvadó, The Foundations of Civil War. Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain, 1916-1923 (Nueva York: Routledge: 2007), p. 157. 10 la república en los pueblos al conjunto de las clases trabajadoras un protagonismo decisivo en el control de las oficinas de colocación, en las Comisiones Municipales de Policía Rural encargadas de aplicar la ley de Laboreo Forzoso o sobre los registros municipales de inscripción de asalariados agrícolas en demanda de empleo. 23 De la misma forma, la apertura política introducida por el régimen republicano introdujo una sustancial transformación en los poderes locales. Desde abril de 1931 en adelante, una gran cantidad de ayuntamientos pasó a estar regida, al menos en extensas comarcas agrícolas del mediodía, por representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT), o por republicanos de izquierda que compartían numerosos puntos de vista con las organizaciones socialistas. Por lo que respecta a la nueva situación dibujada en el ámbito de la vida local de numerosos municipios marcadamente rurales de extensas comarcas y regiones del sur peninsular, la presencia en sus respectivas corporaciones municipales, por primera vez, de representantes de izquierda, comprometidos en la defensa de los intereses de los trabajadores agrícolas, adquirió una importancia vital. Las primeras autoridades municipales interfirieron, durante el primer bienio republicano y nuevamente a partir del triunfo electoral del Frente Popular en 1936, en la resolución, casi siempre a favor de los jornaleros, de los múltiples conflictos de naturaleza laboral planteados a lo largo de los periodos señalados. De acuerdo con lo preceptuado en la ley de Colocación Obrera de 1931, 24 en todos los ayuntamientos habría de crearse un registro con las inscripciones diarias concernientes a las ofertas y demandas de trabajo. Al mismo tiempo, la regulación de la colocación obrera se llevaría a efecto mediante la creación, en las cabeceras de partido y las capitales de provincia, de oficinas municipales de colocación, integradas por representaciones patronales y obreras y presididas por un obrero, así como registros de inscripción diaria de las ofertas y demandas de trabajo muy directamente ligados a la actividad supervisora del alcalde. 25 Teniendo en cuenta que, tras las elecciones municipales de 1931, una gran cantidad de municipios rurales pasó a estar regida por alcaldes socialistas —e incluso ugetistas—, podemos hacernos una idea aproximada del trato favorable en materia de inscripción y contratación que hubo de ser proporcionado, durante el primer bienio, a todos aquellos jornaleros vinculados, en mayor 23 Santos juliá, «Objetivos políticos de la legislación laboral», en Manuel Tuñón de Lara (dir.) y José Luis García Delgado (ed.), La II República. El primer bienio (III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España) (Madrid: Siglo XXI, 1987), pp. 27-47, véase la p. 32. 24 Ley de 27 de noviembre de 1931: Colocación Obrera, Gaceta de Madrid, 28 de noviembre de 1932. Véase, asimismo: Decreto de 6 de agosto de 1932: Reglamento de Colocación Obrera, Gaceta de Madrid, 13 de agosto de 1932. 25 Gaceta de Madrid, 28 de noviembre de 1931. 11 introducción o menor medida, a las organizaciones locales adheridas al PSOE o a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) ugetista. 26 Las amplias atribuciones transmitidas a los alcaldes fueron utilizadas por aquellos de filiación socialista o ugetista para orientar decisivamente, en favor del campesinado y los jornaleros, las continuas controversias suscitadas por la aplicación de la legislación laboral y de las Bases reguladoras del trabajo agrícola. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los alcaldes de izquierda favorecían, en períodos de huelga, la paralización de las labores, o mostraban una absoluta connivencia con todos aquellos campesinos pobres y jornaleros que ejecutaban coacciones sobre los presuntos esquiroles destinadas a impedir la realización de todo tipo de faenas agrícolas. A su vez, practicaban la detención de aquellos labradores que se negaban sistemáticamente a cumplir las Bases en materia salarial, o que dejaban de realizar aquellas faenas cuya ejecución les era recomendada por las Comisiones Municipales de Policía Rural. 27 De igual forma, dictaban bandos para garantizar que la mayor parte de los jornaleros en paro fuesen colocados, previa su extracción de la Bolsa de Trabajo, impidiendo la discriminación de los trabajadores adscritos al sindicato agrícola socialista. 28 la vida Política local como matriz Primigenia de las actitudes colectivas Como en parte ya ha sido señalado, los ayuntamientos se convirtieron, desde la implantación del régimen republicano, en auténticas cajas de resonancia, donde el inextricable encadenamiento entre una casi permanente conflictividad social y el modo específico revestido por la toma de decisiones políticas en el ámbito local acentuó la visibilización de las profundas líneas divisorias que separaban a los diferentes grupos sociales locales, enzarzados en una ininterrumpida contienda de carácter político, ideológico y económico. Los diferentes partidos de la derecha y la izquierda, así como los vigorizados órganos sindicales obreristas de inspiración socialista o anarquista que actuaron exitosamente en la movilización de importantes colectivos sociales, redoblaron la significación de sus discursos y sus simbólicas representaciones en torno a lo que para cada uno de ellos significaba el régimen republicano, hasta concebirlo separadamente como una plataforma idónea que permitiría la materialización de sus más ansiados proyectos de transformación social o de ordenación corporativa y jerárquica de la sociedad mediante el manejo interesado de sus instituciones morales 26 La Mañana, 26 de junio de 1932. 27 La Mañana, 11 y 26 de junio de 1932. Véase también: Ronald Fraser, Escondido. El calvario de Manuel Cortés (Barcelona: Crítica, 2006). 28 La Mañana, 31 de diciembre de 1932. 12 la república en los pueblos o culturales. 29 Actuando de tal manera suscitaron una sublime exaltación de actitudes contrapuestas que desembocaron en la progresiva incomunicación entre los bandos en pugna, la mutua exclusión dialéctica y el enmudecimiento de los considerados enemigos políticos o de clase. En aquellas coyunturas circunstanciales en las que tanto las derechas como las izquierdas alcanzaban la detentación de unos ansiados cargos municipales, ambas comenzaban a ejercer, casi sin fisuras y mediante la exhibición de una especie de autoritarismo grupal y excluyente, un poder e influencia dirigidos hacia la consecución de sus más anhelados intereses y hacia la plasmación del orden moral e institucional perfilado por las ideologías políticas que las inspiraban. Como comprobaremos a través del análisis exhaustivo e intensamente focalizado de los cinco municipios eminentemente agrícolas de la Andalucía Oriental (Antequera, Montefrío, Motril, Pinos Puente y Santa Fe) que han sido elegidos en el presente estudio, la punga por el control del poder local acentuó el abismo que separaba las posiciones ideológicas contrapuestas sostenidas por los distintos segmentos de la población rural enfrentados, enfatizó la sublimación de los discursos simbólicos que recreaban la supuesta idoneidad de los mundos contrapuestos defendidos por unos y por otros, profundizó, hasta convertirlas en permanentes, las actitudes de demonización del contrario e instauró una práctica política entronizada en la mutua exclusión, la destrucción del diálogo y el alejamiento irreversible de todo intento de armonización o aproximación entre las posturas políticas en pugna. Todo ello facilitó, sin duda, tal y como sostendremos más adelante, la prefiguración de unas sensibilidades políticas entre la población rural local extremadamente impermeables al diálogo mutuo, algo que pudo contribuir al allanamiento del camino que condujo a la acentuación de las diferencias irreconciliables que separaban los contrapuestos mundos de las izquierdas y las derechas hasta desembocar, finalmente, en el estallido del conflicto civil de 1936-1939. Quienes residían en una considerable multitud de municipios agrarios andaluces al comienzo de la década de los años treinta del pasado siglo xx asistieron, desde los compases finales de la dictadura primorriverista, a la escenificación de un acelerado proceso de difusión de ideales políticos de signo predominantemente republicano o socialista. Las consignas propaladas desde los mencionados ideales políticos se esforzaban por denunciar el elevado grado de corrupción que envolvía el funcionamiento de los ayuntamientos, acusándolos de ser el refugio de una minoría oligárquica y caciquil que continuaba amparándose en los mismos para proseguir con la defensa 29 Al respecto de la intransigencia de las izquierdas al frente de los poderes locales y los perniciosos efectos de la referida circunstancia sobre la salud de la democracia republicana véase: Fernando del rey reGuillo, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda Republica española (Madrid: Biblioteca Nueva, 2008). 13 introducción de sus denostados privilegios, y repudiándolos por continuar respaldando un sistema monárquico declarado corrupto e inmoral, culpabilizado del indecoroso sostenimiento de un régimen dictatorial que puso en entredicho la mayor parte de los derechos constitucionales y las libertadas públicas. La particular coyuntura política que se puso en marcha tras la convocatoria de unas elecciones municipales en todo el territorio nacional que perseguían devolver la normalidad institucional a un sistema político monárquico y liberal profundamente desgastado, despertó las esperanzas depositadas en el cambio y el progreso suscitadas entre la población por los partidos políticos vinculados a la defensa del republicanismo o el socialismo. Los resultados electorales derivados, o bien de la consulta llevada a cabo en la jornada del 12 de abril de 1931, o bien de la repetición de la misma que tuvo lugar el siguiente 31 de mayo, dieron paso a una intensísima renovación del personal político situado al frente de las corporaciones locales de infinidad de municipios andaluces predominantemente agrícolas. En multitud de casos, los integrantes de las clases sociales más humildes, como los jornaleros, los obreros de las manufacturas, los albañiles o los pequeños empleados del comercio o la banca, resultaron elegidos para desempeñar cargos representativos en las corporaciones municipales democráticamente elegidas. Una buena parte de las mayorías políticas que se hicieron con el gobierno de los ayuntamientos formalizados tras las elecciones municipales de la primavera de 1931 tuvo que enfrentarse, nada más tomar posesión de sus cargos, a la resolución de ingentes problemas relacionados, sobre todo, con la propagación del desempleo agrícola, la adecuada aplicación de las leyes laborales reformistas aprobadas por los gobiernos social-azañistas y la intransigencia con que los patronos reaccionaron ante la indudable pérdida de su pretérito control sobre los mercados del trabajo. De una u otra manera, tanto si ocupaban los puestos de la mayoría que les otorgaban la capacidad de dirigir la corporación local, como si se encontraban en minoría, ejerciendo la oposición a la mayoría gobernante, los socialistas concibieron la política local como el instrumento por excelencia para llevar adelante sus más anhelados deseos de mejora de las condiciones de vida y trabajo de las clases populares y jornaleras, menoscabando los ancestrales privilegios que continuaban favoreciendo las posiciones de dominio económico, social y cultural detentadas por las oligarquías rurales de los ricos labradores y los medianos y grandes propietarios rústicos. Su percepción de la política local estuvo permanentemente atravesada por su deseo de poner en práctica una estrategia de defensa parcial y exclusiva de los intereses de las clases trabajadoras y jornaleras, considerando que al proceder de esta manera estaban contribuyendo, de alguna forma, a la gestación de las condiciones que allanasen el camino hacia la futura edificación de un modelo social y económico instalado sobre la propiedad colectiva de los recursos agrarios e inspirado en los principios de un socialismo de ascendencia marxista y revolucionaria. 14 la república en los pueblos Sin embargo, debido principalmente a que sus aspiraciones a la edificación de una imaginaria sociedad socialista estuvieron permanentemente supeditadas al irrenunciable pragmatismo a que les condenaba la cotidiana resolución de problemas que afectaban a las clases trabajadoras y jornaleras de la población local, los socialistas se afanaron por doblegar, desde los ayuntamientos, las enrocadas posiciones de resistencia al cambio sostenidas por las clases patronales. En consecuencia, promovieron insistentemente el justo reparto de las ofertas laborales entre la población jornalera y obligaron a los patronos al estricto cumplimiento de unas normas laborales que menoscababan peligrosamente sus tradicionales posiciones de dominio en las relaciones laborales y contractuales que sostenían con el conjunto de las clases trabajadoras del sector agrario. Al proceder de esta manera, en medio de una coyuntura económica y social marcada por la recesión y la perceptible pérdida de ganancias padecida por los propietarios agrícolas, las presiones ejercidas por los socialistas sobre los mercados del trabajo, interviniendo en los mismos con una asombrosa tenacidad, provocaron el incremento de las tensiones sociales y el agravamiento de las fracturas políticas que ya venían fragmentando a la sociedad rural desde tiempo atrás. Allí donde ejercieron el poder local controlando las instituciones vinculadas a la corporación municipal, los socialistas pudieron exhibir algunos logros en la mejora de las condiciones salariales pactadas entre patronos y jornaleros o en el equitativo reparto del trabajo entre el conjunto de los asalariados agrícolas. Sin embargo, cada una de estas efímeras conquistas se alcanzó a costa de enturbiar aún más las ya de por sí convulsas relaciones laborales que enfrentaban a patronos y obreros agrícolas, o pagando el precio del progresivo deslizamiento de la patronal agraria y los miembros de los grupos sociales más acomodados de la población local hacia la defensa de posiciones ideológicas cada vez más inclinadas a la derecha, o cada vez más comprometidas con las estrategias rupturistas o antirrepublicanas defendidas por las ideologías en ascenso del tradicionalismo corporativista, el agrarismo más conservador o el fascismo en ciernes furibundamente opuesto a las izquierdas o al socialismo. Allí donde los socialistas no lograron hacerse con el manejo de los mecanismos del gobierno municipal, permitiendo que los intereses patronales influyesen sobre el ayuntamiento para impedir la aplicación de una legislación laboral que favorecía, sobre todo, a los jornaleros, la más que perceptible radicalización de estos últimos, manifestada en sus constantes enfrentamientos conflictivos y huelguísticos con la patronal, provocó que las izquierdas experimentasen, asimismo, un proceso de desapego respecto a la confianza inicialmente depositada en los ayuntamientos, para dar inicio a una estrategia de radicalizada oposición a la derecha que acabaría teniendo nefastas consecuencias. La gestión de la conflictividad rural llevada a cabo por los socialistas allí donde estos últimos fueron los responsables del gobierno municipal durante el primer bienio republicano encrespó la animadversión sentida por las derechas agrarias, hasta el extremo de desencadenar, cuando estas últimas acariciaron la oportunidad de controlar 15 introducción los destinos de la vida política local, toda una batería de medidas orientadas a la destitución de los alcaldes de izquierda y la inmediata constitución de corporaciones locales o comisiones gestoras representadas, íntegramente, por personalidades vinculadas a la defensa de los intereses patronales o comprometidas con el aniquilamiento de las poderosas redes sindicales de carácter socialista o anarquista. Tanto si los municipios agrícolas estaban dominados por las izquierdas como si quienes ejercían el control de las instituciones municipales eran las derechas, el ejercicio sectario del poder local practicado en los ayuntamientos en defensa de intereses parciales o de clase por unas o por otras, condujo con frecuencia hacia la auto-exclusión y el retraimiento de quienes, coyunturalmente, se hallaban apartados del ejercicio del poder municipal, acentuando, de esta manera, el descrédito con que o bien los socialistas, o bien las derechas agraristas y católicas, contemplaban a los gobiernos locales cuando no ejercían sobre ellos una manifiesta influencia. En suma, pues, la práctica de la defensa apasionada o enfervorecida de los intereses de una porción de la población local ejercida tanto por las derechas como por las izquierdas allí donde desplegaron su capacidad para manejar las instituciones del gobierno municipal, ocasionó una profunda erosión de la confianza inicialmente mostrada hacia el funcionamiento democrático de los poderes locales entre aquellos segmentos de la población rural que se vieron defraudados en el cumplimiento de sus expectativas, sobre todo cuando sus representantes políticos se encontraban en minoría o se veían incapacitados para rectificar el rumbo sectariamente impuesto por las mayorías gobernantes. Asimismo, y lo que resulta aún más grave, el apasionamiento con que las derechas y las izquierdas defendieron la aplicación de sus respectivos programas de gobierno local condujo hacia un irrefrenable enconamiento de las posiciones políticas que enfrentaban a los integrantes de las unas y las otras, acentuando los perfiles de la progresiva incomunicación entre los bandos opuestos que comenzó a caracterizar la vida política local de la mayoría de los municipios agrarios andaluces desde el año 1931 en adelante. Por consiguiente, a lo largo de las páginas que componen la presente obra, trataremos de comprobar cómo durante el transcurso del régimen republicano, el creciente deseo expresado tanto por las derechas como por las izquierdas por hacerse con las riendas del poder local, configurado como un valioso instrumento susceptible de ser empleado para la satisfacción de sus más anhelados propósitos y la defensa de sus particulares intereses materiales y culturales, acentuó de manera irreparable las fracturas que ya venían segmentando los diferentes grupos sociales constitutivos de la sociedad rural. En tal sentido, la descripción densa de las estrategias empleadas por unas y por otras en el manejo de las instituciones municipales, alcanzada mediante el detallado y minucioso relato de lo acontecido en la vida política local de un representativo grupo de municipios rurales andaluces, nos servirá para tratar de demostrar algunas de nuestras hipótesis. 22 la república en los pueblos del plan decenal de obras públicas aprobado en 1926. Con tan draconianas medidas, la inversión pública, que se había triplicado entre 1926 y 1929, se redujo a menos de la mitad el año 1930. 36 El severo recorte de los pedidos públicos, que, en algunos casos, como el del material ferroviario, se suprimieron por completo, sobrevino justo cuando comenzaba un nuevo ciclo depresivo, causado por el debilitamiento de las oportunidades de inversión y la propagación de una grave crisis deflacionaria a nivel internacional. El agotamiento de la economía española al final de la década de los veinte sobrevino por la confluencia de factores tanto endógenos como exógenos. Los primeros tenían relación con la súbita extinción de un largo ciclo inversor, que quedó asfixiado tras la culminación de la modernización y renovación tecnológica del equipamiento industrial, viéndose así exhausto uno de los principales impulsos al crecimiento económico de los años veinte. Los segundos estaban directamente vinculados al estallido, a partir del año 1929, de una crisis financiera internacional extremadamente intensa, revelada a través de un profundísimo y generalizado declive de la demanda y los precios que desembocó estrepitosamente en la aguda contracción sufrida por el comercio global. 37 la gran dePresión y la contracción generalizada de las economías euroPeas La gran depresión de comienzos de los años treinta tuvo su origen en el crack bursátil de Nueva York, que sobrevino en octubre de 1929. Un cataclismo financiero y especulativo de tales dimensiones provocó un efecto devastador sobre la práctica totalidad de la economía internacional. La rápida propagación del derrumbe bursátil estadounidense obligó a los bancos norteamericanos a recuperar los créditos prestados a la industria, a otros bancos o a las administraciones públicas, con el fin inmediato de resarcirse de las pérdidas sufridas por sus cuantiosas inversiones en la bolsa, motivadas por la caída en picado de las cotizaciones. 38 Muchos de aquellos préstamos se habían otorgado a países de la Europa Central que, tras resultar devastados por la guerra de 1914, pusieron en marcha ambiciosos proyectos de reconstrucción mayoritariamente respaldados por el crédito internacional. Otros muchos préstamos salidos de la banca estadounidense se concedieron a empresas o administraciones públicas y organismos estatales de Bélgica, Francia o Gran Bretaña, que confiaban en devolverlos tras percibir las indemnizaciones que esperaban obtener de una humillantemente derrotada Alemania. Al declararse la simultánea reclamación de los préstamos concedidos por la banca estadounidense a los bancos, empresas y organismos públicos de la Europa continental se produjo el derrumbe repentino y encadenado del sistema financiero cen- 36 Albert carreras y Xavier taFunell, Historia Económica, op. cit. 37 Albert carreras y Xavier taFunell, Historia Económica, op. cit. 38 C. A. PhilliPs; T. F. mcmanus y R. W. nelson, Banking and the Business Cycle. A Study of the Great Depression in the United States (Nueva York: The Macmillan Company, 1937). 23 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura troeuropeo. Además de lo anterior, la crisis mundial se difundió a través de la vía de la contracción súbita del comercio internacional, la caída estrepitosa de los volúmenes de mercancías comercializados a nivel global y el desencadenamiento de un irreversible proceso de deflación a escala planetaria. La crisis bursátil estadounidense provocó el cierre en cascada de buena parte de la industria nacional, dando paso a una expansión fulminante y catastrófica del desempleo forzoso y al extendido empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora. La generalizada depauperación de la sociedad norteamericana, la parálisis de la actividad productiva y la situación de pánico que se adueñó del conjunto de la economía desembocaron en una drástica disminución de las importaciones y aconsejaron la adopción de medidas proteccionistas, destinadas a recuperar el empleo y reorientar la inversión privada hacia la propia economía nacional. 39 Las respuestas de la mayor parte de las grandes economías europeas a los fenómenos deflacionarios y al proteccionismo de la principal economía mundial consistieron en la puesta en pie de políticas industriales sustitutivas de las importaciones y en la elevación de las barreras arancelarias, estrategias que terminaron agravando aún más el declive del comercio mundial. 40 En España se dejaron sentir con menor intensidad los efectos de la grave crisis económica internacional, por ser la suya una economía algo más atrasada y por estar menos encadenada al comercio exterior. Sin embargo, un conjunto de factores esencialmente endógenos contribuyó a que en nuestro país también se dejase sentir la prolongada serie de fenómenos depresivos que ya venía padeciendo la mayoría de las economías europeas. El cambio de régimen que se produjo con la proclamación de la II República en 1931 causó una intensa conmoción entre el mundo de los negocios. Los grandes industriales y aquellos segmentos del empresariado que se habían acostumbrado a la prosperidad de los años veinte, y que se vieron favorecidos por las políticas incentivadoras de la inversión a través del gasto público llevadas a cabo por la dictadura de Primo de Rivera, acogieron de mal grado el advenimiento del nuevo régimen republicano. La banca temió ser nacionalizada y la gran burguesía rural latifundista se sintió atemorizada ante el riesgo de ser expropiada tras la inminente promulgación de una avanzada Reforma Agraria. Se produjo una masiva fuga de capitales, que muy pronto comenzó a convivir con la brusca paralización de la inversión externa hasta aquel instante respaldada por el capital foráneo. Este conjunto de circunstancias derivó en la irrupción de una aguda crisis bursátil, que se vio reforzada por la caída de la rentabilidad de las 39 Dietmar rothermund, The Global Impact of the Great Depression, 1929-1939 (Londres y Nueva York: Routledge, 1996). 40 Derek H. aldcroFt, The European Economy, op. cit. Charles P. kindleberGer, La crisis económica, 1929-1939 (Barcelona: Crítica, 1985); Charles H. Feinstein; Peter temin y Gianni toniolo, The World Economy Between the World Wars (Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2008). 24 la república en los pueblos empresas y el estancamiento padecido por la constitución de sociedades económicas. Además, la parada en seco de las inversiones estatales en obras públicas que decretó el gabinete Berenguer en 1930 generó unos estrangulamientos y unas perturbaciones que muy poco tuvieron que ver con el desenvolvimiento de la crisis financiera internacional. Pese a todo, los factores endógenos de la crisis económica española de la primera mitad de la década de los treinta se vieron agravados por la precipitación de adversas circunstancias particulares, que podríamos considerar exógenas o surgidas en mitad del enrarecido ambiente financiero mundial. El comercio exterior español —y muy particularmente el de productos alimenticios generados por los subsectores de la agricultura más dinámicos y competitivos— sufrió una importante contracción desde 1930 en adelante. Esta parálisis se vio atenuada por la depreciación que venía experimentando la divisa española desde mediados de los años veinte. Pero a la restrictiva política de control de cambios puesta en marcha por Indalecio Prieto desde el Ministerio de Hacienda para hacer frente a la devaluación y la fuga de capitales, con el declarado propósito de contribuir a la apreciación de la peseta, se unieron, desde 1932 en adelante, los negativos efectos de las políticas de bloqueos de saldos y pagos que, para resolver sus dificultades cambiarias, implementaron muchos de los países con los que España mantenía una estrecha y fecunda relación mercantil y financiera. Todo ello acentuó la escasez de divisas disponibles por los importadores y los exportadores, hasta desembocar en un agudo constreñimiento en los intercambios comerciales mantenidos por la economía española con el exterior que perjudicó severamente a algunos de sus más destacados sectores productivos. 41 Las industrias de bienes de consumo, altamente influidas por las frecuentes oscilaciones de la demanda interna, por el comportamiento cíclico del sector agrícola o por los niveles medios alcanzados por los precios de las materias primas y los salarios de la población rural y urbana, se vieron seriamente afectadas por los persistentes síntomas de estancamiento registrados en el conjunto de la economía española durante la primera mitad de los años treinta. Entre todas ellas, la industria textil catalana pudo constituir un ejemplo paradigmático del declive persistente que afectó a la mayoría de los subsectores de la industria ligera, vinculados a la elaboración de aquellos bienes de consumo que mostraban una elevada elasticidad-renta. Su comportamiento durante los años del régimen republicano fue muy diferente al experimentado por los principales subsectores de la industria de bienes de equipo, tanto como consecuencia de la particular configuración de su entramado fabril como por su férrea dependencia del mercado interno. Todavía hacia mediados de la década de los veinte, el sector textil 41 José María serrano sanz, «La política comercial ante la crisis del veintinueve: el primer bienio republicano», en Manuel Tuñón de Lara (ed.), La II República española. El primer bienio, Tercer Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España (Madrid: Siglo XXI, 1987), pp. 135-152. 25 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura catalán continuaba instalado sobre un tejido empresarial disperso y fragmentario, con un gran número de pequeñas explotaciones escasamente eficientes y un acentuado nivel de atraso tecnológico. Acusaba, además, una fuerte dependencia de una larga serie de materias primas e insumos básicos provenientes del exterior, encontrándose asimismo atenazada por la persistencia de una débil demanda interna propia de unos mercados aún predominantemente agrarios y ruralizados. Su capacidad exportadora, ya de por sí considerablemente mermada, se había visto seriamente lastrada por la disminución generalizada del comercio internacional y las estrategias proteccionistas adoptadas desde el comienzo de la crisis de los treinta por los principales países importadores con los que España mantenía sus tradicionales relaciones comerciales. La elevada dependencia padecida por el textil catalán con respecto a las cotizaciones alcanzadas por el algodón en los mercados internacionales, al nivel medio de vida de la sociedad española, al comportamiento pendular de las cosechas agrícolas y a las exportaciones de cítricos de las comarcas levantinas, convirtieron a esta rama de la producción en una de las más vulnerables a las manifestaciones de progresiva parálisis que empezaban a aquejar al conjunto de la economía nacional desde el comienzo de los años treinta. Entre 1931 y 1933, el textil catalán pudo amortiguar los efectos depresivos del comercio internacional, gracias, sobre todo, al incremento de sus ventas en el mercado interior —empujadas por la elevación salarial de la que se vieron beneficiados los trabajadores agrícolas gracias a las medidas legislativas laborales puestas en marcha por la coalición social-azañista— y a la disminución de los costes de las materias primas propiciada por el relajamiento de la actividad industrial a nivel global. Sin embargo, desde 1933 en adelante, la caída de las exportaciones se conjugó con una nueva disminución de la actividad industrial —tanto nacional como mundial—, con la reducción de las exportaciones de productos agrarios —sobre todo del Levante y de Andalucía—, con el estancamiento sufrido por los salarios industriales y agrícolas y con el frenazo experimentado por la demanda interna. A todo ello hay que añadir los efectos de la crisis triguera —tan perniciosos para el mantenimiento de la capacidad adquisitiva del campesinado castellano y del centro peninsular— y el aumento del desempleo forzoso, tanto en la agricultura como en las principales ramas de la industria. Las adversas circunstancias descritas condujeron a una situación de sobreproducción y descenso generalizado del volumen de productos vendidos que, si bien lograba explicarse por la atonía generalizada con la que se desenvolvía el consumo interno, no ocultaba las deficiencias estructurales de un subsector industrial que acusaba una escasa productividad y competitividad y mostraba una persistente obsolescencia empresarial y tecnológica. El deterioro de la rentabilidad de las empresas del textil catalán provocó el incremento de las tensiones, cada vez más estridentes, nacidas de la espinosa relación sostenida entre la clase empresarial —representada a través de sus órganos asociativos de expresión y defensa de intereses— y las autoridades responsables de la política económica del régimen republicano. La creciente movili- 26 la república en los pueblos zación empresarial, y el elevado tono que fueron alcanzando sus reclamaciones a los poderes públicos para que estos últimos garantizasen la puesta en práctica de medidas conducentes a la recuperación de la actividad industrial y el regreso a una situación de ganancias, alcanzó su momento álgido en los primeros meses de 1936. Fue a lo largo de este último año cuando las más importantes entidades patronales solicitaron la puesta en pie de conferencias nacionales que agrupasen a las más destacadas corporaciones económicas del sector, con la finalidad de llevar adelante una estrategia generalizada de aumentos salariales que contribuyese a la reanimación de la demanda interna. Por aquellas mismas fechas, la patronal del textil catalán exigía asimismo que se pusiera fin a la competencia ilícita, demandando la retirada de la maquinaria obsoleta y los stocks almacenados o requiriendo la concesión de sustanciosas ayudas a la exportación. 42 Otro de los más destacados sectores de la producción industrial que sufrió con severidad los efectos del ciclo depresivo que se abatió sobre la economía española durante la primera mitad de la década de los treinta fue el de la producción siderometalúrgica. El sector de la producción de acero contaba con una larga y acreditada trayectoria, pues había contribuido exitosamente a la materialización de la prolongada etapa expansiva que vivió la industria española durante casi todo el siglo xix. Sin embargo, es preciso señalar que su andadura histórica siempre se vio condicionada por la débil demanda proveniente de un sector agrario escasamente mecanizado y motorizado, así como por la persistencia de un campesinado mayoritariamente aquejado por la crónica debilidad de su mortecina capacidad adquisitiva, como consecuencia de los escasos avances registrados en la productividad agrícola y la competitividad. Como consecuencia de esto último, la industria de los bienes de producción —entre los que cabe situar en un lugar prominente al sector siderometalúrgico— se fue consolidando gracias a los estímulos provenientes de la demanda de otros subsectores industriales y de las políticas intervencionistas del Estado en materia arancelaria o de gasto público. La excepcionalmente benigna coyuntura configurada durante la neutralidad española en la Gran Guerra impulsó un rápido proceso de concentración empresarial y consolidación de las inversiones en capital fijo, que acabaron ligando estrechamente a los grandes consorcios de la producción siderometalúrgica con las más importantes entidades financieras del país. Sin embargo, y quizás debido a que las ganancias atesoradas durante el periodo de incremento de las exportaciones a los países beligerantes no fueron adecuadamente canalizadas hacia la modernización tecnológica y el incremento de la competitividad, una vez finalizado el conflicto bélico de 1914-1918 el sector siderometalúrgico volvió a verse seriamente dificultado por la persistente fragilidad del mercado interno, el 42 Luis Germán zubero; Enrique lloPis, Jordi maluquer de motes y Santiago zaPata (Eds.), Historia Económica Regional de España. Siglos xix y xx (Barcelona: Crítica, 2001). Mercedes cabrera, La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia, 1931-1936 (Madrid: Siglo XXI, 1983). 27 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura escaso dinamismo de una agricultura insuficientemente mecanizada y el predominio de una sociedad agraria empobrecida, al tiempo que crónicamente afectada por los recurrentes periodos de malas cosechas que agravaban su débil capacidad adquisitiva. Todo ello convirtió al Estado, a través de sus políticas de gasto público, en uno de los clientes más significativos de la producción generada por el sector. Así pues, tras la súbita interrupción del programa de obras públicas puesto en marcha por la dictadura de Primo de Rivera, el sector siderometalúrgico tuvo que afrontar un prolongado periodo de parálisis. Con la llegada de Indalecio Prieto al Ministerio de Hacienda, la toma de medidas para hacer frente a la devaluación de la divisa se unió a la puesta en práctica de una estrategia de equilibrio presupuestario que, si bien no cercenó drásticamente las partidas orientadas a la conclusión de algunos proyectos de obras públicas que ya venían ejecutándose, reorientó las principales partidas de la inversión hacia la atención de ciertos compromisos sociales relacionados con la ejecución de las leyes reformistas laborales. 43 Además, se redujeron sustancialmente las partidas destinadas a la financiación de las infraestructuras del sector ferroviario, a la vez que se detrajeron cuantiosos recursos públicos inicialmente encaminados a sufragar aquellas iniciativas inversoras con una mayor capacidad para lograr la generación de empleo y la revitalización de la demanda industrial. Muchos de estos recursos acabaron siendo finalmente destinados a socorrer las políticas sociales y asistenciales aprobadas por las coaliciones de centro-izquierda del primer bienio. Esta contracción del gasto global de las administraciones públicas en materia de estímulos a la inversión productiva se prolongó hasta el año 1933, y sin lugar a dudas debió repercutir muy negativamente sobre la capacidad anti-cíclica atribuible a la inversión estatal. Si a esto unimos el pernicioso efecto ocasionado por el incesante incremento del desempleo forzoso a lo largo de los cinco años de gobierno republicano, el resultado no pudo ser otro que el de la ralentización de la actividad económica, la caída de las exportaciones, el descenso de las inversiones y la contracción generalizada del mercado interno. 44 Las crecientes dificultadas en las que se vio inmerso el comercio internacional, agravadas por la generalización de la política proteccionista y la disminución de las importaciones a la que se vio abocada la mayoría de los grandes países capitalistas de nuestro entorno, incidieron muy negativamente sobre la marcha del sector naviero. La fuerte dependencia de este último con respecto a la protección estatal pronto se confabuló con la caída de las exportaciones transmediterráneas o transoceánicas, acontecida desde comienzos de la década de los treinta. Tan nefasta conjugación de 43 Jordi PalaFox, Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española, 1892-1936 (Barcelona: Crítica, 1991). 44 Emiliano Fernández de Pinedo y José L. hernández marco (eds.), La industrialización del norte de España. Estado de la cuestión (Barcelona: Crítica, 1988). 28 la república en los pueblos factores adversos provocó un acusado descenso del volumen global de mercancías transportadas, algo que prontamente se tradujo en el incremento de la flota amarrada y en la disminución de las carteras de pedidos sufrida por los principales astilleros. La contracción del mercado interior, manifestada con casi idéntica intensidad a la registrada por el volumen de los intercambios mantenidos con el extranjero, repercutió asimismo de manera negativa sobre la marcha del sector ferroviario. Este último hubo de hacer frente no solamente a la estrepitosa caída de los ingresos obtenidos a través de la aplicación de tarifas sobre las mercancías transportadas, sino a la creciente competencia proveniente del transporte por carretera, revitalizado tras las sustanciosas inversiones en la red viaria terrestre puestas en pie por las políticas de obras públicas llevadas a cabo durante la segunda mitad de los años veinte. El comportamiento depresivo de los sectores ferroviario y naval hundieron aún más la ya muy debilitada tasa de actividad del sector siderometalúrgico. Este último hubo de arrostrar, desde 1934 en adelante, los obstáculos derivados de la decretada reducción de la duración de la jornada laboral hasta las 48 horas semanales, en atención a una de las reivindicaciones exitosamente reclamadas por los trabajadores en huelga de las ferrerías madrileñas. La acumulación de todas las desfavorables circunstancias que han sido descritas se tradujo en la disminución de la actividad, en la paralización de algunas factorías y en el incremento del desempleo entre los asalariados del ramo. Junto a la construcción y la agricultura, desde el segundo bienio republicano la metalurgia y la siderurgia se convirtieron en los sectores con mayores índices de paro obrero registrado. La reacción de las corporaciones empresariales ligadas a la producción siderometalúrgica consistió en la denuncia de los dañinos efectos provocados por la disminución de la jornada laboral, que hacía aún más insostenibles, dados los bajos índices de actividad prevalecientes, los esfuerzos destinados al pago de los salarios. Fueron muchas las voces del empresariado que, desde aquel año 1934, reclamaban la creciente intervención del Estado en la reanimación de la actividad productiva, insistiendo en el fomento de las obras públicas y en la potenciación de las industrias de bienes de consumo como medidas impostergables, destinadas a reanimar la demanda sobre los principales productos generados por un desfallecido sector siderometalúrgico. Junto a los sectores industriales ya descritos, otras dos ramas de la actividad que atravesaron por una difícil coyuntura durante los primeros años treinta fueron las de la minería del hierro y del carbón. Por lo que respecta a la primera de ellas, es decir, a la minería del hierro vizcaína, cabe señalar que el origen de sus problemas se hallaba no solamente en el hundimiento de la siderometalurgia vasca —tal y como ya ha sido descrito—, sino asimismo en la contracción sufrida por las exportaciones tradicionalmente dirigidas hacia Inglaterra o Alemania, como consecuencia del descenso de la actividad industrial registrado por aquellos años en las economías de ambas potencias europeas. Desde fines de 1931 se hacían oír las expresiones de malestar provenientes de las organizaciones empresariales del sector, lamentándose de la acumulación de 29 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura los stocks en las bocaminas y la sucesión de pérdidas imputables a la mencionada situación, únicamente mejorable si el Estado concedía subvenciones o perdonaba impuestos y gravámenes. Sin embargo, el estado por el que atravesaba la minería del carbón asturiana resultaba algo diferente. El prolongado recurso a la protección arancelaria desde los comienzos del siglo xix no había hecho sino agravar la ineficacia de las explotaciones y la escasa competitividad del tejido empresarial. Para hacer frente a la competencia exterior, los sucesivos gobiernos habían recurrido a la elevación arancelaria, aún a costa de hacer trasladar hasta los consumidores nacionales y los contribuyentes los sobrecostos de un sector inefectivo y escasamente adaptado. Tras el desmesurado crecimiento experimentado por el sector al cobijo de las ventajosas circunstancias propiciadas por la neutralidad española en la Gran Guerra, el regreso a la normalidad desde 1919 en adelante y la restauración de la competencia internacional obligaron a un endurecimiento de las barreras proteccionistas. La dictadura de Primo de Rivera promulgó medidas para garantizar los niveles de precios, obligando a las industrias protegidas a consumir el carbón nacional y asegurando la concesión de subvenciones directas a las explotaciones, incluso a las más deficitarias o menos competitivas. La sobreprotección de la minería del carbón asturiana al iniciarse el régimen republicano chocó abruptamente con un descenso generalizado de la actividad industrial interna y con una irrefrenable desaceleración de las exportaciones. La acumulación de los stocks invendidos y la elevación de los costos salariales impelió a la clase patronal a exigir del Estado una elevación generalizada de las tasas oficiales que regulaban el precio subvencionado del carbón. Ante todo, se hacía necesaria una intensa reestructuración del sector, procediendo al cierre de las explotaciones menos provechosas o más ineficientes, promoviendo el arrendamiento colectivo de las más deficitarias o reduciendo los ritmos de extracción del mineral, medidas todas ellas consideradas inaceptables por la patronal, que reclamaba sobre todo una remuneradora actualización de los precios. La reacción gubernamental ante la insistencia del empresariado se encaminó, desde 1935, hacia el logro de la sindicación obligatoria de los concesionarios a través de una Federación de Sindicatos Carboneros, ocupada del establecimiento de unos cupos de producción de obligatorio cumplimiento y del control de la distribución de la demanda. Pero los intereses carboneros centraron sus demandas en una nueva y generalizada elevación de las tarifas aduaneras que protegían el carbón autóctono y en la imposición de su obligatorio consumo por parte de la industria nacional, contribuyendo así, una vez más, a repercutir sobre los consumidores los elevados costos de un sector manifiestamente deficitario. 45 45 Mercedes cabrera, La patronal, op. cit. 30 la república en los pueblos Junto a los sectores descritos, otro de los que se vio intensamente afectado por la crisis económica de comienzos de los años treinta fue el de la construcción. Dicho sector había experimentado profundas transformaciones estructurales, animadas por la fiebre edificadora que se adueñó de los grandes centros urbanos desde el final de la Gran Guerra y que se aceleró sensiblemente durante la segunda mitad de los años veinte, cuando las políticas estatales de inversión en obras públicas de la dictadura de Primo de Rivera alcanzaron su cenit, y cuando los poderosos movimientos migratorios parcialmente animados por aquéllas nutrieron las grandes urbes de una abultada masa de población proveniente del campo. La mencionada fiebre edificadora no solamente impulsó el crecimiento del sector de la construcción, sino que lo dotó de los necesarios impulsos para convertirlo en un ámbito de la producción industrial donde se registró una fuerte concentración de capitales. En medio de un contexto de euforia edificadora, el sector contempló la emergencia de importantes consorcios empresariales y poderosas sociedades anónimas, que reunían cuantiosos fondos de capital y disponían de una sobrada capacidad para llevar adelante proyectos de edificación de viviendas y de instalaciones infraestructurales de gran envergadura. La ciudad de Madrid se situó a la cabeza de este proceso de fuerte oligopolización del sector de la construcción. Desde mediados de los años veinte y hasta el año 1935, aproximadamente, dicho proceso transformó la vieja estructura empresarial que anteriormente hegemonizaban los pequeños maestros albañiles, quienes sobre todo se dedicaban a la compra de solares posteriormente hipotecados con el fin de reunir los recursos financieros necesarios para acometer las tareas de edificación. El boom de la edificación que se prolongó durante la segunda mitad de los años veinte, al calor de las favorables circunstancias que auspiciaron el crecimiento de la economía nacional, dio paso a la emergencia de poderosas sociedades anónimas con recursos financieros propios —tales como Agromán, Fierro, Fomento de Obras y Construcciones y un largo etcétera—, plenamente capacitadas para acometer los costosos proyectos de obras públicas encargados por las administraciones estatales. Según los datos aportados por Santos Juliá, de las 86 sociedades anónimas de edificación y obras públicas que en el año 1935 estaban inscritas y radicadas en la ciudad de Madrid, 8 de ellas, con un capital desembolsado equivalente al 20 por 100 del total, se habían creado entre 1921 y 1925; otras 17, que reunían el 25 por 100 del capital total desembolsado, lo habían hecho entre 1926 y 1930; mientras que otras 53 sociedades, que acaparaban algo más del 46 por 100 del capital total desembolsado, se constituyeron entre 1931 y 1935. 46 Esto último prueba el creciente ritmo de constitución de sociedades de edificación madrileñas durante los años republicanos, pese a los efectos depresivos que por aquellas mismas fechas comen- 46 Santos juliá, Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases (Madrid: Siglo XXI, 1984). 31 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura zaban a afectar severamente al sector de la construcción en su conjunto. En efecto, la construcción llegó a ocupar el segundo puesto en cifras de paro forzoso desde el año 1929 en adelante. La crudeza de las manifestaciones de la desaceleración registrada en los ritmos de construcción de viviendas, edificios e infraestructuras se conjugó con la existencia de un ambiente crecientemente caldeado en las relaciones laborales, ya de por sí tensas, sostenidas entre una patronal bien consolidada, y predispuesta a disolver las expresiones del malestar obrero, y una clase trabajadora intensamente sindicalizada. La fuerte rivalidad desencadenada entre las dos grandes organizaciones sindicales —la UGT socialista y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) anarquista— se unió al uso de las estrategias maximalistas, con el frecuente recurso a la huelga general, puestas en práctica por los anarquistas para contrarrestar los efectos del despido masivo practicado por los patronos en represalia por la sindicación de los obreros, o para lograr el reconocimiento patronal de su legítimo derecho a la representación de los trabajadores con el propósito de deshacer el monopolio sindical ejercido en muchos casos por los socialistas de la UGT. La grave crisis padecida por el sector de la construcción durante los años del régimen republicano vino precedida de la abrupta paralización del vasto plan de obras públicas que había puesto en marcha la dictadura de Primo de Rivera en su etapa final. La severa restricción sufrida por la cartera de pedidos de las grandes sociedades anónimas dedicadas al negocio de la construcción se vio agravada por el incremento de los costes sociales que encarecían la mano de obra, los aumentos salariales conquistados a lo largo de un ciclo de visible recrudecimiento de la conflictividad huelguística, la reducción de la jornada laboral desde las 48 horas semanales hasta las 44 logradas en el periodo 1933-1934, o el debilitamiento prolongado en la actividad edificadora, motivado por la desaceleración de la tasa de actividad registrada en otros sectores de la economía y el rampante aumento del desempleo. 47 una mención exPlícita a la evolución del sector agrario Llegado este momento, urge acometer un balance de la evolución descrita por el sector agrario durante los años republicanos. Como ya ha sido señalado anteriormente, los efectos de la crisis económica internacional de comienzos de la década de los treinta incidieron sobre la economía española de forma más bien atenuada, debido a la especial configuración de nuestras estructuras productivas. Dado el carácter de relativo atraso de la economía hispana, así como su escasa interpenetración con las principales economías extranjeras, los sectores más afectados fueron algunas ramas de la producción industrial —tales como la siderurgia, el textil o la construcción— y, sobre todo, la agricultura de ex portación. No obstante, y a pesar de que la deprecia- 47 Mercedes cabrera, La patronal, op. cit. 38 la república en los pueblos La caída de los precios de los principales productos agrícolas de exportación —entre los que cabe mencionar especialmente al aceite de oliva—, se unió a la elevación de los costes de producción —sobre todo motivados por la disminución de la jornada laboral— y al aumento de los jornales, precipitando una situación marcada por la pérdida de rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas y el sensible descenso del beneficio empresarial. Tal situación no afectó exclusivamente a los medianos y grandes propietarios o arrendatarios agrícolas, sino que deprimió asimismo las frágiles economías domésticas de las modestas explotaciones sostenidas por una extensa pléyade de pequeños propietarios o arrendatarios rústicos. Todo esto sucedía, a su vez, en medio de una etapa en la que muchos de estos últimos se veían forzosamente orientados hacia el sostenimiento de una agricultura rentabilista, capitalista y mercantilizada, recurriendo con frecuencia cada vez mayor al mercado de trabajo para contratar mano de obra jornalera, absolutamente imprescindible para la realización de algunas faenas como la siembra, la limpieza de sementeras, la poda de árboles o la recolección de cereales y aceituna. La conjugación de las circunstancias adversas ya descritas que tuvo lugar en importantes regiones especializadas en determinados cultivos orientados al mercado quizá motivase, desde el comienzo de la década de los treinta, el incesante aumento de los conflictos huelguísticos registrados en todas y cada una de ellas. Estos últimos fueron especialmente intensos allí donde existía un claro predominio de una agricultura mercantil y capitalista, instalada sobre la coexistencia conflictiva sostenida entre un abultado colectivo de jornaleros cada vez más enfrentados a un variopinto segmento de cultivadores que aplicaba estrategias productivas de tipo rentabilista, orientadas hacia la obtención del máximo beneficio empresarial. El mencionado aumento de la conflictividad laboral en la agricultura de esas mismas regiones estuvo asimismo motivado por un rosario de fenómenos que se desencadenaron de una manera súbita y simultánea, tales como la caída del valor de las cosechas, el ascenso de los costos salariales, la reducción de la rentabilidad de las explotaciones rústicas y el incesante incremento del desempleo —en 1936, los parados en la agricultura constituían el 65,6 por 100 del total—. Todo esto aconteció dentro de un sistema agrario escasamente mecanizado y fuertemente dependiente del factor trabajo, en el que la elevación constante de los salarios, desde 1931 en adelante, y la pérdida de rentabilidad de las explotaciones —parcialmente motivada por el desplome de las exportaciones y el descenso de los precios de los principales productos agrícolas—, provocaron una situación altamente inestable en el seno de las específicas relaciones laborales sostenidas entre patronos y jornaleros. La elevación salarial, espoleada por la actuación de los Jurados Mixtos y la proliferación de los conflictos huelguísticos, pronto se convirtió en un serio obstáculo, que acabó perjudicando el sostenimiento de las economías domésticas de un amplio estrato de pequeños propietarios o arrendatarios rústicos. Muy probablemente, una de 39 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura las principales consecuencias de todo este estado de cosas fuese la creciente desafección de los pequeños propietarios y arrendatarios hacia el régimen republicano mismo, o hacia su estela de avanzada legislación socio-laboral, preferentemente orientada a la satisfacción de los intereses de un vasto colectivo de jornaleros mayoritariamente adscritos a los sindicatos agrícolas de signo anarquista o socialista. a modo de balance Se impone, por último, trazar un balance final sobre la marcha de la crisis padecida por la economía española durante los años republicanos. En términos generales debe aceptarse que dicha crisis se reveló en nuestro país a través de expresiones más bien benignas, sobre todo en comparación con la particularizada virulencia con la que se manifestaron los síntomas de la Gran Depresión en las economías de los países más importantes de nuestro inmediato entorno geográfico. En España, durante el periodo 1930-1935, la renta nacional y los niveles de precios se mantuvieron prácticamente en idénticas posiciones a las registradas el año 1929, confirmándose de esta manera la ausencia de una fuerte recesión. Es más, la evolución de los precios en la economía española durante los años del régimen republicano contrasta acusadamente con la dibujada por las economías de algunas de las más destacadas potencias europeas, donde se produjeron caídas deflacionarias situadas entre el 20 y el 30 por 100 con respecto a los niveles de precios alcanzados a fines de la década de los veinte. Por otro lado, el retroceso experimentado en nuestro país por el PIB fue muy suave, situándose el consignado durante el año 1933 en el 99 por 100 del alcanzado el año 1929. Considerado en su conjunto, durante los años que discurrieron entre 1929 y 1935 el PIB se mantuvo prácticamente estancado —con un incremento anual del 0,6 por 100—. Sin embargo, el PIB per cápita decreció muy ligeramente —a un ritmo del 0,1 por 100 anual— a lo largo del periodo descrito. Esta insignificante caída del PIB per cápita se debió sobre todo al elevado ritmo que experimentó el crecimiento vegetativo de la población —las tasas brutas de mortalidad decrecieron desde el 23,3 por 1.000 del año 1920 hasta el 15,7 del año 1935, mientras las tasas de natalidad evolucionaron desde el 29,4 por 1.000 hasta 25,7 a lo largo del periodo de tiempo considerado—. Al buen comportamiento apuntado por el movimiento natural de la población habría que añadir la drástica disminución experimentada por el número de emigrantes y el retorno practicado por un elevado porcentaje de cuantos habían partido al extranjero en los años previos. 54 Mucho peor se comportaron los índices de producción industrial, las tasas de desempleo y el déficit comercial exterior. La producción industrial descendió entre 54 Albert carreras y Xavier taFunell, Historia Económica, op. cit. 40 la república en los pueblos 1930 y 1933 en torno a un 12 por 100. Pese a la ligera recuperación dibujada en los dos años siguientes, el índice de producción industrial alcanzado el año 1935 todavía se situaba por debajo del logrado en 1930. Las cifras de paro oficialmente registradas nos desvelan que las magnitudes absolutas mostradas por la población sometida a una situación de desempleo forzoso no fueron, ni de lejos, tan abultadas como las registradas en otros países europeos —sobre todo Alemania, con 6 millones de desempleados y una tasa de paro del 43,5 por 100 de la población asalariada industrial en 1932—. 55 En términos porcentuales, el paro forzoso afectó únicamente, cuando se alcanzaron sus peores registros, al 7 por 100 de la población activa española. Sin embargo, no debe olvidarse que, en términos absolutos, dichas cifras se duplicaron entre 1931 y 1936, pasándose de los 389.000 a los 796.341 parados estadísticamente consignados. Debe constatarse, por último, que entre 1929 y 1933 el descenso de las exportaciones españolas se situó en torno al 30 por 100, mientras que la caída de las importaciones, algo más suave, lo hizo en torno al 20 por 100. La disminución de los precios medios de los productos vendidos en el exterior —y el descenso del monto global de ingresos obtenido con las ventas al extranjero— fue mayor que la caída experimentada por los precios medios de los productos importados, lo que se tradujo en un empeoramiento de la relación real de intercambio, situado en torno al 14 por 100 durante el periodo de tiempo señalado. 56 Parece fuera de toda duda que la economía española sufrió con menos intensidad que otros países europeos de su entorno las consecuencias de la gran depresión de comienzos de la década de los treinta, por tratarse de una economía más atrasada y dependiente de un sector agrario mayoritariamente orientado hacia el mercado interior, así como menos expuesta a la severa contracción del comercio internacional y al contagio del desastre financiero que se expandió aceleradamente por Europa desde 1930 en adelante. La crisis de los años treinta tuvo en España tintes peculiares, que impidieron que su economía experimentase un temprano cambio de ciclo o una reactivación tan significativa como la lograda por los sistemas productivos de un buen número de países europeos desde mediados de la década de los treinta —especialmente Austria, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega o Suecia—. 57 Aún teniendo en cuenta la existencia de precipitantes de naturaleza exógena, el desencadenamiento del ciclo depresivo de la economía española durante la primera mitad de los treinta 55 W. R. Garside, «The Great Depression, 1929-33», en Michael J. Oliver y Derek H. Aldcroft (eds.), Economic Disasters of the Twentieth Century (Cheltenham y Manchester: Edward Elgar Publishing, 2007), pp. 51-82. 56 Pablo martín aceña, «Economía y política económica durante el primer bienio republicano (1931-1933)», en Manuel Tuñón de Lara (ed.), La II República española. El primer bienio, Tercer Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España (Madrid: Siglo XXI, 1987), pp. 119-134. 57 Derek H. aldcroFt, The European Economy, op. cit. 41 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura estuvo fuertemente condicionado por la convergencia de factores esencialmente endógenos, tales como el cambio de régimen que se registró en 1931 y la desconfianza con que fue recibido por buena parte de los grandes intereses agrícolas, financieros, industriales o comerciales. Es preciso señalar, no obstante, que, frente a las tendencias depresivas ligadas al cambio de ciclo político, se produjo la confluencia de algunos fenómenos indiscutiblemente alentadores. Durante el periodo 1930-1933, las alzas salariales fueron constantes y, en ocasiones, intensas. En términos reales, los salarios pagados en la industria se incrementaron durante los años señalados a una tasa media anual del 7 por 100, mientras que en la agricultura las elevaciones fueron aún mayores —cercanas, en algunos casos, al 12 por 100—. El ritmo positivo de las subidas salariales repercutió muy favorablemente sobre el incremento del consumo y el ascenso de la demanda interna. Sin embargo, las elevaciones experimentadas por los salarios nominales no fueron capaces de contrarrestar los negativos efectos del aumento del desempleo, ocasionado por el colapso sufrido en la inversión y la severa constricción de algunas exportaciones. La disminución, en términos tanto absolutos como relativos, de la población ocupada provocó que las rentas del trabajo en su conjunto se situasen por debajo del valor alcanzado por los incrementos salariales, sin que todo ello fuese obstáculo para que se produjese un alza en las ganancias obtenidas por el subsector de la industria de bienes de consumo, cuyo buen comportamiento compensó la orientación depresiva mostrada por la industria de bienes de capital. Pese a que la economía española se mantuvo ligeramente distanciada de los catastróficos efectos de la depresión internacional, la resistencia mostrada a la recuperación de sus principales índices fue la tónica dominante durante la primera mitad de los años treinta. A esto último contribuyeron varios factores. La política cambiaria fue uno de ellos. La depreciación de la peseta, que ya venía produciéndose desde 1928, acentuó sus ritmos con la llegada la República, debido sobre todo al aumento del déficit comercial y a la fuga de capitales desatada por el cambio de régimen — dada la desconfianza suscitada entre los círculos financieros y empresariales por la llegada al poder de coaliciones políticas ampliamente respaldadas por los socialistas y las izquierdas—. Pese a todo, las autoridades económicas persistieron en su empeño por impedir la devaluación de la divisa nacional, manteniendo un tipo de cambio sobrevaluado que en nada ayudó a reducir el déficit comercial. 58 La protección a toda costa del valor de la peseta se concretó en un endurecimiento de la política monetaria mediante la elevación de los tipos de interés. Con ello se pretendía la captación de la inversión externa a fin de atenuar el desequilibrio en la balanza de pagos, aún cuando el derrumbe del sistema financiero internacional impidiese la normalizada afluencia 58 Francisco comín, «Política y Economía. Los factores determinantes de la crisis económica durante la Segunda República (1931-1936)», Historia y Política, 26 (2011), pp. 47-79. 42 la república en los pueblos de capitales foráneos con los que enjugar un déficit comercial tendente al alza. La elevación de los tipos de interés desanimó aún más la inversión, agravando el problema del paro y contribuyendo a un sensible deterioro del déficit público. Para empeorar aún más las cosas, en 1933 España quedó vinculada al denominado «bloque del oro», justo en una coyuntura en la que las grandes potencias capitalistas comenzaban a desembarazarse de las rigideces causadas por el obligatorio cumplimiento de los preceptos ligados al sostenimiento del patrón de cambios-oro. 59 Esta última decisión privó a las autoridades económicas y fiscales de la posibilidad de aplicar medidas devaluatorias —como las que estaban ensayando muchos países que optaron por el dinero barato o las devaluaciones competitivas—, alejando así la posibilidad de hacer frente, de manera exitosa, al déficit de la balanza comercial mediante la estimulación de las exportaciones. Al parecer, la fortaleza exhibida por la divisa nacional entre 1931 y 1935 dificultó las exportaciones y encareció las importaciones, contribuyendo, de esta manera, a la difusión entre nuestro sistema productivo de los perniciosos efectos de la crisis internacional y al retraso de la recuperación. 60 Junto a la política monetaria, las políticas laborales y sociales de los gobiernos republicanos del primer bienio tampoco contribuyeron a calmar las aguas en el agitado panorama de la conflictividad laboral. Las leyes laborales aplicadas tanto en el ámbito de la producción industrial como en aquel otro de la agricultura tendieron a conceder un elevado protagonismo en la negociación colectiva a los sindicatos que defendían los intereses de los asalariados. Medidas legislativas como la reglamentación de la jornada máxima, la creación de Jurados Mixtos, la fijación del salario mínimo o las leyes reguladoras de las relaciones laborales agrícolas como la de Términos Municipales, Laboreo Forzoso o Colocación Obrera, descansaban sobre la actuación de organismos de arbitraje con una fuerte presencia de representaciones sindicales obreras. La democratización del sistema corporativo de negociación colectiva proporcionó un impulso decisivo a las grandes organizaciones sindicales de la izquierda, pero muy especialmente a las de signo socialista, que fueron las que aceptaron participar en el entramado legal regulador de los acuerdos laborales suscritos entre patronos y asalariados. En medio de un panorama de parálisis económica y elevado desempleo, la gran capacidad negociadora de los sindicatos —mayoritariamente socialistas— que agrupaban a un elevado porcentaje de los asalariados de la agricultura y la industria suscitó la proliferación de la conflictividad huelguística. La presión sindical ejercida a través del frecuente recurso a la huelga contribuyó asimismo a una elevación significativa de los salarios nominales, cuyos positivos efectos se vieron, pese a todo, seriamente contrarrestados por el incremento incesante del paro forzoso. La elevación 59 Albert carreras y Xavier taFunell, Historia Económica, op. cit. 60 Francisco comín, «Política y Economía», artículo citado. 43 la crisis económica de los años treinta y sus rePercusiones sobre la aGricultura de los costos de todo tipo, la disminución de la jornada laboral y el incremento de las contribuciones sociales perjudicaron aún más las ganancias empresariales, enfrentadas a una coyuntura depresiva profundamente dañada por la caída de las ventas y el retraimiento generalizado del consumo. Es necesario, no obstante, efectuar algunas puntualizaciones en torno al comportamiento del gasto público durante los años republicanos y las estrategias de inversión estatal llevadas a efecto por los diferentes gobiernos mediante la confección de sus respectivas políticas presupuestarias. A pesar de las reiteradas declaraciones de los sucesivos Ministros de Hacienda a favor del mantenimiento de la ortodoxia presupuestaria, casi todos ellos acabaron resistiéndose a poner freno al déficit público —especialmente los del primer bienio—, mostrando algunos de ellos —como prueba la ejecutoria del ejercicio fiscal del año 1935— una absoluta incapacidad para equilibrar las finanzas estatales. Durante el periodo discurrido entre 1931 y 1934 la tónica dominante consistió en la elevación del gasto público, concebida como la más eficaz herramienta destinada a lograr el estímulo de la producción en las principales ramas de la economía, la disminución del desempleo forzoso, la modernización de las infraestructuras básicas y la mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta educativa estatal. Lo prueba el hecho que no fuese sino hasta el año 1935 cuando el ministro Chapaprieta mostrase una firme voluntad de reducir el creciente déficit presupuestario. Algunos investigadores, haciendo un rastreo pormenorizado del comportamiento de las liquidaciones presupuestarias de la Intervención General de la Administración del Estado, han advertido acerca de la inconsistencia de las afirmaciones que hacían recaer sobre los gobiernos republicanos la responsabilidad de la aplicación de una política presupuestaria restrictiva, inmersa en la estela de la contención progresiva del gasto público que ya iniciara Calvo Sotelo desde el ejercicio hacendístico del año 1929 en adelante. Una auscultación más exhaustiva de la evolución seguida por las cuentas públicas entre 1926 y 1935 pone en entredicho la extendida inculpación a los gobiernos republicanos de su supuesta incapacidad para arbitrar medidas anti-cíclicas, refutando la generalizada hipótesis del agravamiento de la crisis económica que se habría derivado de la supuesta ejecución de estrategias de inversión estatal de carácter restrictivo, encaminadas al saneamiento de las finanzas estatales con la mirada puesta en la preservación del valor de la peseta. El balance de las liquidaciones presupuestarias señala que, tras el crecimiento experimentado por el gasto del Estado entre 1926 y 1929, este último se desplomó el año 1930. Durante el primer año del régimen republicano el gasto público volvió a aumentar, aún cuando de una manera débil. Fue a lo largo del periodo 1931-1934 cuando el mencionado gasto público volvió a crecer de manera continuada y significativa, para acabar estabilizándose en 1935. Los ingresos del Estado por vía impositiva continuaron estancados en 1931, al situarse casi al mismo nivel que ya habían alcanzado el año 1929, para experimentar sendos movimientos de ascenso en 1932 (con motivo de la reforma fiscal llevada a cabo por el ministro Carner) y 1935 (cuando Chapaprieta 44 la república en los pueblos hizo lo propio). La relación entre el gasto público y el Producto Interior Bruto (PIB) nos ayudaría a entender mejor la posible repercusión de las prácticas presupuestarias expansivas, tendentes al aumento de la inversión estatal, sobre el comportamiento global del sistema productivo. Pues bien, según algunos especialistas, la relación porcentual de las variables Gasto del Estado/PIB mostró una evolución ascendente entre 1926 y 1928, para finalizar estabilizándose en torno al 11,5 por 100 durante el ejercicio fiscal de 1929. Como ya señalábamos más arriba, el ministro Calvo Sotelo puso freno a la política de fomento del gasto y a la inversión estatal mediante la elaboración del mucho más restrictivo presupuesto de 1930, dándose así por finalizado el programa de obras públicas que había quedado diseñado dentro del presupuesto extraordinario de 1926. Como consecuencia de todo lo anterior, en 1930 la relación entre el gasto del Estado y el PIB cayó hasta el 10,8 por 100, alcanzando un porcentaje muy similar al logrado en el mencionado año 1926. Sin embargo, esta trayectoria de recortes en el gasto público no fue continuada por los primeros gobiernos del régimen republicano. Pese a las afirmaciones que han predominado en buena parte de la historiografía especializada sobre las políticas económicas aplicadas durante la II República, que imputaban a sus gobiernos la adopción de austeras medidas fiscales y presupuestarias, orientadas hacia la contención del gasto y el alcance del equilibrio en las arcas públicas, el gasto del Estado se elevó de una manera acelerada y perceptible entre los años 1930 y 1933, registrándose este último año un aumento del mismo cifrado en torno al 25 por 100 con respecto al nivel alcanzado durante el primero de los años mencionados. Según las apreciaciones de Francisco Comín, «los gobiernos de la coalición republicano-socialista hicieron un importante esfuerzo a través del gasto público para contener la depresión económica y luchar contra el paro involuntario». Así pues, ha quedado constatado que desde el ejercicio presupuestario correspondiente al año 1932, la relación entre el gasto público y el PIB nacional se elevó hasta niveles desconocidos hasta aquel entonces en la historia contemporánea de España. Fueron los gobiernos radical-cedistas quienes, entre 1934 y 1935, volvieron a imprimir un drástico cambio de rumbo en las políticas presupuestarias expansivas y anti-cíclicas ensayadas por los gobiernos social-azañistas del primer bienio. A lo largo de los años últimamente señalados, el porcentaje de gasto público con respecto a PIB volvió a disminuir de forma apreciable, situándose en torno al 12,4 por 100 y rozando los niveles que ya se habían registrado el año 1932. Pese a que tal retroceso significó una clara reorientación, abiertamente regresiva, de la política intervencionista del Estado en materia de inversión pública, en términos relativos la proporción significada por el gasto público realizado por las administraciones con respecto al PIB continuaba siendo, durante el periodo 1934-1935, superior a la lograda durante los años de la dictadura del general Primo de Rivera. 61 61 Francisco comín, «Política y Economía», artículo citado. caPítulo 2 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil algunos Planteamientos introductorios A continuación, intentaremos efectuar un recorrido por las principales variaciones experimentadas por las formas que adoptó el conflicto campesino andaluz en la década de los treinta del pasado siglo xx. Los elementos originarios de estas variaciones se sitúan a lo largo de un extenso periodo de tiempo que se prolonga desde la superación de la crisis agraria finisecular hasta el denominado trienio bolchevique, y son en muy buena medida el resultado de las transformaciones que experimentaron las prácticas agrícolas, las estrategias productivas, las cambiantes relaciones de poder en el seno de las núcleos de población rurales así como un complejo entramado de factores que trataremos de caracterizar. El componente vertebrador de la multiplicidad de elementos que propiciaron el surgimiento de los modelos por los que se condujo el conflicto rural en la convulsa década de los treinta, no fue otro que la progresiva vinculación del conjunto de la agricultura andaluza a los mercados nacional e internacional, así como la consiguiente mercantilización generalizada de las prácticas económicas de la mayor parte de los grupos sociales andaluces. Para argumentar la específica naturaleza adoptada por el conflicto rural en la Andalucía de la década de los treinta, quizá tengamos que remontar nuestro análisis al periodo de crisis del liberalismo oligárquico —y por tanto del caciquismo en su manifestación clásica— y de resolución de la crisis agraria finisecular. Ambos fenómenos aparecen íntimamente ligados y repercuten poderosamente en la modificación de las estructuras sociales andaluzas, pero, sobre todo, en los comportamientos culturales, económicos e ideológico-políticos del campesinado y las oligarquías rurales. En suma, podemos adelantar que las intensas alteraciones que sufrieron los protagonistas sociales del mundo rural andaluz al adentrarse en el siglo xx, arrojaron como resultado más visible la progresiva homogeneización de los comportamientos conflictuales registrados en la agricultura en el conjunto de Andalucía. Así pues, la Andalucía predominantemente campesina, es decir, aquella 46 la república en los pueblos donde la particular configuración de la estructura de la propiedad de la tierra y el uso característico de los recursos agrarios había permitido la pervivencia —en términos porcentuales significativos— de pequeñas explotaciones campesinas que coexistieron en una relación desigual y asimétrica con la gran propiedad agraria —hasta el extremo de configurar un específico modo de organización y producción agrarias—, conoció durante las primeras décadas del siglo xx una espectacular emergencia de redes organizativas de carácter sindical que agruparon a buena parte de los jornaleros, dotándolos de una capacidad reivindicativa hasta entonces desconocida. Junto con la irrupción del conjunto del campesinado andaluz en el escenario de las luchas agrarias organizadas, se produce el fenómeno de la sindicación generalizada y la lucha huelguística por las mejoras de trabajo y las condiciones de explotación de la mano de obra, en un marco económico e histórico en el que el salario se erigía en un componente económico fundamental en la reproducción social de los grupos campesinos. Asimismo, queremos poner de manifiesto cómo, una vez iniciada la etapa de creciente fortalecimiento de las organizaciones políticas y sindicales de signo izquierdista que acogieron a la mayor parte del campesinado organizado andaluz desde los comienzos del siglo xx, las relaciones entre campesinos y patronos agrícolas fueron mostrándose cada vez más virulentas e irreconciliables. Esta progresiva radicalización —sustentada por una segmentación horizontal cada vez más evidente—, así como la polarización social propiciada por la expansión del mercado y el capitalismo agrario, se convirtieron en fenómenos articulados, preferentemente, en torno al poder local como máxima expresión política e ideológica reguladora de las localidades. De igual manera, el proceso de expansión agraria y especialización de cultivos, registrado desde los comienzos del siglo xx, acrecentó la frecuencia con que se entablaban las relaciones laborales sostenidas entre el conjunto de los propietarios y cultivadores directos de la tierra, de un lado, y una extensa pléyade de jornaleros y trabajadores agrícolas, del lado opuesto. Una vez fracasado el sistema caciquil tradicional, la implantación del régimen republicano coincidió con el inicio de una intensa crisis agraria, con la acumulación de las ricas experiencias atesoradas por el campesinado en todo lo relacionado con el uso del poder local como instrumento decisivo en la defensa de sus intereses y con el fortalecimiento de la capacidad reivindicativa de los jornaleros. La conjunción de tales factores se vio sedimentada por el impulso que el socialismo reformista otorgó a la participación política de los campesinos en las instancias locales, así como por el respaldo significado por la promulgación de una amplia gama de medidas legislativas reguladoras de las relaciones laborales que beneficiaron ampliamente a los campesinos más pobres y muy particularmente a los jornaleros. La llegada de los representantes de los jornaleros y campesinos pobres a la mayor parte de los ayuntamientos predominantemente rurales de toda Andalucía configuró una auténtica forma de poder campesino en innumerables comarcas rurales, y coincidió con un momento histórico en que las divisiones ideológicas y materiales entre los grupos rurales se habían ido 47 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil incrementando sucesivamente. El uso instrumental que los campesinos hicieron de la legislación laboral reformista y de sus poderosos sindicatos se vio propulsado desde los ayuntamientos durante el primer bienio republicano y de alguna forma fue conducido hacia la satisfacción de los intereses históricos del campesinado. Esto último perjudicó enormemente a la burguesía agraria, e incluso a algunas otras fracciones de los pequeños y medianos arrendatarios y propietarios agrícolas. Las luchas agrarias en muchos pueblos de Andalucía se vertebraron en torno al control de los ayuntamientos, la aspiración a la mejora de las condiciones laborales y de contratación de la mano de obra jornalera, el reiterado intento por conseguir la colocación de todos los trabajadores agrícolas de la cada localidad, 62 y, en suma, la pugna por la aplicación de la legislación laboral reformista, lo cual propició una clarificación de las posturas opuestas que sostenían grupos sociales abiertamente enfrentados. En suma, el empleo masivo, y de carácter estacional, de mano de obra jornalera que demandaba la específica organización agraria del sistema de gran propiedad, elevó a decisivo el factor del control del mercado de trabajo. En este sentido, la conjugación de los comportamientos conflictivos del campesinado se orientaron hacia el uso «de grupo» o «de clase» de cuantos instrumentos —políticos, institucionales, sindicales, etc.— estuviesen al alcance de este último segmento social, para interferir satisfactoriamente, y en su propio beneficio, en la definición de las condiciones sobre las que se asentaban, en cada momento, las relaciones laborales entabladas con los patronos agrícolas. El intento, infructuoso sin lugar a dudas, de los ricos propietarios agrícolas de regresar a las fórmulas caciquiles y oligárquicas ensayadas durante mucho tiempo atrás, y la reedición de estrategias orientadas hacia el incumplimiento de la legislación reformista y la sobreexplotación de la mano de obra rural, se convirtieron en la lógica consecuencia de los deseos patronales por restaurar sus beneficios, en un momento 62 El paro forzoso en la agricultura andaluza se constituyó, a medida que avanzaba el siglo xx, en un problema acuciante. El incremento de la población, unido a la generalización de prácticas rentabilistas, aplicadas sobre todo en la gestión de las medianas y grandes explotaciones agrícolas, fueron factores desencadenantes del aumento incesante del desempleo entre los jornaleros del mediodía español. Asimismo, la ordenación de los procesos de trabajo en las grandes fincas y las características mostradas por el capitalismo agrario orgánico —débil grado de mecanización de las labores, abundancia de mano de obra, control patronal del mercado de trabajo, etc.— propiciaron una situación en la que, los medianos y grandes propietarios agrícolas desistían de la intensificación de las labores, sobre todo porque en una hipotética situación de pleno empleo, el producto marginal obtenido de la explotación se situaría por debajo del nivel medio alcanzado por los salarios. Como ha demostrado José Manuel Naredo, las grandes explotaciones sustentaban su rentabilidad sobre la existencia de factores tales como el desempleo, la disponibilidad absoluta de mano de obra barata y los bajos salarios agrícolas. Véase: José Manuel naredo, La evolución de la agricultura en España (1940-1990) (Granada: Editorial Universidad de Granada, 1996), así como José Manuel naredo; L. ruiz-mata y J. M. sumPsi, «La crisis de las aparcerías de secano en la posguerra», Agricultura y Sociedad, 3 (1977), pp. 9-68 54 la república en los pueblos mercados internos, la paralización de la Reforma Agraria, la modificación o supresión de la legislación laboral, la neutralización de los vigorosos sindicatos jornaleros y el cese de las intromisiones practicadas por los alcaldes socialistas en sus esporádicos pactos laborales con los asalariados. El profundo malestar político padecido por el campesinado familiar de las provincias castellano-leonesas, aragonesas, extremeñas, castellano-manchegas o de la Andalucía oriental ante la puesta en marcha de la Reforma Agraria, o frente a la aplicación de las leyes laborales pro-jornaleras inspiradas por la coalición republicanosocialista, comenzó a materializarse desde 1933 en adelante. La manifestación más perceptible de esto último consistió en la progresiva huida del campesinado intermedio de la fidelidad inicial mostrada a los partidos del centro-izquierda, culminada con su paulatina adhesión a la defensa de los postulados corporativistas y antiparlamentarios sostenidos por la derecha católico-agrarista en proceso de franca «fascistización». Al comienzo de la década de los treinta del siglo xx, España continuaba siendo un país predominantemente rural, en el que casi el 50 por ciento de su población activa aún se hallaba ocupada en labores relacionadas con la agricultura y la pesca. Aún así, había desarrollado a lo largo de las primeras décadas del siglo xx, al calor de una próspera agricultura de exportación, un subsector industrial agroalimentario nada despreciable, que se vio beneficiado por los fenómenos de crecimiento demográfico, incremento de la población urbana y aumento relativo tanto de las rentas agrarias como de la capacidad adquisitiva del conjunto de la población. La agricultura española, lejos de los tópicos regeneracionistas que la tildaban de atrasada e incapaz de experimentar un mínimo proceso de modernización, había conocido un notable desarrollo, empujada por las favorables condiciones de los mercados internacional y nacional de productos alimenticios. Se había especializado, de manera progresiva, en la obtención de aceite, vino, productos hortofrutícolas y, en menor medida, de otros productos destinados al abastecimiento de determinadas ramas de la industria agroalimentaria o de la de producción de bienes de consumo inmediato. El progreso conocido por cultivos como el olivar, tan propicio para el sostenimiento de las modestas explotaciones regentadas por pequeños y medianos propietarios o arrendatarios, y la eficiente alternativa significada por los cultivos industriales —remolacha azucarera o caña de azúcar— o los hortofrutícolas, pronto se convirtieron en factores propiciatorios que no solamente contribuyeron al mantenimiento de la pequeña propiedad, sino que incluso estimularon el aumento numérico de los pequeños propietarios o arrendatarios durante el transcurso del primer tercio del siglo xx. No obstante, el proceso político aperturista inaugurado con la II República pronto se vio seriamente obstaculizado por dificultades de naturaleza económica y política, que suscitaron no pocos enfrentamientos. La crisis agraria de fines de los años veinte y comienzos de los treinta del pasado siglo xx repercutió muy desfavorablemente sobre el sector de exportación de productos agrícolas. El descenso de los precios del aceite y del 55 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil trigo —sin mencionar las reducciones en el valor de mercado experimentadas por otros cultivos ampliamente representativos de la agricultura mediterránea, tales como los cítricos o algunos productos hortofrutícolas— colocó a numerosas explotaciones agrícolas, generalmente regentadas por medianos y grandes propietarios y arrendatarios, en situaciones deficitarias. Incluso las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas se resintieron ante los efectos de la crisis y ante la subida experimentada por los salarios agrícolas como consecuencia de la intensificación de la conflictividad jornalera. Los efectos de la crisis económica internacional de comienzos de la década de los treinta incidieron sobre la economía española de forma más bien atenuada, debido a la especial configuración de nuestras estructuras productivas. Dado el carácter de relativo atraso de la economía hispana, así como la escasa interpenetra ción de nuestros sectores productivos con las econo mías del exterior, los sectores más afectados fueron algunas ramas de la producción industrial —tales como la siderurgia— y, sobre todo, la agricultura de ex portación. A pesar de la depreciación de la peseta desde el momento mismo del estallido de la crisis, que evitó la brusca caída de los precios, la contrac ción del mercado internacional repercutió negativa mente sobre la mayor parte de las principales exportaciones agrarias. Entre 1925 y 1929 tuvo lugar un proceso de deflación es tructural padecido por algunos de los más importantes productos agrarios, y motivado por un conjunto de circunstancias adversas entre las que cabe citar la saturación de los mercados —nacionales e internacionales—, la sobreabundancia de algunas cosechas o la incidencia de los mecanismos proteccionistas adoptados por la mayor parte de los países tradicionalmente importadores de nuestros principales excedentes. Los fenómenos deflacionarios persistieron al menos hasta el periodo 1933-34, en que comenzaron a restablecerse las cotizaciones del aceite de oliva, los cereales y otras producciones agrarias esenciales. Frente a esta realidad, debe constatarse la decisiva acción reivindicativa desplegada desde 1931 por los poderosos sindicatos agrícolas, que agruparon a un porcentaje importantísimo de los jornaleros durante el periodo republicano. La acción conjunta de la FNTT ugetista, y la CNT anarquista, así como la intervención constante de los alcaldes de izquierda o centro-izquierda en la regulación de las condiciones del trabajo agrícola y la contratación laboral de los jornaleros, condujeron a una situación altamente conflictiva en la agricultura. Jurados Mixtos, sindicatos de izquierda que desplegaban una infinidad de conflictos huelguísticos claramente orientados hacia la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores rurales y ayuntamientos con mayoría republicana o socialista, confluyeron en su actuación. La conjunción de todos estos elementos suscitó una elevación sustancial de los salarios medios pagados en las faenas del campo de numerosas regiones agrícolas con una agricultura capitalista y/o de exportación. Durante el primer bienio republicano, los salarios agrícolas crecieron sostenidamente hasta bien entrado el año 1933. La posterior reacción patronal, respaldada por los gobiernos radical-cedistas y materiali- 56 la república en los pueblos zada en el rechazo sistemático a la legislación laboral reformista de la primera etapa republicana, propició la caída de los salarios pagados en el campo. Pese a todo, éstos últimos volvieron a experimentar un acusado incremento a lo largo del año 1936, una vez restaurados los ayuntamientos de mayoría izquierdista y popular y devueltos a la libertad los principales dirigentes de los sindicatos pro-jornaleros de signo socialista o anarquista. La caída de los precios de los principales productos agrícolas de exportación — entre los que cabe mencionar especialmente el aceite de oliva y la naranja levantina—, unida a la elevación de los salarios y de los principales costes de producción —reducción de la jornada laboral, incremento de la tributación y de los pagos sociales, etc.—, condujeron hacia una situación de pérdida de rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas, asociada a un acentuado descenso del beneficio empresarial. Tal situación no afectó exclusivamente a los medianos y grandes propietarios o arrendatarios agrícolas, sino asimismo a una pléyade cada vez más extensa de pequeños y modestos cultivadores directos que, cada vez más orientados hacia una agricultura rentabilista, capitalista y mercantilizada, recurrían con frecuencia cada vez mayor al mercado de trabajo para contratar mano de obra jornalera absolutamente imprescindible en la realización de algunas faenas agrícolas —siembra, escarda, limpieza de sementeras, poda de árboles, recolección de cereales y aceituna, etc.—. La conjugación de circunstancias adversas y contrapuestas, tales como la caída del valor de las cosechas y la reducción del beneficio empresarial, provocaron una situación altamente inestable en la agricultura y en el seno de sus específicas relaciones laborales, que desembocó en un incesante aumento de los conflictos huelguísticos. Estos últimos perjudicaron muy sensiblemente al amplio estrato de los pequeños propietarios o arrendatarios rústicos —sin que esto último signifique que los grandes labradores permaneciesen ajenos a este fenómeno—, lo cual posiblemente condujo hacia una creciente desafección de casi todos ellos hacia el régimen republicano mismo y su estela de avanzada legislación socio-laboral, preferentemente orientada a la satisfacción de los intereses de los jornaleros y asalariados agrícolas. La crisis agraria de comienzos de la década de los treinta acentuó las prácticas rentabilistas sostenidas por un extenso conjunto de ricos propietarios, grandes arrendatarios y pequeños o modestos cultivadores directos. El ascenso experimentado por los costos laborales y la caída de los beneficios obtenidos mediante la venta de los excedentes agrícolas en un mercado sensiblemente restringido, condicionaron la adopción de estrategias tendentes a la reducción de las faenas agrícolas prestadas a las explotaciones hasta situarlas en las mínimas imprescindibles. Esta última táctica debió acrecentar el número de obreros agrícolas que sufrían una situación de desempleo forzoso durante largos periodos del año. El paro agrícola se convirtió, pues, en uno de los escollos más difíciles de resolver para las nuevas autoridades republicanas. 57 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil En este marco de crisis agraria, el regreso a la plena actividad de los partidos políticos y sindicatos de la izquierda reformista y revolucionaria en el ámbito de la agitación y la propaganda entre los jornaleros, acentuó la respuesta conflictiva de este último colectivo rural. Asimismo, la estrategia del socialismo reformista centrada en la mejora de las condiciones de vida del campesinado mediante el recurso a la huelga, o a través del manejo de los poderes locales a favor de los intereses de los jornaleros y campesinos pobres, movilizó a una gran mayoría de asalariados de extensas regiones agrícolas del mediodía español, especialmente de aquellas donde prevalecía una agricultura capitalista con porcentajes elevados de mano de obra jornalera. A todo lo anterior, debe unirse el decisivo impacto provocado sobre las relaciones laborales en la agricultura por la avanzada legislación reformista de los primeros gobiernos republicanos. Los distintos decretos y disposiciones legislativas elaboradas por el Ministerio de Trabajo y Previsión —al frente del cual se hallaba el socialista Francisco Largo Caballero— durante el primer bienio republicano, a pesar de encontrarse revestidos de un carácter enteramente reformista, afectaron seriamente a los esquemas de dominio social y económico que tradicionalmente venían siendo utilizados por los medianos y grandes propietarios o arrendatarios rústicos en sus cada vez más frecuentes e intensas relaciones laborales y contractuales con los jornaleros. Sin embargo, la aplicación de las reformas laborales en un contexto de crisis agraria, de tendencia deflacionaria de los precios de los productos agrícolas y de ganancias decrecientes experimentadas tanto por las grandes explotaciones como por las modestas tenencias campesinas de pequeños propietarios o arrendatarios, provocó la animadversión de algunas fracciones del campesinado —constituidas por pequeños propietarios, aparceros o arrendatarios— hacia el contenido de las mismas, y en algunos casos situó a estos últimos en posiciones antidemocráticas y antirrepublicanas. En muchas ocasiones durante el primer bienio, los alcaldes socialistas de buena parte de Andalucía, presidieron comisiones arbitrales que, bajo la supervisión de los presidentes de los Jurados Mixtos, elaboraron acuerdos entre patronos y trabajadores rurales de cara a la regulación de las condiciones de trabajo en el campo. En muchos casos analizados, la presión de las organizaciones campesinas, y la activa labor mediadora del alcalde en favor de los intereses de estas últimas, arrojaron acuerdos locales sumamente beneficiosos para el campesinado y los jornaleros. Durante el primer bienio republicano, las Casas del Pueblo y los centros obreros locales, se habían convertido en lugares de reunión periódica de los campesinos organizados más conscientes de cada localidad, donde se efectuaba un cotidiano intercambio de experiencias, y donde se solidificaba diariamente una vivencia colectiva asentada sobre el conocimiento mutuo de los conflictos y actos de resistencia protagonizados 58 la república en los pueblos por los jornaleros contra los patronos agrícolas más reacios al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación reformista. 75 Concejales y Alcaldes socialistas en Andalucía. Abril de 1933 Provincia Concejales Alcaldes Tenientes de alcalde Número de Agrupaciones Almería 54 5 13 18 Cádiz 91 2 16 21 Córdoba 278 24 76 58 Granada 135 11 33 19 Huelva 226 24 52 41 Jaén 338 34 72 67 Málaga 177 10 37 32 Sevilla 282 18 47 64 total 1.581 128 346 320 Fuente: José Manuel Macarro (1992). 76 Elaboración propia. Las directivas de las Casas del Pueblo, allí donde existían integradas mayoritariamente por aquellos campesinos más activos, permanecían en un constante entendimiento con los alcaldes y concejales socialistas —o simplemente de izquierdas— de la respectiva localidad donde aquellas estuviesen radicadas. Desde estas instancias se sugerían las decisiones adoptadas por las primeras autoridades locales de cara a la resolución de los múltiples enfrentamientos sostenidos por las clases sociales rurales. 77 La amalgama de todos estos factores repercutió en el rápido crecimiento de la FFNTT ugetista, pues sus postulados y estrategias reformistas resultaron más eficaces a la hora de obtener concesiones patronales y reconocimiento de mejoras en las condiciones de trabajo por parte de los Jurados Mixtos, que aquellos otros sostenidos por los anarquistas. 75 Francisco cobo romero, Labradores, campesinos, op. cit. 76 Véase: José Manuel macarro, La práctica del socialismo andaluz en la II República, Ponencia presentada al Congreso de Historia de las organizaciones socialistas en Andalucía, Actas del Congreso de Historia de las organizaciones socialistas en Andalucía (1886-1975) (Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1992), Inédito. archivo de la Fundación Pablo iGlesias, Comité Nacional, AH-24-6. De acuerdo con las apreciaciones del profesor Macarro, los datos reflejados en el cuadro son el resultado de la información aportada por las agrupaciones socialistas andaluzas en abril de 1933. No contestó la totalidad de las mismas, por lo que, se puede deducir que el número de concejales socialistas existentes en Andalucía durante el primer bienio republicano quizás superase los 2.000 y el número de alcaldes los 150. 77 Mario lóPez martínez, Orden público, op. cit. y Francisco cobo romero, Labradores, campesinos, op. cit. 59 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil Puede afirmarse que los dos bastiones más firmes sobre los que se instalaba la influencia campesina local durante la mayor parte de la etapa republicana anterior a la guerra civil fueron los ayuntamientos y las sociedades obreras agrícolas de cada localidad. En torno al ayuntamiento, las casas del pueblo y otras sociedades obreras locales se aglutinaban la mayor parte de los jornaleros y campesinos de izquierda más conscientes, y desde allí articulaban sus prácticas de lucha contra el sesgo predominantemente patronal, mercantilista y capitalista que habían adquirido las relaciones entre los grupos sociales rurales durante la etapa de crisis agraria de fines de la década de los veinte y principios de la de los treinta. Igualmente puede establecerse que las luchas campesinas durante el primer periodo republicano estuvieron impregnadas de un carácter netamente rupturista con las pretensiones patronales de orden rentabilista. Tanto los campesinos anarquistas que obedecían las consignas del espontaneismo revolucionario como aquellos otros adscritos a las organizaciones socialistas reformistas, desplegaron múltiples conflictos, de muy diversa tipología, pero encuadrados bajo el referente común de la imposición a los patronos del cumplimiento de la legislación agraria y el respeto escrupuloso a unas bases del trabajo que contenían condiciones ampliamente favorables para los jornaleros. Las huelgas agrarias en cuatro provincias andaluzas, 1931-1936 Año Córdoba Granada Jaén Sevilla total 1931 1932 1933 1934 1935 1936 69 32 100 53 – 29 31 29 34 117 1 6 72 110 195 135 1 19 48 75 60 32 1 22 220 246 389 337 3 76 totales 283 218 532 238 1.271 Fuente: 78 F. Cobo Romero (1992); L. Garrido González (1990); M. López Martínez (1995); F. Moreno Gómez (1982); F. Pascual Cevallos (1983) y M. Pérez Yruela (1979). Elaboración propia. En suma, durante los primeros años treinta, las luchas campesinas por la mejora de las condiciones de trabajo y la defensa estricta de la legislación laboral reformista, han de entenderse como luchas que pretendían frenar la pretensión patronal por reproducir 78 Francisco cobo romero, Labradores, campesinos, op. cit.; Luis Garrido González, Riqueza y tragedia social. Historia de la clase obrera en la provincia de Jaén (1820-1939) (Jaén: Diputación Provincial, 1990); Mario lóPez martínez, Orden público, op. cit.; Francisco moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I) (Córdoba, ayuntamiento de Córdoba, 1982); Fernando Pascual cevallos, Luchas agrarias en Sevilla durante la Segunda República (Sevilla: Diputación, 1983), Manuel Pérez yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba (1931-1936) (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1979). 60 la república en los pueblos las viejas condiciones de explotación sobre las que se asentaba el predominio de la gran explotación. Casi todas ellas deben insertarse en el marco local donde se registraban, es decir, en situaciones socio-políticas donde el campesinado —y especialmente los jornaleros— se había erigido en un grupo social con una gran capacidad para resistir la estrategia rentabilista de la patronal agraria. Así pues, asistido por poderosas organizaciones de clase, y desde los ayuntamientos, el campesinado —y muy especialmente los jornaleros organizados— ejerció una constante labor de vigilancia en torno al estricto cumplimiento patronal de la legislación laboral reformista del primer bienio. En consonancia con esta fuerte capacidad reivindicativa, el número de huelgas agrícolas fue aumentando progresivamente desde 1931 hasta 1933. De esta forma, se vio seriamente amenazada la continuidad del viejo edificio rural, diseñado en consonancia con las necesidades de reproducción de la gran propiedad rústica. Por ello el mayor empeño de la patronal y sus asociaciones consistió, a medida que avanzaba la experiencia republicana, en el aplastamiento del movimiento campesino organizado —revolucionario y reformista— y en el desalojo de los ayuntamientos de todos los representantes de izquierda del campesinado. El proceso de segmentación interna del campesinado, que comenzó a perfilarse en el periodo de expansión y crecimiento agrario correspondiente a las dos décadas iniciales del siglo xx, 79 experimentó caracteres acentuados ante las primeras manifestaciones de crisis agraria, expresadas con motivo de la corriente deflacionaria que afectó a la mayor parte de la agricultura europea una vez finalizada la Gran Guerra y reintegradas las economías de los países beligerantes al comercio agrícola internacional. El malestar de muchas familias campesinas ligadas estrechamente al mercado y sus fluctuaciones, volvió a crecer a fines de los años veinte, cuando empezaron a caer estrepitosamente las cotizaciones mundiales de muchos productos agrícolas de exportación. Desde principios de los treinta, la crisis agraria, unida a la enorme fortaleza que habían adquirido los sindicatos de jornaleros y el despliegue de intensas oleadas huelguísticas, se conjugaron para acrecentar las diferencias entre las posturas sostenidas por los pequeños propietarios 79 El caso italiano es sumamente significativo. Durante las primeras décadas del siglo xx, y sobre todo durante las excepcionales circunstancias inflacionarias existentes durante la Gran Guerra, emergió una nueva clase social de labradores acomodados que habían accedido a la propiedad de la tierra a costa de las explotaciones de la oligarquía rural tradicional. Estos nuevos explotadores de la tierra, se vieron enormemente acosados y amenazados por la poderosa capacidad reivindicativa de los jornaleros y de los sindicatos agrícolas socialistas. En respuesta a la conjunción de la crisis agraria posbélica y el agitado panorama de las luchas de clases rurales, muchos de los componentes de la nueva clase social de labradores capitalistas se adhirieron a las propuestas violentas, corporativistas e intervencionistas del fascismo. Paolo Farneti, «Social Conflict, Parliamentary Fragmentation, Institutional Shift, and the Rise of Fascism: Italy», en Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.): The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Part II (Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, 1978), pp. 3-33; Frank M. snowden, The Fascist Revolution in Tuscany, 1919-1922 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). 61 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil y arrendatarios frente a los jornaleros. Las leyes reformistas de regulación del mercado laboral, elaboradas por los gobiernos del primer bienio republicano, favorecían a los jornaleros, quienes igualmente se vieron asistidos por la conjunción de políticas projornaleras desplegadas desde los sindicatos de obreros agrícolas y los ayuntamientos de mayoría izquierdista. Desde comienzos de los años treinta, los campesinos más pobres y los jornaleros irrumpían con fuerza en el escenario de las luchas de clases, pero ahora dotados de poderosos instrumentos políticos, sindicales e institucionales desde los que reforzaron su capacidad combativa e incluso pusieron en peligro la estabilidad misma del sistema agrario de la gran propiedad. Estos fenómenos posibilitaron que algunas fracciones del campesinado andaluz, compuestas por propietarios y arrendatarios modestos muy sensibles a las oscilaciones del mercado nacional e internacional —al igual que ocurriera con numerosos campesinos de Europa Occidental—, 80 se movilizasen políticamente, reclamando una mayor intervención del Estado en la regulación de los precios, 81 así como la imposición de un orden político y social que contuviese la enorme capacidad reivindicativa de los jornaleros. En el conjunto del Estado español, y muy especialmente en Andalucía, la socialdemocracia fue incapaz de forjar un pacto estable con aquellas fracciones del campesinado más sensibles ante los fenómenos de crisis agraria generalizada, facilitándose así una alianza de signo conservador y corporativista entre muchos pequeños propietarios y arrendatarios rústicos y las fracciones más reaccionarias de la burguesía agraria. 82 80 Gregory M. luebbert, Liberalism, Fascism or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of Regimes in Interwar Europe (Oxford: Oxford University Press, 1991); Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.): The Breakdown, op. cit. 81 El caso alemán muestra fehacientemente el fenómeno de oscilación político-ideológica de una gran porción de los modestos propietarios y granjeros agrícolas hacia la defensa de posturas rupturistas con el Estado demo-liberal de la República de Weimar, así como hacia el respaldo a los postulados antidemocráticos, anticomunistas y de reforzamiento de la autoridad estatal sostenidos por el pujante Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) liderado por Adolf Hitler. A partir de 1930, un alto porcentaje del voto nazi se reclutó entre el los pequeños granjeros y propietarios rurales de zonas de tradicional dominio protestante y de precedentes Ligas Agrarias, tales como Schleswig-Holstein. M. rainer lePsius, «From Fragmented Party Democracy to Government by Emergency Decree and National Socialist Takeover: Germany», en Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.), The Breakdown, op. cit., pp. 35-79. 82 En los países nórdicos —Noruega, Suecia y Finlandia—, con una notable proporción de población rural constituida por pequeños granjeros o titulares de explotaciones modestas pero vinculadas al mercado nacional e internacional de productos agrícolas, los partidos socialdemócratas supieron forjar una serie de fuertes vínculos entre las clases trabajadoras industriales y buena parte del campesinado, hasta el extremo de lograr un amplio respaldo electoral y conformar gobiernos liberal-socialistas durante la década de los treinta, instrumentalizando políticas de consenso y pacto social que reforzaron el carácter reformista, protector e impulsor del desarrollo económico del Estado capitalista, y evitando así cualesquiera solución de carácter ultraconservador o fascista. Donald sassoon, One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century (Londres y Nueva York: I. B. Tauris Publishers,1996). 62 la república en los pueblos Durante el primer bienio republicano, buena parte de los pequeños arrendatarios, propietarios y aparceros agrícolas bascularon hacia la defensa de posiciones político-ideológicas antirrepublicanas, o por lo menos antidemocráticas, profundamente molestos con el giro que adoptaban los enfrentamientos en el ámbito de las relaciones laborales. Incluso muchos de ellos se integraron en las organizaciones de defensa de los intereses patronales, para reclamar un disciplinamiento del mercado de trabajo y un Estado fuerte e interventor. Se produjo, al menos desde 1933, y como consecuencia de la intensa oleada huelguística precedente y el reforzamiento de la capacidad reivindicativa de los jornaleros, un realineamiento de las alianzas de clase existentes en la mayor parte de las comarcas rurales andaluzas. Los reagrupamientos de clase resultantes del viraje experimentado por algunas fracciones del campesinado más modesto vinculadas a la explotación directa de la tierra, se tradujeron en una notable modificación en la orientación del voto. Especialmente en las comarcas de la Alta Andalucía —provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y buena parte de la de Córdoba—, y muy probablemente allí donde existiese un alto porcentaje de pequeños propietarios y arrendatarios rústicos, las izquierdas —y particularmente el PSOE— comenzaron a tener serias dificultades, a partir de las elecciones generales de 1933, para imponer su dominio de forma tan contundente a la registrada en las elecciones constituyentes del año 1931. La gran patronal agraria, con el concurso de una fracción del campesinado, logró vencer en las elecciones de 1933, y asistida desde las instancias estatales —controladas por una nueva coalición de fuerzas políticas de signo derechista y agrarista—, consiguió parcial y transitoriamente restaurar el viejo orden oligárquico en las relaciones laborales sobre las que tradicionalmente se asentó el edificio de la gran propiedad. Fracasado el intento involucionista del «bienio negro», la victoria electoral de Frente Popular añadió un relativo indisciplinamiento de los jornaleros, que desde ese momento pugnaron abiertamente por formas de lucha anti-patronal decididas a la instauración de un orden campesino —solidario y anticapitalista— que incluso cuestionaba el principio de la propiedad privada sobre la tierra y los recursos. En medio de tal coyuntura, el realineamiento de fuerzas sociales operado desde 1933, contribuyó al respaldo de una porción muy significativa de la sociedad rural andaluza —hegemonizado por la burguesía agraria—, otorgado a la posturas involucionistas y fascistas defendidas por la fracción más reaccionaria del Ejército español. 83 83 Al menos en algunas comarcas rurales de Italia (la Llanura Padana, Emilia-Romaña, etc.) se produjeron fenómenos parecidos de segmentación interna del campesinado —así como de fortalecimiento de un estrato de labradores capitalistas— motivados por circunstancias de crecimiento agrario y expansión del capitalismo en la agricultura. Allí también se registró una intensificación de los conflictos entre labradores acomodados que entraban en frecuente relación salarial con los jornaleros (o campesinos sin tierra), y el consiguiente refuerzo de las estrategias rentabilistas y de maximización del beneficio adoptadas por los primeros. Al respecto pueden consultarse las obras de Charles S. maier, Recasting Bourgeois 63 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil Durante el período de reacción patronal y agrarista, desplegado a lo largo de los años 1934 y 1935, la oligarquía rural junto con los alcaldes y concejales derechistas reimplantaron prácticas de control social que, no solamente ahondaron en las graves fisuras que ya mostraba la estructura social de numerosas localidades rurales, sino que asimismo prefiguraron buena parte de los hábitos de poder oligárquico que se harían efectivos mediante la implantación del régimen franquista en Andalucía. Las clases patronales definieron una estrategia de recuperación del perdido control sobre los ayuntamientos, entendidos como piezas administrativas con funciones primordiales de regulación de las relaciones laborales con el campesinado. Una vez que se hubo instalado en el poder central del Estado una nueva coalición de fuerzas políticas conservadoras y agraristas desde noviembre de 1933, la patronal inició una amplia ofensiva contra los ayuntamientos de izquierda. A lo largo del año 1934, y tras el fracaso de la huelga campesina de junio y las tímidas manifestaciones de descontento de octubre de ese mismo año, fueron destituidas la práctica totalidad de las corporaciones municipales andaluzas regentadas por alcaldes de izquierda o republicanos de izquierda, 84 y sustituidas por Comisiones Gestoras presididas por notables locales vinculados a los intereses agrarios de la gran patronal, o por miembros destacados de los partidos republicanos conservadores (Partido Republicano Radical – PRR), Europe: Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I (Princeton: Princeton University Press, 1975), Guido crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall´Ottocento alla fuga dalle campagne (Roma: Donzelli Editore, 1994), Anthony L. cardoza, Agrarian Elites and Italian Fascism. The Province of Bologna, 1901-1926 (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1982); Anthony L. cardoza, «Commercial agriculture and the crisis of landed power: Bologna, 1880-1930», en Ralph Gibson y Martin blinkhorn (Eds.), Landownership and Power in Modern Europe (Nueva York, Londres: Harper Collins Publishers, 1991), pp. 181-198; Frank M. snowden, Violence and Great Estates in the South of Italy, Apulia, 1900-1922, Cambridge, Londres. Cambridge University Press, 1986 y Paul corner, Violence and Great Estates in the South of Italy, Apulia, 1900-1922 (Cambridge, Londres: Cambridge University Press, 1975). Tanto en Italia, como en Alemania, la deflación registrada por las cotizaciones de los productos agrícolas tras el final de la Gran Guerra, así como la notable disminución de las rentas de las familias campesinas ligadas a una agricultura capitalista y comercializada, provocaron una movilización política de algunas fracciones del campesinado, e incluso el apoyo de muchos campesinos pequeños propietarios y arrendatarios a las propuestas antiliberales y antidemocráticas del fascismo emergente. Gregory M. luebbert, Liberalism, Fascism, op. cit.; Robert G. moeller, German Peasants and Agrarian Politics, 1914-1924: The Rhineland and Westphalia (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986) y Charles S. maier, Recasting Bourgeois Europe, op. cit. 84 En las provincias de Granada y Jaén, el alcance de los expedientes administrativos depuradores de los ayuntamientos controlados por las izquierdas fue espectacular. Tras los sucesos de Octubre, el Gobernador Civil de Jaén anunciaba que habían sido destituidos todos los alcaldes y concejales socialistas de la provincia. Por lo que respecta a Granada, en algunas comarcas como las de Los Montes, Marquesado o Guadix, se alcanzaron porcentajes de destitución de ayuntamientos republicano-socialistas situados entre el 76 y el 80 por cien del total de los existentes. Véase: Mario lóPez martínez, Orden público, op. cit. y Francisco cobo romero, Labradores, campesinos, op. cit. 70 la república en los pueblos para protestar contra la negativa patronal al cumplimiento de las bases del trabajo o para quebrantar su actitud de boicoteo a los Jurados Mixtos. El fortalecimiento de los sindicatos jornaleros se unió pronto al control mayoritario que los socialistas comenzaron a ejercer sobre una gran cantidad de ayuntamientos repartidos por toda la geografía nacional. Como en parte ya ha sido señalado, los alcaldes de socialistas favorecían, en períodos de huelga, la paralización de las faenas agrícolas en sus respectivos términos municipales, mostrando asimismo una absoluta connivencia con aquellos jornaleros que coaccionaban a los esquiroles o a cuantos desoían los llamamientos al cese de la actividad laboral. A su vez, practicaban la detención de aquellos labradores o modestos propietarios que se negaban a cumplir las Bases en materia salarial, o que desobedecían los dictámenes de las Comisiones Municipales de Policía Rural que estipulaban la realización obligatoria de determinadas labores o la aceptación de jornaleros en situación de desempleo. De igual forma, dictaban bandos para garantizar que la mayor parte de los jornaleros en paro fuesen colocados, previa su extracción de la Bolsa de Trabajo, impidiendo la discriminación practicada contra aquellos que pertenecían al sindicato agrícola socialista. Con mucha frecuencia amonestaron a cuantos pequeños labradores se negaban a contratar a los jornaleros previamente asignados, o a los que pretendían llevar a cabo las labores de recolección en sus propiedades según los usos y costumbres de cada lugar, recurriendo al tradicional concurso de sus vecinos. 106 y luchas sociales: la Segunda República en Jerez de la Frontera (1931-1936) (Jerez de la Frontera: ayuntamiento, 2000); Mario lóPez martínez, Orden público, op. cit.; Mario lóPez martínez y Rafael Gil bracero, Caciques contra Socialistas. Poder y conflictos en los ayuntamientos de la República. Granada, 1931-1936 (Granada: Diputación Provincial, 1997), pp. 223-230; Aurora bosch, «Sindicalismo, conflictividad y política», en A. Bosch; A. M. Cervera; V. Comes Iglesia y A. Girona, Estudios sobre la Segunda República (Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1993), pp. 261-272; Carlos hermida revillas, Economía agraria y agitaciones campesinas en Castilla la Vieja y León: 1900-1936 (Madrid: Universidad Complutense, 1989); M. P. ladrón de Guevara Flores, La esperanza republicana. Reforma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1939) (Ciudad Real: Diputación Provincial, 1993); Francisco moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I) (Córdoba: Excmo. ayuntamiento de Córdoba, 1982); Eduardo sevilla Guzmán, La evolución del campesinado, op. cit.; Jacques maurice, El anarquismo andaluz, op. cit., pp. 347-357. 106 Véase La Mañana, 11 y 26 de junio y 18 y 31 de diciembre de 1932; véase también: La Mañana, 8 de marzo de 1933; Mario lóPez martínez y Rafael Gil bracero, Caciques contra Socialistas, op. cit., pp. 196-197; Ronald Fraser, Escondido. El calvario de Manuel Cortés (Valencia: Instituciò Alfons el Magnànim, 1986), p. 131. 71 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil Las fluctuaciones del voto entre la izquierda y la derecha. Andalucía, 1931-1933. (Números índices, 1931 = 100) Distritos Electorales Izquierda y Republicanos de Izquierda (1) Derecha, Centro-Derecha, Autoritarios y Fascistas (2) Otros (3) 1931419334Diferencia 1931-33 (%) 1931419334Diferencia 1931-33 (%) 1931419334Diferencia 1931-33 (%) Andalucía Oriental 100,00 80,40 –10,95 100,00 214,29 +27,04 100,00 21,36 –16,09 Andalucía Occidental 100,00 75,99 –10,39 100,00 118,17 +8,24 100,00 118,89 +2,15 andalucía 100,00 78,50 –10,66 100,00 151,09 +17,63 100,00 56,21 –6,97 Andalucía Oriental: Almería, Granada, Jaén y Málaga (con respecto al total de la población activa agraria: Campesinado familiar, 40,4 %; Jornaleros, 48,1 %). Andalucía Occidental: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla (con respecto al total de la población activa agraria: Campesinado familiar, 22,1 %; Jornaleros, 69,6 %). Fuente: 107 Javier Tusell y otros (1982); Javier Tusell (1971); William J. Irwin (1991) 108; «El Debate»: Cómo votó España en las elecciones de noviembre de 1933, domingo, 2 de febrero de 1936; (1) Agrupación al Servicio de la República, Acción Republicana, Partido Republicano Radical-Socialista, Republicanos Revolucionarios, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España. (2) Partido Republicano Radical, Derecha Liberal Republicana, Acción Nacional, CEDA, Agrarios, Falange Española de las JONS. (3) Republicanos Federales, Republicanos Autónomos, Independientes, etc. (4). Números índices, 1931=100. Elaboración propia. El socialismo pasó a identificarse preferentemente con la defensa de los intereses de los asalariados agrícolas, desatendiendo en buena medida sus iniciales preocupaciones por la situación de los pequeños propietarios o arrendatarios. Tan incondicional alianza le reportó indudables éxitos electorales en las circunscripciones mayoritariamente jornaleras, al tiempo que debió enajenarle el concurso político que, al menos de manera efímera, debieron prestarle en las constituyentes de 1931 los pequeños propietarios y el campesinado intermedio. Desde 1933 las derechas católicas y el republicanismo conservador afianzaron mucho más intensamente sus posiciones electorales en aquellas provincias andaluzas en las que se concentraba la mayor parte del campesinado familiar, es decir, allí donde un significativo porcentaje de pequeños propietarios y arrendatarios concurría a los mercados laborales enfrentado a una considerable masa de jornaleros. 107 Javier tusell et al., Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982); Javier tusell Las elecciones del Frente Popular en España (Madrid: Edicusa, 1971). 108 William J. irwin, The 1933 Cortes Elections. Origin of the Bienio Negro (Nueva York y Londres: Garland Publishing, 1991), pp. 292-333. 72 la república en los pueblos Buena parte del campesinado intermedio se vio agredido por la difícil coyuntura económica nacional e internacional y comenzó a culpabilizar a las izquierdas, y a la mayoría del republicanismo progresista, de las amenazas contenidas en el articulado de la Ley de Reforma Agraria, del intrusismo de los alcaldes socialistas en sus relaciones con los jornaleros y del carácter antieconómico y sectario de la legislación laboral reformista. Como consecuencia de todo ello, giró hacia una defensa instintiva de sus más arraigadas prácticas y comenzó a encauzar su voto hacia el respaldo a las opciones corporativas, tradicionalistas y agraristas propaladas por unas derechas católicas antisocialistas y ascendentemente antirrepublicanas. Quizás también, empezó a recelar cada vez más de un régimen democrático que había permitido la proliferación de fuertes sindicatos jornaleros de izquierda, había impulsado una Reforma Agraria percibida como «socializante» y expropiatoria y había consentido la aplicación de medidas de signo anticlerical responsabilizadas del irreparable resquebrajamiento padecido por el orden rural tradicional. El aludido fenómeno cuenta con un indudable respaldo empírico en las comarcas de predominio del pequeño campesinado católico de las regiones del tercio septentrional, en las que persistía una estructura de la propiedad de carácter minifundista. 109 Sin embargo, recientes análisis han puesto de manifiesto que el acentuado alineamiento político del campesinado intermedio con las posturas corporativistas y tibiamente antiparlamentarias de la derecha agrarista y católica también fue constatable en las comarcas andaluzas orientales, donde aún persistía una más que destacada representación numérica de pequeños propietarios y arrendatarios. 110 109 Véase: William J. irwin, The CEDA in the 1933 Cortes Election, PhD Dissertation (Nueva York: University of Columbia, 1975), pp. 164-186; María Concepción marcos del olmo, Voluntad popular y urnas. Elecciones en Castilla y León durante la Restauración y la Segunda República (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1995), pp. 236-249; Ricardo robledo, «El campo en pie. Política y Reforma Agraria», en Ricardo Robledo (ed.), Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española (Barcelona: Crítica, 2007), pp. 3-51. 110 Francisco cobo romero, De campesinos a electores, op. cit.; Fernando ayala vicente, Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República (Badajoz: Editora Regional Extremeña, 2001). 73 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil La polarización electoral de los jornaleros y el campesinado intermedio. 111 Coeficientes de Pearson. Provincia de Jaén, 1931-1936. Variables Comparadas Coeficientes de Correlación Elecciones a Cortes 1931 1933 1936 Jornaleros y voto a la izquierda o al centro-izquierda + 0.53 + 0.73 + 0.88 Pequeños propietarios o arrendatarios y voto a la derecha o al centro-derecha + 0.55 + 0.71 + 0.87 Jornaleros y voto a la derecha o al centro-derecha – 0.55 – 0.71 – 0.87 Pequeños propietarios o arrendatarios y voto a la izquierda o al centro-izquierda – 0.53 – 0.73 – 0.88 Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 1931-1936; Archivo de la Diputación Provincial de Jaén; Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid); Boletín del Instituto de Reforma Agraria: Censo campesino de la provincia de Jaén. Diarios: «El Pueblo Católico», «La Mañana», «Democracia», «El Socialista» y «La Provincia». Elaboración propia. No parece demasiado descabellado pensar que las clases medias rurales se mostraron, al menos desde 1933, contrarias al avance del socialismo, al que culpabilizaron de una situación de creciente desorden público y del aumento de la conflictividad huelguística que se propagó por casi toda la agricultura del país. Incluso algunos jornaleros, probablemente los trabajadores fijos y los denominados «pegaos» de las cortijadas y los latifundios del sur, 112 orientaron su voto hacia las derechas, respondiendo así a las coacciones que los ricos propietarios debieron ejercer sobre ellos. Pese a lo anterior, puede que este deslizamiento derechista del campesinado experimentase un levísimo retroceso en las elecciones de 1936, una vez que el arrinconamiento, verificado desde 1935, de las iniciativas social-católicas concebidas para beneficiar a los pequeños arrendatarios o a los yunteros extremeños 113 terminase por empujar a muchos de ellos 111 Se ha empleado la técnica del «coeficiente de correlación rxy», académicamente conocido como Coeficiente de Correlación Producto-Momento de Pearson, o sencillamente Coeficiente de Pearson, para establecer la existencia e intensidad de asociación entre dos variables o series de datos. Véase Charles H. Feinstein y Mark thomas, Making History Count. A primer in quantitative methods for historians (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 76-86. Asimismo, se ha empleado el «Censo de campesinos», cuyos apartados «C» y «D» incluían a los pequeños propietarios y arrendatarios de aquellas provincias sobre las que se decretó la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1932. 112 Eduardo sevilla Guzmán y Paul Preston, «Dominación de clase y modos de cooptación del campesinado en España: la Segunda República. (Primera parte)», Agricultura y Sociedad, 3 (1977), pp. 147-165. 113 Véase: edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., pp. 400-405; Luis Teófilo Gil cuadrado, «Hacia una república conservadora: el programa político del Partido Agrario Español», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V., Historia Contemporánea, 18 (2006), pp. 187-206, véanse las pp. 195-196. 74 la república en los pueblos hacia un nuevo apoyo electoral prestado a los republicanos de izquierda. 114 El profundo revés sufrido por la fracción social-católica de la CEDA y la frustración de las iniciativas legislativas del ministro Giménez Fernández a favor de los arrendatarios y los yunteros se unió a la pésima gestión del problema triguero llevada a cabo por los ministros de la Minoría Agraria —Nicasio Velayos y José Martínez de Velasco—, en perjuicio de los pequeños productores de las regiones predominantemente cerealícolas. Todo ello tuvo un evidente coste electoral para las derechas agraristas. la reacción Patronal durante el segundo bienio La victoria electoral obtenida por la coalición de centro-derecha en noviembre y diciembre de 1933, permitió que la patronal agraria de los ricos labradores y los medianos y grandes propietarios de numerosas regiones comenzase a sentirse protegida por la presencia de una confortable mayoría parlamentaria con un marcado acento anti-socialista. En vísperas de las elecciones de 1933, el PSOE ya había decidido concurrir en solitario a las mismas, desembarazándose de una incómoda alianza con los republicanos de izquierda. Esta última decisión fue adoptada, más que por voluntad propia, por la intolerancia que sus exasperadas bases rurales comenzaban a sentir hacia cualquier propósito político que no contemplase la inmediata y plena puesta en marcha de las medidas de reforma agraria, o la imposición a la totalidad de los cultivadores agrícolas y la patronal rural del riguroso cumplimiento de la avanzada legislación laboral todavía vigente. Reconfortados por el recién configurado contexto a que dio lugar la nueva composición parlamentaria salida de las urnas, los patronos agrícolas de casi toda España reforzaron sus actos de oposición a la legislación laboral reformista. Para ello se sirvieron de la redoblada capacidad adquirida por las asociaciones patronales que habían proliferado en amplias zonas agrícolas de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura o el Levante, como respuesta a la fortaleza alcanzada en casi todas ellas por el sindicalismo agrario socialista y anarquista durante el primer bienio republicano. Desde las privilegiadas plataformas de un fortalecido asociacionismo patronalagrario, cada vez más imbricado con las altas instancias políticas del Parlamento o el Gobierno, emergió a partir de fines de 1933 un amplio frente conservador de signo acentuadamente agrarista y contra-reformista. El citado frente patronal se sintió apoyado, desde el ámbito gubernamental y parlamentario, por el pacto forjado entre el republicanismo radical y la CEDA. Ambas formaciones políticas habían expresado 114 Véase: José velasco Gómez, La Segunda República en Málaga (Málaga: Ágora, 2008); Fernando romero romero, Alcalá del Valle. República, Guerra Civil y represión, 1931-1946 (Granada: Tréveris, 2009). 75 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil reiteradamente su compromiso con el desmantelamiento de la avanzada legislación laboral de inspiración socialista que tanto había perjudicado, según aquéllas, a un amplio estrato de clases medias patronales, vinculadas a un sinfín de actividades económicas de carácter industrial, comercial o agrícola. En el terreno de las relaciones laborales sostenidas en la agricultura, uno de los objetivos primordiales del mencionado frente patronal se encaminó a lograr la derogación de las principales leyes y decretos que habían desembocado, durante el primer bienio, en el control ejercido por los sindicatos agrícolas socialistas o anarquistas sobre los mercados de trabajo y la fijación de los salarios. En tal sentido, no solamente se volvió a reivindicar con insistencia la anulación de la «odiada» Ley de Términos Municipales —finalmente derogada el 28 de mayo de 1934—, sino que asimismo se planteó, desde el frente patronal aludido, que fuese revisada la composición de los Jurados Mixtos a fin de erradicar la supuesta «parcialidad» de sus presidentes. 115 Pero lo más importante para el desenvolvimiento, a partir del año 1934, de las relaciones laborales entre jornaleros y campesinos pobres, de un parte, y ricos propietarios agrícolas y cultivadores directos de la tierra, de otra, consistió en el reforzamiento de las actitudes patronales de boicot y rechazo al conjunto de la legislación laboral reformista. Esto último se plasmó en el sistemático obstruccionismo practicado contra las disposiciones en materia de contratación dictadas por los alcaldes de izquierda. Pero también en la cerril actitud sostenida por la gran patronal, en alianza con el campesinado intermedio, contra las resoluciones de las Comisiones Municipales de Policía Rural, contra lo acordado en las Bases del trabajo o contra lo estipulado en los pactos locales para alcanzar una equitativa distribución del empleo que fueron suscritos a lo largo del año 1933. La mayoría de los patronos agrícolas recurrió con demasiada frecuencia al impago de los jornales establecidos en las «generosas» Bases del trabajo firmadas durante el año 1933, cosechando incontables denuncias formuladas por los jornaleros, representados por los sindicatos socialistas locales, ante los Jurados Mixtos del Trabajo Rural. 116 Pero la ofensiva de los patronos, dirigida contra los perjudiciales efectos provocados por la avanzada legislación laboral reformista sobre las tradicionales formas de dominio 115 La ofensiva patronal contra la supuesta parcialidad en la actuación de los presidentes de los Jurados Mixtos del Trabajo Rural culminó exitosamente en la modificación de la composición de tales Tribunales. La ley de 16 de julio de 1935 otorgaba la presidencia de los Jurados Mixtos a profesionales de la carrera judicial o a funcionarios de la carrera fiscal. La regulación del acceso a tales cargos establecía el nombramiento de los presidentes por el Ministro de Trabajo previo concurso. Ley de 16 de julio de 1935 de régimen de los Jurados Mixtos profesionales y supresión de los Tribunales Industriales, Gaceta de Madrid, 17 de julio de 1935 y Decreto de 29 de agosto de 1935: texto refundido de la legislación sobre Jurados Mixtos, Gaceta de Madrid, 1 de septiembre de 1935. 116 Como botón de muestra, véase el Informe del Secretariado. Provincia de Córdoba, en El Obrero de la Tierra, 10 de marzo de 1934. 76 la república en los pueblos patronal, no se detuvo solamente en el incumplimiento reiterado de lo dispuesto en las Bases del Trabajo agrícola. Como hemos tenido oportunidad de comprobar en anteriores páginas, la gran patronal agraria, en cuya órbita de influencia se inscribían los comportamientos anti-jornaleros de multitud de pequeños y modestos propietarios y arrendatarios, rehusaba insistentemente el acatamiento de las disposiciones de las Comisiones Municipales de Policía Rural en materia de Laboreo Forzoso. Fue esa misma patronal agraria la que boicoteó repetidamente las oficinas municipales de colocación, marginó en la contratación a los jornaleros y asalariados agrícolas más íntimamente vinculados a las organizaciones sindicales de la izquierda socialista o anarquista, y constituyó sindicatos «amarillos» con la finalidad de desbaratar la cohesión de los jornaleros más combativos. Para todo ello, la patronal utilizó una variada gama de argucias cuasi-legales, con las que pretendió eludir el acatamiento de las sentencias dictadas por los Jurados Mixtos, por las Comisiones de Laboreo Forzoso o por los Bandos municipales en defensa de la legislación social vigente. Tal y como denunciaban las directivas locales o provinciales de la FNTT socialista, y corroboraban los acuerdos adoptados por el Comité Nacional o la Ejecutiva de ese mismo sindicato agrario, las disposiciones sobre Laboreo Forzoso venían siendo burladas por la mayor parte de los propietarios y empresarios agrícolas casi desde el momento mismo de la inicial aplicación de la Ley. Fueron los medianos y grandes propietarios rústicos quienes, a través de las poderosas asociaciones empresariales agrarias que los respaldaban, recomendaron a sus adheridos la formulación de recursos contra las disposiciones dictadas por las Comisiones Municipales de Policía Rural. De esta manera, los patronos pretendían que la resolución de tales recursos pasase a manos de la jurisdicción ordinaria, predominantemente controlada por jueces y magistrados muy propensos a identificarse con la defensa de los intereses patronales. 117 El malestar acumulado por los jornaleros sindicados motivó un buen número de reclamaciones, dirigidas a los poderes públicos y a los más altos representantes del Ministerio de Trabajo. Tales reclamaciones fueron formuladas por el Comité Nacional de la FNTT, con el Secretario General de su Ejecutiva al frente, y se dirigieron a poner de manifiesto la intolerable situación de burla generalizada con la que el conjunto de los propietarios agrícolas se mofaba a diario de la legislación laboral vigente. 117 En fecha tan temprana como febrero de 1932, el congreso interregional de Extremadura y Andalucía de la FNTT celebrado en Montilla (Córdoba), exigía la modificación de la Ley de Laboreo Forzoso, a fin de que se estipulase de manera taxativa que las reclamaciones y los recursos presentados ante las decisiones adoptadas por las Comisiones de Policía Rural lo fuesen únicamente ante la Junta Central de Reforma Agraria, para que esta última instancia resolviese en el plazo máximo de 5 días. El Obrero de la Tierra, 13 de febrero de 1932. 77 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil Pero, sin lugar a dudas, la táctica patronal más empleada para lograr el debilitamiento de la capacidad reivindicativa de los sindicatos agrícolas socialistas o anarquistas consistió en la discriminación practicada contra los jornaleros adheridos a estos últimos a la hora de la contratación. La marginación en el empleo practicada contra los jornaleros sindicalizados y el reiterado incumplimiento de la legislación laboral reformista, se convirtieron en estrategias cada vez más frecuentemente utilizadas por la patronal agraria desde los comienzos del año 1934. Estrechamente ligado a este modo de proceder, los ricos patronos agrícolas y las oligarquías rurales de multitud de localidades predominantemente agrícolas continuaron desobedeciendo todo lo referente al cumplimiento del turno riguroso a la hora de efectuar sus contrataciones. Asimismo, eludieron de manera sistemática el acatamiento de la preceptiva contratación de los jornaleros que precisasen para sus faenas extrayéndolos de las Bolsas del Trabajo, o de los registros municipales de colocación directamente supervisados por los alcaldes de izquierda y los representantes sindicales de los asalariados agrícolas. Desde un número de localidades imposible de concretar, dada su enorme extensión, llegaban constantemente quejas, a lo largo de los primeros meses de 1934, denunciando cómo las leyes sociales eran «cosa muerta», o cómo el funcionamiento ordinario de los Jurados Mixtos languidecía irremediablemente, viéndose muchos de ellos virtualmente paralizados ante el boicot declarado por las representaciones patronales. En medio de tan adversa situación, a mediados de 1934 la mayor parte de los Jurados Mixtos del Trabajo Rural había sucumbido al marasmo burocrático generado por la acumulación de innumerables expedientes de inculpación patronal por el impago de salarios, cuya resolución se demoraba «ad infinitum». 118 Desde casi todas las provincias andaluzas, así como desde las extremeñas, algunas castellano-leonesas, las levantinas y las castellano-manchegas, llegaban igualmente interminables quejas de los sindicatos 118 El Secretariado Provincial de Córdoba de la FETT opinaba así del lento funcionamiento de los Jurados Mixtos: «No existe en toda la provincia más que un Jurado mixto rural, que reside en la capital. Por la gran aglomeración de expedientes que tiene que tramitar se resuelven los asuntos con una lentitud desesperante. Para formarse una idea bastará decir que en la actualidad se están celebrando los juicios correspondientes a las demandas que fueron presentadas en el mes de enero de 1933. Si a esto unimos que los patronos, de forma sistemática, recurren todas las sentencias que les son adversas, tendremos que para que el obrero perciba las cantidades que el patrono se niega a abonarle tiene que esperar dos años. Para normalizar esta situación haría falta constituir dos Jurados mixtos más. Uno en la zona de la sierra y otro en la olivarera. Por todo lo expuesto este organismo está desacreditado, y los obreros cada día confían menos en su eficacia», «Informe del Secretariado Provincial de Córdoba», en El Obrero de la Tierra, 10 de marzo de 1934. Véase, asimismo: «Sin revolución no habrá nunca Reforma Agraria. Un manifiesto del Comité Nacional», en El Obrero de la Tierra, 3 de marzo de 1934. 78 la república en los pueblos locales de la FNTT evidenciando los salarios de hambre —situados entre las 2 y las 3,5 pesetas— y las jornadas «de sol a sol» reiteradamente practicadas. 119 De esta forma, las clases patronales, que habían experimentado un serio retroceso en sus posiciones de preponderancia indiscutida en el ámbito de las relaciones laborales en la agricultura durante el primer bienio, comenzaron nuevamente a fortalecer sus privilegiadas posiciones en el mercado de trabajo. Circunstancia, esta última, que aprovecharon para desarticular por múltiples vías el movimiento jornalero de signo socialista y anarquista, ejerciendo al mismo tiempo un ataque en toda regla contra todos aquellos ayuntamientos e instancias administrativas locales desde las que se hubiese prestado algún tipo de apoyo institucional a las demandas planteadas por los trabajadores agrícolas en los frecuentes conflictos huelguísticos del periodo 1931-1933. La conjunción de las estrategias descritas permitió a la patronal agraria la imposición sobre los jornaleros de unas duras condiciones laborales, instaladas sobre la reducción salarial, la prolongación de la jornada de trabajo o el recurso al «destajo». De esta manera se pretendía la restitución de las tradicionales formas de dominación de la mano de obra agrícola, consideradas indispensables para hacer frente a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones que había provocado la corriente deflacionaria sufrida por la agricultura española durante la primera mitad de los años treinta. Con el fin exclusivo de poder resarcirse de las pérdidas económicas y materiales causadas por la intensa actividad reivindicativa protagonizada por los jornaleros adscritos a los sindicatos agrícolas de signo socialista o anarquista durante el primer bienio, las clases patronales actuaron de diversas maneras. En primer lugar, dirigieron 119 El clamor contra la intransigencia de la patronal agraria, así como la denuncia constante e insistente del pago de salarios de hambre, llegó a hacerse unánime en las páginas de la prensa socialista local, así como en los órganos de expresión de la UGT. «Las leyes y bases son cosa muerta», se decía desde la localidad jiennense de Castellar de Santisteban. «Todos los trabajadores, hasta los paniaguados, están sin ocupación, y los poquísimos jornales que se dan no pasan de 2,50 pesetas», se comunicaba desde Valdepeñas de Jaén. Los trabajadores agrícolas de Santiago de Calatrava informaban de la existencia de jornales que oscilaban entre las 3 y las 3,5 pesetas, y añadían: «Estamos muchísimo peor que en la época de la monarquía; vamos camino de una República de vagos gordos y de obreros muertos de hambre». En Torredonjimeno, un importante municipio agrícola jiennense, donde al parecer se cotizaban mejor las labores agrícolas, los salarios eran de 4,20 pesetas. Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, Madrid, Año VI, número 64 (abril, 1934), pp. 72-79, y número 65 (mayo, 1934), pp. 94-101. Asimismo, el año 1933, la Secretaría Provincial jiennense de la FETT denunciaba ante el presidente del Consejo de Ministros, y los señores ministros de Gobernación y Trabajo, la existencia de salarios de 2,5 y 3 pesetas en las comarcas de montaña. El Obrero de la Tierra, 27 de enero de 1934. En sus ediciones de 24 y 31 de marzo de 1934, el semanario El Obrero de la Tierra mostraba decenas de protestas, provenientes de multitud de localidades en las que existían sociedades de obreros agrícolas socialistas, denunciando el insoportable incumplimiento patronal de la legislación social y la discriminación en el empleo practicada contra los jornaleros y campesinos sindicados en la FETT. El Obrero de la Tierra, 24 y 31 de marzo de 1934. Véase también el diario socialista jiennense Democracia, 23 de junio de 1933. 79 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil sus ataques contra el tejido organizativo construido por el sindicato agrario socialista durante la primera etapa de andadura del régimen republicano. Comenzó así la persecución de los dirigentes sindicales más significados en cada localidad, que desembocó, tras los sucesos de la huelga campesina de junio de 1934, en el encarcelamiento masivo de los cuadros sindicales de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT). 120 Se procedió asimismo a la clausura de las Casas del Pueblo o a la detención de sus directivas, marginando de forma sistemática, a la hora de la contratación, a todos aquellos jornaleros que habían mostrado abiertamente su disconformidad con respecto a los abusos patronales y al rosario de reiterados incumplimientos de la legislación laboral reformista. De forma inmediata, la patronal constituyó «sindicatos paralelos» a los que se hallaban ligados los obreros fijos y «pegaos», así como todos aquellos campesinos más dóciles y sumisos, prestos en cualquier momento a aceptar condiciones de explotación verdaderamente insoportables. 121 En segundo lugar, la patronal agraria encaminó sus aspiraciones hacia la destitución de todos aquellos alcaldes y concejales socialistas, republicanos de izquierda o comunistas que aún permaneciesen representados en los ayuntamientos constituidos tras las elecciones municipales celebradas en los meses de abril y mayo de 1931. Este segundo objetivo se configuró como primordial, pues resultaba sumamente decisivo para la reimplantación del orden rural tradicional que reclamaban los ricos propietarios y hacendados agrícolas como el mejor instrumento para hacer frente a la crisis deflacionaria de los años treinta. De acuerdo con esto último, los patronos no cesaron de exigir, a lo largo de todo el año 1934, la rápida sustitución de los equipos municipales socialistas o republicanos de izquierda por Comisiones Gestoras integradas por republicanos radicales y «agrarios» —o cedistas, en el mejor de los casos—, que representasen abiertamente los intereses y las exigencias de la gran patronal agraria y sus más estrechos aliados en cada localidad. En definitiva, puede afirmarse que, tras el fracaso de la insurrección de octubre de 1934, la actuación de la patronal agraria dirigida contra los sindicatos de obreros agrícolas de signo socialista o anarquista culminó con la práctica destrucción de casi todos ellos. Esto último dio lugar a una modificación sustancial de las manifestaciones de protesta sostenidas por el campesinado y los jornaleros en una coyuntura absolutamente desfavorable, en la que ya no disponían de respaldo institucional en el planteamiento de sus reivindicaciones —desde los presidentes de los Jurados Mixtos hasta los alcaldes de la localidad de su residencia—, y habían sido violentamente despojados de sus organizaciones locales de resistencia. 120 La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) socialista pasó a denominarse Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT) el 28 de enero de 1934, en el transcurso de la reunión celebrada, ese mismo día, por su Comité Nacional. 121 Eduardo sevilla Guzmán y Paul Preston, «Dominación de clase y modos de cooptación del campesinado», artículo citado. 86 la república en los pueblos practicando insistentemente el envío de campesinos parados a las fincas de los propietarios locales, efectuando así una clara intromisión en las relaciones laborales y desobedeciendo, en muchos casos, las disposiciones legales sobre Laboreo Forzoso. La reiteración con que debieron producirse los actos de protesta campesina que acabamos de narrar alcanzó proporciones alarmantes, hasta el extremo de motivar la intervención del Delegado Provincial de Trabajo mediante la aplicación de sanciones de despido contra todos aquellos trabajadores agrícolas que mostrasen una falta acusada de rendimiento en el trabajo. 134 La respuesta de los propietarios a esta situación no se hizo esperar. Las resoluciones adoptadas en el transcurso de la Asamblea de la Federación Provincial de Labradores, celebrada en la ciudad de Jaén el 26 de mayo de 1936 —por mencionar tan sólo un ejemplo— incidían fundamentalmente sobre aquellos aspectos de las reivindicaciones jornaleras que más claramente perjudicaban sus intereses. Se solicitó la plena libertad de elección patronal de los campesinos inscritos en las Bolsas de Trabajo y se exigió la anulación inmediata de las imposiciones de campesinos en paro efectuadas por los alcaldes y las Comisiones Municipales de Policía Rural. Asimismo, se reivindicó la fijación de rendimientos mínimos para cada faena, con el fin exclusivo de evitar, en adelante, la desmedida reducción de la productividad del trabajo ejercida por los jornaleros como eficaz instrumento para lograr un mejor y más equitativo reparto del empleo. Como acabamos de comprobar, las luchas agrarias desplegadas en numerosas regiones agrícolas con una abultada presencia de mano de obra jornalera durante los meses que siguieron a las elecciones de febrero mostraron un significativo cambio en las modalidades hasta entonces predominantes de la conflictividad rural. Comenzaron a menudear las coacciones dirigidas contra los patronos, las invasiones de fincas, las imposiciones de jornaleros en situación de paro, los desacatos a las autoridades, los alojamientos masivos y la deliberada disminución de los rendimientos laborales. Los ayuntamientos regidos por alcaldes de izquierda, en estrecha colaboración con las casas del pueblo socialistas, recurrieron en multitud de poblaciones a la imposición a los patronos de jornaleros en paro, quienes procedían a la realización de las correspondientes faenas y exigían con posterioridad el pago de los salarios devengados. 135 Tales prácticas incrementaron notablemente los costos de la producción, volviendo a comprometer la ya muy dañada rentabilidad de una ingente multitud de explotaciones agrícolas en manos del campesinado intermedio. Junto a ello, desde la primavera los dirigentes de la FETT socialista conminaban a sus bases al empleo de cualquier medio, incluyendo los más enérgicos y contundentes, con el propósito de acelerar los trámites necesarios para el establecimiento de colectividades campesinas en las grandes fincas gestionadas por el 134 La Mañana, 14 de mayo de 1936. 135 Véase, por ejemplo: Mario lóPez martínez, Orden publico, op. cit., pp. 463-470. 87 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil Instituto de Reforma Agraria (IRA). 136 Y entre los meses de marzo y mayo, las directivas provinciales del sindicato exigieron la inaplazable ejecución de la Reforma Agraria. 137 Por esas mismas fechas un Partido Socialista radicalizado hipotecaba su respaldo parlamentario al gobierno, exigiéndole el exacto cumplimiento de la legislación laboral a beneficio de los jornaleros y la aceleración de la Reforma Agraria. Para sosegar los ánimos de los yunteros extremeños el Ministro de Agricultura —Mariano Ruiz- Funes— procedió durante el mes de marzo a la promulgación de toda una batería de disposiciones y decretos, encaminada a satisfacer sus más perentorias exigencias. Así pues, mediante el decreto de 3 de marzo de 1936 se reconocía a los yunteros de las provincias extremeñas el derecho a recuperar el uso y disfrute de las tierras de las que habían sido expulsados; el 5 del mismo mes se autorizaban asentamientos temporales en Badajoz, Cáceres, Cádiz, Salamanca y Toledo; el 14 se decretaban nulas las exenciones sobre las dehesas de pastos que las declaraban impracticables para el asentamiento de yunteros; ese mismo día 14 se ampliaban los beneficios del decreto de 3 de marzo a los labradores avecindados en los pueblos de las provincias limítrofes a las de Cáceres y Badajoz; y el 20, al amparo de la cláusula de «utilidad social» de la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria de 1935, se autorizó al IRA para ocupar determinadas fincas radicadas en municipios con una elevada concentración de la propiedad, donde existiese un elevado censo campesino y una reducida superficie del término cultivada. 138 Pese a la buena voluntad puesta en tal empeño no fue posible disuadir a varios miles de ellos para evitar que llevasen a efecto, alentados por la dirección de la FETT, una masiva y espontánea ocupación de tierras como la contemplada el 25 de aquel mes. 139 Con la esperanza puesta en contener la súbita radicalización jornalera, que se adueñó de las más importantes regiones latifundistas, el gobierno de Azaña dispuso nuevas medidas para colmar las demandas formuladas por el poderoso sindicato socialista. 136 Véase el artículo: «Colectivización», en El Obrero de la Tierra, 1 de mayo de 1936. 137 Las resoluciones adoptadas en tales Congresos Provinciales pueden conocerse a través de El Obrero de la Tierra, 7 de marzo; 11, 24 y 25 de abril; 9, 22 y 30 de mayo; y 27 de junio de 1936. 138 Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República, 5, 11, 15, 17 y 28 de marzo de 1936; Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., pp. 422-423. 139 Se calcula que ese día entre 60.000 y 80.000 campesinos y yunteros de la provincia de Badajoz, amparándose en lo dispuesto por los decretos de 3, 5 y 14 de marzo, invadieron una ingente cantidad de fincas rústicas, para proceder a su señalamiento y posterior roturación. Véase: Juan García Pérez y Fernando sánchez marroyo, «La II República: nueva ocasión perdida para la transformación del campo extremeño», en Juan García Pérez; Fernando Sánchez Marroyo y María Jesús Merinero Martín, Historia de Extremadura. IV. Los tiempos actuales (Badajoz: Universitas Editorial, 1985), pp. 991-1019, pp. 1.017-1.018; Francisca rosique navarro, La Reforma Agraria en Badajoz durante la II República. (La respuesta patronal) (Badajoz: Diputación Provincial, 1988), pp. 302-306.; Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., p. 424; Francisco esPinosa maestre, La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936) (Barcelona: Crítica, 2007), pp. 126-144. 88 la república en los pueblos Aunque no fue rehabilitada la «odiada» Ley de Términos Municipales, se restituyó el preceptivo cumplimiento por parte de los patronos del turno riguroso, obligándoseles en muchas ocasiones a aceptar la contratación de obreros escasamente cualificados para las tareas agrícolas por el mero hecho de hallarse inscritos en las oficinas municipales de empleo. 140 Por si esto último no bastase, la mayoría de los jueces municipales y funcionarios que habían sido nombrados presidentes de los Jurados Mixtos durante el bienio radical-cedista fueron destituidos de sus puestos, y comenzaron a proliferar las sanciones «extraordinariamente onerosas» impuestas a los patronos que violaban las leyes laborales recién restituidas o incumplían los contratos de trabajo. 141 Por fin, el 18 de junio se decretaba la derogación de la Ley de Reforma Agraria de agosto 1935 y volvía a declararse en pleno vigor la de agosto de 1932. 142 Asentamientos de campesinos efectuados bajo la Ley de Reforma Agraria, 1932-1936 Fecha Número de Campesinos Asentados Superficie Ocupada (en has.) % sobre el total de campesinos asentados % sobre el total de superficie ocupada Hasta el 31-XII-1933 4.399 24.203 3,81 4,06 Marzo 1936 72.428 249.616 62,81 41,86 Abril 1936 21.789 150.490 18,90 25,24 Mayo 1936 5.940 41.921 5,15 7,03 Junio 1936 3.855 55.282 3,34 9,27 Julio 1936 6.909 74.746 5,99 12,54 Total de asentamientos efectuados bajo el Frente Popular 110.921 572.055 96,19 95,94 totales 115.320 596.258 100,0 100,0 Fuente: Edward Malefakis, Reforma Agraria, op. cit. Elaboración propia. Entre los labradores de todo tipo —incluyendo al campesinado de pequeños propietarios y arrendatarios— volvió a cundir el desánimo. 143 Menudearon por todas partes las denuncias sobre las desmesuradas peticiones salariales, el frecuente recurso jornalero a la premeditada disminución de los ritmos de trabajo o el dispendio que ocasionaban los 140 Véase: Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., pp. 427-428. 141 Véase: Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., p. 425. 142 Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República, 19 de junio de 1936. 143 La derecha denunciaba que multitud de pequeños y modestos propietarios agrícolas se habían visto obligados a abandonar el cultivo al no poder hacer frente a los altos salarios agrícolas demandados por los sindicatos jornaleros. Véase: Richard A. H. robinson, The Origins of Franco´s Spain. The Right, the Republic and Revolution, 1931-3936 (Newton Abbot: David and Charles, 1970), pp. 268-269. 89 la evolución del conFlicto camPesino: de la rePública a la Guerra civil alojamientos abusivos. La mayoría de las quejas giraba alrededor de las medidas projornaleras que habían sido rehabilitadas, y a las que se acusaba de ser las responsables del ruinoso e insoportable encarecimiento de los salarios y de la muy extendida pérdida de rentabilidad ocasionada por el aumento de los costos de producción. 144 Entre la mayor parte de la burguesía agraria de las regiones latifundistas comenzó a expandirse un estado de opinión absolutamente contrario a la persistencia del régimen republicano. Muchos de sus integrantes, cada vez más inquietos ante la amenazadora intensificación que había experimentado el proceso de reasentamiento de yunteros, la ocupación de fincas por el IRA y el número de asentamientos campesinos llevados a efecto por las autoridades del Frente Popular, comenzaron a ver con buenos ojos el ensayo de una solución de carácter militarista y golpista, que pusiese fin a la democracia parlamentaria y acabase de manera violenta con las leyes laborales pro-jornaleras y la odiada Ley de Reforma Agraria de 1932. 145 La dirección política de la CEDA y su principal responsable, José María Gil Robles, estuvieron al tanto de los preparativos de la conspiración militar que dio origen a la guerra civil, dando instrucciones precisas a las bases para que colaborasen con los militares golpistas cuando se iniciase el movimiento rebelde. 146 El triunfo del golpe militar del verano de 1936 y la constitución de los primeros órganos de gobierno en el seno de la denominada «España nacionalista» darían paso a la adopción de severas medidas represivas, que culminarían con el aniquilamiento de los sindicatos jornaleros de inspiración socialista o anarquista, la inmediata derogación de la legislación projornalera y el restablecimiento de los tradicionales sistemas de absoluto dominio patronal sobre los mercados laborales agrícolas. Las primeras medidas de contrarreforma agraria dictadas por las autoridades del bando rebelde colmaron las aspiraciones de una extensa porción del campesinado familiar católico y gozaron del inquebrantable apoyo de los grandes propietarios latifundistas. Ambos sectores sociales pasaron a convertirse, pues, en los más firmes baluartes del Nuevo Estado franquista. 147 144 Véase: José María Gil robles, No fue posible, op. cit., pp. 626-627. Malefakis sostiene que no resulta exagerado afirmar que en los tres primeros meses del Frente Popular los salarios agrícolas casi se triplicaron. Véase: Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., p. 428; Francisco cobo romero, De campesinos, op. cit., p. 144. 145 Véase: Tim rees, «Agrarian power and crisis in southern Spain: the province of Badajoz, 1875- 1936», en Ralph Gibson y Martin Blinkhorn (eds.), Landownership and Power, op. cit., pp. 235-25, véase la p. 248. 146 Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War. Reform, Reaction and Revolution in the Second Republic, 1931-1936, Londres y Nueva York: Routledge, 1994, pp. 265-267; Samuel M. Pierce, Political Catholicism in Spain´s Second Republic (1931-1936): The Confederación Española de Derechas Autónomas in Madrid, Seville, and Toledo, PhD Dissertation (Gainesville: University of Florida, 2007), pp. 181-183. 147 Véase Sara schatz, «Democracy´s breakdown and the rise of Fascism: the case of the Spanish Second Republic, 1931-6», en Social History, 26, 2 (2001), pp. 145-165, véanse las pp. 156-157. caPítulo 3 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques las PrinciPales fuerzas Políticas al inicio del régimen rePublicano El Gobierno Provisional, constituido tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, se comprometió a convocar unas elecciones encaminadas a la formalización de un Parlamento constituyente. Dichas elecciones se regirían por una normativa enteramente nueva, orientada a poner fin de una manera definitiva a las viejas prácticas caciquiles que habían prevalecido durante el régimen de la Restauración. Para ello se procedió a dictar un decreto modificando parcialmente la ley electoral de 1907. En el mencionado decreto, promulgado el 8 de mayo de 1931, la nueva reglamentación electoral aprobada por el Gobierno Provisional se justificaba mediante un breve preámbulo, en el que se señalaban los graves inconvenientes para la pureza del sufragio causados por la normativa electoral vigente. Con el decreto aludido se suprimían los distritos uninominales que habían prevalecido durante el sistema restauracionista, por considerarlos la causa fundamental del sistemático falseamiento de la voluntad popular provocado por la actuación de las redes caciquiles y la práctica del clientelismo político. Los viejos distritos uninominales serían sustituidos por las circunscripciones provinciales, dado que, para los nuevos gobernantes, estas últimas aseguraban una mayor y más justa proporcionalidad entre el número de electores y el de los elegibles. Asimismo, se pensaba que mediante la supresión de los viejos distritos comarcales quedarían diluidas, mermadas o inservibles las viejas fórmulas de patronazgo político vinculadas a un reducido territorio fácilmente controlable por las redes caciquiles preexistentes. Se establecía, pues, una nueva proporcionalidad en la elección de los candidatos que establecía la asignación, en cada una de las nuevas circunscripciones provinciales, de un candidato por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 30.000. Asimismo, las ciudades de Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla, además de todas aquellas capitales de provincia que reuniesen más de 100.000 habitantes, formarían una circunscripción propia con los municipios de sus respectivos partidos 92 la república en los pueblos judiciales. De esta manera se preservaban las circunscripciones plurinominales de la Restauración, pero circunscritas al ámbito de los núcleos estrictamente urbanos en los que se pensaba que existía una importante aglomeración del voto popular identificado con la República. Quedaron así constituidas sesenta y tres circunscripciones, que simplificaban enormemente el complejo panorama de distritos uninominales prefigurado en la legislación electoral del sistema restauracionista. 148 Asimismo, el decreto de 8 de mayo fijaba un sistema de mayorías y minorías, instalado sobre un procedimiento de representatividad mayoritaria corregida. Los electores únicamente podían otorgar su voto a un número restringido de candidatos, que de este modo se constituían en la mayoría. Los candidatos que hubiesen sido votados de forma minoritaria tenían garantizada la elección en un porcentaje que oscilaba entre el 20 y el 50 por cien del total de elegibles en cada circunscripción, constituyéndose así en la minoría elegida en cada una de ellas. La votación se efectuaba por listados de candidatos, aunque el sistema de elección convertía las candidaturas presentadas por los partidos en listas electorales semiabiertas, pues los electores estaban capacitados para manifestar sus preferencias por determinados candidatos otorgándoles, de manera individualizada, su respaldo. Asimismo, los electores tenían restringido el número de candidatos a los que podían votar, en una proporción que se situaba entre el 80 y el 50 por cien del total de elegibles en cada circunscripción electoral. Para poder ser elegido en primera vuelta, se exigía a los candidatos haber obtenido al menos el 20 por cien del total de los sufragios emitidos en su respectiva circunscripción. Para cubrir las vacantes producidas por aquellos candidatos que, pese a lograr la mayoría relativa de sufragios en la primera vuelta, no hubiesen alcanzado el 20 por cien del total de los sufragios emitidos en su circunscripción, se celebraría una segunda vuelta a la que concurrirían todos aquellos candidatos que se encontrasen en la situación descrita. La edad para ser elector se rebajaba hasta los 23 años. Por último, y con el propósito de erradicar definitivamente las prácticas caciquiles que tanto se había prodigado en el inmediato pasado, se suprimía el artículo 29 de la ley electoral de 1907 (es decir, aquel que estipulaba la proclamación automática de los candidatos en aquellas circunscripciones electorales en las que el número de aspirantes a ser elegidos fuese igual o inferior al de puestos a cubrir). 149 La tensión política y social en aumento que se produjo a lo largo del mes de mayo alcanzó su momento álgido en los sucesos del día 10, prolongados en la oleada de manifestaciones de anticlericalismo e iconoclastia que se registraron en las jornadas inmediatamente posteriores a la anteriormente señalada. Todo comenzó cuando 148 Roberto villa García, La República en las urnas. El despertar de la democracia (Madrid: Marcial Pons, 2011); Javier Tusell et al., Las constituyentes de 1931, op. cit. 149 Gaceta de Madrid, Decreto Modificando la Ley Electoral de 1907, 10 de mayo de 1931. 93 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques el domingo, día 10, mientras tenía lugar la inauguración de los locales del Círculo Monárquico de la madrileña calle de Alcalá, un gramófono colocado en la ventana para difundir consignas monárquicas y entonaciones de la Marcha Real provocó la indignación de numerosos viandantes. Se organizó un tumulto y se registró una concentración amenazadora ante los locales del diario monárquico «ABC». La carga de la Guardia Civil provocó dos muertes y exacerbó los ánimos de los manifestantes. Por la noche, el gobierno se reunió con carácter de urgencia y Miguel Maura, ministro de la Gobernación, ordenó a la Guardia Civil que disolviera a la multitud que en el exterior reclamaba su dimisión. Al día siguiente, mientras el Consejo de ministros se reunía de nuevo, se recibieron las alarmantes noticias de la quema del convento de los jesuitas de la calle de La Flor. Este fue el primer suceso de una quema promovida por una multitud enfurecida que, tras desalojar numerosos conventos e iglesias, arrojaba por las ventajas las imágenes y los objetos de culto para incendiarlos ante la expectación de la multitud y la actitud pasiva de las fuerzas del orden público. Entre el 11 y el 13 de mayo una oleada de incendios de edificios religiosos se extendió por Madrid, Málaga, Alicante, Orihuela, Cádiz, Murcia, Granada, Sevilla y Valencia. Decenas de edificios religiosos, entre los que se encontraban iglesias, monasterios, conventos y escuelas pías, quedaron calcinados o completamente destruidos. No se registraron víctimas mortales, pero la gravedad de los sucesos agrió las ya de por sí tensas relaciones existentes entre la jerarquía eclesiástica y los representantes del poder civil. Los acontecimientos de mayo precipitaron algunas decisiones del gobierno. Entre otras, fueron convocadas nuevas elecciones municipales en aquellos ayuntamientos en los que se habían producido fundadas irregularidades en los procesos de votación y nominación de concejales durante la jornada del 12 de abril. Ante el aluvión de reclamaciones presentadas por casi 2.500 municipios, el ministro Maura decidió el nombramiento de comisiones gestoras, generalmente integradas por concejales republicanos o socialistas, en un número aproximado de 882 ayuntamientos. Fue en estos municipios donde se celebraron nuevas elecciones locales, ahora controladas por equipos municipales de gobierno claramente inclinados hacia la defensa de la República. Los resultados de esta nueva votación, celebrada el 31 de mayo, arrojaron una apabullante victoria de los candidatos republicanos. Frente a unos 7.612 concejales de signo republicano que habían resultado electos en estos nuevos comicios municipales, tan sólo 951 podían considerarse no republicanos, o sencillamente monárquicos. 150 Una vez garantizado el control del poder local por las fuerzas políticas mas claramente defensoras del nuevo régimen, el gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 3 de junio. El decreto de la convocatoria establecía que dichas Cortes 150 Shlomo ben-ami, Los orígenes de la Segunda República española. Anatomía de una transición (Madrid: Alianza Editorial, 1990). 94 la república en los pueblos estarían compuestas por una sola Cámara, además de investidas de amplios poderes constituyentes y legislativos. Su misión primordial consistiría en la elaboración de una Constitución que fijase el marco normativo e institucional sobre el que se asentaría el nuevo régimen. Los comicios habrían de celebrarse conforme a lo estipulado en el decreto de 8 de mayo, que corregía varios de los apartados de la aún vigente Ley Electoral de 1907. Las derechas concurrieron a las elecciones de junio bastante fraccionadas y debilitadas. La mayor parte de las viejas formaciones políticas de signo monárquico quedaron disueltas, sepultadas bajo el profundo descrédito sufrido por la corona tras la experiencia fracasada del régimen dictatorial del general Primo de Rivera. Aquellos políticos más claramente comprometidos con la Dictadura optaron incluso por el exilio personal, atemorizados ante la amenaza de la exigencia de responsabilidades por parte del nuevo régimen republicano. No obstante, emergieron nuevas formaciones políticas de signo republicano conservador, como la Derecha Liberal Republicana (DLR), que agrupaba a antiguos y destacados políticos conservadores recién convertidos a la defensa de un republicanismo moderado. Algunas otras se constituyeron en el núcleo de atracción de cuantos defendía los valores de un catolicismo tradicionalista fuertemente impregnado de evocaciones nostálgicas a la defenestrada monarquía, tales como Acción Nacional. Esta última formación partidista había sido promovida por Ángel Herrera Oria, director del diario católico El Debate, al resguardo de la poderosa Asociación Católica Nacional de Propagandistas y de otras muchas plataformas sostenedoras del pujante asociacionismo católico. Por su parte, el Partido Radical, con Alejandro Lerroux como su líder histórico, experimentó un acusado viraje hacia posiciones contemporizadoras, eclécticas e incluso declaradamente moderadas, que lo convirtieron en un poderoso referente para multitud de integrantes de las clases propietarias, e incluso de aquellas clases medias rurales y urbanas que se sentían más amenazadas por el reformismo de los republicanos de izquierda o las propuestas de laicización y transformación económica y social propugnadas por el socialismo. Los constantes llamamientos del Partido Radical a la moderación, así como su apuesta por la construcción de una República de orden, respetuosa con los derechos de propiedad y las relaciones de producción prevalecientes en los mercados laborales, se unieron a las constantes descalificaciones del supuesto izquierdismo revolucionario exhibido por los socialistas y a la defensa de una República de amplia base social en la que tuviesen cabida los más diferenciados intereses. 151 El republicanismo moderado de la DLR, el partido que agrupaba a destacados dirigentes políticos del monarquismo convertidos a la nueva fe republicana como 151 Nigel townson, La República que no pudo ser, op. cit. 95 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, también jugó un destacado papel en los primeros compases del nuevo régimen. Mostraba un ideario sustancialmente fundado en la defensa de un liberalismo conservador escrupulosamente respetuoso con la propiedad privada y la libre iniciativa, consideradas como los pilares básicos para garantizar el sostenimiento del progreso material y la cimentación del orden social. Para los republicanos conservadores, la República era concebida como una específica forma de régimen político, aún cuando se la considerara la que mejor encarnaba la democracia y la libertad. Pero para la derecha liberal que se había vuelto súbitamente republicana, la República debía sustituir a la Monarquía, sobre todo porque esta última había demostrado su incapacidad para democratizarse, razonándose en consecuencia que tan sólo una República moderada podría contener el peligro de radicalización revolucionaria o izquierdista consustancial al comportamiento colectivo de las masas. 152 Al producirse el advenimiento del régimen democrático de la II República, la mayor parte de los integrantes de la dirección del PSOE y de la UGT mostraba una actitud bastante homogénea. Casi todos ellos quedaron alineados en torno a la estrategia, convertida finalmente en hegemónica, que debería ponerse en práctica de cara a la etapa abierta con la instauración de una nueva e inédita situación política, asentada ahora sobre la lucha electoral, la pugna por la representación parlamentaria y el reconocimiento de amplias libertades civiles tanto individuales como colectivas. Puede decirse, pues, que los socialistas cerraron filas en torno a la calificación del sistema político republicano como una inmejorable oportunidad para profundizar en la expansión y el acrecentamiento de sus efectivos. Así pues, otorgaron una especial importancia a la consciente implicación de sus cuadros dirigentes en las instituciones democráticas estrenadas por el nuevo régimen. Al dar comienzo el régimen republicano, las respectivas direcciones del PSOE y la UGT estaban casi unánimemente convencidas de la importancia estratégica que encerraba el control, ejercido por sus más destacados representantes, sobre las principales instituciones del Estado, para desde las mismas poner en práctica toda una serie de medidas legislativas orientadas hacia la mejora integral de las condiciones de vida de los trabajadores y la potenciación de sus posiciones negociadoras frente a la patronal. 153 Frente a la fragmentación padecida por las derechas de signo católico-tradicio- nalista o monárquico, las fuerzas del republicanismo y el socialismo que ya habían 152 Luis íñiGo Fernández, La Derecha Liberal en la Segunda República Española (Madrid: UNED Ediciones, 2000). 153 José Manuel macarro vera, «El socialismo en Andalucía (1900-1936)», en Santos Juliá (coord.), El socialismo en las nacionalidades y regiones (Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 1988) (Anales de Historia, Vol. 3), pp. 105-119, las pp. 108-109; y del mismo autor: «La práctica política del socialismo andaluz», op. cit. 102 la república en los pueblos Así pues, durante los decisivos meses de agosto y septiembre de 1931, las posiciones de las diferentes formaciones políticas que sostenían la coalición gubernamental fueron decantándose en distintas direcciones, sobre todo a medida que el partido radical perfilaba su estrategia de viraje hacia el conservadurismo, a fin de consolidarse como la formación política hegemónica en el amplio espectro del centro ideológico. El discurso pronunciado por Lerroux en Valladolid el 23 de agosto de 1931 estuvo cargado de tonalidades acentuadamente conservadoras. Abogó por edificar una República para todas las clases sociales, al tiempo que acentuó las tonalidades conciliatorias e integradoras de su oratoria, dirigiéndose especialmente a cautivar el ánimo de los no republicanos. Con respecto al trato que debería otorgarse a la Iglesia Católica, el líder radical moderó extremadamente sus palabras. Se definió a sí mismo y a su partido como laicos. Defendió la separación entre Iglesia y Estado, aún cuando se cuidase de anunciar que esto último no significaría un castigo para los católicos ni debería dar paso a una «guerra civil». Tales afirmaciones no le impidieron mostrarse decididamente partidario de los derechos de los católicos a formar comunidades religiosas, de acuerdo con la Ley de Asociaciones. De esta manera, Lerroux se manifestaba plenamente consciente de la necesidad de adaptar su partido, y el discurso dominante defendido por aquél, a los imperativos de la nueva política de masas. Para ello, en la definición de la estrategia a seguir por el partido radical, apostó por el reforzamiento de las tonalidades interclasistas que impregnaban su discurso político, a fin de granjearse el apoyo a una República conservadora por parte de aquellos sectores de la sociedad y el electorado más reacios a la aceptación del nuevo régimen. Para el dirigente radical los muy significativos índices de abstención registrados entre las clases conservadoras durante las elecciones de junio y la creciente oposición, tanto desde la izquierda radical como desde la derecha antirrepublicana, a las medidas reformistas del gobierno, se convirtieron en síntomas irrefutables de la necesidad de apuntalar el nuevo régimen, apelando a la defensa de un discurso integrador y conciliatorio que disolviese el sentimiento antirrepublicano manifestado tanto por la mayor parte de los monárquicos como por un elevado porcentaje de las clases medias. 157 El discurso de Lerroux sentó mal entre los partidos de la coalición gobernante. En el seno del grupo parlamentario de Acción Republicana comenzaron a elevarse voces discrepantes, que exigían la salida del gobierno. Sin embargo, Azaña era consciente, pese a expresar una cada vez mayor desconfianza hacia el viraje conservador y derechista de los radicales, de la necesidad de controlar a su líder y a su partido en el gobierno. Para el dirigente de Acción Republicana era preciso evitar a toda costa un deslizamiento aún más pronunciado de los radicales hacia actitudes y comporta- 157 Nigel townson, La República que no pudo ser, op. cit. 103 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques mientos políticos autoritarios o propios del pasado, o hacia el sostenimiento de propuestas políticas de excesiva moderación, que podrían lastrar el proyecto reformista defendido por la alianza forjada entre republicanos de izquierda y socialistas. Durante la segunda quincena del mes de agosto y a lo largo del siguiente mes de septiembre se sucedieron varios encuentros entre líderes de los grupos parlamentarios radicalsocialista, azañista y socialista, donde casi todos ellos expresaron sus inquietudes ante la presión ejercida por los radicales para disolver las Cortes tras la aprobación de la Constitución, procediendo de inmediato al nombramiento de un nuevo gobierno y a la convocatoria de elecciones parlamentarias. Hubo propuestas provenientes de algunos destacados líderes del socialismo —Luis Araquistáin, Francisco Largo Caballero o el propio Juan Negrín— en las que aquéllos expresaban a Manuel Azaña su deseo de que este último constituyese un gobierno republicano de izquierda, en el que se diese cabida a los radical-socialistas tras contar con el respaldo parlamentario ofrecido por el PSOE. Azaña se opuso a secundar la mencionada propuesta, pues presumía que un gobierno que no integrase a los radicales estaría prontamente condenado al fracaso. Durante la segunda mitad del mes de septiembre algunos otros líderes socialistas, en consonancia con el parecer manifestado por Azaña, se mostraron partidarios de constituir un gobierno enteramente republicano presidido por Lerroux, con el fin de frenar los virajes anunciados por el viejo líder radical hacia la aplicación de una política excesivamente conservadora, en su intento por atraerse el apoyo de las clases medias más asustadizas o menos dispuestas a aceptar el proyecto reformista puesto en marcha. Sin embargo, pese a esta inicial postura de aproximación en torno a la idoneidad de proceder al nombramiento de un gobierno republicano presidido por Lerroux, pronto comenzaron a ensancharse las fracturas que distanciaban a los radicales de los socialistas y republicanos de izquierda. Estos últimos eran partidarios de la inmediata aprobación de las leyes complementarias a la Constitución, cualesquiera que fuese el gobierno designado en sustitución del existente. La mencionada postura molestó sobremanera al líder de los radicales, que pensaba aplicar su estrategia consistente en el decreto de disolución de las Cortes, el nombramiento de un gobierno de mayoría radical y la posterior aprobación de la legislación complementaria a la Constitución por unas nuevas Cortes surgidas tras la oportuna convocatoria electoral. En el partido radical estaban convencidos de que la mayoría del electorado respaldaría sus propuestas, tras dejar en minoría a los candidatos del PSOE. El nuevo escenario vaticinado por los radicales arrinconaría definitivamente a los socialistas, brindando a los primeros la oportunidad de prescindir de los segundos en las tareas de gobierno. La brecha que separaba a socialistas y radicales se fue agrandando en torno a este asunto, hasta convertirse en un obstáculo insuperable para la normalización política en un momento crítico, en el que se debería proceder, casi de 104 la república en los pueblos inmediato, a la promulgación de una legislación sustancial para el apuntalamiento del nuevo régimen republicano. 158 Así estaban las cosas cuando, a mediados de octubre, la dimisión de Alcalá- Zamora y Miguel Maura con motivo de la aprobación del controvertido artículo 26 de la constitución dio lugar a una crisis de gobierno que habría de ser atajada de inmediato. La elección del nuevo primer ministro tuvo lugar en la reunió celebrada por el gobierno el 14 de octubre. Los socialistas rechazaron la presidencia, por lo que, según Maura, el cargo era algo que deberían disputarse Azaña y Lerroux. Fue el propio Maura quien propuso la candidatura de Azaña, que de inmediato fue respaldada por el líder de los radicales. Casi todos los miembros del gabinete saliente pensaban que Azaña era la figura ideal para presidir el nuevo gobierno, pues su partido era el único que mantenía buenas relaciones tanto con los socialistas y los radical-socialistas, como con los radicales, actuando como un auténtico partido-bisagra, capacitado para garantizar la requerida estabilidad gubernamental. Por su parte, Lerroux estaba convencido de que un gobierno presidido por él mismo pronto sería boicoteado por los principales grupos parlamentarios, dada la hostilidad que, según su propia opinión, le profesaban los socialistas y los radical-socialistas. Pero, al mismo tiempo, el líder radical también albergaba, secretamente al menos, la esperanza de que un gobierno presidido por Azaña fracasaría en breve. Dicho de otro modo, en las filas del radicalismo prevalecía el convencimiento de que el gobierno de Azaña no duraría más de dos meses, el tiempo necesario para dar paso a la constitución de un nuevo gobierno tras el preceptivo decreto de disolución de las Cortes y el otorgamiento de la confianza a la figura del propio Lerroux. Sea como fuere, el nuevo gobierno configurado el mismo día 14 de octubre, presidido por Azaña, continuaba integrando a los radicales. Azaña solamente introdujo las variaciones imprescindibles, pasando Casares Quiroga a Gobernación y colocando a José Giral en el ministerio de Marina. Entre sus tareas inmediatas se encontraba la definitiva aprobación del texto constitucional y el nombramiento del presidente de la República. Para esto último se barajaron varios nombres, pero prevaleció el criterio adoptado un mes antes, cuando en una reunión informal sostenida en el madrileño restaurante Lhardy, el gobierno se decantó por la defensa de la candidatura de Alcalá- Zamora, obviando así sus declaraciones a favor de la reforma constitucional. 159 Una vez aprobada la Constitución procedía, pues, llevar a cabo el nombramiento de un nuevo gobierno, una vez culminado el principal logro del ciclo constituyente. Entre 158 Nigel townson, La República que no pudo ser, op. cit. 159 Mercedes cabrera calvo-sotelo, «Proclamación de la República, Constitución y Reformas», en Santos Juliá (coord.), República y guerra en España (1931-1939) (Madrid: Espasa-Calpe, 2006), pp. 1-76; Mercedes cabrera calvo-sotelo, «Las Cortes Republicanas», Ayer, 20 (1995), pp. 13-47. 105 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques las principales tareas del nuevo gabinete, asimismo presidido por Manuel Azaña, se encontraba la promulgación de las leyes complementarias del texto constitucional, que tanto había dado que hablar. La sima que separaba a socialistas y radicales impidió a estos últimos participar en el nuevo gabinete, una vez conocida la decisión adoptada por los socialistas de continuar en el ejercicio de sus funciones ministeriales. Quedaba así rota la coalición republicano-socialista, al tiempo que se abría un periodo legislativo cargado de esperanzas y plagado de inconvenientes. los socialistas Al registrarse la proclamación del régimen republicano, los socialistas españoles disfrutaban de una posición privilegiada con respecto a otros movimientos políticos y sindicales obreristas emplazados a su izquierda —el Partido Comunista de España o las organizaciones anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI)—. Al menos, el PSOE y la UGT habían disfrutado de una relativa tolerancia durante el régimen del general Primo de Rivera entre 1923 y 1930. E incluso habían participado en algunas de las instituciones de mediación socio-laboral implantadas desde mediados de los años veinte por el régimen dictatorial. Beneficiándose así del declarado afán, expresado desde las altas instancias de este último, por solidificar el apoyo prestado por una importante porción de las clases trabajadoras a sus proyectos de edificación de un nacionalismo autoritario de nuevo cuño. 160 Estas benignas condiciones permitieron a los socialistas el mantenimiento, casi íntegro, de la red organizativa con que contaban en 1923, así como la sensible elevación del número de partidarios adheridos a sus filas, tal y como se desprende de la contabilización efectuada entre los años 1927 y 1929. 161 A la llegada del régimen democrático de la II República, la mayor parte de los integrantes de la dirección del PSOE y de la UGT mostraba una actitud bastante homogénea ante la realidad político-institucional recién instaurada. Puede decirse, pues, que los socialistas hispanos cerraron filas en torno a la calificación del sistema político republicano como una inmejorable oportunidad para profundizar en la expansión y el acrecentamiento de sus efectivos. Por ello mismo, otorgaron una especial importancia a la consciente implicación de sus cuadros dirigentes en las instituciones democráticas estrenadas por el nuevo régimen. Sin duda, todos ellos se hallaban con- 160 Véase al respecto, Alejandro quiroGa, Making Spaniards. Primo de Rivera and the nationalization of the masses, 1923-30 (Basingstoke y Nueva York: Palgrave Macmillan, 2007). Véase, asimismo, Eduardo González calleja, La España de Primo de Rivera, op. cit. 161 Véase al respecto, José andrés-GalleGo, El socialismo durante la dictadura, 1923-1930 (Madrid: Tebas, 1977), pp. 73 y ss. Véase también Shlomo Ben-Ami, Los orígenes de la Segunda, op. cit. Consúltese también Eduardo González calleja, La España de Primo de Rivera, op. cit., p. 330. 106 la república en los pueblos vencidos de la importancia estratégica de tan privilegiados emplazamientos a la hora de operar decididamente en beneficio de la mejora integral de las condiciones de vida de los trabajadores y contribuir con entera eficacia a la potenciación de sus posiciones negociadoras frente a la patronal. 162 En síntesis, y pese a las contrapuestas percepciones que en un primer momento impregnaron los análisis iniciales que los más destacados líderes socialistas hicieran acerca de un hipotético régimen republicano y la estrategia a seguir para su consecución, 163 casi todos ellos atribuyeron inicialmente a la República una singularidad irrepetible, sintiéndose partícipes de una «singladura histórica» que ofrecía oportunidades indiscutibles en el proceso de afirmación de los derechos de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo. La República era entendida, así, como una vía de aproximación hacia la futura edificación de una utópica sociedad socialista, solidaria e igualitaria. Para ello, se debía profundizar en la conquista de amplios logros en el campo legislativo, con el propósito de contribuir a una sustancial alteración de las relaciones laborales y de producción que favoreciese la precipitación de una gradual transformación del modo de producción capitalista todavía imperante. Pese a todo lo anterior, no se olvidaba la debida atención que había de prestarse, desde el manejo de las instituciones políticas, a cuanto redundase en la mejora integral de los niveles de vida y en el incremento de la capacidad organizativa de los sectores populares. En consonancia con tal interpretación, la colaboración de las organizaciones socialistas con las instituciones republicanas, e incluso su responsable participación en el Gobierno de la nación, se convertían en tareas inexcusables para el PSOE y la UGT. 164 162 Consúltese José Manuel macarro vera, «El socialismo en Andalucía (1900-1936)», en Santos Juliá (coord.), El socialismo, op. cit., véanse las pp. 108-109; y del mismo autor: «La práctica política del socialismo andaluz», op. cit. 163 Al respecto de las posturas encontradas en el seno de los órganos directivos del PSOE a lo largo de los meses previos al establecimiento de la República, consúltense: Virgilio zaPatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual (Madrid: Pre-Textos y Diputación Provincial de Granada, 1999), pp. 267-268, y Manuel contreras casado, «El PSOE, la Segunda República y la Guerra Civil», en Fundación Pablo Iglesias, 125 años del Partido Socialista Obrero Español (Madrid: Fundación Pablo Iglesias, 2005), pp. 66-68. 164 Acerca de todo ello, consúltense las siguientes obras: Santos juliá, «Objetivos políticos de la legislación laboral», en Manuel Tuñón de Lara (dir.) y José L. García Delgado (ed.), La II República. El primer bienio (III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España), Madrid, Siglo XXI, 1987, pp. 27-47; Santos juliá, «“Preparados para cuando la ocasión se presente”: los socialistas y la revolución», en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo xx (Madrid: Taurus, 2000), pp. 145-190, pp. 166-168; Santos juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982 (Madrid: Taurus, 1997), pp. 168-169; Manuel contreras, El PSOE en la II República: Organización e Ideología (Madrid: CIS, 1981), pp. 210-212. 107 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques En el marco de la estrecha colaboración de los socialistas con el régimen republicano, se inserta el cúmulo de disposiciones legislativas reguladoras de las relaciones laborales entre patronos y obreros, tanto en el campo como en la industria. De la misma manera que en el contexto de los estrechos compromisos parlamentarios suscritos por los socialistas con la minoría constituida por los republicanos de izquierda, se hizo posible la discusión de toda una densa batería de proyectos legales. La mayoría de ellos se hallaba impregnada de una profunda tonalidad reformista, pues, en su práctica totalidad, fueron concebidos para impulsar el progreso económico integral, o para asistir al sistema productivo nacional en la dotación de todos aquellos resortes y mecanismos que lo predispusiesen para alcanzar la eficacia exigida. Muchas de estas disposiciones nacieron de la extendida voluntad, presente en multitud de legisladores actuantes en las Cortes republicanas del primer bienio, por acometer profundas remodelaciones en la ordenación de las relaciones laborales, o sobre el sistema productivo global, que contribuyesen al despegue económico de la nación y a la necesaria adaptación competitiva de sus estructuras. En esta específica contextualización se inserta la toma de partido que los socialistas profesaron por la adopción de un específico modelo de transformación y ajuste del sistema agrario. Este último era concebido como una pieza esencial en el abordaje de cualquier política que se propusiese la estimulación de la productividad del trabajo agrícola y la tierra cultivada, así como la mejora sustancial de las condiciones de existencia o el incremento de la capacidad adquisitiva de la población rural. El extendido ánimo, presente en una buena parte de los legisladores, por propiciar una adecuada y suficiente mejora de los niveles salariales y de renta que afectaban al conjunto de los trabajadores agrícolas, se tradujo en la inmediata aprobación de los importantísimos decretos en materia de regulación laboral dictados, a lo largo de la primavera del año 1931, desde el Ministerio de Trabajo —con Francisco Largo Caballero al frente del mismo—. Muchos de aquellos decretos se proponían una sustancial modificación de las pautas que regían las relaciones laborales sostenidas entre la patronal y los jornaleros, favoreciendo, así, la paulatina desaparición de las tradicionales formas de dominio ejercido por la oligarquía rural sobre el campesinado ubicado en extensas zonas agrícolas de predominio de la gran propiedad. Aún cuando cabe añadir que, mediante la aplicación de todos ellos, se albergaba la esperanza de propiciar entre la población agraria la edificación de una amplia base de apoyo al recién instaurado régimen. En suma, los socialistas pusieron en práctica una estrategia —al menos durante el transcurso del primer bienio republicano— en estricta consonancia con la configuración de su programa agrario y sus firmes convicciones en torno a la vía democráticoparlamentaria de acceso al socialismo. Muy resumidamente expuesta, tal estrategia consistió en la articulación de dos instrumentos empleados en la mejora sustancial de las condiciones de vida del campesinado en su conjunto, en estrecha conexión con el declarado propósito consistente en la potenciación de su capacidad reivindicativa 108 la república en los pueblos frente a la patronal rural. El primero de aquellos dos instrumentos, a los que aludíamos más arriba, consistió en el apoyo incondicional prestado a la promulgación de toda una apretada combinación de disposiciones legislativas de naturaleza avanzada y reformista, asimismo orientada a la ampliación de las ofertas de trabajo en el campo. Tales disposiciones legales irían encaminadas a favorecer el incremento de los salarios medios percibidos por los trabajadores agrícolas, defendiendo para ello, si fuera menester, el recurso a la huelga. El segundo de los instrumentos mencionados consistió en la potenciación, desde las organizaciones socialistas, del compromiso político del campesinado con las opciones de la izquierda no revolucionaria, a fin de elevar sustancialmente la representatividad de los colectivos de jornaleros y campesinos pobres en los ayuntamientos y otras instancias de poder de ámbito local, provincial o nacional. Tales instrumentos deberían conjugarse con la puesta en práctica de una profunda reforma de las estructuras agrarias, garantizando, de esta manera, la remodelación de aquella injusta distribución de la propiedad de la tierra y los recursos productivos que se había ido consolidando en el largo proceso histórico de asentamiento del capitalismo sobre la agricultura. En la persecución de este último objetivo, los socialistas optaban por la aplicación de cuantas disposiciones legislativas, e intervenciones de la administración estatal, coadyuvasen a la generalización del cultivo directo de la tierra. Actuaban así porque pensaban que, únicamente garantizando el pleno dominio del cultivador directo sobre la tierra, se extinguiría la persistencia de un mecanismo de apropiación de los bienes agrícolas concebido como retardatario del necesario estímulo al incremento de la productividad del trabajo. Pero, sobre todo, actuaban de tal manera porque entendían que la satisfacción de la renta impuesta sobre la cesión del uso de la tierra privaba injustamente al cultivador directo de aquellos recursos estimados imprescindibles para la introducción de mejoras sobre las superficies cultivadas. En definitiva, pues, para los socialistas, como para una buena parte del pensamiento agrario de la época, las fórmulas de cesión de los recursos agrarios instaladas sobre el arrendamiento o la aparcería significaban un serio obstáculo a la consolidación de un campesinado autosuficiente, libre, a la vez que plenamente capacitado para asegurar una mejora integral de la práctica agrícola. En íntima correspondencia con todo lo anterior, también porfiaban los socialistas, al iniciar su andadura el régimen republicano, en la promulgación de una legislación agraria que propiciase una redistribución más equitativa de la propiedad de la tierra. Hasta que esto último no hubiese sido plenamente logrado, los socialistas consideraban inexcusable la aprobación de una serie de decretos que consolidasen la situación de los pequeños arrendatarios y aparceros, mejorando, en la medida de lo posible, las condiciones en que se verificaban sus arrendamientos. La aspiración primordial que los socialistas deseaban imprimir a la legislación agraria que se pusiese en marcha contemplaba, como un objetivo de excelencia inigualable, el acceso a la tierra de una ingente multitud de jornaleros o campesinos pobres. A estos últimos se les atribuía una capacidad innata 109 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques para la extracción del máximo rendimiento sobre las tierras cultivadas, muy superior a la exhibida por los grandes propietarios absentistas. De esta manera, los socialistas confiaban en posibilitar la vigorización numérica y cualitativa de un amplio estrato de campesinos y jornaleros, sólidamente instalado sobre formas de vida y niveles de renta visiblemente dignificados. 165 Un campesinado, pues, y una clase de obreros agrícolas, dotados de los medios de vida y la capacidad adquisitiva suficientes para expresar de manera independiente, y previamente liberados del yugo caciquil, su adhesión voluntaria al régimen republicano recién instaurado. Pero, sobre todo, unos campesinos y unos jornaleros configurados en el soporte fundamental del apoyo social, político y espiritual que precisaba la afirmación de las instituciones democráticas republicanas en la difícil coyuntura de su reciente instauración. 166 No cabe duda, pues, que para los socialistas del PSOE, de la UGT y del sindicato agrícola de la FNTT, el afianzamiento del nuevo régimen de la República dependía en muy buena medida de la consolidación de sus soportes entre un heterogéneo conglomerado social. Razonaban así, seguros, como estaban, de que su estabilidad se encontraba supeditada al éxito alcanzado por los intentos de remodelación de las vetustas estructuras productivas, y las fraudulentas prácticas electorales, sobre las que habían enraizado sus tradicionales apoyos sociales los corruptos gobiernos y los decrépitos partidos de la monarquía restauracionista. Todo esto, en fin, persuadía a los socialistas de la urgente necesidad de proceder a una intensa regeneración de la agricultura, que la encaminara hacia un proceso modernizador capaz de impulsar el bienestar generalizado de la población, y que a su vez propiciase la constitución de un vasto soporte social en el mundo rural en defensa de la democracia y el parlamentarismo. 167 En suma, pues, los socialistas estaban plenamente convencidos de que la acertada utilización de los resortes políticos ofrecidos por el sistema democrático-parlamentario en favor de los estratos más desfavorecidos de la sociedad rural, permitiría no solamente un aumento de la capacidad organizativa del campesinado, sino asimismo, la disposición, por parte de este último, de armas reivindicativas eficaces con las que contrarrestar el dominio tradicional de la burguesía agraria y la gran patronal rural en las relaciones laborales sostenidas en el seno de la agricultura. No obstante, tal práctica, se mostraba consustancial con la confianza que los propios socialistas depositaban sobre un acceso reformista, paulatino y democrático 165 Consúltese Jacques maurice, «Reforma Agraria y Revolución Social», en Ángeles Egido León (ed.), Memoria de la Segunda República. Mito y Realidad (Madrid: Biblioteca Nueva, 2006), pp. 239-240. 166 Véase al respecto: «El problema del campo. La reforma agraria, juzgada por el camarada Lucio Martínez», en El Socialista, 20 de diciembre de 1931. Véase también El Socialista, 6 de diciembre de 1931. 167 Consúltese «Del momento político. ¡Urge la Reforma agraria!», en El Socialista, 5 de enero de 1932. Véase asimismo Paloma biGlino, El socialismo español, op. cit., pp. 320-321. 110 la república en los pueblos a una futura configuración de las relaciones de producción y del sistema mismo de propiedad sobre los medios de producción de carácter marxista y socializante. Fue precisamente en medio de este crisol de convicciones y planteamientos, donde emergió esa específica política agraria patrocinada por los socialistas y el sindicato agrícola de la FNTT al inicio de los años treinta. Por lo que respecta a la forma concreta en que estos últimos abordaron la «cuestión de la tierra», cabe mencionar cómo la histórica ausencia de respuestas a las demandas de reforma formuladas por el campesinado y los jornaleros del mediodía español se unió a la corriente de expectativas que entre todos ellos generó el nuevo Estado democrático republicano. Se configuró así una especie de «clamor» campesino por la Reforma Agraria que obligó a los socialistas a perfilar mejor su interpretación sobre los problemas que afectaban al sector primario de la economía nacional. El creciente interés de las organizaciones socialistas por la problemática del agro español estuvo suscitado, asimismo, por el intenso aluvión de afiliación campesina y jornalera que desembocó en las filas de la FNTT durante los primeros meses del nuevo régimen republicano. Pese a incurrir en riesgos indeseados, puede afirmarse que, hacia comienzos de la década de los treinta, los socialistas habían identificado, de manera casi absoluta, el problema de la tierra con aquel otro generado por el latifundismo y la persistencia del sistema de gran propiedad sobre extensas áreas de la agricultura española. Esta identificación de carácter ideológico hundía sus raíces en la trayectoria misma seguida por el pensamiento regeneracionista, y obtenía una explicación plausible gracias a la enorme capacidad persuasiva que esta última corriente interpretativa consiguió atesorar a lo largo de todo el primer tercio del siglo xx. En síntesis, puede afirmarse que algunos de los componentes básicos de la explicación dada al atraso secular de la agricultura española por el discurso regeneracionista, convergían con determinados pronósticos avanzados por algunas insignes personalidades del socialismo español de la época. Se conformó, de esta manera, una vasta corriente de interpretaciones sobre la «cuestión agraria», que vendría sustentada por un acervo común de tradiciones de pensamiento. El proceso de gestación de aquella corriente interpretativa, se produjo a través del aglutinamiento de diferentes componentes discursivos, muchos de ellos provenientes de una amplia amalgama de tradiciones filosóficas, teóricas o conceptuales, indígenas algunas o venidas del exterior otras, que iban desde el regeneracionismo costista hasta el georgismo, pasando por el krausismo, o por aquello que podríamos denominar como «socialismo de corte humanista». Muchas de las mencionadas «escuelas teóricas» convergían en la inculpación que se hacía recaer sobre el desigual reparto de la tierra, o sobre el predominio de una agricultura latifundista, a la hora de explicar la aparente imposibilidad padecida por nuestro sistema agrario para experimentar un prolongado fenómeno de adaptación modernizadora y potenciación de su capacidad productiva. Aún cuando es preciso señalar que los regeneracionistas ponían, a su vez, un especial acento sobre los perniciosos efectos provocados por la desamortización decimonónica, 111 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques y el consiguiente derrumbe de las eficientes instituciones comunitarias en manos del campesinado y los municipios, al desplegar sus propios argumentos sobre el peculiar atraso padecido por el sistema agrario nacional. 168 Los precedentes inmediatos de las concepciones sostenidas por los socialistas españoles de los años treinta en torno a la problemática del sector primario, se remontaban a los modelos teóricos de interpretación de la «cuestión agraria» aparecidos desde las décadas finales del ochocientos. Muchas de estas concepciones entroncaban con los aportes proporcionados por los paradigmas interpretativos provenientes de la visión romántica, decadentista, y posteriormente regeneracionista 169 del «atraso secular de la agricultura», que se fueron tejiendo desde los años finales del siglo xix y a lo largo de las primeras décadas del siglo xx. Para la mayoría de todas estas conceptualizaciones, el epicentro de la supuesta parálisis padecida por la agricultura española se situaba en el declive de las tradicionales economías campesinas, o de las instituciones comunitarias y municipales en torno a las cuales aquéllas solidificaron su presencia. Siendo, a su vez, aquél fenómeno una derivación directa de las medidas decimonónicas de desamortización, así como de la paralela aplicación de las leyes sobre abolición de señoríos. El modelo de reforma agraria liberal prevaleciente en la agricultura española del ochocientos sería, por consiguiente, el responsable de la conformación de una estructura de la propiedad agraria instalada sobre el predominio de las grandes explotaciones en manos de una reducida burguesía que acabaría condenando a la miseria a una ingente multitud de campesinos empobrecidos y jornaleros sin tierra. Junto a todas estas precisiones, el denominado «mito del atraso» se habría alimentado, con especial relevancia, de las percepciones obtenidas sobre las dificultades para el crecimiento agrario observadas en las provincias meridionales peninsulares. Las escasas modificaciones que a lo largo del siglo xix experimentaron las estructuras de la propiedad de la tierra en la práctica totalidad de la agricultura española, serían atribuidas, en consecuencia, a la consolidación de una poderosa e inmóvil burguesía agraria. Mientras que el control casi monopólico que esta última ejerciese sobre la mayor parte de la tierra cultivable, o el uso en beneficio propio de los resortes institucionales y políticos del ámbito provincial y local, reforzarían la impresión de parálisis atribuida a la agricultura española 168 Al respecto de todo esto puede consultarse: Pedro ruiz torres, «La historiografía de la “cuestión agraria” en España», en Ramón Villares et al., Josep Fontana. Historia y proyecto social. Jornadas de debate del Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives (Barcelona: Crítica, 2004), pp. 149-237. 169 Consúltese Cristóbal Gómez benito y Alfonso ortí benlloch, Estudio crítico, reconstrucción y sistematización del corpus agrario de Joaquín Costa (Huesca: Fundación Joaquín Costa e Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996); asimismo Cristóbal Gómez benito y Alfonso ortí benlloch, Joaquín Costa. Escritos agrarios, Edición crítica, introducción y notas de Cristóbal Gómez Benito y Alfonso Ortí (Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1998). Véase, por último, Miguel Gómez oliver y Manuel González de molina, «Fernando de los Ríos y la cuestión agraria», Sistema, 152-153 (1999), pp. 197-224. 118 la república en los pueblos consideraban que la expansión del capitalismo en el seno de la agricultura contribuiría favorablemente a la concentración de la propiedad de la tierra, facilitando de esta manera la posterior colectivización de las grandes propiedades rústicas y su entrega a los colectivos de campesinos y jornaleros. Sin embargo, argumentaban que hasta tanto esta avanzada fase del desarrollo agrario no hiciese su aparición en el escenario de la producción agrícola y las relaciones entre los distintos segmentos de la población rural, y mientras no alcanzase su plena culminación el pronosticado fenómeno de la desintegración paulatina de la pequeña explotación campesina, no quedaba otra solución que considerar a los pequeños propietarios como trabajadores rurales. Pues casi todos ellos experimentaban, de forma tan sólo matizadamente distinta a los trabajadores industriales, los efectos de la explotación capitalista y del desigual reparto de la riqueza y la propiedad sobre los medios de producción. 180 En cualquier caso, y siguiendo las indicaciones vertidas por Friedrich Engels en un difundido artículo aparecido en 1894 en la revista alemana de inspiración socialdemócrata «Die Neue Zeit», el convencimiento de los pequeños campesinos acerca de la superior eficacia de la organización colectiva del trabajo debería lograrse mediante la disuasión derivada de la presentación ejemplificadora de sus virtudes, y nunca mediante la adopción de medidas coercitivas de colectivización forzosa. La consecuencia que los socialistas extraían de todo ello no era otra que la necesidad de promover aquellas medidas legislativas que contribuyesen al alivio de la penosa situación padecida por los pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros, haciendo así más llevadera su existencia durante el transcurso de un periodo de tránsito cuya duración exacta desconocían. Así pues, pese a que su más acariciado ideal fuese la completa erradicación de cualesquiera formas de cesión indirecta del uso o explotación de la tierra, persiguiendo por esta vía la completa extirpación de la renta, y propiciando subsecuentemente una igualitaria distribución de los recursos entre todos cuantos cultivasen la tierra, el sindicato agrario socialista prestó una especial atención al progreso y la mejora integral de las condiciones de negociación de arrendatarios y aparceros. En tal sentido, sus dirigentes recomendaron e hicieron públicas numerosas reivindicaciones en beneficio de aquéllos. Tales como la cuantificación del precio del arrendamiento sobre la base del valor alcanzado por la renta catastral, sin que en ningún caso aquél pudiese exceder en un 5 por ciento el nivel obtenido por esta última, o, en su defecto, por el líquido imponible asignado a la tierra objeto de cesión; la prolongación de la duración de los contratos —hasta 10 o 12 años—; la prohibición de los desahucios —a excepción de aquellos motivados por el mal cultivo o el impago de la renta—; o la restitución al arrendatario, una vez 180 Al respecto consúltese: «Los trabajadores de la tierra. (Texto taquigráfico de los discursos pronunciados en la Casa del Pueblo de Madrid en la mañana del día 22 de octubre por los camaradas Trifón Gómez y Lucio Martínez)», El Obrero de la Tierra, noviembre de 1933 (Semana preelectoral). 119 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques rescindido el contrato, del valor de las mejoras introducidas en los predios. Se exigía, asimismo, desde las filas de la FNTT, el derecho a la adquisición, en beneficio del arrendatario, de la tierra arrendada cuando el importe del valor de las mejoras por este último aportadas superase al precio asignado en el mercado por la explotación usufructuada. Incluso demandaron persistentemente la puesta en marcha de las discusiones parlamentarias conducentes a la elaboración de sendas leyes de redención de foros y rabassas. Los socialistas también se mostraron partidarios, para el caso de los foros, de la redención de los mismos a favor de los cultivadores directos, con indemnización únicamente verificable en aquellos casos en los que la tierra objeto de este tipo de cesión hubiese sido adquirida a título oneroso o con finalidades exclusivamente lucrativas. 181 La atención prestada por los socialistas y la FNTT a la situación padecida por los pequeños arrendatarios y los más humildes aparceros, debió influir sobre la decisión gubernamental que culminó en la adopción de las primeras medidas legislativas pensadas para aliviar su estado. En tal sentido, se dictaron importantes decretos que, entre otras disposiciones, regulaban la fijación de las rentas impidiendo que rebasasen en un 5 por ciento la cuantía de la renta catastral o del líquido imponible asignado. Algunos de los mencionados decretos convenían la creación de los denominados Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica, encomendados a dirimir las controversias y las disputas surgidas entre propietarios y arrendatarios en todo lo relacionado con la estipulación de los precios a pagar por el arrendamiento. Al mismo tiempo, otro tipo de resoluciones convenían en prohibir la rescisión de los contratos de arrendamiento —excepto por la desatención del cultivo o el impago de la renta—, con el propósito de contrarrestar la consiguiente oleada de desahucios generalizados que podría desencadenar el justificado temor a que la anunciada propuesta de Reforma Agraria castigase con severidad las tierras cedidas en arriendo. Sin embargo, pese a la «generosa» declaración de intenciones contenida en la Ley de Reforma Agraria, poco, o nada, se hizo en lo referente a la redención de foros y rabassas. De la misma manera que continuaron, durante casi todo el periodo republicano, virtualmente desatendidas las insistentes reclamaciones de devolución de propiedades comunales privatizadas, reiteradamente formuladas desde los municipios y entidades locales menores considerados como sus legítimos propietarios. 182 Parecidos y pobres resultados conocieron las reivindicaciones orientadas hacia la restitución a 181 Resoluciones adoptadas en el Congreso de Montilla, 7 de febrero de 1932. El Obrero de la Tierra, 13 de febrero de 1932. Véase asimismo la Ponencia aprobada sobre foros. Congreso Regional de Galicia el 12 de febrero de 1933; El Obrero de la Tierra, 18 de febrero de 1933. 182 Las posiciones de la FETT al respecto de la aprobación parlamentaria, finalmente frustrada, de la ley de «Rescate de Bienes Comunales» pueden seguirse a través de El Obrero de la Tierra, 4 y 11 de julio de 1936. Consúltese, asimismo: Lucio martínez Gil, Aspectos de la vida rural en España (Madrid: Gráfica Socialista, Biblioteca Tiempos Nuevos, 1935), pp. 48-50. 120 la república en los pueblos los ayuntamientos de las tierras vecinales o «corralizas», cuyos aprovechamientos de pastos y aguas fueron cedidos en usufructo a perpetuidad, en el transcurso de las sucesivas oleadas desamortizadoras que jalonaron la práctica totalidad del siglo xix, en beneficio de los intereses privados de los ganaderos y «corraliceros». 183 La Ley de Reforma Agraria estipulaba en su base 20 la regulación de los condominios, declaraba como bienes rústicos municipales «las fincas o derechos reales impuestos sobre las mismas, cuya propiedad, posesión o aprovechamiento pertenezcan a la colectividad de los vecinos de los Municipios, entidades locales menores y a sus Asociaciones y Mancomunidades en todo el territorio nacional», y establecía la posibilidad de su recuperación, y la de los derechos de propiedad anejos, a favor de sus antiguos titulares. Los socialistas de las regiones del norte —Navarra y Aragón, 184 sobre todo— donde más extendida se hallaba esta forma de cesión de recursos agrarios, orientaron sus reivindicaciones hacia la devolución a los municipios de las tierras de «corralizas» anteriormente privatizadas, aún cuando lo logrado en esta dirección fuese más bien poco. Apenas casi nada se consiguió, asimismo, en todo lo concerniente al rescate de bienes comunales y la restitución a los pueblos y sus concejos de las tierras de propios o «del común» que habían sido objeto, durante el largo periodo por el que se extendieron las transformaciones desamortizadoras del siglo xix, de una usurpación o apropiación fraudulenta por parte de las minorías agrarias y las oligarquías municipales, hasta engrosar los patrimonios de los señores y los grandes propietarios agrícolas. 185 En la misma tónica de descoordinación e ineficacia en el empleo de las estrategias parlamentarias adecuadas, se desenvolvieron los debates en las Cortes encaminados a la aprobación, en cumplimiento asimismo de lo preceptuado por la Ley de Reforma Agraria, de una específica Ley de Arrendamientos. Cuando, en julio de 1933, se sometió a discusión parlamentaria el proyecto en cuestión, inspirado por Marcelino Domingo, la apatía de los diputados de la izquierda republicana, y la escasa sensibilidad hacia estos asuntos revelada por la mayoría de ellos —en una significativa proporción 183 La conflictividad desatada por las peticiones de devolución de corralizas y comunales en Navarra durante los primeros años republicanos, consúltese: Emilio majuelo Gil, La II República en Navarra. Conflictividad agraria en la Ribera Tudelana, 1931-1933 (Pamplona: Pamiela, 1986) y Luchas de clases en Navarra (1931-1936) (Pamplona: Gobierno de Navarra, 1989). Véase también J. M. Gastón aGuas, Justicia y tierra: conflictividad agraria en Peralta durante la Segunda República (Tafalla, Nafarroa: Altaffaylla Kultur Taldea, 1995). 184 La desamortización de bienes municipales y «corralizas de propios» en algunas comarcas aragonesas puede verse en Alberto sabio alcutén, Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón (1830-1935) (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2002), pp. 320-335. 185 En su reunión de septiembre de 1933, el Comité Nacional de la FNTT manifestaba su desacuerdo con los contenidos de los proyectos de ley sobre arrendamientos y rescate de bienes comunales que habían sido recientemente presentados por el Gobierno y conminaba al Ejecutivo a la inmediata puesta en marcha de la Reforma Agraria; El Obrero de la Tierra, 16 de septiembre de 1933. 121 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques provenientes de distritos urbanos, o en representación de los intereses de las clases medias y los profesionales de la ciudad—, unidas ambas al cansancio y al hartazgo que produjeron las densas jornadas parlamentarias del año anterior, se conjugaron para impedir que saliesen adelante aquellos aspectos más progresivos del mismo. La importancia del proyecto se veía acrecentada en la medida en que debería afectar a miles de arrendatarios situados en aquellas provincias para las que no había sido prevista la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en todo lo relativo a la expropiación de tierras y establecimiento de asentamientos campesinos. Las cláusulas relativas a la duración de los contratos —nunca de menos de seis años—, o a la fijación de las rentas —nunca superiores al líquido imponible, que a su vez oscilaba entre la tercera y la cuarta parte de los ingresos reales de la finca—, resultaban enormemente beneficiosas para un extensísimo colectivo de pequeños arrendatarios que se habían visto privados de los hipotéticos beneficios derivados de una aplicación más extensiva de la Reforma Agraria. Asimismo, el proyecto de Domingo contemplaba la posibilidad de acceso a la propiedad de las tierras arrendadas en beneficio de sus arrendatarios, pues les concedía a estos últimos el derecho de tanteo y retracto sobre las superficies que llevasen en arrendamiento en el caso de ser puestas en venta. De la misma manera que, siempre que los arrendatarios llevasen al frente de las mismas 20 o más años ininterrumpidos, el proyecto de Ley de Arrendamientos les concedía a aquéllos el derecho a exigir a los propietarios la compra de las tierras arrendadas, a un precio establecido en veinte veces el líquido imponible para aquéllas estipulado. Todas estas cláusulas fueron modificadas por la presión de la minoría agraria, que se configuraba así en la salvaguarda de los intereses de los pequeños, medianos y grandes propietarios, muchos de los cuales llevaban tradicionalmente en arriendo la totalidad o una buena porción de las tierras de su propiedad. Su terca oposición a las propuestas del ministro Domingo hizo posible que, en lo tocante a la fijación de las rentas, y para aquellas zonas donde no hubiesen concluido las labores de confección del Catastro de Rústica, fuesen los tribunales ordinarios —controlados por jueces muy próximos a los intereses de los ricos propietarios y las oligarquías agrarias locales— quienes estipulasen su cuantía. El profundo rechazo de la minoría agraria a las beneficiosas condiciones de acceso a la propiedad contempladas para los arrendatarios por el proyecto de ley defendido desde el Gobierno, logró que lo establecido finalmente fuese que aquellos arrendatarios que aspirasen a lograr la propiedad de las tierras usufructuadas, se viesen obligados a pagar a su propietario el valor alcanzado por las mismas en el mercado. Pese al riesgo de incurrir en una relativa ligereza analítica, casi todo lo anterior nos sugiere que la alianza entre republicanos de izquierda y socialistas durante el primer bienio, consagró una estrategia de transformación de las relaciones laborales en la agricultura y en los modelos tradicionales de aprovechamiento y cultivo de la tierra y los recursos agrarios, que podríamos denominar, cuando menos, poco beneficiosa 122 la república en los pueblos para los intereses de los pequeños y modestos propietarios y arrendatarios rústicos. Fundamentalmente porque, a lo largo de casi toda la andadura del régimen republicano, apenas sí se contemplaron medidas para fomentar el acceso a la propiedad de multitud de modestísimos arrendatarios y aparceros. La ausencia de una estrategia política adecuada, flexible y eficaz exhibida por los republicanos de izquierda en torno a la defensa exitosa de un programa que se hiciese eco de las demandas reclamadas por el extenso colectivo de pequeños propietarios y arrendatarios, perjudicó seriamente los intereses de casi todos ellos. De igual forma, y pese a las múltiples resoluciones congresuales aprobadas por los órganos de la FNTT 186 en defensa de una avanzada legislación que amparase los derechos de los pequeños arrendatarios y aparceros, las aspiraciones históricas de todos ellos, y en especial las de los pequeños propietarios, resultaron, en una amplia proporción, preteridas u olvidadas. Esto último aconteció no solamente como consecuencia directa de la aplicación de aquellas medidas legislativas reguladoras de los mercados laborales agrarios que fueron concebidas, de manera primordial, en beneficio de los jornaleros y asalariados agrícolas. Sino asimismo mediante la materialización misma de un paradigma de Reforma Agraria que tan sólo beneficiaría a los obreros agrícolas sin tierra, a los campesinos más pobres, o a los agrupamientos y sindicatos de trabajadores rurales legalmente constituidos. Ya fuese por una supuesta desidia imputable a los grupos parlamentarios que sustentaban al Gobierno, o debido a la ineficacia con la que estos últimos sortearon los obstáculos al alumbramiento de una avanzada legislación en beneficio de los pequeños propietarios, arrendatarios o aparceros, interpuestos por la minoría agraria, lo cierto es que apenas se hizo algo para remediar la situación de los mencionados colectivos rurales. Pudiendo concluirse, pues, que prevaleció durante el primer bienio una situación instalada sobre la omitida e inexistente aplicación de una específica legislación, favorecedora de la perdurabilidad de la pequeña explotación campesina, o impulsora del acceso a la propiedad de los pequeños arrendatarios o aparceros. Se podría decir que, durante el primer bienio republicano —y por extensión durante casi toda la experiencia democrática del régimen de la II República— prevaleció una concepción predominante de la Reforma Agraria entendida como un poderoso instrumento de transformación de las relaciones sociales y económicas todavía imperantes en la agricultura tradicional, monopolizado desde las instancias de la administración pública y el Estado republicano. Pero asomó, de igual manera, una reclamación acen- 186 Véase al respecto: «Los trabajadores de la tierra». El Congreso de Montilla», «Se ha celebrado el Congreso Regional de Castilla la Nueva», y «XVII Congreso de la Unión General de Trabajadores de España. Ponencia de Economía Agraria», en El Obrero de la Tierra, 13 de febrero, 16 de abril, 22 de octubre de 1932, respectivamente. 123 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques tuadamente «estatalista» de la reforma, que concibió los mecanismos de expropiación de tierras y el asentamiento de campesinos sobre las superficies incautadas, como herramientas casi enteramente gestionados desde las altas instancias estatales, con el concurso de las grandes organizaciones sindicales jornaleras. Hasta el extremo de erigir a ambos protagonistas en los exclusivos garantes de la auténtica redistribución de los recursos agrícolas. El «fantasma» del colectivismo, o de la agricultura «sovietizada» o «estatalizada», fue injusta e insistentemente aireado desde los medios de propaganda, y los órganos de prensa de la derecha católica y tradicionalista más furibundamente opuestos a la Reforma Agraria finalmente diseñada, con la finalidad expresa de desacreditarla ante el conjunto de los pequeños y humildes propietarios y arrendatarios rústicos. Y desde luego, puede afirmarse que apenas se pusieron en marcha políticas agrarias en defensa estricta de la pequeña propiedad, tales como la creación de instrumentos bancarios y entidades financieras 187 orientadas hacia la concesión de créditos blandos, o préstamos hipotecarios, que contribuyesen al mantenimiento de la pequeña propiedad, o al acceso a la misma de los pequeños arrendatarios y aparceros. 188 Tampoco hubo una política clara de regulación de los mercados de productos agrícolas, consistente en la imposición de precios de garantía, la suscripción de pactos comerciales con el exterior, la aplicación de medidas proteccionistas, o la ordenación de los centros de distribución y consumo en beneficio del mantenimiento de cotizaciones verdaderamente remuneradoras de los principales productos de la agricultura. 189 Quizás todo ello contribuyese a que, durante el primer bienio, los pequeños propietarios iniciaran una senda de progresivo apartamiento de la esfera de influencia política presidida por el republicanismo de izquierda. Incluso podría afirmarse que multitud de pequeños propietarios o arrendatarios rústicos, también del sur, fueron aproximándose a las posturas de defensa de la explotación campesina familiar propugnadas desde el 187 Todavía a la altura de los meses finales del año 1933, el Comité Nacional de la FNTT continuaba reclamando la urgente constitución de un Banco Nacional Agrícola. Entre las resoluciones adoptadas por el máximo órgano del sindicato agrario socialista en su reunión de 9 y 10 de septiembre de aquel año se encontraba la siguiente: «El Comité de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra declara que es de urgente necesidad la creación del Banco Nacional Agrícola, aunque a ello se opongan los informes que emita la Banca privada», «Reunión del Comité Nacional de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra», en El Obrero de la Tierra, 16 de septiembre de 1933. Pero lo peor de todo es que esta misma reclamación la seguía haciendo el secretario general de la FETT, Ricardo Zabalza, en su intervención ante las Cortes del día 1 de julio de 1936. «Intervención de Ricardo Zabalza en la sesión de Cortes de 1 de julio de 1936», texto reproducido por Manuel tuñón de lara, Tres claves, op. cit., p. 210. 188 Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., p. 275. 189 Fueron las coaliciones radical-cedistas las que, a partir del año 1934, procedieron a una intensificación de las medidas legislativas tendente a poner fin a la constante caída de los precios de los cereales en el mercado interno. al respecto: Jordi PalaFox, Atraso económico, op. cit., pp. 240-249. 124 la república en los pueblos catolicismo social, la derecha católica y la CEDA. 190 Sin embargo, la otra vertiente en torno a la que se verificaron los logros legislativos y los planteamientos estratégicos de los socialistas, y de su específico sindicato de obreros agrícolas, en materia de reformismo social agrario, presentó una imagen mucho más espinosa. Nos estamos refiriendo a la plasmación de los resultados y efectos derivados de la aplicación de la legislación reformista que perseguía la regulación de las relaciones laborales, y los mercados de trabajo, en el seno de la agricultura. Sin lugar a dudas, la FNTT —y las restantes organizaciones políticas y sindicales de signo socialista— confió plenamente en las virtudes que, para el campesinado más humilde y los jornaleros, se derivarían de la implantación de un modelo de mediación del Estado y los sindicatos obreros en las relaciones contractuales y la regulación de los mercados laborales del mundo rural. Debido a esto último, desplegó a lo largo de todo el periodo republicano una estrategia de incondicional defensa de la mencionada legislación laboral de carácter avanzadamente reformista y social. No obstante, esta identificación tan estrecha entre la FNTT ugetista y los intereses de los jornaleros y campesinos más pobres en todo lo relacionado con la reglamentación y la ordenación de los mercados de trabajo agrícolas, no solamente suscitó una aceleración inusitada de la conflictividad huelguística —de manera más intensa en aquellas regiones agrícolas que registraban una abultada presencia de trabajadores agrícolas sin tierra—, sino que, asimismo, y merced a la deriva por la que fluctuaron las posiciones crecientemente enconadas de la patronal rural, de una parte, y del conjunto de los asalariados rurales, de la otra, se fue produciendo una imperceptible, pero no menos rotunda, decantación de la estrategia combativa de la FNTT encaminada al refuerzo de un alineamiento sin fisuras con los jornaleros y el campesinado más pobre. Quizá esto último excluyó al sindicato agrario socialista de la permanencia en un frente de posturas y estrategias movilizadoras identificado con los intereses, en absoluto minoritarios, de los pequeños y modestos propietarios, arrendatarios o aparceros rústicos. los anarquistas Los anarquistas españoles reorientaron sus planteamientos programáticos en el transcurso de los años 80 del siglo xix, volcándose desde entonces en la defensa del colectivismo y la propiedad común de los medios de producción en la agricultura. La celebración, en 1882, del Congreso de Sevilla de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), significó el tránsito mayoritario del anarquismo hispano desde las pretéritas propuestas proudhonianas —defensoras de la apropiación de los medios de producción por cooperativas obreras democráticas—, para desembocar 190 Francisco cobo romero, De campesinos a electores, op. cit. 125 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques en la defensa del colectivismo de inspiración bakuninista. Las conceptualizaciones colectivistas abogaban por la edificación de un orden socio-moral y económico de carácter anticapitalista y revolucionario, asentado sobre la expropiación de los medios productivos y su posterior colocación bajo la administración de comunas obreras enteramente autónomas. Tales aspiraciones se complementaron con una recreación sublimada de la ancestral «fórmula del reparto», que garantizaba la edificación de una futura sociedad idílica sustentada sobre la federación de las colectividades campesinas independientes y solidarias. 191 Durante los primeros años del siglo xx las corrientes del sindicalismo revolucionario irrumpieron con fuerza inusitada entre el anarquismo agrario de implantación preferentemente andaluza. Se forjó así, a través de las insistentes campañas propagandísticas que arreciaron a partir de los años 1902 y 1903, un nuevo modelo societario adaptado a los mercados agrarios capitalistas en expansión. 192 En este esfuerzo, los anarquistas propiciaron la difusión de un nuevo lenguaje identitario entre la población rural. Mediante su empleo, lograron propagar entre los jornaleros agrícolas una visión simbólica y ritualizada de sí mismos, que les permitió concebirse como integrantes de un amplio frente empeñado en una lucha brutal y despiadada contra la burguesía y el capitalismo. Esta recreación idealizada del campesinado y de los jornaleros integraba una sorprendente abundancia de componentes míticos, mesiánicos y cuasi-religiosos. 193 Los discursos anarquistas quedaron, de esta manera, fuertemente impregnados de elementos salvíficos y milenaristas, que auguraban una futura redención de las clases obreras y profetizaban el fin de la servidumbre impuesta por el capitalismo y la burguesía. Las tonalidades apocalípticas de muchas de las revelaciones contenidas en las mitologías del anarquismo se unieron a la creciente necesidad sentida por los jornaleros de adherirse a unas vigorosas plataformas sindicales, dispuestas a hacer frente a las jerarquizadas y coercitivas técnicas de contratación utilizadas por la patronal. Todos estos factores convirtieron al anarquismo en una poderosa herramienta de movilización social y en un eficaz instrumento de agitación sindical. 194 191 José álvarez junco, La ideología política del anarquismo español (1868–1910) (Madrid: Siglo XXI, 1991), pp. 355-368. 192 Juan díaz del moral, Historia de las agitaciones, op. cit., pp. 182-190; José Luis Gutiérrez molina, ‘De la utopía social al sindicalismo’, en A. M. Bernal (dir.), Historia de Andalucía. Andalucía Liberal (Barcelona: Planeta, 2006), pp. 239-247, p. 244. 193 José álvarez junco, La ideología política, op. cit., pp. 115-128. Jordi Getman-eraso, «‘Cease Fire, Comrades!’ Anarcho-syndicalist Revolutionary Prophesy, Anti-Fascism and the Origins of the Spanish Civil War», Totalitarian Movements and Political Religions, 9, 1 (2008), pp. 93-114, especialmente las pp. 96-97. 194 Juan díaz del moral, Historia de las agitaciones, op. cit., pp. 168-172. 126 la república en los pueblos La proclamación de la República obligó a los anarquistas de la CNT a replantear sus estrategias de acción sindical y revolucionaria. Reunidos en el Congreso extraordinario de Madrid (Congreso del Conservatorio) de junio de 1931, acabaron expresando un generalizado escepticismo frente al nuevo régimen. Pese a todo, la apertura democrática fue considerada como el inicio de un decisivo momento revolucionario, confirmándose así las directrices acerca de la acción directa (táctica suprema proclamada en el Congreso de la Comedia de 1919) y el comunismo libertario. Prevalecieron las tesis del insurreccionalismo, afianzadas gracias al triunfo del sector revolucionario que se hallaba comprometido con la conquista del poder por parte del proletariado mediante el ejercicio de la huelga general. Con respecto a la cuestión agraria, las resoluciones congresuales insistían en la necesidad de articular adecuadamente la lucha reivindicativa y la acción revolucionaria, colocándolas, ambas, al servicio de la definitiva socialización de la tierra. Predominaron, una vez más, las tesis anti latifundistas, que abogaban por una solución radical al problema de la tremenda injusticia social padecida por los campesinos a consecuencia de la concentración de la propiedad agraria en manos de «una reducida casta de explotadores, especuladores, y oligarcas». Se exigía, pues, la expropiación sin indemnización de todas las grandes propiedades rústicas. Y se abogaba por la confiscación de sus respectivos instrumentos de producción, que serían entregados en usufructo a los sindicatos campesinos para que los explotasen y administrasen colectivamente. Asimismo, se reclamaba el aligeramiento de las cargas que pesaban sobre los pequeños propietarios, logrado mediante la abolición de los impuestos y la condonación de las deudas que constreñían sus maltrechas economías. Por último, se preconizaba la supresión de las rentas que los arrendatarios pagaban a los propietarios. En el congreso de la Regional Andaluza, celebrado en Sevilla en octubre de 1931, volvió a sonar la voz hegemónica de quienes pensaban que había llegado el momento de la revolución social. Se rechazaron de plano los proyectos de Reforma Agraria en proceso de discusión parlamentaria, por considerar que tan sólo perseguían la parcelación de la tierra expropiable sin contribuir eficazmente a la resolución del «pavoroso problema del paro agrícola». Además, se temía que mediante tales proyectos, el Estado acabase convirtiendo a los jornaleros agrícolas en pequeños propietarios, desactivando así su espíritu revolucionario y transformándolos en potenciales enemigos de la clase obrera y sus sindicatos. 195 Pese a todo, la conspicua vaguedad mostrada por los anarquistas en el señalamiento de sus preferencias estratégicas, permitió que la mayor parte de sus sindicatos campesinos continuase conjugando el sempiterno empleo de dos tácticas complementarias: la puesta en pie de una acción reivindicativa 195 Jacques maurice, El anarquismo andaluz, op. cit., pp. 278-287. 127 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques eminentemente pragmática y gradualista, de un lado, y el mantenimiento, por otro, de los anhelos depositados sobre una acción suprema de carácter revolucionario. Junto a la descalificación de la Reforma Agraria, los anarquistas se opusieron desde el primer instante a la legislación laboral reformista dictada desde 1931 en adelante. Por consiguiente, rehuyeron participar en los órganos de arbitraje y en las comisiones representativas puestas en pie por aquélla. No obstante, en numerosos conflictos huelguísticos habidos entre los años 1931 y 1933 defendieron interesadamente la Ley de Términos Municipales, al juzgarla beneficiosa para asegurar la colocación, en el marco local, de todos aquellos jornaleros adheridos a sus propias filas. En términos generales, los anarquistas concibieron las huelgas agrarias como la práctica reivindicativa por excelencia, donde se condensaban las más hondas expresiones del ineludible enfrentamiento, violento y contundente, entre los jornaleros y la patronal rural. Mediante el frecuente uso de acciones de extremada virulencia —paralización absoluta de la actividad económica en pueblos y comarcas, empleo de armas y explosivos, coacciones a los patronos, invasiones de fincas, destrucción de cosechas, etc.— exigían la completa colocación del censo jornalero existente en cada localidad y obligaban a los propietarios a suscribir acuerdos que contemplaban sustanciosas mejoras para los jornaleros contratados en sus fincas. En otras ocasiones, como en la convocatoria de huelga anunciada por la Federación sevillana de la CNT en mayo de 1932, 196 persistieron en la organización de paros generalizados de ámbito provincial, dirigidos a acabar con una densa red de Jurados Mixtos culpabilizada de perjudicar la táctica de la acción directa o de frustrar sus esperanzas revolucionarias. Acosados por una perenne descoordinación, y asediados por la creciente ineficacia que atenazaba la mayor parte de sus convocatorias huelguísticas, los anarquistas andaluces recurrieron al final del verano de 1933 a una estrategia maximalista, consistente en el incendio de varios centenares de fincas y bosques. 197 Al proceder de esta manera, asignaban a los conflictos planteados en el campo una potencialidad preparatoria, que allanaría el camino para la definitiva ejecución de la revolución anarco-colectivista. En tal sentido, los anarquistas manifestaron un reiterado menosprecio hacia las estrategias socialistas de carácter reformista, inspiradas en el cumplimiento de la legislación laboral, sustentadas sobre la suscripción de pactos locales con la patronal, o dirigidas a exigir a los patronos el turno riguroso en la contratación de los jornaleros. Muchas de estas prácticas reivindicativas, amparadas por la existencia de un entramado institucional y administrativo concebido para atenuar los efectos del desempleo agrícola, privilegiaron la contratación de aquellos jornaleros adscritos a los sindicatos socialistas. Quizás esto último explique el pro- 196 Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., p. 346. 197 Edward maleFakis, Reforma agraria, op. cit., p. 348. 134 la república en los pueblos Coeficientes de regresión entre distintas variables y las principales tendencias ideológicas. Elecciones a Cortes, Noviembre de 1933 Variables Izquierda Centro- Izquierda Centro- Derecha Derecha Mano de obra agrícola estacional (jornaleros) 2.923 2.295 0.186 –0.990 Minúsculos cultivadores agrícolas (≤ 1 ha.) 0.417 0.882 0.346 –1.106 Pequeña explotación campesina (1–10 has.) 0.720 3.235 1.168 1.250 Medianos propietarios (11–100 has.) –0.003 –1.159 –0.223 1.089 Grandes propietarios (más de 100 has.) –0.949 –0.155 –0.353 3.412 Fuente: Sara Schatz, «Democracy’s breakdown and the rise of fascism: the case of the Spanish Second Republic, 1931-6», Social History, 26, 2 (2001), pp, 145-165, p. 155. Elaboración propia. la derecha católico-agraria Para frenar el derrumbe de las viejas formas del patronazgo y la deferencia campesina, desde comienzos del siglo xx los discursos del agrarismo redoblaron sus componentes interclasistas y corporativistas. Diseñaron un idílico universo bucólico y rural donde se albergaban los principios morales y espirituales de la religión, la familia y el orden, considerados como elementos imprescindibles para hacer frente a la inmoralidad y la degradación propias de la vida urbana y el capitalismo individualista. El sindicalismo de cuño católico alcanzó éxitos muy perceptibles entre el campesinado desde la segunda década del siglo xx, construyendo una tupida red de cooperativas agrícolas y ahondando en un mensaje exaltador de la pequeña propiedad. 222 Pero su influencia se expandió asimismo entre un apreciable número de jornaleros, minúsculos propietarios y muy humildes arrendatarios. 223 Con la inauguración del régimen republicano, la ya muy densa red de sindicatos mixtos de inspiración católica que había ido solidificándose desde la segunda década del siglo xx retomó nuevos bríos. Quizás este último fenómeno se vio impulsado por la oleada de radicalización campesina que desencadenaron las políticas reformistas de regulación de los mercados laborales, la puesta en marcha del proyecto de Reforma Agraria, la crisis agraria internacional y el estrepitoso desplome de los precios del 222 Véase: Ramiro trullén Floría, España trastornada. La identidad y el discurso contrarrevolucionario durante la Segunda República y la Guerra Civil (Madrid: Akal, 2016); Samuel Garrido, Treballar en comú. El cooperativisme agrari a Espanya (1900-1936) (Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1996), pp. 48-59; y «El cooperativismo agrario español del primer tercio del siglo xx», en Revista de Historia Económica, 13, 1 (1995), pp. 115-144; Emilio majuelo Gil y Ángel Pascual bonis, Del catolicismo agrario al cooperativismo empresarial. Setenta y cinco años de la Federación de Cooperativas navarras, 1910-1985 (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1991). 223 Samuel Garrido, Treballar en comú, op. cit., pp. 217-225. 135 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques trigo acontecido a partir del año 1932. Todas estas circunstancias allanaron el camino al resurgimiento entre las derechas católico-agraristas de una estrategia política y un pensamiento de corte acentuadamente tradicionalista y anti moderno. Esta estrategia y este pensamiento, encarnados en la denominada Acción Nacional y posteriormente en la CEDA, se instalaron sobre la defensa del catolicismo más conservador, la exaltación de un agrarismo idealizado con el que hacer frente al carácter revolucionario y «colectivista» del socialismo y la sublimación de la pequeña propiedad como pilar sustentador de una armoniosa y divinizada sociedad rural. La conformación de numerosas corporaciones y Ligas Agrarias de inspiración eminentemente pro-patronal y el temprano encadenamiento de muchas de ellas a la tupida red de secciones provinciales de Acción Popular y la Confederación Nacional Católico Agraria (CNCA), hicieron posible que el recio entramado del sindicalismo católico sirviese una vez más para garantizar la cooptación ideológica del pequeño campesinado. La acertada utilización por parte de Acción Popular-CEDA de la defensa de un catolicismo esencialista, llamado a contener el avance del ateísmo y hacer retroceder el «odio de clase» pretendidamente sembrado por las medidas laborales de la conjunción republicano-socialista, dotó de una enorme eficacia a las multitudinarias campañas antigubernamentales orquestadas por la derecha católico-agrarista durante los primeros años de la República. 224 El rechazo de la Reforma Agraria se convirtió desde el primer instante en uno de los componentes básicos del discurso anti-izquierdista empleado con pasmosa desenvoltura por la derecha católico-agraria y la propia CEDA. Esta última y la tupida red de organizaciones sindicales de la CNCA 225 agrupada en su entorno expusieron sus propios puntos de vista acerca del modelo de reformismo agrario que anhelaban. Según manifestaban en un tono agrio y catastrofista, la ley de Reforma Agraria finalmente aprobada privilegiaba las pretensiones colectivistas de los socialistas, extirpaba de raíz la confianza de los productores, atentaba contra los sagrados derechos a la propiedad privada, provocaba la desvalorización de la riqueza rústica, desanimaba las inversiones en detrimento de la productividad e impedía el pleno arraigo de la pequeña explotación familiar. Para contrarrestar sus efectos, la dirección nacional de la CEDA aspiraba a llevar a cabo un programa de reformas socio-económicas en la agricultura basado en los siguientes presupuestos: aseguramiento de un tipo de crédito agrícola «rápido y barato»; política comercial destinada a la obtención de precios remuneradores en los 224 Véase: Mary vincent, Catholicism in the Second, op. cit., pp. 180-183 y 192-196; Mario lóPez martínez, Orden público, op. cit., pp. 94-97; Leandro álvarez rey, La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936 (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1993), pp. 298-302; Luis Teófilo Gil cuadrado, El Partido Agrario, op. cit., pp. 237-243; Sara Schatz, «Democracy´s breakdown», artículo citado, p. 155. 225 Juan José castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1979), pp. 374-376. 136 la república en los pueblos mercados; política de reforma agraria que crease pequeños propietarios y patrimonios familiares; fomento de la producción para elevar la riqueza agrícola y asegurar el desarrollo económico nacional; defensa de la propiedad privada y la explotación campesina; asentamiento campesino sobre las tierras mal cultivadas y mejora integral de las bases del arrendamiento. 226 La difusión de un programa de estas características debió resultar atractiva para una multitud de pequeños propietarios y arrendatarios predominantemente católicos de las regiones septentrionales de Castilla y León, Asturias, Aragón 227 o La Rioja. Casi todas ellas se convirtieron en los más poderosos bastiones del éxito arrollador obtenido por la derecha agrarista, en coalición con el republicanismo moderado del Partido Radical, durante las elecciones de noviembre de 1933. En aquella ocasión, la CEDA exhibió en todo momento una imagen de partido interclasista, a la vez que articuló exitosamente un discurso agrario que sublimaba las esencias católicas y las virtudes espirituales del campesinado intermedio. 228 A todo ello añadió unas indiscutidas credenciales de partido comprometido con la defensa a ultranza de los intereses específicos del campesinado de modestos propietarios, arrendatarios o aparceros. Asímismo, haciéndose eco de la galopante crispación manifestada por estos últimos ante los efectos deflacionarios de la crisis, la inseguridad provocada por las leyes laborales y la amenaza contenida en algunas cláusulas de la ley de Reforma Agraria, les anunció su intención de acometer medidas que ayudasen a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Entre todas ellas destacaban las siguientes: reducción de impuestos, derogación de las leyes de Términos Municipales y Laboreo Forzoso, créditos baratos, creación de cooperativas y protección de los principales productos agrícolas de la competencia exterior. 229 La decidida apuesta de la derecha católica por el fomento de la agricultura y la defensa corporativa de los productores hizo posible que los candidatos «cedistas» alcanzasen sonoros éxitos en 1933, y no únicamente en las regiones de predominio del pequeño campesinado católico, sino asimismo en algunas provincias del sur peninsular 226 José Ramón montero, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República (Madrid: Ediciones de la Revista de Trabajo, 1977), vol. II, pp. 166-167; William J. irwin, The CEDA in the, op. cit., pp. 69-83. 227 Véase: Luis Germán zubero, Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1985), pp. 283-303. 228 Véase: Samuel Pierce, Political Catholicism in Spain´s Second Republic (1931-1936): The Confederación Española de Derechas Autónomas in Madrid, Seville, and Toledo, PhD Dissertation (Gainesville: University of Florida, 2007). 229 Véase: William J. irwin, The CEDA in the…, op. cit., pp. 76-77. 137 la cuestión aGraria y sus diFerentes enFoques con una fuerte presencia jornalera 230 que habían prestado un sustancioso apoyo electoral a los republicanos de izquierda y a los socialistas en las consultas del año 1931. 231 Las elecciones de 1933 en las provincias latifundistas con predominio jornalero socialista. Porcentaje de votos válidos obtenido por cada una de las candidaturas Distrito Electoral Comunistas Socialistas Republicanos de Izquierda Republicanos de Centro Coalición Antimarxista* Otras Derechas Total Cáceres 0,8 33,9 1,5 – 62,7 – 99.9 Granada 0,1 39,7 2,2 – 58,0 – 100,0 Ciudad Real – 30,9 – – 54,3 14,8 100,0 Jaén 1,9 43,1 – 0,4 54,1 – 99,5 Albacete 0,3 30,3 6,0 – 51,2 9,4 97,2 Badajoz 0,6 48,5 0,6 – 50,3 – 100,0 Fuente: William J. Irwin (1975 y 1991). 232 * Coalición mayoritariamente integrada por Radicales, Conservadores, Agrarios y Cedistas. Elaboración propia. Pese a que, durante el transcurso del primer bienio, los minoritarios y fragmentados partidos republicanos de izquierda promovieron la promulgación de medidas legislativas favorecedoras de los intereses de los pequeños propietarios y arrendatarios, no es menos cierto que el incondicional respaldo que otorgaron a la Reforma Agraria y a la legislación laboral pro-jornalera les privó del voto de la mayor parte de todos ellos. La CEDA y el catolicismo agrario no se quedaron a la zaga en la disputada conquista del apoyo electoral del campesinado familiar. De hecho, la alianza del catolicismo social con otras formaciones agraristas de carácter tradicionalista o monárquico hizo posible la puesta en pie de multitudinarias campañas de agitación, en las que se combinaba 230 En distritos con una fuerte presencia anarquista, como en la provincia de Cádiz, la derecha católica empleó un lenguaje catastrofista para dirigirse a los obreros agrícolas, culpabilizando a las agrias disputas laborales del primer bienio promovidas por la CNT y la FNTT, y al «odio de clase» que las envolvió, de la supuesta situación de marginación laboral, desempleo y miseria padecida por muchos de aquéllos. Véase William J. irwin, The 1933 Cortes Elections, op. cit., pp. 155-156. 231 Véase: William J. irwin, The CEDA in the, op. cit.; Francisco cobo romero, De campesinos…, op. cit.; Tim rees, «Agrarian power and crisis in southern Spain: the province of Badajoz, 1875-1936», en Ralph Gibson y Martin Blinkhorn (eds.), Landownership and Power, op. cit., pp. 235-253; Francisca rosique navarro, La Reforma Agraria en Badajoz durante la II República. (La respuesta patronal) (Badajoz: Diputación Provincial, 1988), pp. 300-302; Fernando ayala vicente, Las elecciones en la provincia…, op. cit. 232 William J. irwin, The 1933 Cortes Elections, op. cit., p. 149 y The CEDA in the, op. cit., p. 222. 138 la república en los pueblos eficazmente la denuncia de la legislación anticlerical con el furibundo rechazo a las políticas de reformismo agrario de los gobiernos social-azañistas. 233 El clima de creciente tensión social y huelguística que caracterizó el periodo 1931- 1933, el ruinoso desplome de los precios del trigo acontecido desde 1932 en adelante y los efectos perniciosos de la crisis agraria, se convirtieron en factores determinantes en la oscilación del comportamiento electoral del campesinado intermedio. Todos ellos acabarían facilitando su progresivo deslizamiento hacia el respaldo otorgado a una derecha católico-agraria comprometida con la severa rectificación —cuando no la total abrogación— de la legislación laboral reformista, la paralización de la Reforma Agraria y la neutralización o el aniquilamiento de los socialistas y sus poderosos sindicatos jornaleros. 234 233 La Minoría Agraria (que contó con la colaboración de importantes formaciones patronales agraristas y de la propia Acción Nacional) puso en marcha en octubre de 1931 una campaña para lograr la rectificación del proyecto constitucional y suprimir los artículos que hacían referencia a la separación entre Iglesia y Estado y al carácter aconfesional de la República. En estos actos —algunos de ellos multitudinarios como el de Palencia, que contó con la presencia de unas 20.000 personas— se conjugaba la denuncia del carácter anticlerical del gobierno con la reivindicación de los valores católicos y tradicionales del mundo agrario y campesino. Véase Luis Teófilo Gil cuadrado, El Partido Agrario, op. cit., pp. 221-224. 234 Fernando del Rey sugiere que existen indicios probatorios de la presencia, en las asociaciones patronales católico-agrarias de signo conservador, de una elevada proporción de pequeños propietarios que recurrían ocasionalmente a la contratación de mano de obra jornalera, y que se vieron negativamente afectados por la legislación laboral reformista y las intromisiones de los alcaldes socialistas en el mercado de trabajo agrícola. En otros casos provinciales ha sido detectado un fenómeno idéntico. Véase: Fernando del rey reGuillo, Paisanos en lucha, op. cit., pp. 286-289; Francisco cobo romero, Labradores, campesinos, op. cit., pp. 65-68. caPítulo 4 los ayuntamientos, las leyes laborales y las luchas aGrarias la regulación legislativa de los Poderes municiPales El estudio del municipalismo español y su regulación normativa nos retrotrae al final del Antiguo Régimen, cuando, a través de la promulgación del texto constitucional de 1812, el nuevo Estado liberal imprimiría un marcado carácter jerarquizado y verticalizado al conjunto de la administración territorial, sometiendo a las corporaciones locales al control directo y la supervisión de los órganos centrales del Estado. De clara inspiración francesa, el centralismo que imperaría en el caso español se justificaría, en palabras de Adolfo González Posada, por el «ambiente de desconfianza política y de desprecio a la tradición y a las condiciones positivas de la vida local», inspirando una particular filosofía en torno al funcionamiento de los distintos niveles de la administración política estatal que se prolongaría durante todo el siglo xix y buena parte del siglo xx. 235 Fruto de esa concepción de necesaria subordinación de los poderes locales a las instancias centrales de la administración estatal sería la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, que regiría, con cambios imperceptibles durante décadas, la actividad de la vida política local hasta convertirla en una materia estrictamente circunscrita a la supervisión de los poderes del Estado. Los contornos acentuadamente centralistas que colocaban a los ayuntamientos bajo la directa supervisión de los órganos centrales del Estado, pronto convirtieron la referida norma en el objetivo preferente de las críticas vertidas por las diferentes formaciones políticas antidinásticas en las décadas siguientes. También fue objeto de la desaprobación expresada por importantes corrientes filosóficas y de pensamiento, tales como el krausismo, que comenzaron a influir de una manera notoria sobre el liberalismo más progresista desde 235 Adolfo González Posada, Evolución legislativa del régimen local en España, 1812-1909, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1982, pág. 391. 140 la república en los pueblos el último tercio del siglo xix. Desde alguna de las referidas corrientes se formuló, de manera reiterada, la exigencia impostergable de la adopción de una vía reformista capacitada para devolver al municipio la autonomía que lo había caracterizado en tiempos pretéritos. Sin embargo, los gobiernos de la Restauración hicieron muy poco al respecto y terminarían dejando tan solo un reguero de planteamientos, propuestas y leyes que tampoco aspiraban a cambiar de forma significativa la legislación vigente sobre funcionamiento del municipio y la regulación de la vida política local. El debate en torno al modelo idóneo que debería definir las relaciones entre la administración local y las instancias administrativas superiores y centralizadas del Estado suscitó diversas iniciativas legislativas a lo largo de los años 1901, 1902 y 1906, desembocando todas ellas en la discusión del proyecto de Ley de Bases para la Reforma de la Administración Local presentado inicialmente por el gobierno de Antonio Maura en 1903 y finalmente discutido el año 1907. 236 Pero sería la dictadura de Primo de Rivera el régimen político que llevase a cabo el primer gran cambio en la legislación local desde la aprobación de la Ley Municipal de 1877, mediante la aprobación de un Estatuto Municipal que regularía el funcionamiento de las corporaciones locales en consonancia con la intención corporativista y regeneradora que adornaba su carácter autoritario, nacionalista y militarista. La aprobación del Estatuto Municipal en 1924 reconocía por primera vez en su preámbulo, como punto significativo y fundamental, que «el municipio, no es hijo del legislador, es un hecho social de convivencia, anterior al Estado y anterior también, y además superior, a la ley». El mencionado texto legislativo alteraba el proceso electoral requerido para la designación de los concejales en los municipios de más de mil habitantes, llegando a conceder derecho de voto a las mujeres cabeza de familia, quienes figurarían en un apéndice del censo de electores elaborado en cada municipio. Los principios corporativistas defendidos por la dictadura primorriverista se vieron claramente reflejados en el Estatuto, al establecerse la existencia de concejales corporativos que constituirían una tercera parte del total de concejales que integrasen las corporaciones municipales. Dichos puestos se reservaban a las corporaciones y asociaciones sindicales de naturaleza productiva, a las surgidas en representación de los intereses obreros o a las de carácter cultural. 237 El valor legislativo del Estatuto resultó tan significativo que el propio Gobierno Provisional de la república no lo derogó en su totalidad. Instaurado el régimen republicano, mediante la promulgación del decreto del ministerio de la Gobernación de 16 de junio de 1931 se declaraban vigentes los títulos I, II y III de la Ley Municipal de 1877, referidos a la definición de los términos muni- 236 Al respecto consúltese: Javier tusell Gómez: La reforma de la administración local en España: (1900-1936) (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1973), pp. 65-170. 237 Estatuto Municipal, Sección Cuarta, Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1924. 141 los ayuntamientos, las leyes laborales y las luchas aGrarias cipales, las atribuciones del gobierno de los municipios y las principales competencias de los ayuntamientos. El mencionado decreto confirmaba, asimismo, la vigencia de todo lo estipulado por el Estatuto Municipal de 1924 en torno a los funcionarios municipales y sus particulares competencias, los recursos contra los acuerdos municipales o la regulación de los presupuestos aprobados por las corporaciones locales. Con esta medida, que debía ser temporal hasta que fuese debatida una nueva ley municipal en las nuevas Cortes que aún habrían de elegirse, las corporaciones municipales quedaban constituidas bajo el molde normativo contemplado, de manera híbrida, por la Ley Municipal de 1877 y el Estatuto Municipal de 1924. No obstante, el decreto del gobierno provisional al que acabamos de hacer mención, cuya vigencia para todo lo relacionado con la regulación administrativa de las corporaciones locales se mantendría imperturbable hasta la promulgación de una nueva Ley Municipal en 1935, conservaba intactos los mecanismos de supervisión gubernamental que permitían, tanto a los gobernadores civiles de las provincias, como al ministerio de la Gobernación, la facultad para intervenir sobre la gestión de los ayuntamientos y decretar, en el caso de que fuesen probadas las irregularidades contempladas en la legislación correspondiente, la suspensión de las corporaciones municipales. Así pues, la vocación intervencionista del Estado sobre la administración local quedaba indiscutiblemente confirmada al ser declarados plenamente vigentes los artículos 179, 182 y 189 contemplados en la Ley Municipal de 1877, vulnerándose, de esta manera, incluso lo preceptuado acerca de la consagrada autonomía de los municipios en el artículo noveno de la Constitución de 1931. 238 Los mencionados artículos de la obsoleta Ley Municipal de 1877 no sólo establecían que los ayuntamientos «están bajo la Autoridad y dirección administrativa del Gobernador de la provincia», sino que «el Ministro de la Gobernación es el Jefe superior» de todos ellos. Además, el artículo 182 abría la puerta a una posible suspensión por cuestiones administrativas que fuesen punibles, mientras que el 189 recogía la formalidad que debía seguirse para la suspensión de aquellos ayuntamientos que definitivamente quedasen en manos del ministerio de la Gobernación, tras la emisión de un informe inculpatorio que preceptivamente debía cursar el gobernador civil de la provincia. La intromisión de los más elevados niveles de la jerarquía administrativa estatal sobre la vida pública y el desenvolvimiento político de las instituciones municipales quedaba establecida en apenas tres artículos de la vieja Ley de 1877 y abría la puerta a su control de forma partidista y caprichosa. Su vigencia permitió la continuidad de 238 El artículo 9.º de la Constitución de 1931 señalaba lo siguiente: «Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto. Los alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el ayuntamiento». 142 la república en los pueblos una inestabilidad administrativa en el plano local que ya venía de lejos y que tuvo dos momentos cruciales en el régimen republicano: lo que se ha dado en llamar el «desmoche» de 1934, cuando se produjo una descomunal y generalizada destitución de concejales y alcaldes de izquierda o estrechamente comprometidos con el republicanismo progresista, y el proceso de restitución de corporaciones suspendidas en 1934 que dio paso al nombramiento de comisiones gestoras, afines políticamente a los partidos del Frente Popular que resultaron triunfantes en las elecciones de febrero de 1936. la reforma agraria y la legislación laboral Durante los meses en los que los diferentes proyectos de Ley de Reforma Agraria fueron sometidos a discusión parlamentaria, el Partido Republicano Radical —a través de su principal portavoz en cuestiones agrarias, Diego Hidalgo— sostuvo planteamientos situados en la órbita de un marcado conservadurismo, que podríamos denominar pragmático y exento de formulaciones avanzadas, valientes o transformadoras. Cabría afirmar que los radicales preferían la adopción de una «reforma de mínimos». De acuerdo con esto último, el grupo parlamentario radical —integrado mayoritariamente por diputados de extracción urbana, así como predominantemente sensibilizados con los intereses de las clases medias y los profesionales liberales— se aferró a la defensa de unos principios expropiatorios que afectarían de manera primordial a las tierras incultas o mal cultivadas. Se abandonaba así cualquier veleidad que condujese hacia una generalizada expropiación en beneficio de los jornaleros y el campesinado pobre. Asimismo, y en consonancia con los postulados sostenidos por el prestigioso defensor del pensamiento agrarista, Juan Díaz del Moral, los radicales consideraron oportuno llevar a cabo, como vía de acceso a la propiedad campesina, la expropiación de las tierras sistemáticamente arrendadas o la incautación de las tierras de los Grandes de España y los señoríos jurisdiccionales, siempre y cuando estos últimos contuviesen tierras cuya titularidad jurídica no hubiese sido fehaciente y documentalmente demostrada o formasen parte de los patrimonios constituidos por la nobleza de origen feudal. El camino hacia la elaboración de una ley que pusiese en marcha una profunda transformación de las estructuras de la propiedad rústica, y que además propiciase una intensa remodelación de las tradicionales vías de incorporación del campesinado al uso y explotación de los recursos agrícolas, resultó, pues, harto intrincado y plagado de obstáculos. El prolongado transcurso de los debates y discusiones parlamentarias, centradas en el estudio de los proyectos conducentes a la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, se saldó inicialmente con el abatimiento de las diferentes proposiciones formuladas por el presidente Alcalá Zamora y por las distintas Comisiones —Técnica y Parlamentaria—, así como de las sugerencias contenidas en la exposición de los votos particulares defendidos por Juan Díaz del Moral y el diputado radical 143 los ayuntamientos, las leyes laborales y las luchas aGrarias Diego Hidalgo. Tan tortuosa trayectoria legislativa condujo hacia la propuesta finalmente presentada por Marcelino Domingo —a la sazón Ministro de Agricultura—, elevada a la correspondiente Comisión de las Cortes el mes de marzo de 1932. Este último ofrecimiento estuvo finalmente preparado para su discusión en el plenario a comienzos del mes de mayo de aquel mismo año, y tras largas sesiones de debate que se prolongaron por un periodo de cuatro meses —en los que el proyecto experimentó tan sólo ligeros retoques y modificaciones—, el texto de la propuesta resultó finalmente aprobado. No obstante, resulta obligado señalar cómo el éxito finalmente alcanzado por el proyecto defendido por Marcelino Domingo se debió en una medida nada despreciable a la culminación de una serie de acuerdos, suscritos entre la minoría de republicanos «azañistas» responsabilizada de la formación del Gobierno desde el mes de diciembre de 1931 y el grupo parlamentario socialista. La formación del gobierno presidido por Manuel Azaña tras la aprobación de la Constitución y la suspensión temporal de las Cortes, se instaló sobre el cambio de estrategia operado por el nuevo primer ministro, cuando decidió sostener en adelante su gabinete sobre la coalición sellada con el grupo parlamentario socialista. Por tanto, fue necesaria la ejecución de la maniobra política llevada a cabo por la minoría republicana, orquestada con la finalidad de consolidar y recabar los necesarios apoyos de la Cámara con los que dotar de estabilidad parlamentaria al nuevo Gobierno, para lograr la exitosa culminación de la propuesta de Reforma Agraria últimamente mencionada. Los cambios en la política de alianzas del republicanismo «azañista» significaron un auténtico vuelco en las estrategias de obtención de respaldos parlamentarios. Además, imprimieron un giro decisivo a las coaliciones hasta entonces ensayadas por los componentes de su grupo parlamentario y los restantes diputados republicanos de izquierda. En suma, pues, para sacar adelante el proyecto de ley avalado por Domingo, se abandonó —quizá por juzgarlo imposible—, de una manera definitiva, la búsqueda de un entendimiento estable con los republicanos radicales, quienes, como indicábamos más arriba, mostraron reiteradamente una tibia actitud con respecto a la Reforma Agraria, y, desde luego, sostuvieron casi siempre proposiciones excesivamente moderadas en torno a la misma. Por consiguiente, y como vía de escape alternativa al «impasse» significado por el obstruccionismo de los radicales, la minoría de republicanos reformistas trató de reforzar el pacto con los socialistas, aún cuando esto último los llevase a imprimir un giro progresista y avanzado al proyecto de reforma sometido a discusión. El resultado más perceptible de la configuración de los nuevos pactos parlamentarios descritos no fue otro que el decidido impulso experimentado por el proyecto de Reforma Agraria que sería finalmente aprobado por las Cortes Republicanas. Sobre todo porque su redacción definitiva, pese a suavizar algunas de las medidas que concitaban un mayor rechazo proveniente de la derecha católica y la minoría agraria, contenía un modelo de redistribución de los recursos agrarios realmente avanzado, y 246 la república en los pueblos los trabajos al tope llevados a efecto por numerosos jornaleros. De tal manera que el día 28 llegó a producirse un acto violento, protagonizado por la agresión practicada por un destacado número de trabajadores agrícolas que pretendían que se ejecutase el pago de los jornales contra el propietario de la finca donde habían realizado los trabajos. 442 Por su parte, el gobernador civil, en un intento de poner solución a los topes que estaban teniendo una enorme repercusión en la prensa provincial, y que incluso impregnaron las editoriales de algún rotativo nacional como el diario ABC, emitía una circular en la que otorgaba a los alcaldes la plena potestad para resolver las denuncias formuladas por los jornaleros responsabilizando a los propietarios de las deficientes labores prestadas en sus explotaciones. Según se exponía en la mencionada circular: «los alcaldes que recibiesen estas denuncias procederán a transmitírmelas por el medio más rápido, indicando al propio tiempo la fuerza que estimen necesaria para defender el derecho atropellado e imponer su autoridad». 443 Durante los meses de abril y mayo de 1933, los numerosos artículos aparecidos en los diarios afines tanto a los intereses de los propietarios como a la defensa de los jornaleros continuaban dibujando una situación de extrema tensión social en la agricultura de Montefrío. El paro obrero y la crisis agraria del periodo acrecentaron una realidad que comenzaba a adquirir tintes dramáticos. De nuevo, centenares de jornaleros acudían al ayuntamiento para reclamar del alcalde y de la corporación una solución a su situación de extrema miseria. 444 La corporación, por su parte, no pudo evitar verse arrastrada por las enormes tensiones sociales existentes, pues la intensa presión ejercida por las sociedades de obreros agrícolas repercutió decisivamente en la vida política del ayuntamiento. 445 Los propietarios debieron esperar al día 5 de mayo para que fuese levantado el cierre de su sindicato, previamente clausurado tras la decisiva intermediación realizada desde la alcaldía. La tensión social escalaba hasta alcanzar tonalidades trágicas cuando el día 6 de mayo un propietario agrícola, que paseaba por la calle, fue apaleado y acuchillado por varios jornaleros. El motivo de tan inmisericorde agresión no era otro que una disputa por cuestiones labores. 446 En medio de una atmósfera cargada de malos augurios, los labradores abandonaban toda posibilidad de alcanzar un acuerdo con los representantes de los obreros agrícolas que pusiese fin a la desesperada situación de desempleo, decidiendo obstruir la suscripción de cualquier pacto y rehusando 442 Ideal, 29 de marzo de 1933. 443 Ideal, 30 de marzo de 1933 444 El Defensor de Granada, 5 de abril de 1933. 445 Archivo Municipal de Montefrío, Actas municipales, sesión de 22 de abril de 1933. 446 Ideal, 7 de mayo de 1933. [Document text truncated for crawler view.]